Aspectos normativos

Los antecedentes normativos de la política social para la vejez en Colombia se iniciaron en la década de los setenta con la Ley 29/1975, de 25 de septiembre, mediante la cual se buscaba establecer la protección de los ancianos considerados en estado de indigencia y sin familia, y la ejecución del sistema de pensiones de vejez creado a partir de la Ley 90/1946, de 26 de diciembre, reglamentado por el Decreto 3041/1966, de 19 de diciembre. Las bases conceptuales de estas normas reflejan una reducción de la ancianidad a las condiciones materiales y de carencia, que deja de lado sus relaciones y contexto social (Arrubla, 2015).

Posteriormente, en la Constitución Política de 1991, se estableció, en el capítulo 2 “De los derechos sociales, económicos y culturales”, artículo 46, la obligatoriedad del Estado, la sociedad y la familia de concurrir para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promover su integración a la vida activa y comunitaria, señalando que “el Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.

En 2012, el país presentó un informe de avance general respecto de la implementación de la Declaración de Brasilia en América Latina y el Caribe. Allí se expusieron los resultados obtenidos hasta ese momento:

I) Definición de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social; II) Establecimiento de la Metodología de Participación So cial de y para las personas mayores - MIPSAN, de obligatoriedad en su aplicación para la co-financiación de proyectos que desarrollan los departamentos, distritos y municipios en el marco de esta Política Nacional; III) Programa Nacional de Protección Social al Adulto Mayor - PPSAM, consistente en subsidios monetarios, beneficiando en los últimos años a 627.428 personas mayores en extrema pobreza y situación de vulnerabilidad como personas en situación de desplazamiento, personas con discapacidad, víctimas de la vio lencia, personas en situación de indigencia o abandono y población de personas mayores indígenas en los resguardos; IV) Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor - PNAAM “Juan Luis Londoño de la Cuesta”, constituido como una alternativa para ofrecer servicios básicos de alimentación a las personas más pobres y vulnerables, con el fin de contribuir a mitigar su situación, con una cobertura similar al PPSAM, de casi medio millón de personas mayores en situación de vulnerabilidad. El programa en los primeros años de funcionamiento tuvo una cobertura del 2003 al 2010 de 417.230 personas mayores. En el 2011 pasó a 221.953 personas mayores y de 214.933 en el 2012. En este mismo año, se modificó el programa al pasar de ración alimentaria a subsidio monetario.

Otros programas que se han venido desarrollando son entre otros, los siguientes: I) Programa Nuevo Comienzo, “otro motivo para vivir”, del Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES. Se desarrolla en conjunción con los departamentos, distritos y municipios, dirigido a las personas mayores. Es de rescatar que tiene cobertura nacional y participan las personas mayores incluidas en el Sisben 1 y 2; II) El Programa de capacitación a las per sonas mayores en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS, liderado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones el cual también cuenta con cobertura nacional; III) Formación para el trabajo, generación de ingresos para jóvenes y la ley del primer empleo, son políticas que promueven en la población joven el acceso a mejores condiciones de vida que les permite envejecer activa y productivamente, así como varias normas específicas para la protección de los derechos de las personas mayores¹⁰ que se relacionan de una forma directa o indirecta con la población de edad. (Cepal, 2012a)

La Ley 1251/2008, de 27 de noviembre y la Política Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez son los dos instrumentos nacionales con mayor influencia en las acciones que se desarrollan como parte del proceso de institucionalización. Esta ley establece las normas para garantizar los derechos de las personas de edad. En ella se dispone la expedición de dicha política en la que le proporciona el marco y define las áreas de intervención que debe considerar. Dentro de sus principios, se reconoce la corresponsabilidad que tienen el Estado, la familia y la sociedad civil en la participación e integración de los adultos mayores a la sociedad, así como en la garantía del acceso a beneficios con el propósito de compensar las desigualdades sociales y territoriales y el ofrecimiento de apoyo y ayuda a las personas mayores que se encuentren en condición de vulnerabilidad. La familia se menciona en varias partes de esta ley, tanto como uno de los agentes de apoyo a las personas de edad como sujeto de derecho y protección social.

En el artículo 6 de la Ley 1251/2008, de 27 de noviembre, se mencionan los deberes del Estado, la sociedad civil y la familia. En ellos se reconoce la obligación del Estado de exigir que la familia garantice la alimentación de las personas de edad y de la sociedad civil por generar acciones de solidaridad hacia la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Esto reduce significativamente la amplia perspectiva de la protección social presentada en los instrumentos internacionales y regionales, así como el derecho de todas las personas de edad a gozar de la solidaridad de la sociedad civil, deber que se focaliza en la población vulnerable. Por su parte, la familia está a cargo de una gran cantidad de deberes que, junto con los del adulto mayor, revelan una sobrecarga de funciones en la familia y las personas de edad, que continúa reproduciendo el rol tradicional de los parientes como protectores sociales, sin considerar las nuevas condiciones sociodemográficas que impiden sostener el modelo social de comienzos del siglo XX. Los deberes propuestos en dicha ley no re velan las corresponsabilidades que tienen el Estado, la sociedad civil, la familia y las personas mayores. Se observa un desequilibrio entre deberes, que refleja la ausencia de la definición clara de los límites entre las responsabilidades de cada agente, así como la comprensión del sistema de interrelaciones entre los distintos actores y su influencia en la adecuada distribución de las cargas económicas y sociales. A conti nuación, se presentan los deberes que según esta ley tienen los distintos actores, en relación directa con la familia y las personas de edad:

Por su parte, los artículos 8 y 10 se refieren a las directrices de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Respecto de la familia, se hace un énfasis en el apoyo de los cuidadores de las personas de edad. Esto resulta contradictorio frente a los deberes, ya que ni el Estado ni la sociedad civil tienen un deber explícito por brindar ese apoyo. Esto puede dejar este último a un acto voluntario o de caridad de las personas que lo consideren adecuado, y no como un asunto de deberes y derechos. De igual forma, dicha política está encargada de promover la organización de la familia y las interrelaciones entre sus integrantes:

Art 8: a) Promocionar una cultura de respeto al adulto mayor dentro de la sociedad y la familia; b) Fortalecer redes sociales de apoyo mediante el comportamiento solidario y la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado, así como la promoción, apoyo y protección a los cuidadores de los adultos mayores en situación de dependencia en casa.

Art. 10: La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez incluirá medidas tendientes a promover la organización de la familia e involucrarla en el desarrollo integral de los adultos mayores que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

En el artículo 17, se establecen las áreas de intervención que se deben tener en cuenta para la elaboración del plan nacional. En ellas se menciona la familia y su comunidad como parte del sistema de bienestar y protección del que hace parte la persona de edad. En esta parte de la ley, hay una particularidad en relación con las directrices, que es la educación y su función en las transformaciones personales y colectivas que implica el proceso de envejecimiento humano:

Protección a la salud y bienestar social. Los adultos mayores tienen derecho a la protección integral de la salud y el deber de participar en la promoción y defensa de la salud propia, así como la de su familia y su comunidad.

Educación, cultura y recreación. [...] e. Lograr una mejor calidad y expectativas de vida personal, familiar y social a través de acciones educativas y participativas que permitan crear conciencia de la dignidad humana y formar actitudes positivas y respetuosas frente a la vejez y al envejecimiento como aporte a la Sociedad; [.] f. Contribuir a la educación integral de esta población permitiéndole elaborar proyectos de vida acordes con su edad y expectativas de vida que los ayuden a asumir roles en la vida familiar y social.

Entorno físico y social favorable. Corresponde al Estado, a través de sus entidades del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal de conformidad con el ámbito de sus competencias, a las instituciones públicas y privadas garantizar a los adultos mayores con diciones óptimas para que el entorno físico sea acorde con sus necesidades, [.]; c. Generar estrategias para permitir el acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas compuestas por los adultos mayores, solas o jefes de familia.

