Consideraciones para la optimización de la Estrategia nacional de prevención y erradicación de las peores formas de Trabajo Infantil y protección al Joven Trabajador 2008 - 2015^*

Considerations for optimizing the national Strategy for prevention and elimination of the worst forms of Child Labour and protection of Young Workers 2008-2015

Julio José Fábregas Peña^**

^*Artículo de reflexión derivado de la investigación para optar al título de Magister en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana.
^**Psicólogo de la Universidad del Norte. Magíster en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Diplomado en Gestión de Proyectos Sociales y Cooperación Internacional de la Universidad El Bosque. Se ha desempeñado como líder de los Programas de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle y consumo de sustancias psicoactivas de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Profesional de la Subdirección para la Adultez de la Secretaría de Integración Social en temas de atención a población habitante de la calle. Correo electrónico: fabregasp@yahoo.com

Recibido: 16/09/2015 Aprobado: 06/01/2015 Disponible en línea: 01/05/2015

Cómo citar este artículo

Fábregas Peña, J.J. (2015). Consideraciones para la optimización de la Estrategia nacional de prevención y erradicación de las peores formas de Trabajo Infantil y protección al Joven Trabajador 2008-2015. Papel Político, 20(1), 147-178. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana. papo20-1.coen

Resumen

Llama profundamente la atención que aunque en Colombia existe una Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil, las cifras relacionadas con los niños, niñas y adolescentes que son explotados laborablemente son altas. Por esta razón, surge la necesidad de revisar esta situación proponiendo recomendaciones para la optimización de dicha estrategia; de acuerdo con las reformas laborales realizadas por el gobierno tanto a fines del siglo XX como a principios del siglo XXI, y en el contexto de la desigualdad social que caracteriza al país, es que se han vinculado estas realidades como principales causas del trabajo infantil y del mantenimiento de sus altas cifras en Colombia. Con ello, además surge la propuesta de conectar estos aspectos a la promoción y aplicación del concepto de trabajo decente para así también eliminar la pauperización de la fuerza laboral adulta, proteger a la población menor de 18 años de edad de las peores formas de trabajo infantil y, en consecuencia, disminuir los altos índices de este problema.

Palabras clave: trabajo infantil; peores formas de trabajo infantil; reformas laborales; pobreza, desigualdad social; trabajo decente.

Abstract

It is deeply interesting that although there is a National Strategy to Prevent and Eliminate the Worst Forms of Child Labour in Colombia, the numbers related to child labour are still high. That is why arises the need to review this situation by proposing recommendations for the optimization of this strategy. Therefore, considering the labour reforms conducted by the Government so at the end of the 20th Century as at the beginning of the 21st Century, as well as in the context of social inequialities that characterizes the country, is that have been linked these realities such as main causes of child labour and the maintenance of large numbers of this situation.

With it also arises a propposal to connect these aspects in order to promote and implement the concept of decent work so also to eliminate the impoverishment of the adult labour force, to protect the population younger than 18 years old of the worst forms of child labour and, consequently, to decrease the high rates of this problem.

Keywords: Child labour; Worst forms of child labour; labour reforms; Poverty; Social inequality; decent work.

Presentación

A partir de las cifras de los informes sobre el aumento o la disminución del trabajo infantil en Colombia, la fluctuación que se presenta debe ser analizada en detalle para conocer la causa estructural y su manejo, no aplicando exclusivamente, aquellas medidas de intervención directa de la población que se encuentra en pobreza extrema. Por eso, a través de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador (ENETI), instrumento que orienta la política pública contra el trabajo infantil en Colombia, se conocen las cifras relacionadas con los niños, niñas y adolescentes que son explotados laborablemente, las cuales son altas y, en consecuencia, surge la pregunta acerca de qué medidas se deben adoptar con el fin de atender esta situación.

Desde la consideración en 1995 del trabajo infantil como una situación problemática que requería de la atención del Estado, se decidió hacerle frente para frenar los altos índices que se presentaban en las cifras oficiales. Por esta razón, el Ministerio del Trabajo ha puesto en marcha tres planes de acción en los cuales ha avanzado en la caracterización y cuantificación del problema o la sensibilización de la sociedad.

En 2008, se adoptó la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador (ENETI), con vigencia hasta el 2015, y con asistencia directa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). La meta planteada es la de no tener ningún niño en trabajo infantil; desde entonces, ya han pasado varios años y los resultados indican que el país aún se encuentra lejos de cumplirla. En los informes presentados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) se muestran cifras fluctuantes que se pueden comparar con las realidades existentes en las calles de cualquier ciudad o municipio, sin contar con los tipos de trabajo infantil llamados "invisibles" que por su misma condición difícilmente son registrados.

La Estrategia focaliza y ordena la acción de las entidades estatales y privadas que previenen y erradican las peores formas de trabajo infantil en función del ingreso de los niños, niñas y adolescentes a la escolarización y a una oferta de servicios, al igual que a sus familias a programas sociales que permitan que sus hijos e hijas no ingresen o se retiren de las peores formas de trabajo infantil y puedan acceder a los beneficios que les otorga la política social en general.

Los resultados obtenidos son la incorporación de los niños, niñas y adolescentes a los programas sociales y la participación de las familias que se encuentran en pobreza extrema en beneficios condicionados; sin embargo, la dinámica del mercado laboral incide perversamente en la magnitud del problema en cuanto a que muchas de estas familias deben continuar acudiendo a métodos de subsistencia para proveerse los recursos que eran obtenidos con sus hijos e hijas.

Por otro lado, se encuentra la realidad de las familias que no cumplen con los criterios para considerarlas beneficiarias de los subsidios condicionados y que, paradójicamente, deben continuar luchando por alcanzar un ingreso básico de subsistencia con la fuerza laboral de sus hijos e hijas.

Cada una de estas situaciones no deseadas se convierte en una limitación para la adecuada ejecución de la Estrategia y entorpecen el cumplimiento de la meta planteada de erradicar el trabajo infantil en Colombia; sin embargo, así como surgen estas dificultades en el desempeño de la política pública contra el trabajo infantil también aparecen logros, los cuales no se desconocen.

Es así como se presenta la necesidad de revisar este problema social y económico desde su contexto, con las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional y la relación de todas ellas con la Estrategia para finalmente realizar propuestas para un mejor desempeño. De ahí que, pensando en las reformas laborales realizadas por el gobierno pero tomando como contexto la desigualdad social como la causa principal del trabajo infantil para así contrarrestar la sujeción que se ha mantenido de este problema en relación a la pobreza de manera casi que exclusiva.

El crecimiento de una economía por generación de empleos que no respetan los derechos fundamentales de la población trabajadora por sí mismo no elimina el trabajo infantil; por este motivo, es fundamental la importancia de adoptar políticas coherentes en los ámbitos tanto de la reducción de la pobreza como de la promoción y respeto por los derechos humanos. Por esto surge la propuesta de conectar el trabajo infantil con el concepto de trabajo decente para, además de eliminar la pauperización de la fuerza laboral adulta, proteger a la población menor de 18 años de edad de las peores formas de trabajo infantil disminuyendo, como consecuencia, los altos índices de este problema.

Por eso, la mejor manera de llevar a cabo la Estrategia es respondiendo estructuralmente al problema del trabajo infantil con la combinación de intervenciones y medidas políticas que no solo trasladen los niños y niñas a las escuelas con herramientas técnicas adecuadas sino que generen mejoras en el mercado laboral para sus familias, de esta manera, se integran la cuestión relativa al trabajo infantil con un programa de trabajo decente para éstas.

Se intenta probar que la falta de políticas de promoción de Trabajo Decente en Colombia determina que aunque en el país exista una Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador, el índice de niños, niñas y adolescentes trabajadores se mantiene en niveles altos.

Política nacional de erradicación del trabajo infantil

El desarrollo que la legislación colombiana tuvo durante el siglo XX en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil dio sustento al surgimiento formal de la política pública sobre el tema, ubicado temporalmente en 1995 para el caso colombiano. La mayoría de estas normas nacionales se sustentaron en la amplia legislación internacional existente, a la cual Colombia se adhirió mediante las respectivas ratificaciones e integración al Bloque de Constitucionalidad.

