La manumisión en la costa caribe colombiana durante el proceso de independencia:
vicisitudes de una ilusión aplazada, 1810-1825^*

Manumission in the Colombian Caribbean Coast during Independence: A Dream Deferred Vicissitudes, 1810-1825

A alforria na costa caribe colombiana durante o processo de independência: vicissitudes de uma ilusão adiada, 1810-1825

La manumission sur la côte caraïbe colombienne pendant le processus d'indépendance: vicissitudes d'une illusion reportée, 1810-1825

Roger Pita Pico

Director de la Biblioteca Eduardo Santos y Miembro de Numero de la Academia Colombiana de Historia (Colombia). Correo electrónico: rogpitc@hotmail.com. El autor es Politólogo de la Universidad de los Andes (Colombia). Especialista en Política Social y magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Entre sus publicaciones recientes se encuentran: "La función política de las celebraciones públicas durante el proceso de independencia de Colombia: en la búsqueda de la legitimidad y la lealtad", revista Historia y Sociedad 23 (2012); y "Sustento, placer y pecado: la represión en torno a la producción y el consumo de chicha en el nororiente neogranadino, siglo XVIII", Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 17.2 (2012). Entre sus intereses están los temas de esclavitud, mestizaje, vida social y vida cotidiana.

* Este trabajo es un avance parcial del proyecto de investigación "La manumisión en Colombia durante el periodo de Independencia". Esta publicación está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual 3.0

Para citar este artículo: Roger Pita Pico, "La manumisión en la costa caribe colombiana durante el proceso de independencia: vicisitudes de una ilusión aplazada, 1810-1825", Historia Caribe 22 (Enero-Junio 2013): 43-73.

Recibido: 30 de abril de 2012 - Aprobado: 20 de mayo de 2012 - Modificado: 24 de julio de 2012.

Resumen

Este trabajo tiene por objeto abordar, para el caso de la costa caribe colombiana, la aplicación de las nuevas alternativas de manumisión surgidas durante el periodo de Independencia. El complejo panorama social, el prolongado efecto de la guerra, la persistente crisis fiscal, los engorrosos trámites administrativos, la falta de voluntad política y la resistencia de algunos sectores conservadores fueron factores que les impidieron a los esclavizados el pronto y masivo acceso a la anhelada vida libre. Estos primeros tropiezos anunciaron desde muy temprano el lento desarrollo que caracterizó al proceso de manumisión durante los tiempos republicanos.

Palabras clave: negros, esclavizados, costa caribe, libertad, Independencia.

Abstract

This paper analyzes the case of the Colombian Caribbean Coast implementing the new alternatives of manumission established during the period of Independence. The complex social situation, the prolonged effect of the war, the continuing fiscal crisis, cumbersome administrative procedures, lack of political will and resistance from some conservatives, were factors that prevented the prompt and massive access to free life. Somehow, these early setbacks announced the slow development that characterized the process of manumission during Republican times.

Key words: blacks, slaves, Caribbean coast, freedom, Independence.

Resumo

Este trabalho tem como objetivo abordar, no caso da costa caribe colombiana, a aplicação das novas alternativas de alforria surgidas durante o período de Independência. O complexo panorama social, o prolongado efeito da guerra, a persistente crise fiscal, os complicados procedimentos administrativos, a falta de vontade política e a resistência de alguns setores conservadores foram fatores que impediram aos escravizados o imediato e massivo acesso para a desejada vida livre. Estes primeiros contratempos anunciaram muito cedo o lento desenvolvimento que caracterizou o processo de alforria em tempos republicanos.

Palavras-chave: negros, escravizados, costa caribe, liberdade, Independência.

Résumé

Ce travail a pour objectif d'aborder l'application des nouvelles alternatives d'affranchissement qui ont surgi pendant la période d'Independence dans les caraïbes colombiennes. Le panorama social complexe, l'effet prolongé de la guerre, la persistante crise fiscal, les pénibles démarches administratives, le manque de volonté politique et la résistance de quelques courants conservateurs ont été des facteurs qui ont empêché les esclaves d'avoir l'accès massif á la vie libre. Ces premières difficultés ont annoncé le lent développement qui a caractérisé le processus de manumission pendant les périodes républicaines.

Mot clé: noirs, esclaves, côte Caraïbe colombienne, liberté, indépendance.

Introducción

Desde las postreras décadas del siglo XVIII, el sistema esclavista de la costa caribe colombiana había entrado en franca decadencia¹, debido más que todo a la fuerza del mestizaje que garantizó sobrada oferta de mano de obra libre, la cual de por sí ahorraba a los empresarios la gravosa inversión destinada tradicionalmente a la adquisición de esclavizados. El otro factor que explica el declive de este grupo social fue la introducción, a partir de 1789, de vinos españoles que arruinaron muchos trapiches productores de la materia prima para la fabricación de aguardiente a nivel interno². Las estadísticas disponibles corroboran esa caída demográfica³.

Durante la época de Independencia, la región experimentó un marcado retroceso económico debido a que era uno de los principales escenarios de batalla, que abarcó desde el espacio urbano hasta el ámbito rural de las haciendas esclavistas. No hay que perder de vista el hecho de que el puerto de Cartagena era uno de los sitios más estratégicos en esos tiempos de conflicto, ya que por allí podían ingresar hombres, víveres y pertrechos. Basta solo con recordar el dilatado sitio impuesto en 1815 por el Pacificador Pablo Morillo, operación que arrojó cuantiosas pérdidas materiales y humanas⁴. En esos momentos de persecución española, muchas haciendas fueron embargadas o abandonadas por sus dueños o, en otras circunstancias, se optó por quemarlas⁵. El pálido comercio y la ausencia de una agricultura de exportación ahondaron aún más la crisis económica en medio de una demanda creciente de recursos militares⁶. Con no poco rigor se sintieron allí los efectos de la guerra que se prolongó hasta 1821, cuando se dio el desalojo definitivo de las fuerzas realistas. La cruda situación militar y económica ya descrita lleva a pensar que el sistema esclavista se hallaba prácticamente colapsado y sin esperanzas inmediatas de recuperarse.

A través de los casi tres siglos de dominio colonial, en su búsqueda por la libertad el negro esclavizado había experimentado distintas opciones, tales como la manumisión por voluntad del amo, la autoliberación por compra e incluso el mestizaje. Dentro de los factores externos, cabe mencionar las crecientes voces humanitarias y el ideal progresista de la Ilustración, con el pregón de un mundo igualitario y libertario, teorías que fueron bien acogidas y que gradualmente suscitaron un consenso antiesclavista. Lo cierto es que la posibilidad de romper las cadenas esclavistas fue un anhelo prácticamente constante entre la población negra. No en vano, aprovechó cualquier oportunidad con tal de obtener ese propósito. En el contexto de las guerras de Independencia, el esclavizado tampoco cejó en su empeño por buscar la forma de ser libre o de adelantarse a las promesas lanzadas por sus señores o por las autoridades. Por ello la libertad fue quizás lo que más lo alentó a involucrarse en estas contiendas políticas y militares, y lo hizo cambiar de bando según las circunstancias o adherirse a quien más le ofreciere. Solo así se entienden también las crecientes deserciones ocurridas en las filas de los ejércitos⁷.

Otros negros aprovecharon la crisis de poder y el debilitamiento de los mecanismos de control para buscar la libertad por medios no legales, ya fuera mediante el abandono de sus labores, la huida, la rebelión o el refugio en los montes. De gran incidencia en esta región costera fue el fenómeno del cimarronismo⁸ que aceleró la caída del número de esclavizados. Las fugas se incrementaron durante el caos reinante en las luchas independentistas, debido al continuo saqueo de las haciendas y al temor que causaba en el negro la idea de ir a pelear en el campo de batalla⁹. A su vez, la relación de los esclavizados con sus amos se había tornado más inestable a medida que se incrementaban las confrontaciones armadas. No pocos propietarios y administradores abandonaron sus haciendas para internarse en las ciudades o enrolarse en los ejércitos, situación que favoreció las pretensiones autónomas y contestatarias de sus servidores¹⁰. Aún por estos años se mantenía vivo entre los amos el temor ante las posibles rebeliones e insubordinaciones, y mucho más al recordarse la revolución negra ocurrida en Haití¹¹.

Durante estos azarosos tiempos de guerra, muchas ofertas de libertad fueron fugaces; algunas no se aplicaron efectivamente mientras que otras fueron abruptamente revocadas tras los súbitos cambios de mando en el poder. Después de tantas promesas, el ascenso definitivo del gobierno republicano abriría el paso a algunas normas que empezaron a fijar ciertas concesiones y oportunidades de una vida libre. Para la presente investigación, se parte de la premisa de entender la manumisión no solo como un acto de liberación sino como un asunto complejo con grandes implicaciones políticas, jurídicas, económicas y fiscales. Para el periodo analizado, se han definido tres etapas que facilitan una mejor comprensión del tema: los primeros avances constitucionales y legales, las convocatorias militares a cambio de libertad y el desarrollo de la Ley de Manumisión expedida en 1821.

