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INTRODUCCIÓN
La historia de las universidades nacionales (en adelante UUNN) en Argentina durante el siglo XX conoció sin duda un momento fundamental durante los sucesos de la Reforma Universitaria de 1918 que tuvo lugar en los claustros de la Universidad Nacional de Córdoba.3 La extensión de sus principios más importantes (autonomía universitaria, administración y gobierno de las casas de estudio por los miembros de sus comunidades académicas -docentes, graduados y estudiantes-, concursos públicos para acceder a los cargos docentes, entre otros) al resto de las casas de estudio del país y del continente fue dispar y a través de procesos más o menos conflictivos.4
Pocos años después del establecimiento de los estatutos reformistas, se dieron procesos denominados "contra-reformistas" que limitaron o dieron marcha atrás con los cambios precedentes. Los sectores opositores al orden reformista se consolidaron al interior de los claustros a partir del golpe encabezado por el general José Felix Uriburu en 1930, el primero de numerosas incursiones militares en el poder ejecutivo.5 Así, las principales casas de estudio superiores fueron intervenidas.
Desde entonces, la vida política de las UUNN se ha visto conmocionada directamente por los cambios que tuvieron lugar a nivel del estado nacional. A grandes rasgos, con cada nuevo golpe de estado, fueron designadas autoridades no electas por la comunidad académica y los sectores opositores al régimen de turno fueron perseguidos. Entre los procesos de intervención deben destacarse los de 1946-1955, 1966-1973 y 1976-1983. Los tres se iniciaron con un golpe de estado militar, en el caso del primero continuó bajo la injerencia del gobierno peronista democráticamente electo, y los otros dos casos corresponden a gobiernos de facto controlados por las Fuerzas Armadas (FFAA en adelante). Durante esos años, se despidieron docentes e investigadores, se suspendió la actividad política de los centros y federaciones estudiantiles, así como el funcionamiento de los gobiernos universitarios.
La Universidad de Buenos Aires (UBA en adelante), particularmente, permaneció intervenida por el estado nacional desde junio de 1966 hasta marzo de 1986 cuando, bajo un régimen democráticamente electo, se volvió a reunir la Asamblea Universitaria para elegir autoridades. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), con sus banderas reformistas, se constituyó como uno de los principales actores que presentaron su oposición a las intervenciones y a las dictaduras de turno.6
De modo muy sintético hemos descrito una historia universitaria en Argentina de carácter irregular, donde la herencia reformista fue cuestionada sucesivamente. Sin embargo, su tradición fue rescatada para proponer un modelo universitario contrario a la injerencia directa del gobierno de turno en la vida académica y política de los claustros. A punto de cumplirse el centenario de la Reforma Universitaria, en este texto procuramos profundizar sobre las valoraciones que las autoridades de la última dictadura cívico-militar en Argentina construyeron acerca de la misma. Asimismo, analizamos de qué modo y en qué medida dichas ideas orientaron las políticas implementadas en la principal casa de altos estudios del país. Así, con este trabajo, nos proponemos aportar a la comprensión de la importancia histórica de este fenómeno universitario en la historia reciente: ¿Por qué la dictadura quería erradicar su influencia?, ¿Qué modelo universitario proponía en cambio?
Con este horizonte, abordamos los discursos de las autoridades educativas a nivel nacional y los rectores interventores de la UBA y describimos algunas de las medidas desarrolladas en dicha institución, dando cuenta de las transformaciones que buscaban imponerse. Por último, reconstruimos conflictos y disputas que tuvieron lugar entre los actores universitarios de Buenos Aires sobre la política implementada.
El texto se organiza en tres apartados. En el primero abordamos los diagnósticos acerca de la realidad universitaria elaborados por las autoridades educativas y universitarias de la última dictadura. A continuación, analizamos los principales rasgos de la universidad anti-reformista que buscaron construir desde el Ministerio, y las tensiones que en relación con dicho proyecto surgieron entre las autoridades porteñas y las nacionales. En el tercer apartado planteamos algunas consideraciones acerca de la recuperación de la tradición reformista por parte del movimiento estudiantil contra la dictadura. Finalizamos el texto planteando algunas reflexiones transitorias sobre el proceso analizado.
Vale destacar que en este trabajo recurrimos a una estrategia metodológica de triangulación de fuentes primarias de diverso carácter (documentación ministerial, materiales de las Fuerzas Armadas, normativa universitaria, discursos de autoridades, notas periodísticas) y secundarias.
1. Un diagnóstico específico para el "problema universitario"
El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 instaló en Argentina el denominado "Estado Terrorista" (Duhalde, 2013), caracterizado por la militarización del aparato del estado y un alto contenido represivo que pretendió la aniquilación física de sus opositores y el amedrentamiento de la población a través del terror. El dispositivo represivo incluyó el secuestro, la tortura y la desaparición sistemática de personas así como el funcionamiento de centros clandestinos de detención. La universidad fue uno de los terrenos donde la represión paraestatal y estatal se asentó. Esto se hace observable en el hecho de su inmediata intervención y en que al finalizar la etapa, más del 20% de los desaparecidos fueron estudiantes (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).
