INTRODUCCIÓN

En el informe presentado por el secretario de Guerra al Congreso de la Nueva Granada en 1851, el oficial, para demostrar el alto grado de legitimidad que en ese momento contaban las fuerzas armadas, señaló cómo los gobernadores solicitaban la permanencia de unidades militares en sus respectivos territorios. Al respecto escribió:

... En otro tiempo se miraba como una calamidad para un pueblo que se acantonase en el algún cuerpo de tropas, y hoy por muchas provincias se reclama se les den guarniciones o se aumenten las que tienen [...]. El poder ejecutivo se ha negado a las exigencias de aquellas gobernaciones porque desea que todos los pueblos se acostumbren a obedecer y respetar las autoridades, sin que sea necesario el aparato de la fuerza armada...¹.

¿Cuál era la razón para que las primeras autoridades políticas de la provincia solicitaran la presencia permanente de cuerpos armados en sus jurisdicciones? Parte de la respuesta se hallaba en sus labores desempeñadas en los sitios donde se acantonaban. Algunas de ellas fueron las funciones de policía y control social que prestaron a los funcionarios provinciales, en un período en el que, a pesar de los informes y conveniencias, nunca se organizó un cuerpo de gendarmería en el país que ayudara a vigilar los caminos y perseguir partidas de salteadores, contrabandistas o prófugos de la ley, por los costos operativos². En general, estas actividades quedaron en manos de las compañías de guardia nacional o de compañías o piquetes del ejército regular.

Lo señalado arriba nos introduce en un rico campo de estudios que en las últimas décadas viene promoviendo la disciplina histórica, en torno a la construcción del Estado. Dicho tema promovió un interés por las fuerzas armadas, que aún en la década del ochenta del siglo XX estaba sujeto a un problema modelado por la academia anglosajona sobre las relaciones civiles-militares, para explicar las razones por las cuales los hombres en armas obstaculizaron los procesos democráticos del continente³. El nuevo enfoque se desmarcó de aquella línea heurística, y le apuntó a estudiar la forma como el ejército y las milicias ayudaron a construir Estado, la ciudadanía e imaginar la nación⁴.

Bajo esta nueva perspectiva se revalorizaron las fuerzas armadas, al identificar su función protagónica en los procesos de construcción de la estatalidad y estatalización⁵. La primera se entiende como el proceso por medio del cual el Estado hace presencia en los diversos niveles jurisdiccionales de su territorio y ejerce formalmente la soberanía; la segunda se refiere a la capacidad de modelar la vida de las localidades a partir de introducir diversas instituciones (justicia, hacienda, policía, etc.), las cuales encarnan una ideología moralizadora, disciplinadora y generadora de una identidad colectiva; de ahí que algunos autores consideren al Estado una revolución cultural⁶.

Lo señalado no significa asumir que el Estado siempre impone su lógica, aunque es su pretensión, pues siempre se enfrenta con los mores locales, las inercias administrativas y las negociaciones implícitas o explicitas que entre funcionarios y habitantes se suscitan en torno a las leyes. Dicha afirmación es más evidente en las primeras décadas del siglo XIX latinoamericano, donde el nivel de autonomía del Estado fue siempre precario, pues estuvo atrapado por los intereses privados, las redes de poder, entre otras. En resumen, como lo argumentan los hortelanos de la etnografía de Estado, sus políticas no son lineales, ya que en los contextos donde operó, se negociaba, se adaptaba, se torcía o se quebraba su imperio de la ley⁷.

El presente escrito señala la importancia que tuvieron las fuerzas armadas en las provincias del Cauca en el proceso de construcción de la estatalidad neogranadina. Para ello se enfocará en primer lugar, en describir brevemente la forma de organización del ejército y la guardia nacional de la Nueva Granada, a partir de la Carta fundamental de 1832, y las razones por las cuales el suroccidente se caracterizó por la presencia permanente de unidades armadas. En segundo lugar, se pasará a identificar las diversas actividades desempeñadas por las unidades acantonadas en la región, que ayudaron a hacer tangible al Estado aun en las comarcas más remotas del territorio, por medio del fortalecimiento a la justicia, la hacienda pública, entre otras tareas realizadas. Posteriormente, se analizará lo que comprometió dichas acciones en relación con la construcción de la estatalidad y estatalización del Estado entre los años treinta y los cincuenta del siglo XIX.

