Introducción

Más de medio siglo de confrontación armada entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los gobiernos colombianos finalizó en 2016, con la firma de un acuerdo de paz después de cuatro años de difíciles negociaciones. El tratado establece un conjunto de compromisos bilaterales en torno al desarrollo agrario, la participación política, el fin del levantamiento en armas, el problema de las drogas ilícitas, la reparación de las víctimas y el mecanismo de refrendación nacional de los acuerdos. Estos compromisos pretenden desactivar las causas sociales de un conflicto armado interno, cuyo saldo se estima en una cifra superior a los ocho millones de víctimas (^{Red Nacional de Información [RNI], 2017}), principalmente de los sectores más vulnerables de la sociedad civil.

Las partes acordaron que el mecanismo de refrendación de los acuerdos sería la consulta popular a través de un plebiscito. El 2 de octubre de 2016, el 37,43 % de los colombianos participaron respondiendo Sí o No a la pregunta “¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?” El 50,21 % de los votantes rechazaron el acuerdo, mientras que el 49,78 % respondieron positivamente (^{Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016}). Frente a este resultado adverso, las partes propusieron una segunda versión del acuerdo, que incluiría los reparos hechos por los sectores que votaron No en el plebiscito. Este acuerdo definitivo fue refrendado por el Congreso de la República, el 30 de noviembre de 2016; ratificación que permitiría iniciar la implementación de los compromisos firmados por los representantes de las FARC y del Estado colombiano.

A lo largo de todo este proceso de finalización del conflicto armado interno, se fue consolidando un sector de oposición política al acuerdo de paz, que lideró en diferentes momentos el control a los actores de la negociación y las críticas a los compromisos adquiridos por el Estado. Gran parte de esta fuerza de oposición se concentró en el partido político denominado Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y con parlamentarios activos en el Congreso de la República.

En este trabajo, propongo analizar la disputa pública sostenida por una representante del Centro Democrático con un representante de un partido contradictor, a propósito de dos posiciones opuestas sobre la implementación del acuerdo de paz referido.

Soporte teórico

Inscribo este trabajo en el campo de los estudios emergentes de la argumentación, en que algunos autores abordan las disputas públicas como “discursos erísticos” (^{Gauthier, 2012}; ^{Jackiewicz, 2017}; ^{Olave, 2018}; ^{Reygadas, 2015}, p. 457). La argumentación erística cumple cuatro funciones que fundamentarían su inclusión en este campo de estudios: a) una función epifánica o de catarsis de un conflicto, b) una función de autodefensa contra los falsos razonamientos y sus trucos (heredada del trabajo clásico de ^{Schopenhauer [1830/2011]} y de ^{Kotarbinski [1963}]), c) una función crítica refutativa o de aprendizaje de lo previamente ignorado y de construcción de acuerdos más hondos y d) una función política que aspira a revertir una relación injusta, de dominación y abuso de poder (^{Reygadas, 2015}, pp. 457-523). El término erística es rescatado, principalmente, de la herencia aristotélica (^{Aristóteles, 1991}) con el sentido de contienda o lucha verbal que desborda las regulaciones de la dialéctica y los ideales de la discusión racional, pero también proviene de una larga tradición desde la epopeya y el mundo mítico griego (^{Olave, 2018}).

Desde una perspectiva retórica contemporánea, uno de los aspectos más destacados de la metáfora de la lucha física en las relaciones erísticas verbales es el papel del auditorio. En efecto, ^{Angenot (2013, p. 335)} apunta que este tipo de disputa “es un espectáculo que supone un público cruel, que no es exigente sobre los medios sino que le interesan los golpes y ver que alguno de los contendientes -el que sea- caiga a tierra”. En este sentido, el destinatario de los combatientes no es el contradictor, sino el público que asiste a la lucha.

En esta misma perspectiva, el denominado análisis del discurso polémico (^{Montero, 2016}) viene conformando un área creciente de estudio inscrita o ligada directamente con teorías francesas de la argumentación. Estas visiones avanzan en dirección a una retórica centrada en la funcionalidad social del disenso y de la interincomprensión entre personas o grupos (^{Maingueneau, 1983}), pero no como formas dogmáticas de la discusión ni como desviaciones (sorderas) del diálogo (^{Angenot, 2008}). En esta línea, algunos autores como ^{Amossy (2014}, ²⁰¹⁷), ^{Kock (2007}, ²⁰⁰⁹) y ^{Plantin (2003}, ²⁰¹¹, ²⁰¹²) se proponen abordar la polémica como fenómenos comunicativos en que es necesario desplazar el problema del “convencer al otro” por el de “coexistir en la diferencia”.

