La Seguridad Democrática y su impacto en la vida de las mujeres del Cauca^*

The Democratic Security and its Impact in the Life of the Women in Cauca

July Samira Fajardo Farfan^**

^* Artículo de investigación. El presente trabajo se define en el ámbito de investigación científica y tecnológica y presenta apartes de los resultados de la tesis La Seguridad Democrática y su impacto sobre la vida, integridad y bienestar de las mujeres del Cauca, desarrollada entre 2010 y 2011 para optar al título de Magistra en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuya directora y asesora fue la Dr. Donny Meertens. La tesis fue distinguida con Mención Honorífica.
^** Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Magistra en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Coordinadora de Investigaciones de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomas. Correo electrónico: july.samira.fajardo@gmail.com.

Recibido: 21/06/2012, Aprobado evaluador interno: 09/08/2012, Aprobado evaluador externo: 18/10/2012

Resumen

Para conocer la situación de las mujeres caucanas en el marco de ejecución de la Política de Seguridad Democrática, fue necesario analizar la evolución de la situación de derechos humanos de las mujeres del Departamento en el periodo 2000 a 2009, ubicando aspectos como la violencia sexual, la violencia contra las mujeres dentro de las familias, los homicidios y feminicidios, el control social y la violencia política. Fue necesaria, también, la indagación sobre su situación de acceso a la justicia y sobre los efectos que en su cotidianidad y su vida tuvo el aumento de la presencia de la fuerza pública en todo el departamento, en el marco de la recuperación estatal del territorio a partir de 2002. Determinar el impacto de la Política de Seguridad Democrática en la vida, integridad y bienestar de las mujeres del departamento del Cauca remitió necesariamente a revisar y analizar a la luz de la perspectiva de género, los objetivos trazados por la misma, la eficacia y legitimidad de las estrategias utilizadas, y a establecer en qué grado esta política fomentó y propició un escenario de garantía de los derechos humanos y protección de las mujeres.

Palabras clave: Mujeres, seguridad, bienestar, derechos de las mujeres, militarización.

Palabras clave descriptor: Seguridad ciudadana, derechos de la mujer, militarismo, política de seguridad democrática, Cauca (Colombia)

Abstract

In order to learn about the particular situation of women in the Cauca province in the framework of the implementation of the Policy of Democratic Security, it became indispensable to analyze the evolution of the human rights of women in the period 2000 to 2009, keeping in mind such aspects as sexual violence, intra-family violence, homicides and femicides, social control, and political violence. It was also necessary to examine the situation of women in terms of access to justice and the effects of the increased presence of the armed forces in the entire province on their daily activities and lives, in the context of the process of recovery of territorial control by the State, in place since 2002. Determining the impact of the Policy of Democratic Security on the lives, integrity and wellbeing of the women in the Cauca province forced us to review and analyze in a gender perspective the objectives of the policy and the efficacy and legitimacy of the strategies used, and to ascertain the extent to which this policy fostered a context that would guarantee human rights and the protection of women.

Key Words: Women, Security, Welfare/Wellbeing, Women's Rights, Militarization.

Keywords plus: Citizen security, women's rights, militarism, democratic security policy, Cauca

SICI: 0122-4409(201301)18:1<57:SDIVMC>2.0.TX<;2-K

Introducción

Los Estados como garantes de la seguridad, protección y bienestar de sus ciudadanos hombres y mujeres, y de sí mismos, han adoptado diferentes estrategias para hacer frente y mitigar aquello que ha sido identificado como factor de riesgo e inseguridad. No obstante, cada una de las estrategias llevadas a cabo, traducidas en políticas públicas, programas y proyectos, responden a una interpretación particular de lo que es entendido por seguridad y de cómo son identificados y medidos los riesgos.

En las últimas décadas, diferentes hechos sucedidos en el ámbito internacional han permeado tanto continental como nacionalmente las visiones y posturas sobre lo que es la seguridad y sobre las amenazas que pueden perjudicar a las naciones, variando entre las que priman la seguridad del Estado por encima de las personas, hasta las que subrayan aspectos relacionados con su dimensión humana. Los resultados de cada política de seguridad están en estrecha relación con la visión bajo la cual se sustentan los mecanismos y procedimientos establecidos para su implementación. A su vez, estos aspectos, así como la priorización de las posibles amenazas a la seguridad repercuten en el conjunto de la población.

En los últimos años, las perspectivas y enfoques diferenciales han recordado la heterogeneidad y diversidad presente en las poblaciones y sectores de los Estados, señalando que las políticas públicas, incluidas las de seguridad, no pueden planearse y ejecutarse asumiendo a la población como un todo homogéneo.

Particularmente, el enfoque o la perspectiva de género ha llamado la atención sobre dos aspectos fundamentales para poder garantizar la seguridad de las mujeres¹. De un lado, ha indicado que la posición desigual de hombres y mujeres en la sociedad, dadas las jerarquías de género presentes en la misma, implica necesidades diferentes en relación a su seguridad, puesto que las discriminaciones históricas ejercidas contra ellas, traducidas en múltiples violencias e inequidades, además de afectar negativamente su bienestar físico y emocional, generan fuentes diferentes y particulares de inseguridad (Mackay, 2004, p. 153).