1. EL EJÉRCITO REPUBLICANO EN LAS PROVINCIAS DEL CAUCA⁸

El Ejército republicano de la Nueva Granada, formado a partir de la Constitución de 1832, fue organizado bajo los principios de una fuerza armada no deliberativa sujeta al dosel constitucional. En ese proceso sus unidades de combate terrestre fueron divididas en dos grandes componentes: el permanente y la guardia nacional auxiliar y la cívica, después denominada local. El primero era una fuerza regular, con vocación profesionalizante al estar sujetos sus miembros a las ordenanzas, a las cadenas de mando y la jerarquía militar; pero por la precariedad del fisco debió mantener un pie de fuerza reducido, insuficiente para hacer presencia en todo el territorio nacional. El segundo era un cuerpo de reserva que se llamaba al servicio en tiempos de convulsión interna o invasión extranjera para dar apoyo al ejército regular; fue un cuerpo híbrido porque sus miembros se reclutaban entre los vecinos de los distritos parroquiales, quienes asistían los fines de semana a su entrenamiento (ejercicios doctrinales) y el resto del tiempo se dedicaban a sus actividades cotidianas. En su caso las ordenanzas solo se les aplicaban en servicio activo y el mando era más flexible y fuertemente modelado por el personalismo de sus comandantes, quienes eran los que tenían la influencia suficiente en un distrito para convocar a sus paisanos a enrolarse en las compañías⁹.

A pesar del reducido pie de fuerza regular, las provincias del Cauca (Buenaventura, Cauca, Popayán y Pasto), contaron permanentemente, desde 1832, con unidades militares, las cuales se complementaban con el llamado al servicio de compañías y piquetes de guardia nacional. Las razones de esta constante presencia militar se debieron, primero, a la exigencia de batallones en Pasto o Túquerres, en límites con el Ecuador, por causa de los diversos roces fronterizos durante los años treinta y cuarenta; segundo, el suroccidente, después de concluidas las guerras de independencia, fue inestable políticamente, pues el consenso social, sostenido a lo largo del período colonial, se erosionó a partir de 1809 con ayuda de la emergencia de los discursos republicanos, que lentamente entraron en la opinión pública popular y sirvieron para cuestionar el orden social vigente y formas remanentes del dominio hispánico como la esclavitud, la deferencia social, entre otros. De esta manera se incubaron en la región diversas guerras civiles y levantamientos armados como la guerra de los Supremos (1839-1842), la de 1851, la guerra por la Federación (1859-1862) y asonadas indígenas, especialmente en Pasto¹⁰.

Todas estas amenazas exigieron una presencia activa de unidades militares para responder a los diversos focos que cuestionaban abiertamente la autoridad del Estado y alteraban el orden social. De esta manera desde los primeros años de vida independiente en las "Provincias del Cauca", se institucionalizó la presencia de batallones o compañías del ejército o de la guardia nacional, quienes terminaron desempeñando actividades que contribuyeron a construir estatalidad en las diversas comarcas del suroccidente.

2. EL EJÉRCITO REPUBLICANO Y EL DESPLIEGUE DEL ESTADO EN LAS PROVINCIAS DEL CAUCA

¿Cuáles fueron aquellas actividades que ayudaron a construir los procesos de estatalidad y estatalización en las Provincias del Cauca? Inicialmente se debe decir que la presencia de unidades militares en ciudades capitales como Popayán y Pasto fueron instrumentalizadas por las autoridades civiles para encargarlas de la vigilancia de los edificios públicos, las cárceles, los presidios, escolta de correos, rondas nocturnas, ante la carencia de un cuerpo de policía. Esto hizo sentir la presencia del Estado entre los habitantes de las provincias del Cauca.

Respecto a la vigilancia de edificios públicos, desde 1833 es evidente la institucionalización de dicha tarea en las fuerzas armadas, lo que obligó con frecuencia al gobernador de Popayán a llamar al servicio a miembros de la guardia nacional cuando se retiraban de la ciudad los batallones o compañías del ejército regular. Inmuebles como la gobernación, la casa de la Moneda, el tribunal superior, entre otros espacios administrativos, fueron objeto de permanente vigilancia¹¹. La importancia de dicha actividad se hizo evidente en la manera como los funcionarios buscaron la forma legal para que entraran en servicio las milicias, a pesar de que la ley orgánica no contemplaba esta tarea¹².

