Geopolítica de los conflictos socioambientales: resistencia a la expansión minera

Geopolitics of Socio Environmental Conflicts: Resistance to Mining Expansion

Geopolítica dos conflitos socioambientais: resistência à expansão mineira

Aída Quiñones Torres
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) aquinones@javeriana.edu.co

El artículo es producto del proyecto de investigación «Resistencias frente a los megaproyectos minero auríferos, los casos de La Toma y La Colosa», aprobado por la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual está vinculado a la tesis doctoral en Estudios Ambientales y Rurales.

Fecha de recepción: 26 de febrero de 2015 Fecha de aprobación: 14 de abril de 2015 Disponible en línea: 30 de agosto de 2015

Cómo citar este artículo

Quiñones Torres, Aída. «Geopolítica de los conflictos socioambientales: resistencia a la expansión minera». Memoria y Sociedad 19, n.° 39 (2015): 73-92. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mys19-39.gcsr

Resumen

En el presente artículo nos ocupamos de las resistencias frente a la expansión minera, expresión que se sustenta alrededor de los conflictos socioambientales en el marco de las políticas promotoras del sector minero en Colombia. Destaca aspectos estratégicos que ofrecen plataforma, en un contexto geopolítico, que sustenta el avance de este sector en vía de la inversión Extranjera Directa (IED). En medio de estas estrategias, se erigen resistencias que crean fisuras y activan grietas al capital y su sistema de dominación¹, con el fin de contrarrestar el vaciamiento territorial que este fenómeno extractivo provoca.

Palabras clave: resistencia; expansión; geopolítica; conflictos socioambientales

Abstract

in this article we address the resistance expressions against mining expansion which are based on the socio-environmental conflicts, in the framework of policies that promote the mining sector in Colombia. it highlights strategic issues that offer a platform, in a geopolitical context, to support the advance of this sector towards foreign direct investment (fdi). Among these strategies, resistors create fissures and undermine capital and its system of domination¹ in order to counteract the territorial emptying this extractive phenomenon causes.

Keywords : resistance; geopolitical expansión; environmental and social conflicts

Resumo

No presente artigo ocupamo-nos das resistências frente à expansão mineira, expressão sustentada ao redor dos conflitos socioambientais no marco das políticas promotoras do setor mineiro na Colômbia. Destaca aspectos estratégicos que oferecem uma plataforma, num contexto geopolítico, que sustenta o avanço deste setor na via do investimento Estrangeiro Direito (IED). No meio destas estratégias, são erigidas resistências que criam fendas e ativam fisgas no capital e seu sistema de dominação¹, a fim de se opor ao esvaziamento territorial que este fenómeno extrativo provoca.

Palavras-chave: resistencia; expansão; geopolítica; conflitos socioambientais

Introducción

El presente artículo se enfoca en la comprensión de una de las dinámicas de resistencia al extractivismo en La Toma, suárez (Cauca), la cual se ha venido configurando para confrontar la expansión minera en Colombia. Esta se interpreta como una forma de extender prácticas extractivas mineras que penetran los territorios, la cual es una expresión que se caracteriza por alcanzar grandes extensiones de tierra¹, para el caso minero suelo, subsuelo y entorno, como estrategia geopolítica para obtener "recursos"² que se asumen desde políticas gubernamentales, en línea con los intereses de los "grandes capitales", según la consideración de la confianza inversionista, siendo parte de la dinámica de Inversión Extranjera Directa (IED)³.

Para América Latina, esta expansión se sustenta en una composición de inversiones, donde los sectores con mayor recepción están dirigidos a «los recursos naturales y los servicios, [reportando]⁴en 2010 un mayor peso de los recursos naturales, lo que muestra una tendencia a la primarización de la IED»⁵. Así mismo, los estudios de la Cepal destacan esta tendencia en 2012, sustentada por una alta rentabilidad para «las empresas transnacionales que operan en industrias extractivas, especialmente, en la minería metálica»⁶.

Los mismos reportes de la Cepal ponen de presente la alineación geopolítica por recursos en América Latina, al tiempo que refuerzan el papel decisivo del Consenso de Washington, que intervino en la configuración del modelo de desarrollo aplicado en la región⁷. Así, el modelo extractivo correspondiente a la extracción de "recursos naturales" se ha orientado a convertirlos en materia prima, en vía de «abastecer la demanda del mercado mundial»⁸, ocupando actualmente, como en la década de los ochenta, un lugar preeminente.

Sumado a esto y a la base del enfoque extractivo, se sitúa una estrategia económica y política instaurada desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), entre las que se destacan el Fondo Monetario y el Banco Mundial, las cuales, según su modalidad de intervención, inducen reformas estructurales, y, más allá de las coordenadas económicas, enfocan todo el entramado geopolítico que modela la región⁹.

Luego, en este contexto, nuestra investigación profundiza este delineamiento, el cual viabiliza garantías económicas, políticas, de seguridad y defensa para afianzar el modelo de desarrollo extractivo que demuestra impactos en la población en materia ambiental y de despojo, rompiendo el tejido social y las prácticas culturales a través de medios económicos y violentos, en búsqueda de consumir y acumular.

En suma, estudiar y ser partícipe de la consolidación de los procesos de resistencia nos sitúa en torno al objeto estratégico que configura lo que aquí denominamos el vaciamiento territorial provocado por la expansión minera. De este modo, nos centramos en el análisis de la experiencia de resistencia a estas políticas y dinámicas en el corregimiento de La Toma, Suárez, cuyo proceso, en el contexto de sus tantas luchas, inicia una movilización que tiene impacto no solo para el corregimiento, sino para los consejos comunitarios y en general para el departamento del Cauca. Se reconoce así que las luchas de resistencia en Colombia se caracterizan por la diversidad, en tanto conciben prácticas y condiciones para confrontar el modelo, a la vez que emplazan alternativas en vía a la recuperación de saberes y formas de lucha.

En esta lógica, avanzamos desde la investigación militante y colectiva, que en línea con Botero, es comprendida epistemológicamente en perspectiva crítica, por cuanto confronta la subordinación instaurada entre saber y conocimiento, reconociendo que la diversidad como eje de conocimiento cuestiona «el poder que se establece bajo la grilla de las representaciones que nominan, controlan, legislan, sistematizan, clasifican y etiquetan la realidad»¹⁰.

Por consiguiente, y sobre esta base, se reconoce una ruptura con el tratamiento metodológico por casos, en tanto estos establecen variables que comprometen la interpretación. Así las cosas, asumimos en la Investigación Acción Colectiva (lAC) la riqueza de los procesos que no se rigen por el deber ser, sino desde las formas de «re-existencia; [como] conocimientos contextuados y epistemologías de la diversidad»¹¹.

Finalizamos con algunas reflexiones del proceso de La Toma, advirtiendo que su selección no refiere un límite territorial, sino justamente una forma de representar dinámicas que desde este enfoque se articulan a la práctica minero ancestral. Entendemos que, si bien en la mayoría de los países de América Latina se levantan resistencias socioambientales que se ubican confrontando la expansión extractiva minera, ligadas al uso agropecuario del suelo o al enfoque ambiental, en el caso de Colombia además de estas se rescata una caracterización de conflictos de arraigo ancestral minero y no minero que también sitúan la resistencia en la ruta de la defensa de la vida, el territorio y los bienes comunes.

Configurando resistencia

Una definición sobre resistencia que se acoge en la investigación refiere oposición activa, ligada a la idea de «luchar contra»¹², definición que si bien es dinámica, nos ubica a mitad del camino, ya que la otra mitad requiere generar alternativas que nos sitúen en otra epistemología. Ahora bien, en perspectiva de la acepción latina leemos la «resistentla» como la posibilidad de mantener firmeza y oponerse sin perder su puesto, «causa que se opone a la acción de una fuerza»¹³, significando con esto la idea de dignificar, de situarse en un alcance revelador de ímpetu a la hora de potenciar las luchas.

Las resistencias han sido explicadas desde las contratendencias, en torno a perspectivas como la ecología política que en el contexto de la minería (neo) colonial identifican en la minería a gran escala las múltiples dimensiones de expropiación neocolonialista contemporánea, sobre el tiempo y espacio subalternizado, siendo confrontada entonces desde la creación de caminos para la diferencia¹⁴.

Esta vía de ecología política resulta enriquecedora en tanto plantea una superposición con la economía política, que en perspectiva de Martínez Alier, y en ruptura con la teoría clásica y el economicismo, se reorienta en la visión de los conflictos distributivos como un detonante que reconoce otras dimensiones de conflicto y negociación. Desde allí, y a la base de los procesos de distribución ecológica y en el marco de la economía ecológica, reconoce los distintos lenguajes de valoración, los cuales, como se señala, resultan «intraducibles e inconmensurables», otorgando a las dinámicas de resistencia el reconocimiento de sus valores propios¹⁵.

Con esta idea de plantearnos en otra epistemología, orientamos la resistencia en línea del marxismo abierto que sustenta la idea de que el pensamiento de Marx es abierto y crítico de la ciencia instrumental, la cual ha configurado todo un imperialismo político-económico. Se trata, entonces, de confrontar desde el marxismo crítico las ciencias positivas sobre el postulado de que la sociedad no puede ser vista como un objeto neutral e imparcial. La resistencia así se dispone en lucha de clases que configura no solo un «en contra, sino más allá del capital», abriendo grietas que fisuren el sistema de dominación¹⁶.

Esta otra instancia que sostiene Holloway, junto con otros exponentes del marxismo abierto como Löwy, Hirsch, Bensaid, Bonefeld y Tischler, nos permite entender que las resistencias no siempre definen una ruptura radical e inmediata frente al sistema, pues en la ruta de orientar las luchas por lo propio, por la autonomía y por la creación de alternativas también sustentan la lucha por la garantía de derechos, correspondiente al mismo sistema instituido, y por esto se trata entonces de abrir fisuras.

La resistencia, por tanto, no es una sustancia en sí, sino que, por el contrario, se configura en contexto y se lee en relación con el fenómeno u objeto al cual se resiste. Por tanto, entender la resistencia desde los conflictos socioambientales en el marco del extractivismo nos conmina a reconocerla en su articulación con las luchas por la supervivencia de los pueblos y no como una categoría «onmicomprensiva»¹⁷.

