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Memoria y Sociedad

Print version ISSN 0122-5197

Mem. Soc. vol.22 no.44 Bogotá Jan./June 2018

https://doi.org/10.11144/javeriana.mys22-44.imca 

Artículos

Industria de la memoria colectiva. Apuntes para la sistematización de un concepto desde el estudio de caso documental chileno*

The industry of collective memory. Notes for the systematization of a concept from a Chilean documentary case study

Indústria da memória coletiva. Apontamentos para a sistematização de um conceito desde o estudo de caso documental chileno

Gabriel Andrés Mora Galleguillos** 

**Universidad de Valparaíso (Valparaíso, Chile) mora89.gab@gmail.com


Resumen

El presente artículo pretende abordar las problemáticas y efectos que se producen sobre las memorias colectivas cuando estas son mediatizadas, teniendo en cuenta las relaciones de poder que forman parte de la estructura de los medios de comunicación, en especial de la televisión. Para contribuir a la sistematización del concepto de industria de la memoria, se utilizará como ejemplo lo acontecido en torno a las producciones documentales emitidas con ocasión del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado en Chile (2013).

Palabras clave: televisión; memoria colectiva; industria cultural de la memoria colectiva; hegemonía; discurso; modelación

Abstract

This article seeks to address the problems and effects derived from the mediatization of collective memories, especially when considering the power relations involved in mass media structures, in particular the television industry. Here, the events occurred after a series of TV documentaries were aired in 2013 on the occasion of the 40th anniversary of the Chilean coup d'état were selected to contribute to the systematization of the concept of industry of the memory.

Keywords: television; collective memory; cultural industry of collective memory; hegemony; discourse; modeling

Resumo

O presente artigo objetiva abordar as problemáticas e efeitos produzidos sobre as memórias coletivas quando elas são mediatizadas, levando em conta as relações de poder formando parte da estrutura das mídia, em especial da televisão. Para contribuir com a sistematização do conceito de Indústria da memória, vai se utilizar como exemplo o acontecido em torno das produções documentais emitidas com ocasião do quadragésimo aniversário do golpe de Estado no Chile (2013).

Palavras-chave : televisão; memória coletiva; indústria cultural da memória coletiva; hegemonia; discurso; modelação

Consideraciones preliminares: a cuarenta años del golpe militar1

Durante el año 2013, con motivo del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado, en Chile se emitieron una serie de programas especiales en la mayoría de los canales nacionales de televisión abierta. Se puede afirmar que la lógica de aquellos programas era entregar a las audiencias un material audiovisual que permitiese -en parte- explicar y -en parte- rememorar, nuestro pasado traumático reciente.2 Se buscaba, así, y esto fue establecido como propósito explícito en muchos de ellos, contribuir al proyecto de reconciliación para que Nunca más la ciudadanía tuviese que vivir un quiebre institucional como resultado de la polarización social. Esto se desplegó mediante un discurso evocativo y el accionar del dispositivo de historia oficial, que se ha ido construyendo desde el retorno a la democracia-neoliberal pactada; dispositivo que, precisamente, ha tendido a elaborar un discurso que caracteriza el periodo de 1970-1973 a través de la violencia suscitada por creencias ideológicas que conllevaron a la polarización de la sociedad y al golpe de Estado.

Los programas emitidos abordaron una selección de acontecimientos sociopolíticos anteriores y posteriores al mismo Golpe, estructurando a partir de ella un amplio marco de referencia histórica. La cronología incluyó los procesos que habrían conllevado a la intervención de los militares hasta la elección presidencial de Patricio Aylwin en 1990. Para ello, se movilizaron los testimonios de los supuestos protagonistas de los acontecimientos y una gama de archivos audiovisuales de la época.

Esta selección y relato tienen implicancias para la producción de una o de varias memorias colectivas. Es decir, como elementos constitutivos de huellas, recuerdos y evocaciones del pasado que se realizan en tiempo presente, o en el presente del pasado.3 Por ello, parece prudente que nos preguntemos cuáles son las condiciones que han permitido el ascenso de discursos oficiales respecto de las interpretaciones que se tienen de este pasado, que se disponen como tramas narrativas con pretensiones hegemónicas, estructuradas y difundidas en los programas especiales emitidos con ocasión de la conmemoración.

Este interrogante lo podemos enmarcar en la consideración crítica de que la televisión ha sido frecuentemente señalada de ser un «dispositivo de diagramación del lenguaje y la realidad»4 diseñado para reinstitucionalizar la vida cotidiana, pero también uno de diagramación política y social del presente y del pasado, así como del sistema administrativo imperante en la postdictadura (1990-presente). En general, la televisión es caracterizada, en lo social, por la exacerbación del consumismo,5 el «individualismo negativo» y el predominio de la vida privada,6 y por un contexto político definido por el avance de un nuevo tipo de estado de excepción gubernamental7 cuya forma, para el caso chileno, es la de un Estado neoliberal-protegido8 que obstaculiza la democratización de la sociedad. Junto con ello, introduce la pluralidad social -a la memoria misma- en el acto social del consenso.9 En lo cultural, esto está marcado por la desritualización de nuestras sociedades10 y por el predominio de medios de producción cultural que estandarizan las expresiones culturales y las convierten en bienes de consumo.11

Por esto es importante analizar la posible relación entre la existencia de memorias colectivas y su producción en los medios, especialmente en la televisión. Recordemos que la memoria colectiva sobre los antecedentes que enmarcan el golpe de Estado y la dictadura posterior, constantemente ha sido objeto de disputas y modelaciones, puesto que dicha memoria «es un instrumento y una mira de poder»12 para gestionar el presente mediante la evocación del pasado. Ello implica la posibilidad de fortalecer o debilitar identidades y de legitimar o deslegitimar ciertas praxis o proyectos políticos. En estos procesos, la televisión es determinante, ya que «estructura y organiza esa presencia del pasado en todos los ámbitos de la vida contemporánea»13 mediante su capacidad discursiva de imposición de imaginarios.14 Aparte de ello, las características económicas y organizacionales de la industria cultural televisiva chilena no son secundarias: esta se encuentra concentrada en empresas multimediáticas oligopólicas,15 vinculadas directamente con las élites económicas y políticas del país, que debilitan la independencia de los productores y editores.16

Atendiendo a ello, este artículo propone que los programas que se emitieron con ocasión de los cuarenta años del golpe de Estado tendieron a reafirmar ciertas memorias colectivas. Este supuesto se desprende de la investigación titulada «Discurso, memoria y hegemonía en las programaciones televisivas en el marco del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado», presentada por mí para alcanzar la titulación en Sociología.