También la fuerza pública resguardó las cárceles y presidios del suroccidente, lo que contribuyó al fortalecimiento del monopolio legítimo de la violencia, entendido en el sentido del ejercicio privativo del Estado de aplicar justicia¹³. En general, las armas de la Nueva Granada custodiaron tales locales de castigo, trasladaron presos y condujeron pliegos judiciales.

En esta misma clave, ayudaron a fortalecer la administración de correos. En múltiples ocasiones piquetes de soldados sirvieron de escoltas a las valijas y a los fondos destinados al sostenimiento de la burocracia y de las mismas unidades militares acantonadas en la región. El 19 de julio de 1839 la gobernación de Buenaventura aprobó el nombramiento de una escolta militar para al correo del distrito de Micay en la costa del Pacífico, por "las sospechas fundadas" de haber partidas de salteadores en la zona¹⁴. Dicha tarea sirvió para dar credibilidad al servicio de encomienda estatal, como lo expresó en octubre de 1841 el gobernador de Popayán al solicitar que, a raíz de un asalto del correo por Jambaló, los vecinos de las localidades no deseaban poner su correspondencia en él. Por ello pedía una escolta militar hasta Cali para ayudar así a disipar las dudas¹⁵. De esta manera se fue institucionalizando el acompañamiento militar en momentos de convulsión política o cuando se tenían indicios de la existencia de partidas de salteadores¹⁶. Su importancia en este servicio se evidenció en tiempos de guerra, cuando los correos colapsaban sin no contaban con apoyo militar, como sucedió con la valija de Neiva - Popayán, que se represó en el último semestre de 1841, al no contar con la adecuada vigilancia¹⁷.

A la actividad mencionada se agregó el patrullaje urbano. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 1841 el gobernador de Popayán, José María Galavís, llamó al servicio a la guardia local para vigilar la ciudad¹⁸. Similares funciones hicieron las milicias en las cabeceras de los distritos parroquiales de Caloto, Almaguer y el Trapiche. En general, este servicio se usó en tiempos de guerras civiles, o poco después de concluidas, pues era necesario mantener los cascos urbanos custodiados para evitar desórdenes por la presencia, aún en los alrededores de la ciudades, de partidas rebeldes que medraban la oportunidad para asaltar sus inmediaciones¹⁹.

Si bien la actividad de patrulla no fue regular, todo indica que en ciertos momentos se conformaron rondas nocturnas para prevenir desórdenes o por haber indicios de partidas de salteadores urbanos²⁰. Tal acción fue replicada por las autoridades parroquiales, que recurrían en su caso a las compañías de guardia nacional del distrito, para desempeñarse como policía rural, a pesar que este tipo de fuerza no se institucionalizó en el período de estudio. Pero esto no eximió algunas tentativas de constituir estas patrullas a fines de 1846, cuando la jefatura política de Almaguer, en cabeza del señor José Ignacio Lemos, promovió la formación de un cuerpo de policía con miembros de la guardia nacional, compuesta por una escuadra de caballería (un inspector y cinco comisarios) y dos de infantería (un inspector y siete comisarios cada una). El cuerpo, según el funcionario, se necesitaba "para imponer respeto a las cuadrillas inmorales de negros y los salteadores que no deja de haber ocultos en los montes"²¹. Similar medida se hizo en Caloto, para hacer correrías en varias zonas montuosas y cenagosas de la jurisdicción contra la población rural, negra, mulata y mestiza que vivía dispersa y sin sujeción, dedicándose a múltiples actividades clandestinas, como el cultivo del tabaco, el abigeato y la destilación de aguardiente²².

Relacionado también con actividades de policía, el reclutamiento de hombres para la fuerza regular fue una manera indirecta a través de la cual el ejército sirvió a los funcionarios públicos. Si bien las normas emitidas del período contemplaban las exenciones a la conscripción, también determinaron quiénes eran los sujetos perentorios para el reclutamiento tanto en tiempos de paz como en convulsión política, como los vagos y mal entretenidos. Dicha política fue claramente determinada con la ley del 2 de junio de 1842, en su capítulo 2° de la conscripción, donde especificó claramente qué personas debían reclutarse: los vagos, los solteros insubordinados de vida escandalosa, los notoriamente sindicados de costumbres perniciosas, los jóvenes que no ayudaran a sus padres, los casados que abandonaron a sus mujeres o le den mala vida o estén amancebados y los padres que no respondan por sus hijos²³. En otras palabras, la ley se relacionada con aquellos remanentes morales de los autos de buen gobierno colonial, que exigían una conducta a los individuos bajo los preceptos cristianos de vivir en policía y campana, los cuales fueron resignificados por la ideología republicana en boga²⁴.