Respecto de la participación de las personas de edad en sus familias, comunidades y país, esta ley establece el Consejo Nacional del Adulto Mayor. En el punto 2 del artí culo 27, uno de sus fines es “2. Apoyar y fortalecer la participación de la comunidad, la familia y el adulto mayor en las acciones necesarias para su desarrollo físico, psíquico, económico, social y político”.

Otros marcos normativos que se han elaborado a favor de la población mayor son la Ley 1091/2006, de 8 de septiembre; la Ley 1171/2007, de 7 de diciembre; el Decreto 3771/2007, de 1 de octubre; la Ley 1276/2009, de 5 de enero; y la Ley 1315/2009, de 13 de julio; todos ellos orientados en especial a la población en estado de vulnerabilidad, y centrados en los servicios asistenciales de alimentación, estadía y salud.

Actualización de la política

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019, cuyos objetivos generales son:

La realización de los objetivos se propone a partir de cuatro ejes: 1) promoción y garantía de los derechos humanos de las personas mayores, que busca cumplir con los compromisos internacionales y constitucionales para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos; 2) protección social integral,¹¹ que debe reducir la vulnerabilidad económica y social e incrementar la calidad de vida de las personas de edad; 3) envejecimiento activo, que pretende crear las condiciones de seguridad social integral para que la población adquiera hábitos que favorezcan su autonomía, salud y productividad a lo largo de la vida; 4) formación de recurso humano e investigación, con el que se espera generar conocimiento acerca del envejecimiento y la vejez que facilite la gestión individual y co lectiva del proceso de envejecimiento del país. A cada uno de estos ejes le corresponden distintas líneas estratégicas, de acción y metas que pretenden reducir las condiciones de vulnerabilidad de las personas de edad e incrementar su calidad de vida (Ministerio de la Protección Social, 2007-2019).

Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 2014-2024,¹² en la que se conservan los objetivos y los ejes del primer texto, pero se modifica la conceptualización del envejecimiento y la vejez. La primera versión de la política se fundamenta en cuatro as pectos conceptuales. El primero se refiere al envejecimiento biológico, entendido como la consecuencia universal de la acción del tiempo en los seres vivos. Su relación con los desarro llos científicos y tecnológicos que han influido en la reducción de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida han provocado el envejecimiento demográfico del país. El segundo destaca la relevancia de los derechos humanos en el reconocimiento de las personas de edad como sujetos especiales de derecho. El tercero propone el envejecimiento activo, definido como el proceso de adquisición de hábitos saludables a través del curso de vida, como condición necesaria para que las futuras generaciones envejezcan con autonomía, productividad y reconocimiento. Y el último corresponde a la protección social integral, entendido como el conjunto de políticas públicas orientadas al manejo social del riesgo, que tiene el objetivo de disminuir vulnerabilidades y mejorar la calidad de vida de las personas de edad.

En 2014, se incluyeron dos aspectos más: la longevidad y la organización del cuidado. Ambos hacen parte de uno de los tres pilares básicos de la protección social, propues tos por la Cepal en 2012. El énfasis en el cuidado refleja la situación de las dependencias en la región, las cuales van a aumentar debido al alto número de niños, el incremento de las personas mayores y de las enfermedades de largo plazo asociadas al aumento de la longevidad. En este sentido, la política destaca la responsabilidad colectiva que se tiene respecto de la dependencia y el cuidado, así como de las formas de prevención y atención:

Transitar hacia la construcción de la dependencia y el cuidado como un asunto de responsa bilidad colectiva, que debe ser sostenido mediante prestaciones y servicios que maximicen la autonomía y el bienestar de las familias y los individuos en el marco de los sistemas de protección social. Las respuestas públicas para la atención de esta problemática han de concebirse como una extensión lógica del quehacer estatal, que impone ciertas obligacio nes inmediatas con respecto a los que precisan ayuda y quienes la brindan. (Cepal, 2012)

El cuidado es la acción social dirigida a garantizar la supervivencia social y orgánica de las personas que carecen o han perdido la autonomía personal y que necesitan ayuda de otros para realizar los actos esenciales de la vida diaria (^{Huenchuan, 2013}). En particular, durante los últimos años, ha venido creciendo la importancia de los cuidados a largo plazo durante la vejez, que incluyen servicios de atención de las necesidades tanto médicas como no médicas de las personas adultas mayores que no pueden cuidar de sí mismas durante largos periodos. Los cuidados a largo plazo adoptan dos modalidades: atención domiciliaria e institucional. Por atención domiciliaria se entiende, en general, los servicios prestados por profesionales en casa de la persona mayor, mientras que por atención institucional el alojamiento y el cuidado de una persona en una entidad especializada (Naciones Unidas, 2010, citado por Cepal, 2009).

Además, se requiere promover la combinación de los servicios disponibles y am pliar la gama de servicios de cuidado de modo que ofrezcan respuestas adecuadas a cada situación particular. Resulta fundamental entonces fortalecer la promoción de la salud tanto como el mantenimiento y la mejora de la capacidad funcional de las personas adultas mayores, desde el autocuidado y el cuidado familiar hasta el cuidado comunitario y el cuidado institucional, con la claridad suficiente para asumir que la institucionalización constituye la última alternativa, y deberá ser la menos utilizada.

Los aspectos conceptuales de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se sustentan en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas adultas mayores, su integración comunitaria y la superación de desigualdades sociales y de género dirigidas al fortalecimiento de la ciudadanía y las prácticas democratizadoras a lo largo del curso de la vida, con énfasis en la vejez (Ministerio de Salud y la Protección Social [MinSalud], 2014).

Otra novedad de la actualización de la política es la consideración del curso de vida humana en lugar del envejecimiento biológico, así como la comprensión del envejeci miento activo como una forma de vida que favorece a lo largo de la vida la acumulación de oportunidades para alcanzar una madurez digna. Estos avances conceptuales buscan ampliar la comprensión de la complejidad del envejecimiento humano como un proceso multidimensional y heterogéneo, que depende de las interacciones entre los cambios biológicos y psicológicos de las personas a lo largo de su vida y las condiciones sociales, económicas e históricas de sus entornos (MinSalud, 2014). El enfoque del curso de vida no es algo reciente en el país, sino que desde la década de los noventa se realizaron algunas actividades académicas como el Simposio Internacional sobre Ciclo de Vida, Educación y Envejecimiento y, en 2002, apareció la revista Ciclo de Vida (Anónimo 5, comunicación personal, junio de 2015). Este enfoque no es un asunto nuevo, sino que su inclusión en la agenda pública ha sido un proceso lento, si se considera que hace más de treinta años los organismos internacionales ya habían identificado la importancia de avanzar en la conceptualización y comprensión de la vejez:

El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento señala que el envejeci miento es un proceso que dura toda la vida, y que debemos prepararnos como tal para las etapas posteriores. Tenemos una mirada diferente, ya no en el modelo de psicología del desarrollo por etapas, sino de transcurso o curso de vida. Entonces, cuando es por etapas, las edades separan más en lo biológico, [por el contrario, las] teorías explicativas homogeneizan a la gente, mientras que en el transcurso de vida son teorías integradoras, la edad es un parámetro, no es algo decisivo. Se tiene en cuenta la multifactorialidad, nosotros no somos seres biológicos; por supuesto, esto es lo que se ve, pero somos seres integrales, donde hay al menos las dimensiones psicológicas, sociales, ecológicas, espirituales. Todos estamos caminando en esa fila del desarrollo y del envejecimiento, y esperamos llegar para la vejez. Entonces el envejecimiento tiene que ver con el curso de vida, mientras que la vejez es un momento vital que, como parámetro cronológico según las Naciones Unidas, es de 60 años para países en desarrollo y 65 para desarrollados. (Anónimo 3, conversación personal, 2015)