Pero tanto las ratificaciones como la integración al Bloque de Constitucionalidad son solo letras sobre papel sino se consideran las "acciones del gobierno, la percepción de los problemas, la definición de objetivos y el proceso como elementos constitutivos de las políticas públicas entendidas como una construcción social en donde el Estado orienta el comportamiento de los actores" (Roth, 2007), además, se requiere completar el ciclo de política mediante la evaluación de la política pública y así establecer el alcance o no de los resultados esperados.

A partir de 1995, el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección al Menor Trabajador (CIETI) como instancia máxima para formular y ejecutar la política frente al tema del trabajo infantil, impulsó la creación de tres planes de acción con los cuales avanzó en la caracterización y cuantificación del problema del trabajo infantil, la sensibilización de la sociedad, la inclusión del tema en la agenda política y la definición de las líneas de acción a desarrollar (Ministerio del Trabajo y OIT, 2012).

El primer plan de acción tuvo vigencia 1996-1999 e hizo énfasis en acciones dirigidas a sensibilizar a la población frente al trabajo infantil, comprometer a los sectores claves con competencia en el tema, posicionarlo en la agenda pública y conocer a fondo la problemática (OIT/IPEC, 2003); por tanto, pretendía principalmente, prevenir el problema del trabajo infantil, pero, sin hacer mención todavía de sus peores formas.

El segundo Plan Nacional de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil y la protección de los jóvenes trabajadores entre los 15 y 17 años 2000-2002, formulado dentro de un nuevo marco normativo con la promulgación del Convenio 182 de la OIT en 1999, dio prioridad a la prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, determinando la puesta en marcha de planes operativos anuales como mecanismos para desarrollar los lineamientos, ajustar la planeación a las posibilidades concretas de las entidades y definir metas e indicadores específicos.

El tercer Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador 2003-2006, retoma el mecanismo de los planes operativos anuales en los distintos niveles territoriales e introdujo innovaciones a los instrumentos de política anteriores.

De esta forma, se ha reconstruido la génesis y evolución del ciclo de la política, con acciones explícitas en cada una de sus fases por parte del orden público y privado, pasando por la definición del problema, su correspondiente inscripción en la agenda pública, el diseño e implementación de una Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las peores formas de Trabajo Infantil con vigencia hasta el 2015. La Estrategia se constituye en el instrumento orientador de la política pública contra el trabajo infantil en Colombia, introduciendo, así mismo, un nuevo enfoque en la política al focalizar y ordenar las acciones estatales y privadas que tienen competencia en el tema con base en criterios de garantía del ingreso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y a la oferta de servicios fundamentales para la restitución de sus derechos y facilitar el acceso de sus familias a los beneficios que les otorga la política social, a fin de incidir en la desvinculación de sus hijos e hijas de esta problemática.

La ejecución de la Estrategia es liderada por comités interinstitucionales que se han conformado a nivel territorial y cuentan con la participación de las entidades que prestan servicios sociales a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias entre los que se encuentran instituciones educativas, hospitales públicos, defensorías y comisarías de familia. Adicionalmente, en el nivel territorial la estrategia cuenta con aliados no estatales (ONG, entes de responsabilidad social empresarial, cajas de compensación familiar) que prestan servicios de prevención o atención, como programas para el uso recreativo del tiempo libre.

Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil (ENETI) 2008-2015

Como ya ha sido indicado, la Estrategia se constituye en el instrumento que orienta la política pública contra el trabajo infantil en Colombia; en su consolidación, introdujo un nuevo enfoque a la política al focalizar y ordenar las acciones de las entidades estatales y privadas que tienen competencia en el tema; así mismo, trajo tres innovaciones fundamentales respecto a los instrumentos de política precedentes (Ministerio del Trabajo y OIT, 2012):

• Ampliación de los ámbitos de acción: en los planes de acción los esfuerzos se centraron en los niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil. La Estrategia amplió el espectro de acción al incluir sus familias (para mejorar su acceso condicionado a servicios y subsidios) y las entidades que les prestan servicios (para que sean sensibilizadas y capacitadas sobre la problemática y los pasos de la Estrategia).
• Definición de la ruta de acción: la Estrategia definió una ruta de acción para que las entidades del nivel territorial puedan cumplir con el objetivo específico. Dicha ruta está compuesta por seis pasos que orientan las acciones de las entidades que tienen competencia con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en peores forma de trabajo infantil y en la prestación de servicios sociales a ellos y a sus familias.
• Descentralización: aunque el tercer plan de acción avanzó en la descentralización de la política con la conformación de comités interinstitucionales en el nivel departamental, la Estrategia ha profundizado en el proceso de promover la conformación de comités en el nivel municipal y concretar las responsabilidades de las entidades que los conforman en los seis pasos mencionados.

Los Comités Interinstitucionales de Erradicación del Trabajo Infantil (CETIS) en articulación con los Consejos de Política Social son los encargados del desarrollo de la Estrategia en los territorios.

Pasos de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil (ENETI) 2008-2015

En el logro del objetivo de prevención y erradicación del trabajo infantil, la Estrategia ha presentado una secuencia de seis pasos necesarios; la Ley 1450 de 2011¹ fortaleció estos pasos estableciendo la responsabilidad compartida que tienen cada uno de los municipios y departamentos del territorio nacional.

• Identificación de los niños, niñas y adolescentes en peores formas de trabajo infantil o en riesgo y sus familias, y establecimiento de la línea de base.
• Gestión urgente de medidas de restablecimiento de derechos.
• Coordinación y complementación interinstitucional.
• Fortalecimiento de la gestión, especialmente escolar, con nuevas metodologías.
• Registro periódico de acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes y sus familias en servicios.
• Seguimiento y evaluación a la prestación de servicios y a la respuesta familiar e individual.

La entidad que lidera la política para la prevención y erradicación del trabajo infantil en Colombia, y como resultado la Estrategia con sus seis pasos, es el Ministerio del Trabajo que tiene la misión de convocar a las instituciones del Gobierno que se encuentran vinculadas en la atención a esta problemática tales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación así como también a las entidades privadas y organizaciones de trabajadores y empleadores.

Así mismo, el Departamento para la Prosperidad Social tiene una acción importante mediante la ejecución del Programa Familias en Acción con el cual se realiza la entrega de subsidios condicionados a la educación y la nutrición de los niños, niñas y adolescentes en extrema pobreza; si bien este programa no hace parte de manera explícita en la Estrategia sí logra impactar las cifras de trabajo infantil.

Además de las operaciones de política pública que estas entidades del gobierno realizan, también participan otros actores como ONG y entidades privadas como cajas de compensación cuyos aportes a la Estrategia son cruciales para complementar las acciones que en general tienen un carácter público.

Partiendo de esta información, esta política se estructura con un enfoque de arriba hacia abajo, es decir, que el gobierno nacional tiene la capacidad de tomar decisiones para producir resultados significativos y con base en el imperio de la Ley se apoya para entregar de manera directa los servicios (Peters, 1995, p. 205) pero, además el gobierno funge como líder de las acciones a realizar y, a la vez, permite que se involucren otros actores con los cuales, en conjunto, se logran los resultados en cuestión.

La metodología del análisis se desarrolla mediante la investigación de información existente sobre la ejecución no solo de la política pública de trabajo infantil sino también sobre los programas de transferencias condicionadas a nivel regional y local.

Reformas laborales realizadas en el país y sus efectos en el mantenimiento del trabajo infantil

La ruta recorrida por los legisladores en Colombia en cuanto a protección y desprotección a los trabajadores ha sido extensa; la normatividad laboral realizada hasta finales del siglo XX tenía como característica la consolidación de los derechos laborales, pero, las últimas reformas en esta materia, han traído cambios que se sintetizan en la disminución de los costos para los empresarios, solo que, tomando como base el desmejoramiento en los derechos de los trabajadores con consecuencias en el aumento de la pobreza y como resultado, una toma de decisiones por parte del hogar referida a la vinculación de sus hijos e hijas al mercado laboral.