Estas perspectivas discursivas tienen soporte en el modelo del “pluralismo agonista”, proveniente de la filosofía política en clave posestructuralista (^{Laclau y Mouffe, 1987}; ^{Marchart, 2007}). Su aporte teórico principal es un intento de proporcionar instituciones políticas que, sin erradicar el conflicto, sean capaces de garantizar la coexistencia en la diferencia radical. ^{Mouffe (2000)} propone reconocer el vínculo indisociable entre antagonismo y agonismo, aceptar el conflicto como esencia de lo político y radicalizar las instituciones democráticas liberales para que garanticen la pluralidad y organicen la emergencia de los múltiples disensos. Así, este modelo de democracia aspiraría a que los contradictores políticos no se vieran entre sí como enemigos por exterminar, sino como adversarios en permanente desacuerdo.

Esta perspectiva desplaza la aspiración al consenso e inclusive a una ética erística, por la apertura de espacios que transmuten la violencia física en catarsis verbal y en que el disenso pueda explotar sin dañar físicamente al otro. El centro de las cuestiones sigue siendo vivir juntos que, desde esta perspectiva del discurso, se canaliza propiamente en el uso de la lengua. Como bien lo señala ^{Montero (2016, pp. 10-12)}, la afirmación de la alteridad constitutiva del lenguaje abonó desde muy temprano el terreno para los estudios de la polémica en él . Esa alteridad esencial del lenguaje devino hipótesis de trabajo sobre el carácter constitutivo de lo polémico en las diferentes reflexiones aparecidas desde la década de los ochenta; en ese sentido, la analogía entre la polémica y lo polémico con la cuestión de la política y lo político es perfectamente posible (^{Marchart, 2007}; ^{Mouffe, 2000}; ^{Rosanvallon, 2002}): “En la medida en que el criterio asociativo/disociativo de lo político es un criterio fundante, lo polémico le es co-sustancial. En suma, todo lo político es polémico y, recíprocamente, todo lo polémico es político” (^{Montero, 2016}, p. 14).

La especificidad de la erística en los estudios del discurso polémico radica en poner el foco en los modos a través de los cuales se hace permanecer la diferencia, se prolonga el conflicto y se profundiza en las acciones de fuerza hasta el borde que limita con el abismo de las agresiones físicas.

El escenario de la disputa analizada se ubica en el fenómeno de la convergencia multimedia de los medios de comunicación tradicionales y particularmente de la radio (^{Cebrián, 2001}; ^{Soengas, 2013}), lo que ha permitido ampliar su formato hacia lo audiovisual. Esa convergencia también la ha conminado a adaptarse a las posibilidades de la multimodalidad (imagen, sonido y texto simultáneos) y la hipertextualidad (enlazamiento y acceso directo a otros textos) para la interactividad con las audiencias, las que cuentan con herramientas múltiples (llamada telefónica, videollamada, botones de valoración, generación de trending topics, interacción en redes sociales, etc.) para mostrar públicamente sus reacciones en tiempo real frente al contenido que el programa les ofrece.

En este marco, el programa de debates de W Radio ofrece retransmisión audiovisual en redes sociales, a través de Facebook Live, que incorpora la emisión en directo y las reacciones de los usuarios de esa red social digital. Este sistema ha impactado la producción, circulación y recepción de los contenidos periodísticos, así como la composición de sus géneros tradicionales (^{Pulido y Sánchez, 2017}, pp. 85-102), especialmente por la incorporación activa de las audiencias y la ampliación espaciotemporal de la difusión de los contenidos. Esta característica abona a la mayor difusión del programa radial, al romper la espaciotemporalidad inmediata de la emisión; hasta la fecha actual, el video del debate analizado cuenta con 7576 comentarios en Facebook y 1736 en YouTube, lo cual indica cuantitativamente la atención obtenida por parte de los usuarios de estas redes sociales.

El diseño del programa sigue el perfil general del debate político entre dos participantes, convocados por la emisora de acuerdo con sus filiaciones partidarias e ideológicas contrapuestas, pero con condiciones similares en cuanto a su rol político institucional (parlamentarios del Congreso de la República) y su visibilidad pública (figuras reconocidas en el ámbito por su trayectoria y militancia). Esa selección refuerza la expectativa genérico-discursiva de la contienda y el despliegue de puntos de vista opuestos; precisamente, en esa controversia esperada y posiblemente crispada, se deposita la esperanza de captación de la tribuna de las redes sociales y el consumo del producto radial en streaming.

El programa radial tuvo la restricción del tiempo de transmisión en vivo, dentro de la parrilla diaria de la emisora, pero no se impusieron explícitamente tiempos de intervención a los participantes. La moderadora principal, una periodista reconocida en el medio de opinión, propuso la siguiente pregunta para estructurar la discusión: “Dijo el expresidente Álvaro Uribe que, si el uribismo gana las elecciones presidenciales de 2018, el nuevo presidente cambiaría los acuerdos con las FARC. ¿Es posible?” (0:10-0:30).

