*Para citar el artículo: LEIVA RAMÍREZ, E. , JIMÉNEZ, W. G. y MENESES QUINTANA, O. Los derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991 como resultado de un proceso constituyente deliberativo. En Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia. N.° 42, enero-abril de 2019, pp. 149-180. DOI: https://doi.org/10.18601/01229893.n42.06.

** Este documento es un avance de investigación de los proyectos de investigación "La Corte Constitucional y sus magistrados: 25 años de desarrollo constitucional colombiano para el mundo", perteneciente al grupo de investigación "Estado, Derecho y Territorio" de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre; "Derecho e internet: jurisdicción y regulación jurídica en los casos de derecho a la intimidad versus derecho a la libertad de expresión", adscrito al grupo "Teoría del Derecho, de la Justicia y de la Política" de la Universidad La Gran Colombia; y "Legislación, Políticas Públicas y Democracia Deliberativa", adscrito al grupo de investigación "Estudios en Bioética, Ecología Humana y Ecología Política. Con(S)ciencia" de la Universidad Libre de Colombia.

¹ "Antes de la Independencia definitiva del Virreinato de Nueva Granada en 1819, se conocieron distintas Constituciones denominadas como 'provinciales', siendo la primera la Constitución del Estado de Cundinamarca de 1811 y subsiguientemente la Constitución de Tunja de 1811 y la Constitución de Antioquia de 1811. En el año de 1812 se expidieron las Constituciones de la República de Cundinamarca y la del Estado de Cartagena. En 1815, fueron promulgadas la Constitución del Estado de Mariquita, la Constitución provisional de la Provincia de Antioquia y la Constitución de la Provincia de Neiva. Después de esto, se expidieron varias constituciones de carácter nacional, siendo la primera la Constitución de Cúcuta de 1821; la Constitución de 1830, la Constitución de 1832 o del Estado de Nueva Granada, la Constitución de 1843 o de la República de la Nueva Granada. Luego de estas, se expidieron unas Constituciones de tendencia federal, siendo la primera la Constitución de 1853, la Constitución de la Confederación Granadina de 1858. Véase RODRÍGUEZ, L. Derecho administrativo general y colombiano. Bogotá: Temis, 2013, 58 y la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, en Restrepo [Piedrahíta], C. Constituciones políticas nacionales de Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995, 10 y 11. Con la Constitución Política de 1886, se cerró la disputa entre centralismo y federalismo, primando totalmente la primera [sic], al punto que dicha concepción político-administrativa sigue plasmada en la Constitución Política de 1991[,] variándose en lo que hace relación a la autonomía territorial y administrativa[,] dando aplicación al concepto de centralización política y descentralización administrativa. La Constitución de 1886 fue sometida a reformas en los años de 1910, 1936, 1945, 1957 (mediante plebiscito), 1968, 1979 y 1986". Leiva, E. y Muñoz, A. El poder constituyente y la Carta de Derechos en la Constitución Política de 1991. En Revista Administración & Desarrollo. Vol. 39, n.° 54. 2011, 119.

²Amador, S. El camino de la Constitución de 1991: diario de la exclusión. En QUINTANA, O. et al. Poder constituyente, conflicto y Constitución en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, 2005, 87.

³Constitución Política de 1886, art. 218: "La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, sólo podrá' ser reformada por un Acto Legislativo, discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno, para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por ésta nuevamente debatido, y, últimamente, aprobado por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada Cámara. Si el Gobierno no publicare oportunamente el proyecto de Acto Legislativo, lo hará' el Presidente del Congreso". Este artículo fue incluido en la Constitución mediante el referéndum plebiscitario de 1957.

⁴Sobre la participación de estas corrientes sociales véase el título tercero de este documento.

