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Memoria y Sociedad

Print version ISSN 0122-5197

Mem. Soc. vol.19 no.39 Bogotá July/Dec. 2015

https://doi.org/10.11144/Javeriana.mys19-39.qtce 

Quina, territorio y conflicto empresarial. Santander 1878-1882

Cinchona, Territory and Business Conflict. Santander 1878-1882

Quina, território e conflito empresarial. Santander 1878-1882

Luis Rubén Pérez Pinzón
Universidad Autónoma de Bucaramanga (Bucaramanga, Colombia) lperez14@unab.edu.co

Artículo de investigación resultado del proyecto de investigación interdisciplinario titulado «La Guerra Civil de 1899 a través de la narrativa histórica de Santander. La auto-representación de los intelectuales y literatos como ciudadanos y combatientes durante la Guerra de los Mil Días». El proyecto ha sido aprobado y financiado con el Código C34020 por la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) como parte de la vil Convocatoria Bienal Interna de Proyectos de Investigación 2013-2014.

Fecha de recepción: 2 de septiembre de 2014 Fecha de aprobación: 11 de marzo de 2015 Disponible en línea: 30 de agosto de 2015


Cómo citar este artículo

Pérez Pinzón, Luis Rubén. «Quina, territorio y conflicto empresarial. Santander 1878-1882». Memoria y Sociedad 19, n.° 39 (2015): 140-155. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mys19-39.qtce


Resumen

El artículo analiza el recurrente conflicto ambiental asociado con los derivados de la extracción maderera a partir de los enfrentamientos por el monopolio de las quinas en el occidente de Santander y el sur de Bolívar, específicamente desde la perspectiva de la lucha entre las élites políticas federales y estatales que tomaron partido en el conflicto extractor protagonizado por los empresarios extranjeros aliados a cada uno de esos bandos durante una época de transición entre regímenes políticos. Esta guerra irregular desde 1878 hasta 1882 impidió a cada oponente el pleno dominio de baldíos y el cumplimiento de sus contratos.

Palabras clave: guerra; quinas; liberales; empresarios; Colombia


Abstract

The article analyzes the recurring environmental conflict associated with the products derived from logging. It takes as reference the confrontations for the monopoly of the cinchonas in western santander and southern Bolivar, specifically from the perspective of the struggle between the federal and state political elites that took sides in the conflict for extraction starred by foreign executives allied to each of these sides during a time of transition between political regimes. This irregular war from 1878-1882 prevented each opponent to have full control of empty lands and the compliance of their contracts.

Keywords: war; cinchona; liberal; entrepreneurs; Colombia


Resumo

O artigo analisa o recorrente conflito ambiental associado aos derivados da extração madeireira a partir dos enfrentamentos pelo monopólio das quinas no leste de santander e sul de Bolívar, especificamente desde a perspectiva da luta entre as elites políticas federais e estatais que tomaram partido no conflito extrator protagonizado pelos empresários estrangeiros aliados a cada um desses bandos durante uma época de transição entre regimes políticos. Esta guerra irregular desde 1878 até 1882 impediu a cada oponente o controlo completo de baldios e o cumprimento dos seus contratos.

Palavras-chave: guerra; quinas; liberais; empresários; Colômbia


Introducción

La paz y el posconflicto han sido una constante de las múltiples formas de la violencia que ha caracterizado a Colombia desde antes de su creación constitucional como República (los comuneros de 1781, los conspiradores de 1795, los junteros de 1810, etc.). Sin embargo, cuando se apela a reglas y procedimientos inadecuados para negociar los conflictos violentos precedentes y pacificar o moderar sus orígenes socioeconómicos resulta inevitable que sus efectos tiendan a convertirse en razones para promover y justificar guerras futuras1. El manejo equívoco de la guerra de las «quinianzas» por parte del Gobierno federal desde Bogotá, como del Gobierno estatal de Santander desde el Socorro, y consigo la transición unilateral al centralismo regenerador y el dominio de los empresarios extranjeros de los baldíos que se estudian en este artículo resultado de un proyecto de investigación, permite identificar preliminarmente algunas de las razones que llevaron a las asonadas, insurrecciones, revoluciones y guerras que se promovieron y contrarrestaron por la vía armada desde finales del siglo XIX en el territorio de Santander.

Los conflictos bélicos regulares de Colombia han estado asociados con el reclutamiento, conformación, financiación e institucionalización de ejércitos para la solución de las diferencias políticas y la imposición de la perspectiva constitucional del grupo socioeconómico vencedor. Específicamente los conflictos armados del siglo XIX fueron las guerras de los estados emancipados (1812-1815)2, la liberación republicana (1819-1824)3, la guerra de los supremos (18391841), las guerras contra las reformas liberales (1851, 1854, 1876-1877) y las guerras contra los regímenes conservadores (1860-1862, 1885, 1895, 1899-1902)4 que desde la condición de guerras y «miniguerras» contabilizan un total de 63 conflictos armados solo en los primeros cien años de existencia como Estado-nación5.

La constante interpretativa de la historiografía nacional sobre las causas de los conflictos armados y la continuidad de estos centra su atención en las grandes luchas entre los Gobiernos dominantes y las organizaciones sociopolíticas que pretenden apropiarse o controlar el poder del Estado sin considerar entre los factores causantes de la inequidad la pobreza y las contradicciones como nación, las acciones monopólicas, gremiales, burocráticas y bélicas que han realizado las sociedades o corporaciones para apropiarse y preservar su dominio sobre los enclaves económicos más importantes que ha tenido el país para la explotación de materias primas como tabaco, quina, café, banano, petróleo, carbón, oro, etc.

Un ejemplo de análisis en el que priman las generalizaciones históricas, los intereses socioeconómicos que dinamizan la economía nacional y la ausencia de actores sociopolíticos concretos causantes de la gestación de los conflictos armados es el siguiente:

El conflicto colombiano es el resultado de una amalgama de elementos propios de los países de la región, y de otros elementos cuya especificidad y carácter endémico no tiene precedentes. Entre los primeros, cabe destacar la debilidad del Estado, el histórico conflicto por la posesión de la tierra, la existencia de diferencias económicas abismales, o los problemas de creación de una identidad nacional; entre los segundos, sobre todo destaca la permanencia de guerrillas de orientación comunista a principios del siglo XXi, y la existencia de una poderosa industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores del Estado y la sociedad, y que ha sabido establecer una alianza con los diversos grupos armados6.

En la segunda mitad del siglo XIX también se produjo violencia y conflicto fuera del sistema político bipartidista al enfrentarse organizaciones de empresarios extranjeros entre sí, respaldados por diferentes gremios, grupos sociales, gobiernos y partidos políticos. Así mismo se llegó a apelar a la violencia contra el sistema al ser conformados, financiados y empleados ejércitos privados u organizaciones paramilitares para defender los interés particulares, e incluso atacar a los representantes del Estado y destruir los bienes de la nación. Ejemplo de ello fue la lucha por el control del monopolio quinero en el occidente de Santander a través de una guerra de guerrillas para expulsar, secuestrar, robar o impedir al oponente comercial cumplir con sus contratos de extracción y explotación.

Al optarse por una mirada específica sobre dos bandos políticos interesados en el control territorial y militar de un mismo enclave económico se renuncia a perspectivas historiográficas que a partir de generalizaciones sobre las luchas armadas pretenden explicar los conflictos de toda Colombia como consecuencia de las pugnas entre los generalatos, el bipartidismo bélico, la insurrección guerrillera o la ofensiva narcotraficante. Se resumen esos supuestos en afirmaciones como: «Si durante el siglo XIX y la primera mitad del xx, la violencia se produjo "dentro del sistema", entre dos grupos que habían ejercido el gobierno y compartían la adhesión al principio de la democracia formal, en este periodo [1958-1974] surge una "violencia contra el sistema"»7.