Estas luchas en el contexto que estudiamos se erigen confrontando el vaciamiento territorial provocado por la expansión minera a gran escala, la cual se sirve del avance de otras modalidades de minería, de estrategias de "pacificación"¹⁸ y del conflicto político militar. Se interpreta este conflicto como un relacionamiento entre políticos y fuerza pública, quienes coadyuvan a crear redes delincuenciales y paramilitares con consecuencias adversas en todas las esferas de la sociedad¹⁹. Por esto, y en su lado opuesto desde la resistencia, se sustenta la lucha por la defensa de la vida, el territorio y los bienes comunes.

Con todo, a la base de esta dinámica se reconoce la figura de los conflictos socioambientales, desde los cuales se leen las estrategias para la acumulación de capital, las cuales ponen en primer lugar lo que renta desde el plano del "capital natural", siendo así que el mercado de los "recursos naturales" los convierte en un negocio necesario, sustentado por el movimiento especulativo y financiero, desde el cual se provoca un impacto perverso que resulta significativo para el espacio vital. Al respecto, Svampa afirma que «la mirada productivista y eficientista del territorio [se interpreta como] el Consenso de los commodities»²⁰, que reconoce el mercado como un sistema de valor referido al precio en el orden económico instituido. A juicio de la autora, este consenso invoca no solo un orden, sino que consolida todo un sistema de dominación. Por consiguiente, las lógicas de los territorios que tienen que ver con los valores propios se invalidan, y en tal sentido «los territorios escogidos por el capital son considerados "socialmente vaciables"»²¹ o sacrificables. Por esto mismo conducen a conflictos y luchas que advierten diversas consideraciones en las que se integran territorio, naturaleza y ambiente, desde las cuales se articulan concepciones sociopolíticas, cosmovisión, modos de vida y formas de subsistencia que fundamentan la resistencia.

Con esta idea, integramos a la perspectiva de resistencia las luchas socioambientales que, además, se entienden como «expresión de una relación antagónica entre el capital depredador y la defensa de los bienes comunes, protagonizada por hombres y mujeres que no están dispuestos a vender lo que para ellos no tiene precio»²². Se trata entonces de luchas que se renuevan constantemente frente al capitalismo, el cual detona su marcha hacia la depredación, donde ninguna forma de vida podrá ser posible si no se detiene su curso.

Reconfigurando el territorio para la expansión minera: expresión geopolítica

La década de los ochenta del siglo XX en Colombia se orienta en la ruta trazada para África y América Latina, cuyo fin es convertir al país en proveedor de materia prima, principalmente alrededor del sector minero. El país inicia con el carbón en los departamentos de la Guajira y el Cesar²³, siendo este un sector que se expande y convierte en generador de conflictos socioambientales que escalan "gracias" al diseño de políticas mineras, a la "defensa" militar y a la participación de actores armados ilegales, quienes, a través de una estrategia de seguridad, guerra y paz, culminan con una evidente ocupación territorial.

Sin embargo, dicha ocupación repercute sobre las comunidades, quienes finalmente soportan (i) daño ambiental, (ii) militarización, (iii) presencia de grupos armados ilegales, (iv) desterritorialización, (v) pérdida de cultura y cosmovisión²⁴, que, en suma, configuran la indiscutible práctica de despojo, demostrada en casos como el del Cesar, en el que se plantea un estrecho relacionamiento entre instituciones gubernamentales, actores empresariales y grupos armados ilegales que resultan involucrados para avanzar en los objetivos de expansión minera²⁵.

Más allá del carbón, a finales de los noventa y principios de 2000, Colombia impulsa la minería de oro como factor de desarrollo, y en correspondencia con la dinámica que domina el resto de América Latina, se define en el Código de Minas (2001) durante el gobierno Pastrana.

Siguiendo este curso, los periodos de gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) intensifican el favorecimiento del sector a través de políticas como «Colombia País Minero. Plan Nacional para el desarrollo Minero Visión al año 2019»²⁶. Estas políticas tienen continuidad durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien incentiva aún más el sector con el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) desde el cual se asume como eje de crecimiento y prosperidad cinco locomotoras, entre las que se destaca la «locomotora minero energética»²⁷, la cual efectivamente se puso sobre rieles para que el sector contara con todas las condiciones frente a la apuesta internacional que cobija el sector en la vía de transnacionalización.

Este propósito tiene continuidad debido a la reelección de Santos, quien, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Todos por un nuevo país), estipula como parte del plan de inversiones la estrategia de competitividad e infraestructura, en la cual el desarrollo mineroenergético es uno de los principales objetivos en materia de financiación regional dentro de los pilares que sustentan paz, equidad y educación²⁸.

En suma, los mismos informes de la Contraloría General de la república han señalado que Colombia se perfila como país minero, en tanto propone duplicar la exportación de carbón, y cuadruplicar la exportación de oro, cuyo volumen de exportaciones se relaciona principalmente con minería a gran escala, la cual induce graves «impactos negativos y disexternalidades en el medioambiente [...], con las consecuentes implicaciones sobre la cuantiosa acumulación de materiales y la contaminación»²⁹. Por tanto, y como bien se analiza, lejos de poner en primer plano el tema ambiental y social, su enfoque principal son los negocios en perspectiva de la apertura a la inversión extranjera, centrando el interés en la primarización.

Ambiente político de expansión minera en medio de la «pacificación»

Como parte de este contexto, uno de los procesos más importantes en Colombia durante las últimas décadas es la búsqueda de la paz, lo cual coincide con los periodos de transformación política en materia de proyección minera, y todo va en la misma ruta que los gobiernos perfilan para ofertar los "recursos naturales". Pastrana (19982002) anunciaba en su campaña presidencial y ratificaba en Washington ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos que «Colombia tiene mucho que ofrecer a las empresas que deseen establecerse allí [.]. Las perspectivas para la industria minera son un hecho»³⁰.

En todo caso, los trazos más importantes fueron dispuestos durante este periodo presidencial, caracterizado tanto por retomar las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-EP, como por el empuje del avance extractivo que "bien" a fuerza de paz o guerra la decisión persistiría. Los mismos propósitos siguieron su curso durante los periodos de gobierno Uribe Vélez (2002-2010) y los periodos de Santos (2010-2014 y 2014-2018). Uribe Vélez se centró en la desmovilización paramilitar y la Seguridad Democrática, además priorizó la victoria militar sobre la negociación con la insurgencia, y Santos se concentró en el avance de negociación con las FARC-EP, nuevamente orientándose hacia los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Santos robustece este propósito de "pacificación" en su segundo periodo presidencial, cuando a través del plan de desarrollo postula que Colombia tiene la oportunidad de hacer ruptura con el legado de conflicto; con esto, en la medida en que se consolide la paz, las mismas posibilidades de desarrollo se potencian. Este tipo de análisis también sustenta que la «ausencia de paz es tanto causa como consecuencia de nuestra falta de desarrollo en otras dimensiones»³¹. En efecto, y como elemento sustancial de los objetivos de gobierno, propone consolidar el desarrollo económico a través de la estrategia de crecimiento verde para el campo, señalando que «la sostenibilidad del crecimiento económico depende también de los aspectos ambientales [donde] la mayoría de las metas ambientales están asociadas con la conservación y explotación sostenible de nuestros recursos naturales»³². Esta explotación obedece al reconocimiento que el gobierno proyecta, según el cual el sector minero se constituye en el principal soporte para mantener lo que se ha dado en llamar como el "posconflicto". De este modo, el gobierno en cabeza del viceministro de minas, Cesar Díaz³³, postula que este sector no solo representa el 2,5% del producto interior bruto (PIB), sino que no existe municipio en el país donde no haya minería, lo que significa que los reinsertados serían reincorporados en las regiones a través de las actividades mineras³⁴.

Vemos entonces cómo estas estrategias de negociación que ascienden hacia la "pacificación" son analizadas, en todo caso, como plataforma de credibilidad y confianza para la inversión extranjera, donde el tema minero se convierte en núcleo de las principales apuestas para el país. En suma, en este proceso se verifican aseveraciones como las expresadas por Giraldo en 2012, quien afirmaba que «el gobierno cuando está firmando esto [la paz], está pensando en la implicación internacional desde sus intereses inversionistas»³⁵. Cabe aclarar dentro de este contexto que el tema de confianza inversionista no queda reducido al límite económico, sino que queda demostrado que para generar confianza inversionista se requieren condiciones de estabilidad. Así las cosas en este entramado, es posible establecer algunas relaciones, pues evidentemente durante los mismos periodos de gobierno se afianza el tema de seguridad, siendo este un tema de guerra y "pacificación". Veamos cómo durante el gobierno Pastrana se adelantó el Plan Colombia, cuyo propósito, a juicio de Suárez, buscaba asumir una nueva etapa neoliberal caracterizada por ampliar cubrimiento en los diferentes planos de la vida nacional que han comprometido el «militar, el económico, el político, el institucional y el social»³⁶.

El mismo curso siguió el gobierno Uribe quien presentó tres objetivos de gobierno: «consolidar la Seguridad Democrática, consolidar la confianza inversionista y cumplir nuestras metas sociales. Van de la mano. Si no hay Seguridad Democrática no hay confianza inversionista. Sin ambas, es imposible que afluyan los recursos [...]»³⁷. En efecto, desde su política de Seguridad Democrática³⁸, avanzó en el proceso de desmovilización de grupos paramilitares que, sin embargo, es analizado como un traspaso en la representación de paramilitares a bandas criminales, quienes aún mantienen «incluso la misma estructura militar, económica y política»³⁹.

Es decir, todo nos indica que la misma configuración de acuerdos y negociaciones resulta estratégica para el avance del proyecto de expansión minera, en una continua proyección de convertir a Colombia en país minero. En consecuencia, se viabiliza el aumento de la titulación minera a gran escala. Las cifras mineras de Rudas demuestran este aumento, pues así, y durante los dos periodos de gobierno de Uribe, la titulación fue ascendiendo de 1,13 millones a 8,53 millones de hectáreas, llegando a titular asimismo 6,3% hectáreas en páramos⁴⁰ (ver mapa 1). A 2013, y según los datos recabados por Cabrera, se presenta un total de solicitudes de 14.535, que corresponden a 22.695,170 hectáreas (Ha)⁴¹.

