Tramas entre paramilitarismo y palmicultura en Colombia

Weaves between Paramilitary Groups and Oil Palm Cultivation in Colombia

Tramas entre paramilitarismo e palmicultura na Colômbia

Flor Edilma Osorio Pérez
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) fosorio@javeriana.edu.co

Fecha de recepción: 21 de febrero de 2015 Fecha de aprobación: 17 de abril de 2015 Disponible en línea: 30 de agosto de 2015

Cómo citar este artículo

Osorio Pérez, Flor Edilma. «Tramas entre paramilitarismo y palmicultura en Colombia». Memoria y Sociedad 19, n.° 39 (2015): 11-28. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mys19-39.tppc

Resumen

¿Cuáles son los entramados que articulan al paramilitarismo con la palmicultura de aceite? Esta es la cuestión que orienta al texto, fruto de una indagación documental frente a la realidad de despojo encontrada en diversas zonas rurales del país, y que dadas las condiciones de impunidad, corrupción y continuidad de la guerra, resulta en ocasiones difícil de comprobar. Para ello se profundizó en dos zonas del país: la Orinoquía, con énfasis en los departamentos del Meta y Casanare y el Chocó. La investigación permitió identificar etapas y ciclos de intervención paramilitar con severos impactos en la preservación de los derechos humanos, al producir -entre otros- el despojo y destierro de las comunidades. Además, estas circunstancias se cruzan con dinámicas económicas legalizadas, como lo son los proyectos de palma aceitera y otras estrategias orientadas a dominar y expoliar a los pobladores rurales, particularmente campesinos y afrodescendientes.

Palabras clave: palmicultura; paramilitarismo; destierro; despojo; conflicto armado

Abstract

What are the connections that articulate pa-ramilitarism with oil palm cultivation? This is the question that guides this text, which is the result of a documentary research on the dispossession found in several rural areas of the country. However, this reality is sometimes difficult to prove because of the conditions of impunity, corruption and war-continuity. For doing this, the study focused on two regions of the country: the Orinoquia, with emphasis on the departments of Meta and Casanare, and Choco. The investigation identified stages and cycles of paramilitary intervention with severe impacts on the preservation of human rights, producing —among others— dispossession and communities exile. Moreover, these circumstances are crossed with legalized economic dynamics, such as oil palm projects and other strategies to dominate and plunder rural people, especially peasants and people of African descent.

Keywords: oil palm cultivation; paramilitarism; banishment; plunder; armed conflict

Resumo

Quais os enredos que articulam o paramilitarismo com a palmicultura de azeite? Esta é a questão que orienta o texto, fruto de investigação documental, diante da realidade da espoliação encontrada nas diversas zonas rurais do pa's e que, dadas as condições de impunidade, corrupção e continuidade da guerra, resulta em ocasiões dif'cil de comprovar. Para isso aprofundou-se em duas zonas do pa's: a Orinoquia, com ênfase nos departamentos de Meta e Casanare e em Chocó. A pesquisa permitiu identificar estágios e ciclos de intervenção paramilitar com severos impactos na preservação dos direitos humanos, ao produzir —entre outros- espoliação e desterro das comunidades. Além, estas circunstancias en-trecruzam-se com dinâmicas económicas legalizadas, como são os projetos de palma azeiteira e outras estratégias orientadas a dominar e espoliar os povoadores rurais, particularmente camponeses e afrodescendentes.

Palavras-chave: palmicultura; paramilitarismo; desterro; espoliação; conflito armado

Colombia proyecta tener sembradas para 2020 tres millones de hectáreas de palma aceitera. Con las legitimidades de orden ambiental -bajo la promesa de un potencial mercado que favorecerá desarrollos regionales significativos para las deprimidas zonas rurales del país-, la palma aceitera es en una apuesta fundamental del plan de desarrollo nacional en lo que va del siglo XXI. Esta dinámica agroindustrial e inversionista para el campo se expande en medio del escalonamiento del conflicto armado, producido, entre otros factores, por las alianzas de los grupos paramilitares con las economías regionales lícitas e ilícitas y con las estructuras políticas a todas las escalas, llevando a la reconfiguración cooptada del Estado, en la que intervienen actores legales e ilegales que buscan sus intereses individuales por encima del bien colectivo¹. ¿Qué entramados articulan a los actores ilegales armados —como los grupos paramilitares— con las actividades legales productivas como el cultivo de la palma de aceite? Esta es la cuestión que aborda el texto para ofrecer algunas respuestas a partir del análisis en dos regiones del país.

La economía política ha puesto en evidencia el papel de ciertos recursos para financiar las rebeliones. Así, por ejemplo, los diamantes, el petróleo y los cultivos de uso ilícito² sobresalen como dinamizadores y prolongadores de las nuevas guerras en escenarios de debilidad estatal que favorecen su desintegración³. Los productos agrícolas lícitos, sin embargo, no figuran mucho en tales circuitos. Reconociendo la utilidad de dichos estudios, estas reflexiones van por otra vía. Por una parte, los vínculos que se quieren comprender van más allá de los recursos económicos, para situarse en campos materiales y simbólicos del poder político y social; por la otra, los actores armados que consideramos no son rebeldes, sino que, por el contrario, son defensores y aliados del Estado y del modelo económico vigente.

La sospecha sobre una relación importante entre la expansión acelerada del cultivo de la palma y el papel de la dinámica paramilitar en el caso colombiano no es una invención. Las noticias de prensa, los relatos de personas desterradas en diferentes lugares y algunos análisis regionales han identificado y documentado dicho vínculo que no supone la inclusión de todo el gremio palmero. Goebertus⁴ se ocupa del municipio Zona Bananera, en Magdalena, y señala tres trayectorias paralelas en términos de la incidencia del cultivo de la palma de aceite y el desplazamiento forzado: i) la financiación de grupos paramilitares por empresarios palmeros vía extorsión, que los potencia en su labor de destierro en medio de la ausencia estatal; ii) el cambio de sistema de producción en el municipio, de banano a palma, generó desempleo, migración y reducción de seguridad alimentaria; iii) los incentivos gubernamentales para el cultivo de la palma han fomentado la usurpación de tierras para este fin, provocando desplazamiento forzado. La autora insiste en la necesidad de «una presencia institucional más ambiciosa» para que el cultivo de palma no genere desplazamiento forzado⁵.

Ocampo afirma que pese a la contribución que han hecho los empresarios por medio de extorsiones es desproporcionado asociarlos con el financiamiento del conflicto «más allá de casos particulares»⁶. Sobre los conflictos por la ocupación de la tierra, señala tres formas: i) la coacción física para desterrar poblaciones y ocupar la tierra con cultivos de palma; ii) el traslape de cultivos preestablecidos con territorios colectivos de población afro; iii) los conflictos de titulación con quienes son poseedores o cambian de decisión frente al cultivo de la palma: «Si bien la palma no genera desplazamiento por sí misma, su dimensión económica [...] puede generar incentivos para hacerlo»⁷. Por ello, la palma puede servir para promover la paz y también el destierro, según la estructura institucional regional y la agencia individual. Resumiendo, para este autor hay «propensión» del cultivo para provocar despojo y destierro, pero estos impactos no son generalizables y se pueden regular con el fortalecimiento institucional estatal.

Desde otra perspectiva, Otálora afirma que los actos violentos «acondicionan el territorio para permitir su control, exploración y explotación»⁸. Pero entonces, ¿quién o quiénes promueven los actos violentos? Para el caso que nos ocupa, los dueños del capital pueden aparecer como víctimas de la presencia paramilitar, teniendo que someterse a las extorsiones, o como usufructuantes y estimuladores del paramilitarismo dados los beneficios económicos que les reporta el control y dominio territorial para sus propios intereses. Sin embargo, algunas investigaciones señalan una relación en la que los dueños del capital utilizan, contratan y se apoyan en los grupos paramilitares para avanzar rápidamente en sus intereses de despojo. Si bien este es un campo de «zonas grises», es importante tener en cuenta responsabilidades ampliadas que con frecuencia superan a los actores armados —autores materiales de los hechos—, mostrando otros responsables que posiblemente no figuran como tales, perpetuando una impunidad de vieja data. Igualmente caben alianzas mancomunadas en las que las subordinaciones entre empresarios y paramilitares no son tan claras, e incluso en las que una sola persona es a la vez empresario y paramilitar.

En este panorama no parece muy evidente la ausencia estatal, ni siquiera su debilidad. Lo que se ha encontrado en los estudios es una institucionalidad relativamente fuerte, cooptada por intereses empresariales, que actúan en el marco de políticas nacionales y orientaciones alineadas en una concepción excluyente, autoritaria y militarista. Es desde tales instancias fortalecidas con la acción militar que se decide intervenir para privilegiar la vía agroindustrial y la dinámica paramilitar, sin importar su costo social o asumiéndolo como un precio necesario frente a los promisorios caminos de la paz y del progreso. De hecho, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática buscó dar un salto estratégico a través del Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI) —conformado de manera sustantiva por los mandos militares— en una clara apuesta para que la fuerza militar se consolidara en el territorio nacional, encargándole algunos servicios sociales y de organización social⁹.

En la construcción del consenso liberal, que conjuga entre otros el consenso económico neoliberal y la configuración de un Estado débil, se sitúa un dilema que puede ayudar a comprender la dinámica colombiana: «solo el Estado puede producir su propia debilidad por lo que es necesario tener un Estado fuerte capaz de producir eficientemente, y de asegurar con coherencia, esa debilidad»¹⁰. Sin embargo, una vez debilitado, el Estado no podrá controlar su debilidad. En esa línea de análisis podría decirse que estamos ante un proceso de fortalecimiento del Estado colombiano a través de su militarización legal e ilegal, que se impone sobre la sociedad a través de la represión y el control¹¹, al tiempo que se debilita en su papel de regulador de los intereses de la sociedad nacional. Situados en la dimensión sistema-mundo y desde una perspectiva histórica, en Colombia, al igual que en muchos otros países, la incompatibilidad entre liberalismo y democracia muestra una constante tensión nada abstracta que se presenta a través de dilemas y opciones políticas constantes¹². El acaparamiento de la riqueza mundial por unos pocos no ha sido, y seguramente no será, un proceso pacífico. De hecho, el capitalismo ha surgido en medio y gracias a la coerción y la violencia. El auge del corporativismo en el marco del libre mercado contemporáneo ha sido posible en medio del shock, es decir de las crisis provocadas o aprovechadas que dejan en situación de vulnerabilidad y desprotección a las personas para reaccionar. En estas condiciones sociopolíticas, la imposición de cambios estructurales se facilita y optimiza¹³.

