SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.9 issue24Film Clubs in the University of Cartagena: A historical and sociocultural relationshipRené Álvarez Orozco y Natalia Ramírez Ocampo (Comp.). Perspectivas históricas sobre la criminalidad y los conflictos sociales en Bucaramanga, siglo XX. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, (2013) author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • Have no similar articlesSimilars in SciELO
  • On index processSimilars in Google

Share


Historia Caribe

Print version ISSN 0122-8803

Hist. Caribe vol.9 no.24 Barranquilla July/Dec. 2014

 

Reseña

Grupo de Memoria Histórica (GMH). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad.
Bogotá: Imprenta Nacional, 2013

El Informe que presenta el Grupo de Memoria Histórica (GMH), coordinado por el abogado y filósofo Gonzalo Sánchez y por la trabajadora social Martha Bello junto con un destacado grupo de investigadores y especialistas, es un estudio necesario para entender con mayor profundidad las causas, dinámicas, consecuencias, transformaciones y continuidades del conflicto armado colombiano, integrando una perspectiva histórica y actual con una posible hoja de ruta hacia el futuro.

La obra va más allá del recuento vivo y escabroso de la violencia y sus variantes, desbordando el inventario trágico y siniestro de la guerra al punto que interpela y desafía constantemente nuestro compromiso personal como ciudadanos colombianos. Quizás su mayor virtud se halla en la capacidad de presentar de forma concreta la mayor parte de los matices, con tradicciones, modalidades, excesos e invisibilidades del conflicto armado guardados en la memoria colectiva. Además da cumplimiento a la Ley 975 de Justicia y Paz que propone elaborar un relato que explique el origen y la evolución de los actores armados ilegales, sin ser un texto oficial.

El texto a grandes rasgos, se puede considerar como el producto mejor terminado del GMH que engloba los principales resultados de sus investigaciones anteriores, sobre algunos casos y problemáticas particulares, ayudando a comprender, a través de explicaciones pluri-causales, la dinámica y evolución del conflicto nacional en sus últimas seis décadas, reevaluando la visión reduccionista, fragmentada y sesgada de la realidad.

Como se anuncia en el prólogo, la memoria histórica de nuestra guerra no es el resultado de un conflicto concluido, sino que es una construcción social que se levanta en paralelo con la violencia, la impunidad, la pobreza y la debilidad del Estado. En este mismo sentido el Informe que presenta GMH, también se debe considerar un producto inacabado y escrito simultáneamente con base en unas cifras de muertes violentas, secuestros, protestas sociales, atentados terroristas, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados, despojos ilegales de tierras, etc., que no cesan y por el contrario parecen aumentar a medida que pasa el tiempo y que las investigaciones muestran otras facetas de la confrontación armada que antes parecían invisibles o simplemente silenciadas.1

Cabe anotar que uno de los principales enfoques teóricos del conflicto se encuentran en la obra de Daniel Pécaut (Guerra contra la sociedad, 2001). En la cual se señala que la sociedad fue insertada en la guerra a través de la victimización y la coerción y no a través de la participación o consentimiento. Otros componentes teóricos hablan de los efectos desastrosos de la baja intensidad de la guerra y su invisibilización a nivel nacional, lo mismo que la eliminación física del adversario político y los problemas que tienen los Estados de Derecho sin democracia. (p. 16). Así mismo hay que resaltar la rica y abundante muestra de 157 fotografías, aunque concentrada únicamente en los fotógrafos Jesús Abad Colorado y León Darío Peláez, en las cuales predominan aquellas cuyo contenido se asocia a los rostros de las víctimas, marchas y protestas sociales, muerte, personajes políticos, masacres y atentados, grafitis y letreros y recortes de prensa. Estos documentos visuales más allá de ser un complemento o una forma de ambientación, constituyen una fuente primaria fundamental, que se convierte a lo largo del texto en una narrativa del conflicto que articula la imagen y su contenido hiper-textual con el contenido escrito.

Ante la amplitud de la obra e importancia de sus contenidos proponemos realizar una mirada por cada uno de sus cinco capítulos y el apartado de recomendaciones, antes de realizar un balance general. Basta decir que en el prólogo y la presentación, escritos por Gonzalo Sánchez y Martha Bello respectivamente, se plantean los objetivos, estructura, limitaciones y alcances del texto.