No obstante, si bien la ley de 1842 fue taxativa para el reclutamiento de este tipo de hombres, desde tiempo atrás la conscripción de vagos y mal entretenidos fue parte de la moneda corriente de los funcionarios parroquiales, quienes vieron en la captura y remisión al ejército una manera de "extirpar" del cuerpo social a sujetos considerados una carga para la sociedad²⁵. Su acción pone de manifiesto una tradición que finca sus raíces en la ilustración del siglo XVIII, que consideró al ejército como un dispositivo para disciplinar los hombres y convertirlos en útiles para la sociedad. De hecho, se creía que la vida en el cuartel con su rígida disciplina y el respeto a las jerarquías convertía a los reclutas, como lo señaló el secretario de guerra de 1853, al retornar a sus hogares, en: "[...] laboriosos, obedientes a la autoridad y, sobre todo, con ideas y prácticas de honradez y probidad que tan comunes son en los militares"²⁶.

La actividad de policía rural y urbana se relacionó con otro proceso de estatalidad: el fortalecimiento de la capacidad extractiva del Estado. En nuestro caso de estudio, la fuerza pública intentó controlar el cultivo y comercio del tabaco, especialmente en el área comprendida entre Palmira y Caloto hasta finales de la década del cuarenta, cuando el gobierno liberal abolió el estanco de la hoja²⁷. Desde los años veinte existen registros de la colaboración del ejército y las milicias en el control de la hoja²⁸. En términos generales, el ejército y las guardias nacionales de Caloto, Celandia, Palmira, Candelaria, Cali y Popayán terminaron brindando apoyo a los guardas de tabaco, por ser insuficientes para controlar una vasta área comprendida entre Caloto y Palmira, donde se concentró la mayor cantidad de plantaciones clandestinas de tabaco en los bosques de la región²⁹. Por una parte, entregaron armas a los guardas, pero también se terminaron involucrando en las correrías, penetrando en los "montes" , erradicando cultivos y quemando caneyes para el secado de la hoja³⁰.

A lo largo del período de estudio fueron constantes los requerimientos por la administración de tabaco, de cuerpos armados, inicialmente para destacamentos de vigilancia en puntos neurálgicos de la región, como Pílamo, El Palo, puente de Japio, entre otros sitios de Caloto. No obstante, a finales de la década del treinta y en la siguiente pasaron a la estrategia de hacer penetraciones a las áreas boscosas con piquetes de más de 25 hombres, apoyados por baquianos y guardas para erradicar las plantaciones³¹.

A inicios de los cuarenta se percibió un mayor nivel de conflicto entre los representantes de la hacienda estatal y los habitantes de aquellas áreas selváticas dedicados al cultivo de tabaco, ya que allí se refugiaron diversos hombres comprometido en la guerra de los Supremos que, armados, retaron las entradas de la fuerza pública al territorio. Esta situación hizo endurecer las correrías, que tuvieron una mayor efectividad en localizar y destruir plantaciones de tabaco³². Tales incursiones no dejaron de generar actos arbitrarios, que en algunos casos llegaron a oídos de las autoridades judiciales, quienes buscaron esclarecer los hechos. Sin embargo, los informes sobre el tema son exiguos en narrar la violencia desplegada por parte de los agentes del Estado sobre los habitantes de la zona³³; tareas de erradicación de cultivos clandestinos también se presentaron en Sopinga, jurisdicción de Cartago, en el hoy valle de Risaralda, y en el Castigo, valle del Patía³⁴.

Similares actividades también las desempeñó en el control de la producción clandestina de aguardiente y contrabando de mercancías³⁵. El ejército fue utilizado para someter a los denominados "trapicheros", los fabricantes clandestinos de aguardiente, ampliamente extendidos a lo largo y ancho de las provincias caucanas. Por esto, a veces antes de establecer el estanco de aguardiente en una localidad, se enviaba un cuerpo armado para evitar una asonada, pues la medida afectaría la actividad económica de la comunidad³⁶. También la fuerza pública se empleó contra los "rastros", sitios en los que se vendía carne de res que no cancelaban los derechos de carnicería e incluso eran de dudosa procedencia³⁷.