Así, tenemos que estas estructuras memoriales, evocativas y conmemorativas mediatizadas tenderían a facultar, por un lado, el proyecto político-modernizador de aquellos sectores que dominan la sociedad, y por otro, a obnubilar «los conflictos de significaciones de un pasado que todavía sigue en disputa política, simbólica e interpretativa».17 De modo que la posibilidad de construir memorias alternativas a las oficiales se ve cercada y englobada por los procesos de rememoración y evocación de los proyectos de Nunca más y de Reconciliación; proyectos memoriales que tienden a la judicialización, a la proliferación de los museos y archivos de la memoria,18 a políticas públicas que de alguna manera buscan cerrar las heridas del pasado -pero a condición de recluirlas como si de un conflicto entre particulares se tratara-, y a minimizar el proceso histórico-social que llevó a miles a asumir un rol en la maquinaria del terror.19 Así, más que procurar una convivencia más igualitaria sobre la base del reconocimiento de todas las víctimas, la acción de la justicia sobre todos los victimarios y la rememoración sin impedimentos de las colectividades e individualidades mediante sus propios procesos de aprendizaje y de evocación, dichos proyectos parecen servir a la consagración de las bases situadas en el imaginario social, que hacen posible la perpetuación de la estructura ideológica-discursiva funcional al entramado institucional postdictatorial.

Industria televisiva en el Chile postdictatorial

El plebiscito de 1988 marcó el final de la dictadura militar y el inicio del proceso de transición a la democracia. Una vez legitimada la «vía electoral» de los sectores opositores más moderados -aglutinados en la Concertación de Partidos por la Democracia- sobre la otra vía de salida a la dictadura, la «sublevación popular» de sectores de izquierda y del movimiento popular-poblacional que se había gestado incluso antes del inicio de las grandes protestas nacionales contra la dictadura en 1983, la transición siguió los plazos y las reglas que previamente se habían pactado,20 y con ello se preparó la futura contienda electoral presidencial de 1989, la cual daría como ganador al candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y otrora gran opositor de la Unidad Popular (UP), Patricio Aylwin.

La transición a la democracia y la «vía electoral» pueden leerse «no tanto como el paso de una dictadura a una democracia, sino como una doble operación continuista: primero por el retorno hegemónico de la vieja clase política civil y, segundo, por la consolidación conservadora del modelo neoliberal impuesto por el terrorismo militar»,21 lo que significó el olvido de las reivindicaciones de los sectores poblacionales-populares en su lucha por democratizar la sociedad y cambiar el paradigma de desarrollo impuesto por Pinochet y sus cola boradores civiles.

La legitimación final del sistema sociopolítico de la dictadura por parte de la clase política civil, da cuenta de un «proceso de “modernización reaccionaria” destinado a reubicar el papel del capital en la vida cotidiana».22 Así se habría consolidado lo que la historiadora Angélica Illanes ha teorizado como una dictadura de la burguesía no militarizada, «que refiere a un régimen que construye un simulacro de democracia, que opera con un sistema electoral de modelo mercantil y que apela a un “pueblo-cliente”»,23 en el cual se reafirma a la burguesía y al empresariado nacional como los actores sociohistóricos dominantes, otorgando un carácter universal al programa de sus intereses particulares, y en el que se deja «al mercado como factor articulador de todas las prácticas sociales; disminución de la actividad política del Estado y su aumento en el ámbito del control y la administración».24

Cabe señalar, no obstante, que hubo anhelos de reformar los medios en Chile, en función de generar un sistema más participativo, transparente y equilibrado en su concentración patrimonial, ya que algunos sectores pro-democratizadores planteaban que el modelo comunicacional heredado de la dictadura «no permitía una adecuada diversidad de las diferentes sensibilidades políticas-culturales»;25 se pensaba, por ejemplo, en la importancia de ampliar las redes de infor mación, ya que ellas son «la piedra angular de la formación de la opinión pública».26 Finalmente, el primer gobierno postdictatorial terminó por dar un espaldarazo a aquellos que proponían modificar las condiciones del sistema comunicacional, aunque con ello «no se producen rupturas ni cambios dramáticos en el sistema de medios con el fin del régimen autoritario»,27 sino que se asiste a la profundización del predominio del mercado.

Como dice Illanes, la fase de «dictadura de la burguesía no militarizada se caracteriza por el control casi absoluto de los medios de comunicación de masas»28 por parte de oligopolios comunicacionales. Estos se han visto respaldados por la política del laissez faire, es decir, por «el supuesto de que el mismo desarrollo de la industria garantizaría la libertad de expresión y el pluralismo»,29 contribuyendo a generar una estructura dominada por la empresa privada mediante «la concentración de la propiedad y la centralización del capital en las industrias culturales».30

Así, pronto se llegó a una situación precaria en cuanto a pluralidad mediática: hegemonía de grandes editoriales periodísticas nacionales e ingreso de transnacionales de la comunicación.31 La frase pronunciada por el primer secretario de Comunicación y Cultura del gobierno de Aylwin, Eugenio Tironi, resumen bien esta situación: «la mejor política de comunicación es no tener política».32

Como consecuencia inmediata de esta política, en la televisión se consolidan programaciones orientadas hacia la info-entretención, caracterizadas por el «espectáculo circense, cuyos héroes y heroínas son modelos de cuerpo y deporte, con despliegues de competencias y regalos»;33 mientras que en noticieros se informa «excesivamente bien sobre homicidios, accidentes, inundaciones, niños desaparecidos y toda suerte de trivialidades locales, pero [...] de manera muy pobre a la hora de ilustrar y explicar los asuntos públicos políticos».34

Así, a pesar de las modificaciones legales -Leyes 19131 y 19132- durante los años 90 el sistema de televisión se privatizó, pasando de ser un dispositivo de propaganda de la dictadura a asumir un papel «socio-cultural, [como] productor de discursos y difusor de sentidos»35 que permiten reinstitucionalizar la vida cotidiana de acuerdo a los valores e imaginarios de la administración política. Este proceso se intensificó en la primera década del siglo XXI, al acrecentarse la concentración de la propiedad de las estaciones de televisión y al uniformarse el modelo comunicacional en términos empresariales.

Dispositivo de historia oficial: Informe Rettig-Informe Valech

Desde 1991 y hasta la fecha, el Estado ha impulsado la formación de dos comisiones para el esclarecimiento y reconocimiento de las víctimas del terrorismo de Estado, cuyas instancias e informes se han convertido en las bases de las políticas de memoria desplegadas en la postdictadura. Dichas comisiones, además, también tienen el valor simbólico de servir de referentes para la elaboración de las tramas discursivas que desde el sistema institucional se han reforzado como el sentido común y el conocimiento social, y que pretenden ser hegemónicas respecto a los acontecimientos del pasado, buscando enmarcar dentro de ese saber institucionalizado gran parte de los procesos evocativos y rememorativos que se pueden llegar a realizar en la sociedad. Esto se debe a que en cada uno de los informes entregados, ya sea por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación -Informe Rettig, 1991- o por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura -Informe Valech, 2004-, se elaboran contextualizaciones que han servido como puntos de referencia en la discursividad histórica de, por ejemplo, el sistema educativo, que las utiliza para enseñar en primaria y secundaria.

La problemática de esto último radica en que dichas contextualizaciones historiográficas tienden a presentar la sucesión de acontecimientos o los periodos históricos de manera sesgada y reducida, sin abordar todas sus dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales, ni ahondar en los aspectos de una historia social de larga trayectoria. Así, podemos identificar que los informes elaboran las siguientes tramas discursivas sobre el periodo que va de 1970 a 1990.