De otro lado, esa posición desigual y las consecuentes discriminaciones contra las mujeres, hacen que la implementación de las políticas públicas, en este caso las de seguridad, tengan impactos diferenciados en hombres y mujeres, que deben ser necesariamente tenidos en cuenta en los procesos de formulación, ejecución y evaluación (Moser, 2009) , en aras de no obtener resultados contrarios, como la agudización de la situación de inseguridad y vulnerabilidad de unas y otros o la ampliación de sus respectivas fuentes de inseguridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, resultó pertinente conocer la situación de las mujeres en el marco de la implementación de la Política de Seguridad Democrática colombiana, liderada por el gobierno de Alvaro Uribe Vélez durante el periodo 20022010, buscando determinar su impacto, particularmente en la vida, integridad y bienestar de las mujeres caucanas.

Determinar el impacto de la Política de Seguridad Democrática en la vida, integridad y bienestar de las mujeres del departamento del Cauca requirió necesariamente revisar los temas priorizados y las metas trazadas por la misma, particularmente en su objetivo estratégico de control estatal del territorio. De un lado, los temas priorizados para la formulación e implementación de la política están referidos a las amenazas que, de acuerdo al gobierno nacional, constituían en ese momento un riesgo inmediato contra la nación y la población: el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro, la extorsión y el homicidio (Colombia. Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p. 24).

De otro lado, los objetivos específicos para la acción, frutos de la estrategia de control estatal del territorio de la Política de Seguridad Democrática, que fueron planteados por el gobierno nacional son: 1) recuperación gradual de la presencia de la fuerza pública en todos los municipios, 2) incremento de la judicialización de delitos de alto impacto social, 3) extensión y fortalecimiento de la administración de justicia y de las instituciones del Estado en las zonas en las cuales se ha fortalecido el control estatal y 4) disminución de las denuncias por violación de los derechos humanos (2003, p. 32).

Teniendo en cuenta los objetivos específicos para la acción mencionados y los aspectos que han sido identificados por diversas autoras como centrales para poder garantizar la seguridad de las mujeres -las violencias contra las mujeres, sus causas y consecuencias; las inequidades de género sobre el control de los recursos y en relación al poder y la toma de decisiones; los derechos de las mujeres; la comprensión de las mujeres (y los hombres) como actores, no solo como víctimas (Woroniuk ,1999, pp. 25-28); la justicia de género y el acceso a la justicia de las mujeres (administración de justicia) (Mackay, 2004, p. 157)-, las preguntas orientadoras de la investigación fueron: ¿cuál ha sido la evolución de los derechos humanos de las mujeres caucanas en la última década? ¿Han sentido garantizado las mujeres del Cauca su derecho de acceso a la justicia? ¿Cómo se ha presentado el aumento de pie de fuerza militar y policial en el Cauca a partir 2002 y qué efectos tuvo sobre las mujeres ese proceso de militarización? ¿Qué es para las mujeres caucanas la seguridad y que aspectos consideran necesarios para que les sea garantizada?

Metodología

Preguntarse por las implicaciones de la ejecución de la Política de Seguridad Democrática en la vida de las mujeres requirió, de un lado, ubicar la mirada sobre las experiencias de ellas en la cotidianidad de sus territorios, es decir, fue necesario reconstruir colectivamente, a partir de sus voces, la historia de aquello que diariamente viven. De otro lado, también implicó conocer su situación de seguridad y derechos humanos, por lo que se hizo necesaria la revisión de datos estadísticos que dieran cuenta de la evolución de los diferentes indicadores que permitieran hacer este seguimiento.

Las categorías de análisis que fueron construidas para y a través del desarrollo de la investigación están relacionadas con aspectos que se señalan como vitales para la seguridad y el bienestar de las mujeres, tales como los derechos humanos y el acceso a la justicia; también, con aspectos relacionados con la militarización de la vida y sus efectos en las mujeres, el marco normativo favorable a la seguridad género inclusiva y las percepciones de las mujeres sobre la seguridad y sus fuentes de inseguridad. Teniendo en cuenta que la investigación se centró particularmente sobre un departamento, el análisis territorial y temporal resultó fundamental a la hora de lograr una mayor comprensión de las dinámicas con las que se presentan las diferentes vulneraciones contra las mujeres.

Se utilizaron, como principales técnicas de recolección de la información, la entrevista y la revisión documental. Es importante señalar las enormes dificultades que se presentaron en la consecución de la información estadística y sistematizada para el tema objeto de la investigación. De un lado, los informes nacionales de fuentes oficiales, así como sus estadísticas, no se encuentran desagregadas por sexo ni a nivel nacional ni departamental, con excepción del Instituto Nacional de Medicina Legal que, en su informe anual "Forensis datos para la vida", los desagrega en el consolidado nacional. No obstante, al indagar por la información desagregada a nivel departamental, la misma no se presenta en los mencionados informes, excepto para el periodo 2004-2008, del cual la institución elaboró un informe especial por departamentos para el caso de las mujeres.

De otro lado, en cuanto a la información contenida en los informes de derechos humanos de las organizaciones del departamento del Cauca, así como de organizaciones a nivel nacional, no se presenta la información desagregada por sexo para la totalidad de los años del periodo de estudio ni de las variables presentadas.

Lo anterior implicó que se realizaran a partir de los datos encontrados en las diversas fuentes, elaboraciones propias o personales de tasas, consolidaciones nacionales y departamentales anuales y desagregaciones de variables, que son presentadas a través de tablas, gráficos y mapas.

La no desagregación de los datos según sexo y etnia por parte de las diferentes instituciones de gobierno y organizaciones de derechos humanos tanto a nivel nacional como departamental, así como la falta de continuidad entre quienes para algunos años lo hacen, implica que no se puedan consolidar estadísticas para el caso de las mujeres sobre todas las variables necesarias a lo largo del periodo de estudio, ni sobre su especificidad en tanto la diversidad de mujeres presentes en el departamento (indígenas, afrocolombianas, rurales, urbanas), limitando de manera importante las posibilidades de análisis sobre su realidad y situación.

