INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia algunos Estados han mostrado que uno de sus mayores intereses se centra en la adquisición y conservación del territorio, y es a partir de esta premisa que podemos entender que con el pasar del tiempo la jurisdicción estatal poco a poco se ha expandido a nuevos espacios que en principio se encontraban fuera del alcance de la soberanía estatal. Pues bien, una situación que ejemplifica la afirmación precedente es la relacionada con los dominios marinos.

La historia del derecho internacional del mar refleja fuertes discusiones doctrinales iniciadas en el siglo xvii, que manifiestan la preocupación que desde la Antigüedad hasta tiempos presentes ha existido con respecto al dominio del mar. Prueba de lo anterior la encontramos en la propuesta de Francisco de Vitoria, quien proponía la teoría de la inapropiabilidad de los espacios marinos, tesis que sería reforzada posteriormente por Hugo Grocio¹, quien pregonaba la libertad de los mares, bajo el entendido de la imposibilidad de ocupar y delimitar una situación o cosa especialmente ilimitada como los océanos. Por su parte, John Selden, en su obra Mare clausum, defiende contrariamente la posibilidad de apropiación de los mares, permitiéndoles a los Estados ejercer dominio sobre los espacios marinos².

Bajo ese entendido, intereses de tipo económico, político y comercial permitieron a los Estados extender su soberanía en los mares, situación que a todas luces generaría controversias internacionales que deberían ser resueltas bien a través de negociaciones entre los Estados, delimitando sus espacios marítimos y, a su vez, estableciendo derechos y obligaciones en tratados internacionales, o bien mediante la aplicación de las disposiciones del derecho internacional a través de alguno de los mecanismos de solución pacífica de controversias³.

Asimismo es importante tener en cuenta que a medida que los años pasan, los Estados, y en general la humanidad, presentan avances tecnológicos y científicos que les permite explorar cada vez más el planeta y al mismo tiempo encontrar nuevas formas de riqueza, situación que justifica aún más los intereses de los Estados por la apropiación y goce de los espacios marinos, donde la existencia de recursos naturales renovables y no renovables es el mayor atractivo y motivación para el desarrollo de procesos de delimitación marítima entre los Estados.

En consecuencia, poco a poco se fueron creando normas internacionales convencionales⁴ y consuetudinarias, cuyos fines buscan establecer las áreas marítimas sobre las cuales los Estados pueden ejercer soberanía, así como establecer la extensión de las mismas. De esta manera se van constituyendo espacios como el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Si bien estos conceptos son aceptados por algunos miembros de la comunidad internacional, dicha aceptación parcial supuso la transformación de estas áreas, sobre todo en lo que se refiere a la extensión de las mismas.

Por todo lo anterior, la evolución experimentada por el derecho internacional del mar y por ende por las nuevas zonas marinas implicó que las relaciones entre los Estados encontraran un nuevo foco de tensión, con respecto a las extensiones y/o anchuras de aquellas, pero sobre todo frente a la superposición espacial de sus derechos. Bajo este escenario las operaciones de delimitación de los espacios marítimos aumentan su importancia en el escenario internacional, en la medida que son fuente de controversias internacionales⁵. Así pues, los procesos de delimitación buscan establecer líneas divisorias en el mar, que permitan distinguir las áreas donde los Estados ejercen sus poderes soberanos, determinando catálogos de derechos y obligaciones, lo que se traduce en la asignación de competencias al Estado territorial y la exclusión de pretensiones de terceros Estados⁶.

Así las cosas, la delimitación de las zonas marítimas adquiere gran relevancia en el escenario internacional, obligando tanto a los Estados como a los tribunales internacionales y a los estudiosos del derecho internacional a examinar con detalle la situación. De esta manera salta a la vista la cuestión que puede resultar como la mayor preocupación, y es aquella que se refiere al método de delimitación que se elegirá al momento de abordar un proceso de determinación de límites marítimos entre Estados. En ese orden de ideas, tratándose de negociaciones entre Estados, el inconveniente será resuelto por ellos mismos, es decir, en el tratado internacional de delimitación marítima; serán los Estados parte quienes determinen el método a utilizar. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el contencioso internacional, pues si bien los Estados en sus pretensiones proponen a los tribunales la manera como debe llevarse a cabo el procedimiento, el juez internacional cumple su labor atendiendo a lo que dicta el derecho internacional aplicable, ya sea convencional o consuetudinario.

