Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación

Freedom of the Press in Colombia: Caught between Threat and Manipulation

Juan Carlos Gómez-Giraldo¹
Juan Camilo Hernández-Rodríguez²

¹ Comunicador social y periodista. Magíster en Estudios Políticos. Doctorando en Comunicación Social, Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Director del Observatorio de Medios. Profesor Asistente, Universidad de La Sabana, Chía, Cundinamarca, Colombia. juan.gomez@unisabana.edu.co

² Comunicador social y periodista. Investigador del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, Chía, Cundinamarca, Colombia. camiloperiodista@hotmail.com

Recibido: 24/03/09. Aceptado: 11/06/09.

El presente es un análisis del estado de la libertad de prensa en Colombia tomando como punto de partida las investigaciones que ha realizado el Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana al quehacer informativo durante los últimos diez años, teniendo en cuenta los diversos riesgos que afronta el profesional colombiano en el contexto específico conflicto-ejercicio periodístico. Este recorrido histórico muestra que la libertad de prensa permanece en estado crítico, y que su evolución ha sido negativa: el periodismo está amenazado de muerte, y a los tradicionales actores armados que lo acosaban se han sumado, como factor de riesgo adicional, organismos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en algunas regiones en su contra; y los gobiernos nacional, regionales y locales —a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa— se han convertido en factor desestabilizador por medio de presiones y sutiles manipulaciones.

Palabras clave: libertad de prensa, conflicto armado, amenaza, actores del conflicto, compromiso, mapa político, mapa social, Colombia, manipulación.

Freedom of the press in Colombia is analyzed in this article, based on studies done by the Media Observatory at La Sabana University on news reporting during the last ten years. Taking into account the many risks Colombian journalists face in a specific setting that pits conflict against the exercise of journalism, this historical overview shows that freedom of the press remains in critical condition and its development has been negative. Journalism is threatened with death. Hounded by traditional armed actors, it now faces an additional risk factor posed by government security forces. Moreover, illegal groups have associated with politicians in certain regions to counter the media, and national, regional and local government administrations —which should ensure absolute respect for freedom of the press— have become a destabilizing factor through pressure and subtle manipulation.

Key words: Freedom of the press, armed conflict, threat, actors in the conflict, commitment, political map, social map, Colombia, manipulation.

Este artículo muestra una radiografía del estado de la libertad de prensa en Colombia y su evolución durante los últimos diez años, a través de las investigaciones realizadas por el Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.

En el primero de estos estudios los investigadores hicieron un seguimiento al cumplimiento del Acuerdo por la discreción, propuesta que desde la academia convocó a una revisión de las rutinas periodísticas en el cubrimiento del conflicto armado colombiano.

En la segunda investigación, y luego de entender que el cumplimiento del Acuerdo implicaba una labor pedagógica mucho más profunda en las salas de redacción, el Observatorio enfocó su esfuerzo en el estudio de las causas que impedían a los periodistas actuar según lo establecían los códigos deontológicos. Se evidenció desde entonces que la libertad de prensa en Colombia está amenazada.

A la fecha se han realizado tres mediciones (2000, 2003, 2007) que dan cuenta de una evolución del fenómeno que, efectivamente, encontró en la violencia armada el principal argumento de ataque, y que con el transcurrir de los años y la transformación del conflicto mutó a formas más sutiles pero igualmente devastadoras.

Este análisis del fenómeno está contenido en seis apartes. El primero presenta el contexto histórico del ejercicio profesional del periodismo que origina el Acuerdo por la discreción. El segundo describe la creación del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana y la manera como este grupo de investigadores hizo seguimiento al cumplimiento del Acuerdo por parte de los directores y medios firmantes. En el tercero, a raíz de los hallazgos de la primera investigación, se analizan de manera detallada los resultados de la segunda medición al Estado de la libertad de prensa en Colombia, y se establecen los primeros indicadores del riesgo al ejercicio profesional del periodismo. En el siguiente aparte se presentan los resultados de la tercera medición y se comparan los indicadores establecidos que dan cuenta de la evolución del fenómeno. El quinto aparte enfatiza su análisis en los hallazgos más importantes en las tres mediciones, región por región, con el fin de advertir riesgos que deben ser monitoreados por autoridades y organismos de derechos humanos. La última parte del artículo clasifica, según el grado de amenaza que representan, a los actores que atentan contra la libertad de prensa en Colombia.

Suele ocurrir que las sociedades y sus instituciones se encuentren poco preparadas para enfrentar los desafíos de su propia historia. A esta falencia se suman la velocidad de los acontecimientos y la imposibilidad de guardar prudente distancia con el hecho noticioso para informar oportunamente, lo que genera un vacío en una de las condiciones inherentes a la actividad periodística: la responsabilidad. Como consecuencia, los encargados de entregar información veraz y objetiva a una población expectante salen mal librados. Pues bien, ésta es la perspectiva desde la que fueron analizados los medios de comunicación colombianos durante 1998 y 1999, cuando los acontecimientos que se exponen a continuación cambiaron de manera sustancial el mapa político y social del país, y llevaron a la Universidad de La Sabana a proponer el Acuerdo por la discreción. Y aunque los que pusieron a prueba a medios y periodistas fueron muchos y muy diversos hechos, reseñaremos como ejemplo solo tres de ellos.