Con estos planteamientos de fondo, la discusión se desarrolla en cuatro secciones. La primera se ocupa de las relaciones entre el paramilitarismo y la dinámica expansionista de la palma de aceite, reconfigurando la Colombia rural. La segunda y tercera se centran en una mirada regional, en el Chocó y la Orinoquía, respectivamente; se trata de dar cuenta de los procesos de incursión de la alianza paramilitarismo y palmicultura, así como de sus impactos en el despojo y el destierro. La última sección recoge algunas reflexiones transversales de estos procesos. En el marco de una complejidad que lo desborda y supera, este texto se inscribe en el desafío de dar cuenta de la historia reciente, con vertiginosos cambios aparentes y pesadas continuidades que esconden la vergonzosa tramoya que la sostiene.

Palmicultura, despojo y reconfiguración rural en medio de la guerra

El conflicto armado colombiano alcanza más de medio siglo, con diversas expresiones, actores y dinámicas. Mirado en el largo plazo encontramos encadenamientos subrepticios y rupturas históricas aparentes, sin que se haya dado un cese definitivo. En la segunda mitad del siglo xx, podemos diferenciar tres etapas del conflicto armado sin fronteras muy nítidas ni en su temporalidad, ni en su caracterización: la Violencia bipartidista, aproximadamente entre 1946 y 1964; el surgimiento y consolidación de guerrillas de izquierda, entre 1965 y 1985; y la complejización, intensificación e internacionalización del conflicto armado, a partir de 1985. En todos estos momentos han estado presentes la fuerzas parainstitucionales de violencia, con diferentes denominaciones, formas de organización y relaciones con sectores legales de la sociedad¹⁴.

El paramilitarismo de finales del siglo XX ha sobresalido por su dinámica y organización de orden nacional, por sus proyectos políticos y su articulación con personajes e instancias legales e ilegales, que le confieren un lugar privilegiado en la profundidad y alcance con que han dominado el territorio. A comienzos de 2010 el Gobierno nacional insistía en negar la vigencia del paramilitarismo, aduciendo el impacto desmovilizador que se dio en el marco de la Ley 972 de 2005¹⁵, mientras muchas evidencias mostraban continuidades en sus prácticas de operación, tipo de negocios y lugares estratégicos de acción¹⁶.

Los procesos de surgimiento y control paramilitar, así como el tipo y grado de dominación, han tenido características diferenciadas según las regiones. Articulando y ajustando las propuestas de Sarmiento¹⁷ y Rangel¹⁸, se identifican tres etapas generales hacia la dominación armada, así como las relaciones entre un grupo armado, la población y la economía regional.

• Incursión predatoria: el vínculo es poco o inexistente, se centra en lo criminal y lo económico y tiene poca fuerza política. La presencia es esporádica con prácticas delictivas. Se caracteriza por enfrentamientos armados, destrucción de la base social y demostración de la capacidad de dominio mediante el uso extremo de la fuerza.
• Consolidación y vínculo parasitario: se fundamenta en la etapa anterior, buscando apoyo y articulación de la población al nuevo orden, tanto a nivel privado como público. Avanza la extracción de recursos y su control, así como los vínculos basados en la presión y la intimidación, ganando apoyos activos y pasivos a través del pago de servicios. Es un tiempo de fuerte control de los pobladores.
• Legitimación y vínculo simbiótico orgánico: supone la construcción y perpetuación de las estructuras políticas, económicas y sociales que garanticen el dominio en el territorio. En el marco de la debilidad estatal se integra funcionalmente el grupo armado en las actividades legales e ilegales de tipo económico y también en la vida total de la sociedad, incluyendo el monopolio de la fuerza, la recaudación de impuestos y la vida política. El poder ganado por la fuerza se sostiene a través de la legitimidad establecida.

Estas etapas no se dan de manera lineal ni excluyente sino que se superponen, van y vienen, según las dinámicas regionales. Así, el avance en el proceso de legitimación no significa la ausencia de las relaciones parasitarias, pues necesita alimentarse con la depredación y el terror hasta alcanzar su mayor estabilidad en la fase simbiótica, en la que la dominación está suficiente y profundamente incorporada a la vida local y regional.

La apropiación del territorio local y regional pasa tanto por la capacidad militar, como por las ofertas que vuelven a la sociedad local en una dinámica de ciudadanía impuesta¹⁹. El Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano²⁰ se refiere a seis ofertas centrales que los grupos armados ilegales hacen a las poblaciones: seguridad, resonancia cultural y administración de justicia, movilización ciudadana, amparo de las ilegalidades e infraestructura, y servicios sociales. Muchas de ellas corresponden a las ofertas que se esperan y no reciben del Estado, lo cual favorece la legitimidad buscada desde su ilegalidad, sin que por ello, en el caso de los paramilitares, se vaya en contra de la institucionalidad y más bien se aproveche para justificar su papel. Ese vínculo lo muestra Vicente Castaño, dirigente paramilitar, quien señalaba en 2005 que

En la región de Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí a los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado solo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes²¹.

El avance y consolidación paramilitar, junto con el control de tierras y territorios, data de comienzos de la década de los ochenta e incluso mucho antes para algunas regiones. «Lo que antes era solo el poder del dinero se convertiría en un poder integral donde se mezclaba la ascendencia sobre la producción económica, el juego político e, incluso, las fuentes de prestigio social»²². Amparados en la legitimidad construida desde diferentes ámbitos para acabar con las guerrillas de izquierda como único enemigo del país, sin importar su costo, diversos sectores de la vida política, económica y social se aliaron y utilizaron el poder de los grupos paramilitares, a la vez que contribuyeron a legitimarlos y fortalecerlos como parte integral del régimen o, por lo menos, como un mal menor para este.

El control territorial ha requerido el afianzamiento de la economía de mercado en el ámbito rural y la concentración de la tierra a través de la reactivación de sectores tradicionales como la ganadería extensiva y la implementación de cultivos agroindustriales -la palma, entre otros- y la explotación minera. Ello facilitó el surgimiento de «autoritarismos subnacionales»²³, con los que las élites de la periferia acentúan el autoritarismo, el control territorial y capturan el poder local.

La acción guerrillera, presente en muchos rincones del país, se constituyó en la justificación de los proyectos militaristas de derecha, configurando como gran y único enemigo nacional a un gran espectro que incluyó a fuerzas políticas de izquierda democrática y líderes sociales. Desapariciones, asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, por más de dos décadas, han desgarrado miles de procesos colectivos tanto regionales como locales y millones de vidas familiares e individuales, cuyas historias apenas empiezan a ser escuchadas. El escenario de verdad, justicia y reparación que resarza en profundidad la deuda acumulada con las numerosas víctimas exige develar los sinuosos y dinámicos circuitos de intercambio entre sectores y capitales legales e ilegales, así como la responsabilidad de políticos, militares, empresarios y otros actores que siguen encubiertos. Uno de ellos es la palmicultura.

Ahora bien, los cultivos de palma están muy respaldados por la política gubernamental que se impulsó desde el gobierno de Pastrana en 1998. A través de las alianzas estratégicas o asociaciones productivas, y con apoyo del Banco Mundial, este nuevo modelo configuró un reemplazo exitoso y competitivo de la cuestionada estrategia del mercado subsidiado de tierras²⁴. La palma ha tenido un crecimiento continuado desde mediados de la década de los sesenta. Los dos periodos del gobierno Uribe (2002-2010) fueron muy efectivos en continuar y consolidar este monocultivo como eje central de la política agraria y dinamizador de la economía rural y nacional.

Muchos incentivos se han puesto al servicio de esta intención. Según el Alto Consejero Presidencial para la Competitividad y las Regiones, en la promoción de la producción de biocombustibles en el país, el Ministerio de Agricultura ha puesto a disposición de los inversionistas instrumentos financieros para el desarrollo de nuevos proyectos de cultivo y transformación de biocombustibles, así como también ha priorizado la inversión en investigaciones que permitan mejorar los rendimientos de las diferentes biomasas para su conversión en biocombustibles²⁵.

Igualmente, a través —del Agroingreso Seguro (AIS), programa de crédito no reembolsable —duramente cuestionado porque sus beneficiarios son los grandes propietarios de tierra²⁶— se han facilitado ingentes recursos para el establecimiento del cultivo y los procesos de transformación. En 2013, la palma hacía presencia en más de 120 municipios de 16 departamentos, en los que la región oriental era la más representativa, con una participación del 40%²⁷.

Con la promesa de beneficios económicos, ambientales y sociales, los agrocombustibles —entre ellos la palma— entran por la puerta grande de los caminos promisorios hacia el despegue de la actividad agrícola para muchos países del sur, Colombia entre ellos. Sus múltiples beneficios sobre la protección del medio ambiente y la producción limpia, la deforestación, el desarrollo rural y el hambre, entre otros, han sido cuestionados²⁸. Su impulso parece situarse menos en la problemática ambiental y más en una respuesta a la «crisis de rentabilidad y acumulación del capital de las grandes corporaciones financieras e industriales de los países industrializados y del centro»²⁹. Esto corresponde a una segunda acumulación originaria de capital³⁰ generada en la apropiación de la tierra y el desplazamiento de la fuerza de trabajo del campo hacia las ciudades durante el periodo bisagra de los siglos XX y XXI. Pero además, en un país en conflicto armado como Colombia, la palma cumple muchas otras funciones: es muro de contención físico, social y político para la influencia guerrillera³¹, permite legalizar capitales del narcotráfico y, por supuesto, expandir el poder económico, militar y político de las nuevas élites.