El eje de envejecimiento activo fue un aporte que hizo la Organización Mundial de la Sa lud (OMS) a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (8-12 de abril 2002, Madrid, España), que habla de envejecimiento activo. Este es la optimización de oportu nidades en salud, participación y seguridad a medida que envejecemos. Es para todos, y la gente lo ha tomado por el lado de envejecimiento activo, entonces como dice activo creen que es ejercicio físico (claro que lo incluye pero no es lo único), porque mirado desde la definición es la optimización de oportunidades y es para todos, no solo para los mayores, pero la gente toma rápido las dos palabritas envejecimiento activo y lo transforma a vejez activa y punto. (Anónimo 3, conversación personal, 2015)

La actualización de la política se realizó con la intención de avanzar en la precisión de algunas acciones, en especial en salud, así como en la validación y adopción de la políti ca a nivel territorial con distintos actores como “la academia, las secretarias de salud, de desarrollo social, de familia, de participación social, ONG y centros de protección social”:

Actualmente, hay una resolución que reglamenta la Ley 1091/2006, de 8 de septiembre, que es sobre los derechos y beneficios de las personas mayores. Es la que establece el ciu dadano de oro, con una resolución en la cual se espera que mejore la calidad de la atención en salud para las personas mayores. Particularmente en las citas médicas. Se prohíbe las agendas para las EPS, que las personas llaman y dicen no, no hay agenda y llame hasta el próximo mes, eso se eliminó. Con la resolución y la reglamentación, tienen ocho horas en el día para pedir la cita. Antes era solo de 7 a 8 de la mañana. Para las personas mayores, ya no pueden hacer eso, tienen que mejorar la calidad de servicio y también una diferen ciación en la calidad de la persona mayor. El trato no es igual para todo el mundo, porque la persona mayor tiene más complejidades en sus patologías, y es más demorada para ex presar lo que siente. Un joven llega y dice me duele la cabeza, y me duele aquí. La persona mayor no, porque, precisamente por las complejidades que tiene, se demora mucho más en las citas. Entonces digamos que la resolución mejora la calidad de los servicios; también se expidieron dos circulares en las que se establece el mejoramiento de las condiciones de salud de la atención médica a las personas mayores.

Con el ajuste de la política, se quiere cambiar las líneas de acción, sobre todo las líneas de acción en cuanto a las obligaciones que tienen las entidades y las instituciones. En el marco de las competencias, queda establecido cómo debe cada entidad territorial y cada institución responder a las necesidades de envejecimiento y vejez. En la medida en que la política no solo es para vejez, para personas adultas mayores, sino para todo el proceso de la vida, contemplando que empezamos a envejecer desde niños. [...] Por decir algo, en el enfoque de género, el primer texto de la política salió muy como con responsabilidades del Ministerio de Salud y la Protección Social, pero no eran claras las responsabilidades de cada departamento, los distritos, de las mismas personas mayores, las autoridades [.] Entonces, la actualización de la política tiene algunos aspectos más precisos, que se están validando. Se hicieron cinco talleres regionales que se realizaron en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Santa Marta. Eran regionales porque participaban varios departamentos en cada uno de esos talleres. Ahí se hizo un ajuste a las metas, que quedaron en el Plan Decenal de Salud Pública, porque la Política Nacional de Salud describe el Plan Nacional de Salud, y las políticas sociales dirigidas a las poblaciones que se enmarcan en el Plan Decenal de Salud Pública. (Anónimo 1, comunicación personal, 2015)

La familia y el hogar en la política

En relación con la familia y el hogar, ambos documentos se orientan por el mandato consti tucional y el enfoque de derechos humanos. Una vez más se declara que el bienestar de las personas de edad es responsabilidad de la acción simultánea del Estado, la sociedad y las fa milias. Se entiende que el envejecimiento humano es un proceso social que está condicionado por el curso de vida de las personas, es decir que los sucesos históricos, las transformaciones demográficas, económicas, sociales y culturales van moldeando las trayectorias individuales, familiares y generacionales, por lo que se espera que, a partir del envejecimiento activo de la población, así como de las acciones de los sistemas de protección integral y de empleo, las personas de edad puedan conservar sus dinámicas de participación y productividad, y con tinúen siendo parte activa reconocida en sus entornos familiares y comunitarios, además de poder elegir libremente la forma residencial en la que prefieren vivir.

Parte de los objetivos generales de esta política es influir en las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de los individuos y las familias como medio para que las personas de edad de hoy y el futuro tengan una vida autónoma, digna e integrada, desde un enfoque de derechos humanos. En ese contexto, la familia se reconoce como una unidad funcional de la sociedad, compuesta por sujetos de derecho que tienen deberes con ellos mismos y sus miembros, para el adecuado funcionamiento del sistema familiar.

A la familia como unidad básica de la sociedad, que desempeña una función fun damental en la organización y el desarrollo social y que como tal debe ser fortalecida, prestándose atención a los derechos, las capacidades y desventajas y las obligaciones de sus integrantes, en torno al cuidado y autocuidado de sus miembros, en especial de las personas adultas mayores (MinSalud, 2014).

Dentro de los valores y principios que orientan esta política, se encuentran tres relacionados con la conceptualización de la familia: 1) autonomía, 2) solidaridad y 3) igualdad. La autonomía se relaciona con el autocuidado de las personas, la solidari dad con el cuidado de los otros y la igualdad con la condición de sujeto de derecho que tiene cada uno de los integrantes de la familia.

Autonomía, toma de decisiones de las personas adultas mayores en todos los asuntos que les competen, desde los más privados hasta los públicos. Representa la capacidad de tomar decisiones mediando una argumentación personal, y la posibilidad de llevar a cabo la decisión tomada; es decir, de materialización la decisión tomada, asumiendo las responsabilidades y consecuencias derivadas. La capacidad para decidir se da cuando no solo hay ausencia de coacción externa, sino cuando se dispone de los recursos que se precisan, en forma de bienes y servicios, y además se está en circunstancias personales y sociales que permiten aprovecharlos.

Solidaridad, asociación y organización de individuos para satisfacer necesidades e inte reses comunes, con base en la cooperación, el apoyo mutuo y la dependencia recíproca en tre seres humanos. La solidaridad intergeneracional hace referencia al apoyo que se da entre generaciones con el propósito de protegerse mutuamente y facilitar el buen trato, el respeto recíproco y una imagen adecuada de la vejez.

Igualdad, la Política Nacional, desde la especificidad que le es propia, reconoce y pro mueve el principio de acuerdo con el cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (ONU, 1948), y deben recibir la misma protección y trato de las autoridades y gozar de los derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. (MinSalud, 2014)

La actual perspectiva del sistema de protección social se fundamenta en los derechos que, a través de acciones (estrategias, políticas, planes, programas y proyectos) encami nadas a las personas, familias y comunidades, espera reducir las desigualdades sociales, en particular frente a la discriminación laboral, y garantizar las condiciones para el bienestar de las personas de edad (MinSalud, 2014).

A pesar del amplio reconocimiento que los instrumentos internacionales, regionales y nacionales hacen de la familia y el hogar en el bienestar de las personas de edad, los avances de la implementación de la política nacional de envejecimiento y vejez tienen grandes desafíos respecto de la formación y consolidación de redes de apoyo formal e informal, servicios de atención domiciliaria, programas de uso del tiempo libre, progra mas de voluntariado, programas de apoyo en infraestructura y transporte, entre otros. Al igual que frente al cambio de la influencia que siguen teniendo las bases conceptuales del surgimiento de la institucionalización del envejecimiento, en las que la vejez se en tendía como un estado de carencia que se solucionaba con actos de caridad o solidaridad informal. Esta representación de la vejez como déficit es uno de los principales obstá culos para el avance efectivo de las políticas públicas hacia la garantía de la salud y el bienestar como derecho en una sociedad para todas las edades. Hay una tensión entre las bases conceptuales y acciones de origen con las declaraciones políticas y avances normativos que orientan actualmente la institucionalización del envejecimiento del país.