Entre 1976 y 1983, el Ministerio de Cultura y Educación (MCE en adelante) fue gestionado, luego del breve paso del Contralmirante Guzzetti, por cinco ministros civiles y por el Ministro del Interior.7 Del mismo modo que en términos generales los actores protagónicos del denominado "Proceso de Reorganización Nacional" ("PRN" en adelante) no compartían proyectos económicos y políticos para el país pero lograban cohesión a partir del objetivo común de desarrollar la denominada "lucha antisubversiva"8, en materia educativa numerosos especialistas han destacado que el conjunto de los funcionarios de la mencionada cartera no compartían un único proyecto educativo y de universidad. Sin embargo, existía acuerdo respecto de la necesidad de eliminar los "elementos disruptivos" del orden de los claustros, que amenazaban a la nación toda.9
Novaro y Palermo han afirmado que luego del ámbito sindical, el segundo frente en orden de importancia para la represión fue el educativo y, en particular, la universidad.10 Desde el mismo momento del golpe, las agrupaciones estudiantiles fueron identificadas como "enemigas activas" y perseguidas sistemáticamente. El objetivo era erradicar definitivamente de este espacio la acción "disolvente" de los "elementos subversivos" y cualquier vínculo con la universidad movilizada de fines de la década de 1960 y principios de 1970. Esto se llevó a cabo a través de la represión, el disdplinamiento y el reordenamiento de las casas de estudios.11
Las acciones desarrolladas desde las FFAA y el MCE en el ámbito universitario se asentaban en un diagnóstico compartido: el ámbito educativo había sido el objetivo fundamental de las "corrientes ideológicas subversivas".12 El problema "más grave" se localizaba en la universidad debido a la edad del estudiantado y la trascendencia política de la actividad. Allí, seleccionaban entre los estudiantes cuadros políticos, gremiales y militares para desarrollar una "guerra total contra la República" y además, provocaban confusión y desorientación política e ideológica en la juventud.13
El origen de la penetración del "enemigo subversivo" en la universidad fue identificado por las autoridades del "PRN" en la Reforma de 1918 que había sido influenciada por la Revolución Bolchevique de 1917.14 A partir de entonces, los jóvenes estudiantes habían comenzado a movilizarse y politizarse, pensando que incluso podían y "debían" tener injerencia en el gobierno de las casas de altos estudios. Desde 1955, la Federación Universitaria Argentina (FUA en adelante) infiltrada por los comunistas "copó la universidad" y logró su objetivo principal: el co-gobierno tripartito. Asimismo, con la aplicación de la ley universitaria de 1958, tuvieron lugar los concursos que posibilitaron que profesores formados en el exterior que eran "dirigentes marxistas" accedieran a las cátedras.15
En 1966, con la toma del poder por parte de Juan Carlos Onganía y la instauración de una dictadura autodenominada como "Revolución Argentina", las UUNN fueron intervenidas. De este modo, se procedió al desplazamiento de algunos de los docentes "marxistas" y se puso fin al co-gobierno y la autonomía universitaria. Sin embargo, no lograron contener a los estudiantes "izquierdistas" que continuaron movilizándose. En efecto, el movimiento estudiantil fue uno de los protagonistas de las movilizaciones de masas que tuvieron lugar en diferentes ciudades argentinas entre 1969 y 1972. En 1973, con el triunfo electoral de los candidatos de identidad peronista, sostenían desde el "PRN", regresaron a los claustros dichos docentes, produciendo "la destrucción más intensa que se conoce de la Universidad, y el desarrollo del proceso de captación de jóvenes para integrar los cuadros del terrorismo (,..)".16
Según estos documentos, entre 1973 y 1975 "el terrorismo en el poder" había actuado en el área educativa a través del personal jerárquico, docente y no-docente de las instituciones junto con las organizaciones estudiantiles y gremiales de los trabajadores educativos, quienes habían difundido de diversos modos la "ideología marxista". Asimismo se había utilizado bibliografía, material de enseñanza y recursos didácticos "transmisores objetiva o subjetivamente" de dicha tradición.
Respecto de las agrupaciones estudiantiles17, desde las FFAA describían su accionar: en primer lugar, ofrecían charlas individuales sobre reclamos específicos como "comedor para los estudiantes, bibliotecas, actitudes excesivamente rigurosas de algún profesor, autonomía universitaria y/o ingreso irrestricto". Aquellos alumnos que "aceptan de buena fe" esas ideas se encontraban "listos" para el desplazamiento argumenta! hacia otros contenidos como "la universidad debe ser para los alumnos, su gobierno corresponde a los estudiantes, o por lo menos ha de ser tripartito, la universidad no debe ser solo para los hijos de los ricos, las injusticias sociales".18 Se observa la identificación de las banderas de la Reforma Universitaria como contenidos para el "adoctrinamiento subversivo" de los y las jóvenes. La última etapa consistía, sostenían, en la promoción de slogans que llamaban a la "acción directa". Para los funcionarios del régimen, una vez que el estudiante era "convenientemente motivado", perdía "su condición de tal, pues se lo sacaba de la universidad para pegar carteles en la ciudad, realizar contactos de tipo terrorista (,..)".19.
Según este diagnóstico, el accionar desde las instituciones de los mencionados "sectores marxistas" coincidió con el "movimiento de agitación estudiantil dirigido y capitalizado por las organizaciones terroristas". Las mismas "estranguiaron" todo intento de enseñar y aprender en las UUNN. Por un lado, avasallaron la "libertad de enseñar" a través de "juicios 'académicos' por 'tribunales populares'" que decretaban la expulsión "sin posibilidad de defensa" o impulsaban "renuncias forzosas". Por otro, el "derecho a aprender" del alumnado se vio limitado por "la agitación, asambleas digitadas y tumultuarias, huelgas, ocupaciones de facultades e Institutos, tiroteos y otras manifestaciones".20
Se observa que el "problema universitario" quedó subsumido al problema político-ideológico de la lucha contra la "subversión" en el ámbito de las UUNN. En el diagnóstico de la dictadura, la raíz del problema estaba en la herencia del Reformismo de 1918 que estimulaba a los jóvenes a politizarse y organizarse para formar parte del gobierno universitario. Para "neutralizar el accionar subversivo y reconstruir la Nación", se procedió a restaurar "el orden imprescindible para enseñar y aprender en paz", mediante la acción de los delegados de las FFAA y la colaboración de "civiles con alto prestigio académico".21
La UBA fue intervenida en marzo de 1976 quedando bajo el control del Capitán de Navío Edmundo Said. A los pocos meses, en agosto de ese año, se inició la etapa de gestiones a cargo de civiles pero con la designación y el control permanente del MCE y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN en adelante).22 El delegado militar condujo la "limpieza de los claustros", procedió a "cesar en funciones" al personal docente y no docente. Más de 150 investigadores, profesores, auxiliares y preceptores fueron separados de sus cargos en todas las unidades dependientes de la UBA durante los meses de la gestión de Said.23
Para los estudiantes se volvió norma la exigencia para la inscripción de un certificado de domicilio actualizado expedido por la Policía Federal y un certificado de buena conducta o antecedentes penales. Esto se combinó con la presencia constante de las fuerzas represivas en las instalaciones de toda la UBA. Los controles en los ingresos de las unidades académicas por parte de personal uniformado, en ocasiones "armados con fusiles enormes", no se interrumpieron hasta el final de la etapa. Asimismo, en todas las facultades había pequeñas "comisarías" de la Policía Federal. También, numerosos testimonios retratan la presencia de agentes "de civil". Los mismos realizaban trabajos de inteligencia y hacían un seguimiento de ciertos estudiantes.24 En lo que respecta a las víctimas de la represión en la UBA, las cifras disponibles hasta el momento indican que hubo 636 desapariciones.25
2. Contra la herencia reformista
Por una comunidad jerárquica y desmovilizada
A partir de los diagnósticos de las autoridades educativas, el sistema universitario debía ser "aseado", "reordenado" y "redimensionado".26 El proceso de reorganización se orientó para revertir los pilares fundamentales de la herencia reformista: el co-gobierno y la autonomía universitarios. Como veremos en adelante, el primero de estos puntos concentró un acuerdo casi unánime, mientras que la cuestión de la autonomía suscitó debates y tensiones entre las autoridades universitarias y las del PEN durante los primeros años de la intervención militar.