Al pensar en la reforma laboral de 1990, veremos que esta fue creada con el propósito de "corregir los problemas que le restaban competitividad a las empresas debido a las distorsiones de los costos laborales, la poca flexibilidad en la contratación, la débil generación y estabilidad del empleo" (Garay, 2004); por su parte, la Ley 789 de 2002 buscaba reducir los gastos a las empresas para que pudieran generar más empleos. Es decir, que tanto una como la otra, tenían clara inspiración en parámetros economicistas y carentes de un profundo análisis constitucional en cuanto a que, entre otras cosas, tenían un carácter contrario al principio de progresividad de los derechos sociales.

Como resultado de los esfuerzos del gobierno nacional, se debe indicar que la Ley 50 de 1990 "aumentó la volatilidad del empleo a lo largo del ciclo económico [...], estos cambios redujeron los costos de despido y permitieron a las empresas despedir trabajadores más fácilmente durante periodos recesivos" (Kugler, 1998); así mismo, cinco años después de la Ley 789, el Procurador General de la época, Edgardo Maya, manifestaba que había que revisar dicha ley puesto que "sí se redujo el costo de los empleados, pero no se aumentó el trabajo formal" (Universidad EAFIT, s.f., p. 2). En esa misma línea, Alejandro Gaviria indicaba que "la reforma exageró lo que iban a ser sus resultados y no logró resolver la encrucijada del empleo formal. Muchas veces, la reforma tuvo un efecto contraproducente porque terminó afectando los ingresos de los trabajadores pobres y alimentando las ganancias de ciertas empresas" (Gaviria, citado en Trujillo, 2008). Esto nos lleva a un escenario en el que se facilita a los empresarios la creación de más puestos de trabajo a costa del desmejoramiento de las garantías de los trabajadores sin que se cumplan las metas de aumento de dichos puestos de trabajo pero sí disminuyendo las condiciones económicas de miles de trabajadores formales.

Después de las reformas realizadas a la legislación laboral colombiana con la finalidad de disminuir los costos y hacer más flexible la contratación, los resultados alcanzados no son los deseados debido a que en el país aún persisten cifras altas de desempleo, a pesar de los resultados oficiales que presenta el DANE que muestran disminuciones, siempre a costa de la desigualdad social, la informalidad y el subempleo evidentes en las calles de cualquier ciudad o municipio.

Además, independientemente de la etapa del ciclo económico en que se encuentre el país, no ha habido evidencia contundente de que las cifras de empleo hayan aumentado como consecuencia directa de las reformas laborales según lo había contemplado el gobierno nacional; por otro lado, lo que sí ha ocurrido es que por la necesidad de generar mayores ingresos y paliar las consecuencias que se derivan del riesgo social en que se hallan muchas familias, estas han tenido que recurrir a la generación de emprendimientos de empleos informales por su propia cuenta, en muchas de las ocasiones con la vinculación de sus hijos e hijas como fuerza de trabajo que complementa los ingresos.

Al respecto, hay ocasiones en las cuales el Estado realiza omisiones a los derechos sociales, y por tanto, esto se convierte en una vulneración que cae en la órbita del incumplimiento legal (Arango, 2010). Para romper este ciclo los trabajadores acuden a las acciones constitucionales con el fin de exigir el trabajo como derecho social fundamental, incluso, se espera que estas acciones lleguen a revisión de la Corte Constitucional, lo cual haría suponer que se trataría, además de la última alternativa para defender el derecho al trabajo, de la instancia que haría justicia y regresaría al estado respetuoso de los derechos con su restablecimiento.

Lamentablemente, los fallos de la Corte Constitucional en esta materia son "expresiones de la colisión entre la legislación laboral vigente y la interpretación constitucional del Estado Social de Derecho" (Fajardo y Guataquí, 2000, p. 88); es decir, que partiendo del hecho de que, por un lado, "el ejercicio de la interpretación es en sí mismo problemático, pues no existe consenso en la comunidad jurídica acerca de cómo y cuándo debe interpretarse el derecho, y en especial acerca del alcance de la interpretación" (Bustamante, 2006, p. 126) y por el otro, la Corte Constitucional ha explicado que los derechos fundamentales se determinan por vía interpretativa², llegamos a un estado de cosas en el cual no existe consenso relacionado con la defensa del trabajo como derecho social fundamental.

Mientras que la Corte Suprema de Justicia mantiene una "línea doctrinaria claramente definida en sus fallos sobre temas laborales, la Corte Constitucional tiende a variar su posición doctrinaria" (Fajardo y Guataquí, 2000, p. 90); desafortunadamente las Cortes han mostrado no tener continuidad con sus fallos predecesores lo cual explica la falta de coherencia tratándose de un aspecto no esperable de las altas cortes.

Por ejemplo, en la sentencia T-728/98³, la Corte Constitucional negó una tutela porque los solicitantes no iniciaron el proceso ante un juez laboral, criterio que suele aplicar la Corte Suprema en sus fallos de tutela; sin embargo, en otras ocasiones la Corte Constitucional se ha apartado de ese criterio (Fajardo y Guataquí, 2000, p. 90).

Otra muestra de que la Corte Constitucional se convierte en un agente de incertidumbre en relación con la interpretación constitucional se encuentra en las sentencias C-588/95 y C-016/98:

La primera ratifica la jurisprudencia tradicional sobre el contrato de trabajo a término fijo. La segunda, emitida tres años después, modifica sustancialmente el carácter de dicha modalidad contractual. La Sentencia C-588 /95 resuelve la demanda de inconstitucionalidad presentada por Luz M. Zuluaga Ll. contra una parte del artículo 3 de la Ley 50, que define el contrato a término fijo. La demandante adujo que la norma violaba el derecho de igualdad ante la ley, así como la primacía de la realidad sobre la forma y la estabilidad en el empleo, principios contenidos en el artículo 53 de la Constitución. El argumento de la demandante se refiere al manejo de los conceptos de renovación indefinida del contrato a término fijo y del carácter indefinido del contrato a término indefinido. En el fallo de esta demanda, la Corte mantuvo el carácter original del contrato a término fijo, tal y como fue fijado en la Ley 50 de 1990, al declarar exequible la expresión 'pero es renovable indefinidamente'. Con esta decisión ratificó lo que había dictaminado la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 109 del 19 de septiembre de 1991.

Tres años después, la misma Corte ofrece una interpretación muy diferente en la Sentencia C-016/98 que falla la demanda de inconstitucionalidad que Alfonso Mora León presentó contra las normas referentes al contrato a término fijo (en particular, frente a la 'renovación indefinida' de dichos contratos) (Fajardo y Guataquí, 2000, p. 92).

Con decisiones como las presentadas en estas Sentencias de la Corte Constitucional que se adicionan a los productos de las reformas laborales, "resulta necesario censurar las violaciones a las consagraciones de los derechos económicos, sociales y culturales, generadas no ya por acción, sino por omisión de los órganos estatales" (Sagués, 2010, p. 65); lamentablemente, este estado de cosas refleja que parte de las interpretaciones traen consigo además de la serie de incoherencias que perpetúan las expresiones de precarización laboral el sentimiento de la omisión por parte de Estado de los mecanismos para la protección de los derechos.

Pauperización del trabajo y pobreza

La lucha contra el desempleo, utilizando la desregulación como herramienta, se llevó a cabo en los terrenos del mercado del trabajo:

Sin tener en cuenta sus particularidades, es decir los salarios se contemplaron como costos y no como la fuente de ingreso principal de quienes solo cuentan con su fuerza de trabajo para subsistir. Al reducir los salarios tal vez se le daría a los empresarios la posibilidad de ser más competitivos, en una visión simplista de las relaciones de trabajo, no se tuvo en cuenta que por el otro lado, se estaría disminuyendo la capacidad de compra de quienes hacían las veces de trabajadores e incluso se afectaría su calidad de vida y se aumentarían los niveles de pobreza. (Trujillo, 2008, p. 76)

Sin duda que el optimismo del gobierno frente a la posibilidad de aumentar los puestos de trabajo con la flexibilización laboral mediado por la disminución de costos se ha mantenido.