Guerra y capital, de manera individual y en alianza, han incursionado para disputar territorios habitados por diversos pobladores rurales en el país. Su accionar ha sido amplio y exitoso si se miran las escandalosas y dolorosas cifras de desplazamiento forzado, asesinatos, masacres y usurpación de tierras. Pero su impacto se sitúa en dimensiones múltiples y profundas que atañen al sentido profundo del ser y de la vida, y que ubica a los sobrevivientes, individual y colectivamente, en las márgenes de la sociedad colombiana.

Despojo y destierro condensan la complejidad y profundidad de los impactos que la guerra y el capital producen en los pobladores rurales. La reconfiguración rural por medio de la guerra y la expansión agresiva y excluyente de la palmicultura que, más allá de la tierra, implica la acumulación y despojo de otros bienes y recursos como el agua, el bosque, la fauna y flora, entre otros, se superpone sobre una secular exclusión política, económica y social, que se concreta en los fuertes desequilibrios entre el campo y la ciudad:

Por ingresos, el 83,9% de la población rural es pobre frente al 59,9% de la urbana, mientras por NBI lo son el 44% rural y el 13,4% urbano, es decir que mientras hay 1,6% pobres rurales por ingresos por cada pobre urbano, esa proporción se incrementa a 3,3 pobres en el campo por un urbano cuando de NBI se trata³².

La exclusión continua de muchas poblaciones del sector rural, vista como una forma de violencia estructural, se concreta de manera cotidiana en el hambre: el 41% de los hogares colombianos se encuentra en inseguridad alimentaria, y los hogares rurales son los más afectados, al situarse en el 58,3% con 23 puntos porcentuales por encima de las áreas urbanas. Ente 1998 y 2002 cerca de 40.000 personas murieron por causas asociadas al hambre y, considerando como causa básica el hambre, hubo 6,5 defunciones por 100.000 habitantes. La mayor probabilidad de muerte por desnutrición se da en territorios de alta productividad agroindustrial, minera y petrolera, es decir donde se impulsan los denominados proyectos de desarrollo económico³³.

Mientras se abren las puertas a la inversión de la agroindustria palmicultora como motor de desarrollo rural, muchos moradores del campo han tenido que desplazarse a los cascos urbanos y las ciudades en medio de un empobrecimiento profundo, articulándose a procesos de proletarización en las condiciones más precarias. Un estudio de la Comisión de Seguimiento señala que,

En materia de alimentación de la población desplazada incluida en el [Registro Único  de Población Desplazada] (RUPD) es crítica, al menos en términos de la suficiencia alimentaria. En efecto, por falta de alimentos o de dinero  un 51,9 % de esta población presentó algún indicio de alimentación insuficiente durante la semana anterior a la encuesta y un 42% dejó de consumir cuatro o más desayunos, almuerzos o comidas en dicho período³⁴.

El Programa Nacional de Alimentos (PMA) ha calculado que la población desplazada consume apenas el 47% de los requerimientos energéticos y un 84% de los proteínicos, y los menores de cinco años tienen una desnutrición crónica de 4 puntos por encima de la media nacional. El 87% de estos hogares se encuentran en inseguridad alimentaria y el 9,7% de las mujeres gestantes sufre de anemia³⁵.

Hasta aquí una perspectiva de orden nacional que muestra la reconfiguración rural basada en el despojo y el destierro que produce el conflicto armado colombiano, y que sitúa al paramilitarismo y a la expansión de la palma de aceite como impulsores de dicho proceso.

En los dos siguientes apartes haremos un abordaje regional en dos zonas del país: el departamento del Chocó y la región de la Orinoquía, con especial énfasis en Meta y Casanare. Aunque sus procesos de poblamiento, recursos y dinámicas económicas son diversos, en ambas zonas se teje un entramado particular y exitoso de los grupos paramilitares con intereses empresariales de la palma. En esa interacción marcada por la violencia y el despojo, se imponen modelos económicos mientras se eliminan poblaciones y culturas afrocolombianas, indígenas y campesinas. Así, se siguen superponiendo «como en una estructura geológica, los nuevos conflictos de la sociedad moderna empresarial y urbana, a los viejos problemas no resueltos del mundo rural y tradicional del colono y del campesino; todo ello en un contexto de muy débiles regulaciones institucionales»³⁶.

El Pacífico chocoano: despojo en territorios colectivos étnicos

Situado en la margen noroccidental del país, el departamento de Chocó tiene 31 municipios y cinco subregiones marcadas por su relación con el Pacífico y con los ríos que lo surcan, en particular el Atrato y el San Juan. Numerosos afluentes y caños dibujan redes caprichosas en todo su territorio que se constituyen en las principales vías de transporte. Cuenta con 441.395 habitantes³⁷, la mitad de los cuales se ubican en el sector rural y se distribuyen en 423.098 km². Tiene una fuerte dinámica étnica: el 85% es afrodescendiente, el 9,2% es indígena y el resto, mestizos. Secularmente excluidos, los chocoanos alcanzan unas necesidades básicas insatisfechas (NBI) de 82,8%, mientras el promedio del país está en 45,6%.

A partir de los años setenta se gesta un proceso organizativo de los pobladores afro, cuya bandera de lucha es la diferencia cultural. Se buscó así, por una parte, resistir las transformaciones económicas promovidas por el gran capital y, por la otra, hacer parte activa en el proceso de reforma constitucional, en 1991, con la Asamblea Nacional Constituyente³⁸. Esa nueva Constitución «otorgó derechos sin precedentes a las minorías étnicas y religiosas [.] Para las comunidades negras del Pacífico, esta fue una oportunidad única para construir su identidad bajo el principio de exigencias y propuestas culturales, políticas y socioeconómicas»³⁹. La Ley 70 de 1993 consagra los derechos culturales y territoriales de las comunidades negras y establece a la vez «una agenda de proyectos por cumplir y unos escenarios de participación institucional y de representación legal»⁴⁰.

La dinámica económica chocoana se caracteriza por ser extractiva y se basa en la madera, la tagua, el caucho, los minerales, y múltiples riquezas que no han representado mayores beneficios para la región. El Chocó ha sido fuertemente influido y dominado por fuertes flujos migratorios y económicos de la región antioqueña. De hecho, la zona norte del Chocó -en el golfo de Urabá sobre el Atlántico- es claramente producto de una gran inversión de capital antioqueño en la agro-industria del banano:

En Urabá, el poblamiento [...] se volvió avalancha desde la mitad de este siglo a raíz de la terminación de la carretera que une a la región con Medellín, pero más específicamente como resultado de la producción empresarial del banano y de la palma africana para la extracción de aceites. De esta manera los colonos pobres fueron subyugados primero por quienes explotaron el bosque natural y después por los grandes empresarios del banano y la palma africana, quienes bajo la modalidad de capitalismo salvaje, los desalojaron de sus tierras y los convirtieron en asalariados, en obreros industriales⁴¹.

En este proceso económico, la guerra encontró un nicho fructífero usado tanto para disminuir la influencia de los grupos guerrilleros como para frenar la influencia y el peso significativo de la dinámica sindicalista de la región a través de grupos paramilitares provenientes de la región de Córdoba. Se impuso así una guerra sucia: se asesinó y masacró a miles de personas, entre ellas sindicalistas, líderes comunitarios y profesionales, con alguna adhesión a ideales de izquierda, sin que mediara una confrontación armada entre ejércitos.

En medio de convulsionados procesos de paz con el Ejército Popular de Liberación (EPL), y del paso de ex combatientes de esta guerrilla a grupos paramilitares, la situación en la región se agudizó con interminables amenazas, masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados que contaron con el apoyo tácito y explícito de sectores militares⁴². La guerra avanzó del norte hacia el centro y el sur del Chocó. La dominación armada paramilitar se concentra en el norte por el Bloque Elmer Cárdenas y en el sur por el Bloque Calima. El Pacífico se convierte en un campo de muerte y dolor, mientras se afirma su calidad de territorio geoestratégico ante la posibilidad de abrir el canal Atrato-Truandó y la troncal de la selva, que uniría la carretera panamericana con Panamá, entre otros proyectos. Simultáneamente, se empiezan a dar algunos frutos de la titulación colectiva de territorios para comunidades afrocolombianas. Así, la concentración del conflicto armado en el Chocó se corresponde en el tiempo y el espacio con el avance de las luchas y los procesos de titulación colectiva de sus territorios. La presión armada que se ha ejercido contra la población obstaculiza la práctica de los mecanismos legales previstos y, sobre todo, cumple con atemorizar, asesinar o desplazar a las comunidades que van a usufructuar tales territorios⁴³.

Solo a finales del siglo XX, y por la vía de la guerra, el Chocó fue incluido en la sociedad nacional a través de la invasión de diversos ejércitos⁴⁴. Las historias individuales y colectivas de los pobladores afro fueron marcadas por el incendio de sus poblados, masacres, descuartizamientos y desplazamientos forzados, que concretaron la fase predatoria. Entre 1996 y 1997, el Chocó fue el único departamento con una alta intensidad en desplazamiento forzado, representando más del 30% del total de su población en término de hogares con vínculo rural⁴⁵. En 2002, la usurpación de territorios colectivos para implantar un proyecto económico-militar de tipo agroindustrial basado en la palma de aceite marca el paso hacia la consolidación y legitimación paramilitar. Para ello se emplearon dos estrategias: el trabajo asociativo y la presión para vincularse a tales proyectos. En el primer caso, los paramilitares impulsaron la creación de grupos asociativos de trabajadores, promovieron la conformación de tiendas locales y apoyaron centros de servicios básicos como centros de salud en las comunidades. De esta manera, crearon condiciones de lealtad derivadas de los múltiples favores de orden material y simbólico, que se constituyen en «deudas» y en relaciones de autoridad y dependencia. Según esta lógica, los paramilitares dejan como única alternativa para los pobladores que desean permanecer en la zona la adhesión a los proyectos económicos que ellos patrocinan, dividiendo y atentando contra organizaciones comunitarias, indígenas y afrocolombianas existentes⁴⁶. El Bloque Elmer Cárdenas promueve el Plan Alternativo Social (paso), que «busca constituir en líderes de desarrollo comunitarios y regional»⁴⁷ a sus miembros, a través de sus proyectos agroindustriales centrados prioritariamente en la palma de aceite.