Julio de 1998. La televisión privada hizo su entrada triunfal al espectro de las comunicaciones en Colombia después de un largo proceso de discusión pública que había iniciado con la Constitución de 1991, y que concluyó con la adjudicación de frecuencias a las empresas Caracol y RCN para la explotación del espectro electromagnético³. Las compañías beneficiadas, propiedad de los más grandes conglomerados económicos del país —Grupo Santodomingo y Organización Ardila Lülle—, crearon una infraestructura capaz de enviar la señal de sus transmisiones a todo el territorio colombiano, y conformaron equipos de trabajo con lo más granado del talento técnico, creativo y periodístico para cumplir con el reto impuesto; la posibilidad técnica de emitir información en directo, desde el mismo lugar de los acontecimientos, concentró los esfuerzos de los directores de los programas informativos en una fuerte lucha por su respectivo posicionamiento, con miras a obtener el favor de la sintonía. En este proceso primó el afán por entregar las "últimas noticias", a expensas de la confirmación, contraste de datos y fuentes. En la misma línea de actuación entraron los directores de los pocos noticieros sobrevivientes de los canales públicos, quienes se plegaron al "síndrome de la chiva" como a una tabla de salvación.

Agosto de 1998. Andrés Pastrana Arango se posesionó como presidente de Colombia el 7 de agosto. Su política medular de gobierno: la negociación con los grupos subversivos después de acoger el denominado Mandato por la paz, iniciativa popular que obtuvo diez millones de votos y que exigía al gobierno trabajar en la búsqueda de una solución negociada al conflicto colombiano. Pastrana despejó entonces 42.000 kilómetros cuadrados y el 7 de enero de 1999 inició negociaciones en San Vicente del Caguán con las FARC, grupo guerrillero en pugna con el Estado durante cerca de 40 años.

El show de la negociación se estrenó con la silla vacía de Manuel Marulanda —máximo jefe del grupo subversivo— en el acto de instalación del proceso de paz. Los medios de comunicación, entre ellos los nuevos canales privados de televisión, desplazaron a la zona a periodistas, camarógrafos y técnicos de sus recién integradas unidades de paz para informar en directo. Así, el conflicto generalizado que vivía el país se trasladó a las salas de redacción de los medios de comunicación y generó controversia y preguntas a las que nunca se dieron respuestas: ¨Cuál debía ser el papel de los periodistas en el proceso de negociación que se iniciaba? ¨Deberían (los periodistas) limitarse al simple registro de las informaciones de los negociadores o tomar parte activa como garantes de lo acordado en la mesa de diálogos?

Una vez más quedaba en evidencia que los medios de comunicación colombianos no estaban preparados para afrontar el reto.

Enero de 1998. Más de mil personas murieron y otras cinco mil resultaron heridas como consecuencia de un terremoto que se sintió en todo el territorio colombiano el 25 de enero, y cuyos devastadores efectos destruyeron cerca de 20 municipios en los departamentos del denominado Eje Cafetero. La tragedia natural fue una oportunidad más para informar en el mismo instante de los hechos. La naciente televisión privada —sobre todo— realizó extensas transmisiones desde las ruinas de edificios y casas en los que los grupos de socorro trataban de rescatar sobrevivientes, desde las improvisadas morgues, desde hospitales y centros de salud; desde cualquier sitio en el que se pudiera captar el dramatismo del dolor humano en todo su despliegue audiovisual. Y así, y por tercera vez, los medios de comunicación quedaron en deuda con el país.

Cuanta mayor prudencia se requería de los medios, mayores los desafueros cometidos por directores, presentadores y periodistas. Paradójicamente, sin embargo, un hecho que enlutó al gremio periodístico en general supuso un giro hacia un comportamiento moderado. El 13 de agosto de ese mismo año fue asesinado en Bogotá, por sicarios pagados por el paramilitarismo, el humorista político Jaime Garzón, hombre salido de las entrañas mismas de los medios. En el cubrimiento de esta noticia no hubo primeros planos ni acoso periodístico; por el contrario, total respeto y solidaridad para con los familiares de quien es recordado por llevar algunas de las mejores caricaturizaciones de la sociedad colombiana en Zoociedad a la televisión. Sin duda, el hecho se convirtió en referente para reflexionar en torno al cubrimiento noticioso con un mínimo de principios éticos y con un alto grado de calidad y responsabilidad.

Y puesto que los medios de comunicación pueden optar por el sensacionalismo para cubrir la tragedia humana tanto como ser respetuosos con el dolor ajeno, ¨por qué entonces desbordarse en la primera opción la mayor parte del tiempo? La encrucijada en la que se hallaba el ejercicio comunicativo en Colombia, y que aparecía al plantearse esta cuestión, motivó a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana a diseñar e impulsar una propuesta para que academia y directores de medios en conjunto elaboraran un documento en el que se fijaran criterios para la transmisión de hechos violentos en Colombia.

Con el argumento "Preferimos perder una noticia antes que una vida" se discutió con los responsables de la información y se redactó un decálogo que se denominó Acuerdo por la discreción, que comprometió a los directores de medios firmantes con un tratamiento responsable, veraz y equilibrado de la información de hechos de violencia. La convocatoria contó con la acogida de 36 directores de los medios más importantes, quienes firmaron el documento de seis puntos que buscaban responder a las necesidades del proceso de construcción de la paz para los colombianos⁴ .

Observación al cumplimiento del Acuerdo por la discreción y primeras mediciones

Cuando se firman acuerdos se deja implícito el compromiso de respetar las reglas concertadas, se asume que alguien vigilará que se cumpla lo pactado y que las observaciones que surjan de este ejercicio serán tenidas en cuenta para reflexionar en positivo. De allí la creación del Observatorio de Medios, cuyo propósito es contribuir a la identificación, análisis y discusión de problemas propios de la comunicación (en sus procesos de emisión, circulación y recepción) y, sobre todo, de la manera como los medios de comunicación en Colombia cumplen la función informativa, a partir de exámenes que posibiliten construir escenarios de debate público y de reflexión académica, con espíritu crítico, independiente y propositivo⁵.