Avances y tensiones de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez

La reproducción de un enfoque asistencialista, junto con la escasa articulación y coordi nación entre las políticas e instituciones, las limitaciones presupuestales, los desiguales avances territoriales, la ausencia de definiciones y los límites en la concurrencia del Estado, la sociedad civil y la familia para la protección social de las personas de edad, la ausencia de definiciones y acciones para el fomento de solidaridades formales e infor males y la escasa oferta de servicios sociales de prevención son parte de los aspectos que retrasan el avance del proceso de institucionalización del envejecimiento en el país. Sin embargo, son varios los esfuerzos y avances con los que cuenta el país, aunque la fuerza del asistencialismo y la mirada deficitaria de la vejez son los principales orientadores del proceso de institucionalización del envejecimiento humano y vejez en el país. Es necesario reconocer los avances y esfuerzos que se están haciendo para cambiar la dirección del proceso hacia las actuales declaraciones políticas internacionales, regionales y nacionales.

Hasta el momento, los servicios que concretan las acciones de dicha política en la vida cotidiana de los colombianos son los Centros Día y los Centro de Protección, así como los subsidios económicos de alimentación y aporte en pensión. Ambos dirigidos a la población vulnerable, no a toda porque depende de los cupos que tengan disponi bles los programas. Esto varía en cada territorio del país, según los recursos, el posicionamiento del tema en las agendas políticas y su inclusión en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Los mayores avances de la implementación de esta política se observan en Bogotá.¹³ Los servicios se prestan a partir del Proyecto 742:

Su objetivo es contribuir a la reducción de la discriminación por edad y la segregación socioeconómica de las personas mayores en la ciudad, mediante la implementación de estrategias de gestión transectorial, atención integral, desarrollo de capacidades y poten cialidades, transformación de imaginarios y prácticas adversas sobre el envejecimiento, así como la ampliación y fortalecimiento de la participación con incidencia de esta población. (Informe medición de satisfacción de la ciudadanía Proyecto 742 “Atención Integral a Per sonas Mayores: disminuyendo la segregación y discriminación socioeconómica” Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Día)

Según las entrevistas realizadas a algunos de los coordinadores -líderes- del pro yecto en distintas localidades de Bogotá, donde se encuentra uno de los mayores avances del proceso de implementación de esta política a nivel nacional, que se desarrolla en continuidad con los servicios que se vienen prestando desde las administraciones ante riores. En este sentido, la política registra la continuidad de los subsidios, Centros Día, Centros Noche¹⁴ y Centros de Protección, que han sido la forma de atender históricamente a esta población (^{Jaramillo y Forero, 2015}).

Estos servicios llevan un proceso administrativo de ingreso similar en todas las localidades de Bogotá. Actualmente, los ofrecidos y encargados de operacionalizar la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) son el Servicio de Apoyo Económico, Centros Día, Cetros Noche y Centros de Protección. Todos los servicios se encuentran vinculados por un enfoque de desarrollo humano que busca ir más allá de la asistencia que brindan los servicios y contribuir en el desarrollo y for talecimiento de las capacidades y potencialidades relacionadas con la participación, la incidencia, el cuidado, las redes sociales y familiares de la personas mayores (Informe medición de satisfacción de la ciudadanía Proyecto 742 “Atención Integral a Personas Mayores: disminuyendo la segregación y discriminación socioeconómica” Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Día).

El Servicio de Apoyo Económico es el que tiene una mayor trayectoria y reconoci miento social; aunque la población objetivo son todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, existen unos criterios de priorización,¹⁵ como que vivan en la localidad y tengan condiciones de vida precarias. Si cumplen con estos requisitos, ingresan a una lista de espera según los cupos disponibles en el proyecto. En el caso de que la persona re ciba el subsidio, se realiza un seguimiento periódico para revisar su supervivencia y, si sus condiciones de vida han mejorado, se retira el subsidio. Esto también se aplica para las áreas rurales, sin embargo, las distancias y la escasez de recursos para transportarse son obstáculos adicionales para esta población.

La generación de recursos para el subsidio económico no es una responsabilidad exclusiva de la Secretaría Distrital de Integración Social, sino que también depende de las alcaldías locales y de la Presidencia. Para Bogotá, hay tres tipos de subsidios: dos provie nen de fondos del Distrito y las localidades y uno de la nación (^{Jaramillo y Forero, 2015}).

El subsidio D, que es un subsidio que es de la Nación. Eso lo maneja Prosperidad Social de Presidencia de la República, desde el programa “Colombia Mayor”.¹⁶ Se encuentra en toda la nación, es entrega de dinero en efectivo por un monto de $150,000 pesos, cada dos meses en todo el territorio nacional y tiene unas características, que hace que a ese subsidio, entren las personas más vulnerables. Para acceder, la persona tiene que tener Sisben inferior a 39 puntos. Esto quiere decir que si la persona no tiene el último Sisben, no podemos hacer nada para priorizar. Tener un Sisben de 39 puntos, significa que no tienen electrodomésticos, que comparten cocina, comparten baño, la situación habitacional no es buena. Si son las personas más vulnerables, se les está dando menos plata. Porque eran $150,000 pesos cada dos meses. Entonces lo que el Distrito hizo fue colocar una inyección de dinero, para que quedara igualado a los otros dos subsidios. Entonces a ellos se les dan $240,000 pesos cada dos meses. Sin embargo, esos subsidios no son vitalicios, eso depende de las condiciones de la persona. Por eso es tan importante el seguimiento.

Nosotros entregamos subsidios y no soltamos a la persona ahí. Estamos permanentemente mirando cuál es la situación de ese adulto mayor, y si sigue ameritando la entrega de esos recursos. (^{Jaramillo y Forero, 2015}, p. 304)

El único programa nacional es Colombia Mayor, desafortunadamente el subsidio es muy pequeñito, empezó en 150 000, y ya va en 75 000. Se supone que esos recursos solo van para personas que tengan más edad y no tengan redes de apoyo, propiedades o ingresos. (Anónimo 2, conversación personal, 2015)

El tipo de subsidio y su monto depende de los recursos adicionales que invier tan las autoridades departamentales, municipales y locales. Es una combinación entre los lineamientos de la nación, los municipios y las autoridades locales, aunque tanto el monto básico que aporta la nación como el mecanismo de entrega es igual en toda las localidades del país (Colombia Mayor Consorcio 2013).

La principal estrategia que se ha implementado en Bogotá para superar la tendencia asistencialista de los servicios sociales que operacionalizan esta política es la inclu sión del enfoque de desarrollo humano en los servicios. Esto se hace a partir de talleres de capacitación, que tienen como propósito ofrecer nueva información a las personas de edad para que progresivamente vayan haciendo uso de las rutas de acción que tienen para ejercer sus derechos y convertirse en ciudadanos activos con autonomía política y social (^{Jaramillo y Forero, 2015}).

A nivel nacional, también se están haciendo esfuerzos por superar la lógica asistencialista y orientar la implementación de la política hacia el enfoque de derechos y desarrollo humano. En este sentido, se está avanzando en los diálogos entre distintas políticas que involucran a la población de edad, pero que actúan de forma fragmentada, lo que dispersa los recursos y reduce la influencia que estas en conjunto pueden tener en la mejora de las condiciones de vida de las personas de edad y sus familias. Las po líticas que, inicialmente, se están revisando para articular con la de envejecimiento son familias, discapacidad y habitanza de calle.