1. La manumisión notarial

Durante el periodo de Independencia, los amos continuaron con la costumbre de otorgar cartas de manumisión, ya fuera por compra o de manera gratuita, como muestra de agradecimiento. Este tipo de liberaciones se conocen como manumisiones notariales¹². Desde los últimos años de dominio colonial, la tendencia general había reflejado un aumento creciente de estas concesiones.

Según el análisis adelantado por el historiador Dolcey Romero Jaramillo sobre la provincia de Santa Marta, de 73 manumisiones registradas en la primera década del siglo XIX, se pasó a 125, para volver luego a estabilizarse en 76 en la década del veinte. De estas cifras, las tres cuartas partes correspondían a manumisiones pagadas, lo cual indica que, a pesar de la crisis económica reinante, los esclavizados mantuvieron su capacidad de ahorro y de acceso al dinero. Con estos porcentajes quedaba también en evidencia la primacía del interés económico sobre el espíritu humanitario¹³. Con respecto a los precios de manumisión, se registró un aumento sostenido dadas las crecientes expectativas de los negros por alcanzar su libertad, la escasez de mano de obra y la prohibición de importar esclavizados. Para los amos, este tipo de rescates por compra eran una operación rentable, pues los datos recopilados por este historiador indican que los precios promedio de venta estuvieron por debajo de los precios de las manumisiones pagadas. Estas tendencias experimentadas en Santa Marta plantean un dilema, ya que puede resultar contradictorio que esa elevación en los precios de las manumisiones se haya dado en un contexto de crisis económica a causa de los efectos provocados por la lucha independentista. Para Romero Jaramillo el hecho que más puede ayudar a esclarecer esta paradoja es que la provincia se mantuvo a favor de las banderas realistas, lo cual hizo que allí la ruina y la destrucción no fueran tan contundentes como en la colindante provincia de Cartagena¹⁴.

Pero así como las cifras mostraban una tendencia favorable para los negros ávidos por abandonar su estado de esclavitud, del mismo modo seguían observándose ciertas resistencias de los amos o de los familiares más próximos a estos. Hacia el año de 1814, doña María Andrea Bravo acusó a su esclavizada María Rita de haberse fugado desde hacía un mes de su natal Santa Marta. La zamba se dirigió a Riohacha, que todavía profesaba fidelidad al rey Fernando VII, razón por la cual se mantenían vivas las animosidades de los habitantes de esta localidad con sus vecinos samarios, quienes por ese entonces actuaban del lado patriota. Allí interpuso esta criada algunas acusaciones contra sus propios dueños, tildándolos de "insurgentes". El gobierno de Riohacha dio crédito a las declaraciones de la esclavizada y posteriormente recibió una propuesta de compra de libertad por valor de 110 pesos. Por estas circunstancias, consideraba la ama que se habían violentado las leyes y su genuino derecho de propiedad. Reiteró la lealtad de su casa a la causa monárquica y puso de manifiesto su inconformidad por la manera como el testimonio "calumnioso" de una servidora de menor estatus había mancillado el honor de su familia. Exigió que se le reconocieran los 250 pesos en que había adquirido a la esclavizada y, solo si se le respondía por los jornales perdidos, estaba entonces dispuesta a aceptar la operación de compra de libertad pactada en 110 pesos. Finalmente, el virrey Francisco de Montalvo ordenó devolver a doña María Andrea el valor que se consignó por el rescate de la esclavizada y, en consecuencia, se ratificó la libertad de esta mujer¹⁵.

Durante los sucesivos sitios que padeció la ciudad de Cartagena, Manuela García logró sustentar con su trabajo a su ama Manuela Ortiz, cuyas condiciones económicas eran deplorables. Hacia 1821, en virtud de estos servicios y poco antes de morir, la propietaria expresó verbalmente su voluntad de otorgar la libertad no solo a la esclavizada sino también a los hijos de esta. Sin embargo, aún en 1825 no se había oficializado tal beneficio, en vista de que la dueña no dejó constancia escrita de su decisión. La negra insistió en alegar su derecho legítimo por las grandes sumas que le había entregado a su señora por cuenta de los jornales que, según ella, constituían suficiente mérito para ganarse la libertad¹⁶.

Los continuos cambios políticos y el reacomodamiento conforme a las nuevas leyes generaban letargo en los procesos y traumatismos en los fallos judiciales. La misma zozobra y la parálisis vivida en las gestiones administrativas durante el tiempo de guerra pueden explicar el hecho de que se registraran tardíamente algunas manumisiones. Tal como se observó en el caso de la esclavizada María Rita, las tensiones políticas también lograron permear el desarrollo de los procesos judiciales.

2. Primeros avances constitucionales y legales: entre la incertidumbre y el rumor

Como bien se sabe, las nuevas tendencias liberales, junto con otras inconformidades que venían acumulándose de vieja data, alentaron a los criollos a promover levantamientos políticos a partir de 1810. Estos fueron los sucesos inaugurales de un primer experimento republicano. Fue entonces cuando se hizo más propicio el ambiente para ventilar las voces progresistas que se alzaron en favor de la libertad de los esclavizados. Sin embargo, el sentimiento realista todavía estaba enraizado en algunas provincias, como fue el caso de Santa Marta y Popayán.

Algunos de los nacientes estados de la recién proclamada república incorporaron en sus constituciones los primeros avances normativos con miras a la libertad de los esclavizados. Cartagena se inclinó por una trascendental iniciativa en su Constitución de 1812. Era esta la primera vez que en el territorio de la Nueva Granada se legislaba de manera concreta sobre el tema. Allí se dio vía libre para el establecimiento de un fondo de manumisión y se dejó en claro que ninguna autoridad podía liberar esclavizados sin contar con el previo aval de sus amos, y no sin antes compensarles su valor¹⁷. Para desconsuelo de la comunidad esclavizada, este paquete de normas vigentes en Cartagena, y de otras más expedidas en Antioquia y Mariquita¹⁸, solo rigió hasta 1815 cuando los españoles lograron restablecer su poderío. En realidad, son muy escasas las informaciones documentales que permiten comprobar la fiel aplicación de estas reglas durante el corto margen de tiempo en que estuvieron vigentes.

Los múltiples obstáculos que giraron en torno al reconocimiento de la manumisión pudieron acentuar en los esclavizados la convicción de aferrarse a una supuesta declaratoria real que pusiera fin a las penurias padecidas bajo el estado de subyugación. Por otro lado, la divulgación de noticias sobre liberaciones masivas pudo eventualmente levantar en ellos sospechas de que no se trataba de casos aislados de desprendimiento de algunos propietarios, sino que eran decisiones precedidas de leyes o dictámenes oficiales que aún no habían sido difundidos suficientemente. Como era apenas lógico, esos rumores de libertad¹⁹ generaron una profunda desazón en los amos y una preocupación permanente entre las autoridades.

Estas ilusiones pudieron obedecer a las ideas liberales y al ambiente en que se debatían las tesis abolicionistas. La falta de información y las malas interpretaciones de las medidas adoptadas en materia de manumisión también habrían abierto campo a las especulaciones. Así fuera mala intención o inocencia por parte de los esclavizados, lo cierto es que en el fondo se observaba cierta desconfianza hacia los gobernantes que, en últimas, eran representantes del grupo social blanco. Los documentos indican que estos rumores aumentaron con el inicio de la época de Independencia, y se registran fundamentalmente en las áreas de mayor presencia esclava, especialmente en Antioquia. En el año de 1810 se respiraba mucha desconfianza en esta provincia debido a que, según se rumoraba, en Cartagena y otros lugares los esclavizados estaban pidiendo la libertad²⁰.

En las sabanas de la costa caribe se conoció un caso en marzo de 1816, pocos meses después de que Pablo Morillo hubiera reconquistado el puerto de Cartagena, cuando el gobernador, don Gabriel de Torres, se dio a la tarea de imponer el antiguo orden colonial y restablecer la seguridad en los campos y poblados de esta provincia. Dentro de esa meta impartió instrucciones al alcalde de la localidad de Ternera para que controlara la situación en la hacienda de Matute, donde los esclavizados "[…] se niegan a obedecer a su señora suponiendo falsamente ser libres indudablemente seducidos por los de dicha clase que viven entre ellos, quienes por sus vicios no quieren sujetarse a población reglada como está mandado"²¹.

