Editorial

En esta edición, como segundo número del volumen 17 de nuestra revista Papel Político, entregamos a nuestros lectores varias muestras académicas cuidadosamente escogidas que, con completa seguridad, no los defraudarán. La complejidad de los fenómenos políticos domésticos e internacionales es alta por la multidimensionalidad misma del ser humano, sujeto y objeto de nuestras indagaciones y reflexiones y, por ello, reunimos distintos enfoques que, a la vez, entran en pugna y se complementan, aún en medio de apuestas temáticas diversas. Eso nos desafía en coherencia, pero singulariza nuestra vocación.

Fernando Ávila y David Velasco dan apertura a nuestra revista y a la primera sección, Ciencia Política, con un texto que recoge la irrupción de los actores ilegales en el sistema político y la manera en que deforman la teoría y la praxis democrática electoral. Utilizando un estudio del caso colombiano, adelantado por los autores y la Corporación Nuevo Arco Iris, señalan la manera en que coexiste en varios municipios el multipartidismo, la presión armada de los actores del conflicto interno y el narcotráfico. Hallan que la desinstitucionalización de los partidos reduce los costos de transacción entre políticos y criminales aumentando la oportunidad para las alianzas, que aún son débiles las teorías que predicen el éxito electoral cuando se examina el clientelismo, los bajos ingresos generales, la pobreza y la filiación partidista y que la probabilidad de "pereza fiscal" aumenta con la victoria electoral de estas alianzas. Posteriormente, ingresa Edwin Murillo, quien se apoya en su investigación doctoral sobre las políticas de reconciliación para intentar construir un marco analítico y tipológico de las mismas, basándose en los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua. El autor concluye que las políticas de reconfiguración de lo social y lo público deben acompañar los procesos de justicia transicional para hacerlos más efectivos, conectando que, para un proceso pleno de reconciliación en Colombia, no bastan los dos marcos excepcionales (Ley de Justicia y Paz y Marco para la Paz) ni el marco de Reparación y Restitución (Ley de Víctimas).

El tercer artículo se deriva de un trabajo de investigación ejercido por un grupo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y es presentado por Germán Darío Valencia, quien trata de demostrar que la participación de la sociedad civil ha ido en aumento en los sistemas políticos democráticos durante las últimas décadas. Valencia argumenta que el aumento de su incidencia puede ser rastreado en las cuatro etapas del ciclo de política pública: la elaboración de la agenda inicial, la formulación de la política, su ejecución y la evaluación de sus resultados. Inmediatamente después, Fernando Giraldo acusa la necesidad de introducir urgentes y profundos cambios en los ámbitos electoral e institucional del sistema político colombiano, que sean congruentes y pertinentes para el contexto político y societal contemporáneo. Acudiendo a los aportes del politólogo alemán Dieter Nohlen, Giraldo pone el dedo en la llaga cuando advierte el recurrente reformismo de superficie, el arraigo del desequilibrio en las reglas de juego para la competencia electoral y una general ausencia de legitimidad y consenso que no logran ser superados por la formalidad y restricciones normativas dadas a los procedimientos.

El quinto artículo corre por cuenta de Luis Fernando Marín, quien recupera un capítulo de su tesis de Maestría en Estudios Políticos para la Universidad Nacional de Colombia con el objeto de profundizar con respecto a la relevancia de las fuentes que nutren y acompañan el proceso de globalización. Marín identifica el modo dominante de producción del capitalismo contemporáneo y la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación como factores de transformación de las relaciones humanas, su imagen y su comprensión en las dimensiones social, económica, cultural y política, aduciendo la generación de escenarios complejos que no puede ser simplificada por la interpretación más generalizada acerca de la interdependencia económica y la estandarización cultural contenidas en el transnacionalismo. Es una discusión altamente provechosa en estos días de cataclísmica y vertical modificación de las economías nacionales de la Eurozona, donde el modelo bienestarista y el "proyecto de la Europa democrática y social" tienden a ceder ante el despliegue avasallante de las recetas de ajuste estructural (austeridad, desregulación y privatización) tan preconizadas por los organismos financieros y monetarios internacionales, aunque no sin una lucha manifiesta contra múltiples expresiones locales y regionales que reclaman la refundación de la política, repudian la intervención tecnocrática, denuncian el consumismo irresponsable y exigen el control democrático al papel elusivo de las corporaciones financieras, las aseguradoras y los inversionistas especuladores.

Después de este estimulante abanico de problemas y perspectivas analíticas, damos el turno a la sección de Relaciones Internacionales, que arranca con un documento que versa sobre la política energética de Brasil hacia Sudamérica entre 2000 y 2011, a cargo de Óscar Granados. El autor encuentra en el "gigante suramericano" a una potencia regional que busca consolidar su liderazgo político y económico en la zona recurriendo a un modelo híbrido o matriz donde se integran los intereses privados, los estatales y una diplomacia económica y corporativa activa que utiliza los acuerdos energéticos bilaterales, la financiación del BNDES y la expansión de Petrobras, facilitando la regionalización del comercio y la producción de energías tradicionales y bioderivadas. A continuación, y cambiando de coordenadas, surge Ana María Trujillo con un artículo que pretende reconstruir y explicar las estrategias de internacionalización del conflicto armado interno colombiano por parte de los actores antagónicos por historia y definición: el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La autora sugiere que, mientras los gobiernos colombianos (Pastrana y Uribe) se concentraron en alcanzar el patrocinio político, financiero y militar de Estados Unidos, se subestimó tanto la capacidad colaborativa de los estados vecinos para encarar el problema, como el despliegue diplomático de esa guerrilla en Venezuela y Ecuador y, por tanto, Trujillo se apresta a denotar las consecuencias nefastas para las relaciones colomboecuatorianas.