Respecto al periodo del gobierno de la UP

Para ese periodo, en las páginas del Informe Rettig se proponen como exclusivos nudos convocantes históricos e institucionales que tienden a enmarcar la memoria, los aspectos del «origen y fase final de la polarización» sociopolítica, así como el efecto de la crisis económica chilena dentro de la Guerra Fría. Para desarrollar lo anterior, en el Informe se plantea que el proceso político social que culminó con el golpe de Estado se debe tanto a factores externos como internos. Entre los primeros se menciona el contexto mundial, en el que las dos «superpotencias» de la época se disputaban geopolíticamente todos los espacios sobre la base del enfrentamiento ideológico entre los proyectos de sociedad capitalista y comunista. De este contexto también hacía parte el triunfo de la Revolución Cubana, que influyó notablemente en los procesos de ideologización de los movimientos y partidos de izquierda nacionales de los años 60, y habría motivado, tras el triunfo electoral presidencial de Allende y la UP, la política de intervencionismo estadounidense, ya que en el país del norte se consideraba que el proyecto de la «vía chilena al socialismo» se inscribía en una lógica de avance soviético sobre la región.

A partir de los años 1950 -como muchos [países] en América Latina- [Chile] presenció la inserción de su política interna en la lucha entre las superpotencias, la llamada «guerra fría», que, por su carga de opuestos intereses e ideologías de nivel mundial, implicaba en sí misma una polarización. Ella afectó a Chile, al comienzo quizás en escasa medida, pero muy fuertemente a partir de los años 1960, con la Revolución Cubana.36

De otro lado, entre los factores internos se destaca lo que se ha señalado como la ideación, por parte de partidos y movimientos, de «modelos completos de sociedad, tocante a los cuales no admitían modificaciones, postergaciones ni transacciones, si no fuesen mínimas»,37 lo que significó para la vida política-social real del país la irrupción de proyectos de sociedad intransigentes que propiciaron prácticas de toda índole -políticas, económicas, organizacionales, jurídicas, etc.- que transgredieron los límites constitucionales e institucionales, especialmente porque ningún proyecto político-ideológico contaba con la base social necesaria para la aplicación democrática de dichos modelos, con lo que se habría buscado imponerlos a la fuerza. Es así que se explican las denominadas posturas radicalizadas de la llamada «extrema izquierda» -Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Partido Socialista (PS), Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)- y de la «extrema derecha» -Movimiento Patria y Libertad-, que representaban, respectivamente, las tesis de la «revolución por la vía armada» y de la «ingobernabilidad», recurriendo a la formación de «múltiples cuadros y grupos militarizados» para la consecución de sus objetivos. En el Informe Valech se reafirma esta representación, sobre todo respecto a la postura de izquierda, en un corto pero revelador párrafo:

No puede ignorarse que los sectores más radicalizados de la derecha y de la izquierda hicieron alarde, desde los años sesenta, de una retórica belicista que favoreció la validación de la violencia. [...] En lo tocante a la izquierda, hubo quienes proponían acentuar las tensiones internas para alcanzar el punto culminante de un enfrentamiento final. Se confiaba en que éste resolvería, por la vía armada, el conflicto en escala entre las fuerzas revolucionarias y los sectores identificados con la defensa del capitalismo o contrarios al cambio radical y abrupto de las tradicionales estructuras socioeconómicas.38

Además, es interesante señalar cómo en el Informe Rettig se posiciona el proyecto político de «la vía chilena al socialismo», identificándolo como el proyecto social al que se sumaban Allende y un sector de la UP -Partido Comunista (PC), Partido Radical (PR) y MAPU-OC (Movimiento de Acción Popular Unitaria-Obrero Campesino)-. De otro lado, y si bien se le caracteriza en rechazo a la «vía armada» de la «extrema izquierda», también se le considera responsable de la polarización y la crisis económica de Chile entre 1970 y 1973, señalándolo de propiciar prácticas que desde el Estado promovieron no respetar los derechos de los propietarios ante las «tomas ilegales» de fundos y fábricas, y ante la política de expropiación de la Reforma Agraria y de formación del Área Social Industrial.

Hubo repetidos atropellos a derechos de propiedad, en forma de «tomas» (ocupaciones ilegales) de inmuebles agrícolas y urbanos y de empresas. En la mayor proporción de esos casos, los dueños no fueron amparados en la restitución de su dominio, ni los hechores sancionados. Fue frecuente que las órdenes judiciales de restitución, no recibieran, cumplimiento por parte de las autoridades administrativas.39

Por último, entre los factores internos que sedimentaron el camino para la «decisiva intervención militar»,40 se reconoce que la crisis económica se debió al intervencionismo es tadounidense, pero sobre todo a «factores de manejo propiamente económico, y otros de índole político-social, como el pobre desempeño de las empresas y tierras estatizadas o en vías de serlo»;41 apreciación que desplaza las responsabilidades del quebrantamiento de la capacidad productiva del país, de la elevada inflación y del desabastecimiento generalizado, a las políticas que desde la UP se implementaron, más que a los paros, sabotajes, acaparamiento de la oposición nacional o al bloqueo internacional. Por ejemplo, se plantea que los prolongados paros de gremios opositores se usaron solo a modo de respuesta para «defender el dominio de inmuebles, empresas y la seguridad de las personas ante la presión del Gobierno y de grupos armados irregulares agrarios y urbanos de izquierda»,42 y que ese fue el móvil que influyó para que vastos sectores de bases y políticos adhirieran más fácilmente a la ya señalada tesis de «ingobernabilidad».

Respecto al golpe de Estado

Ahora, por otro lado, en referencia al acontecimiento del golpe de Estado el Informe Rettig señala como principal antecedente para entender la intervención de los militares, la existencia de «un clima objetivamente propicio a la guerra civil».43 Es en ese contexto que se estructura el discurso evocativo institucional, considerando principalmente los factores que conllevaron a la actuación de «las fuerzas armadas y de orden público» en los siguientes términos: a) el factor de adiestramiento ideológico «deformado» de algunos mandos en torno a la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional, de anticomunismo y de contrainsurgencia en un contexto de Guerra Fría, pero sin dejar de lado que de igual manera, y ante una «inevitable guerra civil», el grueso de la oficialidad constitucionalista prefirió una intervención para «salvaguardar los intereses nacionales»;44 b) la actuación frente a la posibilidad de infiltración y división de las fuerzas militares, en especial desde grupos de «extrema izquierda» que criticaban el origen clasista de las Fuerzas Armadas, para conducir al país al enfrentamiento decisivo; c) la consideración de que ante lo convulsionado que estaba el panorama nacional, las Fuerzas Armadas, desde su rol de institución encargada de velar por el orden público, deciden actuar para normalizar la situación de polarización y de crisis económica; d) también, relacionado con lo anterior, en el Informe se alude de forma más amplia a la «proliferación de grupos paramilitares» que se adscriben a las tesis de «vía armada» e «ingobernabilidad»; si bien «dichos grupos carecían de la eficacia bélica proclamada, ello -naturalmente- no podía darse por sentado antes del 11 de septiembre de 1973»;45 y, e) el llamado desde distintos sectores de la sociedad civil, de la oposición radicalizada y de la más moderada, a la intervención de los militares frente a la aceleración de la crisis.