Las razones del fugaz conflicto armado propiciado por la extracción monopólica de las quinas de Santander fue descrito y advertido por dos testigos históricos expertos en la economía política y los conflictos gremiales de la época como fueron Salvador Camacho Roldán8 y Carlos Martínez Silva9. Sin embargo, desde una perspectiva historiográfica contemporánea como la de Frank Safford resulta pertinente contextualizado así:

En la década de 1880, Bucaramanga disfrutaba de un auge comercial con la quina. Por la gran cantidad de dinero que dejaría el negocio, hubo una refriega entre los dos mayores negociantes de la quina en Santander. El alemán, Geo von Lengerke, que había dominado el comercio del tabaco en Santander en la década de 1850, comenzó a explotar la quina. En la década de 1880 surgió un conflicto con su mayor competidor, la compañía de Cortissoz, porque el Gobierno nacional le había vendido la licencia a este para explotar un territorio que ya le había cedido el Estado de Santander a Lengerke. Pero en todo caso el negocio repentinamente se vino abajo en 1884, cuando el mercado internacional recibió mucha quina cultivada en gran escala en Asia. A la larga, Bucaramanga dependía del café10.

Los conflictos quineros y las bonanzas regionales

El enfrentamiento por la posesión territorial de baldíos y el control oligopólico de las extracciones agroindustriales de las mejores variedades de quina exploradas y explotadas en los Andes de Colombia11 estuvo directamente relacionado con sus cuatro grandes momentos de auge y extracción. El conflictivo hallazgo de variedades nativas de quinas comparables con las peruanas por los miembros de la Expedición Botánica de la Nueva Granada conllevó a su estanco y monopolio estatal por parte de los gobernantes virreinales, llegando a estar encargados de la administración y usufructo de esa renta criollos privilegiados, como el empresario Antonio Nariño12.

El auge de 1849 a 1852 se caracterizó por un proceso sistemático de exploración y explotación de los bosques de Cundinamarca, específicamente los de las provincias que se extendían hacía el valle del Río Magdalena, como eran las de Tequendama y Fusagasuga desde La Mesa, acorde a las técnicas y prácticas tradicionales de los campesinos extractores13. Esa bonanza neogranadina en los mercados europeos y norteamericanos es explicada como una oportunidad especulativa ante la caída de la demanda y prestigio de las quinas bolivianas, la cual fue financiada, monopolizada y aprovechada por empresarios foráneos como Jorge Child al comercializar la variedad «tuna fina» (de alta concentración de chinchonina) mientras que a los neogranadinos solo les quedó una amplía frontera agrícola para ser colonizada y ocupada14. Paralelamente, en las provincias del Cauca los indígenas de los territorios cercanos a Silvia15 monopolizaron y limitaron solo a sus comunidades étnicas la actividad productiva de exploración, extracción y exportación de la variedad «pitayó» (de alta concentración de quinidina)16.

Las quinas del Tolima (1867-1873)17, caracterizadas por variedades como la quina blanca y tunita (roja) con altas concentraciones de quinina y la quina amarilla con altas concentraciones de chinchonina18, fueron extraídas y explotadas por tres grandes compañías cuyos contratos de extracción y explotación se extendían hasta los llanos de San Martín. Ellas eran las compañías Colombia (propiedad de antiguos empresarios tabacaleros de Antioquia)19, Sumapaz y San Martín, las cuales lograron coexistir y respetar las jurisdicciones concesionadas entre los ríos Guayabero, Ariari, Humadea y Upía20.

Apelando al respaldo de sus aliados políticos y a los privilegios otorgados en cada contrato, los empresarios que poseían concesiones estatales para explotar baldíos y especular con las quinas en los mercados nacionales e internacionales a través de compañías privadas optaron por conformar un ejército privado encargado de vigilar, por medio de patrullas armadas, las principales zonas de extracción, perseguir y combatir a los extractores clandestinos o a los ladrones de las bodegas, medir fuerzas con los empresarios de otras compañías que excedían sus jurisdicciones o desconocían las concesiones legales de sus rivales, y garantizar la seguridad laboral de los trabajadores de la compañía dominante al ser amenazados, maltratados o perseguidos mientras realizaban sus tareas de corte, secado, transporte o bodegaje21. Esta experiencia de control armado irregular se repetiría en Santander una década después, desencadenando enfrentamientos armados entre los quineros de Santander al ser respaldados por diferentes bandos político-económicos.

Las escaramuzas bélicas y la guerra de guerrillas para asegurar zonas de extracción, lugares de bodegaje y puertos de exportación entre las sociedades privadas fueron finalmente neutralizadas y contenidas por el Estado al intervenir las autoridades y sus fuerzas armadas ante la repetitiva solicitud de los empresarios. Ellos invocaban su condición de aliados políticos, socios comerciales, miembros del gremio económico que respaldaban la continuidad del régimen gubernamental en el poder, la confraternidad que los hacía hermanos masones, aunado a la necesidad mutua por garantizar la continuidad en las extracciones y el pago de los impuestos oficiales presupuestados por concepto de ese ramo.

El auge extractor de la quina cúprea (de color cúpreo o rojo cobriso metálico) en Santander (1872-1882) estuvo asociado a la capacidad de los empresarios alemanes por diversificar el mercado europeo de las quinas «blandas» o corrientes extraídas de Colombia con nuevas variedades de quinas «duras», ricas en alcaloides secundarios y resinas requeridas por los grandes laboratorios farmacéuticos de Alemania e Inglaterra. Para ello, el descubrimiento y constatación del hallazgo de P. Lorent fue mantenido en secreto por los miembros de la compañía de Geo von Lengerke durante una década; las extracciones y exportaciones de las cargas se hicieron con gran celo en la calidad demandada por los compradores e intermediarios alemanes que en el pasado ya habían contratado tejidos, tabacos, tintes, etc., con sus compatriotas de Santander, algunos de ellos familiares entre sí. Incluso, los quineros alemanes de Santander establecieron y se hicieron cargo de una fábrica de sulfatos que les permitía procesar directamente las cortezas y raíces de sus propiedades, así como les resultaba más fácil, seguro y rentable especular y traficar con grandes volúmenes de sulfatos de alta calidad y concentración de quininas y chinchonaminas22 extraídas de las mejores variedades de quinas.

De allí el interés de los empresarios nacionales y extranjeros por obtener y preservar a toda costa los bosques de baldíos donde se hallaba la materia prima para la nueva fuente de riqueza demanda por el mercado internacional, mientras que los gobernantes y la gente del común asumían que esas selvas y sus suelos solo eran tierras malsanas, improductivas y sin ninguna fuente de producción agroindustrial conocida. Son de destacar los procesos de concesión, monopolio y apropiación de baldíos nacionales y estatales a cambio de la construcción de caminos hasta el río Magdalena. Este fue el caso del camino al puerto de Santander (Barrancabermeja) a través de la cuenca del río Sogamoso por parte de la compañía comercial de Geo Von Lengerke y el «comercio» de Bucaramanga23; el camino a través de la cuenca del río Carare por los empresarios asociados con el presidente federal Aquileo Parra y el «comercio» de Vélez24; y el camino a los llanos del Casanare directamente relacionado con los empresarios del departamento de García Rovira, particularmente el presidente estatal Solón Wilches y sus socios comerciales del «círculo» de Concepción25.