 El informe de la visita del Incoder en 2005⁴⁸ determinó que el 93% de cultivos, de cuatro de las más grandes empresas, se levanta en tierras de comunidades negras. Recursos del Banco Agrario y de la Agencia para el Desarrollo Internacional han sido destinados a la financiación de estos proyectos. Los empresarios señalan que «fuimos comprando con título en mano, algunos dijeron que no. Nadie fue obligado. Nos presentaban al vecino y se fue armando como una telaraña»⁴⁹. En estas dos cuencas, el Bloque Elmer Cárdenas asesinó a cerca de 120 personas y desplazó a cerca de 1500. El vínculo entre grupos paramilitares y empresarios ha ido quedando al descubierto aunque sigue impune. La lucha antiguerrillera se constituyó en la justificación para legitimar los procesos de concentración y control de la tierra a partir del despojo. Además, no solo lograron «que la Fuerza Pública brindara seguridad al monocultivo de palma sino que las operaciones de los integrantes (los paramilitares) pasaran desapercibidas y pudieran moverse con plena libertad en la región»⁵⁰. Con todas estas alianzas el proceso de destierro y despojo tenía muchas ventajas a su favor.

Las estrategias implementadas para la apropiación de estos territorios fueron diversas: la suscripción de contratos de compraventa de mejoras, las cuales carecen de validez jurídica porque están prohibidas por ley; la suscripción de contratos de usufructo con personas que actúan a nombre de concejos comunitarios sin tener facultades ni autorización para ello; la suscripción de actas de compromiso con miembros de concejos sin autorización de la asamblea; los acuerdos con las fuerzas militares, especialmente de altos mandos que participan en reuniones con las compañías y actúan a nombre de las comunidades; el desarrollo de «alianzas estratégicas» también con modalidad contractual y firmada por simulados representantes de los concejos y con presencia de pobladores que, en algunos casos, han sido presionados para participar; el desarrollo de trámites con documentación pública y privada irregular — como las licencias ambientales que otorgan, de manera aparente, la legalidad del procesos—, y la falsedad en documentos públicos y privados⁵¹.

Las presiones sobre la población continúan. Así lo denuncia un comunicado de abril de 2007 que señala con detalle las presiones por parte de la Brigada 17 que, en presencia de funcionarios delegados del Gobierno central, designan un líder comunitario con el cual definen los acuerdos sobre territorios y proyectos colectivos, desconociendo y enfrentando otros liderazgos existentes, al tiempo que determinan condiciones para el uso de la tierra. En diciembre de 2009, y luego de que varios líderes fueran asesinados, el Tribunal Administrativo del Chocó dio un mes de plazo para que las empresas invasoras desalojaran y se restituyera el pleno dominio a las comunidades. Este hecho, que a primera vista puede parecer un triunfo de la justicia, genera grandes interrogantes, dada la fuerte influencia de los intereses palmeros en las organizaciones. Así, el nuevo concejo comunitario podría optar por una entrega formal que mantenga las relaciones de uso y usufructo del territorio de los empresarios de la palma.

A finales de 2014 una juez de Medellín condenó a 16 empresarios implicados en este caso. El fallo afirma que el apoyo de ellos fue fundamental para el desarrollo del proyecto paramilitar y para el desarrollo del proyecto palmicultor, situación que va de la mano con la tala de árboles, el secamiento y desvío de ríos, y la muerte o huida inevitable de especies animales que habitaban allí. Esta segunda condena define penas de cárcel entre los siete y los diez años por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica; igualmente, ordena a las instituciones especializadas a realizar las labores pertinentes para que las tierras de la región del Jiguamiandó y Curvaradó, donde se implantó este proyecto agroindustrial, regresen a las comunidades afro agrupadas bajo la figura de consejos comunitarios⁵². Este caso muestra que la guerra es solo una de las estrategias implementadas para irrumpir y recuperar el gran capital de los territorios colectivos.

La Orinoquía: represión y saqueo en medio de aparente disponibilidad de tierras

La Orinoquía se extiende por una vasta llanura que comunica las fronteras con Venezuela e incluye múltiples subregiones y varios departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Guainía. Alcanza los 230.967 km² y se acerca a 1.500.000 habitantes, que se ubican especialmente en el piedemonte llanero y cabeceras municipales. Estas características son utilizadas para posicionar un discurso de maximización económica de la región⁵³, promoviendo la imagen de un territorio vacío —sin historia y sin moradores— en la perspectiva de tierras marginales.

Sin embargo, en dicho territorio habitan diversos grupos indígenas que, pese a los procesos de exterminio en el siglo xx, corren riesgos similares por el despojo. La región ha tenido rápidas transformaciones a partir de mediados del siglo pasado con la ampliación de la frontera agrícola. Especialmente en el Meta, la colonización fue orientada, tanto institucionalmente, como por la naciente guerrilla de las faro, a lo que se denominó la colonización armada. La región tiene extensas zonas sembradas en coca. En 2001 se detectaron más de 50.000 hectáreas, representando casi la tercera parte del total sembrado en el país. Las fumigaciones aéreas desplazaron alrededor de 39.397 personas durante 2002, equivalente al 15% del total de la población expulsada en el país⁵⁴.

La riqueza de este territorio es indudable: «En los últimos 20 años, 380 mil personas llegaron del interior para quedarse allí [...] y se pusieron en operación dos gigantescos campos petroleros y casi 70 contratos de exploración»⁵⁵. La titulación de la tierra en la región, en los últimos 25 años, se ha acelerado, en una muestra de la ampliación de la frontera agrícola que alcanza ya los 10 millones de nuevas hectáreas: Arauca pasa del 9% al 100% de predios titulados; Casanare del 4% al 86%; en Vichada se han titulado cerca de 750 fincas de más de mil hectáreas⁵⁶. La compra masiva de grandes extensiones de tierra se constituye en otra forma de colonización que podemos denominar colonización empresarial o del gran capital.

Desde comienzos de la década los noventa, el Meta fue azotado por la persecución paramilitar a líderes del partido Unión Patriótica (up). La guerra sucia hace su aparición como una estrategia para frenar la influencia de este partido de izquierda, con más de 300 asesinatos registrados a partir de 1985, que cumplieron su cometido: mientras en las elecciones de 1986 la up alcanzó cerca del 25% de la votación total para la Asamblea, obteniendo la mayor votación en 7 municipios, en 1988 se redujo en un 28% su votación para la Asamblea y obtiene solo 4 alcaldías. En 1990, la votación se reduce a un 50% de la lograda en 1988 y mantiene dos alcaldías: Mesetas y El Castillo. Para 1991, solo logra un 5% de lo que fuera su votación en 1986 en la Asamblea⁵⁷. La Tercera Cumbre Nacional del Movimiento de Autodefensas Campesinas de Urabá y Córdoba, a finales de 1996, define la «recuperación de territorios en los Llanos orientales y sus intenciones de confrontar a la guerrilla en sus propias regiones»⁵⁸, la cual un año más tarde se programa como «arremetida final» con apoyo financiero de los cocaleros de la zona. Allí se ubica la dolorosa masacre de Mapiripán —ocurrida a mediados de julio de 1997— cuyas víctimas se aproximan al medio centenar⁵⁹. Concentrados en las cabeceras municipales, y con la cooperación de las elites locales, adquirieron poder en las administraciones municipales, pasando de la incursión a la consolidación. La confrontación armada con la guerrilla se expresó en la agresión a la población civil, con muchos asesinatos, masacres, desplazamientos forzados y desapariciones, que constituye una larga fase predatoria y de consolidación.

Pero además Meta y Casanare vivieron a comienzos de esta década una alta confrontación entre grupos paramilitares rivales⁶⁰, específicamente entre el Bloque Centauros -proveniente de la zona de Urabá y comandado por Miguel Arroyabe- y las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV), en alianza contra las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) cuyo jefe era Martín Llanos⁶¹. «Tierra, cultivos ilícitos, extorsión y renta petrolera explican el por qué de la disputa armada entre facciones paramilitares»⁶².

Aunque cerca de cuatro mil combatientes de los grupos de la región se desmovilizaron en el marco de la Ley 975, su ausencia no es muy evidente. El proceso se ha cumplido de manera parcial: por un lado, las fuerzas de Martín Llanos no se desmovilizaron y se han rearmado; por otro, al igual que en el resto del país, las bandas emergentes se han reagrupado y redistribuido en el territorio, imponiendo una agresiva influencia. Su articulación con las economías locales legales e ilegales se ha hecho a través del impuesto a productores y comerciantes de coca, de la captura de la renta petrolera y de los presupuestos municipales y la imposición de contribuciones y boleteo a grandes, medianos y pequeños empresarios y agroindustriales. Luego de las negociaciones, los desmovilizados del Bloque Centauros han mostrado su intención de convertirse en «agente regional de desarrollo» a través de iniciativas productivas, una de ellas la palma, como «el macroproyecto de cultivo de palma de veinte mil hectáreas, de las cuales dos mil ya están en proceso de siembra»⁶³. Este mismo grupo, que mantiene su vinculación como colectivo aun después de la desmovilización, ha fomentado la creación de varias organizaciones de diversa índole.

Los grupos paramilitares establecen estrategias particulares para interactuar con las estructuras regionales y locales de poder, usando como transacción la protección contra la guerrilla a cambio de apoyo, lo cual les permite avanzar en la legitimación y simbiosis. Dicho intercambio de servicios -que se plantea como la búsqueda del bien general pues se trata de la defensa del orden- se sitúa dentro de un «esquema de seguridad rural autoritaria, rápidamente jerarquizada y con un Estado local subyugado a los intereses de redes ilegales y criminales»⁶⁴. Sin haber ganado la guerra contra la guerrilla de las FARC en los territorios de la Orinoquía, los paramilitares siguen asumiendo la tácita delegación de las fuerzas armadas estatales para la protección de los intereses del capital, luego de haber cooptado los estados locales y de haber afectado a los pobladores rurales empobrecidos y excluidos que han padecido su violenta dominación. A su paso, han penetrado -como en muchos otros lugares del país- las estructuras de poder con alianzas estratégicas.

