«Seductoras», «corruptoras» y «desmoralizantes». Las representaciones sobre las mujeres rebeldes realizadas por las autoridades provinciales de Popayán (1841-1842)

«Seducing», «Corrupting» and «Demoralizing». Representations of Rebel Women Made by the Provincial Authorities of Popayan (1841-1842)

«Sedutoras», «corruptoras» e «desmoralizantes». As representações sobre as mulheres rebeldes realizadas pelas autoridades provinciais de Popayán (1841-1842)

Luis Ervin Prado Arellano
Universidad del Cauca (Popayán, Colombia) luisprad30@yahoo.es, leprado@unicauca.edu.co

El presente artículo forma parte de uno de los informes finales del proyecto de investigación apoyado por la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Cauca, titulado «Estrategias de control social en el periodo republicano temprano en las provincias del Cauca».

Recibido: 8 de septiembre de 2015 Aceptado: 9 de octubre de 2015 Disponible en línea: 30 de marzo de 2016

Cómo citar este artículo

Prado Arellano, Luis Ervin. «Seductoras, corruptoras y desmoralizantes. Las representaciones sobre las mujeres rebeldes realizadas por las autoridades provinciales de Popayán (1841-1842)». Memoria y Sociedad 20, n.° 40 (2016): 121-132. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mys20-40.scdr

Resumen

El objetivo del artículo es mostrar la representación que las autoridades tanto civiles como militares de la provincia de Popayán construyeron sobre las mujeres que participaron abiertamente en la esfera pública, mostrando simpatías por el bando rebelde. Se tomará el caso de los meses posteriores a la conclusión de la guerra civil de los Supremos (julio de 1841 en adelante), periodo que se caracterizó por la represión que hicieron los representantes del Estado contra los individuos que participaron abiertamente en la rebelión. En este contexto diversas mujeres fueron expulsadas de la ciudad, del pueblo o de la provincia, sin ser vencidas en juicio, al considerar que con sus actos de sedición y simpatía a los rebeldes eran corruptoras y desmoralizadoras del cuerpo social.

Palabras clave: representación; género; esfera pública; mujeres facciosas.

Abstract

The purpose of this article is to show the representation that civil and military authorities of the Popayan province made of women who openly took part in the public sphere, showing their sympathies for the rebel side. We take the case of the months after the civil War of the Supremes (July 1841 onwards), a period characterized by the repression carried out by representatives of the State against individuals who openly took part in the rebellion. In this context, many women were expelled from the city, town, or province — without being found guilty in court — by considering that due to their acts of sedition and sympathy for the rebels they corrupted and demoralized the social body.

Keywords: representation; gender; public sphere; rebel women.

Resumo

O objetivo do artigo é mostrar a representação que as autoridades tanto civis como militares da província de Popayán construíram sobre as mulheres que participaram abertamente na esfera pública, mostrando simpatia pelo bando rebelde. Tomar-se-á o caso dos meses posteriores à finalização da guerra civil dos Supremos (julho de 1841 a frente), período caracterizado pela repressão que os representantes do Estado fizeram contra os indivíduos que participaram abertamente na rebelião. Nesse contexto, diversas mulheres foram expulsas da cidade, do povoado ou da província, sim que fossem derrotadas em tribunal, considerando que com esses atos de sedição e simpatia para com os rebeldes eram corruptoras e desmoralizadoras do corpo social.

Palavras-chave: representação; gênero; esfera pública; mulheres facciosas.

Introducción

El 11 de agosto de 1841, el jefe político de Popayán Pedro Rodríguez Gil comunicó la sugerencia del jefe del Estado Mayor del ejército, general Ramón Espina, de iniciar un proceso judicial por complicidad en la rebelión que había concluido contra María Manuela Daza, vecina de Popayán y residente en el barrio el Ejido¹. ¿Las razones? Manuela mantenía relaciones íntimas con Manuel Vargas, quien había sido uno de los principales cabecillas de la «facción»; además se tenían sospechas de que en su casa se habían refugiado varios «facciosos» y no los había delatado. En efecto, los militares en un allanamiento que hicieron a su morada encontraron a un esclavo rebelde, Domingo Gil, quien dijo que ahí había permanecido por un tiempo José María Bejarano y otro individuo llamado «Pepe», oficiales de las fuerzas rebeldes².

El general Espina era del parecer de desterrar a Daza de la ciudad pues su presencia era dañina para el orden público que se estaba restableciendo. Pero, ¿quién era Manuela Daza? Era hija del matrimonio de una pareja de ascendientes afrodescendientes: Fermín Daza y Lucía Galíndez, procedentes del valle del Patía, una región que en el siglo XVII e inicios del XVIII se había convertido en zona de refugio de esclavos cimarrones³. Los Daza Galíndez habían logrado adquirir una fortuna nada despreciable a inicios del siglo XIX, representado en hatos ganaderos, «ojos de sal» —saladeros— casas en el Patía y Popayán, esclavos y dinero contante y sonante⁴. Hacía 1819 Fermín Daza falleció y durante los siguientes diez años Lucía Galíndez estuvo a la cabeza de la fortuna familiar y todo indica que la acrecentó, en un periodo signado por las guerras de independencia. Cuando testó en 1833, declaró poseer casas en Popayán y El Patía, hatos ganaderos, muleros, placeres auríferos, «ojos de sal», 9.550 pesos en tierras, oro en polvo, plata sellada, alhajas, ropas, esclavos asistentes en la hacienda Miraflores. Además, declaró como deudores a los siguientes personajes: Ignacio Angulo (258 pesos, más 3 pesos de 3 arrobas de sal); Agustina del Campo (50 pesos); Manuel María Alomia (300 pesos); Santos Campo (100 pesos); Pablo Hurtado (12 pesos); Sr. José María Vargas (5 novillos sabaneros); Juan Cobos (12 pesos); Juan Ignacio Bonilla (1.000 pesos); Matías Mosquera (2 vacas y un toro 18 pesos); Juan Equisabal (10 pesos más 2 vacas); Juana Tombé (7 pesos); Manuel Encarnación (7 pesos y 1 novillona.); Esteban Muñoz (1 vaca y 2 toros de monte); Manuel Delgado (53 pesos, 7 pesos en plata, 30 pesos en sal, 16 pesos en una vaca gorda); Tomasa Luna (30 pesos); la hija mayor del Señor Fernando Angulo (9.900 pesos y más ganado de pasto en auxilios) y Justo Jordán (232 pesos). Los deudores en mención distaron de ser gente del común: Matías Mosquera y Manuel María Delgado eran antiguos guerrilleros realistas del Patía que se entregaron a la república y se desempeñaron como oficiales de milicias y funcionarios parroquiales en repetidas ocasiones, además de ser propietarios de hatos ganaderos y de esclavos.