Estos últimos no solo monopolizaron la extracción de las quinas del occidente de la cordillera oriental y su exportación a través de la próspera ruta comercial que intercomunicaba el Zulia con Maracaibo, pues se aliaron con Lengerke y sus asociados para controlar las extracciones, el comercio y la producción agroindustrial de sulfatos de las explotaciones en los bosques del centro de Santander al constituir una sociedad industrial de capitales mixtos regulada por Wilches desde su condición como presidente del Estado soberano. Esa renta le permitió armar un ejército estatal, defensor del régimen radical liberal, con el cual se pretendió contener la expansión regeneradora del partido nacionalista de Núñez y sus aliados federales.

En la medida que la demanda de la quina de mejor calidad fue mayor, la devastación y ampliación de la frontera agrícola se extendió desde los bosques de la cordillera de La Paz hacia los bosques más distantes y malsanos de la cuenca del río Opón, siendo las comunidades indígenas las primeras en reaccionar al actuar como «flecheros» y «salvajes» ante el impacto que les generaba la pérdida de sus territorios de circulación y aprovisionamiento vertical y estacional. Sin embargo, la respuesta del Estado fue respaldar a los empresarios autorizando su exterminio físico o, en su defecto, la concentración en colonias para que fuesen reducidos a misiones de evangelización26.

El temor a los ataques de los indios permitió a los empresarios contar con un aliado externo para la protección de sus baldíos más distantes27, así como fue muy importante el papel que cumplieron las haciendas compradas o establecidas por los empresarios constructores de los caminos que resultaron beneficiados con la abundancia de quinas de alta calidad en los baldíos adjudicados a lado y lado de estos. Desde allí se organizaron, entrenaron y regularon las redes humanas de trabajadores y capataces armados que se abrían paso hacía las nuevas fronteras agrícolas, en núcleos de concentración de mano de obra, insumos logísticos, almacenamiento de cargas, regulación de tráfico y rentas estatales, así como en los referentes legales para defender la propiedad y monopolio de sus extracciones frente a las pretensiones de empresarios quineros foráneos que pretendían incursionar en los bosques de su propiedad apelando a sus propios títulos estatales o federales de concesión y explotación de esos mismos baldíos. Así mismo, desde las aldeas y campamentos de extracción fueron dadas las órdenes tanto para reducir indios furtivos como para perseguir, despojar y ajusticiar a los extractores particulares, a los comerciantes clandestinos o a los trabajadores que desviaban, hurtaban o contrabandeaban con las cargas de propiedad de los empresarios extranjeros al no sentirse satisfechos con los precios y volúmenes de compra y por los salarios y bonificaciones como asalariados bajo las ordenes de capataces inflexibles28.

El conflicto quinero en Santander: hostilidades y latrocinios sin muertos

El conflicto irregular conocido en la tradición histórica socorrana como «la guerra de las quinanzas» (1878-1882), caracterizado por la defensa, asalto o restitución de las cargas de quinas de los «barones», «señores» o «caballeros» propietarios de los territorios baldíos, estatales o nacionales contiguos al cerro o serranía de La Paz29, mostró el conflicto político y militar existente entre el Gobierno estatal de los liberales radicales de Santander, representados por Solón Wilches, y el Gobierno federal de los liberales nacionalistas y los conservadores regeneradores de Colombia, representados por Rafael Núñez. Esta situación fue agravada por el desconocimiento de las decisiones de los legisladores santandereanos sobre la adjudicación y manejo de los baldíos estatales desde 1865 al imponerse desde Bogotá determinaciones y adjudicaciones unilaterales por parte de los gobernantes federales sobre los territorios baldíos como bienes de la Unión, sin consultar ni contar con las asambleas y los gobernantes de los Estados soberanos.

La adjudicación del Gobierno nacional a los empresarios Miguel Díaz Granados, Manuel Cortissoz, Nepomuceno González y sus demás socios del comercio de Bucaramanga de «19.999 hectáreas y 1000 metros cuadrados de tierras baldías» en la misma jurisdicción concedida por el Gobierno estatal a Lengerke y sus socios del comercio del Socorro para construir el camino a Barrancabermeja hizo inevitable que los empresarios extranjeros, a través de sus aliados en la asamblea estatal y en el Congreso de la República, reaccionaran vehementemente ante la inherencia del Gobierno federal en la delimitación y adjudicación de los baldíos de Santander. Dicha afrenta se sumaba a otras arbitrariedades centralistas por unificar y someter las jurisdicciones estatales a las nacionales, como fueron la unificación de la Constitución Federal con la Constitución Estatal (reforma de 3 de julio de 1880), la divulgación y fomento entre todos los públicos de la producción agroindustrial de la quina para acabar los monopolios de los empresarios asociados, la cuadruplicación de las contribuciones para las mercancías importadas, y, especialmente, la exclusión de los empresarios alemanes y su círculo de inversionistas en los proyectos carreteros y ferroviarios para la exportación cafetera que se adelantaban por parte de la Junta de Fomento del Ferrocarril de Soto.

Para proteger los intereses de los empresarios e inversionistas extranjeros, evitar nuevas inherencias del Gobierno federal en la jurisdicción estatal y garantizar el dominio de Santander sobre los territorios baldíos no adjudicados, Lengerke y sus socios recomendaron al presidente Wilches pedir a la Asamblea Legislativa de Santander la protección de los bosques baldíos al ser explotados exclusiva y directamente por el mismo Estado, de manera directa o asociada con empresarios privados residentes en el territorio estatal. Para ese entonces la compañía quinera de Lengerke era la única que poseía las materias primas, la seguridad fiscal, el manejo técnico, la red de caminos y las relaciones necesarias para comercializar la riqueza quinera del Estado soberano en los mercados europeos. El diputado Ramón Ma. Paz, comisionado para atender esa petición, resumió a los demás diputados el asunto en cuestión al manifestar que

El señor Geovon Lengerke, súbdito alemán residente en nuestro territorio, ha dirigido al ciudadano Presidente del Estado un memorial de fecha 17 del mes en curso, que se sometió oportunamente a vuestro estudio y que me ha sido dado en comisión, en el cual insinúa que sería conveniente que la entidad política representada por vosotros en este augusto cuerpo, obtuviese la adjudicación de aquellas tierras baldías ubicadas en este Estado, en que hayan bosques y montes que contengan sustancias u objetos vegetales de inmenso valor30.

Acorde con el presidente de la asamblea legislativa, esa insinuación «hija de elevados móviles» asociados con el incremento en el progreso material del Estado demostraba que mientras algunos distritos podrían beneficiarse con la libre competencia y el progreso comercial que traería consigo la construcción de los ferrocarriles de Cúcuta y Soto, en los demás distritos de Santander las gentes pobres solo podrían acceder a parte de esa prosperidad si contaban con el proteccionismo extractor y las inversiones directas del Estado para la explotación de las riquezas vírgenes y desconocidas entre la naturaleza.

Una semana después de estudiada y discutida la propuesta de Lengerke el presidente de la Asamblea, Paz, y el presidente del Estado, Wilches, aprobaron la Ley 29 Especial de Fomento de 1880, mediante la cual el Gobierno de Santander quedaba autorizado para restituir a nombre del Estado las hectáreas de baldíos nacionales existentes, especialmente aquellas «en que existan bosques y montes que contengan sustancias, como quinas, y cualesquiera otros productos vegetales de reconocido valor»31.