Sobre la difusión de hechos violentos

Conscientes de la responsabilidad social de nuestro oficio, los profesionales de los Medios de Comunicación de Colombia nos comprometemos con este Acuerdo por la discreción, porque queremos contribuir al logro de la paz, al respeto de la vida y a la búsqueda del bien común.

1. El cubrimiento informativo de actos violentos —ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos— será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.

2. No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.

3. Fiaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.

4. Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.

5. Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.

6. Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político. Utilizaremos expresiones que contribuyan a la convivencia entre los colombianos.

7. Preferimos perder una noticia antes que una vida.

Con la motivación del respaldo ofrecido por los medios de comunicación a la iniciativa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, el Observatorio realizó una primera investigación que consultó —a través de un cuestionario de 24 preguntas— la opinión de 200 periodistas que cubrían fuentes directamente relacionadas con el conflicto armado (orden público, proceso de paz, política y judiciales), en diez ciudades del país⁶. De los resultados de esta investigación se sacaron conclusiones que confirmaron la necesidad de fundamentar el ejercicio de la actividad profesional del periodismo colombiano en principios deontológicos tales como la responsabilidad, la veracidad y el equilibrio informativos.

Allí se confirmaron los excesos en los cuales habían incurrido los medios de comunicación en los casos aquí señalados, propiciados por la moda de la información en directo introducida por los programas informativos de los nacientes canales de televisión privada. Los periodistas entrevistados en la investigación publicada el 9 de febrero de 2000 reconocían que el síndrome de la chiva estaba vivo (94%) (gráfico 1); además, calificaron de excesiva la difusión de declaraciones de los protagonistas del conflicto armado (gráfico 2) y se mantenía —pese a los mea culpa— la presión periodística a las víctimas de la violencia y a sus familiares (gráfico 3).

La investigación encontró además varios fenómenos que alertaron no sólo a los investigadores del Observatorio de Medios, sino también a las agremiaciones periodísticas y medios de comunicación en general; el periodismo colombiano estaba amordazado por la manipulación de la información (gráfico 4) y, lo que es más grave, un porcentaje significativo de periodistas había sido o estaba siendo amenazado de muerte (gráfico 5 y 6).

Aunque organismos como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtieron del riesgo que se cernía sobre la profesión, era la primera ocasión en la que se hacía una denuncia tan contundente que recogía, no una opinión parcial, sino el sentir de los comunicadores en todas las regiones del país. De ahí que el Observatorio de Medios se interesara y adoptara entre sus líneas de investigación el monitoreo constante de la Libertad de Prensa en Colombia.

La investigación sobre el Estado de la libertad de prensa en Colombia es el fruto del esfuerzo por brindar mayores elementos de juicio desde la academia en el debate de un fenómeno que tiene tan importantes repercusiones en la salud democrática del país. El monitoreo que se inició entonces recopila los principales hallazgos obtenidos durante mediciones hechas en 2000, 2003 y 2007, y a la vez analiza el grado de evolución o retroceso que ha experimentado la libertad de prensa en Colombia durante estos años.

La mordaza impuesta al periodismo colombiano mediante amenazas de muerte se evidenció en la primera medición de la investigación del Observatorio de Medios y fue confirmada por varios organismos internacionales, entre ellos el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa⁷, el cual manifestó que entre 1979 y 1999 en Colombia fueron asesinados 118 periodistas; prácticamente un promedio de 6 comunicadores por año.

Dadas las circunstancias, y los pocos cambios evidenciados en los dos años siguientes, el Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana hizo una segunda medición del fenómeno en 2003. Para entonces, el porcentaje de periodistas amenazados se redujo con relación a la medición del año 2000 del 10 al 7% (gráfico 7 y 8), disminución que resultó poco significativa si se tiene en cuenta que el 3% diferencial podría estar representado por los periodistas asesinados durante el periodo⁸; según la Sociedad Interamericana de Prensa, entre enero de 2000 y diciembre de 2003 fueron asesinados 32 periodistas (SIP, 2008).

Los hallazgos de la segunda medición también fueron ratificados por Reporteros sin Fronteras, organización internacional que en su informe anual denunció que 45 periodistas fueron amenazados de muerte durante el 2002, entre ellos Carlos Pulgarín, reportero de El Tiempo —hoy en el exilio—, y Luis Eduardo Alfonso, para entonces periodista de Radio Meridiano del Departamento de Arauca y posteriormente asesinado por desconocidos (RSF, 2003).

Pero si el grado de vulnerabilidad del reportero era considerable, no menor resultaba la situación para los directores de medios de comunicación del país. A través de otra investigación, el Observatorio de Medios⁹ halló que el 48% de los directores estaban amenazados de muerte (gráfico 9). Evidencias de esto fueron el exilio al que se vio obligado Carlos Lozano Guillén —director del semanario Voz—, y las amenazas de muerte denunciadas por Daniel Coronel, director del informativo Noticias Uno, y por Janeth Ojeda, directora del semanario La Noticia (RSF, 2003).

La medición al estado de la libertad de prensa realizada en 2003 incluyó una variable que no había sido investigada, pero que en adelante evidenciaría la realidad del fenómeno en Colombia: ¨Cree usted que en Colombia está amenazada la libertad de prensa? Los resultados fueron contundentes: el 96% de los periodistas respondió positivamente (gráfico 10). Esta fue la voz de alarma (la de los afectados) para que el 3 de mayo de 2003 "el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, siglas en inglés) incluyera por primera vez a Colombia en la lista de los 10 peores lugares del mundo para ejercer el periodismo, al lado de Irak, Cuba, Afganistán, Vietnam, Chechenia, Gaza, Cisjordania, Eritrea y Togo. Obsérvese que entre los países citados, el único que se rige bajo un sistema de democracia liberal del tipo occidental, es el nuestro" (Velasquez, 2003).