Respecto a los acontecimientos propios del día 11 de septiembre de 1973 se alude a que «Hoy en día existe acuerdo en que las Fuerzas Armadas y de Orden lograron el control en el transcurso del mismo día del golpe, sin sufrir mayores contratiempos en ninguna parte. Esto se explica fundamentalmente por la inexistencia de divisiones entre las propias Fuerzas Armadas, que actuaron mancomunadamente»,46 a lo que hay que agregar la escasa resistencia organizada de los partidarios del gobierno depuesto, a excepción de lo acontecido en torno al «centro de la capital, especialmente, con víctimas fatales del Ejército y carabineros alrededor del Palacio de La Moneda; algunas poblaciones periféricas, v.gr. La Legua donde también murieron carabineros; y ciertas fábricas de la conocida como “área social” donde actuaron los “cordones industriales”».47

Respecto a la dictadura militar

En los informes se alude a la instauración de un régimen político marcado desde un inicio por la concentración de los poderes, dado que la Junta Militar asumió primero el mando supremo de la Nación48 y luego la unión de los cargos de Comandante en Jefe del Ejército con las funciones de Presidente de la República en la persona de Pinochet,49 lo que habría conllevado, por un lado, a la constitución de las Fuerzas Armadas y de Orden como nuevo actor político con una amplitud de poder extrema desconocida en Chile hasta entonces,50 y por otro lado, a desarticular por completo el sistema de instituciones y de procedimientos propios de la democracia representativa que existió hasta 1973. Además, se reconoce la sistematización de todo un aparato represivo institucional sustentado sobre la idea del «enemigo interno», característica de la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional, lo que habría conducido a la formación de organismos exclusivamente ocupados en la guerra contrainsurgente y a la represión de los sectores dirigentes y populares adherentes al régimen depuesto.

Este último aspecto no solo es crucial, sino predominante en los informes, porque el sentido de las Comisiones de 1991 y de 2004 era precisar los alcances de la represión en tanto política de un Estado autoritario. Rettig identifica principalmente el accionar de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como agencia instigadora del quebrantamiento de los derechos humanos, mientras que el Informe Valech va más allá y sitúa la tortura y represión como un «ritual aleccionador» en tanto instrumento político para anular cualquier tipo de resistencia contra el régimen, persiguiendo a todo aquel que pareciera sospechoso y montando un Estado-policial con organismos especiales de inteligencia que centralizaron e infundieron cierta lógica instrumental a las prácticas represivas.51

Es importante lo planteado anteriormente, porque nos permite establecer la representación que se elabora de la oposición al régimen en los informes, ya que en las dimensiones de las torturas y de la represión se plantean algunas de sus características. Primero hay que señalar que se considera que la oposición al régimen, en tanto manifestaciones colectivas, surge a partir de mayo de 1983, principalmente desde organizaciones de ciudadanos que frente al descontento por la crisis económica y represión emprenden la acción colectiva:

cuando se inician las jornadas mensuales de protesta nacional convocadas inicialmente por organismos sindicales y luego por dirigentes partidistas, a efecto de presionar a las autoridades en procura de una pronta salida democrática al régimen dictatorial. La movilización social, a la cual se plegaron profesionales y estudiantes universitarios en solidaridad con los trabajadores representó un desafío ciudadano que obligó a reconsiderar las políticas represivas en uso. Ante la reconstrucción de redes sociales de articulada disconformidad política, la represión visible, porque ocurría en lugares públicos y a plena luz del día, recayó fundamentalmente en Carabineros, cuyos funcionarios actuaron como una fuerza antisubversiva antes que como simples garantes del orden público.52

Es interesante esta representación porque en cierto sentido tiende a desenfocar las acciones de resistencia anteriores a la fecha señalada, emprendidas principalmente por el MIR y por las organizaciones poblacionales internas que buscaron, a través de la asociatividad, resistir los embates represivos, económicos y sociales del régimen. Además se establece el imaginario de la existencia de una oposición vinculada a la voluntad de «líderes» políticos de oposición reconocidos de algún modo por el régimen dictatorial: «En esos años de efervescencia social, cuando las autoridades de gobierno alternaban el diálogo con líderes de oposición y las embestidas del aparato represivo, y las jornadas de protesta comprendían a la capital [...]».53

Y también, aunque se menciona la existencia de otras estrategias opositoras, estas son reducidas a su carácter de adherir a la tesis de lucha armada, deslegitimando dicha opción porque habría favorecido «a su vez la política confrontacional del General Pinochet, quien así ganaba terreno para validar la necesidad de la represión y desestimar los llamados de la apertura política como un peligro para la gobernabilidad del país».54 En el Informe Rettig de igual modo se puede verificar un trabajo de descontextualización de este modus de oposición al referir: «Tales grupos infiltraban así mismo las “protestas nacionales”, intentando llevarlas a la violencia, de modo de conducir al país y al régimen [afirman] a la “ingobernabilidad”».55

Industria cultural de la memoria colectiva

La creciente consideración del papel de los medios de comunicación y de los procesos de comunicación en general, independientemente de la posición que se tenga frente al paradigma de la sociedad de información, ha conducido a que numerosos investigadores y teóricos sociales planteen que los mass media y el entorno tecnológico generan cambios en la producción de subjetividad, así como en el modo en que se legan las distintas experiencias, entre ellas la memoria colectiva.

El etnólogo André Leroi-Gourhan56 (1964) planteó una relación insoslayable entre la forma que asumía la técnica de producción cultural con el conocimiento de cada época histórica, señalando que las sociedades humanas se han visto en la obligación de «delegar en los artefactos, en órganos artificiales, sus facultades de registro del corpus de conocimientos, el capital intelectual del grupo».57 El progreso técnico, según Leroi- Gourhan, ha sido vector del desarrollo de cinco periodos históricos definibles para la conservación de la memoria colectiva, resumidos en: «el de la transmisión oral, el de la transmisión escrita mediante tablas o índices, el de las simples esquelas, el de la mecanografía y el de la clasificación electrónica por serie».58 El historiador Jacques Le Goff,59 por su parte, reformulando lo planteado por Leroi-Gourhan, señaló la existencia de diferentes etapas memorialistas por efecto de diferentes sistemas y mecanismos de comunicación que se insertan en contextos culturales determinados. Para nuestro interés se hace relevante que la última etapa reconocida sea la caracterizada por la irrupción de los medios de comunicación radioeléctricos; entre ellos y con preponderancia, la televisión. Esta tendría la facultad de provocar la transformación de las técnicas de conservación mnesicas orales y escritas por los efectos de lo audiovisual, configurando la episteme de la mneme del tiempo sociohistórico moderno, lo que Rosenstone60 define como el dominio de las imágenes en la forma en que la gente idea su pasado y el conocimiento histórico, a partir del cine y la televisión.

Partiendo de esto podemos considerar a las industrias culturales mediáticas televisivas como uno de los lugares en las sociedades modernas donde se organiza y se transmite la mayoría de los sentidos que asume la memoria y desde donde se materializa parte del boom de la cultura de la memoria que parece haber entrado en escena durante los años 80 en Europa y Estados Unidos, y luego del fin de los regímenes dictatoriales en América Latina dada la necesidad de buscar justicia y de saldar las cuentas con el pasado reciente. Cultura memorialista que ha tendido cada vez más a expresarse en bienes comercializables de consumo -souvenir memorial-, o como programaciones mediatizadas que buscan objetivar la memoria en un conocimiento consensuado, limitando las posibilidades de rememoración de diferentes grupos en fechas emblemáticas institucionalizadas o nacionales.