El "reordenamiento universitario" propuesto desde la cartera educativa buscaba transformar la estructura de gobierno y funcionamiento de la institución. En este sentido, el co-gobierno tripartito (igualitario o no), en tanto auto-gobierno de la institución con participación estudiantil, era una amenaza concreta ya que estimulaba la injerencia en las decisiones del estudiantado y con ello, su politización, movilización e "izquierdización".
La ley N° 21.276 "Prioridad para la normalización de las universidades nacionales" (1976) dispuso que el gobierno, la administración y la designación de autoridades de las universidades fueran ejercidos por el MCE. También quedaba facultado para resolver las situaciones "que afecten la paz, el orden interno de las universidades y su funcionamiento normal" (Art. 4) no previstas en esta ley y para disponer del cese del personal docente y directivo (Art. 10). Continuaba prohibida toda actividad de "adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial" (Art. 7). Estas disposiciones continuaron presentes (artículos 4, 57, 34, 39, 74) en la ley N° 22.207 sancionada en 1980.
Las autoridades educativas y las de la UBA rechazaron la posibilidad de que la universidad fuese gobernada por profesores y alumnos. El primer rector civil de la etapa Alberto Constantini que como veremos insistió en la necesidad de un gobierno autónomo de las universidades, sostenía que la modalidad tripartita era "una razón de desórdenes". Para el ingeniero, el gobierno de la casa de estudio debía ser normado en términos académicos y así dar expresión a los claustros para la "búsqueda mancomunada" de la solución a los "grandes problemas" de la universidad.27 Los estudiantes podrían participar, al igual que los graduados, en una proporción minoritaria. Para ello, se establecerían condiciones de idoneidad (calificaciones), evitando que el cargo de delegado estudiantil fuera utilizado con una función política. Por otro lado, afirmaba que no había que negar el pensamiento político del alumnado "siempre y cuando no se desarrolle dentro del ámbito universitario". En cambio, quienes esgrimieran "argumentos para destruir nuestro estilo de vida" debían ser desterrados de la universidad y del país. El objetivo era una universidad que borrara "definitivamente esa imagen politizada y conflictiva".28
El enfrentamiento a la "universidad reformista" cuestionaba de raíz la existencia de un demos universitario constituido por los estudiantes y que ellos tuvieran la posibilidad de participar igualitariamente en el gobierno de la institución. En tal sentido, el Sub-secretario de Educación, Eduardo Ventura afirmaba en referencia a la tradición reformista: "Queremos una Universidad y no un soviet tumultuoso de profesores, alumnos y egresados".29 El orden en el interior de los claustros de la UBA debía ser jerárquico (y cristiano, occidental y patriótico), bajo la orientación del gobierno nacional y del MCE. Estos criterios y orientaciones primaron también en el ordenamiento para la universidad sancionado en 1980. Allí se dispuso que la Asamblea Universitaria, Consejos Superiores y Académicos estarían integrados exclusivamente por las autoridades designadas por el PEN y por un número reducido de profesores elegidos por voto obligatorio y secreto de los profesores regulares de cada facultad. Por otra parte, dichas funciones jerárquicas en la universidad eran incompatibles con cargos político-partidarios o gremiales.
Los rectores porteños acordaban en el papel subordinado que los estudiantes ocupaban en la jerarquía universitaria. Si bien debían ser escuchados, no podían formar parte del gobierno universitario, incluso a pesar de estar formándose para desempeñarse como "ciudadanos y profesionales de la República".
A partir de 1978, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Rectorado y de las diferentes facultades, se promovió el contacto entre las autoridades y los alumnos para recoger sus inquietudes y problemáticas.30 El rector Lucas Lennon desarrolló una política activa de acercamiento y diálogo con los alumnos. Se organizaron encuentros entre el rector e ingresantes y estudiantes de cada facultad (aquellos con los mejores promedios).31 Afirmaba que era sumamente importante el "diálogo" con los jóvenes estudiantes (los "alumnos distinguidos") para que ellos acercaran sus pareceres, preocupaciones, molestias y demás cuestiones que para el estamento estudiantil pudieran ser relevantes. Sostenía la necesidad de tener esas conversaciones "respetuosas, responsables y amables" como parte fundamental de su política en la UBA.
Este diálogo, por supuesto, no significaba efectiva participación política, los estudiantes ocupaban un rol de discípulos en la comunidad jerarquizada que era la universidad para las autoridades del momento. Para el mismo rector, la juventud era el principal "destinatario" de la obra que estaban desarrollando. Los objetivos de la educación superior solo se lograrían con "orden" fruto de "la convivencia armónica y respetuosa de los diferentes estamentos que componen la comunidad universitaria, por esencia jerarquizada" donde los docentes forman y los estudiantes "reciben" el conocimiento.32 Se postuló una idea de estudiante "apolítico" y, sobretodo, que no se movilizara para modificar alguna situación, tampoco para manifestar apoyo a las autoridades. "La política" (el cogobierno, la actividad de las agrupaciones estudiantiles, la actividad gremial de los trabajadores e incluso la actividad partidaria de los docentes) continuó siendo considerada como la causante de los conflictos y los desórdenes institucionales. Lennon sostenía que los estudiantes no debían participar del gobierno pero sí de la vida universitaria.