Hacia 1820, Domingo Álvarez puso en conocimiento de las autoridades republicanas de Mompós la conducta arbitraria e insolente de su esclavizado Juan Bautista García. Frecuentes eran las fugas de este negro que un día se apareció sorpresivamente en su lugar de trabajo con "gorra y machete", sin que su dueño hubiera recibido notificación sobre alguna orden de reclutamiento por parte de las tropas patriotas. Siguiendo el ejemplo de Juan, uno de sus compañeros de trabajo en el obraje de alfarería decidió huir mientras otros se levantaron creyéndose libres, inspirados por aquellas ideas rebeldes. El desconcertado amo recurrió a la ayuda de las autoridades para calmar la inquietud sembrada en los otros negros, cuya influencia podía propagarse peligrosamente entre los trabajadores de las haciendas Honda y Arenal. El objetivo era garantizar que estos hombres se concentraran en sus ocupaciones diarias y se desengañaran desus ilusiones de libertad. Álvarez pidió además a los altos mandos militares que le fuera devuelto su esclavizado o, si la orden superior dictaminaba que debía permanecer en el ejército, la recomendación era que se destinara a la escuadra marítima pues para dicho amo era ya "[…] insufrible la sociedad [sic], altanería y algunas amenazas criminales de este bribón"²².

Casi siempre la respuesta oficial frente a las reclamaciones colectivas de libertad fue la vía represiva, así estuvieran gobernando los españoles o los republicanos. La razón por la cual se desechó la vía de la negociación fue no solo porque estaba en juego el valor de los esclavizados rebelados y su incuestionable aporte a la economía, sino también porque prevalecía la amenaza de saqueos y otros atentados contra el capital de los amos. Sin duda, tuvieron mucho que ver aquí la condición y el estatus de los implicados, y el tipo de relaciones de dominación y represión en que estaban inmersos. Simplemente, las autoridades no estaban dispuestas a permitir que el orden público terminara aún más trastocado y, por eso, se temió a cualquier alzamiento de los negros o a potenciales alianzas que pudieran fraguarse con otros grupos sociales o étnicos.

3. Reclutamientos a cambio de libertad

En la lucha librada por los republicanos en contra de las fuerzas realistas, las evidencias encontradas indican que en estos territorios costeros fueron en realidad escasos los llamados a los esclavizados para que se incorporaran a las milicias. No tuvieron ellos el mismo protagonismo adquirido por los mulatos libres enrolados desde tiempos coloniales a las fuerzas regulares españolas. Cada vez eran menos los esclavizados varones disponibles, que en la práctica eran los más aptos para la guerra. Una mirada a las pocas escrituras del comercio esclavista que aún se conservan en el Archivo Histórico de Cartagena permite concluir que la gran mayoría de transacciones efectuadas en esta ciudad durante los años de 1814 y 1815 correspondieron a ventas de mujeres y niños²³.

Durante esta convulsionada coyuntura, el anhelo de libertad iba en ocasiones conectado con el requisito previo de participar directamente en el campo de batalla²⁴. Muchos negros fueron hábilmente inspirados por los patriotas que los persuadieron de sumarse a la causa independentista. El beneficio era mutuo: ellos contribuían con su lucha a la emancipación de la Nueva Granada a cambio de lo cual recibían como gratificación la libertad personal. En igual sentido, el Gobierno español recurrió a esa misma táctica al ver en ellos unos potenciales aliados para sus empresas militares, también con el aliciente de brindarles el mismo favorecimiento. La libertad como recompensa operó además para otros servicios ligados al ejercicio de la guerra: espionaje, vigilancia, persecución de oficiales enemigos, correo, carga, guías, provisión o fabricación de alimentos e insumos para la dotación militar, servicio en los hospitales, entre otros.

Tanto en la primera como en la segunda fase republicana, se abrieron muchas más opciones de libertad por cuenta del involucramiento de los esclavizados en el campo de batalla. El 6 de agosto de 1810, el alcalde de Mompós, don Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres, y otros patriotas liberaron a varios de sus negros para que fueran incorporados al batallón de pardos, con el objeto de respaldar el movimiento emancipador que empezaba a afianzarse en esa población ribereña²⁵.

Un día después del desembarco del ejército de Reconquista en las costas de Cartagena, en momentos en que urgía la consecución de carne para abastecer las tropas, se presentó el negro Ignacio de Maza ofreciéndose a acorralar los ganados de la hacienda La Bayunca y a conducirlos hasta el cuartel general. Efectivamente, los semovientes fueron trasladados y sirvieron para la subsistencia del ejército y del reducido número de habitantes que aún quedaban en la plaza. En compensación por los servicios prestados, el general en jefe, don Pablo Morillo, prometió a Ignacio la libertad, "en rendición a la obediencia y reconocimiento de Nuestro Rey y Señor Don Fernando Séptimo". El negro continuó por más de un año empleado en esas labores de vaquería y, convencido de haber ganado con creces su justo derecho, se acercó a demandar el cumplimiento de la libertad ofrecida, la cual quedó oficializada mediante documento firmado por el virrey Francisco de Montalvo²⁶.

Al llegar a Ocaña el 24 de abril, Morillo publicó un bando cuyo artículo 4.º establecía que a los esclavizados que presentaran algún cabecilla revolucionario se les concedería la libertad, recibirían una gratificación pecuniaria y además podrían ser condecorados²⁷. Esta no dejaba de ser una medida atractiva para los esclavizados, aunque eventualmente pudo también resultar peligrosa al abrir campo a los excesos tras adjudicarles el papel de jueces calificadores del "delito" de patriotismo²⁸. Los esclavizados reclutas también se vieron favorecidos por las decisiones individuales de sus amos. El hacendado don Toribio Villar y Tatis otorgó en 1817 en Cartagena la libertad a sus seis negros que habían participado en el aniquilamiento de las tropas patriotas en la ciénaga de Tesca²⁹.

Después de la derrota padecida por los realistas en agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, la lucha se mantuvo por algún tiempo en el sur y en las provincias de Santa Marta y Cartagena, pero el desgaste y la estrecha disputa territorial fueron factores que les restaron posibilidades a los españoles de aplicar durante estos agónicos años la fórmula de reclutar esclavizados a cambio de ser libres. Las fuentes disponibles permiten hacer un seguimiento más exhaustivo a las promesas de libertad lanzadas por el bando patriota, que fue el que finalmente impuso su poderío.

El Congreso de Angostura estableció el 11 de enero de 1820 que aquellos que fueran llamados a las armas por el presidente de la República o hicieran algún servicio "distinguido" serían libres, y se otorgarían las indemnizaciones respectivas a los amos³⁰. Esta norma abrió el camino para la más grande convocatoria de esclavizados realizada en suelo neogranadino. Así entonces, el presidente Simón Bolívar pidió sacar a cinco mil esclavizados de las provincias de Antioquia, Chocó y Popayán con el fin de reforzar la campaña de liberación de Venezuela. A ellos se les ofreció la libertad luego de cumplir dos años de servicio³¹. Este proceso de reclutamiento fue criticado por un sector del Congreso, por el general Santander y por grandes empresarios esclavistas.

Para el caso específico de la costa caribe, habría que mencionar de manera especial la campaña bélica emprendida desde principios del año de 1820 para expulsar a los realistas, cuando el general Bolívar recomendó en más de una ocasión a los jefes militares realizar vehementes llamados a los esclavizados para vincularlos a la causa patriota. La mayor parte de estos reclutamientos los hicieron los comandantes para reforzar sus propias campañas, recogiendo a los negros que encontraban a su paso. Los conscriptos eran en su gran mayoría trabajadores de trapiches y haciendas ganaderas.

A comienzos de mayo, Bolívar impartió instrucciones precisas al coronel Jacinto Lara, comandante del ejército que operaba sobre la provincia de Santa Marta, para que marchara inmediatamente a Ocaña con el batallón Pamplona debidamente equipado y vestido. Esta operación hacía parte de la estrategia de ocupar a Perijá y cooperar desde allí a la liberación de Maracaibo. Con el propósito de elevar su pie de fuerza, Lara quedó autorizado para realizar reclutamientos en todo el territorio por donde transitara, y contaba además con la posibilidad de ofrecer la libertad a los esclavizados incorporados³².

Una exitosa campaña venía desarrollando el coronel Mariano Montilla tras haber expulsado a los realistas de Riohacha, Barranquilla y Sabanilla, con lo cual se pudieron habilitar estos puertos en beneficio de las rentas y del comercio regional. Al quedar al mando sobre la mayor parte de la región costera, este alto oficial debía conservar las riberas del Cauca y del Magdalena; su prioridad era la conquista definitiva de las ciudades de Santa Marta y Cartagena. Con el propósito de alcanzar estas metas, Montilla debía redoblar su poder ofensivo y, para ello, Bolívar le otorgó facultades para levantar nuevos contingentes en los territorios ocupados, con la opción de tomar para el servicio a los esclavizados capaces de manejar las armas, y a cambio les ofrecían el beneficio de la libertad³³. El 2 de agosto fue nombrado el coronel Julián Montes de Oca como encargado de la dirección del batallón de Mompós y de los cuerpos que se estaban aglutinando en Chiriguaná. Se le reiteró la urgencia de completar dichas fuerzas y se le dio vía libre para incorporar esclavizados como reclutas³⁴.