En ese orden de ideas es posible afirmar que el mayor reto que se presenta al respecto es la poca claridad de las normas internacionales convencionales que sobre la materia se han establecido, quedando el juez internacional obligado a echar mano de la costumbre internacional, que pregona el uso de la equidad en los procesos de delimitación marítima. Así pues, debemos cuestionarnos sobre cuáles son los alcances de la equidad en esta labor, y cuál es su papel de cara al derecho internacional.

Pues bien, la problemática planteada en las líneas que preceden ha sido una constante en procesos de delimitación marítima entre Estados a lo largo y ancho de todo el planeta, no pudiendo escapar a esta los Estados de América Latina, quienes en los últimos años han sido testigos de tres fallos de la Corte Internacional de Justicia en los cuales salta a la vista que el protagonista para unos y el antagonista para otros es la equidad.

En razón a lo anterior, el presente escrito tiene como objetivo analizar, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, cómo la equidad ha sido utilizada como principio y fin en los procedimientos de delimitación marítima.

1. LA EQUIDAD Y EL DERECHO NATURAL

A lo largo de la historia han sido numerosos los filósofos y pensadores que se han cuestionado sobre la relación existente entre justicia y derecho, surgiendo así diferentes interrogantes, como por ejemplo: ¿el derecho siempre es justo?, ¿se puede ir más allá de lo establecido en el derecho para llegar a una solución justa? Es posible que la respuestas a estos interrogantes se encuentren en los pensamientos de Aristóteles o incluso en la Biblia, sin embargo, es difícil encontrar una respuesta absoluta.

El término "equidad" viene del latín equitas que significa "igualdad de ánimo". Igualmente podemos encontrar la concepción aristotélica en el término epieikeia. Este último se refiere a la corrección de la ley escrita. Siendo aún más preciso, para Aristóteles las leyes humanas no son omnicomprensivas, es decir, resultan limitadas en la medida que no pueden de manera precedente tener en cuenta todas y cada una de las situaciones que regulan. En esa medida, los hombres podrán corregir los defectos que se presenten en el momento preciso de la aplicación estricta de la ley, y así podrán adaptarla y aplicarla a las situaciones particulares⁷. Así las cosas, es perfectamente posible hacer la distinción entre derecho y equidad, diferenciación que nos permite llegar a una idea de justicia. Bajo esta perspectiva, la equidad no puede considerarse como una regla del derecho, lo que no implica que estos dos conceptos puedan estar separados si queremos acercarnos a una situación justa.

Asimismo podemos encontrar una idea similar en el pensamiento judeo-cristiano. En ella se incluye un sentimiento de humanidad, de clemencia e incluso de misericordia, que permite crear una relación entre razón y sentimiento⁸. Sin mayores dudas, esta concepción influenció a Hugo Grocio, quien terminó por usar dichos elementos en función de la hermenéutica jurídica.

Sin ir más lejos, podemos observar y concluir que estas visiones mencionadas hacen de la equidad un principio de derecho natural, que apunta no solamente a un orden de la naturaleza, sino a la naturaleza misma del ser humano, propuesta que se opone a la idea de un derecho positivo creado por la sociedad.

Finalmente, vale la pena resaltar desde un enfoque más voluntarista la propuesta de John Rawls, quien propone que una vez los hombres deciden vivir en comunidad, establecen unos límites a su libertad, recibiendo como contrapartida ciertas ventajas derivadas de la obediencia misma del sistema, una contrapartida equitativa. Esto es lo que el autor ha llamado el principio de equidad⁹.