El ejercicio que se intentó hacer con la actualización de la política fue mirar otras políticas, como la de familias, porque ya no es un solo tipo de familia, sino que son diversas familias. También la de discapacidad y la de habitanza en calle. Se están mirando todas las políticas que hay en este momento a nivel nacional, para que unas con otras se conversen. Con la política de familias, se ha tenido una mayor receptividad, porque se comprende que el envejecimiento y la vejez es un proceso, que se puede trabajar con los grupos familiares. Entonces el tema de familias ayuda como una red de apoyo fuerte. La dificultad es que las políticas no se conversan. En las políticas de niñez, de juventud, de adultez a nivel nacional, no hay nada de envejecimiento y vejez. Entonces queda un vacío. La idea es que estas políticas también se contemplen como curso de vida, no solo como una etapa pun tual, de la que sale la persona, y queda sin acciones, sin rutas de acceso para el ejercicio de sus derechos. La idea es que esas políticas también tengan una corresponsabilidad, una unión entre ellas. (Anónimo 2, Comunicación personal, 2015)

Falta la articulación, por ejemplo, con la política Cero a Siempre. La política de envejecimiento humano, como se va a llamar ahora, y vejez, debería estar muy articulada con eso de Cero a Siempre, con familias, con género, con desastres, con todo, porque es que nos incluye a los seres humanos, y ¿dónde no está el ser humano? (Anónimo 3, conversación personal, 2015)

Una forma de avanzar en la socialización e implementación de la política han sido los Encuentros Nación Territorio, que son sesiones que se realizan en el Ministerio [de Sa lud y la Protección Social], desde 2013, de forma virtual, una vez al mes. Se elabora una programación anual de temáticas generales. La familia es uno de los temas que se han presentado en estos encuentros, en un intento por acercar las políticas de envejecimiento y vejez con la de familias.

Se trabaja con envejecimiento y vejez y familias, se quería incluir otras temáticas, pero la política de discapacidad tiene otro ritmo y habitanza en calle también [...] Es importante tratar de hacer un solo encuentro de todas las políticas, no tantos encuentros virtuales, porque en las entidades territoriales, por lo general, los referentes de las distintas políticas son las mismas personas que en el departamento se encargan de adultos mayores, disca pacidad, el SIGER, SISPRO, salud pública, ellos atienden muchísimas cosas. Entonces en las entidades territoriales los profesionales están cargados con las temáticas [.], se trata, por lo menos en este año, de hacerlo con familias. Vienen personas de todo, Bogotá, Chía, varios municipios de Cundinamarca que pertenecen a los consejos, como es el caso del distrito o consejos de localidades, instituciones que brindan apoyo a personas mayores, instituciones que trabajan con personas mayores, hemos tenido muy buena participación del SENA, sus estudiantes están trabajando aspectos de salud o cuidados [.] Como no todas las personas pueden acercarse a Bogotá, lo que permite la plataforma es el acceso por medio de un link y se conectan. Las sesiones quedan grabadas, entonces las pueden consultar en la página. Están publicadas las presentaciones y memorias de 2013 y 2014, también las de este año. Siempre se hacen en el mismo horario, para que a las personas no se les olvide, eso como que ha calado y ayuda, en el último encuentro llegaron alrededor de 140 personas. (Anónimo 2, conversación personal, 2015)

La territorialización de la política nacional es una de las prioridades para el avance de su implementación. A partir de ella, es que se pueden establecer proyectos y programas, adecuados a las particularidades locales, que permitan desarrollar las líneas de acción de la política. El Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado de brindar asisten cia técnica a los departamentos y orientar las líneas de acción, ya que son rectores de la política. Para esto brindan capacitaciones a las entidades territoriales, en especial a las secretarías de salud, por ser los pares directos en los departamentos. Los recursos no se pueden asignar a otras instituciones, aunque trabajen el tema de envejecimiento y vejez. Estos se asignan con unos lineamientos específicos, orientados hacia el cambio de las men talidades respecto al envejecimiento y la vejez. Cada vez más, se intenta que ese cambio de mentalidad se relacione con proyectos y programas que brinden herramientas a las personas mayores para contribuir a su independencia y autonomía, y menos con activi dades de corto plazo o asistencialistas. Sin embargo, los limitados recursos que tienen los municipios se convierten en un obstáculo para poner las contrapartidas necesarias, tanto económicas como en equipo de trabajo, para desarrollar iniciativas de amplio alcance. Además, la no inclusión del envejecimiento y la vejez en los planes de desarrollo y orde namiento territorial limita las oportunidades de inversión y avance. La implementación de la política depende en gran medida de las prioridades que tengan los municipios y de su comprensión acerca del proceso de envejecimiento demográfico y su impacto en el desarrollo territorial. (Anónimo 1, conversación personal, 2015)

La idea es cambiar, un poco, la mentalidad de las personas. Que no sean dependientes, sino que en realidad les den herramientas que sí les vayan a servir para toda su vida in dependiente. Los lineamientos de la política tienen unas líneas de acción específicas. La idea es que las entidades territoriales puedan colocar las contrapartidas, que casi siempre son muy limitadas. Casi no tienen recursos para desarrollar estos temas. (Anónimo 2, conversación personal, 2015)

La dificultad es que las entidades territoriales, o las mismas personas mayores, o las insti tuciones, no han tenido la tarea de revisar el documento de la actualización de la política, el ejercicio de mirar si eso aplica o no. Porque por decir, en las ciudades capitales de los departamentos, es fácil aplicarla, pero hay unas coyunturas particulares en las partes mu nicipales, en la parte rural, y con todo el tema ahora del proceso de paz. Hay que trabajar con diferentes tipos de población, que cambia según los territorios. Esos son ejercicios necesarios, ahora vienen los planes de desarrollo, y si las temáticas no quedan incorpo radas en ellos, la política no va a tener fuerza vinculante para su realización. De todas formas, uno de los ejercicios más importantes es que las personas, la sociedad en general, las instituciones que trabajan con personas mayores, conozcan los documentos y hagan observaciones. (Anónimo 2. Conversación personal, 2015)

Se necesita que los departamentos tengan un diagnóstico. Saber cuántas personas mayores hay, cuántos son hombres, mujeres, cuántos en la zona rural y en las cabeceras municipales. Identificar la problemática, ellos mismos, cuáles son sus necesidades. Ahí salen muchas temá ticas, y cuando se les pide volver eso en positivo, y buscar las soluciones, ahí hay un cuello de botella. Porque identifican el problema, pero no saben cómo solucionarlo. No saben dónde ir a plantear la queja y dónde buscar la solución. El reto es responder a esas necesidades. Hace tres años se presentó un caso. Vinieron de un municipio, muy preocupados, porque tenían varios casos de personas adultas mayores que se estaban muriendo por hambre. Entonces el alcalde en su momento, buscando, no una solución asistencial, propuso un proyecto, muy bien elaborado, en el que consiguió lotes baldíos, tierra y semillas, y con otras entidades, empezaron a sembrar. El trabajo más pesado lo hacían personas adultas, se pagaba, tenían cuantificado en el proyecto lo que se iba a pagar. El trabajo más liviano lo hacían, inclusive, las personas mayores. Utilizaban productos orgánicos, los productos que no se consumieran ahí, y los vendían en las instituciones que trabajan con personas mayores. Entonces había como una corresponsabilidad. Creo que esos programas tienen que ser a largo plazo. Otro ejemplo interesante es una empresa del sector privado, tiene algunos proyectos productivos. En algún momento tuvimos el acercamiento con dos departamentos, que tienen un trabajo con personas mayores que trabajan el tejido de los sombreros. Los que tejen son personas mayores y la empresa los asesora. (Anónimo 2, conversación personal, 2015)

Los procesos de territorialización e implementación de la Política Nacional de En vejecimiento Humano y Vejez enfrentan distintos obstáculos asociados, por una parte, a las condiciones sociales y económicas desiguales del país, que se reflejan en una alta participación laboral en el mercado informal; y por otra, al escaso desarrollo institucional que se expresa en la baja cobertura de seguridad social, que no supera a una cuarta parte de la población de edad. En este contexto, se aumentan los riesgos de que los efectos negativos del envejecimiento se agudicen, no solo para las personas mayores, sino para sus familias, en especial para las mujeres. Los asuntos que se muestran como prioritarios para superar los obstáculos mencionados se relacionan en especial con tres aspectos: 1) autonomía, 2) solidaridad formal e informal y 3) igualdad.