En términos generales, son muy pocos los testimonios documentales que dan cuenta sobre los resultados obtenidos en estas sucesivas convocatorias militares. Los reiterados llamados de los máximos oficiales para dar fiel cumplimiento a estos pedidos hacen pensar que esa no fue una tarea fácil. Aun con los esfuerzos del Gobierno, fueron innumerables las dudas y obstáculos que les impedían a los amos recibir oportunamente las indemnizaciones por el servicio prestado por sus negros reclutados. Algunos se tardaron varios años en obtener ese pago. Es probable también que, ante la negligencia oficial, otros propietarios se resignaran a no seguir haciendo sus reclamaciones.

En noviembre de 1824 se presentó ante el comandante de Ocaña el esclavizado Eugenio Pinzón, de propiedad del señor Manuel Nieto, con la intención de incorporarse al servicio militar. De conformidad con lo dispuesto en la resolución del 14 de octubre de 1821, el negro fue admitido y tasado su valor en 200 pesos en atención a su juventud y robustez. Como la ley disponía que el amo debía ser indemnizado, con preferencia de los fondos de manumisión, y en el momento no había con qué cubrir esa partida, García decidió entonces enviar el caso al gobernador de la provincia para que determinara la forma más ágil y eficiente de efectuar el pago³⁵.

María de Jesús Granados reclamó al año siguiente ante las autoridades de Santa Marta un esclavizado de nombre Antonio Hoyos quien, estando en 1821 en la ciudad de Riohacha, había sido "metido" como soldado en el bando republicano. Por lo tanto, exigía la indemnización de dicho negro, correspondiente a su valor que fue calculado en 250 pesos. La ausencia de su esposo y la responsabilidad de mantener a sus hijos fueron dos de las razones expuestas para que se le resolviera esta petición con prontitud³⁶.

Hacia 1831, el ciudadano José María Vives reclamó en Cartagena el valor de su esclavizado Tomás Marques, enganchado como soldado del batallón Yaguachi. Vives era conciente de la incapacidad del Gobierno para hacer el pago de manera oportuna y, por eso, solicitó la devolución de su negro pues creía injusto que se le privara de sus servicios, siendo él su legítimo propietario. La junta de manumisión solicitó al Gobierno definir de qué fondo se podían sacar los recursos para satisfacer el valor de dicho esclavizado³⁷.

4. Bolívar y el Congreso frente a la libertad de los esclavizados

Simón Bolívar promovió en varios momentos la libertad de los esclavizados. Una de las primeras ocasiones en que expresó abiertamente sus intenciones abolicionistas fue el 3 de enero de 1813, pocos días después de haber sostenido una reunión en Chiriguaná a la que asistieron varios líderes simpatizantes de la causa patriota provenientes de poblaciones circunvecinas, como Valledupar, Becerril y El Paso. En medio de una multitud reunida en la calle real de dicha localidad, él manifestó su propósito de libertar a los neogranadinos, incluyendo a todos los esclavizados³⁸. Influenciada por estas propuestas, la acaudalada María Concepción Loperena proclamó el 4 de febrero de 1813 el Acta de Independencia de Valledupar, y de paso anunció la liberación de cientos de esclavizados que mantenía en las haciendas de la Jagua de Ibirico y Becerril, acto de desprendimiento que fue aplaudido por la comunidad en pleno³⁹.

A partir de 1819 se registraron algunos logros concretos que apenas garantizaron una manumisión gradual y parcial. La libertad definitiva de la población esclavizada quedaría aplazada hasta mediados de siglo. Todas aquellas propuestas que abogaban por la manumisión absoluta no contaron con la debida acogida. La ley del 11 de enero de 1820, expedida por el Congreso de Angostura, es considerada la primera ley de manumisión desde que Colombia se proclamó como república independiente. Allí no se contempló la abolición definitiva, pero en cambio se dejó estipulado que la esclavitud quedaba eliminada de derecho y que solo se verificaría de hecho en la próxima reunión del máximo ente legislativo. Como ya se dijo, abrió la posibilidad para que aquellos esclavizados reclutados gozaran del beneficio de la libertad.

El 21 de julio de 1821 fue aprobada una nueva ley por el Congreso de Cúcuta, la cual se constituyó en la base principal del proceso de manumisión republicana. En la discusión previa a la aprobación de esta ley, el representante cartagenero Ildefonso Méndez planteó que los negros liberados por los españoles como expresión de odio a los republicanos volvieran nuevamente al estado de esclavitud. Esta propuesta quedó descartada por estar en contravía del objetivo central que era propender por la libertad de este sector de la población⁴⁰.

Los principales avances de esta ley fueron el establecimiento de las juntas de manumisión y la Ley de Vientres que consistía en la declaratoria de libertad para los hijos de esclavizadas que nacieran desde el día de publicación de la ley, a cambio de lo cual estos jóvenes debían compensar a sus dueños con su servicio hasta cumplir los dieciocho años⁴¹. La expedición de esta normativa no pasó del todo desapercibida en algunas localidades de la costa caribe. Su articulado completo salió publicado en la Gazeta de Santa Marta, en su edición n.^o 19 del 15 de septiembre de 1821⁴². Tan pronto recibió oficialmente el texto de la ley, José María Maestre y Pinto, jefe político de Valledupar, ordenó hacerla conocer por medio de bando público. Por la noche se programaron bailes populares y fue obsequiado el pueblo con dos toneles de aguardiente. Tres días duraron las celebraciones públicas y se cantó un tedeum en la iglesia de La Concepción con gran concurrencia de gente. El padre Valentín Maestre fue el encargado de ilustrar a la comunidad sobre la trascendencia y alcance de las medidas allí estipuladas. Un grupo de vecinos entusiasmados con esta noticia, liderados por Juan Bautista Rodríguez, José Domingo Pumarejo y José Manuel Martínez, recogieron comida y ropa para regalar a los recién nacidos hijos de las esclavizadas en premio a la libertad decretada, campaña a la cual se vincularon casi todos los comerciantes locales⁴³.

Pero los sentimientos de regocijo no fueron unánimes. Desde distintos puntos de la república empezaron a brotar una serie de cuestionamientos que ponían de presente las falencias e inconsistencias del proceso de manumisión concebido por esta ley. Del Cauca y de la costa caribe, regiones con una activa presencia de población esclavizada, provinieron las más férreas críticas. Por conducto del juez del cantón de Chinú en la provincia de Cartagena, Juan Rabadán propuso que el producto de lo recaudado por mandas forzosas se destinara a los fondos de manumisión, para ver si así este ramo salía del atraso en que se hallaba. El secretario del Interior recomendó aguardar el resultado de un proyecto de ley que cursaba en el Congreso⁴⁴. Lo único cierto es que, después de la controversia generada por las leyes de 1820 y 1821, se acentuaron aún más el cimarronismo, las rebeliones y las desobediencias dentro de un ambiente de rechazo hacia el sistema esclavista.

5. Las juntas de manumisión: obstáculos e irregularidades

Según la ley de 1821, anualmente, en los días 25, 26 y 27 de diciembre, destinados a las fiestas nacionales⁴⁵, las juntas de manumisión de cada distrito debían liberar la mayor cantidad de esclavizados que pudieran, según la disponibilidad de fondos. Su valor sería compensado a los propietarios a un justo precio y con la intervención de peritos, para escoger a los negros más honrados e industriosos. Además de efectuarse estas liberaciones en una fecha de carácter nacional, también se quiso que coincidieran con una de las celebraciones más representativas del calendario católico, el nacimiento del niño Jesús⁴⁶.

En principio, la ley había estipulado que los fondos de manumisión provendrían de los impuestos a las mortuorias. No obstante, el balance no era tan alentador como lo esperaban las autoridades. Los vacíos y confusiones en torno a la norma, los obstáculos interpuestos por amos y albaceas, la negligencia y omisión de los funcionarios y la falta de mecanismos de control fueron factores que impidieron recaudar recursos, lo cual hacía que las juntas fueran inoperantes. Era recurrente además el inconformismo de los amos que solían recibir menos del valor comercial de sus negros, razón por la cual preferían venderlos ya que así obtenían mayores ganancias.

A continuación se presenta una relación aproximada del número de esclavizados involucrados dentro del proceso de manumisión propiciado por las juntas⁴⁷. Con los datos disponibles se puede advertir como nota predominante el registro de unas cifras muy bajas que, para la opinión de muchos, no eran más que la constatación del fracaso de este programa. En 1821 solo se manumitió un esclavizado en la provincia de Santa Marta, el negro Francisco Javier, de propiedad de la señora Josefa Munive, avaluado en 223 pesos. Al año siguiente, en Ocaña fueron liberados Manuel Antonio y Juan Bautista Jácome, avaluados cada uno en 150 pesos⁴⁸. Desde Valledupar, la sala capitular reconoció que la junta de manumisión se hallaba sin fondos debido a que eran muy pocos los fallecidos y todavía no habían concluido varias causas mortuorias para deducir de ellas el porcentaje que le correspondía a este ramo. Los moradores se hallaban ocupados en el sostenimiento del ejército y la toma de Maracaibo y, por consiguiente, ningún esclavizado fue manumitido en 1822⁴⁹.