2. LA EQUIDAD COMO PRINCIPIO UNIVERSAL

La noción de equidad y el fundamento mismo que inspira este concepto se encuentran presentes en diversos sistemas jurídicos alrededor de todo el mundo. Es así como la Corte Internacional de Justicia lo ha puesto de presente en el fallo de la Plataforma Continental (Túnez y la Jamahiriya Árabe Libia) al afirmar que "dans l'histoire des systèmes juridiques, le terme équité a servi à désigner diverses notions juridiques. On a souvent opposé l'équité aux règles rigides du droit positif, dont la rigueur doit être temperée pour que justice soit rendue"¹⁰. De esta manera podemos destacar la existencia de la equidad en el sistema anglosajón del common law (equity), en el sistema romano-germánico, en el antiguo derecho romano (jus honorarium), como también en sistemas un poco más lejanos como el musulmán, el chino, el hindú, entre otros¹¹. No obstante, como bien lo afirma el juez Weeramantry, la proliferación de la equidad en los diferentes sistemas jurídicos del mundo no significa de manera automática e inmediata una adaptación idéntica de la equidad en el derecho internacional¹².

Así las cosas, tendríamos que preguntarnos: ¿cómo podemos explicar la existencia de la equidad en el derecho internacional? En primer lugar, partiendo de un análisis contemporáneo del sistema jurídico internacional, se debe remarcar que el artículo 1.° de la Carta de las Naciones Unidas invita tanto a los Estados de manera individual como a la comunidad internacional en su conjunto a "mantener la paz y la seguridad internacional [...] de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional". Es ahí donde se encuentra la clave de ingreso de la equidad, estando esta por fuera del derecho internacional, pero incorporándose a aquel, con el fin de llegar a una solución justa.

De igual forma, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia hace mención expresa a la equidad, en su artículo 38, cuando establece que la Corte tiene la facultad de fallar ex aequo et bono, cuando así las partes lo hayan establecido. En consecuencia, esta figura adquiere un carácter excepcional, en la medida que solamente podrá ser utilizada por la disposición de las partes en litigio, y además supone alejarse completamente de las reglas del derecho. Sin embargo, esta opción no parece convencer a los Estados, quienes se muestran aislados de esta posibilidad, ya que, como lo afirma Olivier Pirote, la Corte debe pronunciar el derecho y no construir fallos bajo la idea de una suerte de justicia subjetiva, arraigada en reglas morales de contenido vago y fácilmente cuestionables, escenario propicio para el uso de la equidad¹³.

No obstante, a partir de 1969 la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia incorpora paulatinamente en materia de delimitación marítima la equidad como principio y fin de los procedimientos, empezando allí una importante carrera del concepto en el ordenamiento jurídico internacional.

3. LA EQUIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE DELIMITACIÓN MARÍTIMA

Antes de entrar en detalle sobre el aspecto central de este aparte, es importante cuestionarse sobre las características del derecho internacional de delimitación marítima¹⁴, sobre todo en lo relacionado con su precisión, certeza y capacidad de regulación, frente a los diferentes inconvenientes que pueden presentarse en las relaciones internacionales de los Estados en esta materia. Lo anterior nos lleva a afirmar, como lo ha hecho gran parte de la doctrina, que se trata de una rama del derecho internacional con poco éxito¹⁵. Los Estados, si bien han unido esfuerzos para regular el tema, lo han hecho con muy pocos los resultados sobresalientes.

Partiendo de la situación anterior, encontramos cierta incertidumbre frente a las controversias entre Estados, cuyo núcleo se centra en la delimitación de los espacios marinos. En primer lugar, se debe a que las normas internacionales establecidas para estos efectos, al igual que muchas otras normas jurídicas en diferentes materias, no tienen la facultad de regular todas las situaciones posibles, sobre todo cuando se trata de territorios de Estados, que a todas luces obedecen a particularidades concretas, derivadas de la configuración geológica y geomorfológica de los espacios susceptibles de ser sometidos a la soberanía estatal. En segundo lugar, obedece a que los tratados internacionales multilaterales que establecen regímenes generales sobre las extensiones de los espacios marinos, así como los derechos y obligaciones de los Estados territoriales, no han sido ratificados por todos los miembros de la comunidad internacional, impidiendo así que les sean vinculantes los preceptos allí establecidos, situación que se refleja con las Convenciones de Ginebra de 1958 y la cünvemar de 1982. Y finalmente, este corpus iuris internacional que sobre la materia se ha ido poco a poco edificando no ha sido reconocido como derecho consuetudinario en su totalidad, razón por la cual las obligaciones internacionales que allí surgen no poseen vocación de aplicación general.