A pesar de la importancia que se otorga a la paz en cualquier lugar del mundo, lo que aquí se vislumbra es un ambiente de credibilidad internacional en vía de los intereses geopolíticos alrededor de los "recursos naturales". En palabras de Giraldo, «la inversión extranjera necesita la paz [pues] estos tratados de Libre Comercio apoyan lo que Santos llama Locomotora Minera (por la cantidad de transnacionales que están extrayendo oro, carbón)»⁴².

Corrobora este interés el reporte de la consultora Oxford Business Group, que pone de manifiesto la importancia de la estabilidad y seguridad en Colombia en tanto genera confianza para la inversión, respecto de lo que también denominan extensos recursos naturales, robustecida política fiscal, empuje a las industrias extractivas, creación de infraestructura y nuevos acuerdos de libre comercio⁴³.

Desde estos contextos, Villarraga analiza que, sin embargo, los propósitos de paz que se adelantan en el país no demuestran una política integral. Por el contrario, el énfasis está puesto «en la gran minería y en la agroindustria, con ventajas para las multinacionales [...] [y en el marco social] carecen de un sentido de inclusión, equidad y superación efectiva de la pobreza»⁴⁴. Es decir, las condiciones están dadas para viabilizar la apertura a los "grandes negocios" en vía de alcanzar lo que Santos configura como el "buen gobierno". Además, aunque se exprese en su segundo periodo «construir una Colombia en paz, equitativa y educada»⁴⁵, pone finalmente como prioridad alcanzar «los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)»⁴⁶, los cuales, articulados a la planificación propuesta por la Agenda de Desarrollo después de 2015, se orientan más en la vía del crecimiento prolongado, que no es precisamente la vía del desarrollo humano.

En efecto, más allá de una paz estructural que conlleva equilibrio y simetría social, se mueven intereses que sustentan un modelo económico, cimentado por medio de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Corea del Sur y con Europa, que resultan significativos para el avance de los negocios transnacionales, en los cuales se destaca el sector minero. En otras palabras, esto explica que la idea sostenida al inicio de las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC-EP en la Habana, Cuba, sobre la importancia que este grupo señalaba sobre discutir el modelo de desarrollo económico fuera recibida con una total negativa, en tanto el gobierno lo que postuló de forma imperativa es que el «modelo de desarrollo económico no es parte del proceso de negociación»⁴⁷. En suma, del mismo modo que se ha justificado en toda América Latina la necesidad del extractivismo para alcanzar el desarrollo y mantener los subsidios, en el caso de Colombia, además de esto, se plantea el sector minero como aquel que garantiza el sostenimiento del "posconflicto", lo que no significa desconocer que la guerra directa impulsa los sectores extractivos. Es claro también que estos negocios son tan rentables que los mismos costos de guerra y conflicto pueden ser absorbidos por las ganancias del sector y, por ende, no se deja de invertir en escenarios de guerra abierta. Más aún, es evidente y no se desconoce que el capital siempre ha generado guerras en función del acceso a los recursos.

Un modelo de desarrollo que se afianza

Con todo, se configura durante estos gobiernos una evidente estrategia para crear un ambiente de estabilidad y credibilidad que afiance el modelo; así, sumado a los tratados de libre comercio y siguiendo la orientación extractiva, se busca crear toda la plataforma completa, de la cual hace parte el cumplimiento de estándares internacionales que garantice el apalancamiento como integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), guardando la misma línea de liberalización del comercio internacional⁴⁸. La OCDE⁴⁹ indica respecto a Colombia la importancia que tiene, en tanto el país posee una gran influencia en toda América Latina, significando a la vez que se espera del mismo recibir importantes beneficios⁵⁰. Por esta razón, al obtener aceptación en la OCDE, Colombia deberá adherirse con mayor compromiso a los objetivos de libre comercio y de la inversión extranjera.

Al tiempo que el gobierno planea el ingreso a la OCDE, también busca obtener la candidatura a la iniciativa de transparencia de la industria extractiva (Extractive Industries Transparency Iniciative-EITI)⁵¹, asumiendo, sin embargo, un estándar innecesario pues aunque haya sido creado para lograr la trasparencia de información, correspondiente a los ingresos que provienen de los "recursos naturales", estos deben ser reportados para garantizar las regalías.

En suma, el propósito es contar con todas las herramientas que articulen el cumplimiento de un estándar mundial, con lo que se extiende la más fina plataforma para el advenimiento de esta expansión minera, ya que el estándar de la eiti no es inocuo, sino que es parte del propósito que se instituye a través de alianzas con organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (IFIS)⁵², la OCDE, los bancos de desarrollo regionales, y organismos de derechos humanos como las Naciones Unidas, articulados todos en torno a postulados que legitiman el avance del modelo extractivo en el país.

Así, para lograr estos fines, el gobierno ha implementado la colaboración de agentes cooperantes, como el mismo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)⁵³, correspondiendo a esta última el apoyo técnico y metodológico en relación con la estructura del Plan de Acción Nacional. Además participan de esta cooperación la agencia del Gobierno Federal Alemán, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)⁵⁴, la Canadian International Development Agency, y la embajada del Reino Unido⁵⁵. Todas ellas tienen una alta incidencia geopolítica, marcadas por sus propósitos de intervención.

Justamente la intervención de agencias como USAID es considerada estratégica para la región, por cuanto la caracteriza su capacidad de injerencia que se instituye a través de "ayudas" relacionadas con préstamos o cooperación para el desarrollo, asistencia técnica, emergencias y apoyo militar y económico, todo lo cual va acorde con el proyecto militar y político de Estados Unidos, sustentado en el «Manual represivo confidencial»⁵⁶. A juicio de Ceceña, la agencia USAID fue creada para garantizar en la década de los sesenta el fortalecimiento de la Alianza para el Progreso, repartiendo financiación en ayudas al desarrollo y asistencia militar, con el propósito de impedir la repetición del proceso revolucionario de Cuba, otorgando además sus principales montos en momentos de golpes de Estado hacia las dictaduras en Suramérica⁵⁷.

La agencia se destaca por financiar proyectos de desarrollo⁵⁸ que develan propósitos estratégicos como «Colombia Strategic Development Initiative-CSDI», con la cual se ha venido apoyando el Plan Nacional de Consolidación⁵⁹. A juicio de González, el plan estratégico de la USAID y del Departamento de Estado configura ayuda a las naciones en vía de desarrollo, y con este fin buscan el distanciamiento de conflictos violentos para el logro de la estabilidad económica⁶⁰. Desde la agencia se plantea que la «USAID identificará y priorizará los conductores [de la violencia] establecerá objetivos claros, diseñará una serie enfocada de intervenciones y evaluará sistemáticamente medidas relacionadas al progreso y al impacto [de los proyectos implementados]»⁶¹.

Se puede decir que el panorama en Colombia deja un evidente trazo no solo estratégico sino táctico de impulso a los intereses económicos, que, como dice Natiello, representante de USAID: «Estados Unidos apoya el proceso de paz en Colombia, que se materializa con el trabajo articulado que adelanta alrededor de la consolidación territorial en los municipios que han tenido una historia de conflicto»⁶². Sin embargo, esta consolidación se caracteriza por una gran carga militar que articula estrategias sociales y militarización para el arraigo del modelo de desarrollo, el cual se profundiza en las diversas regiones del país.

Empresas y derechos humanos en la ruta extractiva

Como parte de todo este entramado estratégico de introducción extractiva, resulta de vital importancia el tema de los derechos humanos cuando se vincula con empresas que "desarrollan" el sector minero. Este tema repercute principalmente sobre el comportamiento de las empresas y se convierte en un asunto sensible por cuanto muchas empresas extractivas, principalmente transnacionales, han resultado vinculadas con actos de violación a derechos humanos. En el caso de Colombia resulta cuestionable que empresas investigadas por este tipo de violaciones cuenten actualmente con gran cantidad de títulos mineros a su favor. Uno de estos casos corresponde a la transnacional Anglo Gold Ashanti, destacada por sus vínculos con grupos paramilitares en el Congo⁶³.

La más reciente investigación en Colombia demuestra la colaboración de empresas mineras como Drummond y Prodeco, acusadas de vínculos con grupos paramilitares en el departamento del Cesar. Según Ruggie⁶⁴, el tema de empresas y derechos humanos toma importancia a partir de los años noventa, por cuenta de la expansión acelerada que empuja la actividad trasnacional y la aparición de varios fallos relacionados con la gobernanza global⁶⁵.

Dicho de otro modo, para seguir las exigencias de convertir a Colombia en un país minero y llegar a cristalizarlo como uno de los principales proveedores de materia prima, las empresas deberán asumir estándares internacionales de responsabilidad corporativa que integran derechos humanos. Entre ellos está la orientación de los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos (PV), planteados y proyectados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido a partir de 2000, y se enfocan en establecer «guías prácticas para que las compañías que operan en zonas de conflicto o de gobernabilidad frágil, se aseguren de que las fuerzas de seguridad pública o privada, que protegen sus operaciones, actúen bajo el marco de los derechos humanos»⁶⁶.

En efecto, y como parte de la celebración del Congreso Internacional sobre Principios Voluntarios, se acepta a Colombia como gobierno involucrado que, no obstante siendo un acuerdo de voluntades, resulta de vital importancia para continuar el avance de expansión extractiva, en tanto estos principios se instituyen en la relación Estados-empresas-organizaciones no gubernamentales-Naciones Unidas. En Colombia, por ejemplo, interviene la ONG IKV Pax Christi, junto con la empresa Anglo Gold Ashanti, la cual para el caso de la mina La Colosa en el municipio de Cajamarca cumple el papel de acompañar a la comunidad, a fin de «garantizar la convivencia, los derechos humanos y el buen gobierno en la zona»⁶⁷, sosteniendo insistentemente el proyecto, pese a que en este territorio la resistencia persiste en decir: «No a la Colosa».

De todos modos, este conjunto de estrategias proporcionan estabilidad para el avance de los mega-proyectos mineros, proyectada como "necesidad" irrenunciable en tanto mantiene el capitalismo. Al respecto Ceceña⁶⁸ pone en la mira los llamados "recursos naturales"⁶⁹ como aquellos que justamente componen el esqueleto de reproducción material del sistema, y entre estos los "recursos minerales" se definen como estratégicos, por cuanto se convierten en "indispensables" en materia de producción y consumo.