En la primera edición del periódico El Momo de la ciudad de Cartagena, se publicó en este año un artículo en el que se cuestionaban los nulos resultados en relación con la composición y el funcionamiento de la junta de manumisión, el manejo de los fondos y el cobro de los impuestos a las mortuorias. Se concluyó que la ley de 1821 había quedado al descuido de las autoridades locales⁵⁰. Antonio Carlos Amador salió en defensa de la junta, de la cual él mismo hacía parte, aclarando que este órgano ya llevaba algunas semanas de labores y estaba conformado además por el alcalde ordinario, el provisor gobernador del obispado y dos regidores. Precisó asimismo que ya estaban nombrados los comisionados de las parroquias en cada cantón y que a los curas ya se les habían exigido informes detallados de los fallecidos y de sus herencias. Herrera había sido nombrado tesorero y cumplía esa función a cabalidad⁵¹. De todas formas, las quejas formuladas eran sintomáticas de un proceso que avanzaba lento y sin resultados palpables.

El 18 de agosto de 1823 Santander dictó un decreto para contrarrestar los abusos más frecuentes en las juntas. En adelante, estos órganos estarían bajo la supervisión del respectivo gobernador o intendente, quienes velarían para que se cumpliera el propósito por el cual habían sido creados. Se fijó un cronograma de actividades que definió responsabilidades concretas a cada instancia interviniente en el programa. Fueron dictadas otras medidas tendientes a evitar trámites innecesarios y se estipularon pautas para fijar de manera imparcial el precio de los liberados⁵². Al paso de dos meses, este decreto apareció publicado en la primera página de la Gaceta de Cartagena⁵³.

En las fiestas nacionales organizadas en diciembre de este año, la junta de la provincia de Riohacha informó al intendente de la liberación de tres esclavizados: José Gertrudis Gómez en 225 pesos, Catalina Ibarra en 200 pesos y José Francisco Farias en 200 pesos⁵⁴. Anastasio Moreno, Marcelo Baca y José María Montejo fueron los tres favorecidos en la población de Ocaña, avaluados en un total de 500 pesos⁵⁵. En Corozal la junta manumitió al esclavizado Juan José Barreto en 30 pesos, a Pascual Eraso en 50 pesos y a Juan Manuel Ortega en 125 pesos. En los tres casos los amos decidieron renunciar a un porcentaje de esos valores que, en total, significó para el Estado un ahorro de 60 pesos⁵⁶.

En Mompós, el juez político Juan Madiedo convocó a la junta de manumisión, en cuya sesión el tesorero anunció que el recaudo del impuesto aplicado a las mortuorias apenas sumaba 66 pesos; pero viendo que esta cantidad era insuficiente para liberar al menos a un esclavizado, se propuso adelantar una colecta entre aquellos ciudadanos "amantes de la humanidad". En total, fueron recogidos 86 pesos que, adicionados a los fondos existentes, ascendieron a 151 pesos. Fueron 33 los donantes con aportes que oscilaban entre 2 reales y 10 pesos. El 27 de diciembre, previo informe emitido por una comisión de momposinos "de toda probidad" sobre la conducta de los esclavizados merecedores de ser manumitidos por su honradez y laboriosidad, se decidió que el agraciado era Francisco Palomino. Se llamó a los peritos para que avaluaran al negro, cuyo precio coincidió con la cantidad disponible en los fondos. El 28 se formó en la plaza un tablado cubierto de damasco y el presidente de la junta procedió a colocarle al agraciado el gorro de la libertad⁵⁷. Así mismo pronunció un emotivo discurso en el que exaltó las ventajas de la Ley de Manumisión de 1821 e invitó al favorecido a defender la república. A estas palabras reaccionó el público con vivas a Colombia y al Congreso. Acto seguido, Palomino juró defender la Constitución y obedecer las leyes. Madiedo ordenó publicar en la prensa local los detalles de esta ceremonia y la lista de los ciudadanos benefactores, "[…] para que las virtudes cívicas de todos los individuos no queden envueltas en la oscuridad y sirvan de estímulo a sus compatriotas"⁵⁸.

Los debates en torno a la gestión de la junta del cantón de Cartagena no cesaron. En diciembre de este año de 1823, en las páginas del semanario la Gaceta de Cartagena, se deploró el hecho de que en una plaza de tanta relevancia como esta no se hubiese aún acopiado los fondos suficientes para liberar al menos a un esclavizado, lo cual hacía pensar que había existido desidia en el proceso de recaudación del impuesto a las mortuorias. Por lo anterior, se instó a los funcionarios comprometidos a exponer públicamente las explicaciones del caso. Teniendo de presente la ineficiencia detectada en el manejo dado por las instancias oficiales, los redactores de este periódico lamentaron que en la ciudad no existiera en esos momentos una Sociedad Patriótica, a la cual creían aconsejable encargarle el programa de manumisión. Esta le colaboraría al Gobierno en dicha labor, aprovechando la demostrada trayectoria de este tipo de órganos en el fomento de la educación y la economía. Por último, se hizo un llamado a los integrantes de la junta a obedecer los preceptos de la ley de 1821 y a ser más diligentes en el desarrollo de sus obligaciones⁵⁹. A esta opinión se sumó la de otro columnista que consideraba remota la posibilidad de ver libres a todos los esclavizados debido a los dilatados y engorrosos manejos administrativos.

Como respuesta a estos señalamientos, una voz anónima salió en defensa de la gestión de la junta aduciendo que los pírricos resultados se debían a que todavía no se habían liquidado las testamentarias. Este argumento fue de inmediato refutado por quienes estaban convencidos de la apatía y la "escandalosa" demora en los trámites. Se pensaba que era realmente lamentable que la gestión del cantón de Cartagena fuese superada por Corozal, donde se manumitieron tres esclavizados. Según se denunció, la verdadera causa era que los miembros de la junta pasaban muy tarde al intendente el estado de los deudores del impuesto a las testamentarias⁶⁰. Todavía en el mes de marzo de 1824 el intendente del Magdalena, Ignacio Cavero, imploraba un compás de espera mientras recibía todos los informes de las juntas cantonales para elaborar el estado general del ramo correspondiente a 1823⁶¹.

Para las fiestas nacionales de 1824 las cifras sobre liberados no mostraban signos claros de recuperación. En Valledupar la junta informó que solo contaba con 67 pesos y 4 reales, monto que no alcanzaba ni siquiera para liberar un esclavizado⁶². Como alternativa ante la escasez de recursos, se optó por nombrar un secretario para que ayudara con las gestiones propias de dicho organismo y en el seguimiento de las causas mortuorias. Para ello se escogió a Valentín Maestre, quien se desempeñaba como tesorero⁶³. En el cantón de Plato, a la fecha todavía no se había presentado ninguna manumisión pero los impuestos recogidos fueron enviados a Santa Marta⁶⁴, en donde, gracias a estos recursos y a otros más recaudados fueron liberados los esclavizados Antonio Munive, tasado en 100 pesos, y Antonia Masenet, en 40 pesos. De la junta de Ocaña se sabe que logró recolectar 54 pesos en 1824 y 76 pesos al año siguiente. Gradualmente fueron conformadas en esta provincia de Santa Marta las juntas de Chiriguaná, Tenerife, Ciénaga y Remolino⁶⁵.

El 25 de diciembre la junta de Mompós liberó en la plaza pública al esclavizado Domingo Rodríguez en 200 pesos, a José Antonio Trespalacios en 180 pesos y a María Antonia Choperena. Esta última fue declarada libre de manera gratuita por su amo como demostración de su "[…] decidido amor y adhesión a la independencia nacional y sistema constitucional republicano"⁶⁶. Los liberados elevaron juramento de defender la Constitución de Colombia y obedecer las leyes, después de lo cual el juez político que hacía las veces de presidente de la junta agradeció a Choperena su gesto de humanidad. En esta ocasión, fueron nombrados tres padrinos a quienes se les encomendó públicamente la misión de procurar que sus protegidos cumplieran sus deberes como ciudadanos, practicaran las virtudes y vivieran alejados de toda suerte de vicios.