De igual manera, al presidente de Santander se le autorizaba a que esos bosques y montes recuperados fuesen «convenientemente explotados por administración o por contratos, o de cualquier otro modo, a juicio de aquel funcionario que dé en el particular seguros e inmediatos rendimientos para el Erario público»32. Si bien los más indicados para esa contratación eran los hábiles empresarios alemanes que ya exportaban la quina y el añil a los mejores precios, en la ley se ordenó prevenir los errores cometidos con las cesiones de baldíos hechas a esos mismos empresarios alemanes al actuar como contratistas constructores de caminos, para lo cual se dispuso que:

Art. 3°. Las tierras baldías que obtenga el Estado en virtud de lo dispuesto en esta ley, no podrán cederse luego en propiedad a ningún particular que pueda tener derecho a concesiones de hectáreas de tierras baldías por contratos celebrados con el Gobierno del Estado sobre apertura de vías de comunicación o por cualquiera otro respecto; y los productos de la explotación de bosques y montes contenidos en aquellas, formarán un fondo especial destinado a las empresas materiales del Estado33.

Apelando a la soberana propiedad de Santander sobre sus baldíos desde la ley que creó el Estado y definió sus límites en 1857, el presidente Wilches, como representante del Gobierno estatal de Santander y en cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley 29, decidió finalmente contratar de manera directa con los empresarios alemanes. Hasta entonces ellos habían sido sus socios secretos en la extracción y exportación de quinas desde las cuencas de los ríos Chicamocha y Suárez hasta el Sogamoso.

Ello requería excluir y limitar de los territorios de baldíos a los demás empresarios quineros, especialmente su antiguo socio quinero Cortissoz, quien era respaldado por el presidente federal Núñez al contar con la recomendación y el apoyo gremial de los comerciantes de la costa caribe y el «comercio» de Bucaramanga. El 2 de septiembre de 1880, un mes después de la expedición de la ley, Wilches selló su alianza con la Sociedad Industrial de los empresarios alemanes a través de una sociedad mixta denominada «Compañía Industrial de Santander», reclamaron su privilegio de hallazgo y dominio de las quinas de primera clase en los baldíos «estatales» de la Cordillera de la Paz, y limitaron monopólicamente la extracción y acceso a las mejores quinas solo a los capataces y peones enviados desde la hacienda Montebello.

Para advertir a todos los funcionarios públicos y a los miembros de la guardia del Estado sobre su obligación de respaldar la labor extractora y comercial de la compañía de Lengerke, y la de sus representantes en El Socorro, Piedecuesta y Zapatoca al ser los únicos autorizados para esa tarea, Wilches ordenó publicar en la portada del periódico de Santander el siguiente aviso:

El Gobierno del Estado ha celebrado contrato con la casa comercial que representa el señor Geo von Lengerke, uniéndose en sociedad industrial, para explotar los terrenos baldíos y los que fueren de la propiedad de dicho Gobierno y que están situados en los Departamentos de Guanentá y Socorro; por consiguiente, los funcionarios le darán protección a esta importante empresa. La casa Lengerke & Ca. pagará en dinero con la mayor puntualidad y al mejor precio los jornales y sueldos de cuantos individuos requiera34.

Si bien el Gobierno de Santander representado por el empresario Solón Wilches se constituyó en socio industrial de los inmigrantes alemanes para garantizar su dominio en la posesión y explotación de los baldíos del Estado intervenidos y repartidos por el Gobierno federal, desconociendo las soberanías territoriales de cada miembro de la Unión, su pretensión no fue ser socio capitalista, intermediario, comercial o productivo. El Estado solo esperaba reclamar las ganancias netas y constantes representadas en «diez pesos ($10) por cada carga de ciento veinticinco kilogramos (125 kg.) de quina que se exporte y que Lengerke & Cía. garantizan al Gobierno»35. No importaba la fluctuación de los precios internacionales al ser presupuestado el uso de todos los ingresos recaudados para el ferrocarril de Soto al Magdalena a través de la ruta de Botijas, acorde al trazado propuesto por el ingeniero Abelardo Ramos.

Desde la perspectiva económica del Gobierno de Santander, la bonanza de las quinas debía financiar la construcción del ferrocarril y con la línea férrea se debía asegurar la explotación y exportación de todas las riquezas ocultas en los bosques de Santander. De allí que esa relación dialéctica propia de la «era de progreso» fuese explicada por Wilches al posesionarse para su segunda administración como presidente el 1 de octubre de 1880 de la siguiente manera:

Con la primera de estas empresas se resolverá el sistema de vías férreas que convenga al interior de Colombia, para estrecharse con el resto de la República y ponerse en rápido contacto con el mundo comercial. Con la segunda se afianzará aquella y se efectuará tal revolución económica que podrá cambiar por completo la faz en las especulaciones monetarias, produciendo el fenómeno natural de que los capitales circulantes vengan a buscar ocupación y a multiplicarse en la explotación de los tesoros inagotables de nuestras montañas, en lugar de irlos a buscar al extranjero costeando recargos gravísimos y alimentando el ajio que es poco conforme con el mejor desarrollo de la riqueza pública36.

El Gobierno de Santander exigió además a los empresarios alemanes la obligación de ocuparse en la «reducción a la vida civil de los individuos salvajes» que habitaban en la cordillera de La Paz y fueron condicionados a depositar e invertir parte de sus ganancias y capitales en los bancos de Santander al comprometerlos «a tomar parte como accionistas de la empresa del Ferrocarril del Magdalena a una de las poblaciones importantes del departamento de Soto, por la suma de ocho mil pesos ($8.000) por lo menos»37.

De tal manera, los socios extranjeros de la Compañía Lengerke y los miembros nacionales de la Compañía Industrial se constituían en los responsables directos del funcionamiento financiero, las transacciones comerciales y la producción extractora a cambio de obtener del Gobierno de Santander la garantía de ser poseedores de «la única y exclusiva explotación de los terrenos que sean de su propiedad». También les conferían el derecho anticipado de explotación y exportación de «alguna otra riqueza mineral o vegetal que ofrezca ventajas para la explotación» que fuese descubierta durante la existencia de la sociedad, por ejemplo, los usos industriales aún desconocidos de las emanaciones superficiales de los derivados del petróleo empleados como betún o ungüento medicinal para el cansancio o el fortalecimiento de las piernas, como brea para tapar los orificios de las embarcaciones fluviales e incluso como teas hechas sobre tusas38.

En el contrato redactado, propuesto y finalmente firmado entre el Secretario General del estado y el representante de la casa de comercio «Lengerke & Cía.», sus socios se comprometieron específicamente con el Gobierno del Estado a:

5°.—Lengerke & Cía. darán al Gobierno adelantados diez mil pesos ($10.000) a buena cuenta de las utilidades que le puedan corresponder al mismo Gobierno, de esta manera: cinco mil pesos ($ 5.000) dentro de quince días, y cinco mil pesos ($5.000) dentro de cincuenta días contados desde la fecha de la celebración de este contrato; suma de la cual dispondrá el Gobierno en la capital del Estado, sin pagar otros intereses líquidos para la casa de Lengerke & Cía. que el del tres por ciento anual por el término de un año. 6°.—Para todas las operaciones de la empresa se tomará por base la siguiente equivalencia en monedas: Una libra esterlina equivale a $ 5 de ley. Un franco, a 20 centavos. Un dollar americano (oro), a $1 de ley.

Un marco alemán, a 24 centavos. 7°.—La casa Lengerke & Cía. es la parte contratante encargada de todos los trabajos de la empresa, y en consecuencia está obligada además del suministro de fondos, a proveer de herramientas, tambos, depósitos, medios de acarreo y demás elementos de explotación y exportación, teniendo derecho a que la empresa le abone todos los gastos hechos, apropiados a la misma empresa, y a que se le pague el arrendamiento equitativo por los locales que de su propiedad tiene en el Estado y que se ocuparen para esta empresa; arrendamiento que se irá fijando previamente39.