Resultados y conclusiones

Desde 2002, los y las pobladoras del departamento del Cauca empezaron a presenciar en sus territorios un cambio en la dinámica del conflicto, liderado por el gobierno del entonces presidente Alvaro Uribe Vélez a través de la Política de Seguridad Democrática, llevada a cabo en gran medida por la fuerza pública tanto militar como policial del país. Sin embargo, el nuevo rumbo que empezaría a tomar el conflicto armado día a día en el departamento no resultó, como muchos y muchas esperaban, en la mejora de la situación política, social y de derechos humanos, sino que, por el contrario, tendió en varios aspectos a agravarse.

Dentro de los aspectos que fueron analizados para conocer la situación general de derechos humanos en el departamento, a través de su evolución anual en los últimos diez años, se encuentran las violaciones al derecho a la vida y el desplazamiento forzado, dos de los temas priorizados por el gobierno nacional y objeto del control estatal del territorio de la Política de Seguridad Democrática.

En cuanto a violaciones al derecho a la vida, expresadas a través de la tasa de homicidios, es necesario mencionar que, tal y como puede evidenciarse, existen diferencias entre los datos manejados por las fuentes oficiales utilizadas. En el caso de INML, los datos en términos relativos presentan para el periodo una disminución, aunque no es una disminución constante a través de los años. Sin embargo, es necesario mencionar que los informes de resultados de la Política de Seguridad Democrática, presentados por el gobierno nacional anualmente al Congreso de la República, se basan en los cálculos que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) realiza en relación a los registros de la Policía Nacional. Siguiendo dichos datos, el departamento del Cauca, en contravía a los resultados nacionales, presenta un aumento general y constante año tras año, teniendo como pico el año 2007, con una tasa de 55,8 homicidios pch. Lo anterior significa que la vulneración del derecho a la vida de la población del departamento del Cauca es permanente, cuya tasa al final del periodo de 48,73 casos pch supera la tasa nacional, presentando un aumento sostenido durante todo el periodo, finalizando el mismo con una tasa de homicidios significativamente más alta a la que había cuando inició la ejecución de la Política de Seguridad Democrática.

Por su parte, en cuanto a la dinámica del desplazamiento forzado, como puede observarse en el gráfico, durante los años 2002 y 2003, se presentó una disminución notable en el número de personas víctimas de este hecho, llegando incluso a menos de la tercera parte de las presentes en 2002. No obstante, este comportamiento comienza rápidamente a revertirse, presentando un crecimiento sostenido entre 2004 y 2008, con pico máximo para todo el periodo en este último año. Lo anterior permite señalar que al final del periodo de estudio el número de personas desplazadas forzadamente en el Cauca fue superior al número de personas desplazadas que había cuando inicio la implementación de la Política de Seguridad Democrática.

El incremento en el número de uniformados tanto del Ejercito como de la Policía Nacional en el Cauca, que fue para el periodo 2003-2005 de más de 2.400 efectivos², terminó añadiendo más elementos de conflictividad y violencia al departamento, que los que logró erradicar. Más que lograr neutralizar el accionar de los grupos armados ilegales y con ello salvaguardar a la población, la fuerza pública terminó generando acciones iguales de violatorias de los derechos que las generadas por los demás actores armados.

De otro lado, teniendo en cuenta que las discriminaciones históricas que se han ejercido contra las mujeres se encuentran presentes en todas las esferas y dinámicas de la vida social, política, cultural, económica, etcétera, se reconoce, a partir de los testimonios y datos analizados en la investigación, que ellas son afectadas de manera diferenciada por todas las problemáticas y el conflicto armado presente en el departamento y que sus fuentes de inseguridad se derivan no solo de los hechos y situaciones que tienen lugar en las esferas públicas sino también en las privadas.

Para poder determinar la situación de las mujeres caucanas en cuanto a la garantía de sus derechos humanos, se observó y analizó, de un lado, las experiencias que las mujeres presentan al respecto en su cotidianidad, y de otro, la evolución de las múltiples violencias que se ejercen en su contra (sexual, perpetrada por sus parejas, homicidios, feminicidios y violencia política), entendidas como vulneraciones a sus derechos y el acceso a la justicia. Cada una de estas variables, a excepción de la última, se estudio teniendo en cuenta no solo la evolución anual a lo largo del periodo de estudio, sino también la dinámica territorial que registra (por municipio), a la luz de las dinámicas de conflicto y violencia sociopolítica presentes en el departamento del Cauca. Los resultados arrojados por el proceso de análisis de las experiencias de las mujeres y las estadísticas al respecto, indican que:

• La violencia sexual en el departamento del Cauca registró un crecimiento mínimo a lo largo del periodo pero continuo. Solo en 2007, se registró una disminución. 1.434 casos de violencia sexual física contra mujeres se presentaron durante el periodo 2002-2009 en el departamento del Cauca, lo que implica que entre 18 y 23 mujeres fueron violentadas sexualmente cada mes. Según estos datos, aproximadamente una mujer sufrió este tipo de violencia cada día y medio, acercándose al final del periodo a una diaria. No obstante, este dato, aunque inferior en relación a los promedios nacionales, resulta preocupante si se tiene en cuenta que en el país, en los municipios en donde existe presencia de actores armados, menos del 20% de las mujeres denuncian los hechos de violencia sexual de los que han sido víctimas (Corporación Casa de la Mujer, 2010, p. 3), aspecto particularmente relevante en el departamento del Cauca, si se tiene en cuenta que todos sus municipios tienen presencia de al menos dos actores armados.
  Al igual que en muchos otros departamentos del país, se trata de una táctica de guerra que cumple varios cometidos: aterrorizar a las poblaciones y comunidades, obtener información, involucrar o reclutar mujeres al grupo armado, dominar a las mujeres y recompensar a los guerreros. No en vano, diversas organizaciones de mujeres han venido denunciando que, en el conflicto armado, el cuerpo de las mujeres es visto como botín de guerra, como un territorio más en donde se desarrolla el mismo.
  

