La Cooperativa de Consumo de Bogotá. Una iniciativa pública para el abastecimiento masivo en Bogotá (1942-1962)

Consume cooperatives in Bogota, a public massive supply initiative in the City (1942-1962)

Cooperativa de Consumo de Bogotá. Iniciativa pública para o abastecimento massivo em Bogotá (1942-1962)

Adrián Serna Dimas

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Magister en Sociologia Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Profesor asociado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: aeserna@udistrital.edu.co

El presente artículo se desprende del proyecto de investigación Ciudadanía y consumo: mundo público, mercado de bienes y ciudadanía en Colombia, Bogotá 1930-2000, financiada por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Fecha de recepción: 20 de marzo de 2012, Fecha de evaluación: 27 de marzo de 2012, Fecha de aprobación: 5 de mayo de 2012

Cómo citar este artículo

Serna Dimas, Adrián. "La Cooperativa de Consumo de Bogotá. Una iniciativa pública para el abastecimiento masivo en Bogotá (1942-1962)". Memoria y sociedad 16, no. 33 (2012): 209-223.

Resumen

El artículo recoge la historia de la Cooperativa de Consumo de Bogotá, una entidad con participación del municipio establecida en 1942 con la pretensión de abastecer masivamente la ciudad de Bogotá. No obstante, desde sus orígenes la Cooperativa quedó expuesta a la fragilidad de las políticas de abastecimiento, a la ineficiencia burocrática, a una intensa competencia comercial y a las confrontaciones políticas, lo que condujo a su liquidación en 1962. La investigación persigue dilucidar el papel del consumo en la construcción del mundo público urbano: su incidencia en los modos de relación entre los ciudadanos, en la configuración de ciertas asociaciones de la sociedad civil y en el establecimiento de una institucionalidad pública destinada a regular el comercio de bienes y servicios.

Palabras clave: Lugares comerciales, prácticas de consumo, ciudadanía

Palabras clave descriptor: Espacio público, ciudadanía, comportamiento del consumidor, competencia económica, Bogotá (Colombia)

Abstract

The article collects the history of Consume Cooperatives in Bogotá, entities with municipal participation that were established in 1942 in order to supply the city massively. Nevertheless, from its origins the Cooperative shows its fragile policy of suppliers, the inefficiency of bureaucracy, an intense commercial competition and political confrontations that lead to its closure in 1962. This present article is part of the investigation: "Citizenship and Consume: Public World, Goods Market and Citizens of Bogotá (1930 — 2000.)" This research was conducted to reveal consumer roles in the creation of an urban public world: Its incidence in the way citizens relate to each other, in creating certain civil associations, and in the establishment of public institutions to regulate goods and services commerce.

Keywords: Commercial sites, consumer tendencies, citizenship

Keywords plus: Public space, citizenship, consumer behavior, economic competition, Bogota (Colombia)

Resumo

O artigo coleta a historia da Cooperativa de Consumo de Bogotá, entidade com participação do município estabelecida em 1942 com a pretensão de abastecer massivamente a cidade. Com tudo, desde as suas origens a Cooperativa ficou exposta à fragilidade das políticas de abastecimento, a ineficiência burocrática, a intensa concorrência comercial e aos confrontos políticos, o que levou à sua liquidação em 1962. O artigo é parte dos resultados da pesquisa "Cidadania e consumo: mundo público, mercado de bens e cidadania em Bogotá (1930-2000)". Esta pesquisa esteve orientada a elucidar o papel do consumo na construção do mundo público urbano: sua incidência nos modos de relacionamento entre os cidadãos, na configuração de certas associações da sociedade civil e no estabelecimento de uma ins-titucionalidade pública destinada a regular o comercio de bens e serviços.

Palavras chave: Locais comerciais, práticas de consumo, cidadania

Palavras descriptivas: Espaço público, cidadania, comportamento do consumidor, competição económica, Bogotá (Colômbia)

Introducción

La relación entre ciudadanía y consumo es una de las cuestiones más complejas en el estudio de la democracia. Se puede afirmar que la complejidad de esta cuestión tiene en sus orígenes el peso de la vieja oposición que escindió a la ciudadanía del consumo; que revistió a la primera como una afirmación de carácter público orientada a la consecución de beneficios colectivos y al segundo como una inclinación de carácter privado orientada a la obtención de beneficios particulares. No obstante, esta vieja oposición, acogida por diferentes modelos ideales para demarcar de manera absoluta los linderos entre el espacio de los ciudadanos y el espacio de los clientes, fue discutida y replanteada desde el surgimiento mismo del capitalismo moderno. Este último puso de manifiesto el carácter difuso y cambiante de los linderos que existen entre el disfrute de derechos y el usufructo de mercancías. Precisamente esto se evidenció con el ascenso y declive de los Estados de bienestar en la segunda mitad del siglo XX: mientras el ascenso de los Estados de bienestar supuso una progresión de derechos que extrajo del mercado diferentes ámbitos de la vida social como el trabajo, la salud y la educación, su declive implicó la transferencia al mercado de estos ámbitos y en consecuencia la contracción de derechos. Las crisis sociales, económicas y políticas derivadas de esta mercantilización expansiva de derechos han convertido la relación entre ciudadanía y consumo en un objeto de especial interés en los estudios de la democracia en el mundo contemporáneo¹.

En América Latina los estudios sobre ciudadanía y consumo han privilegiado la incidencia de los consumos mediáticos, digitales y virtuales en el ejercicio ciudadano, suponiendo que ellos entrañan una democratización inédita de la vida social². La ascendencia de estos estudios ha relegado aquellos que interrogan la incidencia de unos consumos más concretos en el ejercicio de lo ciudadano, como los que comprometen el acceso a productos básicos, a servicios públicos fundamentales o a vivienda y medios de transporte masivo³. Como lo muestran diferentes estudios, estos consumos concretos son fundamentales para la construcción de la democracia y la ciudadanía. Estos no solo entrometen cuestiones estructurales, como las tensiones que suscitan las carencias del espacio económico en el interior del espacio político, sino también cuestiones más cotidianas, como el papel de las instancias comerciales en el modelado del mundo público, la incidencia de instancias como las asociaciones de consumidores en el debate político o los efectos sociales, económicos y políticos de la institucionalidad pública dirigida a regular pesos, medidas, sanidades y precios, entre ellos; su facultad de imponer mecanismos de control y vigilancia en las tramas privadas e íntimas del mundo social⁴.

La investigación "Ciudadanía y consumo: mundo público, mercado de bienes y ciudadanía en Bogotá (1930-2000)" propuso una historia social en capacidad de reconocer las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que han estado en la base tanto de las prácticas de consumo -habitualmente sujetas a las miradas abstractas de la economía- como del ejercicio ciudadano -habitualmente sujeto a las miradas formalistas de la política- en la sociedad urbana bogotana del siglo XX. La investigación realizó una amplia búsqueda documental identificando los modos como los pobladores de la ciudad han accedido en el tiempo a diferentes bienes y servicios, así como los esfuerzos del mercado para masificar mercancías y del Estado para universalizar derechos. Dentro de esta indagación fue posible reconstruir la historia de la Cooperativa de Consumo de Bogotá⁵.

