La democracia como sistema político está inevitablemente anclada al principio de la deliberación pública, es decir, el valor de la comunicación para la discusión, definición y gestión del consenso y el disenso en el espacio público. Históricamente, los regímenes democráticos se fueron cimentando sobre bases y principios axiológicos que privilegiaban la razón sobre la tradición, la igualdad sobre la exclusión y la libertad sobre la opresión.

La defensa de esos valores ha recaído sobre distintos sectores sociales y así mismo han sido atacados por otros sectores que ven vulnerados sus propios valores al ser interpelados por discursos que promueven la apertura democrática en lo político, económico, social, cultural y, más recientemente, en el ámbito religioso, la identidad de género e, incluso, en el campo del lenguaje y sus cuestionamientos como elemento de desigualdad de género, poder y espacio dentro de la sociedad.

En los últimos años hemos visto cómo de manera progresiva los discursos extremistas de carácter antidemocráticos, que no son exclusivos de una “orilla ideológica”, han ganado cada vez más espacio dentro de sociedades que históricamente habían sido caracterizadas por sostener regímenes democráticos. Gran parte de Europa, a raíz de las migraciones y la crisis económica, ha visto el ascenso de movimientos políticos impulsados por la xenofobia. Estados Unidos tiene en el poder a Donald Trump, secundado por un fuerte y amplio sentimiento nacionalista y sus consecuencias para los migrantes, las minorías sexuales y grupos sociales culturalmente particulares.

América Latina, después de experimentar el llamado “giro a la izquierda”, viene dando un giro en sentido contrario, salvo excepciones como López Obrador, en México, o los gobiernos sucesivos del Frente Amplio en Uruguay.

El punto más alto de esta trasformación es la reciente elección de Jair Bolsonaro como presidente del país mas grande de América del Sur, Brasil. Lo que más preocupa de este giro democrático, en el sentido procedimental del concepto, es que precisamente el discurso político que fundamenta este pensamiento, que empieza a tomar espacio en otros países, va en contra de los valores históricamente plasmados en los valores democráticos.

En medio de este panorama, es preocupante, por cierto, el vacío que pareciera existir en el espacio público en torno a la defensa de dichos principios, lo que es aún más grave cuando los referentes institucionales de la democracia (gobiernos, partidos, medios de comunicación, entre otros) tienen altos niveles de desconfianza dentro de la ciudadanía. Esta última parece a la deriva, actuando de forma inconexa, con demandas particularistas e, incluso, a veces adoptando prácticas y discursos igualmente antidemocráticos para conseguir sus reivindicaciones.

Es útil preguntarse en este punto sobre el estado de cosas. Si la academia o los académicos, de forma consciente y organizada, pueden tener un mayor impacto y, sobre todo, un mayor compromiso sobre la comprensión que pueden tener los ciudadanos de su realidad, sus formas de acción y los efectos que el retroceso de la democracia puede tener sobre su vida, sus derechos y aspiraciones. Esto último, más allá de su realidad cotidiana, que igualmente cada vez parece ser más desesperanzadora, como lo muestran los permanentes brotes de indignación, descontento y desigualdad a lo largo de la región.

Reconociendo aún la prevalencia de los conglomerados mediático-empresariales en la construcción social de la realidad, los cuales enmarcan estas disonancias/descontentos como una amenaza a la estabilidad democrática, es necesario entrar a explorar esfuerzos en el ámbito de la educación y la comunicación, más específicamente en el ámbito de la construcción de cultura democrática, labor que otrora podría ser asumida por los medios como un deber y que es claro hoy en día no es concebida como tal.

Más allá de pensar en una militancia política de los académicos, que no está del todo mal (incluso en muchos casos es natural y consustancial a su naturaleza social y política), el llamado es a volver a la defensa de unos principios democráticos dentro del espacio público, que en unos casos, más que en otros, representan un consenso progresivo frente a una serie de derechos, garantías, libertades y espacios de deliberación. Estos están siendo atacados en muchos países como Brasil, Venezuela y Filipinas y pareciera que más allá de algunos gritos que encuentran algún eco, otros esfuerzos de sectores sociales empoderados en torno a causas particulares, como género, religión, raza e identidad, y la aparición de algunos académicos en espacios mediáticos de opinión, aún no existe un esfuerzo mancomunado por hacer frente a las amenazas antidemocráticas, desde la perspectiva de la comunicación pública, con el cual se podrían construir referentes propios para comprender las transformaciones que están sufriendo nuestros sistemas políticos y sociales y cómo estos cambios están afectando la vida de todos los ciudadanos.

Siempre es importante tener una academia activa en estos espacios, pues generan conocimiento frente a la realidad y sus transformaciones. Sobre todo cuando se involucra en los debates relevantes dentro del espacio público y especialmente cuando aparece en la defensa de los valores que han edificado sociedades más justas, equitativas y libres. Es momento de rescatar el valor de las instituciones educativas, los académicos y los investigadores dentro de la sociedad. Hacer esto requiere una reconexión que debería darse permanente y activamente, del mundo académico con el mundo social y político.

Cuando las instituciones tradicionales, los partidos, los líderes políticos y los medios de comunicación no tienen respuestas o, peor aún, van en contra de nuestros derechos, libertades y garantías, es necesario que aparezcan otros actores sociales que traten de brindar certezas y referentes de acción y entendimiento, en la medida de lo posible.

El ecosistema mediático brinda la posibilidad para poder coexistir, confrontar y cuestionar esas estructuras, sin que eso sea visto como un desequilibrio. Todo lo contrario, lo que se debe buscar es recuperar los valores democráticos y profundizarlos. Esto no debe ser percibido como militancia ni ideologización de la educación y la comunicación pública, mejor puede verse como un compromiso con unos principios que puedan llevar a nuestros pueblos a una vida más justa. La peor derrota es el conformismo, el creer que las cosas son así y no deben cambiar. De ser de esa manera, no viviríamos en el mundo de hoy tal como lo conocemos con sus virtudes y defectos. La academia como último vestigio de pensamiento crítico debería servir como referente de posibilidades utópicas, no como una institucionalidad conformista, inconexa, sin sentido ni compromiso social.