Hasta entonces el desinterés del «Comercio de Soto» por la quina había sido recurrente, Lengerke había trasladado sus actividades empresariales y comerciales a Piedecuesta al ser designada temporalmente entre el 20 de julio y el 6 de diciembre de 1880 como capital del departamento de Soto (Ley 21 y Ley 94 de 1880) ante la desconfianza generalizada que se tenía con Bucaramanga y sus sociedades democráticas desde 1879. Al ser lesionada la fuente de ingresos más importante que tenían los empresarios quineros de Bucaramanga al intervenir, proteger y centralizar el Estado desde El Socorro esa fuente de explotación y riqueza exportadora, la reacción unánime fue respaldar política y gremialmente los intereses y derechos del más prestante, querido y respetado de los comerciantes y empresarios residentes en Bucaramanga, el venezolano Manuel Cortissoz, al ser desconocidos sus títulos de dominio federal sobre los baldíos circundantes a los que ya poseía la compañía comercial de Lengerke. Además, rechazaron la inherencia y abuso de poder del presidente Wilches al anteponer sus intereses personales como socio privado de los alemanes al promover una sociedad extractora y proteccionista estatal que limitaba toda producción quinera solo para beneficio del oligopolio de la compañía dirigida por Lengerke y sus socios. Incluso, se autorizó a Lengerke antes que a cualquier otro empresario a acaparar y monopolizar el total de las extracciones para «abrir negociaciones con los dueños particulares de bosques explotables para ampliar las operaciones de la misma empresa»40.

La principal molestia de los comerciantes de Bucaramanga, aliados al grupo empresarial representado por Cortissoz y los comerciantes del Caribe, estaba asociada con las advertencias que el Gobierno estatal había hecho al empresario quinero al recordarle su condición de extranjero que debía respetar al Gobierno como contraprestación de la hospitalidad recibida, acceder a la riqueza de las quinas solo a través de la contratación directa con el Estado, y, consigo, la advertencia a no propiciar ningún tipo de conflicto con los nacionales o extranjeros, especialmente a no impedir con sus pleitos las rentas necesarias para construir el ferrocarril de Soto. Valga señalar que el status migratorio de Cortissoz era el de un venezolano con ascendencia judía y holandesa en Curazao, residente de Barranquilla.

El secretario de hacienda Teófilo Forero, al enviarle a Cortissoz copia de los documentos que reafirmaban la soberanía del Estado de Santander sobre todos los baldíos de su jurisdicción (Ley 86 especial, Decreto y contrato con Lengerke & Compañía, Ley nacional de 19 de mayo de 1865 y Ley nacional de 1857), le advertía que:

Como el Poder Ejecutivo tiene conocimiento de que usted emprende también la explotación de quinas, tiene esta nota pues, entre varios objetos sustanciales, el de evitar colisiones y exclusiones que en manera alguna puedan aparejar conflictos entre los particulares y el Gobierno, ó cualesquiera otra responsabilidades que usted pueda prever, mediante su buen juicio, claro discernimiento, elevada posición y distinguida respetabilidad. Se propone también el Gobierno ofrecer a usted la oportunidad para que si lo tiene a bien, entre a celebrar con él alguna negociación análoga a lo que se ha confeccionado con el señor Lengerke, lo cual sería para el ciudadano Presidente de positiva satisfacción41.

Los empresarios excluidos de la «Compañía Industrial» al contar con el respaldo del Gobierno federal para explotar veinte mil hectáreas de baldíos «federales», especialmente las concedidas en la «hoya del Opón», optaron por hacer legítimas y populares las concesiones hechas por la nación desde ese mismo año a los territorios abandonados durante una década por los contratistas alemanes al promover la libre extracción de las cortezas de quinas entre las gentes del común, incluidos aquellos campesinos que habían colonizado los baldíos adjudicados a Lengerke. A cambio ofrecieron altos precios en la compra anticipada o a contra-entrega de las cargas que eran llevadas por los campesinos hasta sus tambos y bodegas junto al río Sogamoso, el solidario respaldo económico y político al presidente federal y su proyecto de regeneración productiva e institucional en cada distrito, y organizaron una estrategia de defensa y custodia de las cargas bajo el mando del general Fortunato Bernal al sabotear la producción estatal al ponerse en duda el dominio y origen de cada carga por no poder demostrarse que no provenían de los baldíos «federales». Así mismo, Cortissoz respondió a las presiones del Poder Ejecutivo del Estado con un folleto «para notificar al público de la campaña abierta contra mis intereses», así como expresó su negativa a negociar toda extracción de las quinas directamente con el presidente Wilches42.

La conflictiva «fiebre de la quina» que se vivió desde entonces y que alteró a todos los sectores de la sociedad santandereana a causa de las luchas económicas, los abusos y la corrupción promovidos por los extranjeros para preservar u obtener el monopolio de las materias primas nacionales fue comparada con los excesos, los conflictos y la deshumanización de las relaciones productivas que caracterizaron la «fiebre del oro» en Estados Unidos, como comenta Carlos Martínez Silva al ser testigo contemporáneo de los hechos:

En Santander hay grande agitación con motivo de la competencia suscitada entre el Gobierno del Estado y una fuerte compañía explotadora de quinas, que se hizo adjudicar por la nación terrenos baldíos a que cree tener derecho también el Estado, como socio de otra compañía empresaria en la misma especulación. Esto ha dado lugar a recíprocas hostilidades y a actos de verdadero latrocinio de una y otra parte, que hacen recordar las escenas de California cuando se descubrieron allí sus afamados placeres. Los extractores de quinas en aquella parte de Santander que hoy es el objeto de la disputa, recorren los bosques armados, se atacan unos a otros y se roban los víveres y los productos siempre que pueden, y aún se ha llegado a temer de un momento a otro un verdadero combate entre las fuerzas del Gobierno del Estado y las partidas de trabajadores que sostiene la compañía de que es agente el señor Cortissoz43.

Durante el siguiente año, mientras en Europa se empezaba a desvanecer el interés por las quinas colombianas al ser abastecido el mercado por las cultivadas exitosamente en el Asia Ecuatorial con las mejores semillas americanas, la agitación competitiva entre quineros protegidos y excluidos desbordó en un conflicto armado directo y el desconocimiento de las mínimas normas de producción y propiedad privada al apelarse al robo, confiscación, intimidación y destrucción de las cargas de quina acumuladas en bodegas y tambos.

Al ser su deber defender los intereses del Estado y la propiedad privada de los empresarios acorde a los principios de la constitución federal y estatal, los inmigrantes alemanes, a través de sus trabajadores, escoltas y peones quineros de Zapatoca y el Socorro, optaron por responder a las provocaciones militares y a los atentados criminales del bando empresarial bumangués. Con la autorización y visto bueno de Lengerke como socio principal, el agente general de la Compañía Industrial de Santander, Francisco Azuero, informó el 13 de octubre de 1880 al secretario de hacienda y al presidente del Estado la guerra no declarada que debían afrontar sus empleados al estar respaldados los quineros ilegítimos por una fuerza ilegal e insurrecta que requería ser enfrentada por el ejército del Estado.

De los doscientos quineros oficiales que fueron enviados a trabajar a los campos como inspectores, directores, sobreestantes, operarios, peones, etc., la mitad había renunciado o desertado al ser periódicamente sorprendidos y amenazados por los representantes de la compañía rival, quienes les impedían ingresar o salir a abastecerse de víveres en los puntos de acceso a las zonas quineras al establecer retenes armados de segregación empresarial. Otros crímenes eran: ser amenazados, expulsados y perseguidos de muerte al ocupar y extraer las quinas de los bosques estatales que se hallaban libres siendo expropiados de las cargas almacenadas y ocupados esos lugares por partidas de trabajadores de la compañía rival; ser invadidos y ocupados los tambos donde se almacenaba la quina extraída especialmente por los peones de Lengerke, argumentando que se había extraído de baldíos «nacionales» a los que el Gobierno federal no reconocía aún la validez de la adjudicación por el Gobierno estatal; y ser limitados en el libre tránsito a través de los caminos públicos al impedirse a trabajadores, arrieros con abastos y recuas de mulas cargadas con quina de la compañía de Lengerke poder movilizarse a través del camino entre Zapatoca y Barrancabermeja construido por ese mismo empresario.