Tales estrategias se han orientado de varias maneras en el tiempo y el espacio, en una diacronía que se corresponde con las dinámicas allí existentes, estableciendo un control territorial regional que contrarreste el poder de las FARC, pero generando fuertes guerras internas. Ante la aparente enorme disponibilidad de tierras existente, se genera una compra masiva orientada a una neocolonización agroempresarial con apoyo estatal:

Solo contando los últimos diez años estas guerras cruzadas forzaron a por lo menos 142.000 personas a abandonar sus fincas para salvar sus vidas. El despojo en los Llanos Orientales ha sido de tal magnitud, que el 40 por ciento de la tierra que hoy están reclamando los colombianos que han sido despojados como consecuencia del conflicto armado, está en estos dos departamentos, según datos de la Unidad Nacional de Restitución, la entidad creada en el Ministerio de Agricultura por la Ley de Víctimas de 2011. Hasta junio de 2012, Meta registra 808 reclamaciones de restitución por 267.000 hectáreas y Casanare 114 peticiones por 91.000 hectáreas. En total, casanareños y metenses le están solicitando al gobierno que les devuelva 358.000 hectáreas que dejaron tiradas en su huida, o que les fueron despojadas a las malas por los violentos⁶⁵.

Uno de los jefes paramilitares, Daniel Rendón Herrera, alias «Don Mario», precisó en una de sus declaraciones que «12 mil hectáreas en el Meta siguen siendo explotadas por ex paramilitares del Bloque Centauros, de las cuales 4 mil hectáreas están sembradas con palma aceitera» en Mapiripán, Guaviare. Según lo ha documentado la Subunidad de Bienes de Justicia y Paz, dos de estos bienes fueron titulados por el Incoder, por intermediación del representante legal de una cooperativa de palma⁶⁶.

Estos procesos de neocolonización empresarial y paramilitar hacen puente muy rápidamente con una dinámica legal para el acaparamiento de tierras en la Orinoquía. En la Altillanura, que comprende los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, con más de 7 millones de hectáreas, y todo el departamento del Vichada, se ha ido avanzando en la construcción de un «cerrado» colombiano,

Con un plan de explotación económica y manejo ambiental que incluye la acción del mercado en las tierras, el despojo legal y consentido por la institucionalidad, la generación de incentivos a la gran empresa (subsidios, gabelas tributarias, etc.), financiación de bienes públicos (distritos de riego, carreteras, navegabilidad de los ríos Meta y Vichada, etc.), nuevos asentamientos humanos, entre otros. Es decir, todo un plan de largo plazo pensado para los más pudientes emprendedores⁶⁷.

La densidad de estos procesos de usurpación, despojo y destierro son sin duda una evidencia que muestra la funcionalidad y confluencia del conflicto armado y del desarrollo económico hacia procesos de acumulación. A partir de una combinación de diversas estrategias y actores -legales e ilegales-, en una avanzada hacia la ocupación extractivista del gran capital, se anuncia la tan anhelada modernización e integración económica de la Orinoquía al país.

A manera de cierre

Los ritmos, mecanismos y alcances que ha tenido la palmicultura en el Chocó y la Orinoquía, de la mano del paramilitarismo, dan cuenta de un entramado diverso y profundo que ha desarrollado múltiples caminos para insertarse en territorios y economías muy diversos.

Las dos regiones tienen en común su dinámica de poblamiento reciente y fluctuante que se intensifica de manera gradual desde mediados del siglo XX, en el marco del cual se han configurado numerosos municipios y asentamientos, en medio de una clara ausencia estatal en términos de servicios y redistribución de recursos, pero de una presencia militar oscilante según las urgencias de la guerra.

Las diferencias entre las dos regiones son más numerosas y profundas que sus parecidos. En primer lugar, las poblaciones. El Chocó está habitado por población afrodescendiente, con prácticas culturales marcadas por redes familiares ampliadas que se tejen en el territorio a las orillas de los muchos ríos y caños que lo surcan. De allí se derivan y potencian procesos organizativos que lograron incidir en la Constitución del 91 para demandar el reconocimiento de territorios colectivos con un importante nivel de autonomía y gobierno propio. Tales territorios tienen el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles, lo cual los protege legalmente frente al despojo. Y fue precisamente, en sintonía con los primeros resultados en el reconocimiento concreto de algunos de esos territorios colectivos, que se instala el conflicto armado hacia mediados de los noventa, en un departamento hasta entonces reconocido como territorio de paz⁶⁸.

La Orinoquía ha tenido un poblamiento campesino proveniente de diversas regiones del país, algunos huyendo de la violencia bipartidista de mediados del siglo XX y otros en busca de tierras a las que no accedían en la zona andina, un proceso insistente y continuo que movió radicalmente la frontera agrícola. En tanto colonos campesinos, las tierras a las que han accedido carecen por completo de cualquier figura legal que proteja sus derechos territoriales y los condena a un ciclo de migración-colonización- conflicto-migración⁶⁹que lleva a la descomposición de la economía campesina, al mismo tiempo que la prolonga y reproduce⁷⁰. La única figura existente es la Zona de Reserva Campesina (ZRC), que se concreta en la ZRC de Calamar, Guaviare⁷¹. A diferencia del Chocó, la colonización en la Orinoquía ha estado acompañada de dinámicas diversas de violencia y de conflicto armado, que potencian los impactos del despojo y el destierro.

Pese a estas diferencias sustanciales, en ambas regiones la palmicultura y el paramilitarismo han penetrado de manera exitosa para provocar el destierro y arrinconamiento de las poblaciones rurales. El uso de la violencia física directa y continua sobre los pobladores bajo la justificación de estar eliminando a cómplices y aliados de la subversión ha sido una constante en ambas zonas. El asesinato ha tenido un efecto altamente disuasivo en las comunidades, creando un manto de sospecha moral sobre las víctimas. Además, provoca grandes y rápidos desplazamientos forzados de población, convirtiéndola en una práctica altamente eficiente para desalojar territorios.

En ambos casos, la estrategia de la guerra ha privilegiado el asalto a los procesos organizativos de todo orden. Sindicatos agrarios, juntas de acción comunal, consejos comunitarios, productores, entre otros, han visto sus procesos entorpecidos y atropellados por la intriga, la división y la generación de organizaciones paralelas que disputan su legitimidad, la persecución y asesinato de líderes y activistas, y la entrega de dádivas materiales que comprometen lealtades de los pobladores. Cooptar los espacios de organización, decisión y movilización por parte de quienes buscan usurpar los territorios rurales es un botín estratégico que permite garantizar sus intereses particulares, potencia la dominación de un grupo mayor de pobladores, a la vez que impone la autocensura para expresar posiciones críticas sobre la realidad y frena el ejercicio de reivindicaciones. Como lo muestran los casos de Jiguamiandó y Curvaradó, en donde, pese a las batallas legales ganadas -que ordenan la devolución de los territorios-, las alianzas para la dominación representadas aquí en las empresas palmicultoras y los grupos paramilitares logran mantener la continuidad de su usurpación imponiendo sus propias condiciones para demorar e incumplir tales disposiciones.

Las alianzas entre poderes económicos, militares y políticos que representan las coaliciones entre palmicultores y paramilitares en estas dos regiones y en muchas otras del país potencian su fuerza y capacidad. Sin embargo, no lograrían ser exitosas si no contaran con el apoyo derivado de la acción u omisión del Estado. El lugar estratégico que representa la palmicultura en las políticas estatales le confiere a esta actividad una legitimidad muy grande que facilita su implementación en muchas zonas del país. Tales condiciones, jugando a su favor, hacen viable el sueño de una dominación legitimada sobre vastos territorios rurales que mezcla modelos feudales con modelos neoliberales de mercados abiertos basados en la eficiencia y la internacionalización. Frente a tantas ventajas, no parecería necesaria la actuación a sangre y fuego. Su afán de acelerar y ampliar el proceso de acumulación, aprovechando y utilizando las oportunidades del conflicto armado como camuflaje a los múltiples abusos, es parte de la respuesta.

La triple alianza a la cual nos referimos constituye una alianza despótica que despliega diversos mecanismos de intimidación -expresa y soterrada, violenta y seductora- para imponer alianzas productivas con campesinos y afrodescendientes en la producción de la palma de aceite en tanto promesa de desarrollo y progreso. He ahí una trama compleja que recoge y articula estrategias diversas y eficientes de dominación.

La diada violencia y desarrollo que ha marcado la historia de muchas sociedades en el marco del sistema mundo del capital, a la luz de situaciones concretas vividas en Chocó y la Orinoquía, permiten diferenciar por lo menos cuatro momentos⁷². Por una parte, están los tiempos de violencia generalizada, que son recordados como tiempos de aparente caos, en los que no es fácil situar responsables, ni comprender intencionalidades; el peso del dolor, de los daños profundos sin explicación posible configura situaciones y condiciones de enorme confusión. Son tiempos que corresponden a la confrontación de grupos armados que se disputan el poder en un mismo territorio. Posteriormente, vienen tiempos en los que la apuesta se sitúa en ejercer la violencia para hacer desarrollo; finalmente, los hechos violentos son justificados como castigos ejemplares y necesarios para romper con el caos precedente y establecer el control de la situación. Con frecuencia, la promesa no solo es intervenir en la violencia generalizada, sino construir posibilidades económicas importantes lideradas por sus patrones y aliados. Son tiempos en los que se va definiendo un poder hegemónico que, para apuntalarse, castiga, sanciona e impone formas de convivencia, en tanto para estado local o regional. La fase siguiente se basa en proyectos de desarrollo con violencia solapada, que buscan ampliar, afirmar y hacer sostenible la hegemonía militar ganada para empezar a usufructuar las ganancias esperadas. Se avanza en la legalización aparente de las tierras ocupadas e incluso se usan recursos públicos para instalar los cultivos de palma, lo cual crea una falsa legalidad de las empresas. Se proponen asociaciones y cooperativas como formas de participación y democracia local que esconden mecanismos de control social; se fomenta el repoblamiento en los territorios usurpados con población que prometa lealtades e incluso se proyectan posibilidades para el encuentro y la reconciliación entre victimarios y víctimas⁷³. Finalmente, se imponen modelos de desarrollo basados en la dominación que son eficientes económicamente. Es allí donde «los empresarios apoyados en la parainstitucionalidad fortalecida, ejercen el dominio "pleno" sobre el territorio, la expansión de los cultivos de palma desplazan cualquier alternativa de cultivo. El mensaje del desarrollo ha sido "legitimado" frente a las comunidades»⁷⁴. Son tiempos en que la barbarie de la violencia casi que desaparece o permanece escondida, pues la dominación se ha instalado gradual y eficientemente en el disciplinamiento de la población.