Metodología

Propongo abordar la disputa pública en cuestión desde una perspectiva interpretativa interdisciplinar como una práctica analítica que relaciona materiales textuales auténticos con saberes referidos al campo en que han sido producidos (^{Arnoux, 2006}). En el mismo sentido, sigo los “principios del análisis de las interacciones verbales” o “análisis del discurso en interacción” (^{Kerbrat-Orecchioni, 2007}) que privilegia el uso de datos naturales, la selección pertinente de los elementos contextuales y el posicionamiento del analista como “archiinterpretante”, quien opera a partir de la descripción rigurosa de las unidades semióticas (verbales, paraverbales y no verbales) que componen sincréticamente la textualidad de la interacción (^{Kerbrat-Orecchioni, 2010}, p. 45).

El corpus lo constituye el video de un debate radial retransmitido audiovisualmente en redes sociales el 22 de junio de 2017 y disponible en la página web de la emisora W Radio, programa Cuadrilátero de la W. La grabación se extiende durante 48:34 minutos y fue procesada a través de segmentación, transcripción y anotación, con ayuda del software ELAN 5.0.

La transcripción fue de carácter cerrado (^{Jenks, 2011}, pp. 12-13), focalizada en la disputa entre los actores. Se acogieron convenciones provenientes de las tres principales tradiciones en análisis de la conversación (CA, GAT y SBS, según ^{Jenks, 2011}, p. 115) (véase anexo).

Las fases analíticas del proceso se desarrollaron como sigue: primero, se distinguió el objeto principal de la discordia y su aparición, de manera intermitente, pero predominante, o largo del programa radial. Segundo, se focalizaron las interrupciones y los solapamientos como indicios de segmentos en que el diálogo cooperativo y la gestión de turnos son transgredidos, desviados o redimensionados conflictivamente. Tercero, se tradujeron las acciones verbales y paraverbales como modos del ataque y la defensa en torno a la orientación de la opinión pública. Y cuarto, se reconstruyó la producción de sentidos políticos en estos tramos de disputa y sus relaciones con el problema de vencer y ser vencido en el escenario público.

Resultados

La discordia entre los diputados tuvo como trasfondo el problema de la representación de un sector amplio del país que negaba la legitimidad política del acuerdo de paz firmado con las FARC. La crisis general de la representación democrática en las sociedades contemporáneas, leída como deterioro de la confianza en las instituciones y en su capacidad de interpretar las demandas de los ciudadanos (^{Rosanvallon, 2007}, pp. 21-38), conduce a la construcción de la legitimidad política como un objeto de discordia.

Se entiende aquí la legitimidad política en un orden retórico de conducción de la creencia pública, esto es, inscrita en la arena de las luchas entre representantes de intereses políticos y constitutiva de una discordia que los distancia entre sí, pero que también los aproxima para el combate. Esta introducción de la legitimidad política en el régimen de la lucha no borra su existencia por fuera de la arena, donde puede verse como sujeción y adecuación a un cierto orden normativo o de valores (^{Weber, 1922/1979}, p. 26), como reconocimiento de la racionalidad argumentativa y moral de ese orden (Habermas, 1981, p. 249), como obedecimiento a un poder y una asimetría debidamente autojustificados (^{Ferrero, 1998}, p. 181) o como formas contingentes de aprehensión del imperativo democrático de expresión de la generalidad social (^{Rosanvallon, 2009}, p. 27). No obstante, bajo los imperativos del combate verbal, la legitimidad política pierde su estatus óntico y se convierte en un objeto que representa el premio para el contendiente más fuerte. Pasamos aquí, de una visión de legitimidades en disputa, en el espacio extrínseco del orden político en que coexisten diferentes fuentes de legitimación que compiten entre ellas (^{Zarka, 2010}), a una mirada intrínseca y específica de las formas en que se disputa la posesión de lo políticamente legítimo.

El problema aproxima la legitimidad a la orientación de la opinión pública. Como lo plantea ^{Quiroga (2013, p. 69)}, esta última constituye una fuente de legitimidad democrática en el escenario de lo público, signado por la presencia permanente de los medios masivos de comunicación y las redes sociales virtuales, lo que la hace, además, “una legitimidad más volátil, una especie de legitimidad intermitente” fundada sobre opiniones efímeras, que funge como juez y destinatario de las decisiones gubernamentales. En este sentido, la legitimidad democrática y la opinión pública terminan siendo codependientes: la conquista de la segunda es la condición de existencia de la primera, y en correspondencia, la opinión pública es defendida desde la legitimidad del objeto al que se adhiere:

La legitimidad democrática produce un movimiento de adhesión de los ciudadanos indisociable de una sensación de valorización de ellos mismos. Condiciona la eficacia de la acción pública y al mismo tiempo determina la manera en que perciben la cualidad democrática del país en el que viven. (^{Rosanvallon, 2009}, p. 32)

Lo más interesante de esta relación entre opinión pública y legitimidad política es que a la primera suele invocársele como la fuente de donde proviene la fuerza que se utiliza en los escenarios de la contienda (electoral, parlamentaria, colectiva civil, sindical, etc.). Así, la denominada fuerza de opinión es empleada en la lucha que libra cada contrincante por mostrarse como el portavoz de las mayorías.