⁵Aunque la categoría de eficacia o uso simbólico del derecho no resulta metodológicamente aplicable al contexto que se está analizando en este acápite, sí es apropiado mencionar que los Estados de derecho de corte liberal confían en que las normas jurídicas (incluyendo las constitucionales) contribuyen a resolver los conflictos sociales por el efecto persuasivo que ellas poseen. Sobre el particular, García Villegas y Boaventura de Sousa sostienen: "Los gobiernos en Colombia intentan compensar la incapacidad del Estado para tratar las demandas sociales en términos políticos, con una fuerte insistencia en la dimensión jurídica de tales problemas [...] El déficit de maniobra política de los gobiernos propicia el uso simbólico de los discursos legales. Mientras más limitado es el margen de maniobra política de los gobiernos en Colombia y más incontrolable es la violencia, más inclinados están estos a tratar dichos problemas de manera tal que el énfasis institucional se ponga en la legitimación, la comunicación y el uso simbólico del derecho en la obtención de resultados". De SOUSA SANTOS, B. y García Villegas, M. El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Bogotá: Siglo XXI Editores, 2001, 73 y 74.

⁶Aunque no es el referente jurisprudencial más próximo, la sentencia T-406 de 1992 permite visualizar las intenciones consagradas en la Constitución de 1991 y la forma como estas eran entendidas por los primeros intérpretes de esta norma jurídico-política: "La fórmula del artículo primero de la Constitución, ampliada y respaldada a través de todo el texto fundamental, según la cual Colombia se define como un Estado social de derecho, es de una importancia sin precedentes en el contexto del constitucionalismo colombiano. Esta importancia amerita un pronunciamiento de la Corte sobre el alcance de este concepto y sobre su sentido e interpretación, no sólo en el contexto internacional -del cual sin duda alguna se nutrió la Asamblea Nacional Constituyentesino en la Constitución misma, vista como una norma autónoma [...] El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política". Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992, M.P.: Ciro Angarita Barón.

⁷Elster, J. Ulises desatado: estudios sobre racionalidad,precompromiso y restricciones. Barcelona: Gedisa, 2002, 67.

⁸Leiva, E. La influencia de las Tic y la educación cívica en los procesos deliberativos de las sociedades pluralistas. En Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. N.° 14, 3.

⁹Ibíd., 3.

¹⁰Habermas, J. Teoría de la acción de la acción comunicativa: racionalidad de la acción y racionalización social. Madrid: Taurus, 1987, 210.

¹¹Leiva. La influencia de las Tic y la educación cívica en los procesos deliberativos de las sociedades pluralistas, cit., 5.

¹²Ferrajoli, L. Principia iuris: teoría del derecho y de la democracia. Madrid: Trotta, 2011, 90.

¹³Prieto, L. Derechos fundamentales neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Lima: Palestra, 2002, 81.

¹⁴De esta forma, el derecho a la educación adquiere un carácter político, pues a través de él la ciudadanía puede adquirir no solo conocimientos académicos, sino aquellos de contenido democrático, permitiendo estos últimos el ejercicio de las garantías constitucionales que contribuyen a la realización de una constitución viviente. Waluchow, W. Una teoría del control judicial de constitucionalidad basada en el commom law: un árbol vivo. Madrid: Marcial Pons, 2009, 350.

¹⁵"Junto a los tradicionales derechos de libertad, las Constituciones de este siglo han reconocido sin embargo otros derechos vitales o fundamentales: los ya recordados derechos a la subsistencia, a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la información y similares. A diferencia de los derechos de libertad, que son derechos (o facultades de comportamientos propios) a los que corresponden prohibiciones (o deberes públicos de no hacer), estos derechos, que podemos llamar 'sociales' o también 'materiales', son derechos (o expectativas de comportamientos ajenos) a los que deberían corresponder obligaciones (o deberes públicos de hacer). La noción liberal del 'estado de derecho' debe ser, en consecuencia, ampliada para incluir también la figura del estado vinculado por obligaciones además de por prohibiciones. Diremos por consiguiente que cuando un ordenamiento constitucional incorpora sólo prohibiciones, que requieren prestaciones negativas en garantía de los derechos de libertad, se le caracteriza como estado de derecho liberal; cuando por el contrario incorpora también obligaciones, que requieren prestaciones positivas en garantía de derechos sociales, se le caracterizará como estado de derecho social". Ferrajoli, L. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995, 861.

¹⁶Martí, J. La república deliberativa: una teoría de la democracia. Madrid: Gedisa, 2006, 297.

¹⁷Habermas. Teoría de la acción de la acción comunicativa: racionalidad de la acción y racionalización social, cit., 360.

¹⁸Leiva. La influencia de las Tic y la educación cívica en los procesos deliberativos de las sociedades pluralistas, cit., 7.