Pues bien, de cara a un escenario como el recién mencionado es que aparece la equidad en el ámbito del derecho internacional de la delimitación marítima, concepto que debe ser precisado en cuanto a su relación con el ordenamiento jurídico supranacional. Para estos efectos es posible encontrar en la doctrina diferentes clasificaciones en torno al concepto de equidad, guardando especial interés para el objetivo de este trabajo, aquella que distingue entre: equidad contra legem, esto es, aquella que está en plena contradicción con las disposiciones jurídicas; equidad praeter legem, refiriéndose a la que se usa para llenar las lagunas del derecho, es decir, se aplica en defecto de la ley; y por último, equidad infra legem, para hacer mención a aquella que se utiliza dentro del marco mismo del derecho, es decir, la que la norma jurídica contiene.

Es entonces esta última la que guarda estrecha relación con el derecho internacional. La equidad infra legem, también llamada secundum o propter legem, es aquella que tiene un contenido interpretativo que es autorizado por la esencia misma de una norma jurídica. Es decir, no se trata del análisis textual y plano del derecho, sino más bien lo que se busca es encontrar el contenido teleológico de la disposición. Estamos frente a un escenario donde lo que nos interesa es ir más allá del simple tenor literal de la norma, permitiéndole al operador jurídico, pero sobre todo al juez internacional, ejercer una facultad de aplicar una valoración jurídica a un caso concreto, lo que en otros términos podría ser una suerte de labor creativa, al llenar de contenido una disposición general y abstracta, que en el momento de su aplicación no cumple con su objetivo de cara al valor supremo de la justicia. Así las cosas, está completamente excluida la derogación de la ley por parte de la equidad infra legem, pues se trata de una situación absolutamente diferente, ya que la norma jurídica será aplicada pero imprimiéndole un contenido equitativo.

Bajo la misma lógica encontramos la resolución del Instituto de Derecho Internacional de fecha 3 de septiembre de 1937, en virtud de la cual se afirma:

Al tenor del texto transcrito, es claro que se nos presentan dos posibles usos diferentes de la equidad por el juez internacional. El primero de ellos, relativo a la equidad infra legem, endilgándole al juez una labor interpretativa de la norma, siempre bajo los límites que le marca el derecho. Por su parte, el segundo supuesto se refiere más al uso del ex aequo et bono, en la medida que se podrá apartar el juez del derecho en vigor, siempre y cuando las partes lo hayan autorizado, incluso pudiendo llegar a pensar que puede estar permitiendo una equidad contra legem.

No obstante, hay que decir que las opiniones manifestadas por el Instituto de Derecho Internacional no son de especial aplicación para el tema de la delimitación marítima entre Estados, sino que más bien se trata un precepto de aplicación general en el derecho internacional. Así las cosas, parece más conveniente ir a la normas internacionales especializadas en la materia, para desentrañar con precisión el alcance de la equidad en el derecho internacional de delimitación marítima.

En este punto, queremos postular la siguiente afirmación: en el derecho internacional de la delimitación marítima, la equidad infra legem goza de una especial característica, cual es que esta no es el resultado del ejercicio interpretativo del juez internacional, sino que es la esencia misma de la norma, lo que implica que no son necesarios los esfuerzos de interpretación para fundamentar el uso de la equidad, pues esta es exigida directamente por el derecho convencional y consuetudinario aplicable, al prescribir que el fin de un procedimiento de delimitación marítima es obtener una equidad en los resultados.