  

  

• La violencia física que se inflinge a las mujeres por parte de sus parejas, compañeros sentimentales o sexuales es una problemática aguda en el departamento. Los datos y testimonios recopilados no solo dan cuenta de un aumento sostenido de este hecho, sino del carácter permanente del mismo.

  

• En relación al tema de violaciones al derecho a la vida, es importante mencionar que, pese a una disminución cuantitativa mínima registrada en las bases de datos, este hecho fue el que más afectó a las mujeres en el marco de la violencia política en el departamento a lo largo del periodo de estudio, con lo que se evidencia claramente también la violación al derecho a la participación y representación de las mujeres. De otro lado, en relación a la violación del derecho a la vida de las mujeres, es necesario detenerse también a analizar el tema de feminicidios. Pese a que aún en el país son insuficientes los datos e informes que den cuenta de la magnitud y características de este tipo extremo de violencia contra las mujeres tanto a nivel nacional como departamental, fue posible conocer sobre al menos 24 feminicidios en el Cauca ocurridos entre 2002 y 2006. Es importante mencionar que, de los 24 casos, 13 son atribuidos a actores armados (Sánchez, 2008, pp. 81, 83).

  

  

  
  Los feminicidios caracterizados en el departamento del Cauca resultan preocupantes adicionalmente en tanto comprueban que la violencia sexual está intrínseca en todas las dinámicas desarrolladas por los actores armados, indicando que una adecuada prevención de este delito requiere unas medidas de protección diferentes al incremento del pie de fuerza del Ejército Nacional y la Policía Nacional. También, porque las especificidades de las muertes violentas de las mujeres a manos de los actores armados distan mucho de las que se presentan para los hombres, puesto que el asesinato como retaliación y castigo por las relaciones afectivas sostenidas, hasta donde ha sido documentado, se presenta casi exclusivamente para las mujeres, pesando en el caso de ellas, su condición de mujeres y las discriminaciones de género presentes en su contra.
• La violencia política contra mujeres en el departamento es constante y es llevada a cabo por todos los actores armados del conflicto. Pese a la disminución cuantitativa de este tipo de delitos, el hecho de que la mayor parte de las mujeres asesinadas, sobre las que se tienen registros, sean mujeres lideresas o participantes de procesos sociales, comunitarios, políticos y sindicales evidencia que no es un fenómeno superado en el Cauca.

  

  
  De acuerdo con los datos, es posible determinar que a lo largo del periodo se ha presentando una disminución constante de los asesinatos que se cometen contra las mujeres en el marco de la violencia política, particularmente entre 2005 y 2008, en relación al año 2002, en el que se presentó el mayor numero de asesinatos de mujeres. Por su parte, las amenazas perpetradas contra ellas, así como las mujeres que resultan heridas en el contexto del conflicto, no presentan tendencias claras de disminución y, por el contrario, varían a lo largo del periodo con pico para el caso de las amenazas en los años 2002 y 2008, y para el caso de las mujeres heridas en 2001 y 2008. De otro lado, se observa que el mayor número de detenciones arbitrarias de mujeres se presentaron en 2006, la mayoría en el marco de detenciones masivas. En cuanto al tema de violencia sexual, se identifican trece casos perpetrados por actores armados. No obstante, no fue posible conocer en el marco de las dos masacres llevadas a cabo por paramilitares en el municipio de Buenos Aires, con connivencia de la fuerza pública, cuántas mujeres exactamente fueron víctimas de este delito. Los picos presentados en 2008 tanto en mujeres amenazadas como en mujeres que resultan heridas en acciones de actores armados coinciden con el pico máximo de desplazamiento forzado en el departamento, que se presentó también para 2008. Al respecto, puede plantearse que las mujeres que debieron salir forzadamente de su territorio hayan tenido, entre los motivos para hacerlo, la necesidad de salvaguardar su vida de las consecuencias de las acciones bélicas de los grupos armados, así como la presión de las amenazas.
  Los tipos de vulneración, en el marco de la violencia política, que más afectaron a las mujeres fueron en su orden de mayor a menor, los asesinatos, pese a la disminución que presentaron a lo largo del período, las heridas y las amenazas. El gráfico que se presenta a continuación permite conocer la evolución anual de la violencia política contra las mujeres del departamento del Cauca a lo largo del periodo de estudio, estableciéndose que 2001, 2002 y 2008 son los tres años en donde las mujeres fueron mayormente vulneradas en el marco de la violencia política, seguidos de 2004.