Ignacio Angulo, Manuel María Alomia y Juan Ignacio Bonilla eran notables de Popayán, due&numl;os algunos de cuadrillas mineras en el Pacífico, estancias agropecuarias y funcionarios provinciales. Agustina del Campo era una gran propietaria, madre adoptiva del general José María Obando, quien fuera dos veces presidente de la república. Justo Jordán era un presbítero que había desempe&numl;ado varios curatos al sur de Popayán. Los demás deudores eran personas del Valle del Patía o de parroquias cercanas a ella.

En síntesis, la familia Daza-Galíndez había logrado, entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, consolidar una fortuna, tal vez la más importante en el valle del Patía en su época. Sin embargo, Lucía Galíndez nunca logró capitalizar su riqueza en capital político, a pesar de contar con todas las condiciones estructurates para serlo, ya que su condición de mujer indudablemente se lo impidió⁵.

Fallecida Galíndez, sus herederos no lograron mantener la fortuna familiar, diversos pleitos comprometieron su patrimonio, entre ellos una deuda de su finado padre contraída en 1819 con la familia Diago por valor de 16.000 pesos. De otro lado, los albaceas testamentarios distaron de ser buenos administradores, pues seis años después de fallecida Lucía, sus hijos solicitaron a la justicia se removiera de albacea a Manuel María Vargas y se pusiera a Rafael Valdés, pues poco había hecho para cubrir las deudas que dejaron sus padres y proceder a la división. Aún en 1851, los herederos mantenían pleitos con Vargas por malversación de los bienes⁶.

En este contexto familiar es que se desenvuelve Manuela Daza, quien residía en Popayán, y a inicios de los cuarenta del xix tenía una relación íntima justamente con el que su madre lo había nombrado albacea testamentario (Manuel María Vargas) y poco antes de un año ella y los herederos solicitaron se le removiera de albacea de los bienes⁷.

El caso de Manuela Daza y de su madre Lucía Galíndez nos muestra cómo las mujeres eran parte esencial del entramado social del Cauca Grande en la primera mitad del siglo xix. No obstante la historiografía poca atención ha prestado a este hecho. El presente escrito busca mostrar las construcciones que sobre las mujeres hicieron las autoridades de la gobernación de Popayán después de concluida la Guerra de los Supremos (1841), específicamente aquellas que habían participado abiertamente en la arena pública a favor de los rebeldes. Retomo la perspectiva de género de Joan Wallach Scott, que la considera una categoría que se construye históricamente o, en otras palabras, es una construcción social en el tiempo y en este sentido no es natural. En su perspectiva, género es una forma de conocimiento de la diferencia sexual y su importancia radica en que es un conocimiento contingente, mutable, por medio del cual se construyen y se legitiman las relaciones de poder, dominación y subordinación. De esta manera, tiene implicaciones políticas, pero como sus significados son inestables requiere de una constante afirmación para que den la apariencia de algo fijo e inmutable. Sin embargo, es el resultado de procesos discursivos que constantemente son negociados, adaptados y resignificados para construir un ejercicio de dominio⁸.

Sostengo que para el caso de la provincia de Popayán (que no exime las demás provincias del suroccidente granadino) se había construido una representación sobre la mujer de disolvente de lo social cuando participaba en la esfera pública (sin aval de la autoridad), en acciones políticamente deliberativas. La representación se sostenía en unos conceptos que servían para legitimar su expulsión de la comunidad, sin ser vencidas en un proceso judicial. Además, se sustentaban en el ideario republicano que había relegado a la mujer a la vida doméstica, de ahí que cualquier participación en la vida pública, sin un consentimiento de la autoridad estatal masculina, era considerado una amenaza al orden social, pues desplegaban sus capacidades corruptoras y seductoras en la vida pública⁹.

Mujeres seductoras, corruptoras y desmoralizantes. La participación en la esfera pública republicana

Concluida la Guerra de los Supremos en «las provincias del Cauca»¹⁰ con la derrota del ejército rebelde en la batalla de La Chanca (11 de julio de 1841), las fuerzas gobiernistas comandadas por el general Tomás Cipriano de Mosquera pusieron en marcha una política de represión contra los últimos reductos rebeldes que se encontraban diseminados entre los montes del río

Palo en Caloto al norte, hasta las márgenes del río Mayo en el extremo sur del Patía en la provincia de Popayán.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir las políticas represivas no solo empezaron a capturar y juzgar a los antiguos rebeldes, sino que casi de inmediato también el peso de la represión cayó en las mujeres. El 26 de agosto el jefe político de Popayán comunicó que se traían de Timbío (localidad a media jornada de camino de la ciudad) «las reas» Trinidad Torres, María Agueda Torres y Brígida Astudillo, las dos últimas comprometidas en el asesinato de un teniente del ejército gobiernista —Pio Castro—, por esa razón, dos días después fueron expulsadas fuera de la provincia. Por esa misma fecha, a Antonia Collazos, mujer del faccioso Manuel María Malo, se le prorrogó su estancia en la ciudad por hallarse en «cuarentena» por su reciente parto; Collazos tenía orden de expulsión y todo indica que su único delito era ser la esposa de un rebelde¹¹.

En efecto, durante los días de finales de julio a diciembre de 1841, las autoridades parroquiales y militares remitieron de varias partes de la geografía provincial mujeres para que fuesen inmediatamente expulsadas del territorio, sin formula de juicio, pues eran consideradas «perjudicialisimas» para el restablecimiento del orden. El coronel Jacinto Córdova Muñoz remitió el 10 de diciembre, por intermedio del teniente coronel Melchor Corena, a Juana Billas y María Juliana Chimbambue, vecinas de La Sierra, a Popayán por «considerarlas sospechosas y hostiles a las tropas del gobierno»¹².