Ahora bien, el argumento aquí presentado de ninguna manera busca darle especial cabida o servir de disfraz al uso del ex aequo et bono, ya que, como se ha mencionado en líneas anteriores, y a riesgo de ser reiterativo, esta posibilidad solamente es aceptada previa autorización de las partes, permitiendo así alejarse de manera absoluta de la norma internacional con vocación de aplicación. En ese entendido, se parte del cumplimiento a cabalidad del derecho, pues la norma es la equidad misma.

Para precisar aún más el papel de la equidad en los procedimientos de delimitación marítima es indispensable revisar lo que las normas convencionales han establecido, pero sobre todo el instrumento internacional de mayor importancia y acogida por la comunidad internacional actualmente en la materia¹⁷. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, también conocida como CONVEMAR, UNCLOS (por sus siglas en inglés) o Convención de Montego Bay, comparte el interés de incluir la equidad en las reglas del derecho de delimitación marítima, estableciendo criterios de equidad para resolver los inconvenientes de superposición de derechos de los Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, reglamentación que se refiere al mar territorial¹⁸, a la zona económica exclusiva¹⁹ y a la plataforma continental²⁰. Así las cosas, es claro que la equidad hace parte del espíritu de la Convención, lo que a su vez permite entender que el uso de este concepto no sólo está permitido, sino que es necesaria su utilización para cumplir con las expectativas de los Estados, cual es la solución equitativa.

Ahora, como lo mencionamos anteriormente, el problema de las normas convencionales es su efecto relativo, el cual se comprende de manera absoluta a través de dos principios generales del derecho internacional: pacta sunt servanda y res inter alios acta. Así las cosas, la pregunta que surge es: ¿qué derecho debe aplicar el juez internacional frente a controversias de delimitación marítima, cuando a las partes o a alguna de ellas no se le hacen extensibles las obligaciones internacionales derivadas de las normas convencionales?

Pues bien, la Corte Internacional de Justicia se vio enfrentada a esta ausencia de norma convencional aplicable, en el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, en una controversia que enfrentaba a la República Federal de Alemania, los Países Bajos y Dinamarca. Frente a la imposibilidad de aplicar la Convención de Ginebra de 1958 ya que Alemania no hacía parte del tratado, los Países Bajos y Dinamarca solicitaban la aplicación de la equidistancia en calidad de costumbre internacional, argumento que fue rechazado por la Corte, al afirmar que el uso obligatorio de la línea de equidistancia no hacía parte del derecho internacional consuetudinario. Y es debido a esta especial situación que la Corte, bajo el velo del derecho consuetudinario, construyó su propia norma bajo la fórmula "resultado equitativo-principios equitativos-circunstancias pertinentes". Es decir, la Corte, en vez de utilizar la norma del artículo 6.2 de la Convención de 1958 (pudiéndola haber declarado consuetudinaria), traducida en la fórmula "equidistancia-circunstancias especiales", va más allá, imprimiéndole un contenido teleológico a la delimitación marítima, cual es la equidad de resultados.

Pero esto no debe mirarse como un simple cambio de normatividad aplicable, puesto que el objetivo de obtener un resultado equitativo supone diferentes modificaciones, empezando porque la equidistancia no será ya el único método para la delimitación, teniendo entonces que observar diferentes aspectos derivados del caso en concreto, para determinar la forma cómo se llevará a cabo la asignación de dominios marinos a cada uno de los Estados. La regla de ese momento en adelante, como lo afirma Ruilboa García, ya no es la búsqueda de un único método de delimitación, sino un fin único: resultados equitativos²¹.

Ahora bien, la inquietud que surgió al momento del fallo comentado y que se ha mantenido en el tiempo se refiere a esa potestad o facultad creadora de normas en cabeza de la Corte Internacional de Justicia. Ciertamente los jueces tienen delimitadas sus funciones a la aplicación e interpretación del derecho, lo que a todas luces choca fuertemente con la posibilidad de crear derecho. No obstante, en el caso de la Corte Internacional de Justicia esta atribución parece derivar del artículo 38 de su Estatuto. Como lo mencionan Lucchini y Voelckel, si bien la jurisprudencia es considerada como un medio auxiliar para la determinación de las normas de derecho, en ese ámbito cabe la posibilidad, no latente, pero al fin existente, de la creación de normas jurídicas²².