  

  
  Lo anterior permite evidenciar que la violencia política en contra de las mujeres ha disminuido en la última década, con especial énfasis entre 2001 y 2003. Sin embargo, a partir de 2004, se incrementa nuevamente. La disminución de la violencia política contra las mujeres en 2002 y 2003, que coincide con la disminución de la violencia política y el desplazamiento forzado en el contexto general del Cauca, puede estar relacionada con la entrada en vigencia de la Política de Seguridad Democrática en el departamento que, dado el cambio que introdujo en la dinámica de conflicto, pudo haber tenido resultados positivos para este aspecto en sus dos primeros años de ejecución. No obstante, dichos resultados no logran mantenerse más allá de 2003 y la violencia política contra las mujeres en ningún momento fue erradicada. Por el contrario, años como 2008 significan un vuelco al punto de partida de la misma en 2002.
• El control social del que son víctimas las mujeres por parte de los actores armados en el departamento, así como en otros lugares del país, debe entenderse como otra de las implicaciones que tiene la presencia de grupos armados en sus territorios y que afecta directamente su bienestar, en tanto, a partir de las entrevistas realizadas e informes consultados, resulta evidente que les impone una limitante al ejercicio de sus derechos y autonomía, reduce las posibilidades de decisión que las mujeres tienen en relación a aspectos de su propia vida, y dados los "castigos" impuestos a quienes desobedezcan las normas impartidas por los armados, les acarrea consecuencias físicas y emocionales. Es importante mencionar que sobre este tipo de vulneraciones aún no es posible encontrar información estadística. Los aspectos señalados, surgidos del proceso de investigación, permiten concluir que la situación de las mujeres del Cauca en materia de seguridad, protección y garantía de sus derechos es preocupante. Si bien algunas variables presentan leves disminuciones, la mayoría han sido constantes y otras han aumentado, en detrimento de su bienestar, lo que cuestiona la eficacia de la Política de Seguridad Democrática en cuanto a la seguridad de las mujeres se refiere.

Así mismo, el análisis de los datos y los hechos vulneratorios encontrados posibilitaron observar en detenimiento la dinámica territorial que presentan las violencias contra ellas, cuyos hallazgos permiten afirmar que los contextos de conflicto armado y presencia permanente y masiva de actores armados agudizan y exacerban las violencias en su contra.

Lo anterior puede afirmarse en tanto. los cinco municipios del departamento del Cauca en los que se identificó recurrencia anual a lo largo del periodo de estudio de por lo menos tres violencias contra las mujeres, es decir, los municipios que resultaron los más violentos en su contra, son los mismos en los cuales el conflicto armado se presenta con mayor fuerza. En Patía, Santander de Quilichao, El Tambo, Timbío y Popayán, la agudización del conflicto está permeada por la presencia masiva de los actores armados. En los tres primeros, tienen presencia todos los actores armados del conflicto (FARC, ELN, grupos paramilitares y fuerza pública). Timbío cuenta con presencia de las FARC, la fuerza pública y los grupos paramilitares. Por último, Popayán, capital del departamento, está bajo la presencia de grupos paramilitares y fuerza pública. Lo anterior evidencia que la característica de estos municipios es la de tener presencia de al menos dos actores armados en sus territorios. Adicionalmente, estos cinco municipios hacen parte de los catorce municipios en donde se llevaron a cabo masacres durante el periodo de estudio, siendo los más afectados por estos actos Patía, Santander de Quilichao y El Tambo, que tuvieron entre dos y cuatro masacres. De otro lado, Patía y Santander de Quilichao son los dos municipios con las tasas más altas de homicidios en todo el departamento durante el periodo de estudio y El Tambo y Patía se encuentran en el primer y tercer lugar dentro de los municipios en donde más personas han sido desplazadas forzadamente en el Cauca.

No resulta casual que estos municipios presenten la situación más aguda en el marco del conflicto, en tanto, su ubicación es estratégica dentro del mismo. De un lado, los cinco municipios se encuentran en el recorrido de la Vía Panamericana que, dada la centralidad que tiene en la ruta de la cadena de producción y comercialización de los cultivos de uso ilícito, entre otras, mantiene una constante disputa territorial entre todos los actores armados y los grupos asociados al narcotráfico. De otro lado, sobre los mismos (a excepción de Timbío) se encuentra gran número de solicitudes de exploración y explotación minera, lo que se traduce en un elemento más de conflictividad en la zona.

De otro lado, sobre la evolución anual de las violencias en contra de las mujeres en el Cauca, los datos analizados en la investigación permiten establecer que en el periodo 2002- 2009, el año que se presentó como el más violento para ellas fue 2008, en tanto la violencia sexual (junto a 2009), la violencia política (junto a 2002) y la violencia perpetrada por sus parejas tuvieron para ese año los registros más altos.

Analizando este aspecto en el marco general de la situación del departamento, es posible determinar también que coincide con el año en que se presentó el mayor número de masacres y se produjo el mayor número de desplazamientos forzados. Sobre este último, es inevitable plantear que la recurrencia de violencia en contra de las mujeres en 2008 es un aspecto que debe ser tenido en cuenta como un posible determinante del desplazamiento forzado de ellas en el departamento, dadas la evidente falta de garantías para la no repetición de los hechos. Adicionalmente, en concordancia con la dinámica de la actividad de los actores armados en el departamento, entre 2006 y 2008, se presenta un fortalecimiento significativo de la guerrilla del ELN, una alianza estratégica entre esta guerrilla y el grupo paramilitar Los Rastrojos y, luego de mediados de 2008, una reactivación de las acciones armadas de las FARC en las cabeceras municipales, aspectos que indiscutiblemente recrudecieron la situación del departamento y, con ello, de las mujeres a lo largo de 2008.

Los análisis territoriales y anuales realizados, permiten también señalar que la situación de las mujeres en el departamento del Cauca y en el país no debe ser leída como ajena a los contextos específicos que la enmarcan, pero, definitivamente, sí debe ser leída de manera diferenciada dentro de los mismos.