De esta manera tenemos que el primer capítulo, dedicado a evidenciar y dimensionar las modalidades de la guerra, se muestra de manera concreta el saldo mortal de los últimos 50 años, reportando una alarmante cifra aproximada de 220.000 muertos entre civiles y combatientes por causas violentas. Así mismo se presenta una estimación de la intensidad de las prácticas violentas de los actores armados, encontrando, y no es exclusivo, que los paramilitares realizaron más masacres e hicieron un uso más desproporcionado de la sevicia y el terror, mientras la guerrilla ejecutó una mayor cantidad de tomas y asaltos armados a la población civil y practicó con mayor regularidad el secuestro, la extorsión y los atentados terroristas. Por su parte las fuerzas estatales se distinguieron por las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos. Así mismo el Estado se destaca por su debilidad, incapacidad de mantener el orden y omisión en la aplicación de la justicia y las garantías a los derechos humanos. También hace parte sustancial de este apartado las modalidades violentas del despojo, el desarraigo, la humillación, la violencia sexual, el papel de los niños en la guerra, los atentados terroristas, las minas antipersona, el desplazamiento forzado, la violencia psicológica, y los enfrentamientos y alianzas entre los distintos actores armados.

Las fuentes que permiten analizar estos temas y configurar las 17 gráficas que se presentan a lo largo del capítulo, se basan en las investigaciones y cálculos del GMH, el RUV, el Cinep, ASFADDES y la firma estadística Cifras y Conceptos. Aunque se hacen algunas alusiones al debate que generan las diferencias en los datos presentados por cada una de estas organizaciones, principalmente sobre el año de reconocimiento de las víctimas, no existe una explicación para la gran diferencia que presentan las cifras de muertos civiles del RUV y las del GMH para los años 1996-2009 en la Figura 1 (p. 32), además no se hace ningún comentario a las fuentes que utiliza la firma estadística Cifras y Conceptos, en las que se encuentran organizaciones como Fondelibertad, DAS, Sentencias acopiadas, entrevistas y publicaciones, Policía Nacional, Fiscalía y prensa. Por otro lado se subutilizan datos aportados por esta firma en donde se encuentra que 301 personas fueron secuestradas más de una vez y una llegó a reportar hasta cinco secuestros, así mismo que la mayoría de secuestrados eran adultos 237 hombres en edad productiva, que la duración promedio de cautiverio era de un mes y que un 51 % de los secuestrados políticos pertenecían al Partido Liberal.2 Por otro lado hubiese sido muy pertinente mostrar junto con las gráficas de violencia una sobre los niveles de impunidad, en donde se revelara la verdadera acción del Estado y la justicia.

Otras fuentes importantes en este apartado son las sentencias a militares y paramilitares proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentadas en el Anexo, y las de la Corte Constitucional colombiana. A estas se suman la disposiciones legales para el reconocimiento y tratamiento de los desplazados, la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) en cuanto a versión libre de paramilitares se refiere y algunos apartados de la Revista Semana, especialmente de la sección "Las voces del silencio". Sin embargo la gran fortaleza del capítulo se halla en la presentación de ocho mapas que dejan ver la distribución espacial de las diferentes modalidades del conflicto entre 1980-2012, en los cuales las variables de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, secuestro, desplazamiento, ataques terroristas y minas antipersona, superpuestas en los mapas, muestran una radiografía de la guerra que tiende a ampliarse por todo el territorio nacional.

Por su parte una gran debilidad del capítulo, que señala a Colombia como el país con más desplazados internos del mundo (p. 75), se evidencia en la escasa relación del desplazamiento con las causas de tipo económico y control territorial, que tienen que ver con los despojos y desarraigos para cultivos ilícitos, corredores viales y de comunicación de los llamados megaproyectos, la explotación de recursos mineros y ambientales, los conflictos entre terratenientes y campesinos por los títulos de propiedad, el confinamiento debido a cercos armados, entre otros, aun cuando otras variables de análisis como las cifras, leyes, modalidades y causas violentas, son muy completas.

El segundo capítulo que aborda los orígenes y transformaciones de los grupos armados desde la violencia de los años 50 hasta nuestro presente, de entrada muestra una inconsistencia y es la ausencia de un balance historiográfico sobre la violencia en Colombia, en el cual se demuestre documentadamente que la lucha por la propiedad, control, especulación y explotación de la tierra y sus recursos junto con una precaria democracia producto de la ausencia del Estado y la exclusión del poder político, son los principales detonantes y continuadores del conflicto armado en nuestro país. Y aunque estas causas parecen evidentes el apartado solo analiza sus raíces desde la violencia partidista de la mitad del siglo XX, sin tener en cuenta que sus orígenes se pueden remontar mucho tiempo atrás, cuando las mercedes de tierra, la encomienda y la hacienda ya revelaban el problema de la concentración de la tierra y su poder político, de la misma forma que los conflictos regionales en el siglo XIX caracterizados por el gamonalismo demarcaban el camino de una lucha armada interna por el poder político y económico. No obstante en lo que corresponde a la violencia partidista, el informe tiende a privilegiar la información que proporciona el Informe de la Secretaría de Agricultura del Tolima, dejando de lado importantes espacios y fuentes de este período en otros lugares como Santander, Cundinamarca y los Llanos Orientales. Adicional a esto, si bien los aportes de Pécaut y Paul Oquist se encuentran citados en el Informe, llama la atención la ausencia de la gran obra sobre la violencia de Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, publicada en 1962, titulada La violencia en Colombia: Estudio de un proceso social.