El primero se asocia con la capacidad de tomar decisiones independientes de los deseos de los demás, tanto en la vida privada como en la pública. Decisiones fundamen tadas en los motivos y razones personales, así como en las condiciones para realizar y materializarlas, asumiendo sus responsabilidades y consecuencias. Esta capacidad para decidir se puede desarrollar cuando hay ausencia de coacción externa, se dispone de los recursos materiales y no materiales necesarios y se tiene un respaldo normativo y social que facilite el desarrollo de la decisión. Este respaldo social está relacionado con las representaciones sociales de la vejez. Actualmente, la vejez es sinónimo de carencia, deterioro e inutilidad. Todos con un sentido de discriminación, que ubica a la población anciana en una condición de desigualdad y dependencia, que distorsiona la realidad y diversidad de la vejez contemporánea. Además, la equivalencia que se hace entre enve jecimiento y vejez contribuye al significado de creer que las otras edades se encuentran a salvo de tal situación deficitaria.

Yo he estado trabajando los últimos años en los estereotipos, porque me preocupa que esos imaginarios sesgan completamente. Si tienes el imaginario de pobrecito, deterioro, qué horror, inservibles, tú vas a trabajar así. Mira que ya tenemos un nuevo síndrome, y yo les dictaba clase a los de una maestría, y les decía que un nuevo síndrome que estamos atendiendo es el de Dorian Grey. Ya tenemos muchas personas mayores que se niegan, y hacen mil maromas… entonces uno ya vuelto miseria, porque además no ha hecho nada en la vida para cuidarse, en eso también estamos trabajando, en lo de que los años no vienen solos... Mientras no trabajemos, no compartamos estereotipos y no hagamos capacitación, yo creo que esto no funciona, puede quedar en el papel muy lindo, pero necesitamos tocar piel, y decirle a la gente, usted es corresponsable con su desarrollo, y con su envejecimiento, y debe modificar esas miradas. Nosotros queremos y tenemos una visión diferente de los viejos que conocemos o son familiares pero de los otros no. “No, mi abuelo sí es chévere, mi abuelo sí es inteligente, mi abuelo no está deteriorado pero los otros quién sabe”. (Anónimo 3, conversación personal, 2015)

Estos prejuicios respecto de la edad constituyen el primer y principal obstáculo en cuanto a la creación de condiciones de posibilidad para que tanto las personas de edad como las de otras edades transformen los significados y sentidos tradicional mente asociados a la vejez. En este sentido, la formación de la autonomía no se pue de limitar a la población de edad, porque tiene que ver con un aprendizaje que se hace a lo largo de la vida, y que no es individual, sino colectivo, incluye todas las interrelaciones que se tienen con los distintos grupos sociales (familia, amigos, vecinos, etc.). Esto se encuentra vinculado al enfoque de curso de vida y envejecimiento activo, en el que el bienestar de la vejez está condicionado por los aprendizajes que se han hecho a lo largo de la vida, así como por las oportunidades que la sociedad ha ofrecido en relación con la educación, el trabajo y las redes de apoyo, las cuales se acumulan en la trayectoria personal y condicionan la experiencia continua de envejecimiento y la vivencia de la vejez.

Bueno, yo creo que básicamente para poder desarrollar el tema de envejecimiento activo es necesario considerar las disposiciones particulares del ser humano para que se pueda desarrollar como lo considere individualmente. En las ciudades, se contempla como de sarrollo hacer ciertas actividades intelectuales, físicas, laborales, profesionales; pero, en otras lugares, de pronto lo que importa es transmitir y apoyarse comunitariamente, por ejemplo, con los temas de las etnias y comunidades afro. No a todos nos llama la atención lo mismo. Depende del entorno donde se desarrolle ese ser humano, entonces, ahí sí depende de todas las posibilidades. Eso va muy ligado como a un equilibrio, no solo lo que perciba mos, no solo las acciones físicas, intelectuales, sino también una alimentación equilibrada, de ciertos hábitos saludables que van a potencializar y favorecer cierto bienestar del ser humano. (Anónimo 2, conversación personal, 2015)

La toma de decisiones con independencia requiere que el sujeto desarrolle un cono cimiento sobre su propio proceso de envejecimiento físico y mental como ser humano, el cual se construye a partir de la información y las experiencias que cada persona va teniendo en su trayectoria de vida, y que orientan su comportamiento. Estas experiencias se encuentran interrelacionadas con las condiciones sociales en las que se desenvuelve el sujeto. Dependiendo de esas relaciones entre el sujeto y su ambiente, se pueden de sarrollar comportamientos conscientes del propio organismo, y de su relación con los estados de bienestar o malestar. El conocimiento acerca de la influencia que tienen los hábitos de alimentación, sueño, ejercicio y relaciones sociales satisfactorias en la calidad de vida de las personas puede crear condiciones de autorregulación que favo rezcan el proceso de envejecimiento. Estos aspectos han sido estudiados y se consideran centrales para el bienestar de las personas a lo largo de la vida, pero en especial en la vejez (^{Buettner, 2016}). Estas decisiones no son hábitos voluntarios individuales, sino que dependen en gran parte del ambiente social en el que se desenvuelva la vida de la persona. La oferta de condiciones saludables para las personas es un asunto que le corresponde a la sociedad en su conjunto, en especial al mercado y las instituciones, ya que son los principales productores de bienes y servicios de consumo. La familia, las comunidades y los sistemas educativos tienen una gran influencia en la formación de la conciencia sobre el propio funcionamiento biológico y social del cuerpo. Estos entornos pueden ofrecer las condiciones para que los sujetos desarrollen distintas ca pacidades que les den la posibilidad de construir una valoración de ellos mismos y de los otros. La construcción de una valoración respecto de sí mismo tiene que ver con el reconocimiento, la expresión y la valoración de las emociones, así como con la capaci dad de razonar y establecer una distancia que facilite la acción de escuchar y realizar acuerdos. La autonomía requiere que los sujetos puedan sentir, analizar y evaluar sus circunstancias, con el fin de elaborar criterios y argumentos que orienten su acción frente a las distintas circunstancias de su vida y resolver sus problemas. Las emociones y el razonamiento son un continuo en el sujeto, que, dependiendo de las condiciones en las que se construye, varía su influencia en el comportamiento. Un sujeto autónomo en su vejez es un sujeto que lo ha aprendido a lo largo de su vida, porque las condiciones de su existencia lo han permitido, ha aprendido a tomar decisiones ajenas a los deseos de los demás, orientadas por ambientes sociales que favorecen su autodeterminación. En la medida en que este aprendizaje no se produzca en los momentos tempranos de la vida, se hace más difícil que la persona pueda ser autónoma, tomando decisiones y resolviendo sus problemas. Y si su entorno social y normativo no ha desarrollado condiciones para la realización de la autonomía, es todavía más difícil pretender que los ancianos sean autónomos. En este momento, el país no cuenta con las condiciones para la autonomía en la vejez. La implementación de la política está comenzando, los marcos normativos no son suficientes para garantizar los derechos económicos, como es el caso de la pensión, los servicios que se ofrecen en este momento son asistenciales, la formación educativa de la gran mayoría de las personas mayores es baja y las representaciones sociales de la vejez se relacionan con los significados de dependencia y carencia.