Dentro de los aspectos que fueron tenidos en cuenta para conocer la situación de las mujeres en el departamento, leída en términos de la evolución de las violencias en su contra, y por ende de la garantía de sus derechos humanos, se analizó también el tema de la garantía del derecho de las mujeres de acceder a la justicia, en tanto mujeres y víctimas, tema fundamental dentro de los aspectos que se requieren para garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres. Este último, en tanto, dentro de los aspectos que se consideran necesarios para garantizar el bienestar de las personas, se encuentran aquellos que permiten la tranquilidad y la satisfacción humana, así como aquellos que les permiten construir y reconstruir sus proyectos de vida.

El fortalecimiento de la administración de justicia, al igual que el acceso a la justicia, se constituyen un tema relevante que la Política de Seguridad Democrática planteó dentro del objetivo estratégico de control estatal del territorio y que resulta también fundamental a la hora de hablar de seguridad para las mujeres.

Las acciones que el gobierno nacional reportó en cumplimiento del propósito de facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia a nivel nacional se centran exclusivamente en la ampliación de la oferta institucional y la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Para el caso particular del departamento del Cauca, se cuenta a 2010 con cinco Casas de Justicia en los municipios de Popayán, Corinto, Toribío, Buenos Aires y Puerto Tejada, siendo las cuatro últimas instaladas durante 2009.

En relación a las Casas de Justicia del departamento, fue posible conocer y analizar la demanda anual de servicios que las mujeres hacen en la Casa de Justicia de Popayán, planteándose la importancia de la misma en términos del acceso de las mujeres a la administración de justicia, encontrándose coincidencias entre los años más violentos para las mujeres en el Cauca y particularmente en Popayán, con los años de mayor demanda de servicios por parte de ellas.

Sin embargo, los datos presentados sobre solicitudes de servicios permiten determinar el número anual de mujeres que se acercan a la Casa de Justicia de Popayán, que son registradas en el Centro de Información y Recepción de la Casa -CRI- y remitidas a la institución pertinente para cada caso. No obstante, no es posible conocer qué ha pasado con las mujeres luego de la remisión, motivo por el cual solo es posible afirmar que la instalación de la Casa de Justicia aporta en la garantía del derecho de las mujeres a la administración de justicia, sin que pueda determinarse si efectivamente el servicio prestado por la misma aporta en la garantía del derecho de acceso a la justicia.

De otro lado, a partir de los testimonios recogidos, se conoció que pese a la entrada en funcionamiento del Programa Nacional de Casas de Justicia en el departamento del Cauca, aún se presentan obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Entre los obstáculos caracterizados se encuentran: 1) los que impiden que las mujeres realicen las denuncias: el miedo a posibles retaliaciones por parte del agresor o agresores, la desconfianza que sienten las mujeres en la justicia colombiana y el desconocimiento de las mujeres en relación a sus derechos; 2) los que se derivan de los procedimientos y la atención de los organismos judiciales: el desconocimiento por parte de las y los operadores de justicia sobre los derechos y normatividad específica que aplica en algunos casos para las mujeres, la revictimización a la que son sometidas las mujeres que denuncian y la poca efectividad e inoperancia de las instituciones judiciales que termina en la impunidad.

Las anteriores dificultades u obstáculos de acceso a la justicia señaladas por las mujeres del Cauca a quienes se les realizó entrevistas permiten conocer que aún existen múltiples condicionantes que determinan el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la justicia de las mujeres en el departamento. Pese al impulso que la Política de Seguridad Democrática, a través de su objetivo de control estatal del territorio, ha dado al Programa Nacional de Casas de Justicia, los obstáculos siguen estando presentes.

Por último, y pasando al tercer aspecto de interés de la investigación, para poder determinar la situación de las mujeres en el contexto de militarización, en el marco de los efectos que el control estatal del territorio de la Política de Seguridad Democrática, a través del incremento de uniformados de la fuerza publica, ha tenido para las mujeres del departamento del Cauca, se observó y analizó la participación anual de todos los actores armados en la comisión de hechos vulneratorios de la vida e integridad de las mujeres y las experiencias que ellas presentan al respecto.

En relación a las vulneraciones contra los derechos e integridad de las mujeres del Cauca cometidas por actores armados en el marco de la violencia política, y acorde a la participación de cada uno en los diferentes tipos de vulneración, se aprecia que el mayor número de asesinatos, amenazas, torturas y violencia sexual contra ellas para el periodo de referencia ha sido perpetrado por grupos paramilitares, seguido, para los casos de violencia sexual, amenazas y tortura, por la fuerza pública junto a otros agentes de seguridad del Estado y, para el caso de asesinatos, por los grupos armados (no se identifica exactamente cual).

De otro lado, la fuerza pública ha sido la principal responsable en cuanto a mujeres que han resultado heridas en el marco de la violencia política en el Cauca, así como de las detenciones arbitrarias en su contra, seguida, para el caso de las heridas en mujeres, por las acciones bélicas entre actores armados. Por su parte, a los grupos armados (no se identifica exactamente cual) se les atribuyen el mayor número de desapariciones forzadas de mujeres en el departamento, así como a la guerrilla la totalidad de los secuestros en su contra.

Adicionalmente, la tabla presentada permite también conocer quienes llevaron a cabo, para el periodo de estudio, el mayor número de vulneraciones a los derechos humanos e integridad de las mujeres en el marco de la violencia política, encontrándose, en primer lugar, la fuerza pública y, en segundo, los grupos paramilitares. Con un total de 123 vulneraciones contra ellas, correspondiente a una participación del 33,1 % sobre el total de hechos, la fuerza pública es, en el Departamento del Cauca, quien vulnera en mayor medida los derechos humanos de las mujeres en el marco de la violencia política.