Esos diferentes momentos se van cruzando en el tiempo, de manera no excluyente, mezclando acciones de violencia y seducción, en función de los avances de la dominación material y simbólica sobre los pobladores. Ese proceso se construyó paso a paso con la incursión predatoria, el vínculo parasitario y la legitimación del vínculo simbiótico orgánico, mencionados en la primera sección. El propósito central que guiaba su accionar estaba definido en un desarrollo depredador y voraz, disfrazado de legitimidad y amparado por distintas expresiones del Estado, precisamente allí donde su ausencia había sido la constante.

Por efectos de delimitación temática, aquí nos concentramos en la palma; sin embargo, el análisis de las tramas que articulan alianzas despóticas y predatorias de poder basadas en propuestas de desarrollo políticamente correctas cabe perfectamente para otros cultivos agroindustriales como el banano⁷⁵, la caña y la madera. Son múltiples las actividades económicas que han sido cooptadas por los capitales del paramilitarismo, aliado con el narcotráfico, alterando sus dinámicas, precios y circuitos. La gravedad de las acciones realizadas por estas alianzas despóticas está aún por develarse en toda su magnitud y complejidad, para mostrar la responsabilidad no solo de los actores armados, autores materiales de tantos atropellos, sino la de actores no armados, autores intelectuales que han aprovechado, potenciado y usufructuado en grado sumo el conflicto armado. Los pobladores rurales tienen marcas -en sus memorias y en los paisajes de sus terruños- de las muchas transformaciones y los múltiples daños que han provocado estas recientes experiencias que repiten ciclos históricos de dominación, despojo y acumulación.