Incluso se puede considerar a estas expresiones como un único fenómeno, ya que las programaciones emitidas en la industria televisiva siempre buscan beneficios económicos. Así, podemos aseverar que en lo referente a la memoria colectiva, como dice Revel, se ha convertido en una pequeña y rentable industria61 que, por medio de su consumo, busca diseminar diferentes imaginarios, sentidos y significaciones de los acontecimientos, puesto que las programaciones emitidas en la televisión están inscritas en unos discursos determinados que, por lo general, se asocian a los sentidos dominantes, al estar esta industria, como hemos señalado, controlada por una clase política civil y una clase política empresarial de marcado carácter elitista. Y para el caso de los programas de corte histórico, como las programaciones emitidas con ocasión del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado chileno, pero así también con todo tipo de acontecimientos, se buscar restituir la memoria en los marcos que la historia oficial ha estructurado como conocimiento aceptado. A este tipo de proceso lo denominaremos industria de la memoria,62 que según nuestra perspectiva crítica, se despliega como el conjunto de programaciones y producciones culturales que sirven como sustento teórico, simbólico y representacional para ciertos grupos con predisposición hegemónica, que buscan compartir y hacer públicos sus imaginarios sobre acontecimientos del pasado, especialmente aquellos que revisten algún grado de disputas, conflictividad o que llanamente resultan traumáticos. Además, la industria de la memoria es determinante en la operación que, en la actualidad, ha hecho que las memorias colectivas se desplacen del espacio público al ámbito privado, del contexto social al testimonio individualizado, de la rememoración colectiva al archivo,63 ya que la memoria, con mayor fuerza cada vez, se produce para espectadores que reproducen los sentidos oficiales en el hogar y no en prácticas conmemorativas o ritualistas públicas.

La televisión es el paradigma de la industria de la memoria, ya que es uno de los dispositivos más eficaces, sino el más eficaz, para producir estados de control de los imaginarios sociales, en el sentido en que Deleuze64 planteaba el paso de las sociedades de disciplinamiento a las de control, en las cuales la modelación ya no se realiza mediante el establecimiento de dispositivos que domestican los cuerpos para hacerlos más dóciles y útiles en función de la sociedad industrializada,65 sino a través de unos dispositivos fluctuantes de control y vigilancia de la vida cotidiana que permiten que las expresiones más básicas de los individuos se identifiquen con los signos de la sociedad capitalista globalizada. Control que se expresa en una nueva racionalidad gubernamental que busca «la distribución de los sujetos que hablan en los diferentes tipos de discursos y la adecuación de los discursos a diferentes categorías de sujetos».66 Con esto, la televisión adquiere un posicionamiento preferente para esta tarea de control, en especial si se la piensa como un sinóptico,67 «donde en lugar de unos pocos mirando a muchos como sucedía en el panóptico, tenemos a muchos mirando a unos pocos».68 La espectacularización mediática funciona como acción de seducción para la captación de audiencias; con la atención centrada en el televisor, la propagación de signos, «que constituyen el modelo de realidad, de comportamiento y de normas sociales a seguir»,69 ya no es un problema, pues permite la objetivación de todas las expresiones de la vida cotidiana en un código binario entre lo normal y lo anómalo. La televisión, así, es el lugar dispuesto para la realización de las afirmaciones colectivas e in dividuales dentro de los márgenes de los sentidos e imaginarios institucionalizados, o como expresa el filósofo Juan Pablo Arancibia:

un campo general de discursos, propio y consustancialmente político, donde precisamente adviene y acontece la disputa, donde se visibilizan narraciones y agentes, se configuran los lenguajes y se traman los sentidos de aquellas disputas [siendo] parte constituiva y constituyente del litigio por la hegemonía interretativa de la sociedad.70

La televisión, entonces, es un dispositivo que hace una recapitulación de los pasados, reconociendo en sus programaciones los hitos y las estaciones más relevantes del devenir histórico; identifica los personajes, actores y protagonistas de cada «episodio» de lo que parece ser «nuestra historia»,71 articulando lo programado en un trama narrativa audiovisual que se nos presenta como un archivo histórico neutral para usos académicos o como punto de referencia para el conjunto de la sociedad, pero en el cual ya operan los mecanismos de selección de la memoria que transformarán sus alcances y sus sentidos, y en donde se clasifica lo decible.

Por tanto, estamos frente a un fenómeno de remeoración televisada que elabora representaciones ficcionalizadas, parcializadas, fetichizadas, conformes a una disposición museológica de archivo, y predispuesta para el consumo de sus signos y la modelación de las memorias colectivas72 por una necesidad política. El pasado, mediante la proyección de imágenes que totalizan los recuerdos, se convierte en un simulacro que supera la realidad del mismo pasado. En este si mulacro operan mitificaciones, conservaciones, supresiones, imágenes y estructuras discursivas dominantes, que reorganizan las narrativas de lo evocado en función de las relaciones y proyectos socioculturales que se programan desde el poder en su necesidad hegemónica. Ello, con el fin de disolver la memoria viva en el testimonio individualizado, elaborando una historia que hace imposible toda historia que resista su variedad y drama con una verdad fáctica unificante,73 y estableciendo la discontinuidad del presente con el pasado, entre el sujeto y su capacidad representacional simbólica.74

Esta industria de la memoria televisiva organiza, así, las estructuras discursivas, llevando a cabo una operación sistemática para crear efectos de sentido sobre la vida y cultura cotidiana,75 y desplegar, así mismo, una serie de valores culturales funcionales a la ordenación de la sociedad, o como dice Ossa, «una razón de Estado cuyo trabajo es regular el contrato entre público y orden».76 De este modo se transmite el discurso-imagen que normaliza, controla y vigila las expresiones sociales, articulando el consenso social en torno a una idea que es repetida frecuentemente: «no revivir las odiosidades del pasado», para actuar «como una garantía normativa destinada a sujetar los desarreglos de lo social, forzando -para ello- la unanimidad de las conductas y de los discursos en torno a las consignas oficiales de la moderación y de la resignación».77

Resultados de la investigación

Sobre un universo muestral que representa casi la totalidad de programaciones especiales emitidas con ocasión del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado,78 se ha podido verificar que las propuestas discursivas generales, presentes en los documentales televisivos que abordan los tres momentos sociohistóricos temáticos que dan forma a nuestra historia traumática o límite reciente, han quedado resignificados en los sentidos preferentes que la institucionalidad postdictatorial ha elaborado desde las distintas políticas de memoria. Esto, pese a que en los diferentes canales de televisión se fundamentó la exhibición de dichos documentales a partir de la necesidad de dar pantalla a una supuesta multiplicidad de evocaciones e imaginarios que se poseen en el presente del pasado, insertando, con ese propósito, distintos testigos documentales que son considerados como reflejos de los acontecimientos, y cuyas enunciaciones posibilitan estructurar las representaciones evocativas emblemáticas arraigadas en el cuerpo social, a pesar de ser dispares u opuestas. Si bien no se discute que dichos testigos hayan sido actores relevantes en los acontecimientos y que sus recuerdos puedan representar las memorias colectivas presentes en el seno de la sociedad y de las diferentes colectividades de rememoración, sí señalamos que la utilización que hacen los documentales de dichos testimonios, junto con el recurso visual y el rol del narrador, estructuran un cuerpo discursivo de carácter interpretativo que propone un sistema de significados en el que se organiza la experiencia de lo enunciado en torno a los códigos preferentes que han pasado a ser parte del sentido común consensuado en el dispositivo de historia oficial. Esto, a través, además, de procedimientos de activación/pacivización, inclusión/exclusión, y del desenfoque de otras estructuras discursivas evocativas, debido a la labor que en este caso realiza la industria de la memoria para legitimar ciertos sentidos y reresentaciones sobre la base de opciones ideológicas comprometidas con la consecución de estados hegemónicos para el bloque histórico dominante desde la postdictadura.