Esta perspectiva compartida también se cristalizó en la nueva ley universitaria en el artículo 36. El nuevo estatuto de la UBA (aprobado por el PEN en 1981) reglamentó que en cada facultad debían organizarse dependencias para promover la "participación estudiantil" de modo de prepararlos para su "integración responsable en la comunidad nacional". Así, se lograría orientar "sus aptitudes culturales, sociales y cívicas" a partir de actividades artísticas, deportivas y recreativas. Estas dependencias, además, debían posibilitar la canalización de las inquietudes, sugerencias y peticiones de los alumnos, y funcionar como instancias de información de aquellos asuntos estudiantiles tales como orientación vocacional, ayudas económicas, bolsas de trabajo, etc.33 La participación que tenían permitida los estudiantes era estrictamente recreativa y, exclusivamente, por los medios y espacios organizados y controlados por las autoridades.
En ese marco, se destacó el impulso y el respaldo de los decanatos para la creación de revistas o gacetillas estudiantiles. En general, estas experiencias se concentraron durante los últimos años de la etapa dictatorial cuando comenzaban a circular mayor cantidad de materiales elaborados por estudiantes y agrupaciones estudiantiles que no apoyaban la intervención.34 Las autoridades sostenían que con estos espacios y la producción de materiales se buscaba incrementar la comunicación entre el alumnado y las autoridades.35 En las Ciencias Exactas, este boletín era elaborado desde el Área de Cultura de la Secretaría con participación estudiantil y contenía notas científicas, de divulgación, de historia, de interés general e informaciones sobre las actividades de la facultad y la universidad.36
En Ciencias Económicas encontramos una expresión más temprana, con constancia y efectos trascendentes en la vida estudiantil. En noviembre de 1980 se publicó el primer número de la revista estudiantil Base Cero37, contando entre otras notas con unas palabras de estímulo a la iniciativa del propio decano Licciardo (quien participó con colaboraciones escritas en otros números también). La revista, vale destacar, también contaba con la adhesión del Colegio de Graduados y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Mientras que su cuerpo de redacción se componía por estudiantes de las carreras de la facultad, su Cuerpo Asesor estaba integrado por cuatro docentes de la casa que tenían funciones de gestión también. Cada edición (seis números hasta diciembre de 1982) contenía notas sobre temáticas de economía, administración y contaduría, tanto teóricas como de coyuntura. En general las mismas eran escritas por docentes y profesionales del área, pero también había materiales elaborados por estudiantes, fundamentalmente entrevistas. En esa sección, sobresalieron las notas al Ministro de Educación Burundarena; el Secretario de Asuntos Estudiantiles de la universidad; al coordinador del Departamento de Cultura de la Facultad; a periodistas de los principales medios de comunicación a nivel nacional; a economistas destacados; al presidente del Colegio de Graduados, entre otros. También había sección cultural, de humor y deportiva, así como también espacios que retrataban e ironizaban sobre los rasgos de la vida universitaria de dicha facultad. Asimismo, se informaba sobre diversas reglamentaciones administrativas, tales como las condiciones de ingreso para cada año y del arancela- miento de los cursos, actividades académicas y culturales, etc. A lo largo de los números, se fueron planteando como el espacio para la participación estudiantil, para acercarle propuestas y problemáticas para que las autoridades solucionen, contraponiéndose a la militancia estudiantil de los años setenta.
Este fenómeno es de suma relevancia, sobre todo si consideramos que la elaboración de revistas por parte de los estudiantes fue una de las iniciativas "desde abajo" más relevante en las facultades hasta una mayor rearticulación del movimiento estudiantil a partir de la Guerra de Malvinas (primer semestre de 1982). Las autoridades crearon espacios de expresión estudiantil coordinados y orientados por ellas para contrarrestar las actividades de los estudiantes que tempranamente (1978) comenzaban a reunirse para hacer lo propio de manera independiente, clandestina e ilegal. Vale destacar que a pesar de la aparición de esos materiales oficiales, las revistas estudiantiles continuaron siendo elaboradas y difundidas.
Las autoridades universitarias también fomentaron espacios de recreación estudiantil para la realización de actividades culturales y la práctica deportiva. Estos elementos eran considerados centrales para la "formación humanista integral" de los jóvenes estudiantes. Respecto de las actividades culturales, las Memorias de la universidad describen una cantidad no despreciable de eventos, actuaciones, talleres sobre diferentes disciplinas, cursos de idiomas, muestras, concierto, conformaciones de coro y grupos de teatro por facultad que tuvieron lugar en las diferentes facultades y escuelas dependientes del rectorado.38
El estímulo del deporte también tomó relevancia en el contexto de una política tendiente a lograr el "desarrollo armonioso y pleno de la personalidad y el carácter".39 Laura Luciani40 ha señalado la importancia de la práctica deportiva en el ideal de juventud que proponían las FFAA. Las autoridades jerarquizaron su lugar en la institución y promovieron clases de diferentes disciplinas y también, competencias inter-facultades y universidades.41 El rector Lennon señaló que su gestión había presenciado los más altos índices de participación estudiantil en actividades deportivas subrayando que los estudiantes habían dado una respuesta disciplinada. Si bien el acceso a las clases era arancelado y exclusivo para los alumnos de las facultades42, las Memorias de la UBA dan cuenta de una numerosa asistencia y una activa participación en las competencias. Desde las Direcciones de Deportes de las áreas de Asuntos Estudiantiles del rectorado se organizaban torneos de las más variadas disciplinas deportivas, y se fomentaba la participación en torneos inter-facultades e inter-universidades.43
Las reuniones con los jóvenes ingresantes o estudiantes sobresalientes y las actividades culturales, recreativas, deportivas organizadas desde las facultades y el rectorado nos dan muestras de una política activa hacia el estudiantado. No es posible simplificar que la búsqueda por la despolitización de dicho claustro supuso un total silenciamiento e inactividad. La búsqueda de constituir un estudiantado desmovilizado incluyó estrategias que fueron desde la represión legal e ilegal, el endurecimiento de los reglamentos disciplinarios conjugado con una vigilancia continua de la vida universitaria, hasta un conjunto de medidas a partir de las cuales estos jóvenes actores pudieran canalizar demandas e inquietudes. Estos espacios estaban regulados y supervisados por las autoridades.44
Y una comunidad subordinada también
Como mencionamos al inicio del presente apartado, mientras que la modalidad de gobierno de las universidades encontró acuerdo entre rectores y ministros, el problema de la autonomía universitaria conllevó ciertos debates. De este modo, el recambio acelerado de los primeros rectores civiles interventores en la UBA estuvo vinculado con las diferencias que surgieron entre estos y las autoridades nacionales, tanto de la cartera educativa como de la Junta de Gobierno.