Según los datos obtenidos en la tercera medición a la Libertad de Prensa en Colombia hecha por el Observatorio de Medios en 2007¹⁰, la percepción de la amenaza se mantuvo en niveles muy altos según se puede apreciar en el gráfico 11 (Gómez y Hernández, 2007), y el porcentaje de periodistas amenazados de muerte tuvo un leve incremento (gráfico 12). Estas cifras demuestran la precariedad de los "logros" de la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, y ratifican que entre gobierno y periodistas hay grandes diferencias a la hora de evaluar los resultados en esta materia.

Mientras que el mandatario, apoyado en la sensible disminución del número de periodistas asesinados —nueve entre enero de 2004 y diciembre de 2006—, afirmaba en Cartagena ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que Colombia "(...) es un suelo fértil para la libertad de prensa (...)" (Uribe, 2007, p. 24) el riesgo se transformó y adoptó sutiles formas de presión —no menos peligrosas—, y emergieron muchos más actores de amenaza como se evidencia en la tabla 1, en la que se registran al menos 24 de estos grupos, y donde se destaca la acción intimidatoria a la libertad de prensa por parte de organizaciones al margen de la ley (FARC 5,06%, ELN 4,55%, paramilitarismo 4,95%, narcotraficantes 4,44%) y políticos 4,03%¹¹.

La multitud de presiones que tienen que enfrentar a diario los periodistas los lleva a asumir la denominada "Ley del silencio" como mecanismo de protección, fenómeno que reconoce sin tapujos el 31% de los comunicadores entrevistados, según se registra en el gráfico 13. De acuerdo con el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos: "[...] cuando los Estados no garantizan el derecho a la vida, los periodistas tienen que elegir entre continuar poniendo en riesgo sus vidas y muchas veces las de sus familiares, o bien abandonar sus investigaciones y dejar de informar sobre determinados temas" (CIDH, 2006).

Para los fines pertinentes, los investigadores del Observatorio de Medios dividieron el país en seis zonas en las que se concentra la población colombiana y, por ende, donde está el mayor número de periodistas y medios de comunicación, según se puede apreciar en el mapa 1. De acuerdo con la distribución y con los resultados de la medición realizada por el Observatorio en 2003, las regiones Atlántica, Oriental y Central eran las más amenazadas; en ese momento el 100% de la muestra objeto de estudio advirtió sobre esa vulnerabilidad. En 2007, si bien los porcentajes tuvieron una leve disminución en las regiones señaladas, 89, 89 y 87% respectivamente, pasa al primer lugar de riesgo la zona Occidental en la que el 91% de los periodistas manifestó su preocupación por el alto grado de peligro al que está sometida la libertad de prensa. Es necesario insistir en que los porcentajes de amenaza a este derecho fundamental son altos en todas las regiones sin excepción (ver gráficos 14 al 17 correspondientes a las cuatro zonas según medición hecha en 2007).

Es preciso iniciar el análisis en la región Occidental conformada por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo y Amazonas (mapa 1), donde el más alto porcentaje de periodistas denunció graves amenazas a la libertad de prensa en la medición del Observatorio en 2007, y donde se registraron los dos únicos asesinatos de comunicadores durante ese año. La medición realizada en 2003 ya había advertido del peligro que se gestaba en el Valle del Cauca al revelar que "Cali había sido la única de las grandes ciudades donde todos los encuestados respondieron que la libertad de prensa sí estaba amenazada" (Velázquez, 2003). Este era pues un secreto a voces; el departamento del Valle del Cauca alberga desde hace muchos años conflictos que aún no se resuelven; en la década de los noventa fue la sede de uno de los grupos más poderosos del narcotráfico, el Cartel de Cali, organización delictiva que fue reemplazada —luego de ser desvertebrada por el Gobierno— por una asociación criminal de mayores alcances, el Cartel del Norte del Valle, grupo que mutó y, como consecuencia de la Ley de Justicia y Paz, sus estructuras armadas se convirtieron en paramilitares y luego en otras emergentes bandas de peligrosos delincuentes.

En el transcurso de este proceso los comunicadores del Valle del Cauca no sólo se vieron obligados a sortear los peligros que representaba cubrir las desmovilizaciones de los paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz y las consecuentes audiencias judiciales, sino también lidiar con el nacimiento y fortalecimiento de bandas financiadas por el narcotráfico, tales como las µguilas Negras, que se dieron a la tarea de ocupar viejos territorios de dominio de grupos paramilitares reinsertados (Gómez y Hernández, 2008).

Como se advirtió, las regiones Atlántica (conformada por los departamentos de Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y La Guajira), Oriental (Boyacá, Santander, Norte de Santander y Arauca) y Central (Cundinamarca, Meta, Tolima y Huila) presentan altas tasas de vulnerabilidad según las mediciones del Observatorio de Medios en 2003 y 2007.

Las denuncias de los periodistas en estas zonas del país están fundamentadas en varias evidencias: en primer lugar, éstos fueron territorios en los que se presentó el 59% de los casos de asesinatos a periodistas durante el periodo comprendido entre 2000 y 2003, situación que golpeó con especial dureza a la región Oriental en la que murieron 10 comunicadores, 4 de ellos en Arauca (SIP, 2008). La alta peligrosidad de este departamento ya había sido advertida por una misión de observación conformada por representantes de varios organismos internacionales y que viajó a la zona en 2002. Una de las principales anotaciones del informe fue: "Las amenazas directas o indirectas que le han hecho a la prensa guerrillas y los paramilitares han restringido de manera considerable la posibilidad de informar con libertad". Y concluyó de manera categórica: "En Arauca ya no hay información" (FLIP, 2002). Se advierte, además, que en la zona Oriental se ubica Cúcuta, capital de Norte de Santander, ciudad que fue epicentro de atentados dinamiteros contra RCN Radio, Caracol Radio y Radio Reloj (RSF, 2003).