El proceso de despliegue de la estatalidad en los años treinta y cuarenta en la búsqueda de fortalecer la hacienda pública en la región, exigió la aplicación de la normativa republicana. En el ejercicio de controlar la evasión, las autoridades cuestionaron las formas de vida de las poblaciones dedicadas a tales actividades; de esta manera, se estigmatizó la población y la convirtió en sujeto de castigo. En el caso aludido, los hombres y mujeres de aquellos poblados fueron considerados "ladrones" y "abigeos" que andaban armados e intimidando a los vecinos. Se referían a sus asentamientos como "palenque de pícaros y asesinos", o "madriguera", aludiendo a la tradición hispánica de pueblos no sujetos y rebeldes a su majestad³⁸. Así mismo, se usaron otros términos como "amotinados" o "malhechores de Sopinga", "facción contrabandista de Sopinga"; "contrabandistas amotinados en..."³⁹. Toda esta semántica expresa un conflicto entre el Estado que desea imponer un "orden" y su ejercicio homogeneizador por vía de la ley, y otro vernáculo, con sus formas alternativas de vida, que los procesos de estatalidad y estatalización terminaron criminalizando y marginalizando.

Similar actuación hizo la fuerza pública en otros sitios de la geografía caucana⁴⁰. En el proceso, de la mano de sus unidades armadas, el Estado hizo presencia en sus márgenes, intentó imponer su lógica y "civilizar" a los hombres y mujeres calificados de bandidos, abigeos, salteadores, etc. Legitimizó así una biopolítica que tuvo como máximo corolario la estigmatización de los individuos de ascendencia africana, quienes desde los años cuarenta fueron objeto de diversas leyes que buscaron prolongar su sujeción especialmente a los manumitidos por la ley de libertad de vientres de 1821, al considerarlos no estar en la capacidad de asumir responsablemente su libertad⁴¹.

En este mismo horizonte se inscribió la persecución contra partidas de bandidos o cuadrillas de salteadores⁴². Sin embargo, a pesar de la recurrencia del fenómeno en ciertas territorialidades del Cauca, este se encuentra más bien relacionado con los conflictos internos. Raúl Fradkin identificó una correlación en la campaña bonaerense, al señalar que las bandas de asaltantes se nutrieron de los desertores del ejército que huían de la rígida disciplina o de los rebeldes derrotados, que al dispersarse formaban pequeñas unidades que no regresaban a la vida civil y terminaban viviendo del robo a caseríos, a transeúntes y a haciendas, refugiándose en áreas boscosas⁴³. De hecho, las referencias de bandoleros y asaltantes en la región aparecen con frecuencia en los meses y años posteriores al concluir un conflicto interno.

La tabla 1 indica cómo la presencia de grupos etiquetados como bandidos, aumentó en tiempos de conflictos internos (1839-1842 y 1851) y en los años inmediatamente posteriores a su finalización. Este hecho sugiere que, cuando concluían las guerras civiles, gran cantidad de excombatientes desarraigados territorial y comunalmente, terminaban forjando lazos de solidaridad sobre las antiguas unidades armadas que terminaron siendo el vínculo para formar pequeñas bandas que delinquían para sobrevivir, al desertar o ser derrotados⁴⁴. Un ejemplo de esto son el levantamiento liderados por antiguos rebeldes de la Guerra de los Supremos, José Antonio Tascón, artesano de Cartago, y Bernabé Rincón, labrador de Santa Ana, entre el 11 y 20 de abril de 1842, que asaltaron varias haciendas del área de Caloto, o los actos presentados entre agosto y diciembre de 1854, en Cali y otras localidades del valle como en Palmira⁴⁵.

Tabla 1 Frecuencia de informe de informe de bandidos y partidas de salteadores en las 'Trovincias del Cauca", 1830-1852. 