1. Urbanización: desabastecimiento y carestía

En la primera mitad del siglo XX hubo un incremento ostensible en el ritmo de la urbanización de Bogotá; para 1918 la ciudad contaba con 143 994 habitantes, para 1938 con 330.312 y para 1951 con 715.250⁶. El incremento en el ritmo de la urbanización, en especial desde la década del veinte, se tradujo en una creciente absorción de mano de obra cualificada y no cualificada procedente de diferentes regiones del país, en la aparición de un auténtico mercado de trabajo urbano mediado por el salario y en la ampliación de un universo de consumidores dependientes de los comercios de la ciudad. Como consecuencia de esta dinámica, la ciudad quedó expuesta a limitaciones en la oferta agrícola, a periodos de escasez de productos básicos y a constantes escaladas en los precios directos al consumidor. Problemas un tanto más agravados en la década del treinta y del cuarenta por las fluctuaciones de la economía provocadas, entre otras razones, por los efectos contraccionistas de las guerras mundiales y expansionistas de las posguerras⁷.

El desabastecimiento, el acaparamiento, la especulación y la carestía se convirtieron en asunto cotidiano en los periódicos, tanto que en 1927 una autoridad como Esteban Jaramillo, quizá el economista más importante del país en aquel entonces, señaló que la carestía era el problema más agobiante del país en la última década⁸. Ante este problema, los gobiernos nacionales y municipales entre los años veinte y cincuenta apelaron a diferentes medidas, entre ellas, a todo tipo de disposiciones para intervenir directamente en el mercadeo urbano. Cabe resaltar la creación de juntas de control de precios, el fortalecimiento de las inspecciones de policía existentes para vigilar el comercio urbano, la atribución de facultades de policía a distintas agencias públicas y privadas -inclusive a los propios curas párrocos-, la reorganización constante de las dependencias concernidas con la regulación de pesos, medidas, sanidades y precios de los productos básicos -como los departamentos de higiene y de hacienda, incluida la oficina de Almotacén- y, muy importante, el apoyo a las denominadas entonces como cooperativas de consumo. En este contexto se inscribe el establecimiento de la Cooperativa de Consumo de Bogotá⁹.

2. Las cooperativas de consumo

Desde los años diez fueron recurrentes los llamados del gobierno nacional para que los municipios promovieran cooperativas de consumo. El municipio de Bogotá acogió estos llamados del Gobierno nacional contribuyendo de manera periódica con recursos para el sostenimiento de las sociedades de caridad y beneficencia, de las cajas o los círculos obreros y de las cooperativas conformadas por trabajadores, por empleados de las dependencias públicas, por profesionales de distintos ramos o por los vecinos de los barrios. No obstante, como otras medidas orientadas ante todo a las clases obreras, estas ayudas no quedaron al margen del debate político. Mientras unos sectores las consideraban improcedentes o sugerían que ellas fueron incorporadas a las potestades que tenían las asociaciones caritativas y filantrópicas regentadas, por ejemplo por la Iglesia, otros sectores propendían que ellas fueran asunto directo de la institucionalidad estatal. Los llamados del gobierno nacional para que los municipios promovieran las cooperativas de consumo fueron más enfáticos a comienzos de los años treinta, en medio de las dificultades generadas por la profunda crisis económica de entonces. En este contexto el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 32 del 13 de junio de 1932, que señalaba que era de "imperiosa necesidad establecer en los distintos sectores de la ciudad, y muy especialmente en los barrios obreros, cooperativas de consumo como medio eficaz y el más indicado para combatir el encarecimiento de los artículos de primera necesidad". También señalaba que "era conveniente que las entidades municipales [tomaran] la iniciativa en este particular, para cumplir con su misión y para dar ejemplo a los ciudadanos, a fin de estimular entre ellos el desarrollo del cooperativismo". El acuerdo dispuso facultar

al Ejecutivo municipal para que, con la colaboración de la Junta de Habitaciones para Obreros y del Administrador de las Plazas de Mercado, elabore un plan general de organización de cooperativas de consumo de artículos alimenticios con el fin de proporcionar a los ciudadanos, y de modo especial a las clases trabajadoras, para su propio consumo, dichos artículos al menor precio posible.

El Concejo igualmente dispuso una comisión que, en un tiempo perentorio, diseñara los estatutos para el establecimiento y el funcionamiento de nuevas cooperativas, los cuales fueron oficializados ante el cabildo en septiembre de ese mismo año¹⁰. En los años siguientes, en medio de la recuperación económica, los esfuerzos del municipio se mantuvieron en la promoción a diferentes sociedades, círculos y cooperativas de consumo. No obstante, la Ley 61 del 28 de marzo de 1936 sobre viviendas para las clases obreras, volvió a reiterar que "los municipios establecerán el número de cooperativas de consumo que sea necesario para atender a las necesidades de los habitantes de los barrios obreros"¹¹.

3. Establecimiento de la Cooperativa de Consumo de Bogotá

A comienzos de los años cuarenta la concurrencia de diferentes factores empujó al municipio a redefinir su promoción a las cooperativas de consumo. En primer lugar, una escalada de desabastecimiento, acaparamiento, especulación y carestía propiciada por las restricciones que le impuso al país la guerra mundial, situación que por demás fue aprovechada por la oposición conservadora para cuestionar tanto al Gobierno de Eduardo Santos como al de López Pumarejo. En segundo lugar, las dificultades para administrar las plazas de mercado, consideradas insuficientes para garantizar el abastecimiento urbano en medio de la expansión de la ciudad y acusadas de favorecer el acaparamiento, la especulación y la carestía. En tercer lugar, el malestar que suscitaba entre diferentes estamentos las plazas de mercado, señaladas de atentar contra la higiene, la seguridad y la moral públicas y de afectar el desarrollo de la ciudad¹².

En este contexto el Concejo municipal, por medio del Acuerdo 34 del 5 de junio de 1942, autorizó a la Alcaldía para tomar hasta cincuenta mil pesos en acciones en una de las cooperativas de consumo existentes, para disponer hasta de cuatrocientos pesos mensuales para participar en el sostenimiento de esta cooperativa y para entregar inmuebles públicos para que la entidad creara, por lo menos, cuatro almacenes de abastecimiento directo al público. La cooperativa señalada tendría como obligaciones: comprar abastecimientos al por mayor directamente en los centros de producción o donde los precios fueran más favorables, vender al por menor artículos de primera necesidad hasta con un recargo máximo del 6%, abrir cuatro almacenes en barrios de empleados y de obreros, extender los servicios de sus almacenes a todo el público, publicar semanalmente su listado de precios en la prensa, revertir las utilidades de todas sus operaciones en el mejoramiento de la cooperativa, estar ajustada a las leyes vigentes, estar exenta de cualquier actividad política y crear una sección de crédito "que permita dar a sus afiliados avances semanales en subsistencias..."¹³.

Entre los meses de junio y septiembre de 1942 la Alcaldía realizó las gestiones que llevaron a la creación de la Cooperativa de Consumo de Bogotá Limitada, sociedad mixta por acciones constituida por escritura pública 2800 del 16 de octubre de 1942 de la Notaría Segunda del circuito de Bogotá. Los estatutos de la Cooperativa fueron aprobados por el Ministerio de Economía Nacional por medio de la resolución 641 del 7 de octubre de 1942 y el inicio de operaciones fue autorizado por la Superintendencia de Cooperativas por medio de la resolución 76 del 22 de octubre de 1942. Como primer gerente de la Cooperativa fue nombrado Alvaro Rozo¹⁴.