Lo anterior también sustenta las opiniones de quienes al respecto indican que "la lucha contra el desempleo por la vía de la reducción de los costos de trabajo pueden agravar la pobreza y desmejorar el bienestar social (Van der Hoeven, 2000). Por su parte, UNICEF Colombia manifiesta que, "la evidencia empírica proveniente de varios países en desarrollo indica que las políticas de flexibilización han reducido el desempleo pero han generado pobreza, bien sea por la creación de empleos de baja remuneración, o por la exclusión de segmentos de población del mercado de trabajo" (UNICEF, 2002).

Esta flexibilización trajo como consecuencia "la volatilidad del empleo, la reducción de las cesantías, restringió la definición de despidos sin justa causa y extendió el uso de contratos temporales; todo ello se vio representado a nivel general en una gran reducción de los costos de despido, por tanto, les permitió a las empresas despedir trabajadores con más facilidad durante periodos recesivos (Kugler, 1998); en consecuencia, pauperizó el trabajo en Colombia y permitió un aumento en la rotación laboral.

Muchos colombianos lograban ajustarse con el dinero adicional que obtenían de las horas extras de trabajo, pero, debido a las reducciones en los beneficios, los salarios disminuyen y frente al costo de la vida la opción es otra, "la flexibilización puede acentuar la depresión en la demanda agregada porque los asalariados enfrentarán un deterioro en los ingresos laborales. Incluso, el deterioro en el ingreso de los asalariados podría motivar a que algunos miembros del hogar salgan a buscar empleo, lo cual actuaría como un factor que aumenta la población desempleada y la tasa de paro de la economía (Isaza, 2003, pp. 18-19). De esta manera, no es difícil suponer la directa conexión que hay en consecuencia, entre los menores salarios y la informalidad como compensación.

El empleo informal ha tomado impulso, "convirtiéndose en la principal fuente de crecimiento del empleo del país, dejando en un segundo plano la ocupación formal. Lo anterior corrobora una vez más que la informalidad sigue en tendencia al alza, situación alarmante pues son ocupados con empleos inestables, ingresos precarios y, en la mayoría de los casos con poca formación académica" (Vélez et al., 2011, p. 28). Sin duda que las reformas se trataron de una salida con visión miope, por decir lo menos, frente a la posición economicista del gobierno nacional para atender el problema del desempleo, los cambios en la regulación del mercado laboral han generado el aumento de mecanismos informales de respuesta al riesgo social por parte de enormes cantidades de trabajadores excluidos del mercado de trabajo.

La informalidad⁴ laboral es una de las mayores fuentes de exclusión social y desigualdad económica por la que atraviesa Colombia y posiblemente de los países de América Latina. En Colombia el caso es preocupante, pues la informalidad laboral, según la definición de la OIT: carencia de acceso a la seguridad social a través del trabajo, es mayor al 50% y en los últimos años ha afectado a unos grupos sociales más que a otros (Vélez et al., 2011, p. 32).

Así las cosas, la pobreza se mantiene en ese círculo vicioso muy a pesar de las aparentes recuperaciones económicas divorciadas de los problemas sociales.

"La transformación radical de la estructura económica [.] tuvo una incidencia tan negativa en el bienestar de la población que anuló los logros que se habían conseguido por el lado de la política social" (Arcos et al., 2002, p. 76). La realidad es que la fuente de empleo para muchos trabajadores antiguamente formalizados se constituye en el empleo informal con un efecto directo en el aumento de la pobreza y la desigualdad social que también trae efectos como es el caso de la acentuación de los niños y niñas que se integran al mercado laboral en búsqueda de ingresos para ayudar al sostenimiento de sus hogares, ubicándose en oficios para los que no tienen condiciones psicosociales.

Pauperización del trabajo y trabajo infantil

La pobreza es un fenómeno dinámico; en otras palabras, existe una población significativa que corre el riesgo de caer en la pobreza por motivo de un choque económico como puede ser el desempleo. Los niños, niñas y adolescentes de estos hogares corren el riesgo de vincularse a actividades económicas, en caso de choque negativo para colaborar con los ingresos del hogar. De hecho, es bien sabido que muchos hogares, al enfrentar la crisis económica de finales de la década de los noventa, retiraron a sus hijos e hijas del colegio y los vincularon a una actividad laboral (Millán, 2007, p. 13).

Los efectos sociales de una estrategia para la disminución del desempleo mediante la reducción del salario son variados y contemplan una amplia gama de situaciones que afectan la economía nacional y en la base obviamente a la economía del grupo familiar; esta afectación lleva a que los miembros del hogar deban recurrir a tener que reinventarse sus mundos laborales a través del rebusque e irónicamente bajo la forma de cuentapropistas (Vélez et al., 2011, p. 7) con la gravedad de aspectos relacionados a la dificultad de alcanzar un mínimo económico que se iguale al menos a un salario mínimo con el cual sobrevivir.

Por lo tanto, los hogares empobrecidos se ven en la necesidad de recurrir a estrategias de autoempleo, que a su vez son exitosas solo cuando todos los miembros del grupo familiar participan en el trabajo, incluyendo a los niños y niñas.

El aumento de la tasa de trabajo infantil muestra que las pérdidas de ingresos impulsaron a otros miembros de la familia afectadas a ofrecerse en el mercado laboral y así contribuir al ingreso del hogar. La principal razón por la que trabajaron los niños, niñas y adolescentes en el 2009 con el 36.1% fue "debe de participar en la actividad económica de la familia". Esto explica la mayor presencia de la población infantil en posiciones ocupacionales de la categoría "trabajador familiar sin remuneración" al pasar de una tasa de 33% en 2007, a una del 49.5% en 2009 (Vélez et al., 2011, p. 76).

A pesar de contar con una legislación que prohíbe el trabajo infantil, la informalidad se ha convertido en un escenario desregularizado, dado que en este sector es donde se lleva a cabo la mayor parte de la explotación laboral de la infancia. Se constituye así en una de las pocas opciones laborales no solo para quienes son expulsados de la economía formal, sino también para los niños, niñas y adolescentes quienes como acompañantes de sus padres, o solos, tratan de aportar ingresos a sus familias. Esta realidad nos muestra al trabajo infantil también como consecuencia de las reformas laborales, lo cual no se puede interpretar como un fenómeno extraño, sino como la manifestación del sistema económico que arrastra la fuerza laboral de quien no está preparado aún para asumirla.

Déficit de "trabajo decente" en Colombia

El concepto de trabajo decente empezó a ser usado en junio de 1999:

Cuando el Director General de la OIT, Juan Somavia, presentó su primer reporte a la Conferencia Internacional del Trabajo, señaló que el mundo se encontraba en un periodo de adaptación a una economía naciente, caracterizada por el surgimiento de modelos inequitativos de distribución de riquezas, y que a raíz de la creciente desigualdad, aquel era un periodo de inestabilidad. Teniendo en consideración ese contexto general, planteó que la orientación política, técnica y orgánica de la OIT tendría que adaptarse a los nuevos retos y ese giro estratégico consistiría, justamente, en adoptar como objetivo principal la promoción del Trabajo Decente (Procuraduría General de la Nación, 2011, p. 22).

Además agregó que para cumplir con ese propósito era necesario trabajar sobre cuatro objetivos estratégicos:

• Las oportunidades de empleo e ingresos.
• La promoción de los derechos fundamentales en el trabajo.
• La protección social.
• El diálogo social.

Desde entonces, el concepto de trabajo decente ha sido muy nombrado, sin embargo, en Colombia a la hora de encontrar fundamentos normativos para el mismo, la tarea se complica ya que se trata, esencialmente, de un concepto doctrinal (Procuraduría General de la Nación, 2011, p. 22).