Tales fueron los casos de Alberto Constantini y Luis Cabral, quienes señalaron la necesidad de preservar cierta autonomía respecto de la administración de las casas de estudio. Esta demanda contradecía uno de los pilares de la propuesta dictatorial para la universidad: la subordinación total de las casas de estudio respecto del PEN. Es interesante abordar estas disputas sobre la transformación de las casas de altos estudios en tanto nos permiten apreciar la heterogeneidad del régimen dictatorial y de la existencia de matices y concepciones diferentes entre los actores relevantes de la aplicación de la política universitaria.45
Alberto Constantini fue el sucesor del delegado militar Said, desde agosto de 1976. Según sostuvo, en el proceso de "reconstrucción de las aulas" y la jerarquía académica de la UBA, la libertad (de expresión, de investigación y creación en la cátedra) sería central.46 Para él, la fuerza de la Universidad residía en su independencia y autonomía. De este modo, aspiraba a que "(...) el proceso de reorganización y normalización culmine en el reconocimiento y vigencia de ese principio (...) que es el carácter esencial de la institución."47 Al respecto era tajante, tan pronto como fuera superada la "amenaza subversiva" había que "normalizar la universidad".
Este punto no era coincidente con el planteo ministerial. El ministro Ricardo Bruera aclaró inmediatamente que se concebía "(...) a la universidad y a su autonomía como elementos que pueden y deben integrarse dentro de una concepción de la política nacional y consecuentemente de la política educativa" en tanto planeamiento global que organizaba a las instituciones de "modo coherente con el desarrollo nacional".48 La cuestión de la autonomía se constituyó como una disputa profunda entre Bruera y Constantini. Mientras la máxima autoridad educativa repudiaba un modelo universitario basado en la autonomía de las casas de estudio, para Constantini el proceso de destrucción (y caída del nivel académico) de las mismas tenía que ver con el ataque de los gobiernos a su autonomía, siendo 1945, 1966 y 1973 hitos claves del mismo.49
Las diferencias se agudizaron cuando fueron publicados los lineamientos del MCE para el nuevo "Sistema Nacional de Enseñanza Superior", donde quedaba de manifiesto que el objetivo era la centralización de las definiciones de política universitaria en el ministerio. La universidad se convertiría en una unidad de ejecución, similar a los institutos terciarios. En función de estas novedades, Constantini no dudó en reivindicar las facultades de auto-administración: "La universidad necesita indispensablemente, estructurar por sí el planeamiento general de las actividades universitarias y determinar la orientación general de la enseñanza, en función de las necesidades o requerimientos nacional, regional o local."50
Este debate no se limitó al intercambio de impresiones acerca de cómo debía concebirse a las universidades. En los hechos cuando Constantini se disponía a anunciar las nuevas condiciones de ingreso, el MCE ordenó que se detuvieran las gestiones ya que se dictaría una normativa general. El rector acordaba con la perspectiva general del "PRN" respecto del crecimiento desmedido de la matrícula de la UBA producto del ingreso irrestricto. En este sentido, coincidía en la necesidad de implantar el examen de ingreso. Sin embargo, sostenía que los criterios y condiciones así como los cupos debían fijarlos decanos y rectores.51
Las tensiones entre el rector de la máxima universidad nacional y el ministro de educación acapararon la atención de la prensa e incluso del presidente de facto Jorge Videla, quién exigió un encuentro con ambos funcionarios para homogeneizar criterios generales. A pesar de dicho acercamiento, el rector porteño no asistió a las reuniones entre los demás rectores de las UUNN y Bruera donde se fijaron el número de ingresantes por carrera, los criterios y condiciones de acceso al sistema universitario nacional. En función de dichos sucesos, Constantini presentó su renuncia. El ingeniero sostuvo que la autonomía académica y la libertad de cátedra eran pautas básicas irrenunciables, y estas orientaciones no eran compartidas por el MCE que obraba en pos de consolidar un sistema de centralización, convirtiendo a las casas de altos estudios en "simples unidades de ejecución".
El decano de la Facultad de Derecho, José Luis Cabral, fue designado como rector en reemplazo de Constantini en febrero de 1977. Al asumir sus funciones decanales, se había definido como un defensor de la libertad de cátedra y de la autonomía de la gestión universitaria, entendida como "autarquía de la universidad".52 Como rector, insistió en la necesidad que tenía la universidad de gozar de dichos principios elementales, pero que eso no implicaba que fuera una "ínsula".53
A mediados de 1978, el Ministro de Educación Catalán (reemplazante de Bruera) anunció que el sistema educativo sería reformado. Las "Pautas para la Organización Académica de las Universidades Nacionales" disponían la regio- nalización y la eliminación de las facultades y carreras superpuestas.54 Esto provocó la reacción negativa de Cabral que resolvió, junto a los decanos de la UBA, que esa institución estaba eximida de dar cumplimiento a la resolución apoyándose en la autonomía. El rector sostenía que desde la universidad porteña no podían admitir que se le impusiese el cumplimiento de normas que "solo podrían encontrar justificación si se tratara de una casa de estudios carente de la jerarquía científica y docente, de la tradición y del prestigio".55 Ante esto, Catalán acusó al rector porteño de "lesión y desconocimiento público de su autoridad" y le pidió la renuncia. Cabral se negó, entonces el ministro procedió a "limitar sus funciones", lo que equivalía en la práctica a dejarlo cesante. Ante esta polémica situación, el presidente de facto Videla le pidió la renuncia al ministro y también, despidió a Cabral.