¹⁹Sobre el particular, Martí afirma: "Los procesos deliberativos institucionales se regulan mediante derechos y obligaciones establecidos por otras normas jurídicas, y además están vinculados a los poderes del Estado. Los procesos deliberativos no institucionales, por su parte, son procesos difusos, mucho más complejos y no reglamentados directamente por una norma jurídica, que tienen lugar en la esfera de la sociedad civil, con diferentes estructuras más o menos establecidas, diversa intensidad e importancia, etc., como la publicación de artículos de opinión, cartas al director en la prensa, los debates televisivos, las conversaciones de café, etc. En estos casos, no es posible determinar institucionalmente quién debe deliberar, así que los sujetos de la deliberación son potencialmente todos los seres humanos". MARTÍ. La república deliberativa: una teoría de la democracia, cit., 80.

²⁰Leiva. La influencia de las Tic y la educación cívica en los procesos deliberativos de las sociedades pluralistas, cit., 6.

²¹Corte Constitucional. Sentencia C-141 de 2010, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

²²Sobre el análisis realizado por la Corte Suprema de Justicia y las sentencias de cons-titucionalidad a los decretos que convocaban a una Asamblea Nacional Constituyente, véase el título III de este documento.

²³Corte Constitucional. Auto A003 de 1992, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

²⁴Entre los ejemplos de este tipo de actividad política se encuentran el plebiscito de 1957 o a través de comisionados por el pueblo para una asamblea constituyente. En 1863 y 1886 la Asamblea fue producto de la decisión de los triunfadores de una guerra civil. Y en 1991 fue producto del sufragio universal, igual y secreto como procedimiento democrático. En estos casos no existen otros límites que los que el pueblo haya establecido. Estos comisionados disponen de todos los medios para cumplir un fin.

²⁵"Un simple repaso de nuestra historia constitucional y política es el mejor medio demostrativo de lo afirmado. En las incipientes e inestables formas políticas de la sociedad colombiana en el siglo XIX, el constituyente primario está plenamente ausente de las constituciones de Cúcuta, Ocaña, Rionegro y hasta de la de Núñez y Caro, vigente durante casi todo el XX; pues aun cuando para la adopción de esta última se acudió a un consejo de delegatarios, que actuó como cuerpo constituyente, su origen no fue más allá del querer del Regenerador. "Similares consideraciones pueden hacerse respecto de la única intervención popular en materia constitucional en el siglo anterior, pues de todos son conocidas las circunstancias que rodearon el acto plebiscitario de diciembre de 1957, muy alejadas de lo que pudiera llamarse una verdadera manifestación libre, espontánea y soberana de la mayoría de la población". MONCAYO, V. El Leviatán derrotado: reflexiones sobre teoría del Estado y el caso colombiano. Bogotá: Norma, 2004, 281.

²⁶"De conformidad con la doctrina universal de la teoría general del Estado, en la democracia constitucional el poder soberano del pueblo se ejerce de dos maneras diferentes: "Como un poder pleno, soberano en sentido lato, cuando se manifiesta en las circunstancias propias de la creación de una constitución. "Como un poder velado pero potencial, cuando se ejerce durante la vigencia y eficacia de una constitución. En este caso el poder soberano se encuentra encauzado por los parámetros constitucionales y sólo se manifiesta directamente cuando se produce una crisis constitucional que ponga en duda la validez o la eficacia de la constitución". Leiva y Muñoz. El poder constituyente y la Carta de Derechos en la Constitución Política de 1991, cit., 120.

²⁷"El poder constituyente es el pueblo, el cual posee per se un poder soberano absoluto, ilimitado, permanente, sin límites y sin control jurisdiccional, pues sus actos son políticos-fundacionales y no jurídicos, y cuya validez se deriva de la propia voluntad política de la sociedad. Casi siempre su manifestación va acompañada de una ruptura del orden jurídico anterior. El poder del pueblo es anterior al derecho, fuente del derecho, esencia del derecho y modificatorio de todo el derecho, inclusive el derecho constitucional". Corte Constitucional. Auto A003 de 1992, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

²⁸"Así, en el caso colombiano, los artículos 374 y siguientes de la Constitución establecen e instituyen ese poder de reforma, pues regulan los modos de reforma de la Carta, que son: acto legislativo, referendo y Asamblea Constituyente. Esas normas fijan además las reglas y los procedimientos a los cuales están sometidos tales mecanismos de reforma constitucional. Así las cosas, no duda la Corte que en tales eventos se está frente al ejercicio de un poder derivado y, por lo mismo, limitado por la propia Constitución". Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2003, M.P: Eduardo Montealegre Lynett.