En la Costa Atlántica, una de las zonas de mayor influencia y penetración del paramilitarismo, se presentaron 8 muertes, la mitad de éstas en Santa Marta (SIP, 2008). Allí ejercieron el terror los bloques Central Bolívar (liderado por Rodrigo Pérez Alzate, alias "Julián Bolívar", y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias "Macaco"), Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (subordinadas a Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40"), Autodefensas del sur del Magdalena e Isla de San Fernando (lideradas por José María Barrera, alias "Chepe Barrera") y Bloque Montes de María (cuya principal cabeza fue Edwar Cobos Téllez, alias "Diego Vecino"). Y como si la presión paramilitar fuera poca cosa, el 16 de diciembre de 2002 las FARC atentaron contra las instalaciones de RCN Televisión en Valledupar (RSF, 2003).

Cabe agregar que en las regiones Atlántica y Oriental, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez instaló en agosto de 2002 sendas Zonas de Rehabilitación y Consolidación, territorios donde se decretaron "estados de excepción" que tres meses después serían declaradas inconstitucionales (Velásquez, 2003). Durante el tiempo de vigencia de estas zonas "especiales de orden público" se expidió un decreto que

obligaba a los periodistas extranjeros y a los periodistas colombianos que trabajan para medios internacionales, a pedir una autorización al Ministerio del Interior para visitar las zonas afectadas. El texto autorizaba arrestos y registros de domicilio sin mandato judicial. Las autoridades militares podían también ordenar escuchas telefónicas e interceptar correos, sólo con la autorización verbal de un juez (RSF, 2003).

La medida del gobierno Uribe no sólo fue criticada por sus contravenciones hacia la prensa; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, en julio de 2003 recordó que allí:

(...) abundaron los abusos, los desbordamientos y las intencionales omisiones; (...) las medidas de orden público adoptadas en las zonas de rehabilitación y consolidación no fueron tomadas en forma integral, ya que se concentraron en cambiar principalmente la contrainsurgencia, ignorando o soslayando el problema de la actividad paramilitar. Puede afirmarse que los grupos paramilitares lograron consolidaciones y expansiones dentro de esas zonas" (Oacnudh, 2003).

Las observaciones al gobierno Uribe por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no eran infundadas, como lo demuestra la medición del Observatorio de Medios en 2007, cuando un significativo porcentaje de periodistas de las regiones Occidental (48%), Atlántica (35%) y Oriental (32%) manifestó haber sido objeto de amenazas de muerte en algún momento del periodo de estudio.

Otra zona con alta vulnerabilidad según la investigación es la región central del país, conformada —para los efectos del estudio— por los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila y Tolima, donde fueron asesinados seis periodistas (SIP, 2008), y las FARC realizaron atentados contra Villavicencio (capital del departamento del Meta), uno de ellos con un carro bomba en una zona de diversión, y en el cual murieron 10 personas y otras 70 resultaron heridas (Verdad Colombia, 2002). Esta situación fue producto de que la zona Centro limita con la denominada Zona de Distensión establecida en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana para adelantar negociaciones de paz con el grupo subversivo (Velázquez, 2003). De nuevo los resultados de la investigación del Observatorio de Medios coinciden con la información de las autoridades sobre el número de homicidios de comunicadores ocurridos en Colombia durante el periodo 2004-2007; de un total de 11 casos, un 45% corresponde a los departamentos de la zona Atlántica (SIP, 2008).

En la tabla 2 llama la atención que las regiones que fueron declaradas Zonas de Rehabilitación y Consolidación (Oriental y Atlántica) continúen hoy como las regiones más peligrosas para el ejercicio periodístico, y que en ellas el número de actores de la amenaza se haya incrementado sustancialmente. Los periodistas que trabajan en estos departamentos son ahora víctimas, no sólo de los grupos al margen de la ley, sino también de grupos de presión que desde la legalidad coaccionan e intimidan sin piedad. Estas nuevas figuras que atentan contra la libertad de prensa, quién lo creyera, son los políticos, los gobiernos locales y regionales, los anunciantes, los directores y los dueños de los medios. Es decir: todos amenazan.

Muchos francotiradores, una sola víctima: la libertad de prensa

El fenómeno es complejo y no basta con observar lo que ocurre en una o en varias regiones del país. Aquí es necesario analizar el todo y las partes. Cuando se habla del todo, se deben mirar con detenimiento los resultados de las mediciones para el país en general y después cruzar esta información con los datos obtenidos por los investigadores en las regiones. Si bien las cifras coinciden, en las mediciones se presentan matices que pueden advertir fenómenos diferentes.

La tabla 2 puede ayudar en esta tarea.

Para efectos prácticos del análisis conviene agrupar en dos categorías fundamentales a los actores que representan el mayor riesgo a la libertad de prensa en Colombia:

Primera categoría. Conformada por organizaciones al margen de la ley: guerrillas —FARC y ELN—, paramilitares y narcotraficantes. En la medición de 2003, para el 78% de los periodistas la guerrilla representaba un alto grado de amenaza, seguida por paramilitares con el 74% y los narcotraficantes con el 62%. En la medición de 2007 conserva el primer lugar de amenaza la guerrilla de las FARC con el 77%, seguida por los paramilitares con el 72%, el ELN con el 62% y los narcotraficantes con el 60%.