Fuente: ACC. AM. 1832. Paquete 21, legajo 9; ACC. AM. 1833. Paquete 23, legajo 15, 25, 32 (varios documentos); ACC. AM. 1834. Paquete 24, legajo 8, 27 (varios documentos); ACC. AM. 1835. Paquete 25, legajo 24 (varios documentos); ACC. AM. 1839. Paquete 29, legajo 21; ACC. AM. 1840. Paquete 30, legajo 39; ACC. AM. 1840. Paquete 31, legajo 46; ACC. AM. 1841. Paquete 32, legajo 56 (varios documentos); ACC. AM. 1841. Paquete 33, legajo 63; ACC. AM. 1842. Paquete 34, legajo 41; ACC. AM. 1842. Paquete 35, legajo 43 (varios documentos), 44 (Varios documentos), 45, 47 (varios documentos); ACC. AM. 1842. Sin Índice; ACC. AM. 1843. Paquete 36, legajo 18, 19, 24, 26 (varios documentos); ACC. AM. 1843. Paquete 37, legajo 47, 67, 69 (varios documentos), 70 (varios documentos), 72 (varios documentos), 74 (varios documentos); ACC. AM. 1843. Documentos de diversas comandancias del ramo militar; ACC: AM. 1843. Documentos de diversas dependencias dl ramo militar, Bis; ACC. AM: 1843. Diversos documentos del batallón Neira No 3°; ACC. AM. 1846. Paquete 40, legajo 47, 65; ACC. AM. 1846. Paquete 41, legajo 75 bis (varios documentos); ACC. AM. 1848. Paquete 45, legajo 67bis (varios documentos); ACC. AM. 1849. Paquete 46, legajo 48 (varios documentos); ACC. AM. 1850. Paquete 49, legajo 69, 76 (varios documentos), 81 (varios documentos), 84; ACC. AM. 1851. Paquete 50, legajo 50; ACC. AM. 1851. Paquete 57, legajo 57, 58, 67; ACC. AM. 1851. Comunicaciones gobernación de Túquerres (varios documentos); ACC. AM. 1851. Documentos de las gobernaciones de las provincias de Popayán, Cauca y Pasto.

Pero no todos los grupos de bandoleros en las provincias del Cauca se deben interpretar bajo la perspectiva de bandido social de E. Hobsbawm, sino más bien como asociaciones que buscaban lucro⁴⁶. En todo caso, independientemente de si sus acciones tuviesen o no contenido político, su presencia alteraba la tranquilidad de una localidad y su desarticulación fue llevada a cabo por las guardias nacionales, que se convirtieron en garantes del control social y territorial del Estado en varias parroquias. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en la carta fechada el 28 de noviembre de 1842, por el comandante del escuadrón Patía, el coronel Manuel M. Delgado, al gobernador de la provincia de Popayán, en la cual señalaba la importancia de mantener la unidad de combate activa y disciplinada, porque:

[...] Es un cuerpo que pude llamarse con razón aguerrido, ya que temen los enemigos del orden, no sólo por el valor que han manifestado, en todas ocasiones sino también por su constante adhesión y fidelidad al gobierno, aunque han desaparecido los facciosos V S. sabe que todavía hay algunas pequeñas partidas que causan males, principalmente en las parroquias distantes de la capital, muchas de ellas en el estado de desmoralización en que la rebelión ha dejado los pueblos, es de temer que por mucho tiempo habrán malhechores que será necesario perseguir. En ninguna otra parroquia, puede crearse otro cuerpo de milicias que sea capaz de reemplazar al escuadrón, los habitantes del campo detestan la profesión de las armas, se disgustan y huyen cuando los llaman al servicio, con pocos y nada temidos de los enemigos en los soldados de este cuerpo hay en el día espíritu militar, y han adquirido renombre. Por esta razón es que no he dudado en decir a V. S. en que deben conservarse este escuadrón i nada se costea, ni pierde quedando en el estado en que se halla, y por el contrario el gobierno puede contar con un cuerpo fiel y aguerrido que sabrá sostenerlo en toda ocasión.⁴⁷

Así también lo expresó el jefe político de Palmira en una carta de abril de 1843, quien afirmó que sus guardias nacionales daban confianza a los habitantes de su cantón y sus actividades fueron fundamentales para someter la rebelión de Tascón en Caloto⁴⁸. Igualmente, en mayo de 1842, el alcalde de la Sierra pidió no desacuartelar la compañía del distrito y recoger sus armas, por la presencia de bandoleros⁴⁹. Por su parte, la jefatura política de Caloto en abril de 1851, por la aparición de ladrones del Bolo, llamó al servicio la guardia nacional para perseguirlos⁵⁰.