Pese a lo anterior el texto es claro al afirmar que el fracasado proceso de establecimiento de una Reforma Agraria desde los años 60, el choque de intereses políticos y económicos, la corrupción y la expansión del narcotráfico, junto con el enfrentamiento armado de los actores en disputa, establecieron las principales coordenadas que han configurado el conflicto a lo largo del tiempo. De esta manera es posible entender la periodización que propone el informe, en la cual se observa un primer período que va desde (1948-1982) que corresponde a una transición de la violencia partidista a la subversiva, en el que tiene origen las guerrillas y la movilización social. El segundo período (1982-1996) caracterizado por el fortalecimiento de las guerrillas, el surgimiento de los paramilitares y la aparición y posicionamiento del narcotráfico, que desemboca en un tercer período (1996-2005), en el cual tiene escenario el recrudecimiento del conflicto y la radicalización de la opinión pública para darle una salida militar. El último período (2005-2012) se caracteriza por la arremetida de la fuerza pública contra la guerrilla, la desmovilización parcial de los paramilitares que desatan una guerra urbana por el control de las fuentes ilegales de ingreso y una transformación de las modalidades que pasa del campo a las ciudades, especialmente a las periferias.

Por otro lado hay que destacar que en el capítulo las fuentes de tipo bibliográfico sobre el surgimiento y desarrollo de los grupos armados ilegales, principalmente las obras de Mauricio Romero, se articulan con los testimonios de los guerrilleros y paramilitares, lo que permite contrastar esta versión con la oficial que proporcionan los informes de la Defensoría del Pueblo y las noticias sobre los procesos de paz. No obstante, actos como la Toma del Palacio, el ataque a Casa Verde el mismo día en que se elegía a los integrantes de la Constituyente, de la cual quedó excluida la guerrilla y la eliminación sistemática de los miembros de la UP, no son muy profundizados en el informe como episodios de ruptura en el diálogo político del conflicto, lo que significaba el recrudecimiento de las formas de lucha violenta. A esto se suma una falta de explicación más profunda de la situación económica del país, los efectos de la apertura económica, la caída de las exportaciones del café, los recortes significativos en la inversión social, la aceleración de la acumulación, la reducción progresiva en los niveles de vida tradicional, el aumento en los impuestos sobre las ventas, la inflación exorbitante y su respectivo impacto negativo sobre los salarios reales, la masificación marginal del consumo entre las clases medias y la represión a las libertades públicas y sindicales. De la misma forma no es muy clara la relación entre los paramilitares y el latifundio ganadero, la minería y la agroindustria así como no es suficiente con señalar únicamente el índice de Gini para mostrar la desigualdad social, cuando los índices de pobreza, analfabetismo, acceso a la salud y desempleo, presentan una realidad des-agregada y tienen una correlación más directa con los índices de violencia en el país.

Sobre el tercer capítulo hay que decir que cuestiona las relaciones entre justicia y guerra a través de tres variables de análisis: la tradición legalista colombiana, la independencia relativa de la Rama Judicial y las formas diferenciales de presencia territorial de las instituciones judiciales. Dejando claro que es el legalismo al servicio de los más poderosos el que ha reproducido y mantenido los dispositivos de inequidad lo mismo que ha privilegiado la impunidad. Así como la fuerte influencia en este capítulo de las obras del profesor Rodrigo Uprimny muestran que la Rama Judicial colombiana, socavada por su debilidad, ataques a funcionarios, corrupción y por la falta de recursos, se ha caracterizado por una ineficacia sistemática que ha resultado en el aumento de los niveles de impunidad, al punto que una buena parte de la población prefiere no acercarse a ella para denunciar. No obstante las relaciones entre guerra y justicia en el informe no se reducen únicamente a la impunidad, por el contrario, la influencia de los jueces en materia política, las relaciones entre políticos, paramilitares y narcotráfico y la evolución del sistema penal acusatorio junto con el marco jurídico para la paz, revitalizan y alientan la discusión.