Tanto los hechos como algunos organismos internacionales confirman las denuncias del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana en las mediciones de la investigación. En el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se manifestó que:

(...) las FARC y el ELN continúan rechazando el estar obligados a respetar el Derecho Internacional Humanitario. Además de seguir con el reclutamiento de menores y la comisión de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, los grupos guerrilleros han seguido colocando minas antipersonal, tomando rehenes y manteniendo personas secuestradas por largos períodos de tiempo en condiciones inhumanas (Oacnudh, 2009).

Por su parte, la región Occidental fue epicentro de dos graves atentados contra los derechos humanos que merecieron un amplio cubrimiento de los medios de comunicación: el 12 de abril de 2002, la columna Arturo Ruiz de las FARC secuestró a 12 diputados de la Asamblea del Valle —años más tarde los asesinó en la selva colombiana—. El 2 de mayo de ese mismo año este grupo insurgente perpetró la masacre de Bojayá (Chocó), donde murieron 119 personas al ser lanzado un cilindro bomba contra la iglesia del municipio en la que se había refugiado la población civil para evitar el fuego cruzado de insurgentes y paramilitares.

La investigación hecha por el Observatorio en 2007 dio un parte todavía más preocupante: las FARC son, ahora, en todas las regiones (excepto en la Occidental) el actor que lidera las amenazas sobre la libertad de prensa (Gómez y Hernández, 2008). Debido precisamente a las amenazas de este grupo, el director del informativo Seis A.M., Hoy por Hoy de la cadena básica de Caracol, Darío Arizmendi, engrosó temporalmente la lista de exiliados colombianos. Según el periodista, varias llamadas intimidantes y un atentado fallido en el último semestre fueron las causas de su salida del país junto con su familia.

Las directivas de la cadena radial respaldaron la decisión del periodista y le permitieron emitir su programa desde una de las emisoras del Grupo Prisa en el exterior. Por su parte, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ofreció una recompensa de mil millones de pesos por informaciones que permitan la captura de los autores de las amenazas (FLIP, abril de 2007).

Lo anterior recuerda que a las acciones propias del conflicto armado se debe añadir que las FARC, de acuerdo con informaciones de organizaciones que monitorean la situación de la libertad de prensa en el mundo, son responsables de las muertes de los periodistas Alfredo Abad, Guillermo León Agudelo, Pablo Emilio Parra, Héctor Sandoval, Elizabeth Obando, Juan Carlos Benavides, José Nel Muñoz y José Argemiro Mora.

Los paramilitares se consolidan como el segundo actor más peligroso para la libertad de prensa en Colombia. En la medición de 2003 fueron señalados con alta injerencia por el 76% de los periodistas de todo el país. La peligrosidad de estos grupos armados queda demostrada con los asesinatos de dos periodistas muy influyentes en sus regiones de trabajo: Orlando Sierra, subdirector y columnista del diario La Patria de Manizales, y Efraín Varela, dueño de Radio Meridiano 70 de Arauca.

En el caso de Sierra, por ejemplo, quien fue abaleado frente al periódico el 30 de enero de 2002, Luis Miguel Tabares Hernández, alias "Tilín", y Luis Arley Ortiz Orozco, alias "Pereque", fueron condenados a 28 años de cárcel por ser identificados como autores materiales del delito. Sin embargo:

Conviene tener en cuenta que no existen actualmente procesos en curso contra ningún autor intelectual del homicidio de Orlando Sierra. Lo único que ha sucedido en esta materia es que en septiembre de 2006 fue llamado a rendir versión libre el director del Partido Liberal en Caldas y ex diputado Ferney Tapasco González, señalado por algunos testigos como autor intelectual del homicidio del periodista (Uprimny y Puyana, 2008).

A este respecto, Fernando Ramírez, jefe de Redacción del diario La Patria, en una entrevista con el director del Observatorio de Medios, Juan Carlos Gómez Giraldo, aseguró que el crimen de Orlando Sierra "está impune y va a estar impune (.) pues hay muchos a quienes les interesa que el caso no se resuelva". Y aseguró también que "el problema no es de sicarios. El problema es que desde las oficinas, desde los altos círculos políticos o sociales del país se maneja el sicariato en la sociedad".

Tras el asesinato del comunicador surgió en 2002 el Proyecto Manizales como muestra de solidaridad de diversos medios del país. Las redacciones de las empresas informativas La Patria, El Diario del Huila, El Nuevo Día, El Espectador, Cambio, El Tiempo y Semana se unieron para investigar los posibles autores intelectuales de éste y otros crímenes de periodistas. Para el caso de Sierra, se llegó a la conclusión de que su asesinato fue la expresión de una peligrosa relación entre algunos políticos de la zona y el paramilitarismo.

Al adentrarse en la investigación de 2007, el equipo de trabajo del Observatorio de Medios contempló como posible conclusión (anticipada) que el nivel de obstrucción de las autodefensas descendería considerablemente por el proceso de desmovilización y de reinserción iniciado en 2003 dentro de la Ley de Justicia y Paz. No obstante, en la medición de 2007 el indicador se mantuvo en los niveles anteriores; para el 72% de los periodistas consultados los paramilitares representaban una alta amenaza a la libertad de prensa. El hallazgo contradice el exitoso balance que presentó el Gobierno Nacional y sólo confirma que "las presiones de este grupo ilegal tienen ahora diversas manifestaciones. Por una parte, los periodistas son atemorizados por los grupos que nunca se reinsertaron o por aquellas bandas emergentes nacidas luego del proceso, como es el caso de las µguilas negras" (Gómez y Hernández, 2008). Incluso en las audiencias públicas de juicio a los paramilitares se pudo establecer que las muertes de los comunicadores José Emeterio Rivas y Martín La Rotta Duarte también estaban vinculadas al accionar paramilitar.