Pie de página

¹Luis Jorge Garay et al., «La reconfiguración cooptada del Estado: más allá de la captura económica del Estado» (2008). www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/Captura%20del%20Estad.pdf (consultado el 12 de mayo de 2010).
²Paul Collier, Guerra civil y políticas de desarrollo. Cómo escapar a la trampa del conflicto (Bogotá: Alfaomega, 2006); François Jean y Jean-Christophe Rufin, Économie des guerres civiles (Paris: Hachette, 1996).
³Herfried Münkler, Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia (Madrid: Siglo XXI, 2005).
⁴Juanita Goebertus, «Palma de aceite y desplazamiento forzado en la Zona Bananera: "trayectorias" entre recursos naturales y conflicto», Colombia Internacional, n.° 67 (2008).
⁵Goebertus, «Palma de aceite», 173.
⁶Sebastián Ocampo, «Agroindustria y conflicto armado. El caso de la palma de aceite», Colombia Internacional, n.° 70, (2009): 184.
⁷Ocampo, «Agroindustria y conflicto armado», 187.
⁸Rosalvina Otálora, «Economías de guerra e inversión multinacional: una propuesta de investigación», Diálogos de Saberes, n.° 29 (2008): 165.
⁹En las denominadas zonas de interés, muchas campañas sociales las adelantan las fuerzas militares, a la vez que convocan y cooptan procesos organizativos productivos y sociales a través de ayudas materiales para la construcción y mejoramiento de vivienda y de «invitaciones» para ferias de orden nacional. La militarización de la sociedad local a través de la prestación de algunos servicios y la provisión de algunos recursos genera una gran confusión y condicionamiento para el pensamiento crítico, la reivindicación de derechos y la trasgresión de lo que se impone como políticamente correcto. Además, negarse a tales interacciones puede generar sospecha.
¹⁰Boaventura De Souza Santos, Reinventar la democracia. Reinventar el Estado (Buenos Aires: Clacso, 2005), 24.
¹¹Un ejemplo de ello es la intervención ilegal de comunicaciones y seguimiento a contradictores políticos, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos por el Departamento Administrativo de Seguridad (das) en el gobierno Uribe.
¹²Immanuel Wallersetin, Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido (México: Siglo XXI editores, 2007).
¹³Noami Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (Barcelona: Paidós, 2007).
¹⁴Carlos Medina Gallego y Mireya Téllez, La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia (Bogotá: Rodríguez Quito Editores, 1994); Darío Betancourt, Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos (Bogotá: Ediciones Antropos, 1998).
¹⁵Según balance de la Fiscalía en febrero de 2010, y a partir de las confesiones de 4.000 desmovilizados paramilitares, se reporta que hubo 1.000 masacres, 2.500 desapariciones, 30.000 homicidios, 1.033 secuestros, 1.437 casos de reclutamiento ilícito, 2.326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones. Catalina Vásquez, «Confesiones de los paramilitares» (2010). http://colombia.indymedia.org/news/2010/02/111618.php (consultado el 12 de junio de 2012).
¹⁶OEA y CIDH, «Informe sobre la implementación de la ley de Justicia y Paz: etapas iniciales de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales» (2007). www.iachr.org/pdf files/III (consultado el 22 de junio de 2011). Informe proceso desmovilizacion Colombia final.pdf; Crisis Group, «Los nuevos grupos armados en Colombia. Informe sobre América Latina» (2007). www.acnur.org/pais/docs/1950.pdf; Human Rights. «Herederos de los paramilitares», 2010. http://www.hrw.org/es/node/88063/section/1 (consultado el 30 de junio de 2011).
¹⁷Citado por Gearoid Loingsigh, La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio (Bogotá: sinaltrainal, 2002).
¹⁸Alfredo Rangel, «El Estado actual del conflicto armado en Colombia», Estrategia Económica y Financiera, n.° 254 (1997).
¹⁹Gustavo Duncan, Los Señores de la Guerra. De paramilitares, mafiosos y Autodefensas en Colombia (Bogotá: Planeta, 2006).
²⁰PNUD, El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003 (Bogotá: Panamericana, 2003).
²¹«Palma adentro», Semana (14 de agosto, 2005). http://www.semana.com/nacion/articulo/palma-adentro/74291-3 (consultado el 3 de octubre de 2012).
²²Fundación Seguridad y Democracia, «Paramilitares puros e impuros» (2006), 5. www.seguridadydemocracia.org (consultado el 12 de mayo de 2010).
²³Edward Gibson, «Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos», Desafíos n.° 14 (2006).
²⁴Héctor Mondragón, «La economía rural y la guerra», Ponencia presentada en Taller agrario y cultivos de uso ilícito, Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz (Bogotá, abril 5 de 2002).
²⁵Miguel Peñaloza, «Biocombustibles: un buen negocio para el país», en Sistema Nacional de Competitividad. Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y las Regiones (2009).
http://www.snc.gov.co/prensa/noticias-snc/2009/junio/nsnc_090608e.asp. (consultado el 4 de noviembre de 2012). Ley 693 de 2001, por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean estímulos para su producción, comercialización y consumo. Ley 939 de 2004, por la cual se estimula la producción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en Motores diesel. Decreto 383 de 2007, modificado parcialmente por el Decreto 4051 de 2007, que establece estímulos para la implementación de zonas francas para proyectos agroindustriales en materia de biocombustibles. Decreto 2629 de 2007, por medio del cual se dictan disposiciones para promover el uso de biocombustibles en el país, así como medidas aplicables a los vehículos y demás artefactos a motor que utilicen combustibles para su funcionamiento. Ley 1111 de 2006, que establece una deducción del impuesto de renta del 40% de las inversiones en activos fijos reales productivos en proyectos agroindustriales, incluyendo leasing financiero. Ley 1133 de 2007, por medio de la cual se crea e implementa el programa "Agro Ingreso Seguro (AIS)". Decreto 2594 de 2007, por el cual se reglamenta el Art. 10 de la Ley 1133 de 2007 (Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo). Decreto 2328 de 2008, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para Manejo de Biocombustibles. Nótese la insistencia en el término «biocombustibles» que se emplea desde los entes gubernamentales, mientras las organizaciones sociales insisten en usar el concepto de «agrocombustible»; mientras el primero remite a la noción de vida y le da un marcador integral que no se corresponde con la realidad, el segundo lo restringe a su relación con el agro.
²⁶Véase, por ejemplo, «Agro Ingreso Seguro: ¿caja para ricos y reinas?», Semana (29 de septiembre, 2009). http://www.semana.com/noticias-revista-de-radio/agro-ingreso-seguro-caja-para-ricos-reinas/129411.aspx (consultado el 24 de julio de 2012).
²⁷Diana Manrique, «¿Para dónde va la palma de aceite?» (2014). http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/para-donde-vala-palma-de-aceite.html (consultado el 3 de septiembre de 2014).
²⁸Rede Social de Justiça e Direitos Humanos et Comissão Pastoral da Terra, «L'agroénergie: mythes et impacts en Amérique latine» (2008). http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-1271.html (consultado el 5 de noviembre de 2012); Eric Holtz-Giménez, «Cinco mitos sobre agrocombustibles», Le Monde diplomatique, edición chilena (junio, 2007). http://www.lemondediplomatique.cl/Cinco-mitossobre-agrocombustibles.html (consultado el 22 de octubre de 2011).
²⁹Carmenza Castiblanco, «Los agrocombustibles: una redefinición del patrón de acumulación y de la división internacional del trabajo», Ponencia presentada en conversatorio de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana (Bogotá, septiembre de 2009), 2.
³⁰La primera se dio a principios del siglo XX y se sustentó en la producción cafetera.
³¹«Para contener el retorno de la guerrilla a las zonas arrebatadas [...] una especie de muro de contención, en el que trabajarían madres cabeza de familia, excocaleros, desplazados y familiares de combatientes. Sería una forma de reinserción y de resarcimiento a nuestras propias víctimas», confiesa Miguel Arroyave, jefe de las AUC (El Tiempo, mayo 29 de 2004).
³²Observatorio de Coyuntura Socioeconómica (OCSE), «Pobreza rural: medición y determinantes», Observatorio de coyuntura socioeconómica, n.° 16 (junio, 2004): 7.
³³Juan Carlos Morales y Alejandro Mantilla, «El derecho a la alimentación en Colombia: situación, contextos y vacíos» (2008). www.plataforma-colombia.org (consulta el 26 de septiembre de 2008).
³⁴Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado y codhes, Verificando el cumplimiento de los derechos (Bogotá: Antropos, 2008), 165.
³⁵Morales y Mantilla, «El derecho a la alimentación», 60.
³⁶María Teresa Uribe, «Violencia regional en Colombia», Débats n.°60 (1997): 39.
³⁷Según datos del censo de 2005.
³⁸Que modificó la Constitución de 1886. El nuevo texto incluyó el artículo transitorio 55 que ordenó constituir una Comisión especial que redactara un proyecto de ley para la protección del territorio y la cultura de las comunidades negras de la costa Pacífica y otras en condiciones similares.
³⁹Arturo Escobar, El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea (Bogotá: ICANH-CEREC, 1999), 220.
⁴⁰ Mauricio Pardo, «Escenarios organizativos e iniciativas institucionales en torno al movimiento negro en Colombia», en Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia, ed. Mauricio Archila y Mauricio Pardo (Bogotá: CES, Universidad Nacional e ICANH, 2001), 340.
⁴¹ Uribe, «Violencia regional», 39.
⁴² En especial el general Rito Alejo del Río, reconocido como «el pacificador» de la región, sobresalió en esta labor delegataria y articulada de los militares con los grupos paramilitares. «Por nexos con paramilitares, capturan al general retirado Rito Alejo del Río», Semana (4 de septiembre, 2008). http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=115172 (consultado el 15 de septiembre de 2012).
⁴³ El proceso de titulación colectiva comienza en 1996 y se concreta en 1998 con los primeros títulos al Consejo Comunitario Mayor del Atrato Medio (ACIA). A mediados de 2001, el INCORA había tramitado 58 títulos colectivos, que corresponden a 2.359.204 hectáreas. Estos benefician a 497 comunidades, cerca de 113.954 personas. La titulación de más de 70.000 hectáreas en el río Truandó y Cacarica a comienzos de 1997 se define cuando buena parte de su población (unas seis comunidades) se encontraba desplazada y algunos de sus líderes asesinados. En el Medio Atrato, el otorgamiento de 800 mil hectáreas a más de 45.000 campesinos de la organización étnica acia se da en medio de una presencia intensa de los actores armados a través de bloqueos económicos y tomas de cabeceras municipales, cierre del río Atrato, desplazamientos y asesinatos selectivos. En el Alto Atrato la toma del Bagadó implicó desplazamientos de campesinos asociados en la organización OPOCA. El último desplazamiento es de 4000 campesinos del Alto Baudó, 10 días después de que el Estado decide otorgarles la titulación colectiva de unas 700 mil hectáreas, luego de más de cinco años de trámite. Jon Antón Sánchez, «Estrategia afrocolombiana en el Pacífico: conflicto, territorio y región», Ponencia presentada en el Coloquio Internacional: Territorios de conflicto y cambio sociocultural (Caldas: Universidad de Caldas, octubre, 2001), 24-26.
⁴⁴ Carlos Agudelo, Retos al multiculturalismo en Colombia. Política y poblaciones negras (Medellín: La carreta social, 2005).
⁴⁵ Flor Edilma Osorio, Territorialidades en suspenso: entre sobrevivencia y resistencia, identidades y territorialidades en suspenso (Bogotá: Codhes, Colciencias, 2009).
⁴⁶ Ivonne Forero, «Dinámica regional del conflicto armado en las zonas de cultivo de palma de aceite: Magdalena Medio y Chocó» (Tesis de pregrado, Universidad Javeriana, 2007).
⁴⁷ Jesús Flórez y Constanza Millán, Derecho a la alimentación y el territorio en el Pacífico colombiano (Quibdó: Diócesis de Tumaco, Quibdó, Buenaventura e Itsmina, 2007), 137.
⁴⁸Incoder, Los cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó (Bogotá: Incoder, 2005).
⁴⁹Afirmación de Irvin Bernal, empresario y vocero de la Asociación de Palmicultores del Darién. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. «A indagatoria 23 empresarios de palma», 2008. http://justiciaypazcolombia.com/A-indagatoria-23-empresarios-de-la (consultado el 18 de junio de 2015).
⁵⁰Centro Nacional de Memoria Histórica, Justicia y Paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares (Bogotá: Procesos digitales Ltda., 2012), 92.
⁵¹Un estudio detallado sobre este proceso puede consultarse en Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, La Tramoya, Derechos humanos y palma aceitera. Curvaradó y Jiguamiandó. Caso tipo 5 (Bogotá: Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política cinep, 2005).
⁵²«Sentencia a palmeros en Chocó», Verdad Abierta (2014). http://verdadabierta.com/documentos/negocios-ilegales/tierras/1166/sentencia-palmeros-en-choco-octubre-2014 (consultado el 4 de febrero de 2015).
⁵³Así lo sugirió el ex presidente Uribe cuando en un Consejo Comunal en 2003 invitó a los empresarios a invertir allí. «Le veo a Orinoquía un futuro ya inmediato en el agro. En esos 600 mil kilómetros diríamos que hay 350 mil de selva y 250 mil de Orinoquía son sabanas. ¿Ustedes saben lo importante que es para el mundo agropecuario tener allí 250 mil kilómetros planos, sin piedra, listicos para cultivar y sin el obstáculo ecológico de que hay que llegar con el hacha?». Juanita León, «Orinoquía: una colonización a punta de agroingreso seguro», La Silla Vacia (marzo, 2009): 11. http://lasillavacia.com/especial/5215/orinoquia-una-colonizacion-punta-de-agro-ingreso-seguro (consultado el 18 de junio de 2015).
⁵⁴María Constanza Ramírez, «Conflicto social armado y efectos ambientales en la Orinoquía» (2003). www.foronacionalambiental.org.co/libreria/pdf/Ramirez-ConflictoOrinoquia.pdf (consultado el 4 de noviembre de 2012).
⁵⁵Ramírez, «Conflicto social armado», 13.
⁵⁶Ramírez, «Conflicto social armado».
⁵⁷Flor Edilma Osorio, La violencia del silencio. Desplazados del campo a la ciudad (Bogotá: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES y Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 1993).
⁵⁸José Jairo González, «Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare», en Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, dir. inv. Mauricio Romero y León Valencia (Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris-Intermedio Editores, 2007), 319.
⁵⁹Durante cinco días con sus noches la población estuvo sometida a allanamientos para buscar pruebas de su relación con la guerrilla, para luego ser torturados, desmembrados, eviscerados y degollados, muchos de ellos arrojados al río Guaviare para eliminar las pruebas. El caso ha sido fallado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, sin embargo el castigo para las responsables es incipiente (Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, La Tramoya.
⁶⁰A principios de 2004 la cifra de combatientes caídos en ocho meses superó los mil. González, «Los paramilitares».
⁶¹Hijo del creador de las acc (1979), Héctor Buitrago nativo del Casanare y viejo guerrillero liberal del llano. González, «Los paramilitares».
⁶²González, «Los paramilitares», 326. La relación entre los cultivos de palma y los grupos paramilitares desmovilizados es frecuente. En la región del Meta, por ejemplo, los 230 desmovilizados se mantienen armados, pese a que esto contraviene todos los pactos con el gobierno. Testimonio de un funcionario, junio 2008.
⁶³González, «Los paramilitares», 332.
⁶⁴González, «Los paramilitares», 336.
⁶⁵«"Don Mario" dice que 4 mil hectáreas de palma están en poder de "paras"», Verdad Abierta (12 de febrero, 2012). http://www.verdadabierta.com/component/content/article/3852-don-mario-dice-que-pirata-tiene-4-mil-hectareas-de-palma (consultado el 13 de marzo de 2013).         [ Links ]
⁶⁶«"Don Mario" dice».
⁶⁷Wilson Arias, «Informe sobre acumulación de tierras con antecedentes de baldíos apropiados por grandes inversionistas nacionales y lavado de activos (departamentos de Meta y Vichada)», enviado a la Contralora Sandra Morelli (Bogotá, 22 de mayo de 2013).
⁶⁸Agudelo, Retos al multiculturalismo.
⁶⁹Dano Fajardo Montaña, «Orinoquia: colonización frontera y estructuración territorial», en Colombia Orinoco (Bogotá: Fondo FEN de Colombia, 1998).
⁷⁰Alfredo Molano, «Colonos, estado y violencia», Foro, n.° 6 (mayo de 1989).
⁷¹Las otras zonas reconocidas formalmente son Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el sur de Bolívar (Bolívar), el valle del río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y el Alto Cuembí y Comandante (Putumayo).
⁷²En Flor Edilma Osorio y Mauricio Herrera, «Prácticas de seducción y violencia hacia la quimera del progreso: la combinación de las formas de lucha del capital». En Autonomías territoriales: experiencias y desafíos (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2012), se documentan y grafican con hechos precisos esos momentos. Pese a la frecuencia de este tipo de alianzas predatorias en el país, son muy pocos los casos que cuentan con una documentación suficiente para su análisis.
⁷³Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, La Tramoya.
⁷⁴Osorio y Herrera, «Prácticas de seducción», 317.
⁷⁵Varios estudios se han hecho sobre el sector bananero y su relación con el conflicto armado, desde la masacre de las bananeras en 1929, hasta el proceso más reciente en Urabá que incluye, además, la denuncia y sanción a empresas internacionales como Chiquita Brands que financiaron a los grupos paramilitares.