Entendemos que estos conflictos permiten observar que para diferentes autoridades del MCE, la autonomía universitaria constituía un obstáculo para el ordenamiento y la "normalización" de los claustros, más que una meta a lograr. Los dos primeros rectores civiles de la UBA durante la etapa dictatorial, en cambio, consideraban necesario un margen de independencia académica e ideológica para la realización de las tareas de estudio, enseñanza e investigación propias de una universidad. Estas miradas contrapuestas se dieron a pesar de que ambos funcionarios interventores habían sido designados por las autoridades de la cartera educativa. En términos generales, coincidían con la necesidad de eliminar la "amenaza subversiva" en los claustros y de "redimensionar" el sistema universitario que había crecido desproporcionadamente en los años anteriores. Sin embargo, no dudaron en manifestar sus discrepancias en materia de administración y gobierno de las instituciones universitarias. Por un lado, postularon la importancia de la libertad de enseñanza e investigación, y por otro, afirmaron el papel que le correspondía a la propia "comunidad académica" (claustro profesoral) en la orientación de las asignaturas, ingresos y también en la apertura y cierre de carreras, en contraposición a los planes de creciente centralización de la política universitaria del MCE.
Estas diferencias implicaron su alejamiento del rectorado de la universidad más importante de Argentina. Desde el MCE no podía aceptarse tales discrepancias de criterios, su exposición pública y el cuestionamiento abierto y directo a los planes de "reordenamiento" y "re-dimensionamiento" del sistema universitario diagramados. Asimismo, era nocivo que dichas críticas fueran efectuadas por las máximas autoridades de una casa de estudios que tenía gran prestigio académico y protagonismo político, y concentraba la atención de la prensa nacional. La autonomía no solo representaba un obstáculo para el desarrollo de la política universitaria nacional, sino también una bandera histórica de la Reforma Universitaria. Como hemos sostenido, la "universidad reformista" era vista como el espacio que estimuló la politización estudiantil, a la vez que posibilitó la "penetración comunista".
Así, la ley 22.207 aprobada en 1980 sostenía que la universidad era una instancia administrativa del gobierno, situación que ponía en evidencia la limitación a la autonomía. Para el ex rector Constantini la dependencia era total respecto del poder político ya que las autoridades eran elegidas por el PEN.56 En debate con estas miradas, el Subsecretario de Políticas Universitarias Sergio Ventura, sostenía que la universidad era autárquica en tanto derecho administrativo, pero no autónoma como los estados soberanos. Afirmaba: "(...) no creo que después de leído el proyecto alguien que pueda pensar que interpreta los postulados de la reforma, que nació signada por la revolución rusa del 17."57 Al respecto, el rector Lennon sostenía que era un "hito histórico" que la nueva ley enterrara definitivamente la reforma.58
La ley y sus voceros explicitaban la noción de universidad que la dictadura había construido: una institución que dependía directamente del gobierno nacional con la intermediación de los funcionarios de la cartera educativa. La misma no podía ni debía elegir sus propias autoridades, aprobar su estatuto, definir sus planes de estudios y programas sin la supervisión y autorización del PEN. Se trataba no solo de una casa de estudios dependiente sino también jerárquica en la que los decanos debían responder al rector, el rector al ministro y al presidente de la nación y donde las posiciones de los demás actores universitarios tenían escasa relevancia o ninguna como era el caso de los estudiantes. La tradición reformista era borrada limitando cualquier rastro de autonomía y confirmando la eliminación del co-gobierno. Así, la universidad que buscaba dejar la dictadura era una institución de educación superior reducida en su tamaño (matrícula estudiantil, plantel docente, institutos, etc.), despolitizada y desmovilizada en la que los jóvenes argentinos concurrieran a sus aulas exclusivamente a recibir formación para desempeñarse como profesionales.
3. Un desafío a la dictadura: la recuperación y re-significación de la tradición reformista
Hacia finales de 1981, era evidente que la gestión de Roberto Viola (sucesor de Videla) no había resuelto los problemas del régimen a través de sus propuestas moderadas y de diálogo político. La cuestión económica continuó agravándose y con ella la movilización gremial continuó aumentando.59 En diciembre de ese año, Viola fue reemplazado por el Leopoldo Galtieri, representante del ala dura de las FFAA. El 30 de marzo de 1982, en la movilización "paz, pan y trabajo" convocada por la CGT-Brasil, se concentraron múltiples sectores, incluidas las agrupaciones universitarias. Fue una convocatoria sumamente numerosa y fuertemente reprimida.60 Apenas tres días más tarde, el 2 de abril de 1982, Galtieri anunció el desembarco en Puerto Argentino en las Islas del Atlántico Sur, iniciando las acciones bélicas contra Gran Bretaña.61
En la UBA, el propio inicio del conflicto implicó cambios fundamentales en la vida cotidiana de los claustros. Esto se dio en un marco de gran efervescencia y movilización social en respaldo (completo o parcial) a la intentona de recuperar las islas sureñas. Ese clima de movilización también penetró los claustros, llevándose por delante a las fuerzas de seguridad que vigilaban cada pasillo y a las autoridades universitarias que velaban por el cumplimiento absoluto de los estatutos donde la actividad política estaba prohibida. En las facultades de Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Agronomía, Medicina, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, los militantes aprovecharon la conmoción social para instalarse físicamente en las facultades con sus mesas y algunos materiales, incluso bajo la fachada de recolectar donantes de sangre para los combatientes heridos.62
Aunque la vigilancia y el control no desaparecieron63, las agrupaciones llegaron para quedarse y las autoridades no estaban "preparadas" para contener dicha efervescencia. Coincidimos con Pedrosa que la guerra resultó un disparador para la política en la universidad más allá de la posición que se adoptara frente a ella.64 Las comisiones pro centro que se reunían más o menos regularmente desde 1978 y las agrupaciones utilizaron la coyuntura para blanquear su existencia, ampliando el contacto con los estudiantes y ganando referencia entre ellos. El espacio público volvió a incluir reuniones y debates. Con el anuncio de la rendición incondicional de Argentina frente a las tropas británicas el 14 de junio de 1982, este proceso no se interrumpió sino que se profundizó. Se inició así una nueva etapa para la dictadura, la de la transición institucional signada por una crisis en múltiples niveles y una ascendente movilización, que amplió las posibilidades de los grupos opositores.65
El agotamiento del régimen, reactivó las energías creativas y las actitudes disruptivas de los jóvenes en la universidad, coincidiendo con las expectativas que concitó el proceso de apertura política. La militancia estudiantil recuperó dinamismo rápidamente y la participación se amplió considerablemente en un contexto de politización y entusiasmo por una campaña electoral que iniciaba.66
Hacia fines de 1982 las universidades se erigieron como uno de los escenarios de la protesta social.