En este terreno de la representación democrática, la lucha se libra en torno al rechazo o la aceptación de la implementación del acuerdo de paz, según se lo conciba como un producto políticamente legítimo o ilegítimo, de acuerdo con las siguientes premisas, que arriban a la pretensión de modificarlo, por un lado, o de ejecutar sus disposiciones, por el otro (tabla 1).

Tabla 1. Premisas enfrentadas sobre el acuerdo de paz 

Fuente: elaboración propia.

En torno a estos datos, de lado y lado, se construyen argumentos y contraargumentos en diferentes momentos de la discusión transmitida. No es del interés de este trabajo describir ni evaluar el contenido de esos razonamientos argumentativos, sino reconstruir los modos de la disputa que aparecen en ellos y que llegan a desplazar la argumentación formal en algunos tramos. Sostengo que es en esas interacciones en que las reglas del debate ceden a los imperativos del combate y, por tanto, las acciones verbales y no verbales adquieren la forma de ataques y defensas con el propósito de ganar la razón, esto es, obtener o retener el objeto de la discordia. En este caso, la forma de ese trofeo es la legitimidad o ilegitimidad del acuerdo de paz.

La lucha por ese trofeo se libra en el frente de la representación democrática, en que los diputados combaten en nombre de los sectores sociales que aseguran defender, desde su pertenencia a partidos políticos, pero también por fuera de esas agremiaciones, invocando la representación de la voluntad popular:

0:35-0:58 / 4:59-5:46

El argumento de la diputada se construye sobre la base de la indignación del vencedor que denuncia que le han arrebatado su victoria. El triunfo del rechazo al acuerdo de paz, con los resultados del plebiscito refrendatorio del 2 de octubre de 2016, no se tradujo en la anulación de los compromisos adquiridos por el Estado y las FARC durante cuatro años de negociaciones. La iniciativa de refrendar por voto popular el acuerdo firmado no contó con la posibilidad de perder en las urnas, y al toparse con esta realidad, tuvo que enfrentar el triunfo de la oposición y su empoderamiento como el sector ganador, que reclamaría el derecho a modificar el acuerdo, posteriormente al proceso de paz adelantado y aun sin ser parte de la mesa de negociaciones.

La figura del vencedor aquí fue definitiva para reclamar un ejercicio de poder que había estado agazapado, traducido en oposición política y contenido por las reglas de juego del sistema presidencial de gobierno. Ganar implica reclamar el triunfo, pero, si no es claro desde antes de la competencia qué es lo que se puede ganar, la forma de la victoria la determina justamente aquel que logre ganar; en este caso, la confianza del Gobierno en el voto afirmativo para el acuerdo de paz dejó vacío el espacio de una victoria del voto negativo y, con ello, permitió que la oposición lo llenara a su conveniencia. Mientras que el Gobierno afirmaba que el escenario de la victoria del No era impensable, porque llevaría al fracaso del proceso de paz (según el representante gubernamental en la mesa de conversaciones¹) e inclusive a la reanudación recrudecida de la guerra (según el propio presidente de la república),² la oposición capitalizó ese escenario como una oportunidad de reorientación necesaria del acuerdo por una paz “sin impunidad” y que evitaría dejar “a Colombia bajo conducción de las FARC” (^{Uribe Vélez, 2016}).

Dado que las consecuencias del triunfo del No siempre fueron políticamente impredecibles, aunque jurídicamente reguladas (^{Semana, 2016}), la búsqueda de una posterior refrendación sin acudir al voto popular, sino a la aprobación del Congreso, le dio más armas a la oposición para afincar la idea de que el acuerdo era ilegítimo, por haber sido rechazado en las urnas. Ese mecanismo refrendatorio, que jurídicamente resultaba legal, desde el punto de vista político atizó la animadversión contra el proceso de paz y fue incorporada en la lucha como indignación frente a una acción tramposa y autoritaria del Gobierno para desconocer el triunfo de la voluntad popular. Es esa la táctica de la diputada para reclamar el triunfo no reconocido en nombre de una mayoría indignada; los énfasis paraverbales marcados en la cita (énfasis, alargamientos, deletreos y tonemas ascendentes) recaban en la cólera del sujeto engañado y en el reclamo en voz alta del premio de la victoria ya obtenida.