La Cooperativa empezó operaciones formalmente el 1 de marzo de 1943. El 10 de marzo abrió el almacén número 1, en la esquina de la calle 10 con carrera 11, en inmediaciones de la plaza Central de Mercado. Para mediados de abril la Cooperativa tenía abiertos seis almacenes más en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos, uno en el barrio de Chapinero y otro en los barrios Unidos del Norte. Previendo las necesidades de expansión por medio de nuevos almacenes, la Cooperativa adquirió entonces sus primeros empréstitos con el Fondo Cooperativo Nacional y con el almacén de la Federación Nacional de Cafeteros¹⁵.

En principio la iniciativa se presentó auspiciosa, no solo porque garantizaba abastecimientos, sino también porque detenía las alzas de algunos productos básicos. Esto le valió a la Cooperativa el reconocimiento del ministro de economía Santiago Rivas Camacho, quien en su memoria al Congreso en el año de 1943 afirmó:

En la lucha contra la carestía de la vida, es indudable que las cooperativas están llamadas a desempeñar un papel de suma importancia, y como demostración de esta tesis puede presentarse la Cooperativa de Consumo de Bogotá de reciente fundación y cuyos servicios han sido de notoria influencia, si no para rebajar apreciablemente el costo de las subsistencias, sí para detener el alza inconsiderada de que eran objeto diariamente. // Esta Cooperativa ha venido operando con un aporte inicial de $ 50.000, hecho por el municipio de Bogotá, y a pesar de que tal cantidad es claramente insuficiente para un desarrollo comercial de importancia en un medio tan populoso como la capital, sirve como una demostración objetiva indiscutible de que bien valdría la pena que todas las entidades administrativas de los departamentos y grandes ciudades del país se preocuparan por fundar organismos semejantes a éste, y que la Nación hallara la vía de mayor eficacia para hacer llegar a ellas su apoyo financiero, sin correr el peligro de que esos fondos se eliminaran sin dejar beneficios apreciables, como sucedió con la mayoría de los auxilios que en todo el país fueron votados en épocas pasadas a favor de muchas cooperativas¹⁶.

En 1944 fue nombrado como nuevo gerente de la Cooperativa José Ignacio Acevedo. En mayo de este año Acevedo presentó el primer informe de la gestión de la entidad ante el Concejo municipal. En el informe del gerente se destacó que la Cooperativa tenía capital insuficiente para cumplir las obligaciones estipuladas; que aún así la entidad había conseguido con los aportes de inicio y con los empréstitos abrir catorce almacenes propios y dos por afiliación; que las ventas del primer año habían ascendido a casi medio millón de pesos, un logro importante pero insuficiente si se tenía en cuenta que el mercado de víveres en la ciudad ascendía a más de diecinueve millones de pesos anuales; que la Cooperativa estaba cumpliendo una función social destacada, toda vez que abastecía instituciones como las salas-cunas, las salas de lactancia, los jardines infantiles, los consultorios municipales, los restaurantes escolares, la ciudad universitaria, las escuelas industriales, el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, el Instituto Federico Lleras, el Reformatorio, la Cooperativa de Consumo de Tunja, la Cooperativa Creditaria y de Ahorros, el Ejército Nacional, los Ferrocarriles Nacionales, la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la Proveeduría del Ministerio de la Economía y la Proveeduría del Ministerio de Obras Públicas¹⁷. El informe también señaló que había un manejo estricto de la administración, aunque la Cooperativa había tenido complicaciones con la vinculación de personal idóneo para los almacenes. Al respecto el gerente refería:

En el personal de los almacenes hemos encontrado serias dificultades. Para llenar estos cargos se requieren vendedores hábiles, honorables y conocedores del negocio, cualidades que no es fácil reunir, especialmente cuando la remuneración no puede ser, al menos por ahora, ni mediadamente llamativa. Sin embargo, principalmente con elementos preparados por nosotros mismos, tenemos ya un buen personal de almacenistas. También en los empleados de nuestro depósito general hemos tenido que hacer algunos cambios, pero quienes manejan actualmente esta complicada dependencia merecen nuestra aprobación¹⁸.

Para exaltar las virtudes de la Cooperativa en su función central, que era la de garantizar el abastecimiento minorista a precios bajos al público en general, el gerente presentó una relación de los precios de la entidad entre 1943 y 1944. Destacó cómo entre un año y otro, aunque habían sido aplicado incrementos a casi todos los artículos, estos eran muy inferiores a los del comercio restante de la ciudad -aunque algunos incrementos eran verdaderamente escalofriantes, como en el caso del garbanzo, la arveja, el haba y la panela, entre otros- (véase tabla 1).

Para resaltar aún más las bondades de la Cooperativa, el gerente fue exhaustivo en comparar los precios que esta ofrecía con los que encontraban los compradores en la plaza Central de Mercado. No obstante, lo que mostraba la comparación era que la variación de precios de una dependencia a otra era mínima, con excepciones en el almidón de yuca, los fríjoles, las lentejas, la papa y en menor medida el jabón (véase tabla 2).

Para finalizar su informe, el gerente señalaba que la Cooperativa estaba cumpliendo en la medida de las posibilidades su cometido social, que esta era una iniciativa práctica y fructífera que debía ser extendida a toda la ciudad, "cuestión que depende de dos factores: medios suficientes, que debe aportarlos el Gobierno, y el interés del consumidor, quien debe convencerse de que sus compras en nuestros almacenes, por modestas que sean, le representan una economía y contribuyen eficazmente al beneficio de la colectividad"¹⁹.

Al tiempo que el Municipio alentaba los esfuerzos de la Cooperativa disponía medidas para reformar las plazas de mercado. Para esto el Concejo municipal aprobó el Acuerdo 88 del 19 de octubre de 1944, por medio del cual dispuso una reforma al sistema de plazas de mercado de la ciudad y una modernización de sus instalaciones y autorizó a la Alcaldía la expedición de bonos Prourbe o la suscripción de un empréstito hasta por un millón de pesos para estas obras. El acuerdo dispuso que en Bogotá habría tres tipos de plazas de mercado: una plaza principal de distribución general y de ventas al por mayor, con depósitos, tiendas y almacenes de víveres y con pabellones para la venta de carnes, pescados y aves; unas plazas de ventas al por menor, destinadas a la venta de artículos comestibles y flores; unas plazas auxiliares, para ventas únicamente de artículos alimenticios, las cuales no podían exceder los doscientos puestos para vivanderos. No obstante, como se verá, la incapacidad del Municipio para atender plenamente lo dispuesto en el acuerdo lo condujo a plantear la posibilidad de prescindir de las plazas de mercado en beneficio de la Cooperativa²⁰.

Para finales de 1944 el gerente de la Cooperativa volvió a presentar informe al Concejo municipal, en él señalaba que la entidad hacía esfuerzos por conciliar los gastos de funcionamiento y los rendimientos y que, producto de ello, contaba con un pequeño superávit. No obstante, el informe del gerente decía:

Precisa insistir en que la falta de capital suficiente, la carencia de apoyo oficial decidido y el desinterés inconcebible del público beneficiado, motivan principalmente, como en el caso de muchas entidades cooperativas, la paralización de nuestro desarrollo; nos imposibilitan para prestar un servicio más eficiente y ofrecer a los asociados y a los consumidores en general, el máximum de ventajas en precios, calidades y variedad completa y permanente de artículos de consumo²¹.