A juicio de la autora, por esta vía se instauran como propósito esencial para las «fuerzas armadas del Comando Conjunto de Estados Unidos, [consistentes en ofrecer garantías de acceso a los "recursos naturales"] requeridos para la reproducción, como hegemón mundial»⁷⁰. Es decir, Estados Unidos es visto no como país sino como un «complejo de poder que representa al sujeto dominante con varias caras, entre las que se cuentan la de empresas, la estatal y la militar»⁷¹.

Por consiguiente, Colombia se sumerge en este basto conjunto de estrategias geopolíticas de expansión que el capitalismo despliega en su versión neoliberal. En línea con Harvey, la teoría neoliberal enfoca prácticas de política económica que maximizan libertades empresariales sobre la base de marcos institucionales que articulan «derechos de propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas y libre comercio»⁷². En síntesis, el Estado y el gobierno de turno se encargan de propiciar todo un aparato acorde a los objetivos geopolíticos, cumpliendo así con las condiciones que sean necesarias.

Frente a esta dinámica que pone de suyo las reglas a favor de los propósitos gubernamentales y empresariales, se configuran procesos de resistencia que confrontan al sector minero, manteniendo ciertos rasgos, en tanto es entendida como una lucha que alude una constante oposición al modelo, particularmente a las políticas mineras que sustentan el desarrollo del sector a gran escala, el cual no solo resulta cuestionable por el método, sino por el grado de expansión que profundiza y proyecta, generando conflictos socioambientales.

Con este enfoque, las exigencias desde la resistencia discurren también en torno a diversas características como (i) el tipo de extracción, (ii) el método, (iii) el carácter transnacional, nacional y territorial, así como (iv) las condiciones de ancestralidad, entre otras. Estas resistencias también se caracterizan por matices no siempre develados, pues justamente su capacidad de opacidad, clandestinidad, reactividad y creatividad hacen posible este «en-contra [que] ya no puede estar separado del más-allá, tal como más allá no lo puede estar del en-contra»⁷³, con el cual se fisura y agrieta el sistema, aunque aún no se logre cambiar radicalmente. Por esto, y desde las mismas resistencias, el propósito es dar el paso que devele todo tipo de estrategias, cuyo fin es iluminar otros horizontes posibles.

Resistencia desde los procesos

Desde este contexto, ponemos la mirada en una apuesta metodológica relacionada con la participación directa en los procesos de resistencia que nos permite romper con la perspectiva del estudio de caso, por cuanto este fragmenta los procesos y los convierte en "emblemáticos", o establece variables para clasificar contrastar y comparar. Contrariamente, nos ubicamos en la investigación activa y militante desde los mismos procesos, en línea con la investigación acción colectiva⁷⁴ que en la coyuntura de expansión minera nos dispone a: (i) comprender ciertos rasgos en la misma lucha, (ii) romper las barreras localistas, (iii) entender macro y en contexto el armazón geopolítico, y (iv) participar en los planteamientos de alternativas posibles.

En efecto, las resistencias de las que somos participes y que también estudiamos se destacan por ciertas características que despliegan un contra a (i) la minería transnacional a gran escala, (ii) la minería transnacional inconstitucional, (iii) la minería ilegal y criminal, (iv) la explotación minera innecesaria; y la defensa a (i) la vida (ii) el territorio y (iii) los bienes comunes.

No obstante esta tipificación, no pretendemos delimitar y menos agotar los diversos detonantes, intenciones y matices de la resistencia; se trata básicamente de comprender aspectos de estas configuraciones, dejando explícito que estas se integran o separan estratégica y tácticamente. En todo caso, nos centramos en el entramado de aspectos develados, al tiempo que no irrumpimos en aquellos que se logran opacar, y que seguirán siendo clandestinos y no explorados, ya que en esto también consiste el potencial de la resistencia.

En consecuencia, nos permitimos no explicitar especificidades que puedan ser cooptadas, reducidas o silenciadas, en tanto significan una forma más de vaciamiento que se traduce en despojo y ocupación territorial. Se reconoce entonces la necesidad de crear intersticios que, como bien expresa Holloway, producen «grietas en el tejido de la dominación capitalista: como el reconocimiento, la creación, expansión, multiplicación y confluencia de los espacios o momentos de negación-y-creación»⁷⁵.

Por ende, este tipo de análisis más allá de los casos devela cómo las resistencias se mueven por procesos que significan unidad en la diversidad, en virtud de lo cual, cuando emergen y se detonan procesos de lucha, estos devienen en tensión entre el modelo extractivo geopolítico y los territorios configurados desde abajo.

Es de advertir que en Colombia las resistencias articulan relaciones entre las comunidades rurales y urbanas que viven y prevén el grave impacto socioambiental, creando contratendencias que entretejen alianzas con organizaciones no gubernamentales, academia, grupos, iglesia, anarquistas, antisistémicos, independientes que configuran compromiso y sinergia. Su fin es sumar y fortalecer estos procesos con conocimientos técnicos ambientales, jurídicos, económicos, desde el reconocimiento ancestral, cultural, identitario y no identitario, como otra instancia que sustenta argumentos y saberes en y para la lucha.

Se trata entonces de resistencias que optan igualmente por el reconocimiento de aquellas comunidades que ancestralmente extraen minerales para la sobrevivencia, y cuya forma de extracción ha sido y sigue siendo «ancestral», en tanto conservan la historia y la memoria del sometimiento a la esclavitud, al tiempo que continúan su lucha por la emancipación; todo esto ocurre en un contexto que reconoce la emergencia sin parar de comunidades y organizaciones que dicen «no a la minería en ninguna de sus formas»⁷⁶, donde también se reconocen comunidades y organizaciones que se expresan en contra de la «minería a gran escala» y defienden otros tipos de minería⁷⁷.

Desde la primera, se subraya el despliegue de las resistencias que se ha librado en el municipio de Suárez, corregimiento de La Toma, ubicado en el departamento del Cauca en Colombia. Allí desde hace más de 400 años un grupo de hombres y mujeres traídos desde África, obligados a trabajos forzados, se revelan y dan a conocer como rebeldes cimarrones, resistiendo en contra de la esclavitud y el desarraigo. Actualmente sus descendientes, luego de cuatro siglos, siguen en resistencia contra el despojo y la desterritorialización. Esta se configura desde arriba, en medio de la estrategia del gobierno y sus instituciones que, además de darse a la tarea de titular el territorio a foráneos y transnacionales para llevar a cabo proyectos mineros a gran escala, desconoce a las comunidades, su ancestralidad y derechos fundamentales, como la Consulta Previa⁷⁸. El gobierno se destaca además por la ausencia e inoperancia de las mismas instituciones de cara a la minería ilegal que se ha posicionado en todo el departamento del Cauca y se despliega actualmente en las laderas del río Ovejas, que baña tanto el municipio de Suárez⁷⁹ como otros municipios del mismo departamento.

Con todo, se revela el entramado geopolítico de vaciamiento territorial por apropiación de "recursos", pues además de las denuncias de la comunidad, organizaciones y otras instituciones, se demuestra la ineficacia institucional que resulta estratégica en vía de dar un paso más al respaldo de la titulación transnacional, llamada ahora «minería bien hecha»⁸⁰, pues es claro que sobre el territorio sigue existiendo titulación concedida en un 34%, con solicitudes del 57%. Es decir, el 91% de territorio estaría destinado a actividades mineras externas a los pobladores⁸¹. Algunos antecedentes han venido configurando el más importante desplazamiento en este corregimiento, como sucedió con la creación de la represa de la Salvajina en 1985, considerada uno de los megaproyectos más importantes de la región para la generación de energía. No obstante, lejos de beneficiar a las comunidades favoreció los «grandes negocios» y el monocultivo de caña, con su gran expansión por el departamento del Valle del Cauca. En efecto, este hecho, sumado a la titulación sobre el territorio, elevaron la resistencia contra el desalojo, que tuvo como fin dar paso a títulos mineros inconsultos a través de la resolución 2864-3-30 del 30 de abril de 2010, por medio de la cual se ordenó el desalojo a la comunidad de La Toma⁸².

Contra esta figura de entregar territorios a quien solicite títulos mineros, desde la resistencia se ha logrado integrar formas de lucha, pues si bien se interpuso por vía legal la acción de tutela «contra la Alcaldía de Suárez; los Ministerios del Interior y de Justicia; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; de Minas y Energía; ingeominas; el Juzgado 1° Administrativo del Circuito de Popayán; el señor Héctor Jesús Sarria; y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC)»⁸³, igualmente, por vía de hecho, se impidió el paso al desalojo atravesando su gente en el puente ubicado entre el municipio de Suárez y la vía que conduce a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, gritando arengas como «de aquí no nos sacan sino con los pies por delante»⁸⁴.

Como puede apreciarse, los intereses que se articulan en este lugar descubren cómo se reconfigura un territorio para vaciarlo de pobladores y obtener los «recursos». Algunos aspectos demostrativos develan: (i) militarización del territorio para ofrecer seguridad a través de convenios entre empresas y el Ministerio de Defensa⁸⁵; (ii) escalamiento del conflicto -presencia paramilitar y guerrillera-; (iii) amenazas y hostigamiento a la población; (iv) ingreso de retroexcavadoras e inoperancia de instituciones; (v) apropiación del recurso hídrico, a la vez que envenenamiento del agua con minería ilegal; (vi) desplazamiento; y (vii) titulación minera a foráneos y transnacionales de manera inconsulta y por ende inconstitucional. En síntesis, el Consejo Comunitario de la Toma⁸⁶ advierte que «resulta estratégico lo que sucede en el territorio para apropiarse del mismo y entregarlo a las transnacionales»⁸⁷, mostrando así cómo los territorios se disponen para dar respuesta y paso a estos "grandes negocios".