Inflamar y conducir el resentimiento, como emoción usualmente política e inclinada hacia la reparación de la justicia (^{Nussbaum, 2013}, p. 342), desplaza la elaboración argumentativa por la denuncia de la trampa y el reclamo de la víctima de ese engaño. Esencialmente reactivo contra una realidad que se percibe como injusticia, el resentimiento político activa una escala de valores (^{Danblon, 2005}, p. 162), en la cual quien se presenta como víctima queda redimido por su propia condición de doliente. Como señala ^{Angenot (1994, p. 6)}, estar sujeto al poder ejercido por otro y ser impotente ante él es precisamente lo que eleva la moral del resentido y lo autoriza como superior al agresor. En este caso, será el factor de representatividad del colectivo el punto débil que aprovechará el diputado para contraatacar el embate de su rival. La táctica consistirá en poner en duda la unidad de esa representación, al confrontar dos posiciones disímiles dentro del mismo partido de oposición (Centro Democrático), frente al acuerdo de paz: reconocer su legitimidad, o por el contrario, desconocerlo y “hacerlo trizas”:

7:32-7:54

El tramo resaltado (6-11) corresponde al momento de tensión entre los participantes, caracterizado por las interrupciones de ambos lados (-), la lucha por sostener el turno de habla y la aparición de solapamientos problemáticos (^{Liddicoat, 2007}, p. 87), es decir, no cooperativos.³ El contraste entre el predomino de los tonemas descendentes (diputado) y ascendentes (diputada) permite asociarlos con cada posición en pugna: él los utiliza para sentenciar y cerrar la discusión a través del tono asertivo y de la reiteración, mientras que la diputada eleva las entonaciones finales para negar y objetar las palabras de su contradictor, también con reiteraciones vehementes. El trabajo con los énfasis (acentos en las palabras subrayadas y alargamientos silábicos) tiene correspondencia también con esos usos prosódicos que enfrentan la objeción a la aserción.

El diputado insiste en revelar una división interna en el partido opositor en referencia al reconocimiento o no del acuerdo de paz, pero, además, enfrenta a la diputada contra la posición de su jefe de partido, el expresidente Uribe, de manera que la animadversión contra el acuerdo parezca una posición aislada o desviada (ver los énfasis subrayados) de los lineamientos centrales partidarios, lo cual debilitaría la fuerza de representación de la diputada. El ataque de su contradictor consiste en asentar la idea de que el partido opositor reconoce voluntariamente los acuerdos, a través de la explicación dicotómica de las “dos tendencias” internas: la jerarquización de la opinión del líder y el uso de las reiteraciones. La reacción a este asalto introduce un solapamiento vehemente justo en el momento en que se insiste en el “respeto” al acuerdo: en vez de respetar, es reformular y rediseñar, aclara la diputada haciendo énfasis prosódicos en los usos verbales y en la calificación de los acuerdos como “adefesio”.

La lucha por la legitimidad del acuerdo, como objeto de discordia, en varios tramos de la interacción, se concentra en la capacidad de los contendientes de aislar al otro para atacarlo como individuo y no como representante de un colectivo. El respaldo de sus representados es, precisamente, lo que fortalece su decir como una opinión pública producto de un sentir masificado. En la arena política, en la amplitud de esa representatividad, radica la fuerza de acción, tanto para el ataque como para la defensa; a nivel partidario resulta fundamental, pues la fuerza de unidad se traduce en los niveles de cohesión interna, los mismos que el diputado pone en cuestión para aislar a su oponente:

6:20-6:44

La segunda intervención con solapamiento del diputado (6-7) remarca el desacuerdo interno del partido opositor, ataque que se apuntala en la risa sostenida y en el sarcasmo introducido en el siguiente solapamiento (7-9). La diputada cede ante las provocaciones e interrumpe dos veces su intervención (6 y 9) para ripostar las burlas del diputado. En el contraataque, ella devuelve el golpe sobre la fragmentación interna del partido rechazando (6-7) el unanimismo del Partido Comunista -con el cual simpatizaría el diputado… y asimilándolo al Partido Nazi (9-10). La defensa se ha convertido velozmente en un ataque, para neutralizar el embate contra la cohesión interna del partido opositor.

La agresividad en las interpelaciones del diputado es indirecta y discreta, no solo por abrirse paso a través de interrupciones en voz baja y por usar sarcásticamente la invitación (“Yo la invito a que se pongan de acuerdo”) y la pregunta dubitativa (“¿o sí es el Nazi?”), sino, sobre todo, por la presencia de la risa, sostenida durante el intercambio (6-10) y contrastada con la molestia evidente de la diputada. La risa/sonrisa permite desactivar la seriedad o la agresividad de lo dicho por el oponente y, con ello, dominar el momento de la lucha. Sostener la sonrisa demuestra que se tiene la fuerza suficiente para rechazar la provocación del enemigo: la potencia de su ataque resulta inofensiva.