Para entonces la Cooperativa tenía diecisiete almacenes, nueve comerciales de venta al público en general y ocho de servicio social focalizados para atender las demandas de abastecimiento de los obreros (véase tabla 3). El gerente señaló al Concejo municipal que estaban en proyecto cuarenta nuevos almacenes en barrios de toda la ciudad: desde residenciales como El Nogal, Teusaquillo y Palermo; empleados como Las Mercedes, Sucre y Muequetá; hasta obreros como La Perseverancia, Centenario, La Providencia y El Vergel, entre otros.

La Cooperativa hacía esfuerzos frente a la tenaz competencia que representaba la plaza de Mercado Central pero, sobre todo, las tiendas de barrio, que en medio de la expansión de la ciudad se convirtieron en una de las principales fuentes de abastecimiento en las periferias urbanas.

A mediados de los años cuarenta la investigación de Francisco de Abrisqueta para la Contraloría General de la República sobre el costo de vida en la clase obrera presentaba una caracterización del emplazamiento de estas tiendas:

Estos [barrios obreros consolidados] se han creado a lo largo y costados de una arteria central de acceso por dónde va el tranvía o el bus, arteria que confluye a una plaza o jardín en donde se reúnen los locales de servicios colectivos y oficiales, iglesia, escuela, sindicato, retén de policía, centros sociales y culturales, plaza de mercado, consultorios médicos, etcétera. En estos casos la vida toda del barrio gira alrededor de la plaza y la vía dorsal de comunicación. Consecuencialmente la estructura urbana determina la estratificación social del barrio dentro del grupo obrero. En la plaza y en la ruta de acceso al barrio se instalan las familias más acomodadas. Las rentas son más altas y los servicios más a mano. Las principales tiendas y expendios comercian en estos lugares. A medida que penetramos en las vías transversales alejándonos del centro del barrio hacia sus extremos semi edificados y generalmente no urbanizados la categoría económica de sus habitantes va disminuyendo. El mismo fenómeno que en el conjunto de una ciudad. Las tiendas en estos límites son menos numerosas y pobremente dotadas. Es común no encontrar en ellas todos los artículos que se investigan para el costo de vida. Los expendios de carne y leche se vuelven raros. Los precios mismos ofrecen alguna diferencia bien dentro de una misma unidad comercial o al por menor²².

Las urgencias de abastecimiento en la ciudad, la competencia de las plazas de mercado y de las tiendas y las limitaciones operacionales de la Cooperativa empujaron al municipio a inyectarle recursos a la entidad y a acometer iniciativas para que ella se constituyera en una instancia privilegiada para el abastecimiento urbano. El Acuerdo 45 del 6 de julio de 1945 autorizó a la Alcaldía para ampliar el paquete accionario del municipio en la Cooperativa²³, mientras que el Acuerdo 80 del 7 de diciembre de 1946 elevó a diez mil pesos la inversión pública mensual en la entidad²⁴. El 27 de mayo de 1947 el Concejo municipal aprobó proposición para que el municipio intercediera ante el Instituto Nacional de Abastecimientos para que este privilegiara el abastecimiento de la Cooperativa²⁵.

Los acontecimientos del 9 de abril de 1948 fueron utilizados por diferentes estamentos para reclamar medidas que propendieran la moral, la seguridad y la higiene pública que, consideraban estos estamentos, estaban en el principio de los catastróficos sucesos de El Bogotazo. Precisamente, dentro de las instancias que se consideraron lesivas para la moral, la seguridad y la higiene pública estaban las plazas de mercado. En este contexto, en febrero de 1949 el municipio propuso la supresión definitiva de la plaza Central de Mercado y de la plaza de Las Nieves y su sustitución por una central municipal de abastecimiento y un amplio sistema de tiendas municipales. El Concejo municipal, por medio del Acuerdo 6 del 2 de febrero de 1949, autorizó a la Alcaldía para suscribir un empréstito de cinco millones de pesos destinados para la implementación de esta iniciativa²⁶. Producto de esta iniciativa aparecerá la plaza de Mercado de Paloquemao, que habría de constituirse en uno de los principales puntos de abastecimiento cuando la plaza Central fuera desplazada con la construcción de la carrera 10.

La decisión del municipio de desistir de cualquier esfuerzo en beneficio de las plazas de mercado quedó ratificada con el Acuerdo 54 del 8 de agosto de 1949, que en su artículo 1 era terminante: "En adelante no se harán ampliaciones ni mejoras en las actuales plazas de mercado. Con cualquier suma que pudiera invertirse en tales fines se adquirirán acciones de la Cooperativa de Consumo de Bogotá para que puedan abrirse nuevos almacenes de víveres en todos los barrios de la ciudad"²⁷.

4. Cierre y liquidación de la Cooperativa de Consumo de Bogotá

Aunque para finales de los años cuarenta el municipio estaba decidido a convertir la Cooperativa en una instancia determinante para reformar el sistema de abastecimiento urbano, las dificultades de la entidad no solo se mantuvieron sino que se profundizaron, tanto por la persistencia de viejos problemas como la insolvencia financiera, las dificultades administrativas y la incapacidad para captar clientes, como por la ineficacia de las medidas decididas a incentivarla que no siempre se concretaban, como se verá más adelante. Ante las dificultades de la Cooperativa para garantizar réditos, la Junta Directiva en abril de 1949 decidió reducir los paquetes accionarios de todos los asociados. El municipio también redujo su paquete accionario, como quedó plasmado en el Acuerdo 13 del 31 de mayo de ese año²⁸.

Los problemas para la Cooperativa se agudizaron con el ascenso del Gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. Por un lado, porque el Gobierno militar configuró su propia instancia de asistencia social, la Secretaría Nacional de Asistencia Social (Sendas), hacia la cual orientó sus principales esfuerzos en materia de asistencia directa, incluido el abastecimiento periódico de productos básicos a las clases más pobres. Por otro lado, porque el Gobierno militar, al transformar el Instituto Nacional de Abastecimientos (INA), en la Corporación para la Defensa de los Productos Agrícolas, dispuso como instancias prioritarias para el abastecimiento masivo a los comisariatos del Ejército. Estos dos hechos resultaron determinantes para el deterioro de la Cooperativa²⁹.

A comienzos de febrero de 1955 el Consejo Administrativo Distrital, instancia sustituta del cabildo distrital que había sido clausurado por la dictadura, dispuso una comisión para que hiciera una auditoría a la Cooperativa. El 24 de febrero, el consejero Luis Emiro Valencia presentó el informe de la comisión al Consejo Administrativo, donde denunció todo tipo de irregularidades en la Cooperativa: 1) El Consejo de administración de la entidad no se reunía desde hacía ocho meses y no existían actas de las reuniones de los años anteriores. 2) La contabilidad y el balance de la Cooperativa tenían deficiencias, había mala relación de cuentas y había una cartera muy alta de difícil cobro. 3) No había ningún orden ni criterio en el manejo presupuesta!. 4):

La política comercial de la Cooperativa... [no tenía] un criterio orgánico de compras; al renglón de granos, hay una inversión contabilizada que supera el millón de pesos, sin prever las bajas de precio y la fungibilidad de los productos (como en el caso del fríjol rojo). En este renglón la Cooperativa [tendría] una fuerte pérdida; también [había] inversiones en licores finos que no [guardaban] relación con la orientación de una cooperativa de consumo para clases pobres (la Cooperativa invertía cien mil pesos en licores finos)³⁰.