En esta categoría aparecen por último los narcotraficantes, señalados por el 61,5% de los periodistas como actores de alta peligrosidad. Cabe destacar que hay especial preocupación por el accionar de estos grupos en Bogotá y en la Región Occidental (ver mapa 1), zonas de importancia estratégica para el tráfico de drogas. En la primera, dado el tamaño de la economía de la capital del país, ésta será siempre atractiva como principal centro de inversiones y de lavado; así pues, durante los últimos meses se ha convertido en el cementerio de los muertos que deja el ajuste de cuentas de los carteles. Y en la segunda, en el Valle del Cauca la dinámica de la violencia se genera por dos fenómenos: la confrontación de las estructuras mafiosas y la influencia de los actores armados ilegales.

El Cauca, por su parte, se ha configurado como un territorio importante en la movilización de la guerrilla, ya que allí convergen corredores entre la Amazonia y el Océano Pacífico. La zona del Pacífico es primordial para el tráfico de armas y de droga. Una de las características de este departamento es la relación entre el crecimiento de cultivos ilícitos y la expansión de los grupos armados ilegales, según la Vicepresidencia de la República (PNUD, n. d).

Segunda categoría. Integrada por los gobiernos nacional, regional y local, y los organismos de seguridad del Estado, actores sobre los cuales bien vale centrar la atención en algunos aspectos. Los comunicadores colombianos señalan que el Gobierno Nacional representa una amenaza intermedia a la libertad de prensa. Y es que, a diferencia de otros gobiernos, el presidente Álvaro Uribe Vélez se ha embarcado en situaciones conflictivas con varios periodistas que le han merecido, en repetidas ocasiones, llamados de atención a la cordura de parte de organizaciones como Human Rights Watch. Al respecto, en 2004 el Observatorio de Medios y el Círculo de Periodistas de Bogotá evaluaron la relación existente entre el presidente y los medios de comunicación colombianos: el 50% de los directores entrevistados aseguraron que no consideraban correcta la forma en que el presidente intervenía en las plazas mediáticas: "Demasiado protagonismo", afirmaron algunos; "Mucha imagen y mucho despliegue pero pocas soluciones", aseguraron otros. Así mismo, la encuesta reveló que representantes del mandatario habían ejercido presiones a los directores de medios, aunque los casos eran menores (15%) (Torres y Velásquez, 2004).

En cuanto a las salidas de tono presidenciales, una de las más recordadas fue tal vez aquella en la que el presidente reclamó en tono airado al director de la revista Semana, Alejandro Santos, la publicación de informaciones sobre la infiltración del paramilitarismo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En una entrevista concedida por el mandatario a Noticias RCN, el 11 de abril de 2006, en la cual participó el director de la revista, afirmó entre otros apartes: "[...] aquí no estamos en un juego de muñecas. Estamos en una cosa muy seria, que la debería entender el doctor Alejandro Santos, en lugar de continuar con publicaciones graciosas y frívolas, haciendo daño a la legitimidad institucional (...)". Y agregó el presidente Uribe que: "(.) un Gobierno que ha dado de baja a 1.632 paramilitares no puede permitir que el atrevimiento periodístico irresponsable y faltando a la verdad ponga en duda su legitimidad" (Gómez y Hernández, 2008).

A la amenaza representada por el Gobierno Nacional se suma la protagonizada por los gobiernos regionales y locales, los cuales y, según la medición del Observatorio en 2007, registran una intensidad media del 39%. De hecho, las muertes de los periodistas Juan Camilo Restrepo, Orlando Sierra, Jaime Rengifo, William Soto, Julio Hernando Palacios, Gustavo Rojas y Javier Darío Arroyave pudieron estar relacionadas con investigaciones que realizaban en sus regiones sobre hechos de corrupción política. Con referencia al caso de este último, la FLIP ha señalado:

Arroyave fue víctima de una obstrucción a su labor por parte del entonces alcalde de Cartago, Luis Alberto Castro, hoy en día destituido. En esa oportunidad Castro congeló los contratos de pauta publicitaria al programa Cómo les parece, que dirigía Arroyave, y se negó a conceder entrevistas a los periodistas de ese espacio" (FLIP, 2007, p. 45).

Finalmente, en esta segunda categoría es preciso mencionar el grado de amenaza que representan los organismos de seguridad del Estado. Los periodistas han coincidido en otorgar en las investigaciones de 2003 y 2007 una calificación media del 46%. De acuerdo con el estudio de 2003, el Ejército Nacional era el organismo que mayor presión ejercía (28%) para que, en ocasiones, no se publicara cierto tipo de informaciones, seguido de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ambos con un 24%. La encuesta aplicada en 2007, por su parte, reveló la siguiente distribución de la amenaza, en este caso de nivel medio, entre los organismos de seguridad del Estado: Policía Nacional (55%), Ejército Nacional (52%), DAS (45%), Armada Nacional (41%) y Fuerza Aérea (35%).

Este recorrido histórico por las investigaciones del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana muestra que en Colombia la libertad de prensa permanece en estado crítico, y que su evolución ha sido negativa durante los últimos diez años. Un alto porcentaje de periodistas está amenazado de muerte; a los tradicionales actores armados que amenazaban (guerrilla y paramilitares) se han sumado, como factor de riesgo, organismos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en algunas regiones para asesinar y amenazar al periodismo; y los gobiernos nacional, regionales y locales a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa, se convirtieron en factor desestabilizador del ejercicio periodístico por medio de presiones y sutiles manipulaciones.