El hecho de ser expulsadas docenas de mujeres sin ser juzgadas por los tribunales republicanos de la provincia indica la arbitrariedad que contra ellas cometía el sistema judicial y sus representantes. ¿Cuáles eran las razones? En parte se sostenían por un paquete de poderes extraordinarios que el comandante militar en jefe de las operaciones en el sur, Tomás C. Mosquera, ejercía gracias a las facultades otorgadas por el ejecutivo, teniendo la discrecionalidad de dar órdenes pasando por encima de la rama judicial. Pero también era por una concepción que se tenía de la mujer, acerca de su supuesta capacidad de «corromper y desmoralizar» a la población. En otras palabras, era una fruta podrida que se debía sacar del cesto para que no dañara las demás¹³.

Dicha idea sobre las mujeres está presente desde mucho antes de la Guerra de los Supremos. El 7 de octubre de 1831 la Secretaría de Guerra y Marina pedía al prefecto del departamento del Cauca¹⁴ impedir el tránsito de tropas en el territorio si van con mujeres, que «solo pueden contribuir a corromper y desmoralizar absolutamente a los soldados, y para que de ninguna manera y se bensiona (sic) el erario público de costear el viaje por tierra o por agua de dichas mujeres»¹⁵.

Similar idea la expresó el comandante de Armas de Popayán en marzo de 1848, José Vargas París, quien, en una carta escrita al gobernador de la provincia, dijo:

Dos prostitutas concubinas de soldados de la compañía, que hace la guarnición de esta plaza, llamadas Manuela y Gabriela, que se hallan en el divorcio, por el escándalo que hicieron ayer, estropeando a un soldado e instigando a otros soldados a que también lo maltratasen, dando ejemplos f recuentes de inmoralidad, corromper la disciplina de la tropa ocasionando desavenencias en ella y constantes desordenes. Creo de la mayor urgencia para conservar el orden entre los soldados y en obsequio de tranquilidad, que vs se sirva dictar una providencia a fin de que salgan dichas mujeres de esta provincia, para alejar el germen de discordia y escándalo que ocasionan con su mala conducta¹⁶.

En este orden de ideas, estamos frente a una tendencia histórica acerca de una representación de mujer que se expresó abiertamente en 1841, en el contexto de «pacificación» por la guerra civil. Ahora era necesario expulsar a las mujeres —no del ejército o alejarlas de la tropa— de las poblaciones en las que se tuviera sospecha o hubiesen participado abiertamente incluso con opiniones políticas a favor de los rebeldes, para limpiar el cuerpo social afectado por el flagelo de la rebelión. Así lo expresó el general en jefe Tomás Cipriano de Mosquera el 29 de julio de 1841 en Popayán, al señalar la conveniencia para las operaciones militares —especialmente en las parroquias situadas al sur de la ciudad—, de que salieran de las localidades «las mujeres enemigas del orden». Por ello anexaba una lista que rezaba lo siguiente: «Lista nominal de las mujeres perjudicialísimas, por su conducta política y que deben salir de esta ciudad dentro de 24 horas, por convenir así a la conservación del orden y buen éxito para las operaciones que debo comprender»¹⁷.

Expulsarlas del cuerpo social fue una medida para «limpiar» la sociedad de su presencia «corruptora» y «desmoralizadora». Otra medida fue corregirlas, entregándolas bajo la responsabilidad de una familia notable que se encargara del arreglo de su conducta. Tal política era una forma de concertaje y trabajo servil soterrado, en la que quedaba sujeta la mujer, que únicamente culminaría cuando las autoridades y la familia que la tutelaba lo consideraran conveniente. Así le aconteció a Trinidad Torres, vecina de Timbío, remitida por «chispera» y «facciosa» a Popayán y puesta «bajo responsabilidad de la señora Gabriela Caldas»¹⁸. Por la misma época, Bárbara Morcillo fue puesta bajo la tutela, «protección y responsabilidad» de José Ignacio Segura; Ana Pardo, a pesar de no tener «responsabilidad política, se entrega bajo la responsabilidad y vigilancia de la señora Ana Velasco»¹⁹. ¿Cuál había sido el delito de estas mujeres a quienes, por lo general, no se les juzgaba para ser condenadas al exilio o quedar sujetas al tutelaje de una familia en particular? ¿Qué querían expresar las autoridades con «corromper» o «desmoralizar», nociones que se les endilgaba a aquellas mujeres? En primer lugar, lo que salta a la vista es su participación abierta en la esfera pública, espacio por excelencia masculinizado por el republicanismo desde la Revolución Francesa²⁰. Se les etiquetaba como «corruptas» y «desmoralizadoras» por ejercer un tipo de comportamiento poco acorde con los tiempos. En el contexto de la Guerra de los Supremos, era por su participación en la esfera pública y política por medio de un conjunto de acciones que no se consideraban propias del «bello sexo» y que, al contrario, promovían con su ser el desorden social. En otras palabras, se les otorgaba un poder de seducción con sus cuerpos y palabras sobre los varones que debía ser contenido y castigado ejemplarmente.

Se debe señalar que en tiempos de convulsión política una de las primeras medidas que buscaba controlar las autoridades era el rumor. Las autoridades municipales y las alcaldías tomaban medidas para fiscalizar la práctica cotidiana de hacer comentarios respecto de la rebelión o la guerra. Eran reglamentaciones de policía dirigidas a prohibir «bochinche» de cierto número de personas a altas horas de la noche; se detenían y juzgaban a personas por difundir «chispas», rumores o comunicar «noticias falsas»²¹. En efecto, una de las principales razones por las cuales las mujeres fueron objeto de represión después de julio de 1841, fue por ser «chisperas», concepto por el cual a María Manuela Quijano y Ana María Bueno se les promovía un sumario por el tribunal del distrito judicial en Popayán en septiembre de 1841²².

«Chispera» es una palabra que no existe en el diccionario de Autoridades de la lengua española. Sin embargo, al buscar palabras relacionadas, en efecto se identifica su sentido. «Chispero» en masculino alude a las chispas que arroja un cohete cuando se dispara (Tomo ii, 1729), y «chispa» translaticiamente alude a «El hombre inquieto, bullicioso, colérico, ardiente de natural, caviloso, deliado, que de poco hace mucho, ò con facilidad prorrumpe en cóleras, desafueros, ò injurias».