Finalmente, una de las actividades desempeñadas por el ejército fue el servicio en obras públicas, la cual emergió de la ley de 2 de mayo de 1845, establecida por el presidente y general Tomás Cipriano de Mosquera, al constituir en la fuerza permanente el arma de los zapadores⁵¹. En el caso Popayán, esta nueva fuerza apareció tempranamente, pues, entre los meses de septiembre y octubre de 1846, el comandante general del departamento del sur, general Lorenzo Estévez, solicitó al gobernador brindara su apoyo en la apertura del camino a Moscopán por Puracé, liderado por los hombres del batallón 1° de zapadores⁵².

La política de creación de zapadores fue la forma como Mosquera buscó fomentar las obras públicas, especialmente en la apertura o composición de caminos, mutando diversos batallones de infantería a esta arma con el apoyo de ingenieros y agrimensores extranjeros, que vinieron al país bajo su administración. De esta manera, unidades de infantería se transformaron a zapadores, como el batallón de infantería "Mutis" número 2, del que una compañía se dedicó a reparar el camino nacional de la provincia de Pasto a inicios de 1848, mientras otra trabajó en la parroquia de la Balsa en el cantón de Cartago en el norte de la provincia del Cauca y en el camino de Quindío⁵³.

3. LOS LÍMITES DE LA ESTATALIDAD

Las diversas actividades desempeñadas por los cuerpos armados republicanos en las provincias del Cauca durante las primeras décadas de vida republicana señalan su centralidad en el proceso de construcción estatal. Las unidades militares, como ya se ha referenciado, desempeñaron funciones de policía, de fortalecimiento de la hacienda, de la justicia y ejercieron acciones de control social y territorial, en un período en el que sin duda alguna el régimen estatal era débil e incapaz de mantener un control desde su centro político⁵⁴.

Lo anterior significa asumir el Estado como una construcción social, siempre contingente y nunca acabada, de lo que la sociedad del momento fue capaz de instituir. Por lo señalado, estudiar las funciones desempeñadas por las fuerzas armadas durante el período de estudio permite observar los procesos de estatalidad (la forma como el Estado hizo presencia en su capilaridad) y su estatalización (construyendo su institucionalidad). Pero si bien la exposición privilegió las actividades que desempeñó, no debe entender como éxito. Fue un proceso donde se presentaron disensos de todo tipo. Por ejemplo, los oficiales tanto del ejército como de guardia nacional, en diversas ocasiones, se negaron que sus hombres sirvieran de subalternos a los jueces parroquiales para llevar sumarios, pliegos o conducir reos de un distrito a otro. En este caso, tales conflictos no se deben entender como obstáculos para el establecimiento de la judicialidad pública, pues el despliegue estatal no es monolítico ni es un ejercicio de poder discrecional impuesto de arriba hacia abajo. Es un proceso de constitución permanente, en el cual la configuración de sus burocracias es el resultado de pugnas por constituir su institucionalidad y sus ámbitos de acción; mucho más en momentos en que la construcción e innovación de un marco normativo regulador de la sociedad estaba en marcha, que se expresó en la elaboración de códigos de cuño republicano buscando reemplazar las normativas monárquicas. No obstante, a pesar de las reticencias, el apoyo de la fuerza pública al sistema judicial contribuyó al proceso de legalidad⁵⁵, pues permitió su operatividad en diversos ámbitos.

En esta misma reflexión se aplica a la administración de correos, ya que para su consolidación necesitó del apoyo de las autoridades provinciales, que en muchos casos se cristalizó en escoltas militares, como lo señaló el secretario de Hacienda Francisco Soto el 12 de septiembre de 1832⁵⁶. Este hecho nos indica un fenómeno muchas veces desapercibido por parte de los investigadores del Estado, que sus organizaciones no nacen definidas, sino que son contingentes e históricas, y su desenvolvimiento obedece a múltiples factores que coadyuvan para su despliegue e institucionalidad o para su minimización y desinstitucionalización.

La erradicación de cultivos clandestinos de tabaco, en las inmediaciones de Caloto y Sopinga, al sur y al norte del valle geográfico del río Cauca, respectivamente, tampoco fue un éxito, aquellas sociedades rurales siguieron cultivando la hoja, hasta que finalmente el Estado a mediados de siglo XIX, optó por liberalizar su cultivo y comercio. Pero su accionar con toda la violencia anexa, también sugiere otro proceso de la estatalidad, que busca imponer su racionalidad sobre territorialidades donde las prácticas culturales y formas de organización social son consideradas nocivas a los ideales de la ciudadanía republicana, que hacen necesaria su erradicación.