Al parecer, en Cartagena fueron escuchados atentamente los reclamos circulados en la prensa local el año anterior. Se notó esta vez el esmero de los funcionarios del ramo y el realce y despliegue que se le quiso imprimir a la ceremonia de manumisión. El 25 de diciembre, luego de la misa y de la parada militar realizada en el marco de las fiestas nacionales, se abrió paso al acto en el que resultaron favorecidos cuatro negros: Inocencio Carriazo, Juan José Quintana, Juan Bautista González y Josefa David. El evento tuvo como escenario una tarima a la que se le bautizó simbólicamente con el nombre de Templo de la Libertad, ubicada en el centro de la plaza mayor. En el emotivo discurso pronunciado por el presidente de la junta se notó el afán por recalcarles a los recién rescatados la importancia de responder con creces al beneficio brindado por el Gobierno⁶⁷. Durante este año de 1824, en esta ciudad fueron liberados otros tres esclavizados, para un total de siete, cuyo costo fue de 1.500 pesos. Al año siguiente, solo se manumitieron tres negros por un valor de 550 pesos⁶⁸.

En resumidas cuentas, al comparar las cifras de liberados por las juntas de manumisión, se puede concluir que Boyacá, Bogotá y Antioquia fueron los marcos territoriales que mostraron más efectividad al momento de recaudar recursos. Lánguidos avances fueron reportados en las ciudades de la costa caribe, únicamente con 28 manumisiones entre 1821 y 1825, una cifra ínfima si se compara con el total de manumisiones notariales.

Innumerables fueron las anomalías detectadas en el desarrollo de las juntas de manumisión, situación que contribuyó a enturbiar aún más el proceso. Obviamente, los más afectados con esos cuestionados procederes fueron los esclavizados. Las constantes quejas obligaron al Estado republicano a decretar sendos correctivos en 1827 y 1828⁶⁹. En las décadas posteriores al periodo de Independencia, todo indica que las juntas siguieron siendo ineficientes en medio de una oposición generalizada de los amos y de los sectores ligados al poder, situación que generó múltiples denuncias de los esclavizados⁷⁰.

6. Críticas a la Ley de Libertad de Vientres

Las principales críticas a la Ley de Libertad de Vientres se enfocaron en el servicio que debían rendir los hijos de las esclavizadas, por el cual veían aplazada su libertad hasta su juventud. Para la historiadora Margarita González esta fórmula no era más que la prolongación del estado de esclavitud⁷¹. Serios reparos se plantearon también en relación con el detrimento económico que experimentaban los amos con la manutención de sus jóvenes servidores. En mayo de 1823 varios hacendados y vecinos de la ciudad de Cartagena solicitaron a la Cámara de Representantes que a los esclavizados que fueran naciendo se les fijara la edad de cincuenta años para ser liberados. La comisión de congresistas que estudió esta idea no dudó en objetarla de plano por ser un franco retroceso con relación a los progresos alcanzados⁷². Al cabo de dos años, Juan de Francisco Martín, diputado por la provincia de Cartagena, propuso que de los fondos colectados y depositados en las tesorerías se utilizara la tercera parte para el sostenimiento de los hijos de las esclavizadas que hubiesen nacido libres en virtud de la ley de 1821. Esta solicitud también fue rechazada por el Congreso⁷³.

Para el cabal cumplimiento de esta ley de partos era necesario contar con una serie de requisitos que implicaban el compromiso firme de varios actores involucrados en el proceso. En el referido escrito publicado en 1822 en el periódico cartagenero El Momo, se hizo un llamado a revisar si efectivamente los curas estaban realizando juiciosamente los registros de los hijos de esclavizadas nacidos después de la ley. También se pidió extremar los controles para evitar irregularidades en las fechas de nacimientos asentadas en las partidas de bautizo⁷⁴.

Dentro de los avances reportados ese mismo año por la junta de manumisión de Valledupar, se resaltó el hecho de que en los registros parroquiales se hallaban debidamente estampadas las partidas de bautizo⁷⁵. Desde luego, no faltaron los desacatos a los beneficios alcanzados. Un caso particular fue denunciado en la población de Valencia de Jesús. Allí, la esclavizada María Antonia Campusano había sido desalojada de la casa de su amo, el presbítero Ignacio Redondo, por estar contagiada de sarampión. No contento con esta expulsión, Redondo le negó todo socorro y le prohibió terminantemente a sus otros servidores domésticos proporcionarle algún tipo de auxilio. Abandonada y viviendo de la caridad, María Antonia dio a luz a una criatura a la que bautizó con el nombre de María Luisa. En flagrante desconocimiento de la Ley de Manumisión, el religioso solo se acordó de aquella madre y de su hija para venderlas al jurista Juan Nicolás Maestre y, de transacción en transacción, al cabo de un año la niña había pasado por manos de cuatro amos.

Esta arbitrariedad continuó hasta que las autoridades locales se percataron de lo sucedido y le hicieron ver a la actual ama, la viuda de Patricio Altamiranda, que la párvula era libre y solo estaba obligada a prestar servicio hasta los dieciocho años. De acuerdo con la ley, el cura no podía reclamar ninguna cantidad por la lactancia y mucho menos los cincuenta pesos que había exigido en la venta, una tasación que, dicho sea de paso, excedía los promedios del mercado. Las acusaciones recogidas en varios testimonios apuntaban a concluir que Redondo y Maestre estaban confabulados para cometer toda serie de irregularidades. Desde Valledupar se remitieron al gobernador provincial los detalles de esta causa sumarial con el ánimo de que se dictaran los correctivos y castigos a que hubiere lugar⁷⁶.

En 1829 surgió una duda por parte del juez político del cantón 15.º de la provincia de Cartagena, ante la pretensión de algunos amos de argüir que los hijos de esclavizados nacidos desde 1821 hasta la fecha no debían ser comprendidos en el beneficio de la manumisión, toda vez que en esa localidad no había sido publicada la ley del 21 de julio de 1821 que lo otorgaba. Tampoco estaba seguro este mandatario local de si era obligatorio o no cobrar lo que había dejado de percibirse desde cuando se instauró el impuesto a las mortuorias como fuente de financiación para las liberaciones de esclavizados. El prefecto del distrito del Magdalena también se mostró vacilante pues creía que estos asuntos eran de la órbita exclusiva del supremo Gobierno.

En su concepto, el secretario del Interior, don José Manuel Restrepo, resolvió que, conforme a la ley, eran libres los pequeños esclavizados existentes en el cantón desde el 22 de marzo de 1822, día en que la expresada ley fue publicada en Cartagena, capital de la provincia. Asimismo, instó a las autoridades locales a conformar sin más dilaciones las juntas, y aclaró que el hecho de que temporalmente no hubiera cura no era impedimento para ponerlas en funcionamiento. Entre tanto, el prefecto impartió instrucciones precisas para publicar lo más pronto posible la ley en dicho lugar⁷⁷. En las poblaciones de Sabanalarga y Soledad se suscitaron también dudas con respecto a la fecha en que empezaba a aplicarse la Ley de Vientres, pues se alegaba que, al momento de promulgarse la Ley de Manumisión de 1821, Cartagena aún estaba en manos de los españoles⁷⁸.

1839 fue el año en que los hijos de las esclavizadas declarados libres en 1821 llegaban a los dieciocho años edad, momento en que debía oficializarse su paso a la libertad. Para algunos amos seguramente no fue tan fácil asimilar esta medida, si pensaban en los esfuerzos que habían gastado en el sostenimiento de esos jóvenes durante su niñez y adolescencia.

A manera de conclusión

El periodo de Independencia fue de gran inestabilidad para la población esclavizada, ingrediente que agravaría aún más sus ya trastocadas vidas personales y familiares. Varias fueron las formas en que la guerra los afectó; entre ellas cabe mencionar el reclutamiento forzoso y las órdenes de embargo. A esto habría que agregarle la crisis económica derivada del conflicto militar y político, una situación que afligió al conjunto de la sociedad pero que probablemente pudo ser más notoria en los esclavizados en razón a su postrera posición en la escala social.

Otro factor imposible de ocultar fueron los continuos cambios de gobierno y la inestabilidad jurídica que, de alguna manera, incidieron en el marco legislativo y administrativo en el que se desenvolvió el negro esclavizado. Desde luego, esto generaba en ellos una insospechada incertidumbre. No obstante, aun después de las imprevisibles transformaciones políticas, el clamor de libertad seguía siendo el mismo en vista de que no se vislumbraban soluciones rápidas y efectivas a las expectativas reinantes.

Entre los amos, la idea de manumitir a sus servidores fue objeto de agudas controversias. Algunos, influenciados por las ideas liberales, fueron partidarios de dar ese paso pero muchos, principalmente los grandes empresarios que dependían de la mano de obra esclavizada, se resistieron tenazmente. Inocuos resultaron los esfuerzos iniciales de las instituciones republicanas que en su retórica política abogaban por la libertad y la igualdad social. Existía entonces un desfase no resuelto entre las intenciones por implantar un nuevo orden y las mentalidades aún vigentes⁷⁹. Esas contradicciones se vieron reflejadas en los medios escritos que, por una parte, sentaban una férrea defensa abolicionista y, por otra, promocionaban al detal el "mercado humano" que tanto recriminaban⁸⁰.