De modo que al referirnos a las memorias colectivas que se proponen para cada periodo histórico en los documentales que hacen referencia al gobierno de la UP, se pudo concluir que las memorias de aquellos sectores sociales que rememoran aquel periodo con una valoación negativa y opuesta son predominantes. Los testimonios recogidos, entonces, en su mayoría consideran que los cambios que se impulsaron desde el gobierno y otros sectores sociales proclives a la izquierda habrían destruido las formas tradicionales del «vivir», conllevando a la violación de los derechos individuales y de propiedad de un gran sector de la sociedad que, ante la supuesta violencia, irresponsabilidad y mala gestión de la izquierda, se habría organizado para impedir la usurpación del poder constitucional por parte de la UP, asegurando que este conglomerado buscaba conducir al país a una «dictadura del proletariado al más puro estilo castrista o soviético». Aseguraban, además, ya sobre los hechos consumados, que estos sectores opuestos, sin haber sido artífices del golpe, habrían incitado la intervención militar. Esta rememoración de los partidarios del gobierno es esbozada prinipalmente por dirigentes políticos y sindicales de los partidos de la UP, cuyos testimonios y archivos audiovisuales estructuran una reflexión conducente a un mea culpa del por qué las praxis y, más que nada, los discursos, habrían contribuido al clima de violencia. Aunque lo anterior puede ser verdadero desde una perspectiva histórica, cabe mencionar que la estructuración de la memoria de aquellos que recuerdan con nostalgia los años de la UP se ve empañada en su dimensión política si se le considera desde una significación preferentemente negativa al enunciarse las acciones políticas realizadas por el gobierno o por los sectores populares pre-revolucionarios, con lo que estas prácticas de democracia popular se ven desplazadas y desenfocadas, y entran en primera línea solo a condición de identificarlas como unas de las grandes causantes para que el proceso iniciado en 1970 terminase en el golpe de Estado.

También, pero en menor medida, en todos los documentales señalados se considera la memoria de aquellos sectores de izquierda que buscaban realizar cambios estructurales en la sociedad chilena pero que no pertenecieron a la UP, principalmente de militantes y partidarios del MIR, y de organizaciones extremistas, radicalizadas, violentas y terroristas, cuyas prácticas solo habrían conllevado a incrementar la polarización, la diseminación de una «ideología de odio» entre la clase trabajadora y el campesinado hacia sus empleadores y patrones, así como el desarrollo en Chile de un enfrentamiento armado que haría sido «devastador» dada la intransigencia de sus cúpulas directivas. En toda la estructuración discursiva audiovisual de este tipo de memoria se ve una clara orientación, otra vez, y a semejanza del tipo de memoria del adhe- rente a la UP, se les quita énfasis y contexto a las prácticas político-sociales que desde el MIR se realizaron en conjunción con amplios sectores de las clases subalternas, inscribiendo el marco memorial en la línea que el Informe Rettig traza del periodo y de la izquierda en general.

Por su parte, los tipos de memorias que se transmiten en relación al golpe de Estado siguen la misma lógica de visualizar, en apariencia, a todos los actores participantes en el desarrollo de los acontecimientos. De modo que, en los documentales, tienen cabida los testimonios del sector social implicado en la planeación y puesta en marcha del golpe de Estado, principalmente personalidades del mundo militar y civiles colaboradores; también se incluye a aquellos individuos que defendieron el gobierno de la UP, representados por miembros del Grupo de Amigos Personales79 (GAP), del MIR y los colaboradores de Allende que se quedaron en La Moneda el martes 11 de septiembre de 1973. El primero de estos tipos evocativos es estructurado discursivamente, en los documentales analizados, planteando que era necesaria una intervención de las Fuerzas Armadas para el derrocamiento del gobierno de la UP, debido a que este último estaba conduciendo al país a la ruina social y económica, por lo que la principal significación que se le otorga al acontecimiento es positiva, a pesar de que ello significó el quiebre de la institucionalidad. Mientras que, para el segundo caso, el golpe de Estado es visto como un acontecimiento absoutamente nefasto, que conllevó al quiebre de la democracia pero también de los anhelos e ideales de cambio, por lo que la intervención militar es vista como la resultante de un complot orquestado por agentes nacionales y extranjeros para mantener las estructuras sociales que fundaban las relaciones de privilegio y dominación de un sector social sobre otros, constituyendo, al final de cuentas, un acontecimiento-límite absolutamente traumático.

Y en cuanto a las memorias colectivas propuestas alrededor de la dictadura militar, se identifican principalmente los siguientes tipos: la memoria del familiar de la víctima de la represión dictatorial, la memoria de la víctima de la represión dictatorial, la memoria de aquellos que asumieron una oposición activa frente al régimen y la memoria de aquellos colaboradores o adherentes al gobierno autoritario. Las rememoraciones del primer y segundo tipo quedan enmarcadas primordialmente por la experiencia traumática de haber sufrido la pérdida de un familiar o por haber vivido en primera persona la tortura, lo que es reconocido como un perjuicio que una parte de la población tuvo que padecer debido a las prácticas represivas llevadas a cabo por el régimen militar. Pese a ello, no se menciona que estas prácticas se inscribieron en un intento disciplinatorio comandado por las autoridades militares para eliminar lo que se denominó como el «enemigo interno», lo cual se desprendía de consideraciones ideológicas que daban cuenta de la búsqueda de la eliminación de un «otro» identificado con prácticas y creencias políticas de izquierda, arraigadas principalmente en sectores populares y medios. Así, en los documentales que abordan la dictadura militar, se enuncia la represión ejercida por el régimen militar, pero sin contextualizarla en el marco de la lucha ideológica que se vivió en el país, con lo que se despolitiza un conflicto que fue absolutamente político, salvo, tal vez, por la mención de la lucha para la recuperación de la democracia. Sintomático de lo anterior es que el tercer tipo de memoria identificada en las programaciones haga alusión a un opositor al régimen dictatorial que solo desde 1983 y con motivo de la crisis económica, se empezó a organizar para coordinar una lucha contra la dictadura, de carácter pacífico, efectuada o propiciada por organismos asociados a los partidos políticos que con posterioridad darían vida a la Concertación. Con ello se obnu bilan todas las prácticas político-culturales que los sectores populares más segregados efectuaron después del golpe y que continuaron algunas formas de poder popular desarrolladas en el periodo inmediatamente anterior, invisibilizando, así, que estas sustentaron las prácticas que se empezaron a evidenciar en el espacio público desde 1983. Al identificar al opositor con una práctica pacífica se buscaba criminalizar aquellas prácticas de carácter más confrontacional o violentas que emprendieron algunos partidos y movimientos, legitimando con ello la salida pactada a la democracia de la clase política civil con la clase política militar, frente a otras propuestas que habrían significado, según el discurso documental, «mayor polarización».