5) La Cooperativa no había favorecido el espíritu cooperativo promoviendo la vinculación de empleados, sindicatos y de distintos gremios. 6). Había un exceso de burocracia sin fundamento que, prácticamente, había socavado las funciones auténticas de la Cooperativa: una institución con seiscientos mil pesos de presupuesto anual tenía una nómina que ascendía a los quinientos mil pesos al año. 7) La Cooperativa no tenía ningún mecanismo de control ni de auditoría. 8) No se cumplían los estatutos aprobados en su momento por el Ministerio de Economía y el Concejo. Para terminar su informe, que ponía en evidencia un auténtico caos, la comisión recomendó emprender cambios sustanciales al manejo de la Cooperativa³¹.

El informe suscitó un gran debate entre los consejeros distritales y los representantes de la Cooperativa. En el debate, Valencia reiteró las denuncias de la comisión e incluyó otras, relacionadas especialmente con las políticas de acopio, abastecimiento y comercialización de productos:

Una cooperativa que tenía para el suministro de víveres en el sector, en el casco urbano de la ciudad, 12 camiones pudiendo hacerlo con dos o tres; que tenía oficinas lujosamente instaladas en un piso de un edificio central, mientras los grandes almacenes de aprovisionamiento estaban a gran distancia, no pudiendo ejercer un control directo sobre el punto de gravitación de la organización de la cooperativa y recargando los costos de administración con burocráticos y administrativos excesos en las oficinas, tenía fatalmente que romperse por fatal gravedad de una mala administración³².

Por si hacía falta, en el curso del debate aparecieron otros problemas. La Cooperativa no estaba en capacidad de cumplir su función: no pagaba desde hacía meses a los empleados ni a los proveedores, tenía procesos de embargo que en ese momento amenazaban llevarse el patrimonio de la Cooperativa. En síntesis, un pavoroso desmonte de una iniciativa con apoyo público que resultaba fundamental para una ciudad desabastecida; la cual quedó a expensas de la mala administración, de las pésimas inversiones, del contratismo mañoso cuando no delincuente y de la falta de controles. Algunas posiciones en el debate, entre ellas la del gerente, alegaron que la Cooperativa tenía problemas por falta de recursos, sobre todo porque los fondos destinados por fomento, que ascendían a dos millones de pesos y que estaban destinados para la institución, habían sido entregados a los comisariatos militares³³.

Para unos la Cooperativa era simplemente una institución quebrada que no tenía salvación. Para otros era indispensable que el Distrito recuperara la entidad, tanto más con la creciente carestía que afectaba ante todo a las clases más pobres de la ciudad. La solución propuesta por el Consejo Administrativo Distrital fue capitalizarla, para ello se tomaron dos medidas: la emisión de acciones de la propia Cooperativa y la venta de las acciones que el Distrito tenía en diferentes instituciones bancarias y comerciales para transferir estos recursos a la entidad. Estas medidas fueron puestas en consideración por medio del proyecto de Acuerdo 60 de 1955, que dispuso la emisión de acciones por un millón setecientos mil pesos con la destinación exclusiva de cubrir las deudas de la Cooperativa. No obstante, el proyecto de acuerdo supuso un fuerte debate, básicamente porque se planteó que la emisión de acciones a particulares podía conducir a una apropiación privada de la institución y, con ello, amenazar su función social en favor de las clases más pobres. Ante esto se planteó, por un lado, una emisión de acciones garantizada por el Distrito para sanear la entidad y, por otro, la enajenación o la pignoración de las acciones que tenía el Distrito en el Banco Popular para capitalizarla y permitirle emprender nuevas inversiones. Finalmente estas iniciativas fueron aprobadas por medio del Acuerdo 24 del 13 de mayo de 1955³⁴.

Sin embargo, entre mayo y septiembre se redefinieron las condiciones para intervenir la Cooperativa. En primer lugar, el Distrito procedió a la venta de un paquete de acciones por doscientos cincuenta mil pesos que tenía en el Banco Popular para salvar las acreencias que tenía la Cooperativa, la cual quedó protocolizada por medio del contrato 439 del 8 de septiembre de 1955³⁵. En segundo lugar, por medio del Acuerdo 87 del 4 de septiembre de 1956, el Consejo Administrativo autorizó a la Alcaldía vender las acciones que el Distrito tenía en la sociedad Hotel San Diego S.A., para ampliar los servicios de la Cooperativa. El acuerdo dispuso que mientras se procedía a la venta, el Distrito anticiparía a la Cooperativa la suma de doscientos mil pesos³⁶. No obstante, el Distrito no transfirió ninguno de estos recursos a la Cooperativa, lo que prácticamente significó su final.

En 1957, siendo gerente de la Cooperativa Armando Gómez, la entidad volvió a insistir ante la administración distrital sobre la urgencia de recursos. Ante esto, el Consejo Administrativo Distrital, por medio del Acuerdo 4 del 11 de enero de 1957, autorizó a la Alcaldía a pignorar el cincuenta por ciento de las acciones que tenía en la sociedad Hotel San Diego S.A., a favor de la Cooperativa. Además, en el artículo 3 el acuerdo autorizó a la Alcaldía a estudiar "las fórmulas legales que permitan la transformación de la Cooperativa de Consumo de Bogotá, Limitada, o en caso contrario, una mayor representación del Distrito en la Asamblea General de Accionistas, que le garantice el debido control en su manejo y fiscalización"³⁷. De la misma manera, en acta del 14 de febrero de 1957 el Consejo Administrativo solicitó al Gobierno nacional que autorizara la consignación de los dineros de subsidio familiar en la Cooperativa³⁸.

No obstante, mientras los representantes de la Cooperativa y algunos consejeros consideraban que esta iniciativa debía mantenerse, el Gobierno nacional consideró que ella era insolvente e insalvable. El Ministerio del Trabajo, por medio de la Resolución 1264 del 9 de septiembre de 1957, decretó la disolución y liquidación de la Cooperativa de Consumo Limitada. La Junta Directiva de la Cooperativa interpuso el recurso de reposición a esta resolución, pero ella fue confirmada por medio de la Resolución 1471 del 10 de octubre de 1957 del mismo Ministerio. El Ministerio alegó como causales de la disolución: 1) El riesgo en que estaban los recursos públicos invertidos en la Cooperativa. 2) La pérdida del capital social de la Cooperativa en más del cincuenta por ciento. 3) La imposibilidad de la entidad para cumplir con sus cometidos sociales³⁹.

El 8 de noviembre de 1957, la Junta Directiva de la Cooperativa, por intermedio del abogado Oswaldo Rengifo, interpuso una demanda contra el Ministerio del Trabajo. En ella, la Junta Directiva reclamó la suspensión de las resoluciones de disolución y liquidación de la entidad. También la restitución del derecho a la operación de la Cooperativa y el pago de indemnizaciones por parte del Estado por los daños y perjuicios causados por las resoluciones referidas. Para soportar su reclamación, la Junta Directiva señaló, en primer lugar, que el Distrito hacía parte de la Cooperativa, tenía asiento en su administración, contaba con una participación accionaria significativa y aportaba erogaciones periódicas de recursos. En segundo lugar, la Junta Directiva alegó que la Cooperativa había acogido los lineamientos del Distrito en cuanto al abastecimiento a bajos precios. En tercer lugar, que los daños al patrimonio de la Cooperativa causados por administraciones negligentes o deficientes habían sido de conocimiento, tanto de la Superintendencia de Cooperativas como del Municipio, sin que ellas tomaran medidas al respecto, lo que las hacía responsables del pésimo manejo de la entidad. En cuarto lugar, que el Concejo municipal aprobó diferentes intervenciones en beneficio de la Cooperativa, sin que ellas se llevaran efectivamente a la práctica. En quinto lugar, que el Municipio adeudaba a la Cooperativa más de dos millones de pesos, los cuales no habían sido tenidos en cuenta en la disolución y la liquidación de la entidad. Por último, en sexto lugar, que había deudas con terceros que estaban siendo afectados por el cierre de la Cooperativa⁴⁰.