Pero también significa chisme. En concreto, «chispera» significaba una mujer que difunde noticias falsas en un contexto de convulsión política, en especial difundiendo noticias contra el gobierno y promoviendo de esta manera la «desmoralización» de las tropas, la población en general y manteniendo viva «la llama de la rebelión». No olvidemos que estamos también frente a una metáfora: las chispas generan fuego. Se les daba mucha importancia a estas mujeres y en especial a su capacidad de influir a los varones, la cual era tan fuerte que el comandante de operaciones en el poblado Caloto, a unos cinco días de camino al norte de Popayán, consideraba que muchos de los facciosos no se entregaban porque contaban con apoyo y aliento de mujeres, entre ellas Carmen Vergara:

[...] mujer del titulado gobernador Tello [...] que es de algún influjo y de bastante viveza, para persuadir a los oposicionistas, y otras muchas empecinadas como Rafaela Navia, y las demás de la familia de esta, que en mi concepto su permanencia es muy perjudicial, y muchas otras que nombrarlas sería molestar la atención de ustedes, y creo que por estas minadoras será la causa de que hasta ahora se hayan presentado muy pocas personas [...]²³.

A la par con la nomenclatura «chispera» iba otra: «facciosa», que el diccionario de autoridades de la Lengua Española señala como: «adj. Inquieto, reboltoso y perturbador de la paz y quietud pública (sic)». De hecho «faccioso» o «facciosa» fue una palabra común de parte de las autoridades legalmente constituidas para deslegitimar a la oposición, en especial cuando era armada. Fue el adjetivo usado para designar a los rebeldes en la Guerra de los Supremos (1839-1842), en la rebelión del partido conservador en 1851, a los opositores al gobierno de la Confederación presidido por Mariano Ospina Rodríguez en las guerras federales de inicios de los sesenta. Fue, en síntesis, una noción que recorrió la historia política durante todo el siglo XIX, hasta el punto que El Boletín Militar, periódico editado en Popayán a consecuencia de la Guerra de los Mil Días, en su número 164 del 20 de diciembre de 1902, reeditó un texto impreso en el semanario «Los Principios» de 1861, de uno de los más eminentes exponentes del conservatismo caucano, Pedro Vicente Cárdenas Bejarano, titulado: «El faccioso». Dicho escrito empezaba de la siguiente forma: «Es preciso que al fin llamemos las cosas por su nombre: gato al gato, lobo al lobo; no contribuyamos más al engaño popular, dando la denominación de libertad a un partido impostor y falsario, que tiene tanto de liberalismo». De esta forma, el intelectual conservador iniciaba precisando qué era ser liberal, para terminar concluyendo que el llamado partido liberal en el país no era liberal, sino «el partido revolucionario, y faccioso del país, que se revela contra cualquier gobierno por bueno y filantrópico que sea, y se revelaría contra el mismo Dios si él se dignase encargarse del gobierno político». De esta manera, Cárdenas fue «pintando» la carga semántica de la cual estaba ya contenida la palabra «faccioso». En síntesis, aludía a un ser disolvente de la sociedad, pues su único fin era trastocar el orden y de ahí la razón por la cual su tropa estaba constituida de

todos los traficantes políticos, todos los vagabundos, todos los quebrados, todos los presidiarios, todos los delincuentes, todos los hombres perdidos e inmorales; unos que buscan la impunidad a la sombra del desorden, otros que pretenden rescatar en las revueltas la posición perdida por los vicios, y todos los que aspiran a la ganancia y a los medros entre los horrores de la conflagración general [...] El faccioso tiene la resolución innata de cometer todos los crímenes.

Para Cárdenas el «faccioso» era una entidad cuasi ontológica, al señalar que el «faccioso» era «faccioso» antes que cualquier otra entidad social, incluso antes que ser cristiano y varon «[...] pues deja de serlo para transformarse en fiera voraz y sanguinaria, y se deleita en la muerte de sus hermanos, en la orfandad de las familias y en la consternación de la humanidad oprimida». De ahí la necesidad de la mano firme, pues «desdichada la patria» si se vuelve flexible contra aquellos sujetos, pues el orden se derrumbaría y «nos arrastrara entre oleadas de sangre al abismo de la barbarie»²⁴.

Indudablemente la política represiva que las autoridades de las provincias del Cauca ejercieron contra los rebeldes en 1841 se incrustaba en el sentido de «faccioso». La rebelión había alterado el orden social de diversas formas a lo largo y ancho de la geografía regional, siendo, sin lugar a dudas, la más aguda la fuga masiva de esclavos, en especial en las haciendas pertenecientes a la jurisdicción de Caloto y Quilichao, que se unieron a la sedición²⁵. Era necesario hacer una «purga» al cuerpo social para eliminar todos aquellos individuos disolventes del orden social. Por ejemplo, en una representación que envió el notable y rico propietario de haciendas, minas y esclavos Joaquín Mosquera en 1843 al gobernador de Popayán, solicitando apoyo para vender fuera del país a una pareja de esclavos de su propiedad, argumentaba que se le habían remitido presos desde Caloto a los esclavos Mariano y su mujer Dionisia; los consideraba «incorregibles», pues tres veces se había fugado Mariano y en una de ellas estuvo en el ejército rebelde del general Obando, hallándose en la batalla de La Chanca, donde fue capturado y perdonado, para luego volver a fugarse, esta vez con su mujer, permaneciendo entre los «forajidos del Palo»²⁶. Por todo ello comunicó que los había enviado a donde Vicente Olave al Puerto de Buenaventura para que los vendiera lejos de la provincia y solicitaba dictara las órdenes convenientes para que fueran conducidos con los presidiarios al puerto²⁷.

En este horizonte se inscribe la política represiva contra las mujeres. Su comportamiento deliberativo en la esfera pública no era admisible. Ellas debían estar sometidas al tutelaje del varón, pero si este no daba ejemplo por ser también rebelde, y si se comprobaba su compromiso con la facción, era necesario expulsarlas del cuerpo social o someterlas al tutelaje de una familia notable, para que le diera ejemplo de comportamiento.

Aunque no se presentaron casos de mujeres fusiladas o condenadas al «último suplicio», como sí aconteció con varios varones, hubo poca predisposición de las autoridades a concederles indultos. Por ejemplo, la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores les negó el 17 de julio de 1842 a María Manuela Salazar, esposa de Rafael Reina, y a María Antonia Solarte, mujer de Vicente Salazar, todas ellas vecinas de El Tambo, regresar a su parroquia, pues el secretario de Estado consideraba que no era conveniente levantarles el confinamiento²⁸. Lo paradójico del asunto era que sus esposos habían luchado a favor de los rebeldes en 1841 y habían sido indultados por el gobierno.