La persistencia de tasas de desempleo superiores al 10%, la existencia de un sector informal que genera alrededor de la mitad de los empleos, el incumplimiento de los estándares laborales y la baja proporción de cotizantes al sistema de seguridad social, revelan la complejidad de los problemas asociados al mundo del trabajo y ponen de presente la insuficiencia de los esfuerzos que el Estado ha invertido para superarlos. Estos fenómenos evidencian que el desempeño actual del mercado laboral en Colombia no permite un salto cualitativo en términos del desarrollo económico y social del país. En la medida en que se perpetúe este panorama desolador en materia laboral, el trabajo continuará siendo un motivo de frustración y no una fuente de realización personal de los trabajadores (Procuraduría General de la Nación, 2011, p. 16). El alcance del déficit del trabajo decente en Colombia se refleja en la ausencia de los derechos sociales básicos de la fuerza laboral como producto de las reformas laborales; de un adecuado funcionamiento de los mercados laborales depende el hecho de que una gran parte de esta población pueda gozar de tales derechos. Por razones como esta es que la promulgación de políticas dirigidas a la generación de trabajo decente representa la esencia de la política social.

Programas de transferencias condicionadas

Como consecuencia de la profunda crisis económica vivida en América Latina durante los ochenta, los países de la región han implementado, desde inicios de la década de los noventa, importantes reformas de los programas de atención a la población más pobre, entregando apoyos como forma de ayuda a la satisfacción de las necesidades básicas. El objetivo es potenciar el capital humano y fomentar los activos de las familias más vulnerables para mitigar la reproducción intergeneracional de la pobreza.

La pobreza trae consigo mecanismos usados ampliamente por las familias necesitadas para enfrentarla, por ejemplo, llevar los niños al mercado laboral como parte de las estrategias informales que pretenden contrarrestar la crisis económica en la que se encuentran; por otro lado, la lógica que siguen los programas de transferencias condicionadas es que por medio de la transferencia se aumentan los ingresos de los hogares y consecuentemente también aumentan la asistencia escolar y las condiciones de salud y nutrición de los niños, niñas y adolescentes.

En esencia esto debe redundar en beneficios adicionales, entre ellos, la contribución a la reducción del trabajo infantil; se entiende entonces, como ya ha sido abordado previamente, que por lo general estos programas no hacen referencia explícita a la disminución del trabajo infantil sino que aquellos resultados respecto a este problema serán una consecuencia favorable por atraer nuevamente los niños a la escuela.

En términos generales, todos los programas van dirigidos a la población más pobre y para la escogencia de los beneficiarios, la tendencia general es utilizar instrumentos especialmente diseñados -aunque en algunos países han optado por la focalización geográfica-.

Los beneficios que se otorgan y las condicionalidades que se imponen varían entre países; las transferencias en efectivo son lo más común y las cantidades generalmente varían dependiendo del número de miembros que existan en el hogar así como la edad que tengan.

En relación con las condicionalidades, es común a todos los programas el establecimiento de la educación de los niños y niñas como la condición sine qua non, en el sentido de que todos los niños, niñas y adolescentes deben matricularse y asistir a sus estudios escolares; respecto a la salud, la condicionalidad, por lo general, se refiere a cumplir con el esquema de vacunación, así como el deber de acudir a los controles prenatales; y en lo que tiene que ver con nutrición, las condiciones se refieren al control de crecimiento en los niños y niñas.

Las anteriores se constituyen en las condicionalidades básicas; otras corresponden a la obtención del registro civil o carnet de identificación, participación en actividades comunales o de tipo recreativo o la no participación del niño o niña en trabajo infantil, aunque esta última es poco frecuente encontrarla de manera explícita.

La lucha contra la pobreza y la pobreza extrema ha evolucionado desde una visión cortoplacista hacia una visión de mediano y largo plazo con enfoque en el incremento del capital humano y la ruptura del círculo vicioso de la pobreza intergeneracional en el largo plazo; sin duda que las políticas de transferencias condicionadas a la inversión en capital humano deben ser analizadas en el contexto de una nueva estrategia de protección social a los más pobres.

Estos Programas de Transferencias Condicionadas se organizan en lo que se denomina "intervenciones por el lado de la demanda" lo cual quiere decir que promueven la utilización de los servicios sociales de educación, salud y nutrición principalmente, pero no son los únicos por parte de la población beneficiaria; ello implica que el Estado tiene la obligación y el reto de contar con la disponibilidad de cupos escolares, instituciones de salud y equipo profesional que garantice la atención para la población beneficiaria.

El trabajo infantil en los hogares no considerados pobres: desigualdad social antes que pobreza

Ya ha sido mencionado en varias ocasiones que la pobreza no es la única condicionante del trabajo infantil pero sí una de las más importantes causas, por lo cual se llega a la conclusión que relaciona de manera directa, y con mucha más fuerza, a la desigualdad social al proceso de toma de decisión de vinculación de un niño o niña al mercado laboral.

La respuesta de los hogares ante situaciones conflictivas como las reformas laborales, la crisis del empleo o la inequidad social, entre otras, conlleva nuevas situaciones conflictivas en el plano individual y familiar bajo los dominios del riesgo social.

Con la asunción del riesgo social en los hogares, estos pueden llegar a legitimar determinadas formas de sobrevivencia cuya finalidad será controlar y responder a los asuntos que generan preocupación en el núcleo familiar; el problema social, el cual representa un motivo de preocupación para el gobierno, se encuentra en las herramientas con las cuales se dará frente a estas demandas.

Cabe revisar el contexto de desigualdad social en el cual se presenta esta situación de amenaza o vulneración de derechos y tener en cuenta que numerosas familias cuentan con la fuerza laboral que entregan a sus hijos e hijas para complementar el ingreso que les permite subsistir, con lo cual nuevamente se entra en los terrenos de las consecuencias que surgen en relación a las reformas laborales con el impacto profundo tanto en la niñez como en la familia.

Las garantías que se desmontaron con las reformas laborales tuvieron un marcado costo social; entre ellos el aumento de la desocupación, la economía informal y la toma de decisiones vinculada al trabajo infantil por parte del hogar con las secuelas vistas en la calidad de vida.

Se debe tener presente además que el riesgo social no es exclusivo de los hogares que se encuentran en pobreza extrema, la clase media colombiana también gasta la energía que busca paliar sus efectos. Tales esfuerzos de unas y otras clases sociales por mantener su economía y calidad de vida a flote se encuentran de igual forma mediadas con acciones relacionadas con la toma de decisiones de vincular a sus hijos e hijas a los mercados laborales.

Con ello resulta interesante el proceso por el cual, muchos otros hogares, en cambio, no toman la decisión de vincular a sus hijos e hijas al mercado laboral aunque se encuentren en pobreza extrema (Silva, 2010).

En Colombia una de las respuestas del gobierno ante la pobreza extrema se da con los subsidios condicionados a la educación y a la nutrición con el Programa Familias en Acción; hemos visto su indirecta incidencia respecto a la disminución del trabajo infantil en lo específico. Para los hogares que no alcanzan el nivel de clasificación 1 de SISBEN, es decir que no son lo suficientemente pobres como para ser merecedores de estos subsidios pero sí lo suficientemente pobres para verse en la necesidad de llegar a una toma de decisiones relacionada con vincular a sus hijos e hijas al mercado laboral, el riesgo social es solo una causa más para la promoción del trabajo infantil.

Por otro lado, la clase media se encuentra en una posición de difícil comprensión para muchos, lo cual se refleja en la poca investigación que hay al respecto; no se esperaría una toma de decisiones relacionada con la vinculación de hijos e hijas al mercado laboral cuando pertenecen a familias que no se encuentren en pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, las condiciones por las cuales esto sucede son tan diversas como la misma diversidad existente respecto a la definición de qué es o qué no es trabajo infantil.

Por tanto, el crecimiento económico de un país no es el indicador real acerca de si las condiciones de vida de importantes sectores de la población han mejorado. De allí la necesidad de comprender y disponer de indicadores suficientemente claros respecto a la medición de la desigualdad social y su vínculo con el trabajo infantil.

El trabajo infantil tanto en hogares que se encuentran en pobreza extrema como en los que superan esa línea, tendría una fuerte vinculación a las estrategias familiares de supervivencia, si tomamos en cuenta los principales factores estructurales asociados a la desigualdad social y al bajo nivel educativo de los padres en términos de capital humano acumulado así como a las inserciones precarias en el mercado laboral (Bravo, 2000). Esta clase de aporte llega a ser determinante para los hogares que superan la línea de pobreza extrema evitando su inserción allí y los ubica, con gran dificultad eso sí, en una situación de aparente bienestar económico.