La última y más importante de las denuncias de los empleados de la Compañía Industrial, al ser la causa de todos los excesos y crímenes cometidos, fue la contratación y la financiación secreta del general Fortunato Bernal por los miembros de la Sociedad Cortissoz & Cía. para «[...] levantar fuerzas sin permiso o autorización de ningún poder público, organizando un cuerpo, según es voz general, hasta de 300 hombres con armas de precisión y algunos con uniforme militar»44.

Todo ello representaba la imposibilidad del Estado de Santander de obtener las ganancias esperadas, al ser expropiada, retenida y perdida en menos de un año tonelada y media de la quina extraída por los empresarios alemanes. Se demostraba la incapacidad de los gobernantes estatales liberales de conformar una fuerza militar para enfrentar a las compañías extractoras y sus fuerzas de asalto o custodia ilegales ante el temor de provocar una guerra con el Gobierno federal regenerador y las fuerzas militares de la Unión, y consigo de los estados soberanos conservadores que lo respaldaban.

Increpado por el presidente del Estado sobre la necesidad de buscar soluciones a ese inminente conflicto en su jurisdicción, el jefe departamental de Guanentá, Federico Muñoz, convocó por intermedio del Dr. Vicente Serrano a las partes en conflicto a la «Conferencia de Montebello» el 14 de octubre en el caserío de Chucurí, cercano a la hacienda de Lengerke. El bando bumangués que apoya a los venezolanos sugirió un lugar más neutral, razón por la cual un día después se llevó a cabo la «Conferencia del Boquerón del Cerro de la Paz». Hasta allí llegó el general Fortunato Bernal como representante de la compañía de Cortissoz, quien permanecía en el puerto de Marta en espera de noticias. En representación de la Compañía Industrial de Santander se presentó el coronel Juan Nepomuceno Prada, inspector de la Sociedad Industrial del Estado y representante de los intereses de la compañía de Lengerke, quien permanecía atento en su hacienda de Montebello.

Considerando la «honorabilidad y alta posición social» que felizmente gozaban esos personajes y sus asociados, a Muñoz le interesaba que la riqueza incalculable de los bosques quineros de Guanentá permitiera «consolidar la paz, dar vida a los pueblos y engrandecer a este Estado elevándolo a la altura a que él se merece». Sin embargo, la resistencia del bando de Cortissoz a buscar salidas negociadas con el Gobierno estatal y con sus representantes de la Compañía Industrial le llevó a considerar desfavorables los resultados de esa conferencia, y les recordó que «todos tienen libertad de explotar los bosques de la nación en provecho propio» recibiendo todo empresario la protección y amparo del Gobierno estatal.

Al siguiente día notificó a las partes haber corroborado los informes del corregidor de Chucurí y dictado las medidas policivas necesarias sobre los excesos que se cometían en los bosques considerados exclusivos de Santander, informes según los cuales

Algunos agentes del señor Manuel Cortissoz se han apoderado en unos puntos y en otros, detenido poco más o menos el número de dos mil arrobas de quinas de propiedad de la Sociedad Industrial del Estado, del señor Geo von Lengerke, del señor N. Muller y del señor doctor Ignacio Gómez Durán: que impiden el libre tránsito de víveres, y de las quinas que pasan por el camino público que de «Montebello» conduce a Barrancabermeja; y que se manifiestan que a pesar de no habérseles dado la posesión legal no permiten extraer quinas de los terrenos que les adjudicó el Gobierno nacional a los señores Cortissoz y González O. La quina explotada por la Compañía industrial del Estado que se halla en los tambos, según informes del señor Inspector, asciende al número de trescientos treinta y tres bultos que hacen poco más o menos doscientos cincuenta quintales45.

Un mes después, el presidente Wilches convocó y explicó de manera extensa y extraordinaria lo acontecido en la explotación de las quinas a la Asamblea Legislativa de Santander. Pretendía obtener su aprobación respecto a las actuaciones en el caso de la adjudicación hecha por el Gobierno federal a Cortissoz, a través de la Secretaría de Hacienda de la Unión y desconociendo la soberanía y la decisión negativa que sobre la petición de veinte mil hectáreas de baldíos había hecho el Gobierno de Santander. Esto afectaba la posesión pública de baldíos y expropiaba «al Estado de su camino público de Zapatoca a Barrancabermeja».

Respecto a las causas y efectos de la Conferencia de Chucurí, Wilches reafirmó las consecuencias de ese conflicto, describió las decisiones empresariales tomadas por el contratista Lengerke al no contar con seguridad productiva y la apertura de nuevos enclaves productivos bajo su dirección empresarial en los baldíos del río Opón al expresar:

Los trabajos [de la Sociedad Industrial] fueron tomando incremento y prometían halagueños resultados: más se vieron luego afectados con procederes hostiles de otra empresa de explotación que tiene organizada el señor Manuel Cortissoz. Quejóse el señor Lengerke, así como otros particulares de tropelías de diferente género ejecutadas por la referida empresa Cortissoz, tales como el disponer y retener de propia autoridad las quinas que ellos habían sacado de terrenos baldíos, y algunos aún de su propiedad, prohibición a mano armada de trabajos de explotación en los baldíos y hasta en propiedades de particulares, así como la introducción de víveres, y el libre tránsito en las vías públicas &. A estas quejas se dispuso que la respectiva autoridad tomara conocimiento de lo concerniente y se procediese a garantizar el derecho a quien lo tuviera, no sin dejar de emplear los medios de la más acuciosa conciliación, como el de comisiones oficiales y particulares que hasta ahora no han producido ningún buen efecto en el ánimo de los opositores46.

El respaldo de la Asamblea Legislativa de Santander a las decisiones e iniciativas del presidente Wilches, sus secretarios y jefes departamentales en el fomento y protección de la quina se reflejó en la aprobación presupuestal de los gastos para la exploración y explotación directa del gobierno de las quinas del Opón, los cuales ascendieron en su primer año a 761 pesos. También se autorizó la conformación de una fuerza armada para el Estado de Santander compuesta por cinco mil hombres, armados con cinco mil rifles de precisión del sistema gras (Ley 90 especial de 1880), cuyo cuerpo de zapadores debía proteger los trabajos del Gobierno estatal a lo largo del ferrocarril de Soto al Magdalena, y la parte restante, «a la empresa de explotación de quinas que tenga a bien acometer por sí solo o en compañía con particulares» (Ley 105 especial de 1880).

Esta carrera armamentista de un Estado respecto al equilibrio necesario con los demás de la Unión motivó al presidente federal, Núñez, a enviar desde Bogotá un mensaje a través de uno de sus comisionados para conciliar las posiciones enfrentadas sobre la soberanía de los baldíos. Esa acción fue entendida por algunos diputados como una «comisión de paz» mientras que el Senado de la Unión desaprobó meses después esa decisión al considerarla una acción ofensiva.

En respuesta al folleto impreso y divulgado por los miembros de la compañía de Cortissoz, el Gobierno estatal imprimió y divulgó un folleto con la versión oficial de lo acontecido. A través de este cabildantes a conocer «la base legal que le sirviera de vigoroso apoyo a nuestro Gobierno para entrar de lleno en el pleno desconocimiento de la legitimidad y validez de la concesión de 19.999 hectáreas y 1000 metros cuadrados de tierras baldías hecha a los señores Miguel Díaz Granados, M. Cortissoz y Nepomuceno González O.»47.