Esta creación de la Corte Internacional de Justicia tendría un uso prolongado en el tiempo, de tal manera que, una vez aparecida la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar²³, sería la invención jurisprudencial la utilizada en los procesos de delimitación marítima y no la norma convencional, en razón a sus imprecisiones y vacíos. De acuerdo con Prosper Weil, los defectos recién mencionados, tienen como consecuencia que las normas de 1982 sean consideradas como simples directivas vagas y generales, de muy difícil aplicación a casos concretos²⁴.

De esta manera podemos destacar una lista de casos en sede de la Corte Internacional de Justicia en que se aplica la fórmula "resultado equitativo-principios equitativos-circunstancias pertinentes", tanto antes como después de la entrada en vigencia de la Convención de 1982. Así, podemos resaltar, entre otros, los diferendos de la plataforma continental entre Túnez y Libia (1982), la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine (1984), la plataforma continental entre Libia y Malta (1985), el diferendo fronterizo terrestre, insular y marítimo entre El Salvador y Honduras (1992), la delimitación marítima en la región situada entre Groenlandia y Jan Mayen entre Dinamarca y Noruega (1993), la delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Baréin (2001), la frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria (2002), el diferendo territorial y marítimo en el Mar Caribe entre Nicaragua y Honduras (2007), la delimitación marítima en el Mar Negro (2009), el diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia (2012) y el diferendo marítimo entre Perú y Chile (2014).

De acuerdo con todo lo anterior, consideramos necesario acudir a la jurisprudencia internacional y conocer la metodología que la Corte Internacional de Justicia ha venido aplicando a los diferentes diferendos de delimitación marítima.

4. LA OPERACIÓN ADJUDICATIVA DE DELIMITACIÓN CON EQUIDAD

La Corte Internacional de Justicia a lo largo de su jurisprudencia ha ido construyendo, mediante el uso de la equidad infra legem, todo un procedimiento para llevar a cabo la delimitación de los espacios marítimos de Estados que se encuentran en controversia. Por supuesto, pese a que existe una uniformidad en la manera de fallar del Tribunal, creando una suerte de jurisprudencia constante, todos y cada uno de los casos resultan únicos, con especificidades especiales que deben ser tenidas en cuenta en el momento de fallar, lo que no impide entonces que se tracen directrices generales que serán analizadas y escogidas por la Corte al realizar la operación adjudicativa de delimitación, siempre bajo la idea de la equidad de resultados.

Ahora bien, como lo mencionamos en el aparte anterior, es indispensable, para el cumplimiento de la labor encomendada a la Corte, la identificación del derecho aplicable, teniendo presente que es posible que entre las partes de la controversia limítrofe existan tratados internacionales de delimitación marítima, o escenarios que permitan desentrañar la existencia de una aquiescencia o estoppel²⁵, o incluso, de una costumbre entre los Estados especialmente concernidos. En estos casos se trata de normas convencionales o consuetudinarias particulares, situación diferente a la que se puede observar cuando se es parte, por ejemplo, de la Convención de Montego Bay, puesto que los Estados que alegan la existencia de acuerdos previos buscarán demostrar que no hay lugar a construir una hipótesis de delimitación, en tanto la situación ya ha sido convencionalmente solucionada o de la actuación de las partes se muestra la existencia de acuerdos "tácitos" sobre el particular²⁶.

Una vez analizadas las situaciones mencionadas, si la Corte encuentra que no hay mérito para conservar las alegaciones de los Estados sobre la existencia de acuerdos escritos o prácticas estatales que den noticia de una delimitación entre las partes, procede a determinar el derecho aplicable en las normas jurisprudenciales que se han ido construyendo, bajo la trilogía de línea media provisional, circunstancias pertinentes y análisis de desproporcionalidad, todo en el marco de la equidad como principio teleológico, en busca de un resultado equitativo.