El 13 de junio de 1843, María Villareal se presentó ante el gobernador de Popayán para que le levantara el confinamiento en la ciudad y poder regresar al Valle del Cauca. Villareal señalaba que no había participado en los movimientos revolucionarios, los cuales fueron obra exclusiva de

los forajidos, y asesinos asilados en los bosques, y aunque vs ha procedido fundadamente por lo que a vs se le ha informado contra mí, como estos informes tienen su origen en personas que me malquieren, ellos son de ningún valor dados los justificativos del caso, que daré si vs me los exige: que prescindiendo de esto U debe atender actualmente a la completa paz de que se goza y a los ningunos temores que puedan agitar a las autoridades de que aquella se turbe.

Señalaba ser una mujer sin prejuicio alguno, sin ascendiente de ningún orden, carente de recursos pecuniario para tener alguna influencia. Además, era madre de siete hijos, «ausente de mi marido y acuitada por las ejecuciones que contra él se activan, debiendo arreglar todos los negocios de que estoy encargada». Finalmente, ofrecía como garante de su conducta política al señor Francisco Posadas²⁹. En un caso más afortunado, Manuela Pardo y sus hijas solicitaron, en una representación a la jefatura política de Popayán, que se les concediera la libertad, petición a la cual accedió la autoridad, siempre y cuando se presentaran regularmente ante el jefe político para vigilar su comportamiento³⁰.

Como podemos apreciar, la política represiva contra los rebeldes no eximió a las mujeres que participaron en ella. Hubo incluso una posición radical contra aquellas consideradas «facciosas» y «chisperas», en especial porque el sentido común les otorgaba la capacidad de «corrupción» y «desmoralización» y era pertinente retirarlas del cuerpo social.

Esta visión de la mujer con capacidad de desmoralizar y corromper, tanto de los sectores altos como de los bajos, está presente en los discursos del momento. En efecto, las autoridades de esta forma no solo compartían una representación, sino que reproducían un saber respecto al lugar que debían tener las mujeres en el espacio social. Por ello, cuando la gobernación tuvo noticias de que la priora del convento de La Encarnación estaba actuando a favor de los rebeldes y en particular protegiendo a las mujeres de la familia del general rebelde José María Obando, le pidió al Obispo que reglara la conducta de la priora y que «deje de mezclarse en asuntos del siglo»³¹. En otras palabras, se le pedía no se inmiscuyera en los asuntos políticos, que era asunto de varones y no de mujeres.

Pero el problema radicaba, además de participar en asuntos políticos, en que se inmiscuían en la política «facciosa», aquella que el orden político hegemónico y triunfante después de la guerra consideraba disolvente del orden social. De esta forma, si bien no era totalmente aceptable ver a las mujeres inmiscuirse en la política dentro de los parámetros legales, era intolerable verlas actuando en el bando rebelde. Por ello era necesario alejarlas lo más posible de los lugares en donde pudieran ejercer la «seducción» para «corromper» y «desmoralizar».

En efecto, aunque no tengo referencias para el caso de la Guerra de los Supremos, en las provincias del Cauca, y en especial para el caso de Popayán, hubo momentos en los que la participación de las mujeres en la esfera política pública fue bien vista por las autoridades y demás sectores hegemónicos de la sociedad. Este fue el caso del 19 de diciembre de 1854, después de que los habitantes de Popayán se enteraron de la toma de Bogotá y del triunfo constitucionalista sobre el general Melo el 4 de diciembre del mismo. Se hizo una celebración por tales acontecimientos, en la cual las señoritas de las familias principales de la ciudad desfilaron en carrozas representando las provincias constitutivas de la Nueva Granada. Además, pronunciaron discursos cada una de ellas y coronaron a los principales jefes constitucionalistas de la región que habían develado los conatos melistas en Popayán, para finalmente formar parte de los bailes y las celebraciones callejeras que hubo en la ciudad³².

Conclusión

Hace ya algunos años, una evaluadora anónima de mi libro sobre la Guerra de los Supremos me hizo una crítica respecto a la ausencia de las mujeres en mi estudio. Si bien en su momento no pude entender cabalmente su acertada crítica, pues consideré que la información que sobre ellas tenía poco me aportaba para estudiar sus acciones en el conflicto, este texto es una respuesta de ello. En efecto, es posible estudiar a las mujeres en la perspectiva de género si prestamos atención a los discursos que sobre ellas se construyeron o preguntándonos acerca de los silencios documentales.

James Sanders, en un artículo publicado en Journal of Women's History, ha hecho uno de los principales aportes al estudio de género en las «provincias del Cauca». Su trabajo se centra a mediados del siglo xix en adelante, partiendo de la tesis acerca de cómo el republicanismo disminuyó los roles sociales y políticos de las mujeres. También consideraba que la raza, la clase, la orientación política (partidos políticos constituidos a mediados de siglo) modelaron la forma como vieron los varones, en el marco de la experiencia política republicana, la participación política de las mujeres en la esfera pública. Sanders muestra cómo las visiones de género de los conservadores, liberales e indígenas, junto con las condiciones sociorraciales, determinaron la forma en que se abrió o se cerró el espacio de participación política de ellas en aquella época³³.

En el presente estudio me retrocedo a los años previos al trabajo de Sanders, en un periodo en el que aún los partidos políticos en la Nueva Granada no se habían constituido, exactamente en el contexto político inmediatamente posterior al fin de la Guerra de los Supremos en las provincias caucanas. Identifico la existencia de una representación deslegitimadora por parte de los varones que tienen la autoridad sobre aquellas mujeres que, por diversas circunstancias, terminaron participando en la esfera pública, lugar por excelencia de lo masculino en las primeras décadas de la vida republicana. Tales mujeres fueron consideradas «corruptoras», «desmoralizadoras» y «seductoras», por lo tanto era necesario alejarlas del cuerpo social, sin ser vencidas en juicio, solamente por haber hecho presencia y escándalo en la esfera pública.

Dichas nociones vuelven aparecer en un contexto enrarecido por el conflicto: la Guerra de los Supremos, en especial durante los meses posteriores en que las fuerzas rebeldes fueron derrotadas por el gobierno. Ahí emergen nuevamente, pero ahora etiquetadas como «chisperas» y «facciosas», que comprometía una carga semántica que modelaba la forma como la autoridad veía su acción política en la región. En efecto, su opinión política fue reducida a «chispas» o «chispera», en otras palabras a chismosas, pero con la capacidad de volver a levantar las llamas de la sedición³⁴. Además, por ser consideradas «facciosas», se les adjudicó la iniciativa de disolvente del orden social, por sus capacidades «corruptoras» y «seductoras». Por ello era necesario, ya por sus comentarios o por su participación abierta a favor de los rebeldes, distanciarlas del cuerpo social, extirparlas y erradicarlas, por medio de la expatriación o, en su defecto para algunas de ellas, ubicarlas como sirvientas concertadas en las casas notables de Popayán, para que aprendieran a comportarse.