Los servicios de inteligencia y los miembros del CRUN expresaban su preocupación ante la creciente movilización. Estos caracterizaban al accionar de las agrupaciones, federaciones y comisiones era identificado como "accionar opositor" ya que violaban la ley universitaria vigente y querían evitar su aplicación en los claustros. Además propugnaban establecer "comités de reclutamiento y agitación" para los partidos políticos, incluso alertaban sobre el accionar "subversivo" que quería recuperar "la universidad de 1973": "facultades politizadas, verdaderos cuarteles de la subversión". Un aspecto que preocupaba especialmente era la instalación del "tema participación estudiantil" ya que eso conllevaba el objetivo último de la recuperación del co-gobierno que era contrario al modelo universitario que las autoridades defendían. Frente a esto era necesario tomar medidas para proteger a la juventud y las "conquistas" del "PRN".67
En ese marco, desde el MCE y el rectorado de la UBA apuraron el paso en el proceso de "normalización".68 Con la realización de concursos docentes, se prosiguió con la conformación del claustro docente que votaría representantes para el nuevo y restringido gobierno universitario.69 El 15 de diciembre de 1982, el PEN autorizó el llamado a elecciones, integrándose así los Consejos Académicos de las facultades, el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria.70 A partir de entonces, las decisiones que antes recaían exclusivamente en el rector, pasaron a ser responsabilidad de este órgano colegiado conformado por las autoridades designadas directamente por el PEN y profesores ordinarios miembros de los Consejos Académicos de cada unidad.
Para la mayoría de sus críticos, el objetivo de los concursos era uno solo: "establecer la universidad del "Proceso" como un edificio permanente, metamorfoseando la realidad de facto en aparente legalidad."71 Éstos denunciaban el proceso de "normalización" como una "maniobra continuista" para garantizar la permanencia de los docentes amigos del régimen y así, condicionar al próximo gobierno constitucional.72 Sostenían además que se buscaba dotar de un "barniz" de legalidad y constitudonalidad a una situación que se había configurado bajo el gobierno de facto y la intervención de las casas de estudio. La FUA sostenía que la: "(...) normalización pretende garantizar el continuismo, condena a los verdaderos maestros de la juventud a que no accedan por muchos años a la docencia universitaria, y se implementan concursos docentes arbitrarios, ajenos a la participación de los claustros con la intención de perpetuar a los servidores del proceso, incluso durante el ejercicio de un futuro gobierno constitucional."73
Más allá de los escasos espacios institucionales abiertos por la dictadura para la discusión de la propuesta de ley, la circulación de la misma en los medios de comunicación abrió otros espacios que posibilitaron un interesante volumen de debate entre diferentes especialistas en materia educativa, políticos y ex funcionarios de la cartera educativa e incluso militantes estudiantiles. Estas discusiones y manifestaciones públicas se fueron multiplicando al momento del desarrollo de los concursos. Después de la finalización de la guerra de Malvinas los estudiantes avanzaron en articular cierta movilización y una de sus consignas fue la nulidad de estos concursos. El cuestionamiento a estos concursos y el "continuismo" dictatorial en la universidad sumado a la condena de la educación restrictiva y elitista se articuló en una crítica global a la política universitaria del "PRN". Dicho planteo global se cristalizó en el cuestionamiento a la ley universitaria como la expresión normativa del modelo universitario impulsado por el MCE. En ese sentido, la movilización contra los concursos docentes y la búsqueda de las autoridades de heredar una universidad "en orden, jerárquica y de acuerdo a los valores cristianos occidentales".
Asimismo, el cuestionamiento a la "normalización" como fin y a los concursos como medio incorporó el "tema de la participación estudiantil" ya que la ley establecía que el gobierno de la -UBA recaería exclusivamente sobre una minoría de profesores titulares y las autoridades designadas por el PEN. A los estudiantes les correspondía un lugar pasivo y secundario, adquiriendo enseñanzas de sus profesores y aceptando los espacios cedidos para su expresión (boletines, entrevistas, encuestas, etc.). Las agrupaciones estudiantiles exigían ser escuchadas y obtener el lugar que ellos consideraban que al claustro estudiantil le correspondía en la casa de altos estudios.
Ante la urgencia por "acomodarse" a una transición nada amigable para los adeptos al régimen, este proceso de institucionalización a través de la ley 22.207, el estatuto, los concursos y la "normalización" implicaban un objetivo, no necesariamente coherente ni mucho menos inmediato, de cristalizar y prolongar un estado de situación de los claustros lograda: la desactivación del accionar del movimiento estudiantil y de la efervescencia social radicalizada hacia la izquierda; la desvinculación entre las agrupaciones estudiantiles y la mayoría de los estudiantes; el achicamiento de las unidades académicas; y, el recorte de contenidos "apátridas, no occidentales ni cristianos". Así, se lograba la histórica meta de "enterrar" a la Reforma que proponía una universidad autónoma y co-gobernada con la participación de los estudiantes para construir una universidad jerárquica, antidemocrática, dependiente (y obediente) del poder político.
A partir de las críticas mencionadas, desde los diversos sectores políticos, se comenzaba a articular a grandes rasgos un modelo alternativo de universidad. En este marco, el rescate de la tradición reformista por una gran parte de la militancia estudiantil fue central. La autonomía y el co-gobierno con participación estudiantil eran dos de los pilares para construir una universidad democrática en la que todos los miembros de la comunidad tendrían espacio para la expresión. Solo así, afirmaban, se podría poner fin a la universidad jerárquica, autoritaria y anti-democrática de la dictadura. Observamos cómo ya para fines de 1982, el movimiento estudiantil había generado un planteo global de oposición a la dictadura en materia universitaria, y este, además se articulaba con el movimiento social y político nacional que desde diferentes sectores bregaba por el fin de la dictadura y la transición a un sistema democrático. La universidad debía ser democrática como el nuevo gobierno, atendiendo al desarrollo nacional.