Parte de las condiciones necesarias para el ejercicio de la autonomía en la vejez son la solidaridad formal e informal. La primera se refiere a las acciones del Gobierno y del sector privado y la segunda a las que provienen de la familia, los amigos, los vecinos, la comunidad en general. Esta última es la que se ha dado de forma tradicional, en especial en las familias, que se funda en los lazos de consanguinidad. Es la que históricamente ha sostenido las redes familiares y, en ellas, a las personas de edad. Sin embargo, los cambios sociales del siglo XX transformaron las condiciones en las que se daba este tipo de solidaridad, en especial en el paso del campo a la ciudad, en la división de lo doméstico y lo productivo y en la significativa reducción del tamaño de las familias. De esta forma, el rol de las instituciones públicas y privadas ha sido cada vez más importante para que las familias, pero en especial los niños y viejos, puedan tener una protección social e integral. Las generaciones viejas hoy no tuvieron históricamente acceso a la protección social institucional pública, que empezó en la segunda mitad del siglo XX. Además, las condiciones de formalización del trabajo para estas generaciones fueron muy limitadas, lo que se refleja en la baja cotización que hicieron al sistema pensional.

En este sentido, los viejos de hoy viven una situación que es producto de transfor maciones generales de la sociedad, y que es injusta, en la medida en que no les permite acceder a una seguridad social y económica que no acumularon porque las condiciones no lo permitían, más allá de su voluntad de ahorro y previsión. La familia y las genera ciones de adultos y jóvenes están compensando la inseguridad económica y social de las condiciones históricas en las que se desenvolvieron las generaciones que hoy son viejas. Existe una sobrecarga para las familias de las personas de edad, y para ellos mismos que siguen trabajando a fin de sostener o aportar al hogar. Esta presión no encuentra una solidaridad formal o estructurada por parte de las instituciones públicas y privadas. Los instrumentos internacionales, regionales y nacionales mencionan en repetidas veces la importancia de que las personas de edad cuenten con solidaridades formales e informales, pero no se precisa el contenido de cada una, ni se establecen lí mites o responsabilidades particulares que se relacionen entre ellas para actuar en concordancia con el mandato institucional y con la política, en las que se declara que existe una corresponsabilidad por parte del Estado, la sociedad civil y la familia. De igual forma, tampoco se encuentra en los deberes del Estado y la sociedad civil la obligación que tienen de ser solidarios con la familia, pero sí se les exige a la familia y a la persona mayor cumplir con una serie de deberes que garanticen la calidad de vida individual y colectiva. Esto termina por reproducir el escenario tradicional de la protección social, pero aumentando los efectos negativos del envejecimiento, en la medida en que las fa milias tienen menos personas y deben responder a demandas laborales y personales, que reducen significativamente la posibilidad de quedarse en el hogar cuidando a los otros integrantes. Además, quienes se quedan en el hogar cuidando a niños y ancianos luego son castigados por la sociedad porque no generaron unas condiciones de ingreso eco nómico que les permitiera cotizar para la pensión. Esto se aplica para las generaciones hoy viejas, pero para las generaciones en edades productivas que se encuentran enveje ciendo el problema es más complejo, puesto que la oferta de educación y trabajo sigue teniendo dificultades para garantizar al total de la población su derecho a la educación y el trabajo. Además, las representaciones sociales en torno a la cotización para salud y pensión se asocian a una desconfianza con las instituciones del Estado y el sector privado y al sentimiento de negación del envejecimiento, los riesgos de salud y la vejez.

Sin embargo, para el tema de seguridad social e integral, la informalidad es una de las cosas que mata al país, porque son muy pocos realmente los que sustentan la población de de pendencia, que son los menores de 15 años que deben estar estudiando, y los mayores de 60 porque ya no están en la parte productiva, pueden estar generando ingresos pero ya no tienen que sostener a otros, aunque eso es relativo, porque aquí muchas de las personas mayores que tienen pensiones sostienen a los hijos desempleados o se dedican al cuidado de los nietos. (Anónimo 1, conversación personal, 2015)

Esto sí es histórico, es que la informalidad en Colombia afecta el tema de las pensio nes. Por eso es que en este momento hay un gran esfuerzo por aumentar la cobertura de pensiones para las personas que trabajan en transporte, salones de belleza, los que tienen arrendamientos y no aportan al sistema... es que la gente piensa que nunca llega a ser viejo. Porque la gente dice: “Ay, no, yo empiezo a aportar cuando tenga 40 años”. Cuando tenga 40, ya va a ser demasiado tarde porque usted nunca sabe. se montó en una bicicleta y quedó con un traumatismo craneoencefálico y quedo cuadripléjico. ¿Quién lo va a mantener? Y si en su casa nadie aportaba, entonces es muy difícil, es que uno tiene que pensar que la vida no es que usted se muera a los 80 años, hay un promedio, una esperanza de vida, pero usted puede tener situaciones de dependencia antes. ¿O cuándo se muere uno? Hay gente que muere al año de nacido, porque la muerte es el cualquier momento, entonces estar en el Sistema de Seguridad Social desde un principio es fundamental. Es como otra gente que dice: “No, yo soy independiente, por consiguiente, yo no aporto sino solo el mínimo”. Pero cuando llegan ya a la edad y quieren aportar ya no pueden, solo un poco más para que la pensión le salga mejor. Ya no puede porque ahora le sale el promedio de pensión por los diez últimos años, no el último año que se afilie. Entonces no hay conciencia, pienso que falta más presión e información por parte del Estado para que la gente mire la importancia de estar en un sistema de seguridad social. (Anónimo, 1. Conversación personal, 2015)

La solidaridad formal, actualmente, se resuelve con subsidios. Para el caso de la vejez, el programa Colombia Mayor es la forma más concreta de solidaridad formal con los ancianos. El subsidio varía entre 45 000 y 75 000 pesos cada dos meses. Sin embargo, frente a la imposibilidad de garantizar la seguridad económica de las personas de edad, mediante su derecho a una pensión, se propone una acción orientada hacia la cultura y la valoración de las inversiones en las condiciones no materiales de las personas de edad, una mirada que integre los distintos esfuerzos que se hacen desde los proyectos y programas sociales.

La del subsidio trasciende todas las acciones que se están haciendo complementarias a lo de Colombia Mayor, como el desarrollo del cultura con danzas, juegos tradicionales, instrumentos. También están los Centros Vida y los Clubes de Personas Mayores. Unos se llaman Consejos Distritales, otros se llaman Consejos de Sabios, otros se llaman Co mités de Adulto Mayor, varía, y el tema de la participación está ahí y ellos definen lo que quieren hacer. Porque una persona que recibe el subsidio puede estar haciendo planes de pintura o un proyecto de generación de ingresos, como los impulsa el Ministerio de Agricultura. Entonces el tema de subsidio lo critica todo el mundo y ¿quiénes lo critican? ¿Los jóvenes o las familias que no reciben ningún subsidio? Pero para la persona mayor que solo recibe 150 000 pesos, que jamás los ha tenido, es la bendición de Dios, porque es algo que dignifica, el recibir una plata después de viejo, después de que aportó a la sociedad, después de que trabajó el campo. ¿Qué no tengan derecho de recibir nada? Me parece que son dignos de recibir algo. Y hay un derecho fundamental, que es el derecho a ser asistido, cuando usted no tiene las capacidades. Cuando usted no tiene dentro de su vida trabajo, pero nadie le habló que era importante desde joven empezar a aportarle a un sistema de seguridad social y nunca le aportó, y cuando quiso hacerlo, cuando llegó a viejo: “¿Y cómo hago para pensionarme?”. No, usted ya no se puede pensionar porque usted nunca aportó, entonces llegar a viejo y dependiendo de si alguien me quiere regalar un peso. Es terrible. en cambio, el derecho a un ingreso mínimo, que es el subsidio. (Anónimo 1. Conversación personal, 2015)