CONCLUSIONES

El derecho internacional de la delimitación marítima ha evolucionado con el paso del tiempo, debido a la incesante voluntad de los Estados de extender su soberanía en el territorio marítimo y así poder disfrutar de un mayor poder soberano, pero sobre todo de los recursos naturales que en los dominios marinos se encuentran. Por esta razón, y con el fin de evitar que los conflictos entre Estados proliferen, la comunidad internacional ha tratado de establecer reglas convencionales que permitan delimitar los espacios marinos, lo que, pese a estar respaldado por una buena intención, parece no haber alcanzado un mayor éxito, causando entonces importantes controversias en el derecho internacional.

Ante la situación mencionada, el derecho consuetudinario, pero más que este, la labor del juez internacional y, en especial, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, ha venido a paliar los efectos causados por la ausencia de claridad y efectividad de la regulación internacional de la delimitación marítima, creando una fórmula basada en la equidad infra legem, según la cual todo el procedimiento se debe realizar bajo la idea de obtener una equidad de resultados. La trilogía propuesta por la Corte, es decir, "línea media provisional, circunstancias pertinentes y análisis de desproporcionalidad", corresponde a etapas que no deben analizarse de manera individual e independiente, pues todas ellas comparten un thelos, aspecto primordial de la construcción jurisprudencial y que simplemente se reduce a un resultado equitativo.

Ahora bien, analizados estos puntos se puede considerar que varias de las críticas que se le han formulado a la metodología jurisprudencial de la delimitación marítima se fundan en una desconfianza hacia el término equidad, relacionándolo indefectiblemente con el concepto de ex aequo et bono, figura también aceptada bajo ciertas condiciones por el derecho internacional pero cuyo principal efecto o defecto (según la posición que se asuma) será la exclusión absoluta de la aplicación de las normas del derecho, dejando pues la solución de controversias al buen sentido de justicia del juez internacional.

Entendemos por supuesto la preocupación, que además en América Latina se ha hecho sentir en los últimos años, con ocasión de los tres fallos de delimitación emitidos por la Corte Internacional de Justicia entre países de la región, la cual se ha fundamentado en la afirmación de un excesivo subjetivismo, que afecta enormemente los intereses de algunos Estados. Sin embargo, no compartimos aquellas posiciones que satanizan el uso de la equidad en los procesos de delimitación, pues, como se puede observar en el desarrollo de este escrito, si bien hay decisiones subjetivas del juez en algunos momentos, el contenido objetivo del procedimiento es mayoritario.

Como queda claro en este texto, la equidad infra legem no posee las cualidades de la contra legem, de hecho son completamente contradictorias, razón por la cual aseverar que la equidad utilizada en los procedimientos de delimitación marítima excluye la norma jurídica es un error. De nuevo y además como conclusión del presente trabajo, la equidad aquí estudiada es aquella que yace del espíritu mismo de la disposición jurídica, no siendo una invención del juez internacional a través de la costumbre, pues como se mencionó, también es el objetivo de las normas convencionales. Así las cosas, el camino nos lleva inevitablemente a una afirmación, y es que los Estados como sujetos del derecho internacional y, por ende, como participantes activos en la creación de normas convencionales y consuetudinarias, quieren que la equidad esté presente en sus procesos de delimitación marítima, pues de no ser así, no se ratificarían tratados como la cünvemar y/o se denunciarían estos, pero además, en la práctica, los Estados cambiarían su modus operandi en las relaciones internacionales de tipo marítimo.

Finalmente, no podemos olvidar que la relación existente entre derecho y justicia encuentra un gran aliado en la equidad, de tal manera que esta le permite a un instrumento creado por el hombre para regular sus relaciones sociales acercarse en mayor medida al valor supremo de la justicia, formulación que por supuesto se puede hacer extensiva al derecho internacional sin alterar en nada su esencia. Así pues, y como última gran conclusión, la equidad correctiva, frecuentemente aquí mencionada, no busca nada diferente en el derecho internacional de la delimitación marítima que proveer decisiones basadas en la justicia.