El trabajo político de la risa y la sonrisa no termina en la expresión de emocionalidades tradicionalmente percibidas como positivas, desde la psicología social, ni en la cooperación cortés entre los participantes al construir interacciones dialogales, como suele estudiarse desde el análisis de la conversación (^{Ruusuvuori, 2013}, p. 346). ^{Sandré (2011)} ha mostrado que la risa/sonrisa es explotada estratégicamente por los políticos en interacciones polémicas, asignándole funciones tanto consensuales como divergentes y obteniendo efectos de atenuación, amplificación y revelación. El que sonríe más se beneficia de la imagen de simpatía y cercanía con el auditorio que aquel que tiende a aparecer más adusto en la interacción polémica, lo cual es reforzado por la necesidad de seducir al público, en el caso de los debates mediatizados.

Basado en el caso concreto de la lucha entre los diputados, es posible pensar que la risa y la sonrisa contribuyen poderosamente a la construcción de una agresividad discreta, esto es, al movimiento ofensivo que evita conscientemente transgredir las formas corteses, usándolas como una envoltura o armadura que, a su vez, le permite al atacante desplegar su fuerza con menor riesgo de ser denunciado públicamente como violento. En el mismo sentido y dentro del contexto de los debates electorales entre candidatos presidenciales, ^{Fracchiolla (2008, pp. 502-504)} y ^{Kerbrat-Orecchionni (2016, p. 91)} han encontrado que el “ataque cortés” es un acto de lenguaje indirecto y estratégico presente de manera regular en ese tipo de escenarios, sostenido por las restricciones y coerciones de cortesía, propias del género y del perfil de los participantes. En la interacción analizada, los diputados hacen menos énfasis en el uso de fórmulas corteses para encubrir sus ataques que en la discreción o cuidado de la mesura al emprender la ofensiva; propósito dentro del cual aparece la risa/sonrisa como neutralizador de la agresión y la persistencia en las aclaraciones, en favor de las posiciones defendidas por cada participante:

9:50-10:14 1

El esfuerzo del diputado por remarcar el reconocimiento del acuerdo de paz por parte de la oposición depende de su capacidad de hacer decir o hacer aceptar a los otros lo mismo que él sostiene y que resalta tanto verbal como paraverbalmente. La discusión ha llegado a un punto muerto, pues la diputada no está dispuesta a conceder ese reconocimiento y, por el contrario, sonríe para rechazar esa concesión pretendida y acusar al enemigo de querer ganar a toda costa. La evidencia de este impase lleva a la moderadora a intervenir para destrabar el bloqueo, deshacer el clinch⁴ y restarle importancia a la expresión disputada, en medio de las vacilaciones y el triple solapamiento de las voces. El árbitro trata de conciliar introduciendo su opinión y poniéndose como garante de la palabra autorizada del tercero invocado, el líder de la oposición. La concesión final al diputado es resistida por la diputada, con lo cual la conciliación evidentemente fracasa; ninguno de los contrincantes ha cedido.

El énfasis en los resultados del plebiscito redujo la lógica electoral en torno a la paz del país al esquema de vencedores contra vencidos: ganó el No al acuerdo, pero esa victoria no fue reconocida sino eludida por el Gobierno, de ahí que la diputada considere ilegítima su implementación.

Es la disputa por el significado de la victoria lo que estructura la discusión y lo que les permite a los diputados atacar o atrincherarse. Para la oposición, se trata de haber ganado el derecho a imponer las condiciones para un nuevo proceso de negociación con las FARC; para el defensor del acuerdo alcanzado, en cambio, la victoria del sector del No ya fue reconocida en la reformulación del texto definitivo que aprobó el Congreso de la República. Los diputados no buscan deshacer este desacuerdo, sino más bien garantizar que permanezca, ante el auditorio. No hay aquí opción de ceder. En esta medida, la interacción analizada es más lucha que diálogo y más combate que debate; se trata aquí del predominio de los trabajos de fuerza orientados a derribar (o parecer que se derriba) y no ser derribado (o simular que no se ha caído en la arena).

Estas tareas de simulación de la victoria, nucleares en la argumentación erística (^{Aristóteles, 1991}; ^{Olave, 2018}), se explican por la relevancia del auditorio en el desarrollo de la lucha. En el siguiente tramo, por ejemplo, la discordia se orienta hacia la solidaridad con el campesinado y su victimización estratégica en cada discurso:

38:05-38:54

La diputada sostiene que los campesinos son víctimas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) controladas o infiltradas por las guerrillas, mientras que el diputado la acusa de criminalizar a esas ONG y, por extensión, al campesinado que las conforma o protege. Al asumirse como portavoces, los diputados suben el tono de la discusión en nombre de la indignación y la solidaridad con ese sector vulnerable; se juega aquí la legitimidad de representación, tanto de ellos mismos y de sus partidos como de las organizaciones campesinas que, en el discurso de la diputada, quedan bajo sospecha de encubrir a las guerrillas. Los golpes y contragolpes se alternan debajo de los solapamientos en la interacción; al desagregarlos, se obtienen los siguientes pares de acción-reacción:

(1) petición de respeto ↔ rechazo; → (2) exigencia probatoria ↔ apariencia probatoria; → (3) burla ↔ reclamo; → (4) reclamo ↔ imputación solidaria.