A fin de cuentas, para la población esclavizada fueron muy pocos los avances en materia de manumisión. Fue un proceso gradual en el cual el Gobierno central no mostró la suficiente voluntad política para financiar los fondos de este ramo. En realidad, el aporte del trabajo esclavo a la economía no era ya tan determinante como lo fue en tiempos coloniales. Entre tanto, las manumisiones graciosas de carácter masivo fueron muy escasas en esta región costera. Solo algunos esclavizados pudieron de manera individual acceder a tal beneficio pero al final la mayoría de ellos continuaría en estado de sujeción y habrían de pasar tres décadas para abrazar el goce de la libertad definitiva. Son en realidad muy pocas las pistas documentales que permiten hacer seguimiento a la vida de los negros después de que fueron manumitidos. Se sabe que algunos de ellos se quedaron como arrendatarios de las tierras de sus antiguos señores mientras que otros contribuyeron al proceso de poblamiento⁸¹.

Lo cierto es que la desilusión generada por los exiguos resultados de las leyes de manumisión propició durante los años posteriores a la Independencia un nuevo impulso al fenómeno del cimarronaje, que esta vez se extendió mucho más a los centros urbanos⁸². Tanto los amos como las autoridades debieron realizar ingentes esfuerzos para recuperar a estos esclavizados fugitivos⁸³.