Para contrarrestar la presencia armada y el influjo ilegal de la compañía de Cortissoz, se reafirmó además la presencia legítima del Estado en los territorios de explotación de quinas con nuevas formas de control fiscal y policial a todas las extracciones al cobrarse un nuevo impuesto de compensación por el uso de los caminos públicos; este consistía en la cancelación de un derecho de peaje gravado en 10 pesos por cada carga de quina de 125 kilogramos por parte de los empresarios particulares que no contrataban con el Gobierno del Socorro (Ley 87 fiscal de 1880). Así mismo, se dispuso que el presidente del Estado podía «declarar exentos del derecho de peaje a las quinas a los individuos o casas comerciales que exploten sociedad con el Gobierno del Estado» (Ley 105 fiscal de 1880), siendo Lengerke el gran beneficiado de esa exención al no pagar los nuevos impuestos ni cambiarse los gravámenes previamente contratados.

Para cumplir con la Ley 87 de manera inmediata, evitando así «el desfalco que por un retardo pudiera sufrir el Erario del Estado» a través de los puntos y puertos con los estados limítrofes, Federico Muñoz, como jefe departamental de Guanentá, expidió el Decreto 67. Con este se ordenaba al corregidor de Chucurí recaudar y hacer efectivo el nuevo impuesto «en los puntos del puerto de Santander, Tablazo y cualesquiera otros puntos de las márgenes de los ríos Sogamoso y Magdalena, que pertenezcan al territorio del Corregimiento de su mando»48.

La respuesta defensiva de los socios de la compañía de Cortissoz fue solicitar la suspensión de la Ley 87 ante la Corte Suprema Federal al considerarla una norma anticonstitucional. Dicha petición fue rechazada el 11 de enero de 1881 al no encontrar los magistrados fundamentos para no imponer los Estados soberanos gravámenes a los productos de exportación trasladados a través de los caminos públicos, específicamente las cortezas, sulfatos o sales derivadas de la quina con el propósito de refaccionar o construir otras vías de utilidad pública. De tal manera, el Gobierno estatal podía establecer y cobrar un derecho de peaje adicional a los cobros permitidos sobre las vías con privilegios particulares, como era el caso de los caminos y puentes administrados por Lengerke, y los derechos de aduana por la exportación o importación de las cargas a través de las bodegas que regulaban el tráfico de los vapores en los puertos.

Al apelar a una instancia superior, el Senado de plenipotenciarios de Colombia, influenciado por el Gobierno federal respaldado por el bloque económico caribeño al que pertenecían los socios de Cortissoz y Díaz Granados, la decisión fue contraria a los intereses del Gobierno de Santander al ser aprobada una resolución que declaraba nula la ley que creaba un peaje para el transporte de las quinas en Santander. Ante esa decisión superior, y en aras de evitar una guerra civil entre el Estado y la Unión, el Gobierno de Wilches el mismo 27 de abril expidió un decreto mediante el cual ordenó cesar el cobro del derecho de peaje -estatal- para las quinas, reafirmó los privilegios de los peajes particulares y derogó los decretos ejecutivos que reglamentaban la Ley 87. En un manifiesto público también denunció la reiterativa inherencia y limitaciones de las instituciones federales en la soberanía de los estados, que conllevaría a las insurrecciones y guerras civiles posteriores (1885, 1895, 1899) engendradas en Santander49, al expresar: «La resolución del Senado ha venido a limitar las legítimas y naturales prerrogativas de Santander, haciéndolo de peor condición que los demás Estados»50.

Si bien las relaciones sociales y políticas continuaron empeorando respecto a los tratos económicos y la acumulación de capitales quineros, todo volvió a la calma. Un año después, y muerto Lengerke, se reestableció el Banco Santander y Wilches, con su círculo económico en el poder, volvió a contratar y aliarse comercialmente con su archirrival Cortissoz para acaparar, extraer y exportar las quinas de los baldíos del Opón a través del puerto y los comerciantes de Barranquilla51.

Conclusión

Los procedimientos inadecuados de paz y posconflicto, al no conflagrar las causas del conflicto violento precedente, tienden a convertirse en una de las razones para justificar guerras futuras. El manejo equívoco del origen y desarrollo de la guerra de las «quinianzas», y consigo de la transición unilateral al centralismo regenerador y el dominio sobre los baldíos estudiados, permiten identificar algunas de las razones que han justificado las asonadas, insurrecciones, revoluciones y guerras que se promovieron y contrarrestaron por la vía armada durante los siguientes años en el Estado de Santander, específicamente los conflictos de 1885, 1895 y 1899 financiados por los gremios y empresarios asociados con el liberalismo radical cuestionado y excluido del poder por el régimen regenerador.

En la historia de Colombia cada uno de los cuatro grandes momentos de auge y extracción de las quinas expuesto [Expedición Botánica, Cundinamarca y Tolima (1849-), Tolima y Llanos de San Martín (1867-), Santander (1872-)] estuvo caracterizado por el enfrentamiento entre empresarios por la posesión territorial de baldíos y el control oligopólico de las extracciones agroindustriales de las mejores variedades exploradas y explotadas en los bosques ecuatoriales interandinos. La experiencia empresarial con las quinas cúpreas (1878-1882) estuvo mediada por el conflicto bélico, social y comercial que aconteció entre los quineros de Santander. Fue considerado el conflicto de mayor agresividad por el latrocinio entre patrullas, la intolerancia exterminadora contra los indios y la desproporción en la conformación de ejércitos privados, llegando incluso a enfrentarse los gobernantes soberanos del Estado con las autoridades federales de la nación para defender los intereses de cada una de las partes.

La lucha de los liberales radicales por la soberanía de Santander sobre los baldíos quineros demostraba el conflicto existente entre partidos y gremios en el poder. A las denuncias sobre las concesiones de baldíos de Núñez como parte de las arbitrariedades nacionalistas por centralizar y someter las jurisdicciones estatales a la Unión, se sumaban la unificación de la constitución federal con la constitución estatal, la divulgación y fomento entre todos los públicos de la producción agroindustrial de la quina para acabar los monopolios de los empresarios asociados y la cuadruplicación de las contribuciones para las mercancías importadas, e, incluso, la exclusión inversionista de los empresarios extranjeros desafectos al Gobierno nacional y sus aliados locales en los proyectos carreteros y ferroviarios federales.

Este malestar se reflejaba en la protección y alianza preferencial de los gobernantes de Santander a los extranjeros quineros dispuestos a conformar sociedades y defender la causa estatal, mientras que a los quineros foráneos afectos al Gobierno «nacionalista» y «regenerador» de Núñez, particularmente Cortissoz y sus asociados del «comercio» de Bucaramanga, se les hicieron advertencias sobre su condición de extranjeros obligados a respetar y acatar al Gobierno estatal como contraprestación de la hospitalidad recibida, acceder a la riqueza de las quinas solo a través de la contratación directa con el Estado, no propiciar ningún tipo de conflicto con los nacionales o extranjeros, y consigo, no impedir la captación de las rentas necesarias para construir el ferrocarril de Soto al apelar a pleitos judiciales, a su ejército privado de hombres armados o a sus aliados en el Congreso de la República.

Al llegar el conflicto ante esa última instancia, las autoridades de Santander procuraron no hacer oposición o rechazo para evitar la temida intervención y guerra entre el ejército del Estado soberano y el de los Estados Unidos de Colombia. Sin embargo, el Gobierno de Wilches, a la par de acelerar su carrera armamentista, denunció públicamente la reiterativa inherencia y las limitaciones impuestas por las instituciones federales a la soberanía de los Estados. Cada decisión de las autoridades centrales limitaba las prerrogativas del Estado de Santander y justificaba la creciente inconformidad de los liberales santandereanos al ser tratados «de peor condición que los demás Estados»52.