La dinámica erística pone en tensión las fuerzas de cada actividad de habla y las encadena en el orden de la lucha; las flechas dobles permiten ver las relaciones de fuerza; y las flechas de continuidad, los encadenamientos entre interacciones tensionadas. En (1) el rechazo de la petición se basa en la presentación de los campesinos como guerrilleros que “reclutan niños”, afirmación en que la diputada hace mayor énfasis. La transición hacia (2) es, entonces, una reacción a ese énfasis, a través de la cual el diputado exige responsabilizarse de las imputaciones con evidencia probatoria. El paso hacia (3) se enfoca en el reforzamiento de la imputación y el simulacro de las pruebas, en el tramo en que la diputada sube más la voz e insiste en el énfasis puesto en el reclutamiento de menores. La reacción del diputado introduce la burla descalificadora frente a la acusación de bloquear el proceso judicial que permitiría demostrar su denuncia. Así, la transición de (3) a (4) es un intercambio de reclamos que pasan de la defensa al ataque en la voz de ambos contendientes: cada uno denuncia que el enemigo usa el aparato judicial para sus propios intereses. La interacción se cierra parcialmente con la búsqueda de representación política de los campesinos como víctimas por parte de la diputada; su última exclamación (“¡pobrecitos!”) es, por el momento, la prueba de haber ganado la lucha a través de una imputación en nombre de su solidaridad con las víctimas.

La criminalización de las organizaciones campesinas se basa en la premisa de que las FARC las ha cooptado para escudarse en su legalidad y delinquir impunemente. Ante la dificultad de probar esa acusación, la diputada utiliza como arma el tema aberrante del reclutamiento de menores como parte de esos delitos ocultados; imputación que el diputado no intenta negar, pero sí rechazar. La disputa se enardece alrededor de ese problema aún no resuelto en el acuerdo de paz, pues las FARC han buscado justificaciones para presentar esa práctica como excepcionalidades o daños colaterales de la guerra (^{Olave, 2017}, pp. 613-614), mientras que la sociedad civil ha encontrado en ella uno de los principales obstáculos para aceptar la reinserción de las FARC y el propio acuerdo de paz. En efecto, como se ha diagnosticado en los estudios del conflicto armado colombiano, los delitos que comprometen la integridad física y moral de los niños son percibidos como los más infames (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013, pp. 84-87; ^{Springer, 2012}, p. 8); las confrontaciones por la implementación del acuerdo de paz encuentran en este tipo de temas una táctica para exhortar al castigo innegociable de los victimarios y para bloquear las políticas de amnistía y reconciliación después del conflicto.

La base de esos puntos más frágiles del acuerdo, y por tanto de su implementación en Colombia, es la apelación a principios morales innegociables. Esos principios actúan como medios de distanciamiento que utilizan los contendientes para mantener o profundizar la distancia entre sí, por un lado, y para sectorizar los grupos sociales a favor y en contra de la moral que defienden, por otro. En la moral reclamada, en este sentido, se generan las actitudes y los juicios que separan a los interlocutores en dos bandos opuestos desde los cuales se atacan y se defienden. El caso del reclutamiento de menores, entre otros, constituye la violación de un principio moral que, en la voz de la oposición, traduce el acuerdo de paz en impunidad y su implementación en revictimización de los más vulnerables.

Conclusión

En este artículo, se propuso el análisis de un conjunto de intercambios verbales entre dos políticos colombianos en un programa radial de debates con retransmisión en vivo. El foco del estudio fue la disputa agresiva entre los participantes en torno a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en 2016. Los ejemplos ofrecidos en los resultados no agotan el análisis de la disputa por la representación de los colectivos, sino que destacan algunas tácticas de combate desplegadas alrededor de la legitimidad del acuerdo, como objeto de discordia, y de la idea política de representación democrática como campo de batalla. En este terreno, se mostró que la aceptación y el rechazo de las premisas sobre la legitimidad/ilegitimidad del acuerdo de paz determinó las formas del ataque y la defensa entre los diputados en pugna.

Con la firma del tratado de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016, los partidos políticos y los sectores sociales representados radicalizaron sus posiciones favorables y desfavorables. Después de esa firma y de las dificultades que encontró el Gobierno para llevar a cabo una refrendación popular del acuerdo, la oposición supo hacer escuchar sus demandas y bloquear la implementación de lo acordado.

Las discordias entre esos sectores han sido llevadas al escenario de los debates públicos mediatizados. El periodismo de opinión ha explotado las posibilidades recientes de transmisión en vivo para las redes sociales virtuales, reciclando géneros radiales tradicionales como el debate y adaptándolos a las particularidades de estas nuevas audiencias; en especial, al interés por la transmisión de imágenes y opinión de la audiencia en tiempo real. En este texto, se propuso el análisis de un debate retransmitido bajo esas condiciones, entre dos diputados pertenecientes a colectividades políticas y sociales en abierta oposición, a propósito de la pregunta por la implementación del acuerdo de paz con o sin modificaciones.