En La Toma, y en general en el Cauca, se detonan estas expresiones de resistencia en diferentes momentos, como la lucha y movilización en unidad del pueblo afro e indígena en 1994 frente a la desviación del curso del río Ovejas, que vuelve a unirse actualmente por su defensa. Así mismo, la toma pacífica del Incoder por parte de representantes del Consejo Comunitario de La Toma, en la cual se declaran en Asamblea Permanente con el fin de «resolver la situación de violencia, despojo y general marginalidad y discriminación que busca mantener bajo opresión comunidades arraigadas en territorios y culturas ancestrales»⁸⁸. La más reciente ha sido la «Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales»⁸⁹, desde la cual y como producto de la Asamblea Permanente declarada en La casa Giralda, Ministerio del Interior, se logra una serie de acuerdos⁹⁰, cuyo fin apunta a obtener una respuesta integral por parte del gobierno a las demandas de la comunidad sobre la irrupción de la minería ilegal y la "legal".

La primera se refiere a la ocupación de las retroexcavadoras sobre el río Ovejas, exigiendo resolver la problemática de daño ambiental en la cuenca hídrica que tributa al Pacífico, daño en la salud por el envenenamiento que compromete vertimiento de sustancias como mercurio y cianuro, daño social producto de la descomposición que este tipo de dinámica minera provoca y protección integral. Respecto al segundo planteamiento sobre minería «legal», se asevera que esta modalidad refiere titulación en el territorio de manera inconsulta y por ende es inconstitucional. El siguiente mapa es una muestra de las resistencias vinculadas con la movilización de mujeres afrodescendientes en 2014 en el marco de los conflictos por minería (ver mapa 2).

En relación con el conflicto político militar y sus vínculos con la minería, quienes hacen resistencia tienen que confrontar amenazas, hostigamiento y desplazamiento en un territorio con grandes intereses por la "riqueza metalífera", especialmente del oro, e hídrica, en tanto resulta necesaria para echar a andar estos negocios ilegales y los "grandes negocios" transnacionales.

Como puede entenderse, la resistencia que las comunidades levantan evidencia que más allá de una mirada ingenua logran capacidad para reclamar al Estado y gobierno de turno sus responsabilidades frente a los acuerdos logrados y en general al cumplimiento a los derechos fundamentales que están siendo violados, y al reconocimiento de su ancestralidad. Esta actuación, sin embargo, no termina, pero ha logrado persistencia y alianzas, las cuales transcienden el espacio concreto territorial, en una comprensión de lucha frente a lo que deviene desde los intereses geopolíticos.

Con la «Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales» también se revive la guardia cimarrona que se erige en defensa de lo propio, por cuanto representa y recupera la memoria ancestral. La movilización se considera entonces uno de los tantos hitos de lucha por la defensa territorial que confronta las intenciones geopolíticas de vaciamiento territorial que dan vía al amparo de la titulación de territorios por "recursos naturales" no solo en el Cauca sino en el resto del país.

En consecuencia, desde la resistencia se asumen desafíos que con valentía han diseñado rutas de presión a las instituciones, demostrando que pese a la inmensa fuerza y poder gubernamental de apalancamiento de las políticas mineras, estas terminan en entre dicho en tanto su aplicación se convierte en violatoria de derechos.

Con todo, es claro que en este territorio se articula una aberrante complicidad de las instituciones gubernamentales que se traduce como estrategia de ocupación de territorios en tanto la inoperancia abre la puerta para el vaciamiento territorial, ya que en la ruta de esta ilegalidad y la ineptitud táctica ofrece vía libre a la "legalidad" sobre la titulación de territorios. En efecto, la inercia en la maniobra y su desarticulación interinstitucional se convierten en un perverso acto dilatorio que, a su vez, cimenta las bases para poner de relieve a la minería transnacional como aquella que deviene de manera "responsable" para cumplir los requisitos de seguridad y sostenibilidad.

Conclusiones

Vemos la manera en que la resistencia configurada en Colombia muestra procesos que fortalecen la lucha desde abajo en una comprensión que entiende cómo las estrategias para la expansión minera provocan conflictos socioambientales, los cuales se ubican en la vía del vaciamiento territorial para saquear los llamados "recursos naturales". Con esto se demuestra un entramado que transciende la misma esfera gubernamental y estatal que, sin embargo, se sirve de esta, por cuanto lo que se emana desde el marco internacional integra grandes capitales y fuertes intereses, que contemplan estrategia y táctica para incidir y fundamentar la plataforma minera con planes y políticas para el país.

Es de advertir que el esqueleto que se crea desde las ifis, las agencias de cooperación, la intervención de algunas organizaciones no gubernamentales y la alineación de los gobiernos de turno hacia los propósitos extractivos no ha resultado inocuo. Por el contrario, corresponde a un plan que articula temas económicos y de seguridad en pro de los "grandes negocios extractivos" que cuentan con todas las garantías interinstitucionales y con una fuerte base política para avanzar en un claro desequilibrio, porque no se aplica con la misma celeridad las acciones correspondientes a la defensa de las poblaciones, para así evitar la desterritorialización y el desplazamiento, que se demuestra en procesos como los que emergen en La Toma (Suárez) y en los demás municipios del Cauca.

En Colombia, al igual que en el resto de América Latina, se han venido escalando los conflictos socioambientales, que se traducen en tensión por los "grandes negocios extractivos" del capital, frente a lo cual la resistencia articula defensa de la vida, el territorio y los bienes comunes. Con esta lógica se crean fisuras y se abren grietas que a la vez convocan a la creación de alternativas que no son precisamente las del capital, pues justamente allí se ubica el nudo causante de los conflictos e intereses geopolíticos por "recursos" que alimentan el modelo capitalista, sin los cuales sería insostenible el modelo que mantiene la producción y el consumo, que además viene imposibilitando la sostenibilidad de la vida.

El proceso de vaciamiento que hemos advertido desde La Toma y que refiere los demás municipios del Cauca representa en su articulación todas las características de la puesta en marcha de la desocupación territorial que integra amenaza y desplazamiento, y que da paso a los negocios mineros de las transnacionales. Por un lado, se ha hecho indiscutible la aplicación de las políticas que priorizan los "grandes negocios" y no la permanencia ancestral de las comunidades en su territorio⁹¹, y por otro se demuestra una estrategia calculada para provocar el vaciamiento.

Además, se ha develado la avanzada de la intervención de los grupos ilegales que irrumpen territorios abriendo minas con dragas y retroexcavadoras, poniendo en riesgo la vida de los pobladores, con la mirada ineficaz de las instituciones gubernamentales, autoridades militares y policivas que demuestran inoperancia y falta de articulación insterinstitucional frente a las denuncias de las comunidades, todo esto en un territorio que demuestra presencia de base militar y campamentos ubicados en alta montaña y al interior de los barrios y veredas que componen el corregimiento que configuran este territorio⁹².

Además, se ha desconocido la «consulta previa» a las comunidades étnicas que debe ser aplicada antes de conceder cualquier titulación sobre sus territorios, ya que esta impediría exponer a las comunidades al desalojo. Luego, gracias a los diversos hitos de resistencia, entre los que se destaca la «Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales», se verifica la capacidad de movilización y resistencia desde los territorios, pero a la vez la forma en que se dilatan soluciones interinstitucionales por parte del gobierno para enfrentar los conflictos socioambientales y político-militares. Así, la falta de celeridad y dilación para atender las demandas de las comunidades, al igual que la carencia y demora en la aplicación de las sentencias de protección del Estado de los derechos, se convierte en una muestra fehaciente que da empuje y viabiliza el vaciamiento territorial, dando paso a los "grandes negocios" transnacionales, que cuentan con otra lógica de capacidad y seguridad ofrecida por el gobierno para dar vía libre a las "grandes inversiones" de la inversión extranjera directa.

La capacidad de lucha que configura las resistencias ha logrado demostrar que no le es fácil a estos gobiernos entregar los territorios, ya que la fuerte tensión y articulación que se crea involucra cada vez más apoyo técnico y jurídico a las luchas. Actualmente se integran organizaciones, grupos, redes, academia, iglesias, instituciones defensoras de derechos, entre otros, fortaleciendo la capacidad de resistencia para impedir el vaciamiento territorial, creando así alternativas «en contra y más allá del capital» en la lógica de fisurar el sistema para configurar otros mundos posibles.