Actualmente, el Estado produce y procesa la información y acorrala¹² a los periodistas limitándolos a informar a través de comunicados de prensa que construyen la "verdad" de los hechos. En otras circunstancias, cuando el manejo de la información noticiosa amerita el establecimiento de normas claras para todas las víctimas del conflicto armado sin excepción (caso concreto de los secuestrados), el gobierno ha fabricado un doble juego que pone al descubierto elementos que atentan contra la libertad de prensa. Véase como claro ejemplo que tras el éxito de una operación militar los ex rehenes de la guerrilla son presentados sin restricción ante los medios como protagonistas de un show, mientras que en otros casos el mismo gobierno argumenta la necesidad de establecer un protocolo emanado del Ministerio de la Protección Social para preservar la salud mental de las víctimas del plagio, con el fin de mantener a raya a los periodistas.

La situación es preocupante, más aún si se tiene en cuenta que desde las altas esferas del gobierno se desestiman las denuncias de los comunicadores en todas las regiones, con el recurso de impactar a la opinión pública nacional e internacional mostrando cifras que dan cuenta de la disminución de los asesinatos durante los últimos años, con la única intención de poner punto final a una discusión que tiene mucho más de largo y ancho.

³ La televisión privada en Colombia se crea mediante el Acuerdo 023 del 26 de junio de 1997, y la Audiencia pública de adjudicación de las frecuencias se realizó el 24 de noviembre de 1997.

⁴ Para conocer el listado completo de los directores y medios firmantes del Acuerdo por la Discreción se puede consultar la siguiente dirección electrónica del Observatorio de Medios: http://sabanet.unisabana.edu.co/comunicacion/observatorio2006/acuerdo.htm

⁵ Para profundizar en la información sobre los aspectos fundacionales del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, consultar la página web: http://sabanet.unisabana.edu.co/comunicacion/observatorio2006/quienes.htm

⁶ El equipo investigador del Observatorio de Medios, integrado por 10 profesores de la Facultad de Comunicación, realizó 200 entrevistas a periodistas cuyas fuentes están inmersas directamente en el conflicto armado en Colombia en 10 ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Armenia y Popayán), del 1° al 8 de febrero de 2000. Las entrevistas fueron personales o telefónicas, y su proporción está directamente relacionada con el número de periodistas por medio y por ciudad. La identidad de los entrevistados se mantuvo en reserva para dar mayor confiabilidad a las respuestas y por ende a los resultados.

⁷ Otros organismos sustentan los hallazgos del Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa. De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre 1988 y 2007 han asesinado 122 periodistas en Colombia. Así mismo, una investigación de la Defensoría del Pueblo registró, durante 1977 y 1995, 108 periodistas asesinados.

⁸ Para cumplir con los objetivos de la investigación, el equipo de trabajo del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, mediante un cuestionario estructurado dirigido a periodistas que cubren el conflicto armado colombiano a través de unidades de paz, derechos humanos, política y orden público, realizó del 20 al 31 de enero 200 entrevistas telefónicas en 24 ciudades del país (Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo, Cali, Popayán, Pasto, Quibdó, Florencia, Leticia, Bucaramanga, Cúcuta, Arauca, Barrancabermeja, Neiva, Ibagué y Villavicencio).

⁹ La investigación consultó a 31 de los 36 directores firmantes del Acuerdo por la Discreción, y a 17 directores de medios no firmantes del Acuerdo, cuyas actividades informativas son adelantadas en zonas donde el conflicto armado es más agudo. Para el primer grupo (directores de medios firmantes del Acuerdo) es prácticamente un censo, mientras que para el segundo, una muestra no representativa que permite establecer la tendencia de las variables consultadas. Para el último caso fueron entrevistados telefónicamente directores de 11 ciudades (Neiva, Leticia, Yopal, San José del Guaviare, Florencia, Villavicencio, Barrancabermeja, Mocoa, Arauca, Puerto Carreño y Pasto). Los directores firmantes del Acuerdo se concentran principalmente en Bogotá, pero la consulta telefónica se realizó también en Medellín, Pereira, Manizales, Popayán, Barranquilla, Neiva y Barrancabermeja, ciudades donde tienen sede algunos de los medios firmantes del Acuerdo. La recopilación de la información se realizó del 9 al 15 de mayo de 2000 por parte de un equipo de observadores integrado por 10 profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.

¹⁰ Para cumplir con los objetivos de la investigación, el equipo de trabajo del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, mediante un cuestionario estructurado dirigido a periodistas que cubren el conflicto armado colombiano a través de unidades de paz, derechos humanos, política y orden público, realizó del 1 al 30 de septiembre de 2007, 235 entrevistas telefónicas en 29 ciudades del país (Bogotá, Medellín, Envigado, Urabá, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Montería, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Cali, Tuluá, Buenaventura, Florencia, Leticia, Popayán, Pasto, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Barrancabermeja, Arauca, Neiva, Ibagué y Villavicencio).

¹¹ Estos porcentajes corresponden a la evaluación hecha por parte de los periodistas entrevistados en la medición de 2007, del grado de amenaza que representaba cada uno de los actores señalados en la escala de uno a seis, siendo uno el más bajo nivel y seis el más alto. Los resultados de esta investigación pueden ser consultados en: sabanet.unisabana.edu.co/comunicación/observatorio2006/centrallibertad.htm.

¹² Se usa el término "acorrala" para hacer referencia al espacio en el que deben permanecer los periodistas que cubren la información del Palacio de Nariño, mientras esperan los comunicados oficiales; éste es denominado "corral" por los funcionarios del alto gobierno.

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