La "democracia" como modelo opuesto a la "dictadura" era colocada en un lugar central del debate político nacional y en la universidad también. El ideario reformista focalizado en la modalidad de gobierno universitario funcionaba muy bien en dicha construcción discursiva, la universidad reformista/democrática era la que la dictadura había querido eliminar para construir una universidad autoritaria (represiva) y anti-popular. Entonces, el reformismo fue revalorizado por su contenido democrático a la par que las ideas de transformación radical/revolucionaria de la sociedad -y la universidad- perdía espacio entre los discursos mayoritarios de las agrupaciones estudiantiles. La transformación que se definía como urgente y necesaria era la democracia.
Vale destacar que a diferencia de los casos de Rosario y La Plata74, en Buenos Aires la movilización estudiantil no logró que el proceso de concursos docentes se detuviera ni impidió que se conformara un gobierno de una minoría profesoral y otros funcionarios simpatizantes del régimen. Sin embargo, como hemos señalado, la creciente movilización estudiantil (contra el "continuismo", el ingreso restringido, el arancel) fue la que posibilitó la reconstrucción de los centros de estudiantes a pesar de que la normativa universitaria continuaba prohibiendo todo tipo de actividad gremial o política.75
CONCLUSIÓN
A lo largo del presente artículo hemos abordado uno de los principales rasgos del proyecto universitario de la última dictadura en Argentina: su anti-reformismo. En los diagnósticos elaborados por las FFAA y las autoridades educativas, la Reforma Universitaria de 1918 es localizada como el origen del proceso de infiltración comunista en las universidades. En particular, la participación estudiantil en el gobierno universitario promovía su politización y radicalización. La universidad en tanto ente autónomo era un espacio propicio para la realización de actividades subversivas, desorientando a la juventud y extendiendo el caos social.
La universidad que se promovía desde el MCE era una institución subordinada al poder político nacional, donde este interviniera de manera directa para sanear y ordenar los claustros: aprobando contenidos, asignaturas, planes de estudio, seleccionando a las autoridades, definiendo la contratación o el despido de los docentes, así como también los criterios para ingresar en cada carrera.
A través de las diversas normativas aprobadas a lo largo de la etapa, de la intervención civil y militar de las casas de estudio, de los cambios en la estructura y el funcionamiento de la UBA, se constituyó una institución subordinada, jerárquica y antidemocrática en la que los estudiantes tenían espacios regulados para la participación en la vida universitaria pero no injerencia en los asuntos del gobierno.
Los estudiantes de la universidad dictatorial no debían (ni podían) participar de las decisiones sobre los asuntos universitarios, no podían desarrollar actividades políticas o gremiales, no podían movilizarse ni organizarse bajo formas ilegales (centros de estudiantes, agrupaciones, federaciones). La juventud universitaria podía y debía realizar actividades culturales y deportivas aprobadas y controladas por las autoridades universitarias. Allí, podían desplegar sus energías e inquietudes.
Sin embargo, como hemos desarrollado en este y otros trabajos, un sector de los estudiantes no se conformó con dichos espacios ofrecidos sino que generó redes y opciones de participación y discusión más allá de las permitidas. Cuando el clima político lo posibilitó, estas comisiones, revistas y agrupaciones volvieron a desarrollar actividades públicas en las facultades planteando una serie de críticas a la situación universitaria, que progresivamente se articularon en un cuestionamiento a la política universitaria de la dictadura. En contraposición a su modelo antidemocrático, jerárquico y subordinado al poder político, comenzaron a delinear un modelo de universidad democrática recuperando las banderas históricas del reformismo: la participación estudiantil en el co-gobierno universitario, sin miembros seleccionados por el PEN y sin la injerencia de este último en los asuntos propios de cada casa de estudio.
A partir de lo desarrollado es posible identificar dos procesos contrapuestos que se entretejen en el pasado reciente de las UUNN. Por un lado, los avances anti-reformistas de las autoridades interventoras. Por otro, la recuperación y re-significación del reformismo como orientador de la resistencia contra el modelo universitario de la dictadura. En ese sentido, es posible dejar planteadas las limitaciones y obstáculos que la militancia estudiantil le planteo al proyecto autoritario. Debemos dejar abiertos interrogantes para profundizar en los sentidos y las orientaciones con que las banderas reformistas fueron retomadas en el nuevo contexto institucional y político en el cual los proyectos de transformación radical de la sociedad fueron derrotados por el "Proceso de Reorganización Nacional".
FUENTES
Fuentes Documentales
Archivos Abiertos, Centro de Documentos "Edificio Cóndor", Ministerio de Defensa de la Nación. Poder Ejecutivo Nacional. Ley N° 21.276 "Prioridad para la normalización de las universidades nacionales", Buenos Aires, 1976.
Archivos Abiertos, Centro de Documentos "Edificio Cóndor", Ministerio de Defensa de la Nación. Poder Ejecutivo Nacional. "Bases para la intervención de las fuerzas armadas en el proceso nacional". Buenos Aires, 1976.
Archivo Histórico de la UBA. Rectorado y Secretaría de Prensa y Difusión. "Discursos, Comunicados de Prensa, de Ministros, Rectores y Decanos de la UBA." Buenos Aires, 1974-1983. Archivo Histórico de la UBA. Rectorado: Memorias de la UBA. Años 1979-1982. Buenos Aires, 19791983.
Resoluciones Rectorales, 1974-1983. Secretaría de Coordinación del Consejo Superior de la UBA.
Testimonios
Entrevistas a Claudio Spiguel, Carlos Astarita, Alberto Lettieri y Magdalena Frere (2013), realizadas por los miembros del Programa "Universidad y Dictadura" de la Cátedra Libre de DD.HH. de FFyL y disponibles para la consulta en el Centro de Documentación del mismo nombre, localizado en la sede Púan de dicha unidad académica.
Entrevistas realizadas a Andrés Delich, Eduardo, Pablo Alabarces, Patricia Berrotarán, Juan Pablo Paz, realizadas por Guadalupe Seia durante 2015. Buenos Aires.