Pie de página

¹Juan Diego Peña, Minería y medio ambiente en Colombia (Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, Escuela de Posgrados, 2003). http://www.usergioarboleda.edu.co/investigacion-medioambiente/MINERIA%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE%20EN%20COLOMBIA. pdf (consultado el 2 de diciembre de 2014).
²En adelante las comillas inglesas (",") se usaran en este artículo para señalar una interpretación irónica.
³Aurelio Suárez, Confianza inversionista. Economía colombiana, primera década del siglo XXI (Bogotá: Ediciones Aurora, 2010).
⁴En adelante, los paréntesis cuadrados son nuestros.
⁵UN Cepal, La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Documento informativo (Editorial eclac, 2010), 58. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1141/S2011016es.pdf?sequence=1 (consultado el 27 de febrero de 2015).
⁶UN Cepal, La inversión extranjera, 13.
⁷José Antonio Ocampo, «Más allá del Consenso de Washington: una agenda de desarrollo para América Latina», Cepal-Estudios y perspectivas, n.° 26 (2005). http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4945/S050152_es.pdf?sequence=1
⁸Miriam Lang; Claudia López y Alejandra Santillana, comp., Alternativas al capitalismo colonialismo del siglo XXI (Quito: Abya Yala; Fundación Rosa Luxemburg, 2013), 8.
⁹Pablo Dávalos, La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina (Bogotá D.C.: Ediciones desde abajo, 2011).
¹⁰Patricia Botero, «Investigación y acción colectiva "iac". Una experiencia de investigación militante», Utopía y Praxis Latinoamericana 17, n.° 57 (2012): 4.
¹¹Botero, «Investigación y acción colectiva», 3.
¹²Guido Gómez de Silva, Breve diccionario etimológico de la lengua española (México: Fondo de cultura económica, 1995), 602.
¹³Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española (Madrid: Editorial Espasa Calpe, S.A., 1970), 1138.
¹⁴Horacio Machado Araoz, «El auge de la Minería transnacional en América Latina», en La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina, coord. Héctor Alimonda (Buenos Aires: clacso, 2011), 166.
¹⁵Alier Martínez, El ecologismo de los pobres conflictos ambientales y lenguajes de valoración (Barcelona: Icaría Editorial, 2005).
¹⁶Holloway, Contra y más allá del capital, 1.
¹⁷Andreu Viola, «Usos y abusos del concepto de resistencia. Un balance del debate en torno a la obra de James C. Scott», en Resistencia y territorialidad. Culturas indígenas y afroamericana, ed. Javier Laviña y Gemma Orobitg (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2008), 63.
¹⁸Hablamos de pacificación para expresar una simple forma de propiciar un tipo de paz que se enfoca en echar adelante los grandes negocios por recursos y no como una paz estructural. En este sentido, cabe aclarar que la inversión extranjera no es una nueva apuesta del modelo de desarrollo, sino que en estos periodos de gobierno se expone abiertamente al interior de las políticas.
¹⁹William Fernando Torres et al., Informe de avance del proyecto Impactos del Conflicto político militar en la vida cotidiana colombiana y en los tejidos comunicativos (Bogotá: Colciencias, 2011).
²⁰Maristella Svampa, «Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina», Revista del Observatorio Social de América Latina XIII, n.° 32 (2012): 19. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf (consultado el 27 de febrero de 2015).
²¹Sack citado en Svampa, «Consenso de los commodities», 18.
²²Mina Lorena Navarro, «Las luchas socioambientales en México como una expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple», Revista del Observatorio Social de América Latina XIII, n.° 32 (2012): 149.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf (consultado el 27 de febrero de 2015).
²³Ana Vicente; Neil Martin y Daniel James, «Minería en Colombia: ¿A qué precio?», Peace Brigades International (PBI) Colombia. http://www.pbicolombia.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/files/colomPBIa/111122_boletin_final_web.pdf (consultado el 6 de marzo de 2015).
²⁴«Las comunidades denunciantes mostraron que el extractivismo minero solo les ha traído la pérdida de territorios, la destrucción de las bases de su subsistencia [...] el agotamiento de las fuentes de agua -no solo por la sequía sino por el alto consumo de agua por parte de Cerrejón». Mauricio Archila, «Resistencia a la minería en el sur de la Guajira», Palabras al Margen 41 (2014). http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/resistencia-a-la-mineria-en-el-sur-de-la-guajira
²⁵La relación entre grupos ilegales, desplazamiento y compra de tierras por parte de las mineras Drummond y Prodeco se puede profundizar en el informe de Marianne Moor y Joris van deSandt, «El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en el Cesar, Colombia» (Utrech-Bélgica, 2014).
²⁶República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía, Colombia país minero. Plan Nacional de Desarrollo Minero Visión al año 2019 (Bogotá: Unidad de Planeación Minero Energética, upme, 2006).
²⁷Departamento Nacional de Planeación, Colombia, «Plan Nacional de Desarrollo, 2011-2014. Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza, más seguridad», 2010. https://sinergia.dnp.gov.co/SISMEG/Archivos/PND2010-2014 Tomo I CD.pdf (consultado el 6 de marzo de 2015).
²⁸Departamento Nacional de Planeación, Colombia, «Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018. Todos por un nuevo país», 2015. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/ArticuladoVF.pdf (consultado el 16 de abril de 2015).
²⁹Contraloría General de la República, «Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza» (2013), 98. http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/182119332/Libro_mineria_sep3_2013.pdf/65bf77a0-8b0b-430a-9726-dad0e72639c6 (consultado el 2 de marzo de 2015).
³⁰ Aurelio Suárez, «La economía uribista o el fracaso de la confianza inversionista», Revista Deslinde 47 (2010): 7.
³¹Departamento Nacional de Planeación, Colombia, «Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo país, paz, equidad, educación. Versión preliminar para discusión del consejo nacional de planeación». https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%20 2014-2018.pdf (consultado el 15 de abril de 2015).
³²Departamento Nacional de Planeación, Colombia, «Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018». Las cursivas son nuestras.
³³César Díaz Guerrero ocupó el cargo de presidente de la Cámara Colombiana de Minería, quien a nuestro juicio, por su cargo, tiene un sesgo totalmente parcializado a favor de los empresarios del sector.
³⁴EFE, «El sector llamado a ser el gran jugador en el posconflicto es la minería», El Espectador, 2014 http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-sector-llamado-ser-el-gran-jugador-el-poscon-flicto-m-articulo-517484 (consultado el 20 de septiembre de 2014).
³⁵Lola Matamala, «La inversión extranjera necesita la Paz. Entrevista a Javier Giraldo», Revista cepa, n.° 16 (2012): 19. http://revistacepa.weebly.com/uploads/1/3/3/7/13372958/la_inversion_ex-tranjera_necesita_paz.pdf (consultado el 6 de marzo de 2015).
³⁶Suárez, «La economía uribista», 7.
³⁷Álvaro Uribe, Palabras del presidente Uribe en la celebración de los 80 años de Coca Cola en Colombia. (Bogotá D.C., noviembre 13 de 2007). http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2007/noviembre/cocacola_131107_i.html (consultado en noviembre del 2014).
³⁸Cabe recordar que dentro del Plan de Consolidación de la Seguridad Democrática (pcsd) se concluía que «el Ejército está cumpliendo un doble propósito, aparte de las garantías en viabilidad y el mejoramiento en la calidad de vida, las tierras reciben un valor agregado. El hecho de no ser una zona hostil ha permitido el aumento de los cultivos y la valorización casi de un 300 por ciento de las tierras» (la cursiva es nuestra). Véase: Ejército Nacional de Colombia, «Plan de Consolidación», Revista Ejército 147 (2009). http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=236149
³⁹Centro de Memoria Paz y Reconciliación, «Proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC», 2014. http://centromemoria.gov.co/wpcontent/uploads/2014/11/Proceso_de_paz_ con_las_Autodefensas.pdf (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁴⁰ Camila Osorio, «El legado minero de Uribe», La Silla Vacía (2014). http://lasillavacia.com/historia/18648 (consultado en junio de 2013).
⁴¹ Mauricio Cabrera, «Gobernabilidad minera y ambiental», Presentación Audiencia Acción Popular contra la Apertura de la ventanilla minera (28 de julio, 2014).
⁴² Matamala, «La inversión extranjera», 20.
⁴³ Colombia.co, «Colombia es un país de oportunidades según the report colombia 2013». http://www.colombia.co/inversion/colombia-es-un-pais-de-oportunidades-segun-the-report-colombia-2013.html (consultado el 12 de julio de 2014).
⁴⁴ Álvaro Villarraga, «El proceso de paz: balance y perspectiva 20142015». http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas -y-paz-temas-30/8159-el-proceso-de-paz-balance-y-perspectiva-2014-2015.html (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁴⁵ Departamento Nacional de Planeación, Colombia, «Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018», 1
⁴⁶ Departamento Nacional de Planeación, Colombia, «Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018», 1
⁴⁷ cinep, «Tierra, política agraria y desarrollo rural en el horizonte de la paz. Aportes a los diálogos de paz CINEP/Programa por la Paz» (2012).
http://www.cinep.org.co/index.php?option=comdocman&task=doc_download&gid=293&Itemid=117&lang=es (consultado el 5 diciembre de 2014).
⁴⁸Observatorio de la Cooperación Internacional, Colombia, «Colombia miembro pleno de la ocde: ¿un jugador de talla mundial?» (2010).
http://www.pcslatin.org/portal/images/documentos/Desarrollo-Institucional/Colombia-miembropleno-de-la-OCDE.-Un-jugador-de-talla-mundial.pdf (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁴⁹Miembros de la OCDE: Australia, Bélgica, Chile, México, Países bajos, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Alemania, Austria, Francia, Suecia, Estonia, Polonia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Corea, Israel, Japón, Italia, España, Portugal, entre otros. Ocde.org. «Países miembros. ocde mejores políticas para una vida mejor». http://www.oecd.org/centrodemexico/paisesmiembros.htm (consultado en octubre de 2014).
⁵⁰Elpaís.com.co, «Estas son las tareas que debe hacer Colombia para ingresar a la OCDE», El País (26 de octubre, 2013). http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/estas-son-tareas-debe-hacer-colombia-para-ingresar-ocde (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁵¹Ministerio de minas y energía, «EITI Colombia. Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas». http://www.minminas.gov.co/EITIColombia/web/guest/cooperantes (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁵²Las ifis son las Instituciones Financieras Internacionales, como el fmi es el Fondo Monetario Internacional y el bm es el Banco Mundial. Observatoriodeltrabajo.org. «Qué son las IFIS, antecedentes y retos actuales del movimiento sindical». http://www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web/index.asp?pagina=54&idioma=1 (consultado en octubre de 2014).
⁵³Afirman respecto a este que los buenos oficios de la Embajada de lo Estados Unidos en Colombia, junto con el Ministerio de Minas y Energía y USAID llevaron a suscribir memorando de apoyar al proceso de presentación de la candidatura del país ante la EITI. Ministerio de Minas y Energía, «EITI Colombia».
⁵⁴Conocida como una organización de cooperación internacional dirigida al desarrollo sostenible.
⁵⁵Ministerio de Minas y Energía, «EITI Colombia».
⁵⁶Rubén Ramos, La educación en América Latina. Enfoque desde la Institucionalidad del orden mundial capitalista (Saarbrüken: Editorial Académica Española, 2012), 829.
⁵⁷Ana Ceceña, «Geopolítica», en Latinoamericana. Enciclopedia contemporânea da América Latina e do Caribe, Emir Sader y Ivana Jinkings (São Paulo: Boitempo), 2006. http://www.fedaeps.org/ana-esther-cecena
⁵⁸Para USAID el desarrollo es uno de los tres pilares que se postulan como parte de la seguridad nacional de lo Estados Unidos. Se introdujo dentro de la estrategia de Seguridad Nacional de Bush en 2004, destacando la defensa y la diplomacia como los otros dos pilares. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), «Análisis país bilateral. Estados Unidos. Prosperidad para todos», 2013. https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Demanda/Analisis-Pais/Alemania-Ok-Sep-2013.pdf
⁵⁹Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, «APc-Colombia, le da bienvenida al nuevo director de usaid Mr. Peter Natiello» (2012). https://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=284#&panel1-6 (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁶⁰Laura Carmen González, La usaid: paz, desarrollo y capital (São Paulo: Universidade Estadual Paulista «Júlio de Mesquita Filho», 2013).
⁶¹González, La USAID, 27.
⁶²Departamento para la prosperidad Social, Colombia, «usaid apoya proceso de paz en Colombia», Unidad Administrativa para la consolidación territorial. Prosperidad para todos.
http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/usaid-apoya-proceso-de-paz-en-colombia (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁶³El Informe titulado «The Curse of Gold Democratic Republic of Congo», publicado por Human Rights Watch, reporta los vínculos de la empresa Anglo Gold Ashanti, en la financiación del Frente Nacional Integracionista (fni), grupo armado responsable de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de la República Democrática del Congo, violaciones relacionadas con las garantías de seguridad para sus operaciones de esta empresa. Véase: Human Rights Watch, «The Curse of Gold Democratic Republic of Congo». Human Rights Watch (2005). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0505_0.pdf (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁶⁴Ruggie fue nombrado por tres años, de 2005 a 2008, como «Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales». Véase: Carlos López, «Empresas y derechos humanos: hacia el desarrollo de un marco normativo internacional», Aportes DPLF 15 (2011): 8. http://www.dplf.org/sites/default/files/1317248743_1.pdf (consultado en noviembre de 2014).
⁶⁵John Ruggie, «Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights», Innovations: Technology, Governance, Globalization 3, n.° 2 (2008): 189-212.
⁶⁶International Alert, «Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. Indicadores de desempeño. Versión Piloto», International Alert 3 (2008).
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/PVsIndicadores.pdf (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁶⁷IKV Pax Christi, «Informe de Pax Christi sobre el proyecto minero de Aga en Cajamarca», Pax Christi 2. http://www.bibliotecavirtual.info/wp-content/uploads/2011/05/Cajamarca_rapport_Spaans.pdf (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁶⁸Ana Esther Ceceña, «Minerales estratégicos y urgencia hegemónica» (Transcripción conferencia presentada en el «Seminario Internacional Geopolítica y extractivismo» en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 13 al 14 de mayo, 2014).
⁶⁹La autora aclara que los llamados "recursos naturales" son «materiales que son naturales pero que se transforman en "recursos naturales", es decir, se transforman en mercancía, en eso que el hombre tiene que dominar de acuerdo con el patrón occidental existente». Véase: Ceceña, «Minerales estratégicos», 2.
⁷⁰Ceceña, «Minerales estratégicos», 3.
⁷¹Ceceña, «Minerales estratégicos», 6.
⁷²David Harvey, «El neoliberalismo como destrucción creativa», Marxismo Crítico 3 (2008). http://marxismocritico.com/2011/10/09/el-neoliberalismo-como-destruccion-creativa/ (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁷³Holloway, Contra y más allá del capital, 4.
⁷⁴Botero, «Investigación y acción colectiva».
⁷⁵John Holloway, Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo (Buenos Aires: Herramienta, 2011), 61-62.
⁷⁶Carolina Gutiérrez, «Rechazan toda forma de extracción. El no rotundo de los nasas a la minería», El Espectador (13 de octubre, 2012).
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/el-no-rotundo-de-los-nasas-mineria-articulo-381034 (consultado el 6 de marzo de 2015).
⁷⁷Reclame, «Carta abierta de apoyo a la minería nacional artesanal, pequeña y mediana», Reclame Frente a la gran minería. http://www.reclamecolombia.org/index.php/noticias/177-carta-abiertade-apoyo-a-la-mineria-nacional-artesanal-pequena-y-mediana (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁷⁸Sentencia T-1045A/10. Identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de comunidad afrodecendiente. (Colombia: Corte Constitucional, 2010). http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-1045a-10.htm (consultado el 2 de marzo de 2015).
⁷⁹Derecho de petición, Derecho de Petición para solicitar información por la ausencia de acciones institucionales, gubernamentales y de policía, frente a la minería ilegal, ubicada desde el mes de septiembre de 2014 en las laderas del Río Ovejas, Municipio de Suárez, Departamento del Cauca. Acceso directo como parte de los solicitantes (2014).
⁸⁰Natalia Gutiérrez, «¿Le conviene al país apostarle a que la minería siga siendo un motor de desarrollo?» (Entrevista en el marco del «V Foro Nacional de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología» Pontificia Universidad Javeriana y el portal La Silla Vacía, 12 de noviembre, 2014). http://www.javeriana.edu.co/noticias/videos#.VOoy_vmG-So
⁸¹Amanda Orjuela, Documental en medio de la guerra nosotros (Material producto de nuestro proyecto de investigación, 2014).
⁸²Betzaida, M. «Relatos desde La Toma presencia, solidaridad y resistencia frente al desalojo de mineros afrodescendientes». Boletín informativo. Asociación para la investigación y acción social. nomadesc. (Santiago de Cali, 18 de agosto de 2010). http://nomadesc.blogspot.com/2010/08/relatos-desde-la-tomapresencia.html (consultado el 5 de enero de 2015).
⁸³Sentencia T-1045A/10.
⁸⁴Mina, E. Diálogo personal en el territorio de La Toma, Cauca, Colombia (2015). Expresión coloquial que significa que de allí solo se salen pero muertos.
⁸⁵El Ministerio de Defensa Nacional ha firmado convenios de colaboración para prestar seguridad a las empresas transnacionales mineras. Colectivodeabogados.org, «Senador Cepeda exige a Mindefensa rendición de cuentas sobre convenios para la prestación de seguridad a mineras» (2014). http://www.colectivodeabogados.org/noticias/noticias-nacionales/article/senador-cepeda-exige-a-mindefensa
⁸⁶Los Consejos Comunitarios son reconocidos por la Ley 70 de 1993.
⁸⁷Francia Helena Márquez, «Movilización de Mujeres Afrodescen-dientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales», Intervención ante el Ministerio del Interior, 27 de noviembre de 2014.
http://encuentromegaproyectosymineria.blogspot.com/ 2014/12/comunicado-movilizacion-de-mujeres.html
⁸⁸Pueblosencamino.org, «Afrocaucanos ocupan INCODER en Popayán» (2013). http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-si/resistencias-y-luchas-sociales02/617-afrocaucanos-ocupan-incoder-en-popayan (consultado el 4 de marzo de 2015).
⁸⁹Proceso de Comunidades Negras, «Movilización de mujeres afro-descendientes por el cuidado de la vida y el territorio ancestral», Comunicado n.° 004 (noviembre de 2014). http://www.renacientes.org/index.php/pcn?start=6
⁹⁰Sin embargo, a la fecha de este escrito no se evidencian resultados contundentes; esta versión es directa, por cuanto en este proceso acompaño a las mujeres y también cumplo función como garante.
⁹¹Sentencia T-1045A/10
⁹²Orjuela, Documental en medio de la guerra.