Debo señalar que poca atención presté al problema racial, que efectivamente en la época fue determinante con las mujeres afrodescendientes rebeldes, como el caso señalado de la «negra» Dionisia; también algunos apellidos de las mujeres judicializadas por «chisperas» y «facciosas» aluden a ascendencia indígena. Pero en cualquiera de los casos es necesario un estudio más detallado para identificar si había una correlación en la condición socioracial y el tipo de castigos al que tales mujeres fueron condenadas.

Independientemente de lo socioracial, la iniciativa política de las mujeres y su capacidad de ser sujetos políticos con sus convicciones y proyectos, que posiblemente algunas de ellas tuvieron al participar del conflicto, fueron negadas y relegadas a la condición de chisme o facciosa. En consecuencia, con tal representación no solo se les deslegitimó su insurgencia, sino que también se satanizó cualquier actividad en la vida pública, pues su espacio por excelencia era la vida doméstica.

Pie de página

¹La rebelión que había pasado alude a la Guerra de los Supremos, guerra civil que estalló en la provincia de Pasto a mediados de 1839 y se extendió en la mayor parte de las 19 provincias que por aquellas calendas constituían el Estado de la Nueva Granada. El suroccidente (provincias de Pasto, Popayán, Cauca y Buenaventura) fue una de las regiones más azotadas por el conflicto, que vino a concluir en la región poco después de ser derrotado el ejército rebelde en la batalla de La Chanca (11 de julio de 1841). Sin embargo, la guerra concluyó a inicios de 1842 cuando los rebeldes de la costa Caribe acordaron un indulto con el gobierno. Véase: Luis Ervin Prado Arellano, Rebeliones en la provincia. La Guerra de los Supremos en las provincias suroccidentales y nororientales (Cali: Universidad del Valle, region, 2007). Para los propósitos del presente trabajo, asumo la existencia de un Estado republicano en formación. La tesis si bien puede ser cuestionada, se debe señalar que para el periodo de estudio se puede identificar un organigrama del Estado, no solo a nivel del centro capital, sino provincial y parroquial, que, con todas sus limitaciones, hacía presencia, como lo ha señalado el historiador inglés Malcom Deas. Véase al respecto: Malcom Deas, «La presencia de la política nacional, en la vida provinciana, pueblerina y rural de Colombia en la primera mitad del siglo de la república», en El Poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política, y literatura (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994).
²Archivo Central del Cauca. Archivo Muerto. 1841. Paquete 32, legajo 50 [De ahora en adelante se citará AGG. AM.]
³En efecto, el censo que se hizo a finales del siglo xviii arrojó que la parroquia de San Miguel del Patía contaba con 1.149 almas, de las cuales 697 eran esclavos y 363 eran libres de todos los colores (en los que se incluían gente de ascendencia africana), había solo 49 indios y 40 blancos entre varones y mujeres. Archivo Universidad de La Sabana CA31-CP01-f14-20, Censo San Miguel del Patía (Bogotá, 1795). Sobre el Valle del Patía el mejor estudio hasta el momento es el de Francisco Zuluaga, Guerrilla y sociedad en el valle del Patía. Una relación entre clientelismo político e insurgencia social (Cali: Universidad del Valle, 1993).
⁴Los hijos de la pareja fueron Francisco María Daza Galíndez, Francisca María Daza Galíndez, Venancio Daza Galíndez, María Manuela Daza Galíndez, Paula Daza Galíndez, Narcisa Daza Galíndez.
⁵Véase: Luis Ervin Prado Arellano, «El jefe natural: poder y autoridad en el valle del Patía, 1810-1850», Revista Historia y Sociedad, n.° 23 (2012). El articulo explora los capitales culturales, simbólicos y materiales que hizo de ciertos individuos los notables en sus localidades en la primera mitad del siglo xix. En el caso de Lucia Galindez, contaba con los capitales materiales, pero no tenía algunos culturales como ser e'mpautado, que significa haber hecho pacto con el demonio para que este le otorgara una serie de favores que las sociedades campesinas de la región valoraban altamente. De hecho, en el Valle del Patía toda la tradición oral de los e'mpautados alude exclusivamente a varones y no a mujeres.
⁶Toda la información presentada se halla en: AGG. AM. 1823. Sin índice; AGG. AM. 1828. Comunicaciones de la intendencia y decretos del gobierno dirigidos al señor jefe político del cantón; AGG. AM. 1847. Paquete 42, legajo 69; agg. Notaria, 1833. Índice 3; folios 235-236; agg. República ci-3nt, Signatura: 4222 (Rep. C I -3 nt); agg. República J iii - 3su, Signatura: 2504; agg. República J I - 10cv, Signatura: 535; agg. República J iii - 1cv, signatura: 2182; agg. República J iii - 5cv, signatura: 2285.
⁷agg. República J iii -3 su.
⁸Joan Wallach Scott, Género e Historia (México: Fondo de Cultura Económica, Universidad Autónoma de Ciudad de México, 2011). Esta categoría de género ha sido desarrollada desde la perspectiva de la performatividad del sexo y la sexualidad por Judith Butler, quien considera que las construcciones sociohistóricas de género también tienen implicaciones en la vida práctica. Para el presente estudio, he seguido los planteamientos iniciales de Scott y la propuesta de género en: Partha Chatterjee, «La nación y sus mujeres», en Pasados Poscoloniales, ed. Saurah Dube (México: El Colegio de México, 1999). http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceaa-colmex/20100410114500/chatter.pdf (consultado el 13 de abril de 2015); Nira Yuval-Davis, Género y nación (Lima: Flora Tris-tán, 2004); Gioconda Herrera y Mercedes Prieto, «Género y nación en América Latina», Íconos. Revista de Ciencias Sociales, n.° 28 (2007); Jorge O. Andrade, «Entre la santidad y la prostitución: la mujer en la novela ecuatoriana en el cruce de los siglos xix y xx», Íconos. Revista de Ciencias Sociales, n.° 28 (2007). Sobre Butler, véase: Judith Butler, Cuerpos que importan sobre los límites materiales y discursivos del «sexo» (Barcelona: Paidós, 2002).