No obstante la demanda, el proceso siguió su curso. Por medio del contrato 025 del 24 de enero de 1958, el Distrito autorizó a la Cooperativa de Militares en Retiro a abastecer a los trabajadores distritales beneficiados con el subsidio familiar⁴¹. Al mismo tiempo, el Ministerio del Trabajo dispuso que los inventarios y los locales de la Cooperativa fueran transferidos a la Corporación para la Defensa de los Productos Agrícolas. Para abril de 1958, la Cooperativa de Consumo de Bogotá había dejado de existir.

La demanda interpuesta por la Junta Directiva de la Cooperativa fue admitida en primera instancia el 3 de junio de 1958. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo interpuso recursos contra ella, hasta que quedó en sala del Consejo de Estado. En la sentencia del 15 de marzo de 1962, el Consejo de Estado rechazó la demanda alegando que la participación del Distrito en la Cooperativa estaba en las disposiciones existentes sobre el establecimiento de cooperativas, pero que ello no convertía a la entidad en una dependencia de carácter público, efectivamente el Distrito dispuso recursos, pero de ello no se derivaba acreencia alguna de la ciudad para la sociedad cooperativa; además, que las causales de disolución y liquidación planteadas por el Ministerio estaban ajustadas a la ley. Con esta sentencia la Cooperativa de Consumo de Bogotá quedó legalmente disuelta y liquidada⁴².

Con el retorno de la democracia el Concejo de Bogotá acogió iniciativas como las contempladas en el Acuerdo 6 de 1949 que se relacionaban con la construcción de una gran central de abastecimiento masivo para la ciudad, cuyo proyecto original había sido presentado al cabildo en enero de 1953⁴³. Sin embargo, un nuevo proyecto para una gran central de abastecimiento tomó forma a finales de los años sesenta, auspiciado por el gobierno nacional de entonces en tanto era consecuente con sus políticas agrarias, por la administración distrital no solo en tanto resolvía un problema histórico de abastecimiento urbano masivo sino también porque participaba eficazmente en su proyecto de desarrollo de urbano y por los comerciantes organizados cada vez más expuestos a la competencia informal. El proyecto igualmente recibió el apoyo del Plan Nacional de Alimentación (pan), una estrategia que tenía sus antecedentes en las políticas de la Alianza para el Progreso dirigidas a cualificar las condiciones nutricionales y los estándares de alimentación de las gentes más pobres.

Al tiempo que el Gobierno nacional y distrital auspiciaban este proyecto, otras organizaciones, entre ellas la Alianza Nacional Popular (Anapo), lo cuestionaban. Lo consideraban una iniciativa que delegaba responsabilidades del Estado en sociedades de capital mixto, que de paso exponían el abastecimiento masivo de la ciudad a las pretensiones de poderosos intermediarios agremiados que manejarían a su antojo disponibilidades y precios. Como alternativa la Anapo propuso al Concejo de Bogotá la resurrección de la Cooperativa de Consumo de Bogotá. El 18 de agosto de 1970, el concejal Carlos Bula presentó una ponencia para crear la Cooperativa Distrital de Consumo de Bogotá. La tarea primordial de la nueva cooperativa, según el artículo 2 del proyecto de acuerdo, era:

adquirir víveres y demás artículos alimenticios de primera necesidad, lo mismo que drogas y ropas en los centros de producción, particularmente en las cooperativas de producción y en el Instituto de Mercadeo Agropecuario idema, para venderlos a precios bajos a los asociados, a los gremios de empleados y obreros y a los particulares por los medios que establecen las leyes vigentes⁴⁴.

La Cooperativa tendría un capital inicial de cinco millones de pesos y el Distrito se comprometía a auxiliarla con quinientos mil pesos anuales⁴⁵.

En la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo se decía:

La Cooperativa de Consumo de Bogotá fue creada en el año 1941, pero dada su limitada acción, precisamente en virtud del interés de los intermediarios que ven en este organismo el peor de sus enemigos, infortunadamente fracasó. Si ella era necesaria hace treinta años, si la Cooperativa prestó una función fundamental por aquella época, hoy es una de las más apremiantes tareas para combatir la especulación existente en las mercancías de consumo popular, que trae como consecuencia directa el debilitamiento del poder adquisitivo del salario de las gentes de más bajos ingresos [...] La política de la Alianza Nacional Popular se orienta a beneficiar a las clases menesterosas, a las gentes víctimas del abuso, a los habitantes del Distrito explotados por las oligarquías. Nos sentimos por ello en la obligación de ofrecer una política popular que se encamine a hacer menos gravosa la vida para las zonas demográficas económicamente débiles, reiterando así la consigna del movimiento de Alianza Nacional Popular en la pasada campaña, según la cual trabajaríamos por el bienestar colectivo, por el abaratamiento del costo de la vida [...] // Si el ejecutivo municipal anunció una política popular y proclama la orientación social de la administración, nada más coincidente con tales propósitos que la Cooperativa Distrital de Consumo de Bogotá. Creemos, por tanto, que mirará con simpatía este Proyecto y aportará su decidida colaboración para regular el mercado de los artículos de consumo popular por medio de la Cooperativa, la cual ha de crear almacenes populares para la venta de víveres, ropa y drogas a bajos precios, sin intermediarios, sin usura. La Cooperativa que proponemos apareja una solución real en beneficio de los habitantes de escasos recursos de Bogotá.

La pretensión de la Anapo de resucitar la Cooperativa de Consumo, así como otras iniciativas como la creación de un almacén cooperativo escolar, apareció en un momento donde la organización no solo contaba con un amplio apoyo popular, sino que también aprovechaba la crisis de gobernabilidad de Misael Pastrana propiciada por las denuncias sobre el robo de las elecciones en abril de 1970. No dejaba de ser paradójico que la Cooperativa de Consumo que fuera cercada por las políticas de la dictadura pretendiera ser revivida por el propio movimiento político del otrora dictador. No obstante, las propuestas de la Anapo recibieron el rechazo de la Alcaldía, a la vez que se vieron debilitadas tras la debacle de la organización en las elecciones de mitaca de 1972.