De hecho, su despliegue en aquellas márgenes del Estado expresan uno de los procesos propios de la estatalización, la promoción pero a su vez la inhibición de identidades⁵⁷. En esta línea expositiva, las armas republicanas se concibieron como un espacio para reeducar a aquellos hombres cuyos comportamientos díscolos eran una carga para la sociedad (me refiero al reclutamiento de los vagos y mal entretenidos). Además, por medio del enrolamiento en la guardia nacional por parte de los vecinos de los distritos parroquiales, se buscaba promover los ideales republicanos. De esta manera, se exaltaba un tipo de identidad del vecino comprometido con el bien público y se anatemizaba a todos aquellos considerados una carga para la sociedad. Dichos planteamientos se llevaron a la máxima expresión en la región durante el régimen liberal de mediados de siglo, por medio del enrolamiento de los miembros de las sociedades democráticas en las milicias⁵⁸.

Al respecto, para citar un ejemplo por fuera de las territorialidades aludidas, en una carta fechada desde el Trapiche el 9 de agosto de 1834, enviada al gobernador de la provincia, por el teniente Mariano Guevara, se refirió a un sitio de colonización del hoy denominado alto Putumayo, de esta manera:

Señor habiendo venido a este pueblo en asunto de comercio, entre ellos he encontrado uno de los que no puede llamarse pueblo, sino depósito de bandidos, pues se compone de reos prófugos, esclavos huidos de sus amos y de hombres desconocidos que podrán ser y son perjudiciales a todos los vecinos de este cantón y en un día al gobierno mismo. [...] En esta virtud, Vuestra Señoría debe tomar las providencias más necesarias para contener semejantes abusos, expidiendo si es conveniente la orden necesaria a los jueces y jefes militares para que se arme una partida de cincuenta o más hombres, bajo la dirección del comandante Romualdo López y yo, que me comprometo a ir con la orden de V. S. en obsequio de la patria y el bien g(ene)ral de los pueblos, como buen ciudadano. Con este motivo me suscribo de VS muy atento servidor. Q. S. M. R. Teniente Mariano Guevara⁵⁹.

Más allá de los intereses del oficial Guevara de promover una campaña militar sobre el sitio de Escancé, su misiva expresó una visión más o menos compartida por las autoridades respecto a los asentamientos que se distanciaban del ideal de vida que el Estado republicano promovía.

CONCLUSIONES

Los procesos de construcción del Estado no son lineales o vectoriales, en la marcha, diversos factores se conjugan para desplegar su institucionalidad o para replegarla. El presente escrito privilegió las actividades que las diversas unidades armadas republicanas ejercieron en las provincias del Cauca, para evidenciar la importancia que tuvieron en hacer más tangible el ejercicio de gobierno de los diversos poderes públicos que desde los años treinta hicieron presencia en el territorio.

Si bien el Estado ideal -en referencia a los modelos anglosajones o franceses- que durante muchos años los investigadores no encontraron en nuestro contexto, dio pie para argumentar la tesis de su inexistencia o fracaso del mismo, o para señalar con base en la teoría de la dependencia, de ser una suerte de oficina al servicio de intereses imperiales atlánticos, hoy no tiene cabida. El Estado que se construyó en las primeras décadas de vida independiente, se hizo con los materiales y herramientas disponibles por parte de los diversos grupos de poder en pugna (nunca hegemónicos), para fundar una institucionalidad sobre los códigos y normas republicanas. En este ejercicio, requirieron del apoyo de sus cuerpos armados, con los cuales buscaron hacer presencia en diversas territorialidades, a partir de actividades de policía y control social, como también de disuasión y violencia.

Las acciones desplegadas por las unidades regulares o de milicias en las provincias del Cauca, fue protagónica para dar soporte a las burocracias incipientes que con la precariedad fiscal, intentaron construir un nuevo orden político, que en muchos casos se yuxtapuso a las normas de antiguo régimen, pero buscando siempre implementar los códigos republicanos, sobre una sociedad aún modelada por las estructuras corporativas de viejo cuño.