En relación a la evolución anual en la comisión de violaciones a los derechos humanos de las mujeres por actores armados, se evidencia un cambio importante y significativo a lo largo de los años del periodo de estudio, en lo que se refiere al principal actor armado vulnerador:

La ejecución de actos violentos contra las mujeres por parte de los grupos armados, grupos sin identificar y guerrillas es significativa en el periodo comprendido entre 2002 y 2004, reduciendo drásticamente entre 2005 y 2009. En cuanto a los grupos paramilitares, se evidencia una comisión alta de delitos contra las mujeres entre 2000 y 2002, disminuyendo entre 2003 y 2006, e incrementándose nuevamente desde 2007, lo que permite evidenciar de un lado que los grupos paramilitares no han dejado de operar en el departamento del Cauca y, sobre todo, que han venido incrementando nuevamente su accionar afectando claramente a las mujeres, todo esto, pese al proceso de desmovilización y reinserción llevado a cabo entre 2002 y 2005 por el gobierno nacional.

Por último, en cuanto a la fuerza pública, puede observarse cómo su participación en la comisión de actos contra la vida e integridad de las mujeres entre 2000 y 2003 fue limitada. Sin embargo, a partir de 2004, se presenta un cambio significativo en la misma, puesto que inicia un incremento continuo en el número de vulneraciones hasta 2008, siendo principalmente los actos cometidos en este periodo los que hacen que la fuerza pública se ubique como el principal vulnerador de la vida e integridad de las mujeres. Los años en que se presentan las mayores vulneraciones de las mujeres a manos de miembros de la fuerza pública y otros agentes de seguridad del Estado son en orden descendente 2008, 2006, 2004.

Los aspectos señalados permiten detectar una enorme coincidencia entre el incremento de fuerza pública militar y policial en el departamento del Cauca y el aumento de hechos de violencias contra las mujeres perpetrados por la fuerza pública a partir de 2004, con lo que se afirma que dicho incremento fue determinante en la ubicación de la fuerza pública como el actor armado que mayor riesgo representa para las mujeres en el Cauca.

Que la fuerza pública actué de la misma manera que los actores armados ilegales en la vulneración de los derechos humanos, el bienestar y la integridad de las mujeres, ignorando con ello su objetivo constitucional de salvaguardar el orden público y proteger la integridad y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas del país permite plantear que en el departamento del Cauca la fuerza pública ha significado para las mujeres una amenaza más, con lo que sus fuentes de inseguridad, contrario a disminuir con la implementación de la Política de Seguridad Democrática, aumentaron y, con ello, la desconfianza que las mujeres tienen en las instituciones del Estado.

Todo lo anterior no solo refuerza la afirmación de lo poco efectiva que la Seguridad Democrática resultó en la seguridad de las mujeres del departamento del Cauca, sino que además permite cuestionar ampliamente las estrategias y mecanismos que utilizó. Si los escenarios de conflicto armado y presencia constante y masiva de actores armados acentúan las violencias padecidas por las mujeres, sumarle detonantes al mismo, en vez de restarle, no parece una adecuada solución.

La salida militar al conflicto armado a través de la presencia y control de los territorios por parte de la fuerza pública, contrario a neutralizar y disminuir el accionar de los grupos armados ilegales, y los efectos negativos sobre las mujeres, acrecentó la presencia armada en la zona y, consecuentemente, la agudización del conflicto, lo que también permite manifestar que las discriminaciones y violencias ejercidas hacia las mujeres no varían con la legalidad o no del ejército en cuestión, sino con el hecho mismo de la presencia masiva de estos en el territorio, teniendo en cuenta que dentro de los mismos, se reproducen permanentemente las prácticas de dominación masculina presentes en la sociedad, tales como las relaciones jerárquicas, la imposición de la fuerza y la exclusión, prácticas todas que contribuyen a las discriminaciones sistemáticas contra las mujeres.

Esta política no tuvo en cuenta las especificidades de las vulneraciones y violencias que contra las mujeres se cometen, razón por la cual sus estrategias generaron mayores fuentes de inseguridad para ellas, que si bien no empeoraron todos los indicadores de sus derechos humanos, tampoco los mejoraron ni los garantizaron, pero sí ubicaron a agentes directos del Estado como los principales vulneradores de los mismos.

Adicionalmente, y en relación a los anteriores párrafos, vale la pena señalar que las únicas variables en las que se evidenciaron disminuciones a lo largo del periodo son las de violencia política que, como se planteó previamente, son disminuciones que pueden estar relacionadas con la entrada en vigencia de la Política de Seguridad Democrática en el departamento que, dado el cambio que introdujo en la dinámica de conflicto, pudo haber tenido resultados positivos para este aspecto en sus dos primeros años de ejecución. No obstante, dichos resultados no logran mantenerse más allá de 2003 porque, en efecto, la táctica utilizada para lograr dichos resultados, es decir la militar, resultó ser, en el mediano plazo, la misma que hizo que aumentaran.

No obstante, la anterior situación permite también afirmar que existen hechos en relación a las violencias contra las mujeres perpetradas por actores armados ilegales que podrían llegar, aunque mínimamente, a disminuir a través de la confrontación militar de los mismos. Sin embargo violencias, como la sexual y la que ocurre dentro de las familias, nunca disminuyeron; por el contrario, aumentaron. Lo que admite concluir que efectivamente las violencias contra las mujeres se exacerban en contextos de conflicto armado, pero sus alcances y características van mucho más allá de estos, por lo que se reafirma que las medidas que deben ser tomadas en una política de seguridad que propenda por la vida, integridad y bienestar de las mujeres superan las de tipo coactivo y militar, en tanto las situaciones que las afectan no se limitan exclusivamente a las generadas por los actores armados.