Por último, el tipo de memoria del adherente al régimen aparece en la intervención de algunos testigos que señalan que en el gobierno se pudieron haber cometido ciertos excesos, pero que estos fueron realizados por ciertos mandos sobre-ideologizados cuyas acciones no representaban una política de Estado.

Es importante indicar que los cuatro tipos de memorias colectivas propuestas y reforzadas por los documentales analizados a partir de las interrelaciones evocativas de los diferentes testigos, quedan enmarcados en las estructuraciones contextuales que presentan los narradores documentales y el uso de los archivos audiovisuales que se hace. Los nudos convocantes de memoria propuestos por los narradores actúan como límites sociohistóricos para lo rememorado, mientras que los archivos audiovisuales reutilizados hacen lo propio para la evocación de las imágenes colectivas que se han de tener del pasado, limitando de este modo la estructuración discursiva evocativa de cada uno de los documentales, dado que activan memorias específicas, que legitiman ciertos sentidos preferentes sobre el pasado. De este modo, las memorias colectivas propuestas en los documentales e identificadas en el análisis no representan de forma alguna la gran variedad de posibles memorias respecto a los acontecimientos límites, sino que más bien responden a procesos de conservación y supresión inscritos en los mecanismos oficiales de evocación.

Conclusiones a considerar para un análisis de la industria de la memoria

La pregunta que surge de lo anterior es: ¿a qué mecanismos de conservación y supresión nos referimos cuando aludimos a que lo propuesto en los documentales en tanto memorias colectivas está enmarcado en límites contextuales que seleccionan el contenido y el sentido de lo evocado? Para responder esta inquietud debemos pensar en que los tipos de memorias colectivas reafirmadas por los documentales televisivos deben ser comprendidas en su relación con los marcos institucionales y con las políticas de memoria desplegadas por el entramado postdictatorial y desde la racionalidad evocativa de la clase política civil. Esto, porque los marcos estructurantes de las memorias propuestas en los documentales, a partir de la actuación del narrador y de los archivos históricos audiovisuales, se condicen casi en su totalidad con la construcción contextual evocativa del periodo sociohistórico realizada por las instan cias oficiales de memorias más reconocidas, es decir, por los informes Rettig y Valech. Comisiones que, con el retorno pactado a la democracia, surgieron como instancias esclarecedoras del quebrantamiento de los Derechos Humanos, pero también cumplieron el rol de facilitar la construcción de una versión oficial inteligible de lo acontecido para nuestra historia traumática reciente. Versión oficial que se ha constituido en el saber que la historia oficial tiene para el periodo y que en gran medida ha conseguido posicionarse como el sentido común hegemónico en amplios sectores sociales.

No es un tema menor lo anterior, ya que desde las industrias culturales, como lo es el medio televisivo, se configuran las experiencias en las que se difunden y se transmiten imaginarios oficiales, lo que para el caso de los procesos evocativos y rememorativos apela al reconocimiento de ciertos sentidos y significados preferentes para los hechos del pasado que siguen teniendo un alto grado de conflictividad en el presente. Es decir, se constituyen consensos interpretativos que han de funcionar como dispositivos que por un lado buscan la restitución de todo lo evocado por la sociedad civil a las formas oficiales desenvainadas de su sentido crítico y de su posible conflictividad, mientras que, por otro lado, pretenden facilitar los procesos de gobernabilidad mediante la economía del pasado. En ese sentido, parece claro que, en vista de los resultados del análisis, las memorias colectivas propuestas y reforzadas por los documentales se condicen y se conciben desde la edición dentro de los límites y marcos evocativos que los informes han elaborado, reforzando con ello los tipos de memorias colectivas plurales que se han desplegado en la época postdictatorial en el aparato institucional.

La problemática de los tipos de memorias propuestas por los documentales televisados, en tanto expresión de lo que se ha teorizado como industria de la memoria, consiste en que reproduce ciertos significados oficiales para su consumo, ciertas tramas discursivas que se encuentran cercadas por los límites representacionales de la historia oficial, que promueven tipos de memorias que no se condicen del todo con los procesos evocativos que se dan en la sociedad ni con las memorias en estado vivo. Por lo tanto, las memorias colectivas identificadas en los documentales conducen a la interiorización por parte de los públicos y audiencias de imaginarios evocativos y de la experiencia social del pasado en los términos operacionales preventivos de los procesos de selección y supresión de la memoria social inscritos en el dispositivo de consenso social, así como también de los mecanismos de selección inherentes al medio televisivo, propiciando, entre otros fenómenos, la emergencia de las memorias archivísticas y museísticas, así como el relego al olvido de posibles significados y sentidos disímiles a los provistos por el dispositivo memorial oficial, inscribiendo lo evocado en las resignificaciones políticas elaboradas en la televisión.

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*Artículo de investigación. Contiene parte de las ideas principales de la investigación que realizó su autor entre 2015 y 2016 para su tesis de pregrado en la carrera de Sociología de la Universidad de Valparaíso.

1Este artículo recibió la gran ayuda intelectual de diferentes aca démicos de la Universidad de Valparaíso, así como de la doctora en Sociología y directora de pregrado del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI-UCH).

2Dominick LaCapra, Historia y memoria después de Auschwitz (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009).

3Marie-Clare Lavabre, «Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos», en Guerra civil. Mito y memoria, ed. J. Arostegi y F. Godicheau (Madrid: Marcial Pons, 2006).

4Carlos Ossa, «El estado de excepción mediático», en Escrituras del malestar. Chile en el Bicentenario, comp. Carlos Ossa (Santia go: Ediciones Universidad de Chile, 2011), 222.

5Zygmunt Bauman, Vida de consumo (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011).

6Norbert Lechner, «Modernización y democratización: un dilema del desarrollo chileno», Revista Estudios Públicos, n.° 70 (1998).

7Giorgo Agamben, Estado de excepción. Homo Saccer, II, I (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005).

8Julio Pinto y Gabriel Salazar, Historia contemporánea de Chile I (Santiago de Chile: LOM, 1999).

9Ossa, «El estado de excepción mediático», 222.

10Pierre Nora, Pierre Nora en lineux de la memoria (Santiago de Chile: LOM, 2009).

11Theodor Adorno, «La industria cultural», en La industria cultural, ed. Theodor Adorno y Edgar Morin (Buenos Aires: Galena, 1967).

12Jacques Le Goff, El orden de la memoria (Barcelona: Paidós Ibérica, 1991), 181.

13Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria (Madrid: Siglo XXI, 2002), 9.