"Si la pobreza fuera el factor decisivo para que las familias permitieran o promovieran el trabajo de sus hijos menores de edad, las cifras de incidencia de este deberían haber bajado junto con la disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema a escala nacional. Sin embargo, las tasas de trabajo infantil crecen mientras baja la pobreza." (Silva, 2010: 24); por tanto, la vulnerabilidad ante la desigualdad social resulta ser claramente el determinante fundamental del trabajo infantil, el cual no puede ser desconocido de ninguna manera si se desea atacar desde los componentes estructurales este problema.

Trabajo infantil en el negocio familiar

A la par de lo que ha sido analizado previamente, las condiciones de pobreza no son las que determinan el trabajo infantil sino las condiciones de desigualdad social; si pensamos nuevamente en la forma como los hogares responden a diversas situaciones y crisis económicas, es decir al riesgo social, mediante los elementos propios de la cultura con los cuales por un lado se vinculan al arraigo y la tradición intergeneracional y, por el otro, se atan a la toma de decisiones de los hogares para llevar a sus hijos al mercado laboral. Encontraremos, pues, los mecanismos de respuesta que configuran la forma de adaptarse a las condiciones de vida precarias producto de la desigualdad social y de las reformas laborales.

Así las cosas, respecto a esta toma de decisiones de los hogares, los sectores populares adoptan diversas respuestas frente a situaciones económicas adversas. Algunas de ellas se constituyen en una amplia proporción de los hogares que no se consideran ni en pobreza extrema ni en pobreza por el SISBEN; es decir, que son hogares que cuentan con dos o más de sus necesidades básicas satisfechas pero que, en cualquier caso, podrían requerir del aporte monetario de sus hijos e hijas.

Se trata de la continuación de la senda que recorre el problema del trabajo infantil, el cual ahora penetra los terrenos de los hogares que están en el umbral de lo que es pobreza y pobreza extrema, y que sucede con intensidad variable y características propias e inherentes a las condiciones históricas y culturales de la formación de estos hogares.

De allí que las acciones para sensibilizar y disminuir el trabajo infantil con campañas, sea un enorme desafío para las entidades que conforman la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador; más si se tiene en cuenta que las ganancias secundarias que se obtienen con el Programa Familias en Acción al disminuir el trabajo infantil como condición por asistir al colegio, no es posible obtenerla en los hogares que no se encuentran en pobreza extrema según el SISBEN.

Muchas veces, algunas familias han logrado ascender a otro nivel socioeconómico ayudados con mecanismos de informalidad que vinculan formas de trabajo infantil, lo cual resulta paradójico y perverso, si sabemos que en la medición del crecimiento económico del país estos detalles no se tienen en cuenta.

El resultado de esto es que los niveles de pobreza disminuyen en cifras pero la desigualdad social se mantiene, así como también el país sigue manteniéndose como uno de los más desiguales del mundo.

La relativa facilidad o la dificultad con la cual las familias logran ascender a otro nivel socioeconómico y mejorar su posición social la vemos básicamente en tres mecanismos:

Uno de ellos es el que se obtiene a través de la educación, especialmente la universitaria, es decir que en la medida que una persona adquiere un titulo tendrá mayor probabilidad de vincularse al mercado laboral profesional y así mejorar sus ingresos; también se pueden dar formas de ascenso a través de procesos de migración hacia el extranjero con lo cual las familias acumularán capital financiero bien sea para invertirlo por fuera del país o para enviarlo por intermedio de giros y remesas a los que se quedan y así permite construir viviendas y, por otro lado el que nos interesa, el cual se trata de otra forma de dar movilidad social a través del emprendimiento con negocios y el comercio formal. (Komadina, citado en Fernández, 2012)

Sin embargo, muchos de estos emprendimientos no se encuentran precisamente dentro de la formalidad pero, sí entregan una renta que ayuda a mantener un nivel de vida por encima de la pobreza o pobreza extrema y se constituye en una forma de ascenso social.

Volviendo atrás, en lo que respecta a las crisis financieras y a las reformas laborales que las provocaron, tenemos que los niños y niñas en teoría no tendrían por qué verse directamente afectados, aunque sí sucedió de manera indirecta (o podría también suponerse que sucedió directamente, si el tema en cuestión es la emergencia del trabajo infantil como consecuencia) por los efectos de las crisis a través de los cambios de oportunidades laborales que han enfrentado los adultos de las familias; de tal manera que, estas formas de ascenso social que se vinculan al emprendimiento de negocios, muchas veces, forjan la probabilidad de también vincular a sus hijos e hijas como fuerza de trabajo que contribuirá a generar ingresos.

Resulta importante comprender la relación existente porque no todos estos emprendimientos se enlazan directamente con la vinculación de los niños y niñas al trabajo sino de las características culturales, ya mencionadas, y al capital humano adquirido por los padres, según lo cual mantendrían la disposición a ello. Así que, no se trata de una condición obligatoria la que relaciona directamente a estos grupos poblacionales con el emprendimiento hacia un negocio propio y la vinculación de sus hijos e hijas al trabajo infantil.

Sin embargo, el panorama estadístico evidencia que el fenómeno del trabajo infantil sigue siendo problemático y que a pesar de que los indicadores de pobreza extrema en el país han disminuido, ya sea por emprendimientos empresariales, el trabajo infantil no declinaría ya que parte de la mano de obra de estas fuerzas productivas y el mejoramiento de la economía serían los niños y niñas.

Estos aspectos relacionados con la vinculación de niños y niñas al mercado laboral desde los hogares que ya han superado el círculo de la pobreza o de pobreza extrema, y que son aspectos que pertenecen tanto al ámbito de la economía como al del trabajo infantil no han sido ampliamente investigados.

Un estudio del Banco Mundial demuestra que existe la llamada "Paradoja de la riqueza" en relación con el trabajo infantil:

Se trata de una situación en la que las familias que son propietarias de tierras son más propensas a pedir a sus hijos que trabajen que aquellas que no poseen tierras. Situación que se produce especialmente en las temporadas agrícolas de mayor actividad, por ejemplo, durante la plantación y la cosecha, cuando la mano de obra asalariada es difícil o cara de conseguir para aquellas que poseen tierras. Se denomina así porque cabría esperar que entre las familias más acomodadas el porcentaje de niños que trabaja fuera más reducido, ya que su necesidad de enviar sus niños a trabajar es mucho menor. (OIT, 2009, p. 19)

Una vez más, se encuentra que la pobreza es uno de los determinantes más robustos del trabajo infantil, pero, la suposición acerca de si se trata del principal determinante queda desvirtuada, con ello, nuevamente surge la inquietud acerca de las gestiones que desde la política pública son realizadas para atender este problema.

Familias con mejores ingresos

Hay situaciones en las cuales los niños y niñas pertenecientes a familias terratenientes o poseedoras de algún negocio próspero, se vinculan como fuerza laboral al trabajo que sostiene a la familia; razón por la cual, se debe realizar el proceso de garantizar los derechos de estos niños, enmarcado en los pasos con los cuales funciona la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador; estrategia que no puede dejar por fuera a este grupo poblacional y cuyas acciones deben aplicar de igual forma que la de aquellos que se encuentran en pobreza extrema.

En tanto que estos hogares no se encuentran en el nivel 1 de clasificación del SISBEN no tienen cabida, por tanto, en las acciones de desmotivación al trabajo infantil por medio de los subsidios condicionados del Programa Familias en Acción, razón por la cual, no se pueden generar formas de desvinculación a través de las condiciones. Esto implica un enorme reto debido a que estas formas de trabajo infantil son poco visibles y, además, tienen una gran justificación cultural, por lo cual el reto involucra "acciones respecto a las percepciones y costumbres que, incluso, se encuentran profundamente asimiladas de manera positiva por los mismos niños en campos y ciudades acerca del trabajo infantil, el cual hace parte de su cotidianidad y no vislumbran contradicciones frente a la vida escolar" (Salazar, 1994, p. 7); además, el reto está en descifrar si las condiciones de los hogares con mejores ingresos son degradantes de la dignidad del niño o van en contra de su interés superior, ya que en muchos casos, se alterna trabajo con educación, recreación y salud.