Finalmente, puede señalarse, de acuerdo a todo lo desarrollado en la investigación, que la Política de Seguridad Democrática, tal y como lo evidencia el caso del departamento del Cauca, carece de perspectiva de género, en tanto no tuvo en cuenta las necesidades diferenciadas de seguridad de mujeres y hombres, desconociendo, para el caso de ellas, las discriminaciones históricas que en las sociedades se han ejercido. Así, como lo establecido en la Plataforma de Acción de Beijing, que advierte sobre la necesidad de que los Estados tengan en cuenta los "aspectos relacionados con el género en la planificación de las políticas y programas nacionales" (Plataforma de acción Beijing, 1995, objetivo H2), y que antes de tomar decisiones en materia de políticas públicas, de cualquier orden o naturaleza, se realice un análisis de sus repercusiones en las mujeres y en los hombres, de manera diferenciada.

Dentro de los aspectos en los cuales la Política de Seguridad Democrática omitió las necesidades específicas que las mujeres tienen en relación a la seguridad, llama con preocupación la atención el hecho de que, pese a la persistencia de las violencias contra las mujeres en el contexto del conflicto armado y las nefastas consecuencias en términos de su seguridad y bienestar, el Estado colombiano no las consideró, ni en la formulación ni en la ejecución de la política, como fuentes directas de inseguridad para ellas. Para el caso particular de la violencia sexual, es necesario señalar que, pese a sus graves y duraderas consecuencias, y la magnitud y complejidad con la que se presenta en contextos donde el conflicto armado se desarrolla, como es el caso del Cauca, no fue incluida dentro de los delitos de alto impacto social que la Política de Seguridad Democrática determinó como principales a enfrentar y erradicar en el país. Lo anterior desconoce no solo la realidad a la que se exponen diariamente las mujeres en las regiones, sino también lo establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones a través de la Resolución 1325 de 2000 y, posteriormente, la 1888 de 2009 que solicita a los Estados parte, entre los que se encuentra Colombia, "[...] que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado" (Resolución 1325, 2000, artículo 10).

Por su parte, la dinámica de la violencia política contra mujeres en el departamento, que tuvo entre sus principales víctimas a mujeres participantes de procesos sociales, comunitarios, sindicales y comunales, admite afirmar que dentro de la Política de Seguridad Democrática no se presentaron garantías para el ejercicio del derecho a la participación y representación de las mujeres, en este caso las del Cauca, condiciones necesarias para el ejercicio de la democracia. La garantía del derecho a la participación de las mujeres implica, en el contexto del conflicto armado departamental y nacional, la posibilidad de intervención activa en los espacios y asuntos que las mujeres consideren necesarios acorde a su situación, teniendo la garantía de que por ello no perderán su vida o verán lacerada su integridad personal y la de sus familias.

De otro lado, aunque objetivos como la disminución de violaciones de los derechos humanos y la garantía del acceso a la justicia hacen parte de los objetivos de la Política de Seguridad Democrática en su componente de control estatal del territorio, el hecho de que hayan sido supeditados tanto al aumento desmedido del pie de fuerza militar y policial como a los logros que estos puedan obtener en la disputa territorial con los demás actores armados, junto a los otros aspectos ya mencionados, hacen que esta política además de no lograr proteger la vida, bienestar e integridad de las mujeres, se aleje diametralmente de los planteamientos de la seguridad humana y, más aún, de la seguridad género inclusiva. En cuanto a esta última, porque los aspectos que se han señalado por diversas autoras en el mundo, y más aún por las mismas mujeres caucanas, como importantes para poder garantizar su seguridad -el respeto y la garantía de sus derechos humanos como mujeres, el respeto a su trabajo político y comunitario, el respeto a sus territorios, etcétera- no hacen parte de la agenda de seguridad nacional ni departamental.

Comprender que la seguridad de hombres y, para este caso, de las mujeres no puede limitarse ni a la seguridad del Estado, ni a la seguridad pensada desde la lógica militar implica que las políticas de seguridad sean pensadas de manera conjunta por los diferentes sectores que componen la sociedad y el Estado. Garantizar que la seguridad en Colombia se entienda y planeé realmente en y para la protección y bienestar de hombres y mujeres acorde a sus especificidades y necesidades, teniendo en cuenta las diversas fuentes de inseguridad presentes en la sociedad y el Estado, implica necesariamente la confluencia de la diversidad de sectores y poblaciones, en donde innegablemente deben estar presentes toda la gama de políticas sociales que han logrado identificar, desde diferentes aspectos de la vida y bienestar de las personas, las fuentes que desde cada una generan niveles de inseguridad, malestar e insatisfacción en los y las colombianas.

Pie de página

¹Desde la perspectiva de género, no solo se han cuestionado las visiones tradicionales de seguridad centradas en el bienestar del Estado sino también aquellas visiones que resultan alternativas, tales como la seguridad humana. Las seguridad género inclusiva plantea en relación a la seguridad humana: "es necesario que se recuerde que las nociones y fundamentos claves que propone la seguridad humana como son democracia y derechos humanos, no deben dada su universalidad, olvidar que tienen efectos diferenciados en hombres y en mujeres" (Hillyard, 2006, p. 4).
²No fue posible obtener en los documentos del Ministerio de Defensa los datos específicos para el departamento del Cauca del aumento de uniformados/as después de 2006. Todos los datos se encuentran consolidados a nivel nacional.

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