Bibliografía

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. «APC-Colombia, le da bienvenida al nuevo director de USAID Mr. Peter Natiello», 2012. https://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=284#&panel1-6. Consultado 26 de octubre 2014        [ Links ]

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). «Análisis país bilateral. Estados Unidos. Prosperidad para todos», 2013. https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Demanda/Analisis-Pais/Alemania-Ok-Sep-2013.pdf.         [ Links ]

Archila, Mauricio. «Resistencia a la minería en el sur de la Guajira». Palabras al Margen 41 (2014). http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/resistencia-a-la-mineria-en-el-sur-de-la-guajira.         [ Links ]

Botero, Patricia. «Investigación y acción colectiva "IAC". Una experiencia de investigación militante». Utopía y Praxis Latinoamericana 17, n.° 57 (abril-junio, 2012): 31-47.         [ Links ]

Cabrera, Mauricio. «Gobernabilidad minera y ambiental». Presentación ante la Audiencia Acción Popular contra la Apertura de la ventanilla minera, 28 de julio de 2014.         [ Links ]

Ceceña, Ana. «Geopolítica». En Latinoamericana. Enciclopedia contemporânea da América Latina e do Caribe, Emir Sader y Ivana Jinkings, 582-592. São Paulo: Boitempo, 2006. http://www.fedaeps.org/ana-esther-cecena.         [ Links ]

Ceceña, Ana. «Minerales estratégicos y urgencia hegemónica». Transcripción conferencia presentada en el «Seminario Internacional Geopolítica y extractivismo» en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 13 al 14 de mayo, 2014.         [ Links ]

Centro de Memoria Paz y Reconciliación, «Proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC», 2014. http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/Proceso_de_paz_con_las_Autodefensas.pdf.         [ Links ]

CINEP. Tierra, política agraria y desarrollo rural en el horizonte de la paz. Aportes a los diálogos de paz CINEP/Programa por la Paz (2012). http://www.cinep.org.co/        [ Links ]

Colectivodeabogados.org. «Senador Cepeda exige a Mindefensa rendición de cuentas sobre convenios para la prestación de seguridad a mineras», 2014.
http://www.colectivodeabogados.org/noticias/noticias-nacionales/article/senador-cepeda-exige-a-mindefensa. Consultado: 15 de octubre de 2014        [ Links ]

Colombia.co. «Colombia es un país de oportunidades según the report colombia 2013». http://www.colombia.co/inversion/colombia-es-un-pais-de-oportunidades-segun-the-report-colombia-2013.html        [ Links ]

Congreso de Colombia. Ley 21 del 4 de marzo de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1989. Diario Oficial 39.720.         [ Links ]

Contraloría General de la República. «Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza», 2013. http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/182119332/Libro_mineria_sep3_2013.pdf/65bf77a0-8b0b-430a-9726-dad0e72639c6.         [ Links ]

Dávalos, Pablo. La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina. Bogotá D.C.: Ediciones desde abajo, 2011.         [ Links ]

Derecho de petición. Derecho de Petición para solicitar información por la ausencia de acciones institucionales, gubernamentales y de policía, frente a la minería ilegal, ubicada desde el mes de septiembre de 2014 en las laderas del Río Ovejas, Municipio de Suárez, Departamento del Cauca. Acceso directo como parte de los solicitantes, 2014.         [ Links ]

Departamento Nacional de Planeación, Colombia. «Plan Nacional de Desarrollo, 2011-2014. Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza, más seguridad», 2010. https://sinergia.dnp.gov.co/SISMEG/Archivos/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf        [ Links ]

Departamento Nacional de Planeación, Colombia. «Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018. Todos por un nuevo país», 2015. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/ArticuladoVF.pdf.         [ Links ]