Los procesos internos por los cuales surge la toma de decisiones de los padres están mediados por los arraigos culturales y el capital humano previamente acumulado por el núcleo familiar, ellos serán quienes determinarán la vinculación de sus hijos como fuerza laboral generando otra dimensión de la problemática del trabajo infantil, si se trata de una familia con mejores ingresos o manteniéndose en los niveles tradicionales de la problemática si es una familia con niveles de pobreza o pobreza extrema.

Trabajo decente dentro del negocio familiar

Ciertamente, los factores de riesgo social obligan a generar mecanismos de afrontamiento y manifestaciones informales que permitan superar la crisis y las desigualdades sociales; mediante el emprendimiento de un negocio familiar como forma de ascenso o mantenimiento en la escala social, se busca impactar estos factores y producir mejoras en los niveles de estabilidad económica.

Pero, en este punto del análisis, no se trata únicamente de abordar la dimensión problemática respecto al trabajo infantil sino también de generar una comprensión relativa a las razones económicas que impulsan a las familias a nuevas alternativas como salida a sus crisis; por tanto, se retoma el camino recorrido en esta investigación frente a la pauperización del trabajo como resultado de las reformas laborales realizadas en 1990 y2002, sumado a la emergencia de los aumentos de los niveles de pobreza que llegaron en consecuencia.

Con la reducción de las garantías laborales, de un salario digno y de una estabilidad hoy en día inexistente se justificaron estas estrategias nuevas de contratación, ajenas a los Pactos de San José⁵, el Protocolo de San Salvador⁶ y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁷ lo cual genera contradicción respecto al principio de progresividad de los derechos con la justificación de la necesidad de aumentar el empleo para reducir la pobreza mientras se aumenta la desigualdad social promoviendo la aparición de formas alternativas de enfrentar al riesgo social mediante el rebusque y la informalidad.

Son derechos sociales fundamentales, según la jurisprudencia constitucional colombiana, los derechos a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social (Arango, 2005). Con las medidas que se oponen a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales a los cuales pertenece el derecho al trabajo y con la incertidumbre de los fallos de la Corte Constitucional en esta materia, la fuerza laboral adulta se alejó del espacio de oportunidades y satisfacciones al cual estuvo inscrito; una manifestación del déficit de trabajo decente en Colombia, se da en la ausencia de los derechos básicos de los trabajadores como producto de las reformas laborales.

Sin un adecuado funcionamiento de los mercados laborales no podrá haber goce de los derechos de tipo laboral, por esta razón, la divulgación de políticas dirigidas a la generación de trabajo decente representa una salida no solo a la crisis de la fuerza laboral sino también es una estrategia para disminuir los índices de trabajo infantil.

Para los efectos de esta investigación, se requiere abordar lo que implica la necesidad de promover el trabajo decente en todos los ámbitos del mercado laboral; por esta razón, el marco del emprendimiento que informalmente realizan las familias para generar negocios y así superar la crisis económica en la que se han visto, producto del aumento del empleo precario y el poco avance en materia de ingresos, resulta necesaria su promoción y, en consecuencia, se promueve la convergencia y coherencia con los estándares internacionales a las cuales está obligado el Estado.

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a trabajar comprende "el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado" (Molina, 2006), por tanto, el problema no es la informalidad con la que se enfrente a la crisis, pobreza o desigualdad, sino a la calidad con la cual se enmarca el tipo de propuesta de generación de ingresos.

Por ello, con la finalidad de promover adecuadas formas de generación de ingresos alternativos a la crisis, producto de las reformas laborales, mediante la promoción y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales así como de los principios del concepto de trabajo decente que fueron precisados por la OIT,⁸ a continuación, se relacionan las características que deberían asociarse al trabajo decente dentro del negocio familiar y que el Estado, dentro de la coherencia con el principio de progresividad de los derechos, debe promover.

• Oportunidades de empleo e ingresos: debido a que la definición de trabajo que se considera decente no se limita a una categoría determinada de trabajo, sino que comprende tanto las modalidades formales de contratación laboral como los empleos en condiciones más informales, e incluso, el autoempleo (Procuraduría General de la Nación, 2011, p. 25); también dentro de la definición caben igualmente los empleos realizados desde el hogar; por lo tanto, no hay duda de que los mecanismos de emprendimiento y generación de ingresos por parte de las familias se pueden y deben acoger a este componente. Así mismo, el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de los Andes (Cijus), presentó al antiguo Viceministerio de Relaciones Laborales del Ministerio de la Protección Social, una propuesta sobre la "definición de política pública para la generación de trabajo digno y decente en el país" (Cijus, 2008) en la cual afirmaba que, para medir el componente de empleo del trabajo decente era necesario tener en cuenta tres aspectos⁹, de los cuales solo retomaré el último. Este hace referencia a las condiciones del trabajo, para el cual el concepto de trabajo decente no se refiere a cantidad sino también a la calidad de las condiciones de empleo; de esta manera, para examinar las condiciones se deben tener en cuenta factores como la duración de las jornadas de trabajo, el descanso, la existencia de medidas de protección a la salud ocupacional, entre otros.
• Derechos fundamentales en el trabajo: de acuerdo a Dharam Ghai "el marco ético y legal de este componente tiene el fin de que este trabajo se asocie con la dignidad, equidad, libertad, remuneración adecuada, seguridad social y voz de la clase trabajadora" (Ghai, citado en Procuraduría General de la Nación, 2011). Quiere decir esto que el trabajo decente se fundamenta en los principios normativos de protección a los trabajadores y, además, acoge a los niños, niñas y adolescentes en tanto que los convenios de la OIT ratificados por Colombia son parte del marco normativo que consagran su protección y, en consecuencia, también a los adultos como fuerza laboral. Por tanto, los resultados de esta consagración se medirán en disminución de las peores formas de trabajo infantil y aumento de la escolarización.
• Protección social: la seguridad social de los trabajadores será salvaguardada así como también la de su familia para los casos en que se presenten contingencias como enfermedad, accidentes laborales, desempleo e invalidez.
• Diálogo social: en este componente están llamados a participar no solo los trabajadores, que de manera más frecuente se agrupan en organizaciones sindicales sino también los empleadores y el Estado (Procuraduría General de la Nación, 2011, p. 27). Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo hizo un llamado a los sindicatos para que promovieran programas de territorios libres de trabajo infantil. Finalmente, se debe tener en cuenta que la promoción de trabajo decente presentada en este capítulo, se da solo en relación a su aplicación en el contexto de un negocio familiar; lo realmente trascendental es que los principios propuestos por la OIT en relación con el concepto de trabajo decente sean impulsados por el Estado desde una normatividad que trascienda un concepto doctrinal y que su aplicación se dé en todos los ámbitos del mercado laboral.

Conclusiones y recomendaciones

El análisis de la problemática del trabajo infantil al igual que sus peores formas, ratifica que la pobreza es una de sus causas, pero, no necesariamente su fuente de origen, en tanto que ha resultado mucho más significativo considerar las prácticas culturales y, sobre todo, la desigualdad social en un papel más activo como generadores de esta problemática. Las prácticas culturales en cuanto a que justifican su existencia, y la desigualdad social, en cuanto a que legitima su continuidad mientras un aparente progreso económico se presenta, mostrando una virtual disminución de los indicadores de pobreza, al tiempo que ignoran la desigual distribución de los recursos en la población.

Se deben hacer las mismas preguntas que en 2003 planteó el Observatorio sobre infancia de la Universidad Nacional en su Análisis de la política nacional frente al trabajo infantil, y es, si por intermedio de la Estrategia se espera impactar solo los determinantes más próximos del problema o, si lo desea hacer sobre los determinantes estructurales o todos ellos en conjunto.

Más de una década después encontramos una política madura, organizada y refrendada en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 con importantes avances y acciones en la disminución del trabajo infantil y la atención a las familias pero que aún no se constituye totalmente en acción sobre determinantes estructurales.