Pie de página

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2Luis Pérez, Historia bicentenária de un día de revolución (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2007).
3Luis Pérez, Historiar la muerte II. Representaciones sociopolíticas sobre el buen morir por la patria entre los revolucionarios de Colombia (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2013).
4Indalecio Liévano, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia (Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1996); Luis Pérez, Narrativas del último postconflicto (Bucaramanga: UNAB, 2014).
5Beatriz Eugenia Sánchez Mojica, «Antecedentes del Conflicto Colombiano», en El conflicto de Colombia (España: Ministerio de Defensa, 2006), 14.
6Sánchez Mójica, «Antecedentes del conflicto colombiano», 12-13.
7Sánchez Mójica, «Antecedentes del conflicto colombiano», 15; Hernando Gómez, «La violencia contemporánea en Colombia: Un punto de vista liberal», en Pasado y presente de la violencia en Colombia, ed. Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (Bogotá: Iepri y Cerec,1995), 376.
8Salvador Camacho Roldán, «Artículo en el Diario La Unión (Bogotá, 9 de agosto de 1881)», en Escritos Varios (Bogotá: Editorial Incunables, 1983). p. 665-674
9Carlos Martínez Silva, «Revistas Políticas (31 de octubre de 1880)», en El Repertorio Colombiano, T. 1 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1934). p. 337-338
10Frank Safford, «1. Pautas en la vida empresarial de Colombia en el siglo XIX», en Visión y actuación del empresariado en Colombia, 1820 - 1950, ed. Carlos Dávila (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011), 33.
11Nicolás Osorio, Estudio sobre el cultivo de las quinas (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1880).
12Antonio Nariño, «Antonio Nariño solicita permiso para extraer, de los montes de Fusagasuga, 3.000 arrobas de quina para remitirlas a España», Archivo Nariño, T. 1, comp. Guillermo Hernández de Alba (Santafé de Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, 1990), documento 44.
13Felipe Pérez, Geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia, T. 2 (Bogotá: Imprenta de la Nación, 1863).
14Yesid Sandoval y Camilo Echandía, «La historia de la quina desde una perspectiva regional: Colombia, 1850-1882)», Anuario de Historia Social y de la Cultura, n.° 13-14 (1995-1996): 154-156.
15Antonio Vargas Reyes, Memoria de las quinas de la Nueva Granada (Bogotá: Imprenta El Día, 1850).
16Sandoval y Echandía, «La historia de la quina», 156-161.
17Nicolás Osorio, Estudio sobre las quinas de los Estados Unidos de Colombia (Bogotá: Imprenta de Echevarría Hermanos, 1874).
18Sandoval y Echandía, «La historia de la quina», 161-164.
19Emiliano Restrepo, Una excusión al territorio de San Martín (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1870).
20Carlos Michelsen y Nicolás Saenz, Informe de los exploradores del territorio de San Martín (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1871).
21Sandoval y Echandía, «La historia de la quina», 164-166.
22Sandoval y Echandía, «La historia de la quina», 185.
23Clara Carreño y Cyntia Maldonado, «¿Espíritu visionario? Geo Von Lengerke: Proyectos comerciales y de caminos en la segunda mitad del siglo XIX», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 36, n.° 2, (2009).
24Aquileo Parra, Memorias 1825 a 1875 (Bogotá, Editorial Incunables, 1982).
25Clara Carreño, «Búsqueda de nuevas rutas comerciales. Solón Wilches y las redes de poder en García Rovira, segunda mitad del siglo XIX», Historia Crítica, n.° 46 (2012); Gustavo Otero Muñoz, Wilches y su época (Bucaramanga: Imprenta del Departamento, 1936).
26Rafael Velásquez y Víctor Castillo, «Resistencia de la etnia Yareguíes a las políticas de reducción y "civilización" en el siglo XIX», Historia y Sociedad, n.° 12 (2006).
27Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del tigre (Bogotá: Oveja Negra, 1983).
28Horacio Rodríguez Plata, La inmigración alemana al Estado Soberano de Santander en el siglo XIX (Bucaramanga: Gobernación de Santander, 1989).
29Rodríguez, La inmigración alemana.
30 Ramón Paz, «Circular del Jefe Departamental de Cúcuta (San José, 21 de diciembre de 1880)», Gaceta de Santander [Socorro], 25 enero, 1881, 244.
31Estado Soberano de Santander, «Ley 29 especial de fomento (3 de agosto de 1880)», Gaceta de Santander [Socorro] 5 agosto, 1880, 255.
32Estado Soberano de Santander, «Ley 29 especial de fomento», 255.
33Estado Soberano de Santander, «Ley 29 especial de fomento», 255.
34Estado Soberano de Santander, «Aviso oficial», Gaceta de Santander [Socorro] 3 septiembre, 1880, 303.
35Estado Soberano de Santander, «Contrato de explotación de quinas (2 de septiembre de 1880)», Gaceta de Santander [Socorro] 10 de septiembre, 1880, 311.
36Solón Wilches, «Posesión del presidente de Santander (Socorro, octubre 1 de 1880)», Gaceta de Santander [Socorro], 8 de octubre, 1880, 339.
37Estado Soberano de Santander, «Contrato de explotación de quinas», 311.
38Rodríguez, La inmigración alemana, 20.
39Estado Soberano de Santander, «Contrato de explotación de quinas», 311.
40 Estado Soberano de Santander, «Contrato de explotación de quinas», 311.
41 Estado Soberano de Santander, «Explotación de quinas notas cruzadas (Socorro, 21 de septiembre de 1880)», Gaceta de Santander [Socorro], 26 de octubre, 1880, 359.
42Manuel Cortissoz, «Carta al Secretario de Hacienda (Bucaramanga, 6 de octubre de 1880)», Gaceta de Santander [Socorro], 26 de octubre, 1880, 359.
43Martínez, «Revistas Políticas».
44Francisco Azuero, «Informe del Agente General de la Compañía Industrial de Santander (Zapatoca, 13 de octubre, 1880)», en Exposición en el importante asunto de tierras baldías (Socorro: Imprenta del Estado, 1880), 127.
45 Azuero, «Informe del Agente», 363.
46 Solón Wilches, «Mensaje del presidente del Estado de Santander a la Asamblea Legislativa, Extraordinaria, de 1880 (Socorro, 20 de noviembre de 1880)», Gaceta de Santander, [Socorro] 25 de noviembre, 1880, 392-393.
47Paz, «Circular del Jefe», 459.
48Federico Muñoz, «Decreto 67 (San Gil, 29 de noviembre de 1880)», Gaceta de Santander [Socorro], 7 diciembre, 1880, 410.
49Luis Pérez, «El General José Santos: Héroe y villano de la Regeneración», en Una familia Santos de Santander y Colombia, coord. Armando Martínez (Bucaramanga: El libro total, 2013).
50Solón Wilches, «Manifiesto del presidente de Santander a sus conciudadanos (Socorro, 27 de abril de 1881)», Gaceta de Santander [Socorro], 4 mayo, 1881, 525.
51Alejandro Ramírez, «Los efectos de la extracción y explotación de la corteza de quina en el departamento de Soto, Estado Soberano de Santander, 1876-1884» (Trabajo de grado en Historia, Universidad Industrial de Santander, 2009), 225, 269-270, 280-281.
52Wilches, «Manifiesto del presidente», 525.


Bibliografía

Fuentes primarias

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