La aproximación a esta disputa no se interesó por determinar -por fuera de lo que aseguren los contendientes- cuál es el mejor argumento, quién tiene la razón, cómo coexistir en la diferencia o cómo se pueden vehiculizar consensos. Esos esfuerzos evaluativos e inclusive prescriptivos sobre las disputas públicas y la argumentación misma, si bien interesantes, no agotan la comprensión de las disputas públicas como interacciones con múltiples tramos en los cuales las reglas del debate ceden a los imperativos del combate. Las características espaciotemporales del escenario del combate (mediatización, participación y retransmisión en vivo), así como las especificidades del evento y de sus contendientes, condicionan el desarrollo de la lucha, el uso de los arsenales y el despliegue de las acciones verbales.

El análisis del caso de los parlamentarios en confrontación permitió abordar un tipo de disputa caracterizado por las exigencias de la interacción cara a cara, en la cual las demostraciones de fuerza tienen un alto grado de improvisación y de urgencia. Las limitaciones para la planeación de ataques y defensas verbales conducen a intercambios ágiles, reacciones vehementes y movidas predominantemente intuitivas en los tramos de mayor tensión.

En esta disputa de los parlamentarios sobre la implementación del acuerdo de paz, los arsenales verbales y paraverbales movilizados en las tácticas hicieron que la lucha fuera dominada por una agresividad discreta: una forma de ataque indirecto que atrinchera la agresión detrás de la discreción, evitando transgredir fórmulas corteses, lo que permite el despliegue de la fuerza y la reducción del riesgo de ser señalado públicamente como el sujeto violento. Esta forma de agresión se transparenta en la recurrencia de diferentes recursos verbales, paraverbales y no verbales, que aparecen utilizados en las movidas de ataque, defensa y clinch (o bloqueo mutuo en tensión); las principales son la conservación de las fórmulas corteses de tratamiento, el encadenamiento de negaciones, la entonación aseverativa a través de tonemas descendentes, los énfasis prosódicos en lexemas clave de contestación enérgica, el control del volumen de la voz, preferiblemente bajo, y los usos políticos de la risa/sonrisa.

La agresividad discreta es un signo de la ampliación de la “corrección política” en la conformación normativa del espacio público, desde sus instituciones reguladoras y bajo la pretensión de realizar cambios sociales a partir de cambios en las prácticas discursivas (^{Fairclough, 2009}, pp. 502-505). Esa extensión ya no solo señala como inadecuado o mal visto el uso no incluyente de la lengua, sino también su uso directo, despojado de eufemismos y con intenciones agresoras. En sus intervenciones públicas y particularmente en situaciones de debate, los representantes políticos se ven obligados a preservar esa corrección como parte fundamental de su imagen favorable, formalidad que garantizaría su “dignidad” como políticos, pero al mismo tiempo el componente erístico de los debates exige el ataque para someter a los contradictores.

Las fuerzas políticas contrapuestas, en el momento histórico de la transición hacia la paz con las guerrillas colombianas, luchan a favor y en contra de la implementación del tratado firmado. Para el sector de oposición, se trata de “desacordar el acuerdo” desde el reclamo de haberlo derrotado con la victoria del No en el plebiscito refrendatorio. Ese reclamo del trofeo no concedido bloquea la implementación de lo acordado y arroja a la lucha a los contradictores.

Es un combate que se gana o se pierde en la arena del logos público, donde la victoria depende de la aprobación popular y la aceptación de la victoria defendida por cada contendiente. El logos político se convierte en logos de la victoria cuando se logra convencer a la tribuna del sometimiento del enemigo a través del poder de la palabra en el combate verbal, no solo como “victoria de una opinión en una asamblea o [como] ventaja que obtiene una facción sobre otra al salir de una stasis” (^{Loraux, 1997}, p. 67), sino también en el sentido de la naturaleza inevitablemente grave y atroz de la victoria a través de la fuerza, cuya única garantía de reconocimiento público es la exhibición de su dureza, sin contemplaciones. Ese sometimiento, trabajo del logos, es la victoria.

Finalmente, este recorrido analítico no pretende agotar la riqueza de la disputa seleccionada, sino que destaca la centralidad de los combates verbales mediatizados por la radio de opinión en streaming y el estrecho marco del esquema de la victoria y la derrota (¿quién ganó/quién perdió?) en las discusiones públicas. Se ha defendido aquí que esta realidad deliberativa y el tipo de discusión política que circula en los medios actualmente, más allá de la sanción que nos merezca, requiere un estudio dedicado que permita comprender mejor nuestra democracia al reflejarla en el espejo negro de sus combates verbales.