14Juan Pablo Arancibia, Comunicación política (Santiago de Chile: Ed. Arcis, 2006); Stuart Hall, «La cultura, los medios de comunicación y el “efecto ideológico”», en Sociedad y comunicación de masas, comp. J. Curran (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1981).

15Javier Mayorga, Carlos del Valle y Luós Nitrihual, «Concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Chile. La compleja relación entre oligopolio y democracia», Revista Anagramas 9, n.° 17 (2010).

16María Eugenia Domínguez, «Independencia e industrias culturales: el caso de los editores chilenos», XIV Jornadas Nacionales de Investigación en Comunicación, Red Nacional de Investigaciones en Comunicación, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2010.

17Nelly Richard, «Recordar el olvido», en Volver a la memoria, comp. Raquel Olea y Olga Grau (Santiago de Chile: LOM, 2001), 15.

18Ossa, «El estado de excepción mediático».

19Juan Pablo Arancibia, «El mito de la democracia: apuntes filosófico-políticos sobre el orden demoliberal en tiempo de bicentenario», en Escrituras del malestar. Chile en el Bicentenario, comp. Carlos Ossa (Santiago: Ed. Universidad de Chile, 2011).

20Mónica Iglesias, Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores contra la dictadura (Santiago: Ediciones Radio Universidad de Chile, 2011).

21Gabriel Salazar, Movimientos Sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política (Santiago de Chile: Uqbar, 2012), 42-43.

22Carlos Ossa, «El estado de excepción mediático», 222.

23María Angélica Illanes, «El grito de Chile actual y la independencia soterrada», en Escrituras del malestar. Chile del Bicen- tenario, comp. Carlos Ossa (Santiago: Ediciones Universidad de Chile, 2011), 105.

24Eduardo Santa Cruz, «Del periodismo informativo al marketing informativo», en Escrituras del malestar. Chile del Bicentenario, comp. Carlos Ossa (Santiago: Ed. Universidad de Chile, 2011), 129.

25Valerio Fuenzalida, «Televisión y cultura del protagonismo», en Medios de comunicación y democracia en la sociedad neoliberal chilena de inicios de siglo XXI, comp. Alonso Azócar. Universidad de La Frontera. http://www.comunicacionysaberescriticos.cl/Publicaciones/publicacion_centro_002.pdf (consultado el 16 de marzo de 2016), 9.

26Giovanni Sartori, Videopolítica. Medios, información y democracia de sondeo (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003), 47.

27Eugenio Tironi y Guillermo Sunkel, «Modernización de las comu nicaciones y democratización de la política. Los medios en la transición a la democracia en Chile», Revista Estudios Públicos, n.° 52 (1993): 240.

28Illanes, «El grito de Chile actual», 105.

29Ernesto Geoffroy y Guillermo Sunkel, Concentración económica de los medios de comunicación. Peculiaridades del caso chileno (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2001), 136.

30Guillermo Mastrini y Martín Becerra, «Globalización, mercado e industrias culturales: ¿resistencia o simulacro?», XII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social Felafacs Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2006, 5.

31Lidia Baltra, La prensa chilena en la encrucijada. Entre la voz mo- nocorde y la revolución digital (Santiago de Chile: LOM, 2012).

32Gustavo González Rodríguez, «Medios de comunicación en Chile bajo el signo de la concentración», en The media in Latin America, comp. Jairo Lugo (Londres: Open University Press - McGraw-Hill Education, 2008), 6.

33Illanes, «El grito de Chile actual», 105.

34Sartori, Videopolítica, 47.

35Santa Cruz, «Del periodismo informativo...», 132.

36Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe de la Co misión Nacional de Verdad y Reconciliación (Santiago de Chile: Andros Impresores, 1996), 28.

37Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 28.

38Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Ministerio del Interior, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Santiago de Chile: La Nación S.A., 2004), 174.

39Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 31.

40Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 32.

41Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 30.

42Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 31.

43Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 32.

44Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 32.

45Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 33.

46Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Ministerio del Interior, Informe, 172-173.

47Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 95.

48Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Ministerio del Interior, Informe, 170.

49Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe.

50Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 36.

51Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Ministerio del Interior, Informe, 195.

52Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Ministerio del Interior, Informe, 199.

53Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Ministerio del Interior, Informe, 200.

54Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Ministerio del Interior, Informe, 198.

55Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, 46.

56Andre Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra (Caracas: Ediciones de la Biblioteca, 1971).

57Armand Mattelart, Historia de la sociedad de información (Barcelona: Paidós Ibérica, 2002), 74-75.

58Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra, 134-135.

59Le Goff, El orden de la memoria, 1991.

60Robert Rosentone, El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de historia (Barcelona: Ariel S.A., 1997), 29.

61Jacques Revel, «La carga de la memoria: historia frente a memoria en Francia hoy», en Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social, ed. Jacques Revel (Buenos Aires: Manantial, 2005).

62Este concepto lo hemos nombrado así a partir de la obra de Andreas Huyseen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002). Este autor, aunque habla de una «industria de la memoria», no lo hace en los términos con los que en la presente investigación es conceptualizada.

63Norbert Lechner y Pedro Güell, «Construcción social de las memorias en la transición chilena», Foro Social Science Research Council: Memorias colectiva en la represión en el Cono Sur, Montevideo, 1998, 12.

64Gilles Deleuze, «Posdata sobre las sociedades de control», en El lenguaje libertario, comp. Christian Ferrer (Montevideo: Nordan, 1991).

65Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (Méxi co D.C.: Siglo XXI, 2009).

66Michel Foucault, El orden del discurso (Barcelona: Fabula Tus- quets, 1973), 45.

67Bauman, Vida de consumo.

68Eva Patricia Gil, «Simulacro, subjetividad y biopolítica; de Foucault a Baudrillard», Revista Vestigium, n.° 2 (2005): 49

69Gil, «Simulacro, subjetividad y biopolítica.», 55.

70Arancibia, «El mito de la democracia.», 92.

71Arancibia, «El mito de la democracia.», 162.

72José Colmeiro, Memoria histórica e identidad cultural. De la post guerra a la postmodernidad (Barcelona: Anthropos, 2005).

73Ossa, «El estado de excepción mediático».

74Cristopher Horrocks, Baudrillard y el milenio (Barcelona: Gedisa S.A., 2004).

75Santa Cruz, «Del periodismo informativo.», 132.

76Ossa, «El estado de excepción mediático», 223.

77Richard, «Recordar el olvido», 15.

78Se han considerado los programas de Los 1000 días y 11, Íntimo de Canal 13; Las imágenes prohibidas de Chilevisión; y, 1973, El año que cambió nuestras vidas y Cuando Chile cambió de golpe de Televisión Nacional; sumando un total de 14 episodios y 934 minutos de emisión.

79Guardaespaldas de Salvador Allende pertenecientes a los cuadros del Partido Socialista.

Cómo citar este artículo

81Mora Galleguillos, Gabriel Andrés. «Industria de la memoria colectiva. Apuntes para la sistematización de un concepto desde el estudio de caso documental chileno». Memoria y Sociedad 22, n.° 44 (2018): 24-41. https://doi.org/10.11144/Javeriana.mys22-44.imca

Recibido: 03 de Junio de 2016; Aprobado: 22 de Mayo de 2017

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