⁹Roger Chartier establece tres perspectivas al momento de abordar la categoría de representación: «primero, la representaciones colectivas que incorporan en los individuos las divisiones del mundo social y que organizan los esquemas de percepción y de apreciación a partir de las cuales las personas clasifican, juzgan y actúan; después las formas de exhibición del ser social o del poder político, tales como los signos y actuaciones simbólicas las dejan ver (por ejemplo, la imagen, el rito, o lo que Weber llama la estilización de la vida); finalmente la presentización en un representante (individual y colectivo, concreto o abstracto), en una entidad o de un poder dotado así mismo de continuidad y estabilidad». El primer y el tercer aspecto de representación en Chartier han sido claves en el proceso de análisis del presente trabajo. Roger Chartier, «La Historia hoy en día: dudas, desfios, propuestas», en La nueva historia cultural: la influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinaridad, ed. Ignacio Olábarri y Francisco Javier Caspistegui (Madrid: Editorial Complutense, 1996), 29.
¹⁰Es una expresión genérica, «provincias del Cauca», para aludir a las provincias del suroccidente granadino: Pasto, Popayán, Cauca y Buenaventura, en algunos casos se incluye al Chocó.
¹¹Copiador de oficios con el jefe político de este cantón, Popayán 26 de agosto de 1841, en AGG. AM. 1841. Paquete 32, legajo 50; Copiador de oficios con el jefe político de este cantón, Popayán 28 de agosto de 1841, en AGG. AM. 1841. Paquete 32, legajo 50.
¹²AGG. AM. 1841. Paquete 32, legajo 50 y 62.
¹³No es gratuito que muchas mujeres, después de haber sido expulsadas, desde sus sitios de confinamiento elevaran representaciones a las autoridades judiciales, con testigos para certificar su comportamiento y regresar de esta manera a sus poblados de residencia. En otras palabras, eran todas culpables hasta que demostraran lo contrario. Por ejemplo, Teresa Álvarez, a quien se le había destinado salir de la provincia, poco antes de su expulsión logró justificar su buena conducta, razón por la cual permaneció en Popayán, además porque su hermana, Juana Álvarez, expulsada por su comportamiento político, dejaba numerosos hijos y era pertinente que Teresa velara por ellos. Carta del jefe de operaciones del sur al gobernador de la provincia, Popayán 1° de agosto de 1841. AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62. En otro caso, María Ángela Bermúdez desde Cali, sitio de su confinamiento, logró demostrar ante la justicia que era falso que ella era una conspiradora rebelde en Quilichao, por lo cual las autoridades le levantaron el sitio de confinamiento y se le informó al gobernador de la provincia de Buenaventura que la dejase salir de aquella ciudad. Carta del jefe de operaciones del ejército del sur al gobernador de la provincia de Popayán, 26 de noviembre de 1851. AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62. También se puede ver en la representación enviada al general Mosquera, por Juan Francisco Serna (Popayán 8 de diciembre de 1841), quien solicitaba se le levantara el destierro a su hermana política Antonia Hurtado, confinada a la provincia del Cauca, para evitar relaciones con los facciosos del sur. Consideraba que, como la situación del sur estaba conjurada, ella ya no podía hacer daño en la ciudad de Pasto. Mosquera era del parecer que continuase en el sitio de confinamiento, pero pasó la representación al gobernador de aquella provincia para que tomara la determinación: AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62.
¹⁴El departamento del Cauca era una división política constituida con la Constitución de 1821 y estuvo vigente hasta 1832, cuando se sancionó una nueva carta política. Dicho departamento estaba constituido por lo que serán luego las provincias de Popayán, Cauca, Buenaventura y Pasto y tenía como capital a Popayán.
¹⁵AGG. AM. 1831. Paquete 20, legajo 17.
¹⁶AGG. AM. 1846. Paquete 41, legajo 82. «El Divorcio» era el nombre popular con que, en Popayán, se conocía a la casa de confinamiento de las mujeres durante la primera mitad del siglo XIX.
¹⁷AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62. Las mujeres eran las siguientes: María Villareal; Dolores Paz; Casimira Paz; Teresa Timaneja; Trinidad león; Juana Álvarez, Teresa Álvarez; Gertrudis Troche; Josefa Mosquera; Agueda Mosquera; María Josefa Mosquera; Eusebia Mosquera; Josefa Araos; Bárbara Morcillo; Gertrudis Pito; Antonia Hurtado; Gabriela Vergara; Tomasa Muchiza, la granadera; Josefa y Margarita, las dos pastusas; Rosa, la pastusa; Pastora, la pastusa; Luisa, la compañera; Carmela y su hija Juana «mata puercos»; Joaquina y Antonia Armera; Manuela Pardo; María Torcuato; Concepción Tor-cuato; Magdalena y [roto] Collazos. Popayán 29 de julio, 1841.
¹⁸Copiador de oficios al jefe político, Popayán 26 de agosto de 1841, en AGG. AM. 1841. Paquete 32, legajo 50. Gabriela Caldas era un vástago perteneciente a una de las familias principales de la ciudad, que en la primera mitad del siglo XIX había mermado su prestigio. Se casó con Vicente Pio Ibarra Rebolledo, otro representante de una familia principal venida a menos en el siglo XIX.
¹⁹Carta del cuartel general en Popayán 1° de agosto de 1841, al gobernador de la provincia, en AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62; Copiador de oficios, Popayán 28 de agosto de 1841, en AGG. AM. 1841. Paquete 32, legajo 50. José Ignacio Segura era uno de los hombres más prominentes de Popayán en la primera mitad del siglo XIX; con su hermano, tenían intereses en tierras, ganados, minas y una red comercial que iban desde Quito y cruzaban el suroccidente. Ana Velasco era una representante de una extensa familia notable de Popayán del siglo XVIII, que en el siglo XIX tuvo diversas ramas con diversos derroteros socioeconómicos.
²⁰Sobre este asunto sugiero el trabajo de Joan B. Landes, Women and the public sphere in the age of he french revolution (Cornell: University Press, 1988). Particularmente ver el capítulo 4: «Women and revolution», 93-151.