La construcción de la nueva Central de Abastecimiento (Cabsa), al occidente de la ciudad, empezó en el año 1970. El 6 de marzo de 1972, por medio de la Escritura 4212 de la Notaría 4 del circuito de Bogotá, se constituyó la Corporación de abastos de Bogotá, Corabastos, que habría de administrar la nueva central. La Corporación apareció como una sociedad de economía mixta, con un 51% de acciones de propiedad pública en cabeza del Ministerio de Agricultura, de la Gobernación de Cundinamarca y de la Alcaldía de Bogotá, y con un 49% de acciones de propiedad privada del sector comercial y cooperativo. Los socios de la entidad fueron, por el lado nacional, el Instituto de Mercadeo Aropecuario, (Idema); el Instituto para la Reforma Agraria (Incora); la Corporación Financiera Agraria (Cofiagro); y la Cooperativa de la Reforma Agraria (Cecora). Por la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autonóma Regional (car); por el Distrito la Empresa Distrital de Servicios (Edis); por el sector comercial y cooperativo el Banco Ganadero, la Cooperativa de Empleados de la Caja Agraria y la Federación Colombiana de Cooperativas de Consumo. La Central de Abastecimiento de Bogotá fue inaugurada el 20 de julio de 1972, ella se constituyó, desde entonces, en el gran polo del mercado urbano⁴⁶.

Conclusiones

La historia de la Cooperativa de Consumo de Bogotá ilustra una serie de situaciones concretas donde se entrecruzan las complejidades del ejercicio de la ciudadanía con las prácticas del consumo. En efecto, el aumento de consumidores producto de la urbanización, el desbordamiento de la capacidad de las plazas de mercado citadinas y la inestabilidad permanente en los surtidos y los precios en la primera mitad del siglo XX tuvieron implicaciones en la democracia urbana. Ellos convirtieron a la carestía en un tema de primer orden en los medios, concitaron el debate entre partidos políticos y llevaron al Estado a intervenir directamente en el mercadeo urbano al incorporar viejas instancias de control y regulación como la Iglesia y la policía y al crear unas nuevas instancias de carácter más técnico. No obstante, el consumo de bienes de primera necesidad en esta mitad del siglo XX tuvo otras implicaciones más profundas para la democracia urbana.

Por un lado, los bienes de primera necesidad no estaban al margen de las grandes deliberaciones públicas de la primera mitad del siglo XX, relacionadas con cuestiones como la miseria, la higiene y la moral. Las dificultades de acceso a bienes de primera necesidad, como la alimentación y el vestuario, aparecieron como cuestiones importantes toda vez que eran consideradas por distintas instancias como una de las causas de la miseria urbana, de las afectaciones a la higiene, de la indisposición de los pobres para la vida citadina y, en consecuencia, de los graves atentados a lo moral, lo que demandaba precisamente la intervención del Estado. Por otro lado, las dificultades de acceso a los bienes de primera necesidad fueron aprovechadas por los partidos en oposición para cuestionar a los Gobiernos en ejercicio. Al tiempo que los Gobiernos, como en el caso de la dictadura militar, convirtieron el acceso a estos bienes en mecanismos para construir bases sociales que lo legitimaran. Por esto, mientras en otras tradiciones la relación entre ciudadanía y consumo quedó suscrita a los alcances del salario y el ahorro, que involucraban a su vez los alcances en derechos como los laborales, en nuestro medio la precariedad del salario y del ahorro condujo a que esta relación entre ciudadanía y consumo quedara supeditada a intervencionismos de corte caritativo o benefactor no siempre revestidas como derechos vinculados al trabajo, propicios para la dádiva política y que, por lo mismo, resultaban siempre insolventes.

La Cooperativa de Consumo de Bogotá fue una de estas medidas de intervención estatal, considerada en un principio como el medio más idóneo para garantizar abastecimientos y regular precios. No obstante, la experiencia de la Cooperativa puso de manifiesto que el Estado no tenía capacidad para entrometerse en el mercadeo directo de bienes básicos. Principalmente porque este mercadeo requería una poderosa capacidad de inversión económica en capacidad de compensar las precariedades del salario y el ahorro en una sociedad urbana con un mercado de trabajo fragmentado y limitado. De igual forma este mercadeo estaba dominado por un espectro de intermediarios privados de distinta naturaleza -desde los grandes comerciantes de las plazas de mercado hasta los pequeños comercios minoristas incluidas las tiendas- que tenían diversidad de ofertas en productos, en pesos y medidas y en precios para la heterogénea demanda urbana, porque desde lo público demandaba unas prácticas administrativas eficientes en capacidad no solo de maximizar la inversión pública, sino garantizar el acceso inmediato a los bienes de primera necesidad. Por esto, la experiencia de la Cooperativa de Consumo pone de manifiesto que la relación entre ciudadanía y consumo cuando ella demanda la intervención del Estado pasa, necesariamente, por el fortalecimiento de derechos en la producción, sin los cuales los consumidores no solo quedan expuestos a ser meras clientelas, sino a constituirse en una masa de ciudadanos despolitizados y endeudados.