Bibliografía

«"Don Mario" dice que 4 mil hectáreas de palma están en poder de "paras"». Verdad Abierta (12 de febrero, 2012). http://www.verdadabierta.com/component/content/article/3852-don-mario-di-ce-que-pirata-tiene-4-mil-hectareas-de-palma.

«Agro Ingreso Seguro: ¿caja para ricos y reinas?». Semana (29 de septiembre, 2009). http://www.semana.com/noticias-revista-de-radio/agro-in-greso-seguro-caja-para-ricos-reinas/129411.aspx.         [ Links ]

«Palma adentro». Semana (14 de agosto, 2005). http://www.semana.com/nacion/articulo/palma-adentro/74291-3.         [ Links ]

«Por nexos con paramilitares, capturan al general retirado Rito Alejo del Río». Semana (4 de septiembre, 2008). http://www.semana.com/wf__In-foArticulo.aspx?idArt=115172.         [ Links ]

«Sentencia a palmeros en Chocó». Verdad Abierta (2014). http://verdadabierta.com/documentos/negocios-ilegales/tierras/1166/sentencia-palmeros-en-choco-octubre-2014.         [ Links ]

Agudelo, Carlos. Retos al multiculturaismo en Colombia. Política y poblaciones negras. Medellín: La carreta social, 2005.         [ Links ]

Arias, Wilson. «Informe sobre acumulación de tierras con antecedentes de baldíos apropiados por grandes inversionistas nacionales y lavado de activos (departamentos de Meta y Vichada)», enviado a la Contralora Sandra Morelli. Bogotá, 22 de mayo de 2013.         [ Links ]

Betancourt, Darío. Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos. Bogotá: Ediciones Antropos, 1998.         [ Links ]

Castiblanco, Carmenza. «Los agrocombustibles: una redefinición del patrón de acumulación y de la división internacional del trabajo». Ponencia presentada en conversatorio de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Bogotá, septiembre de 2009.         [ Links ]

Centro Nacional de Memoria Histórica. Justicia y Paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares. Bogotá: Procesos digitales Ltda., 2012.         [ Links ]

Collier, Paul. Guerra civil y políticas de desarrollo. Cómo escapar a la trampa del conflicto. Bogotá: Alfaomega, 2006.         [ Links ]

Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado y CODHES. Verificando el cumplimiento de los derechos. Bogotá: Antropos, 2008.         [ Links ]

Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. La Tramoya, Derechos humanos y palma aceitera. Curvaradó y Jiguamiandó. Caso tipo 5. Bogotá: Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política CINEP, 2005.         [ Links ]

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. «A indagatoria 23 empresarios de palma», 2008. http://justiciaypazcolombia.com/A-indagatoria-23-empresarios-de-la        [ Links ]

Crisis Group. «Los nuevos grupos armados en Colombia. Informe sobre América Latina», 2007. www.acnur.org/pais/docs/1950.pdf.         [ Links ]

De Souza Santos, Boaventura. Reinventar la democracia. Reinventar el Estado. Buenos Aires: Clacso, 2005.         [ Links ]

Duncan, Gustavo. Los Señores de la Guerra. De paramilitares, mafiosos y Autodefensas en Colombia. Bogotá: Planeta, 2006.         [ Links ]

Escobar, Arturo. El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Bogotá: ICANH-CEREC, 1999.         [ Links ]

Fajardo Montaña, Darío. «Orinoquia: colonización frontera y estructuración territorial». En Colombia Orinoco, 18-38. Bogotá: Fondo FEN de Colombia, 1998.         [ Links ]

Flórez, Jesús y Constanza Millán. Derecho a la alimentación y el territorio en el Pacífico colombiano. Quibdó: Diócesis de Tumaco, Quibdó, Buenaventura e Itsmina, 2007.         [ Links ]

Forero, Ivonne. «Dinámica regional del conflicto armado en las zonas de cultivo de palma de aceite: Magdalena Medio y Chocó». Tesis de pregrado, Universidad Javeriana, 2007.         [ Links ]

Fundación Seguridad y Democracia. «Paramilitares puros e impuros», 2006. www.seguridadydemocracia.org.         [ Links ]

Garay, Luis Jorge et al. «La reconfiguración cooptada del Estado: más allá de la captura económica del Estado», 2008. www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/Captura%20del%20Estad.pdf.         [ Links ]

Gibson, Edward. «Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos». Desafíos n.° 14 (2006): 204-237.         [ Links ]

Goebertus, Juanita. «Palma de aceite y desplazamiento forzado en la Zona Bananera: "trayectorias" entre recursos naturales y conflicto». Colombia Internacional, n.° 67 (2008): 152-175.         [ Links ]

González, José Jairo. «Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare». En Parapoítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, dirección de la investigación Mauricio Romero y León Valencia, 309-339. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris-Intermedio Editores, 2007.         [ Links ]

Holtz-Giménez, Eric. «Cinco mitos sobre agrocombustibles». Le Monde dipomatique, edición chilena (junio, 2007). http://www.lemondediplomatique.cl/Cinco-mitos-sobre-agrocombustibles.html.         [ Links ]

Human Rights. «Herederos de los paramilitares», 2010. www.hrw.org/es/node/88063/section/1.         [ Links ]

Incoder. Los cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó. Bogotá: Incoder, 2005.         [ Links ]

Jean, François y Jean-Christophe Rufin. Economie des guerres civiles. Paris: Hachette, 1996.         [ Links ]

Klein, Noami. La doctrina del shock. El auge del capitaismo del desastre. Barcelona: Paidós, 2007.         [ Links ]

León, Juanita. «Orinoquía: una colonización a punta de agroingreso seguro». La Silla Vacia (marzo, 2009): 11. http://lasillavacia.com/especial/5215/orinoquia-una-colonizacion-punta-de-agro-in-greso-seguro        [ Links ]

Loingsigh, Gearoid. La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio. Bogotá: SINTRAINAL, 2002.         [ Links ]

Manrique, Diana. «¿Para dónde va la palma de aceite?», 2014. http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/para-donde-va-la-palma-de-aceite.html.         [ Links ]

Medina Gallego, Carlos y Mireya Téllez. La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia. Bogotá: Rodríguez Quito Editores, 1994.         [ Links ]

Molano, Alfredo. «Colonos, estado y violencia». Foro, n.° 6 (mayo de 1989): 25-37.         [ Links ]

Mondragón, Héctor. «La economía rural y la guerra». Ponencia presentada en Taller agrario y cultivos de uso ilícito, Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz. Bogotá, abril 5 de 2002.         [ Links ]

Morales, Juan Carlos y Alejandro Mantilla. «El derecho a la alimentación en Colombia: situación, contextos y vacíos», 2008. www.plataforma-colombia.org.         [ Links ]

Münkler, Herfried. Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia. Madrid: Siglo XXI, 2005.         [ Links ]

Observatorio de Coyuntura Socioeconómica (OCSE). «Pobreza rural: medición y determinantes». Observatorio de coyuntura socioeconómica, n.° 16 (junio, 2004): 1-3.         [ Links ]

Ocampo, Sebastián. «Agroindustria y conflicto armado. El caso de la palma de aceite». Colombia Internacional n.° 70, (2009): 169-190.         [ Links ]

OEA y CIDH. «Informe sobre la implementación de la ley de Justicia y Paz: etapas iniciales de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales», 2007.
www.iachr.org/pdffiles/III Informe proceso desmovilizacion Colombiafinal.pdf.         [ Links ]

Osorio, Flor Edilma y Mauricio Herrera. «Prácticas de seducción y violencia hacia la quimera del progreso: la combinación de las formas de lucha del capital». En Autonomías territoriales: experiencias y desafíos, 297-325. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2012.         [ Links ]

Osorio, Flor Edilma. La violencia del siencio. Desplazados del campo a la ciudad. Bogotá: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES y Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 1993.         [ Links ]

Osorio, Flor Edilma. Territorialidades en suspenso: entre sobrevivencia y resistencia, identidades y territorialidades en suspenso. Bogotá: CODHES, Colciencias, 2009.         [ Links ]

Otálora, Rosalvina. «Economías de guerra e inversión multinacional: una propuesta de investigación». Diálogos de Saberes, n.° 29 (2008): 157-172.         [ Links ]

Pardo, Mauricio. «Escenarios organizativos e iniciativas institucionales en torno al movimiento negro en Colombia». En Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia, editado por Mauricio Archila y Mauricio Pardo, 321-345. Bogotá: CES, Universidad Nacional e ICANH, 2001.         [ Links ]

Peñaloza, Miguel. «Biocombustibles: un buen negocio para el país». En Sistema Nacional de Competitividad. Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y las Regiones, 2009.
www.snc.gov.co/prensa/noticias-snc/2009/junio/nsnc_090608e.asp.         [ Links ]

PNUD. El conficto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003. Bogotá: Panamericana, 2003.         [ Links ]

Ramírez, María Constanza. «Conflicto social armado y efectos ambientales en la Orinoquía», 2003. www.foronacionalambiental.org.co/libreria/pdf/Ramirez-ConflictoOrinoquia.pdf.         [ Links ]

Rangel, Alfredo. «El Estado actual del conflicto armado en Colombia». Estrategia Económica y Financiera, n.° 254 (1997): 14-20.         [ Links ]

Rede Social de Justiça e Direitos Humanos et Comissão Pastoral da Terra. «L'agroénergie: mythes et impacts en Amérique latine», 2008. http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-1271.html.         [ Links ]

Sánchez, Jon Antón. «Estrategia afrocolombiana en el Pacífico: conflicto, territorio y región». Ponencia presentada en el Coloquio Internacional: Territorios de conflicto y cambio sociocultural. Caldas: Universidad de Caldas, octubre, 2001.         [ Links ]

Uribe, María Teresa. «Violencia regional en Colombia». Débats n.° 60 (1997): 42-54.         [ Links ]

Vásquez, Catalina. «Confesiones de los paramilitares», 2010. http://colombia.indymedia.org/news/2010/02/111618.php.         [ Links ]

Wallersetin, Immanuel. Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. México: Siglo XXI editores, 2007.         [ Links ]