Por esta razón, la necesidad de proponer las siguientes recomendaciones que serán la base para fortalecer la forma de hacer frente al problema que combate el gobierno nacional en relación con el trabajo infantil y sus peores formas:

• El trabajo infantil y sus peores formas no se erradicarán únicamente mediante transferencias de ingreso, lo cual sin duda se constituye en una herramienta útil para aumentar el capital humano y en formas de ayuda a la disminución de este problema; sin embargo, el esfuerzo real de las políticas sociales debe dirigirse hacia las intervenciones multidimensionales y de largo plazo que se encuentren dirigidas a romper con la reproducción intergeneracional de estos fenómenos.
  Esto significa que parte del esfuerzo de la Estrategia se debe dirigir también a que estos grupos poblacionales cuenten con el acceso a niveles adecuados de educación y salud, en términos de calidad, al igual que con los mecanismos que permitan a sus familias ingresar al mercado laboral, por sí mismos, surgiendo así nuevamente el vínculo con la promoción de los principios del trabajo decente.
• No es de notable recordación el papel que realiza la Estrategia en materia de prevención del trabajo infantil; gran parte de las acciones se enfocan, como es lógico, hacia la atención a población que se encuentra en esta situación pero en materia de prevención deben incrementarse y evidenciarse aún más las acciones que se realizan no solo para generar conciencia a las familias y a la sociedad sino también para empoderar a los niños, niñas y adolescentes en relación con el goce efectivo de sus derechos.
• La desigualdad social es la causa fundamental del trabajo infantil, incluso, tiene un peso mayor dentro de su génesis que la misma pobreza; por tanto, debe ser notorio el valor que la Estrategia le otorgue. Sin embargo, en la revisión de las causas que presenta en su documento base, no se expone este concepto de manera explícita dentro de las causas de tipo económico.
  Reconocer la desigualdad social en la generación del problema que nos compete es otorgarle no solo el valor que se merece sino la búsqueda de herramientas estructurales que combatirán el problema, máxime cuando existen evidencias que vinculan la necesidad por parte de otros sectores estatales de presentar cifras que indican una notable disminución de los indicadores de pobreza en el territorio nacional.
• Llama la atención la escasa bibliografía referente a investigaciones que miren el trabajo infantil desde la perspectiva de las familias con mejores ingresos y las características que esto trae frente a los problemas que surgen en la relación de sus hijos con la educación, con la salud y, en últimas, con la acumulación de capital humano o, si no hay tal; además de las representaciones sociales en torno a esta dimensión del trabajo infantil puntualmente.
  Por tanto, es importante no solo la promoción de investigaciones en esta materia sino también las acciones de la Estrategia en la atención a esta población que, incluso, se muestra tan invisible como otras formas de trabajo infantil existentes.
• La Estrategia debe involucrar entre sus acciones otro tema que es de capital importancia para el Gobierno nacional y se trata de la concordancia con el programa Familias en Acción; por un lado, resulta necesario ampliar la cobertura de dicho programa para incidir no solo en la mejora de la situación de muchos hombres, mujeres y familias enteras que siguen teniendo dificultades en la generación de sus ingresos aunque se encuentren por encima del nivel 1 de SISBEN, con lo cual no pueden acceder a los subsidios condicionados. Por otro lado, sobre el impacto que estos subsidios tienen en la disminución del trabajo infantil y sus peores formas; no solamente en relación con la atención a otras poblaciones donde el trabajo infantil es evidente como la población indígena o las víctimas del desplazamiento sino también es importante que el programa haga explícita su contribución a la eliminación del trabajo infantil mediante la condicionalidad a las familias de la no vinculación de ningún niño al trabajo infantil.
  Como se sabe, los programas de transferencias condicionadas son un gran aporte de los gobiernos a la reducción de la pobreza, en el caso colombiano, este debería tener la obligación de hacer explícita su contribución a la eliminación del trabajo infantil y la Estrategia tendría la misión de exigírselo al Departamento para la Prosperidad Social; en la actualidad, esta condición no es explícita, solamente existe la obligación de que los niños y niñas asistan al colegio y reciban la salud y nutrición adecuadas; sin embargo esto lleva a la concurrencia del cumplimiento de estas condicionalidades y la realización de trabajo infantil, por tanto, la exigibilidad de la obligación como condicionalidad es crucial para la Estrategia.
• Junto a la Estrategia, la promoción de los principios vinculados al concepto de trabajo decente deberían encontrarse explícitos en los planes de desarrollo de las próximas administraciones, tanto en lo local como en lo departamental y nacional, dado que en dichos principios no tienen cabida las peores formas de trabajo infantil; además, deberían encontrarse explícitos en la Estrategia misma.
  El crecimiento de la economía sumado a la generación de empleos que no respeten los derechos fundamentales de la población trabajadora no eliminan el trabajo infantil, por eso, la importancia de adoptar políticas coherentes en los ámbitos de la reducción de la pobreza y de promoción de los derechos económicos, sociales, y culturales.

Dado que el país debe presentar una respuesta a la Agenda hemisférica de trabajo decente en las Américas 2006-2015 y, dado que, en el Plan Nacional de Desarrollo 20102014, hay un énfasis en el tema de la generación de empleo, es prioridad promover la convergencia de la Estrategia con la discusión sobre los derechos laborales lo cual se legitima en los principios desarrollados en el concepto de trabajo decente.

La gestión de la Estrategia se puede realizar de manera eficaz, si se posiciona el tema del trabajo decente en su agenda para que el trabajo infantil sea concomitante con el tema de la generación de trabajo decente para los adultos, principalmente, y el trabajo en condiciones dignas para los adolescentes mayores de 15 años que cuenten con permiso para trabajar con garantía de los derechos a la educación, salud y recreación, para brindar la ayuda a los hogares que lo requieren; pero, nuevamente se indica que bajo los preceptos de la vinculación de estas dos necesidades que son de prioridad y se circunscriben a los Derechos económicos, sociales y culturales y al principio del Interés superior del niño.

En consecuencia, se asumiría una mirada integral en los aspectos referentes a la situación no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también de los adultos como sus determinantes impactando así no solo la pobreza sino también la desigualdad social, situación que también impactará los determinantes estructurales del trabajo infantil y sus peores formas.

Pie de página

¹Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014".
²Sentencia T-002 de 1992. Se trata de la segunda sentencia revisada por la Corte Constitucional al poco tiempo de su instauración, en esta deja claro que el derecho a la educación a pesar de estar ubicado en el capítulo de los derechos sociales y económicos consagrados en la Carta Política,es un derecho esencial de la persona humana que además es ejercicio para el derecho de otros derechos como lo son el de la igualdad y el del libre desarrollo de la personalidad. La sentencia establece también que la educación es un derecho-deber, esto es, un derecho condicionado al cumplimiento de ciertas obligaciones por parte de su titular. Por otro lado, se indica que el juez de tutela debe acudir a la interpretación sistemática, finalística o axiológica para desentrañar, del caso o no, si se trata de un derecho fundamental.
³Sentencia T-728 de 1998. Corresponde a proceso promovido por trabajadores contra la sociedad Cartón de Colombia S.A. por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de asociación y libertad sindical, la garantía constitucional del fuero sindical y los derechos al debido proceso, a la defensa y al trabajo en condiciones dignas y justas.
⁴Tal como la define el DANE, hace referencia al conjunto de empleados y patronos en empresas de menos de cinco trabajadores, así como la cuenta propia e independiente sin educación profesional, los empleados domésticos y los trabajadores sin remuneración.
⁵El Pacto de San José corresponde a la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica; se constituye en una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.
⁶El Protocolo de San Salvador se suscribió el 17 de noviembre de 1988 en la capital Salvadoreña y surgió como una necesidad de regular a nivel interamericano los derechos económicos, sociales y culturales que se habían consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
⁷El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado multilateral general que reconoce los mencionados derechos y establece mecanismos para su protección y garantía; fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.
⁸Dada a conocer en la Memoria del Director General en la 87^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1999.
⁹Los otros dos son las oportunidades de empleo y la aceptabilidad de la remuneración.

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