Pie de página

¹Luis Alonso, La crisis de la ciudadanía laboral (Barcelona: Editorial Anthropos, 2007), 242-244.
²En América Latina esta concepción se desprende de análisis como los de García Canclini, erigido en referencia para los estudios que le confieren relevancia al papel de los consumos mediáticos, tecnológicos y virtuales en la vindicación de las identidades de género, culturales o juveniles en el marco de las denominadas nuevas ciudadanías. Véase: Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización (México: Editorial Grijalbo, 1995).
³Si bien en América Latina es amplio el inventario de estudios sobre abastecimientos, servicios públicos, vivienda o transporte masivo, ellos no necesariamente apuntan a esclarecer las condiciones que conducen a que estos objetos graviten en el tiempo entre el espacio de los derechos y el de las mercancías, ni la incidencia de estos bienes en la construcción del mundo público y la ciudadanía.
⁴Al respecto son ilustrativos los estudios sobre la relación entre ciudadanía y consumo en países como Estados Unidos. Véase: Lizabeth Cohen, A Consumer's Republic. The Politics of Mass Consumption in Postwar America (New York: Random House, 2003); Meg Jacobs, Pocketbook Politics. Economic Citizenship in Twentieth-Century America (New Jersey: Princeton University Press, 2005); Charles McGovern, Sold American. Consumption and Citizenship, 1890-1945 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2006).
⁵Fabio Zambrano, "La ciudad colombiana. Una mirada de larga duración", en Pobladores urbanos. Ciudades y espacios, ed. Julián Arturo (Bogotá: Tercer Mundo Editores e Instituto Colombiano de Antropología, 1994), 56-68.
⁶Los resultados finales de esta investigación se encuentran en Adrián Serna Dimas, Entre monas y sedas. Derechos, bienes y ciudadanía. Bogotá, 1930-2000 (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012).
⁷Jesús Bejarano, "La economía en el siglo XX", en Manual de Historia de Colombia III, ed. Santiago Mutis (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1982), 45; María del Pilar López, Diferenciación salarial y condiciones de vida en Bogotá, 1900-1950 (Bogotá: Universidad de Los Andes, 2008), 17.
⁸Esteban Jaramillo, "Ante el problema de la vida cara", El Tiempo [Bogotá], 23 de febrero, 1927, 2.
⁹Por demás, el abastecimiento no era una cuestión únicamente relacionada con el aprovisionamiento de la ciudad. Detrás del abastecimiento estaban otros problemas cruciales para la democracia urbana de la primera mitad del siglo XX, como la miseria urbana, las afectaciones de la higiene y el presunto desorden moral. Garantizar abastecimientos de manera óptima suponía luchar contra problemas como la desnutrición, las malas indumentarias y, en general, los malos hábitos que se consideraba afectaban la vida civilizada y la democracia. Adrián Serna Dimas, Entre monas y sedas. Derechos, bienes y ciudadanía. Bogotá, 1930-2000 (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012), t. II.
¹⁰CB, "Acuerdo 32 de 1932", Registro municipal, no. 251, 6800.
¹¹CB, "Ley 61 de 1936", Registro municipal, no. 229-234, 416.
¹²La crítica hacia las plazas de mercado fue encabezada por una naciente generación de arquitectos y urbanistas modernos que abogaron por transformar radicalmente la ciudad. Estos arquitectos y urbanistas difundieron sus propuestas por medio de la revista Proa, cuyo primer número circuló en 1945. Sobre la crítica de Proa a la plaza central de mercado y las medidas propuestas para transformarla véase: Luz Amorocho et al., "Reurbanización de la plaza central de mercado y de las 16 manzanas vecinas", Proa, no. 3 (1946): 15-26.
¹³CB, "Acuerdo 34 de 1942", Registro municipal, no. 222-228, 155-157.
¹⁴CB, "Resolución 641 de 1942 del Ministerio de Hacienda", Registro municipal, no. 235-240, 677.
¹⁵CB, "Cooperativa de Consumo de Bogotá, Limitada. Informe del Gerente", Registro municipal, no. 271-276, 293-294.
¹⁶Ministerio de Economía Nacional, Colombia, Memoria del Ministro de la Economía Nacional al Congreso de 1943 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1943), 66-67.
¹⁷CB, "Cooperativa de Consumo de Bogotá, Limitada. Informe del Gerente", Registro municipal, no. 271-276, 296-297.
¹⁸CB, "Cooperativa de Consumo de Bogotá, Limitada. Informe del Gerente", Registro municipal, no. 271-276, 296.
¹⁹CB, "Cooperativa de Consumo de Bogotá, Limitada. Informe del gerente", Registro municipal, no. 271-276, 300.
²⁰CB, "Acuerdo 88 de 1944", Registro municipal, no. 284-286, 725-727.
²¹CB, "Cooperativa de Consumo de Bogotá, Limitada. Informe del gerente", Registro municipal, no. 284-286, 900.
²²De Abrisqueta, Francisco, El desarrollo de Bogotá y las investigaciones del costo de la vida obrera (Bogotá: Contraloría General de la República, 1944), 21-22.
²³CB, "Acuerdo 45 de 1945", Registro municipal, no. 300-303, 370.
²⁴CB, "Acuerdo 80 de 1946", Registro municipal, no. 330-336, 566.
²⁵CB, "Proposición al Instituto Nacional de Abastecimientos", Registro municipal, no. 345-348, 149-150.
²⁶CB, "Acuerdo 6 de 1949", Registro municipal, no. 385-389, 9.
²⁷CB, "Acuerdo 54 de 1949", Registro municipal, no. 381-382, 253.
²⁸CB, "Acuerdo 13 de 1949", Registro municipal, no. 390-398, 107.
²⁹El declive de la Cooperativa coincidió con la aparición y el desarrollo de una nueva instancia de mercadeo urbano de carácter privado: el supermercado. En efecto, en 1953 la familia Carulla, que fuera propietaria de El Escudo Catalán, abrió en la zona de Chapinero el primer supermercado estilo americano, una auténtica revolución en materia de tratamiento, exposición y venta de bienes perecederos de forma masiva. Véase: Ricardo Acevedo, "Administración de la cadena de abasto de productos de consumo repetitivo en el hogar en Colombia. Aproximación a un marco histórico y teórico", Universidad y empresa, no. 3-4 (2004): 152162. La modalidad privada de mercadeo por supermercado supuso discriminar cadenas de abasto, focalizar demandas y redefinir las estrategias de venta en ajuste a los segmentos de clientes, lo que permitió una progresiva aparición de establecimientos ajustados a diferentes clases o fracciones de clase y de barrios. Obviamente que esta estrategia privada resultaba tanto más eficiente que la adquisición masiva de inventarios como lo hacía la Cooperativa.
³⁰CB, "Acuerdo 13 de 1949", Registro municipal, no. 390-398, 107.
³¹CB, "Acta número 19 de 1954-1956", Anales del Consejo Administrativo de Bogotá, no. 9, 250-252.
³²CB, "Acta número 19 de 1954-1956", Anales del Consejo Administrativo de Bogotá, no. 9, 252.
³³CB, "Acta número 19 de 1954-1956", Anales del Consejo Administrativo de Bogotá, no. 9, 253-255.
³⁴CB, "Proyecto de acuerdo 60 de 1955" y "Acuerdo 24 de 1955", Anales del Consejo Administrativo de Bogotá, no. 15, 356-357.
³⁵CB, "Contrato 439 de 1955", Anales del Consejo Administrativo de Bogotá, no. 62, 27.
³⁶La sociedad Hotel San Diego tuvo sus orígenes en el acuerdo 60 del 31 de julio de 1945, mediante el cual el Concejo municipal autorizó a la Alcaldía a constituir una sociedad para construir un hotel en los predios que tenía el Municipio entre la plaza de toros y el parque de La Independencia. La sociedad fue conformada con las Fuerzas Armadas, que construyeron allí el hotel Tequendama. CB, "Acuerdo 60 de 1945", Registro municipal, no. 300-303, 393.
³⁷CB, "Contrato 439 de 1955", Anales del Consejo Administrativo de Bogotá, no. 62, 27.
³⁸CB, "Acta número 5 de febrero de 1957", Anales del Concejo de Bogotá, no. 321, 2742.
³⁹CE, "Disolución y liquidación de la Cooperativa de Consumo de Bogotá", sentencia del 15 de marzo de 1962, http:190.24.134.67/pce/sentencias/.../84-CE-SCA-1962-03-15.doc (consultado el 4 de marzo de 2012).
⁴⁰CE, "Disolución y liquidación de la Cooperativa de Consumo de Bogotá", sentencia del 15 de marzo de 1962, http:190.24.134.67/pce/sentencias/.../84-CE-SCA-1962-03-15.doc (consultado el 4 de marzo de 2012).
⁴¹CB, "Contrato 025 de 1958", Anales del Concejo de Bogotá, no. 275, 1093-1094.
⁴²CE, "Disolución y liquidación de la Cooperativa de Consumo de Bogotá", sentencia del 15 de marzo de 1962, http:190.24.134.67/pce/sentencias/.../84-CE-SCA-1962-03-15.doc (consultado el 4 de marzo de 2012). En el informe sobre el estado de tesorería e inversiones financieras del Distrito del año 2002, la Contraloría de Bogotá relacionaba dentro de los paquetes accionarios de la ciudad 58.719 acciones de la Cooperativa de Consumo de Bogotá Limitada, que ascendían entonces a $ 293.595. Contraloría de Bogotá, Colombia, Estado de Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito 2002 (Bogotá: Contraloría de Bogotá, 2002), 35. http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Obligatorios/Presupuesto/2002/Análisis/030626_0924 /Economia_Finanzas/documentos/inversiones.pdf (consultado el 3 de marzo de 2011).
⁴³CB, "Central de Abastecimiento y Terminal de Transporte para Bogotá", Registro municipal, no. 468, 173.
⁴⁴CB, "Contrato 025 de 1958", Anales del Concejo de Bogotá, no. 275, 1093-1094.
⁴⁵CB, "Proyecto de acuerdo 14 de 1970", Anales del Concejo de Bogotá, no. 1101, 271.
⁴⁶Kilian Guarín, "Impresionante inauguración de Corabastos", El Tiempo [Bogotá], 21 de julio, 1972, 1B.

Bibliografía

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