Pie de página

¹ Jaime Jaramillo Uribe, Ensayos de historia social, t. 1 (Bogotá: Tercer Mundo y Uniandes, 1989), 76.
² Germán Colmenares, comp., Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, tomo 2 (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989), 243.
³ Para el censo general efectuado en 1778, la cifra de esclavizados que habitaban las provincias de Santa Marta y Cartagena se ubicaba alrededor de un 8,6 % dentro del conjunto de la población. Para 45 1825 se marcó un descenso brusco, ya que solo se registraba un 3,9 %, es decir, en media centuria el número había mermado prácticamente a la mitad. Hermes Tovar Pinzón, Convocatoria al poder del número (Bogotá: Archivo General de la Nación, 1994), 86-88; José Manuel Restrepo, Documentos importantes para la historia de la revolución de la República de Colombia en la América meridional (Medellín: Universidad de Antioquia y Universidad Nacional, 2009), 1149-1151, CD.
⁴ Durante este sitio, se halló a un esclavizado agonizante que pocas horas después murió devorado por las aves de rapiña. Eduardo Lemaitre, Historia general de Cartagena, tomo 3 (Bogotá: Banco de la República, 1983), 161. Se sabe además que Morillo mandó fusilar a 39 negros que defendieron heroicamente la plaza. J. Mauricio Chaves Bustos, "Esclavos y negros en la Independencia", Credencial Historia 247 (2010): 12.
⁵ Adelaida Sourdís de De la Vega, Cartagena de Indias durante la Primera República, 1810-1815 (Bogotá: Banco de la República, 1988), 130.
⁶ Una radiografía verdaderamente desoladora del estado de la provincia de Cartagena es la que expone en marzo de 1819 el gobernador de Reconquista, don Gabriel de Torres. Según su reporte, jamás había visto tan abatidos los campos por la falta de fondos, los altos niveles de endeudamiento, el estado de destrucción por causa de la guerra y el déficit de mano de obra. Fray Alberto Lee López y Horacio Rodríguez Plata, comps., Documentos sobre la Campaña Libertadora de 1819, tomo 3 (Bogotá: Andes, 1971), 313.
⁷ Gustavo Bell Lemus, "Deserciones, fugas, cimarronajes, rochelas y uniones libres: el problema del control social en la provincia de Cartagena al final del dominio español, 1816-1820", en Cartagena de Indias: de la Colonia a la República, de Gustavo Bell Lemus (Bogotá: Fundación Simón y Lola Guberek, 1991), 75-103.
⁸ De alguna manera, el cimarronismo se halla ligado al establecimiento de las rochelas que, en la práctica, eran caseríos en los que confluían negros, blancos pobres, indios y mestizos. Aunque este fenómeno de poblamiento espontáneo e irregular venía fraguándose desde el siglo XVIII, adquirió mucho más impulso con ocasión de la confrontación política y militar por la independencia. Bell, "Deserciones, fugas, cimarronajes", 78.
⁹ Vale mencionar aquí la queja del presbítero Juan Miguel Arias, quien relató cómo en 1820 todos los esclavizados de su hacienda ubicada en María Angola, cerca de Valledupar, se escabulleron ante las continuas amenazas de las tropas españolas que se habían apoderado de dicha propiedad. Archivo Histórico del Magdalena Grande (AHMG), Fondo Gobernación del Magdalena, depósito 1, bloque 1, estante 1, bandeja 1, puesto 5, caja 1-14, carpeta 2, f. 114 r., 1824.
¹⁰ Juan Ignacio Arboleda Niño, Entre la libertad y la sumisión. Estrategias de liberación de los esclavos en la Gobernación de Popayán durante la Independencia, 1808-1830 (Bogotá: Departamento de Historia de la 47 Universidad de los Andes, 2006), 17. El inconformismo entre los esclavizados era inocultable, ya que ni siquiera con las medidas proteccionistas dictadas por la cédula real del 31 de mayo de 1789, aún vigentes, pudieron ver mejoradas sus precarias condiciones de vida.
¹¹ Sobre la influencia de la Revolución haitiana en la región, véanse los siguientes trabajos: Marixa Lasso, "Haití como símbolo republicano popular en el Caribe colombiano: provincia de Cartagena (1811-1828)", Historia Caribe Vol. III, 8 (2003): 5-18; Dolcey Romero Jaramillo, "El fantasma de la Revolución haitiana. Esclavitud y libertad en Cartagena de Indias, 1812-1815", Historia Caribe Vol. III, 8 (2003): 19-32; Aline Helg, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano, 1770-1835 (Medellín: Fondo Editorial Eafit y Banco de la República, 2011), 200-218.
¹² Dolcey Romero Jaramillo, Esclavitud en la provincia de Santa Marta, 1791-1851 (Santa Marta: Instituto de Cultura y Turismo del Magdalena, 1997), 122.
¹³ Romero, Esclavitud en la provincia de Santa Marta, 136.
¹⁴ Romero, Esclavitud en la provincia de Santa Marta, 135-139, anexos 6-9. Tanto en Santa Marta como en otras provincias, la tendencia en las décadas posteriores al periodo de Independencia fue un 49 descenso gradual en los precios de manumisión. Jorge Andrés Tovar Mora y Hermes Tovar Pinzón, El oscuro camino de la libertad. Los esclavos en Colombia, 1821-1851 (Bogotá: CEDE, Universidad de los Andes, 2009), 122.
¹⁵ Archivo General de la Nación (AGN), Sección Archivo Anexo, Fondo Reclamaciones, t. 1, f. 150 v.
¹⁶ AGN, Sección República, Fondo Civiles, t. 10, ff. 661 r.-670 v.
¹⁷ Constitución del Estado de Cartagena de Indias (Cartagena de Indias: Imprenta del Ciudadano Diego Espinosa, 1812), 115-116.
¹⁸ Gaceta Ministerial de la República de Antioquia (Medellín: Imprenta del Estado por el ciudadano Manuel María Viller-Calderón) 7, 6 de noviembre, 1814, 27-28; Constitución de Mariquita (Santafé: Imprenta del Estado, 1815), 39.
¹⁹ Para un análisis comparativo sobre este tema, véase: Roger Pita Pico, "Rumores de libertad entre la población esclavizada: de la revuelta de los comuneros a las guerras de Independencia de la Nueva Granada", Análisis 79 (2011): 135-167.
²⁰ Archivo Histórico Municipal de Medellín (AHMM), Fondo Concejo, t. 76, ff. 132 r.-133 r.
²¹ Bell, "Deserciones, fugas, cimarronajes", 92.
²² AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, t. 2, f. 581 r.
²³ Archivo Histórico de Cartagena (AHC), Fondo Archivo Notaría 1ª de Cartagena, tomos años 1814-53 1815.
²⁴ Véase: Roger Pita Pico, El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras de Independencia de Colombia, 1810-1825 (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2012).
²⁵ Pedro Salzedo del Villar, Apuntaciones historiales de Mompox (Cartagena: Gobernación del Departamento de Bolívar, 1987), 100; Helg, Libertad e igualdad, 272.
²⁶ AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Esclavos, t. 3, ff. 187 r.-189 v.
²⁷ Oswaldo Díaz Díaz, "La Reconquista española", en Historia extensa de Colombia, vol. VI (Bogotá: Lerner, 1964), 75-76.
²⁸ Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá, t. III (Bogotá: ABC, 1951), 171.
²⁹ Romero, "El fantasma de la Revolución haitiana", 32.
³⁰ AGN, Sección República, Fondo Congreso, t. 24, ff. 160 r.-161 v.
³¹ Vicente Lecuna, Cartas del Libertador, t. II (Caracas: Litografía y Tipografía del Comercio, 1929), 135.
³² Memorias del general O'Leary, t. 17 (Caracas: Imprenta de la Gaceta Oficial, 1881), 161-167.
³³ Francisco Rivas Vicuña, Las guerras de Bolívar, t. IV (Bogotá: Imprenta Nacional, 1938), 246.
³⁴ AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, t. 324, ff. 1036 v.-1037 r.
³⁵ AHMG, Fondo Gobernación del Magdalena, depósito 1, bloque 1, estante 2, bandeja 1, caja 4-2, 57 carpeta 2, f. 107 r., 1824.
³⁶ AGN, Sección República, Fondo Ministerio de Hacienda, t. 268, f. 508 v.
³⁷ Tovar Mora y Tovar Pinzón, El oscuro camino, 61.
³⁸ Pedro Castro Trespalacios, Culturas aborígenes cesarenses e independencia de Valle de Upar (Bogotá: Biblioteca de Autores Cesarenses, 1979), 78-79.
³⁹ Adolfo Meisel Roca, ed. Historia económica y social del Caribe colombiano (Bogotá: Uninorte y ECOE, 1994), 169.
⁴⁰ Actas del Congreso de Cúcuta, 1821, t. II (Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, 1990), 35.
⁴¹ AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Gobierno Civil, t. 38, f. 514 r.
⁴² Gazeta de Santa Marta (Santa Marta: Imprenta del Seminario por Tadeo Gutiérrez) 19, 15 de septiembre, 1821, 74-75.
⁴³ Castro, Culturas aborígenes, 146-147.
⁴⁴ AGN, Sección República, Fondo Ministerio de Hacienda, t. 222, ff. 778 r.-779 r.
⁴⁵ Mediante ley, los pueblos de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador quedaron reunidos en una sola nación a la que se denominó República de Colombia. Se determinó que habría perpetuamente una fiesta nacional a celebrarse todos los años en los días 25, 26 y 27 de diciembre, consagrada a tres "gloriosos motivos": la independencia absoluta del pueblo de Colombia, su unión en una sola república y el establecimiento de la Constitución nacional y los triunfos militares obtenidos. Gazeta de Colombia (Villa del Rosario de Cúcuta: Imprenta de Espinosa) 1, 6 de septiembre, 1821, 4.
⁴⁶ Este tipo de celebraciones siguieron su curso a lo largo de las tres décadas siguientes. En tiempos de posguerra, adquirían una connotación especial en la medida en que se convirtieron en eventos mucho más pomposos y simbólicos, aunque en la práctica seguían siendo escasos los fondos y muy pocos los esclavizados liberados. Nuevas fiestas se efectuaron con ocasión de la abolición definitiva promulgada hacia el año de 1851, esta vez mucho más majestuosas, enmarcadas dentro del propósito del gobierno liberal de romper con los tiempos pretéritos del coloniaje hispánico. Véase: Dolcey Romero Jaramillo, "Manumisión, ritualidad y fiesta liberal en la provincia de Cartagena durante el siglo XIX", Historia Crítica 29 (2005): 125-147.
⁴⁷ Básicamente se acudió a los periódicos de la época, a los informes oficiales y a otros documentos que fueron muy útiles para completar la información.
⁴⁸ Gaceta de Cartagena de Colombia (Cartagena: Imprenta del Gobierno por Juan Antonio Calvo) 183, 12 de febrero, 1825, 2.
⁴⁹ Castro, Culturas aborígenes, 147-148.
⁵⁰ Este artículo fue reproducido en el periódico capitalino La Indicación (Bogotá: Imprenta de Nicomedes Lora) 11, 5 de octubre, 1822, 41-42.
⁵¹ Gaceta de Cartagena de Colombia 31, 14 de septiembre, 1822, 134.
⁵² Acuerdos del Consejo de Gobierno de la República de Colombia, 1821-1824, t. I, 147. José de Mier, La Gran Colombia, t. I (Bogotá: Presidencia de la República, 1983), 210-212.
⁵³ Gaceta de Cartagena de Colombia 112, 4 de octubre, 1823, 463-464.
⁵⁴ Gaceta de Cartagena de Colombia 128, 24 de enero, 1824, 531.
⁵⁵ Gaceta de Cartagena de Colombia 183, 12 de febrero, 1825, 2.
⁵⁶ Gaceta de Cartagena de Colombia 127, 17 de enero, 1824, 528.
⁵⁷ Este era uno de los elementos más característicos de la Revolución francesa.
⁵⁸ Gaceta de Cartagena de Colombia 127, 17 de enero, 1824, 528-529.
⁵⁹ Gaceta de Cartagena de Colombia 124, 27 de diciembre, 1823, 517-518.
⁶⁰ Gazeta de Cartagena de Indias 125, 3 de enero, 1824, 522; 127, 17 de enero, 1824, 530; 128, 24 de enero, 1824, 534.
⁶¹ AGN, Sección República, Fondo Ministerio de Hacienda, t. 222, f. 782 r.; t. 236, f. 789 r.
⁶² AHMG, Fondo Gobernación del Magdalena, depósito 1, bloque 1, estante 2, bandeja 1, caja 4-2, carpeta 2, f. 200 r., 1824.
⁶³ AHMG, Fondo Gobernación del Magdalena, depósito 1, bloque 1, estante 2, bandeja 1, caja 4-2, carpeta 2, f. 202 r., 1824.
⁶⁴ Gaceta de Cartagena de Colombia 183, 12 de febrero, 1825, 2.
⁶⁵ Romero, Esclavitud en la provincia de Santa Marta, 146, 150.
⁶⁶ Gaceta de Cartagena de Colombia 181, 29 de enero, 1825, 2.
⁶⁷ Gaceta de Cartagena de Colombia 177, 1.º de enero, 1825, 1-2.
⁶⁸ Gaceta de la Nueva Granada (Bogotá) 121, 19 de enero, 1934, 3.
⁶⁹ Mier, La Gran Colombia, t. I, 211; Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, t. III (Bogotá: Imprenta Nacional, 1926), 275-280; Hermes Tovar Pinzón, "La manumisión de esclavos en Colombia, 1809-1851. Aspectos sociales, económicos y políticos", Credencial Historia 59 (1994): 5.
⁷⁰ Dolcey Romero Jaramillo, Los afroatlanticenses. Esclavización, resistencia y abolición (Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, 2009), 146-158; Romero, Esclavitud en la provincia de Santa Marta, 148-167.
⁷¹ Margarita González, "El proceso de manumisión en Colombia", Cuadernos Colombianos I, n.^o 2 (1974): 194.
⁷² Santander y el Congreso de 1823. Actas y correspondencia. Senado, vol. III (Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, 1989), 44.
⁷³ Santander y el Congreso de 1825. Actas y correspondencia. Senado, vol. IV (Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, 1989), 90.
⁷⁴ La Indicación 11, 5 de octubre, 1822, 41-42.
⁷⁵ Castro, Culturas aborígenes, 147-148.
⁷⁶ Castro, Culturas aborígenes, 154-156.
⁷⁷ AGN, Sección República, Fondo Miscelánea, t. 201, ff. 37 r.-39 v.
⁷⁸ Romero, Los afroatlanticenses, 152-153.
⁷⁹ Óscar Almario García, "Racialización, etnicidad y ciudadanía en el Pacífico neogranadino, 17801830", en Independencia y transición a los Estados nacionales en los países andinos: nuevas perspectivas, ed. Armando Martínez Garnica (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005), 323.
⁸⁰ Así, por ejemplo, a mediados de 1823 salió publicado en la prensa local un aviso en el que se ofrecía 69 una zamba de dieciocho años en doscientos pesos, con las habilidades de saber hacer tabacos, moler chocolate, cocinar y realizar otras labores de servicio doméstico. Gaceta de Cartagena de Colombia 98, 19 de julio, 1823, 410.
⁸¹ Gilma Mora de Tovar, "Manumisión de la esclavitud negra en el Caribe colombiano", Credencial Historia 59 (1994): 11.
⁸² Romero, Los afroatlanticenses, 68-70. Según los resultados de un estudio reciente, en una muestra de 791 esclavizados fugados en Colombia entre 1813 y 1850, se halló que Cartagena era una de las tres provincias con mayores índices de huidas. Tovar Mora y Tovar Pinzón, El oscuro camino, 95. Sobre el cimarronaje en la provincia de Santa Marta, véase: Romero, Esclavitud en la provincia de Santa Marta, 180-188.
⁸³ De ese tenor fue un decreto dictado el 14 de octubre de 1824 por el general Carlos Soublette, comandante general e intendente del departamento del Magdalena, en el que ofreció una gratificación que iba de cuatro a veinte pesos a quien capturara algún evadido, y la aplicación de multas y prisión para quien lo ocultare. AHMG, Fondo Gobernación del Magdalena, depósito 1, bloque 1, estante 2, bandeja 1, caja 3-5, carpeta 3, f. 85 r., 1824.

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