El tercer artículo es elaborado por Mauricio Valdivieso, quien expone algunos de los resultados del grupo de investigación en Derecho y Política (Gipodep) de la Universidad de San Buenaventura, en un estudio que busca relacionar los criterios del marco transicional de la administración Santos frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El autor sostiene que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contribuye no solo a la reparación sino, igualmente, a la adhesión interna de sendos marcos universales en medio del conflicto armado interno. Pasando de un plano jurídico e institucional a uno ecléctico, emerge Eduardo Velosa con un texto de simbiosis conceptual que puede contribuir al encuentro entre teorías sistémicas o estructurales de las relaciones internacionales y modelos que explican la adopción de decisiones o la formulación de la agenda de política exterior. Velosa se acoge a la teoría del rol y al institucionalismo discursivo para afirmar la interrelación entre unidad de análisis, microestructura y macroestructura y el efecto constituyente de las ideas sobre las identidades y las estructuras.

Por su parte, Jennifer Duarte aparece en quinta y no menos destacada posición para ofrecer un interesante análisis acerca del nuevo lugar que ocupa la Unión Europea entre las prioridades geográficas de la política exterior colombiana en la era Santos, a la que diversos analistas coinciden en caracterizar con un "giro político" en medio de continuidades. La autora piensa en la multiplicación de las oportunidades de profundización de las relaciones colomboeuropeas, favorecidas por síntomas como el retorno político de Colombia a la región suramericana, la normalización de las relaciones con los vecinos (Ecuador y Venezuela) y la menor determinación del conflicto armado interno sobre los derroteros de la política exterior, si bien se continúan enfatizando las articulaciones en comercio e inversión jalonadas por el TLC y la "locomotora" mineroenergética. En última instancia y cerrando esta publicación, se expresa Mario Arroyabe con un texto que retoma algunos de sus hallazgos como doctorando de la Universidad de Hamburgo (Alemania), permitiéndose comparar y problematizar el avance jurídico de los marcos de integración regional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercosur para establecer las posibilidades reales de conformación de un bloque convergente o Mercado Común Suramericano (MCS) que han surgido con el tratado constitutivo de Unasur. En una segunda etapa, el autor confronta críticamente las disposiciones jurídicas del marco suramericano con las prescripciones de los marcos del mercado común y del derecho comunitario de la Unión Europea.

Una vez más hemos concluido esta emocionante y prolija labor de recopilación, evaluación, ajuste y edición de lo que consideramos será un insumo indiscutible para todos aquellos estudiantes, profesionales, docentes e investigadores que se desenvuelven en los campos espaciosos (y en mora de construcción pluralista y rigurosa, pero sensible y dialógica en nuestra fracturada nación), de la ciencia política y las relaciones internacionales. Celebramos con todos los lectores y colegas la revalidación de nuestra alta calidad académica y científica por parte de Colciencias y les rendimos homenaje especial a todos los miembros de este equipo editorial de gran talento, creatividad y empeño que han mantenido vivo un proyecto de múltiples perspectivas teóricas y metodológicas que enriquecen el conocimiento de lo político. Conformarse es un indicio innegable del asentimiento tácito de que se ha llegado al final del camino o un signo de fatal incredulidad frente al cambio esperanzado. Es por eso que hoy comprometemos nuestra palabra en que seguiremos soñando, avanzando y aprendiendo sin extenuarnos, sin claudicar, sin arrepentirnos más que para reponernos de los errores y seguir propugnando por un entendimiento más ancho de nuestro presente y con el anhelo de un futuro promisorio en el que quepan todos los que le apuestan a la paz, la convivencia, la tolerancia y la aproximación libre y respetuosa entre pensamientos variopintos.

Si ha de imponerse alguno, que sea con la fuerza de la persuasión y la fecundidad de los argumentos sujetos a escrutinio público y científico. Basta de revoluciones por decreto, caudillismos unidimensionales, dogmas amparados por la ignominia armada y doctrinas lineales que no resisten la menor valoración crítica ni la deliberación. La sociedad colombiana tiene mucho por decir sobre el modelo económico, la política exterior y los procesos de paz y, dentro de ella, la comunidad académica cumple un papel fundamental e insustituible para discernir las lindes a veces enrarecidas entre la razón fácticamente sustentada, los subrepticios silogismos ideológicos y las sutiles falacias autoritativas. Los actores armados legales e ilegales tuvieron su oportunidad y su racionalidad fracasó, transportándolos hacia un callejón espinoso, sangriento y sin retorno. Ha llegado otro momento magnífico para romper de una buena vez el ciclo de la frustración política y militar incrustado en la aspereza inmanente de la historia nacional. Es la hora de que marchen las ideas de la paz y habrá que edificarles un suelo jurídico, socioeconómico, político y cultural firme para no trastabillar de nuevo.

EL EDITOR
29 de octubre de 2012