²¹Carta del ejército de operaciones del sur, al gobernador de la provincia, Cuartel general en Popayán 22 de agosto de 1841. Sobre la necesidad de controlar los rumores, chispas y falsas noticias en Caloto: AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62; Gobernación de la provincia de Neiva a 5 de enero de 1841, al gobernador de Popayán. Acerca de cómo las noticias falsas han levantado pueblos y las medidas para controlar tales rumores: AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 63. También: Alcaldía parroquial de Buenos Aires, al gobernador de Popayán 15 de septiembre de AGG. AM. 1842. Paquete 35, legajo 47. Durante la rebelión conservadora de 1851 similares regularidades se vuelven a identificar, para citar un solo ejemplo respecto a las medidas para controlar las chispas y rumores en el pueblo: Alcaldía parroquial del Tambo al gobernador de la provincia de Popayán, 27 de junio de 1851, ver: AGG. AM. 1851. Paquete 51, legajo 65.
²²Sobre María Manuela Quijano y Ana María Bueno ver carta del distrito judicial del Cauca al juez letrado de hacienda, Popayán a 7 de septiembre de 1841, en: AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62; también sobre chisperas consultar: Carta del Estado Mayor del sur al gobernador de la provincia, cuartel general en Popayán a 10 de septiembre de 1841. Informa que el sargento mayor Bartolomé Castillo entrega a las facciosas Josefa Arboleda, Concepción López y Nicolasa Salazar por chisperas. Véase en AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62.
²³Carta de la comandancia en jefe de la división de reserva, cuartel general Popayán a 18 de octubre de 1841: AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62. Carmen Vergara era la esposa de Manuel Antonio Tello, una de las figuras políticas más importantes de Quilichao en la primera mitad el siglo XIX. En efecto, Tello fue el máximo líder de la rebelión en la región y activo colaborador del general Obando. Junto con Carmen terminaron exiliados en Venezuela y regresaron al país a mediados de los años cuarenta. Se debe señalar que La madre de Manuel Antonio Tello estaba emparentada con los Navia, también una familia prominente entre Quilichao y Caloto que terminó afiliándose hacía mediados del siglo XIX en el partido liberal. Entonces, muy posiblemente la Rafaela Navia que alude la cita textual puede ser una familiar. Para Cárdenas el «faccioso» era una entidad cuasi ontológica, al señalar que el «faccioso» era «faccioso» antes que cualquier otra entidad social, incluso antes que ser cristiano y varon «[...] pues deja de serlo para transformarse en fiera voraz y sanguinaria, y se deleita en la muerte de sus hermanos, en la orfandad de las familias y en la consternación de la humanidad oprimida». De ahí la necesidad de la mano firme, pues
²⁴Pedro Vicente Cárdenas, «El Faccioso», El Boletín Militar Popayán, n.° 164, 20 de diciembre, 1902, 3.
²⁵Véase: Camila Díaz Casas, Salteadores y cuadrillas de malhechores. Una aproximación a la acción colectiva de la «población negra» en el suroccidente de la Nueva Granada, 1840-1851 (Popayán: Universidad del Cauca, 2015), 91-130.
²⁶Aquí Joaquín Mosquera alude a la región selvática y cenagosa entre los ríos Palo y el Cauca, perteneciente a las jurisdicciones de Caloto y Quilichao, que se había convertido en una zona de refugio y asentamiento de esclavos prófugos, el cual aumentó después de la Guerra de los Supremos, pues muchos rebeldes terminaron radicándose ahí antes que entregarse.
²⁷AGG. AM. 1843. Paquete 37, legajo 70. No olvidemos que por estas fechas, y a consecuencia de la masiva rebelión de esclavos que ocurrió en el suroccidente por la Guerra de los Supremos, el Congreso Nacional accedió finalmente a alterar el cumplimiento de la Ley de libertad de vientres (1821), en las legislaciones de 1842 y 1843 que alargó la edad de acceder a la libertad que se amplió de los 18 a los 21 años y permitió nuevamente el comercio esclavista, promoviendo con ello la exportación de esclavos a otras partes del continente. Véase: Díaz Casas, Salteadores, 135 y ss.
²⁸AGG. AM. 1842. Paquete 34, legajo 41.
²⁹Popayán 13 de junio de 1843, representación hecha a ruego de María Villareal por José R. Valencia. AGG. AM. 1843. Paquete 37, legajo 77. Respecto al garante de su conducta política, después de la Guerra de los Supremos, algunos ex rebeldes que se les otorgaba el permiso de regresar a su ciudad o parroquia de residencia debían presentar un fiador con cierta riqueza que se responsabilizara de su futura conducta política por un tiempo determinado.
³⁰AGG. AM. 1841. Paquete 32, legajo 50.
³¹En agosto de 1841, se le informó al gobernador de la provincia de Popayán que las mujeres de la familia del general José María Obando (máximo líder rebelde en la Guerra de los Supremos), quienes se hallaban refugiadas en el convento de La Encarnación, se encontraban «seduciendo a la tropa». Pedía se les expulsara por el término de cuarenta y ocho horas de la provincia. Además, pedía se le comunicara al obispo la necesidad de trasladar a la priora del convento de La Encarnación al del Carmen por el tiempo que fuera necesario. En la contestación a la carta el gobernador escribió el 5 de agosto del mismo al obispo de la ciudad instando a que la priora del convento de La Encarnación «reforme su conducta y deje de mezclarse en asuntos del siglo». Carta del ejército de operaciones del sur, al gobernador de la provincia José M. Galavís, cuartel general en Popayán 5 de agosto de 1841, en: AGG. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62.
³²Véase: agg. República. Fondo Arboleda, signatura 336, folio 27v. Documento que se encuentra publicado en: Luis Ervin Prado Arellano, David Fernando Prado Valencia y Laura Helena Ramírez Tobar, Diarios de las guerras de mediados de siglo xix en las provincias del Cauca (1851-1854) (Popayán: Universidad del Cauca, 2014), 158-160.
³³James Sanders, «"A mob women". Confront postcolonial Republican Politics: How class, race and partisan ideology affected gendered political space in nineteenth-century southwestern Colombia», Journal of women's History 20, no 1 (2008).
³⁴Sarah C. Chambers, From subjects to citizens: honor, gender, and politics in Arequipa, Perú, 1780-1854 (Pennsylvania: University Park, Pennsylvania State University Press, 1999), 92. Considera que el republicanismo redujo la participación política de las mujeres, que había ganado espacio a finales del periodo colonial. En el republicanismo, al considerar que la opinión pública era resultado de un debate racional y exclusivamente masculino, la opinión femenina fue degradada a simple chisme por su esencia irracional y pasional.

Bibliografía

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