Otras fuentes como los decretos legislativos, documentos de la Corte Suprema de Justicia, ensayos sobre el respeto a los derechos humanos, entre otros, permiten observar un gran número de contradicciones y desarticulaciones entre las instituciones estatales, especialmente las judiciales, para abordar cuestiones como la acusación a los victimarios y la atención y derechos de las víctimas. Sobre estas últimas, hubiese sido muy provechoso ahondar sobre su estatus jurídico pues aún no es claro si son víctimas de delitos comunes o de delitos políticos, conceptos fundamentales para su reconocimiento, justicia y posible reparación. Adicional a esto se debe rescatar la importancia de las versiones libres de paramilitares y guerrilleros, que han sido usadas para esclarecer algunos crímenes y encontrar a víctimas desaparecidas, de esta forma no solo se han convertido en herramientas al servicio de la justicia sino que se configuran como valiosas fuentes históricas de la memoria que gravitan en el fangoso terreno de la verdad y la impunidad. Sin embargo estas prácticas, tienen un efecto indirecto que el informe no señala en este capítulo, porque sí lo hace más adelante, y es que en la mayoría de casos los victimarios no recuerdan o niegan su participación en los crímenes, exponiendo a los familiares que asisten a estas declaraciones a una situación intensamente dolorosa que los re-victimiza, pues vuelven a ser víctimas de la incapacidad del Estado y el aparato judicial para establecer la verdad e imponer justicia.

Los capítulos cuarto y quinto, quizás los más interesantes del Informe, porque muestran de forma directa las diferentes facetas del conflicto a través de entrevistas, testimonios, talleres de memoria y formas de expresión de las víctimas, abordan los daños e impactos sobre las víctimas y la importancia de conocer y reconocer el valor de sus memorias. Allí se muestra el horror y la capacidad expansiva del conflicto armado en toda la sociedad colombiana, enfatizando sobre los impactos físicos, psicológicos y materiales, diferenciados en hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, indígenas, afrocolombianos, líderes, comunidades y opositores políticos. No hay duda que es en la memoria colectiva e individual en donde mejor se encuentran expresados los sentimientos de miedo, rabia, impotencia, culpa, sufrimiento y los deseos de transformación y progreso, allí no solo habita gran parte de la verdad de la guerra, sino que se evidencian otros aspectos desconocidos como el grado de horror, la solidaridad colectiva, las formas de resistencia, los actos de valentía y el abandono por parte del Estado y la sociedad.

El informe finaliza con un anexo que recoge algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, la bibliografía, un apartado de las siglas utilizadas a lo largo de este trabajo y un capítulo de recomendaciones en materia de políticas públicas para atender y prevenir los efectos físicos, psicológicos, económicos y socia les del conflicto armado; cabe anotar que estas recomendaciones abordan apenas algunos aspectos como fortalecimiento de las instituciones, mejoramiento, modernización e imparcialidad del aparato judicial, el derecho a la reparación integral y la garantía de no repetición, pero no aportan pasos concretos en materia de la construcción de la paz, pues deja de lado importantes realidades como la impunidad en el proceso de desmovilización de los paramilitares, la acción de los ejércitos anti-restitución y el papel de los actores violentos y de las víctimas en los actuales diálogos de paz, entre otros.

Para terminar, consideramos oportuno señalar la importancia que tiene este tipo de informes para la disciplina histórica y la sociedad, pues constituyen fuentes valiosas en las cuales convergen el discurso oficial, institucional, académico y sobre todo el de las víctimas y sus victimarios con su memoria, como lo han demostrado en espacios diferentes y tiempos anteriores los informes de las comisiones de Verdad y Justicia de Paraguay (Informe Final Anive haguã oiko, 2008), Chile (Informe final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991) y Argentina (Informe Nunca Más, 1984). Informes que por demás no fueron muy utilizados por el GMH para contextualizar y justificar la importancia de su trabajo.

Brayhan Arevalo M.
Historiador, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
arevalo231@gmail.com


1 Véase especialmente el Informe: GMH. La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13. (Bogotá: Taurus/Semana, 2011). Que muestra las violencias escondidas tras el desplazamiento interurbano, las alianzas entre paramilitares, y fuerzas militares y el terror en Medellín.
2 Ver informe: CNMH. Una verdad secuestrada: cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-2010. Bogotá: Imprenta Nacional, 20 de junio de 2013. En: http://www.cifrasyconceptos.com/cms/mo-dules/publicaciones/files/CLDN.UNA%20VERDAD%20SECUESTRADA.pdf.