La realidad del país es que hay muchas desigualdades y mucha pobreza. A veces el subsidio es el que sirve para comprar lo básico de alimentación, porque esa persona mayor vive con muchos familiares, hay niños y mujeres, y las personas con las que vive esta persona adulta mayor trabajan al diario y hay una inestabilidad laboral. Tanto que a veces las fa milias mismas dicen: “Es que no estoy trabajando, no tengo con qué”, entonces también uno ve que no es porque las familias no lo quieran hacer, sino que el tema laboral en el país es bastante complejo. Esto ya hemos visto son los roces intergeneracionales por las po cas oportunidades que hay para los jóvenes, para los adultos y, pues, oportunidades para personas adultas mayores no. Un tema de los estereotipos es que tú trabajas en ciertos cargos hasta que tengas cierta edad y, si son en ciertos medios, tú tienes que estar bien o si no tú ya pasaste, ya no puedes acceder a ciertos trabajos porque es que tú tienes más edad. Entonces, se necesitan como mayores posibilidades para generar ingresos a las personas, porque también lo que vemos es que hay mucha inestabilidad laboral, ya tú no tienes un trabajo estable en donde te paguen prestaciones, seguridad social. (Anónimo 2, comuni cación personal, 2015)

La sobrecarga de la familia, que es la expresión concreta de la ausencia de la soli daridad formal, trae nuevos problemas relacionados con las desigualdades sociales y económicas entre sus integrantes. Por una parte, los asuntos del cuidado, ¿quién cuida? La reducción de la familia, junto con el cambio de roles de las mujeres y las personas mayores, han desestructurado las formas tradicionales de asistencia a las personas de edad. Sin embargo, siguen siendo las mujeres las que en su mayoría asumen las responsabilidades domésticas y de cuidado. Ambas labores las enfrentan sin tener unos programas sociales domiciliarios que compensen la participación y colaboración de otras personas en el mantenimiento del hogar y el cuidado de una persona mayor dependiente. Ambas labores son de tiempo completo, la persona que cuida, por lo gene ral, debe dejar de hacer otras actividades como estudiar o trabajar, es decir, debe dejar de lado su propia realización. Esto hace que el cuidador se ubique en un lugar desigual en relación con las personas de su edad que pueden estudiar y trabajar para desarro llar sus capacidades y avanzar hacia su realización personal. Estas desigualdades no solo se reflejan en altos niveles de frustración y cansancio, que pueden terminar en enfermedad, sino que van disminuyendo la calidad de vida, tanto del que cuida como del que es cuidado. Por lo general, la persona dependiente tampoco se siente cómoda con esa relación, para ambas partes es un proceso difícil que requiere apoyo del Estado, mediante programas de acompañamiento psicosocial y económico, que brinde herra mientas a los integrantes de la familia para que puedan afrontar de la mejor manera los procesos de envejecimiento y enfermedad. Hasta el momento, la única atención domiciliaria que se brinda es de salud, en casos de emergencia o de cuidados paliativos.

Esto ya se encuentra en los documentos de las entidades prestadoras de salud (EPS). Sin embargo, su aplicación enfrenta los problemas de personal y recursos económicos que estas tienen. No existen servicios sociales de acompañamiento y apoyo. Tampoco programas de voluntariado que fortalezcan las redes de apoyo de la persona de edad y su familia. “La mayoría de las personas adultas mayores son mujeres, y mucho de los roles y toda la carga que no se paga pero que sí se ve, y se necesita como el tema de cuidado, lo ejercen las mujeres” (Anónimo 2, conversación personal, 2015).

No son muchos los ancianos que cuentan con facilidades para que los acompañen a pedir una cita o que tengan la capacidad de hacer largas filas o de desplazarse de un lugar a otro para poder cumplir con los absurdos requisitos y requerimientos de las EPS. No son pocos los casos en los cuales el anciano requerirá tratamientos domici liarios, y el sistema, una vez más, no está preparado para atender ágilmente este tipo de necesidades. Estos vacíos en los servicios de salud y la falta de infraestructura para atender a los ancianos acarrean consecuencias que terminan vulnerando los derechos de otros miembros de la sociedad y modificando la dinámica natural de esta. En muchas ocasiones, la responsabilidad que debería asumir el Estado “recae en las familias, que por lo general carecen de capacitación o apoyo para proporcionar la atención necesaria. Esta situación puede requerir que otro miembro de la familia, por lo general una mujer, renuncie a trabajar” (Dangond, 2015).

Según el censo de 2005, el 99 % de las personas mayores de 60 años conviven con su familia, lo que indica que la familia es el principal cuidador de las personas mayores. La de manda por la institucionalización de las personas mayores ha ido en aumento. La política pública debe desincentivar la institucionalización de la persona mayor, la teleasistencia y atención domiciliaria tienden a cobrar mayor relevancia como modalidades de atención que promueven la autonomía personal. (Anónimo 3, conversación personal, 2015)

Las desigualdades en la familia se reflejan en el aumento de conflictos y tensiones entre los integrantes del grupo. El número de casos reportados por violencia intrafami liar hacia las personas mayores en Colombia se ha incrementado en los últimos años, que pasaron de 965 en 2004 a 1651 en 2015. Todos causados por familiares en primer grado de consanguinidad, el 53 % mujeres y el 47 % hombres (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2017).

Ahora, hay un tipo de violencia que no se ve únicamente que es la agresión física, sino que es también la violencia económica cuando la persona mayor le cobran la pensión, o no le dan los recursos para su sostenimiento o simplemente se le deja marginado de acceder a cualquier tipo de ayuda económica, y otro tipo de violencia es cuando definitivamente se le hace fuera. tiempo fuera en la toma de decisiones, no se deja participar a la persona mayor en la toma de decisiones; pero eso no se visibiliza aunque sabemos que existe y sucede en muchas de las familias. (Anónimo 4, 2015)

La autonomía, la solidaridad formal e informal y la igualdad hacen parte de los principios y valores de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que son centrales para garantizar el bienestar, tanto de las personas mayores como de los in tegrantes de sus hogares. Sin embargo, su ausencia en los deberes relacionados con la concurrencia y las responsabilidades del Estado y la sociedad civil, así como en las acciones y los servicios específicos no permite que se creen las condiciones rea les para garantizar los derechos tanto de las personas de edad como de sus familias. A la familia se le sigue exigiendo que reproduzca su función tradicional de atención y cuidado, sin considerar los cambios en sus condiciones de posibilidad para hacerlo. Esto no facilita la creación de marcos normativos y programas sociales que tengan como objetivo la promoción de la solidaridad estructurada desde las instituciones pú blicas. Aunque no aparece en la política y sus programas, el derecho de la familia a ser apoyada por el Estado y la sociedad se declara en la Ley 1315/2009, de 13 de julio, la cual tiene el propósito de garantizar el desarrollo integral de la familia y establecer las disposiciones para la construcción de una política pública para la familia. Sin una solidaridad estructurada y garantizada por las instituciones públicas, la autonomía y la igualdad se quedan solo como referentes ideales de la acción.

Finalmente, a pesar de los esfuerzos y avances en la institucionalización del en vejecimiento y la vejez en el país, la ausencia de definición de las responsabilidades concretas del Estado y la sociedad civil en relación con la infraestructura de solidaridad formal e informal se refleja en la carencia de programas específicos orientados hacia la formación de redes comunitarias e institucionales que favorezcan las distintas formas de organización residencial desde la autonomía y la equidad intergeneracio nal. Según la World Values Survey (2012), en Colombia, la mayoría de las personas consideran que la independencia, la determinación, la perseverancia y la imaginación no son cualidades que se puedan promover en los niños desde el hogar, en contraste con la fe religiosa. Esto refleja las tensiones que existen entre la reproducción de valores orientados hacia las formas solidarias y familiares tradicionales y la emergencia de condiciones que requieren valores orientados hacia la autonomía y la formación de so lidaridades que trasciendan la relación biológica de parentesco, en la búsqueda de ambientes comunitarios que favorezcan tanto a los que tienen amplias redes de apoyo familiar como a los que no cuentan con ese soporte, pero que también hacen parte de la sociedad, en una perspectiva de derechos.