Departamento Nacional de Planeación, Colombia. «Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo país, paz, equidad, educación. Versión preliminar para discusión del consejo nacional de planeación». https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.pdf.         [ Links ]

Departamento para la prosperidad Social, Colombia. «USAID apoya proceso de paz en Colombia». Unidad Administrativa para la consolidación territorial. Prosperidad para todos.
http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/USAIDapoya-proceso-de-paz-en-colombia        [ Links ]

Domínguez, Betzaida. «Relatos desde La Toma presencia, solidaridad y resistencia frente al desalojo de mineros afrodescendientes». Boletín informativo. Asociación para la investigación y acción social. NOMADESG. Santiago de Cali, 18 de agosto de 2010. http://nomadesc.blogspot.com/2010/08/relatos-desde-la-tomapresencia.html         [ Links ]

EFE. «El sector llamado a ser el gran jugador en el posconflicto es la minería». El Espectador, 2014 http://www.elespectador.com/noticias/economiael-sector-llamado-ser-el-gran-jugador-el-posconflicto-m-articulo-517484.         [ Links ]

Ejército Nacional de Colombia. «Plan de Consolidación». Revista Ejército 147 (2009). http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=236149. Consultado: 26 de septiembre de 2014        [ Links ]

Elpaís.com.co. «Estas son las tareas que debe hacer Colombia para ingresar a la OCDE». El País (26 de octubre, 2013). http://www.elpais.com.co/el-pais/economia/noticias/estas-son-tareas-debe-hacer-colombia-para-ingresar-OCDE        [ Links ]

Gómez de Silva, Guido. Breve diccionario etimológico de la lengua española. México: Fondo de cultura económica, 1995.         [ Links ]

González, Laura Carmen. La USAID: paz, desarrollo y capital. São Paulo: Universidade Estadual Paulista «Júlio de Mesquita Filho», 2013.         [ Links ]

Gutiérrez, Carolina. «Rechazan toda forma de extracción. El no rotundo de los nasas a la minería», El Espectador (13 de octubre, 2012). http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/el-no-rotundo-de-los-nasas-mineria-articulo-381034        [ Links ]

Gutiérrez, Natalia. «¿Le conviene al país apostarle a que la minería siga siendo un motor de desarrollo?». Entrevista en el marco del «V Foro Nacional de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología» Pontificia Universidad Javeriana y el portal La Silla Vacía, 12 de noviembre, 2014. http://www.javeriana.edu.co/noticias/videos#.VOoy_vmG-So        [ Links ]

Harvey, David. «El neoliberalismo como destrucción creativa». Marxismo Crítico 3 (2008). http://marxismocritico.com/2011/10/09/el-neoliberalismo-como-destruccion-creativa/        [ Links ]

Holloway, John. Contra y más allá del capital: Reflexiones a partir del debate del libro «Cambiar el mundo sin tomar el poder». Buenos Aires, Puebla: Herramienta, Universidad Autónoma de Puebla, 2006.         [ Links ]

Holloway, John. Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo. Buenos Aires: Herramienta, 2011.         [ Links ]

Human Rights Watch. «The Curse of Gold Democratic Republic of Congo», 2005. http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0505_0.pdf.         [ Links ]

International Alert. «Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. Indicadores de desempeño. Versión Piloto». International Alert 3 (2008).
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/PVsIndicadores.pdf.         [ Links ]

IKV Pax Christi. «Informe de Pax Christi sobre el proyecto minero de AGA en Cajamarca». Pax Christi 2. http://www.bibliotecavirtual.info/wp-content/uploads/2011/05/Cajamarca_rapport_Spaans.pdf        [ Links ]

Lang, Miriam; Claudia López y Alejandra Santillana, comp. Alternativas al capitalismo colonialismo del siglo XXI. Quito: Abya Yala, Fundación Rosa Luxemburg, 2013.         [ Links ]

López, Carlos. «Empresas y derechos humanos: hacia el desarrollo de un marco normativo internacional». Aportes DPLF 15 (2011): 7-11. http://www.dplf.org/sites/default/files/1317248743_1.pdf        [ Links ]

Machado Araoz, Horacio. «El auge de la minería transnacional en América Latina». En La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina, coordinado por Héctor Alimonda. Buenos Aires: clacso, 2011.         [ Links ]

Márquez, Francia Helena. «Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales». Intervención ante el Ministerio del Interior, 27 de noviembre de 2014. http://encuentromegaproyectosymineria.blogspot.com/2014/12/comunicado-movilizacion-de-mujeres.html        [ Links ]

Martínez, Alier. El ecologismo de los pobres conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaría Editorial, 2005.         [ Links ]

Matamala, Lola. «La inversión extranjera necesita la Paz. Entrevista a Javier Giraldo». Revista CEPA, n.° 16 (2012): 19. http://revistacepa.weebly.comuploads/1/3/3/7/13372958/la_inversion_extranjera_necesita_paz.pdf        [ Links ]

Mina, E. «Diálogo personal en el territorio de La Toma, Cauca, Colombia» (2015).         [ Links ]

Ministerio de Minas y Energía. «EITI Colombia. Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas». http://www.minminas.gov.co/EITIColombia/web/guest/cooperantes        [ Links ]

Moor, Marianne y van deSandt, Joris. «El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en el Cesar, Colombia». Utrech-Bélgica, 2014.         [ Links ]

Navarro, Mina Lorena. «Las luchas socioambientales en México como una expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple». Revista del Observatorio Social de América Latina xiii, n.° 32 (2012): 149-171. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf        [ Links ]

Observatorio de la Cooperación Internacional, Colombia, «Colombia miembro pleno de la OCDE: ¿un jugador de talla mundial?» (2010). http://www.pcslatin.org/portal/images/documentos/Desarrollo-Institucional/Colombia-miembro-pleno-de-la-OCDE.-Un-jugador-de-talla-mundial.pdf        [ Links ]

Observatoriodeltrabajo.org. «Qué son las IFIS, antecedentes y retos actuales del movimiento sindical». http://www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web/index.asp?pagina=54&idioma=1.         [ Links ]

OCDE.org. «Países miembros. OCDE mejores políticas para una vida mejor». http://www.oecd.org/centrodemexico/paisesmiembros.htm        [ Links ]

Ocampo, José Antonio. «Más allá del Consenso de Washington: una agenda de desarrollo para América Latina». Cepal-Estudios y perspectivas, n.° 26 (2005). http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4945/S050152_es.pdf?sequence=1        [ Links ]

Orjuela, Amanda. Documental en medio de la guerra nosotros. Material producto de nuestro proyecto de investigación, 2014.         [ Links ]

Osorio, Camila. «El legado minero de Uribe». La Silla Vacía, 2013. http://lasillavacia.com/historia/18648.         [ Links ]

Peña, Juan Diego. Minería y medio ambiente en Colombia. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, Escuela de Posgrados, 2003. http://www.usergioarboleda.edu.co/investigacion-medioambiente/MINERIA%20Y%20MEDIO%20 AMBIENTE%20EN%20COLOMBIA.pdf.         [ Links ]

Proceso de Comunidades Negras. «Movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y el territorio ancestral». Comunicado n.° 004, noviembre de 2014. http://www.renacientes.org/index.php/pcn?start=6. Consultado: 30 noviembre de 2014        [ Links ]

Pueblosencamino.org. «Afrocaucanos ocupan incoder en Popayán», 2013. http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-si/resistencias-y-luchas-sociales02/617-afrocaucanos-ocupan-incoder-en-popayan        [ Links ]

Ramos, Rubén. La educación en América Latina. Enfoque desde la Institucionalidad del orden mundial capitalista. Saarbrüken: Editorial Académica Española, 2012.         [ Links ]

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Editorial Espasa Calpe, S.A., 1970.         [ Links ]

República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía. Colombia país minero. Plan Nacional de Desarrollo Minero Visión al año 2019. Bogotá: Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 2006.         [ Links ]

Reclame. «Carta abierta de apoyo a la minería nacional artesanal, pequeña y mediana». Reclame Frente a la gran minería. http://www.reclamecolombia.org/index.php/noticias/177-carta-abierta-de-apoyo-a-la-mineria-nacional-artesanal-pequena-y-mediana        [ Links ]

Ruggie, John. «Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights». Innovations: Technology, Governance, Globalization 3, n.° 2 (2008): 189-212.         [ Links ]

Sentencia T-1045A/10. Identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de comunidad afrodecendiente. (Colombia: Corte Constitucional, 2010). http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-1045a-10.htm        [ Links ]

Suárez, Aurelio. Confianza inversionista. Economía colombiana, primera década del siglo XXI. Bogotá: Ediciones Aurora, 2010.         [ Links ]

Suárez, Aurelio. «La economía uribista o el fracaso de la confianza inversionista». Revista Deslinde 47 (2010): 4-12.         [ Links ]

Svampa, Maristella. «Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina». Revista del Observatorio Social de América Latina xiii, n.° 32 (2012): 15-38. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf        [ Links ]

Torres, William et al. Informe de avance del proyecto Impactos del Conflicto político militar en la vida cotidiana colombiana y en los tejidos comunicativos. Bogotá: Colciencias, 2011.         [ Links ]

UN Cepal. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Documento informativo. Editorial ECLAC, 2010. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1141/S2011016_es.pdf?sequence=1.         [ Links ]

Uribe, Álvaro. Palabras del presidente Uribe en la celebración de los 80 años de Coca Cola en Colombia. Bogotá D.C., noviembre 13 de 2007. http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2007/noviembre/cocacola_131107_i.html.         [ Links ]

Vicente, Ana; Neil Martin y Daniel James. Minería en Colombia: «¿A qué precio?». Peace Brigades International (PBI) Colombia, 2011.
http://www.pbi-colombia.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/files/colomPBIa/111122_boletin_final_web.pdf.         [ Links ]

Viola, Andreu. «Usos y abusos del concepto de resistencia. Un balance del debate en torno a la obra de James C. Scott». En Resistencia y territorialidad. Culturas indígenas y afroamericanas, coordinado por Javier Laviña y Gemma Orobitg, 63-84. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2008.         [ Links ]

Villarraga, Álvaro. «El proceso de paz: balance y perspectiva2014-2015». http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/8159-el-proceso-de-paz-balance-y-perspectiva-2014-2015.html.         [ Links ]