²⁹"En pocas pero trascendentes palabras, el poder constituyente primario representa una potencia moral y política de última instancia, capaz aun en las horas de mayor tiniebla, de fijar el curso histórico del Estado, insurgiendo [sic] como tal con toda su esencia y vigor creativos. "Por esto mismo, sabe abrir canales obstruidos de expresión, o establecer los que han sido negados, o, en fin, convertir en eficaz un sistema inidóneo que, por factores diversos, ha llegado a perder vitalidad y aceptación". Younes Moreno, D. Panorama de las reformas del Estado y de la Administración Pública. Bogotá: Universidad del Rosario, 2004, 196.

³⁰Leiva y Muñoz. El poder constituyente y la Carta de Derechos en la Constitución Política de 1991, cit., 121. Ha dicho, por su parte, la Corte Constitucional: "De este modo, una es la situación cuando el pueblo, en un acto de auto afirmación y por fuera de todo cauce normativo, decide reformar la Constitución o darse una nueva, y establece para ello los mecanismos que resulten apropiados, y otra muy distinta aquella en la cual, a la luz de las previsiones constitucionales, el pueblo es convocado para que decida si convoca una asamblea nacional constituyente con el periodo y las competencias que el Congreso, órgano constituido, le haya fijado en una ley, o cuando, también mediante ley, se le convoca para que exprese su afirmación o su negación a una propuesta de reforma a la Constitución. En el primer caso el pueblo actúa como constituyente primario, en el segundo obra en el ámbito de los poderes constituidos y se encuentra subordinado a la Constitución". Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 2007, M.P: Rodrigo Escobar Gil.

³¹Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2003, M.P: Eduardo Montealegre Lynett.

³²"El problema surge entonces cuando la ciudadanía manifiesta claramente su voluntad de sustituir la Carta. En tales eventos, si la propia Constitución no prevé alguna forma de expresión jurídica del poder constituyente originario, entonces se llega al siguiente dilema indeseable: o la dinámica del poder constituyente se ve obstruida y asfixiada por los límites al poder de reforma; o por el contrario, una ruptura constitucional ocurre a fin de permitir la expresión del poder constituyente". Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2003, M.P: Eduardo Montealegre Lynett.

³³"La idea de pueblo soberano es un concepto constitucional límite estrechamente relacionado con las ideas de soberanía, democracia liberal y democracia constitucional. La visión histórica y conceptual típica del Estado liberal de derecho que predominó desde el siglo XVIII, propugnó una noción de soberanía enmarcada dentro del concepto de nación como unidad homogénea. A partir de la Segunda Guerra Mundial esa noción decimonónica ha evolucionado hacia una visión pluralista, de acuerdo con la cual es menester garantizar tanto la posición de la mayoría como las voces de las minorías y ya no es posible que un único grupo de ciudadanos, por numeroso y respetable que sea, se atribuya la voz del pueblo soberano". Corte Constitucional. Sentencia C-141 de 2010, M.P: Humberto Antonio Sierra Porto.

³⁴Sin embargo, el título XIII y el artículo 374 se refieren únicamente a "reforma"; es desacertado lo señalado en dicha sentencia, pues es lógico que la misma Constitución solo prevea su reforma, no su sustitución, puesto que esta última es un acto autónomo del poder constituyente primario, que no necesita ser regulado.

³⁵"El razonamiento político-jurídico que se esgrime es irrebatible. El mandante primario, que da origen a la Asamblea, no puede tener limitaciones surgidas de delegados. De este modo, se ratifica el carácter de poder primario de la Constituyente y se zanja [sic] las disputas acerca de los límites atribuibles a su naturaleza 'derivada'". Verdesoto, L. Procesos constituyentes y reforma institucional: nociones para comprender y actuar en el caso ecuatoriano. Quito: Abya-Yala, 2007, 121.

³⁶Este presupuesto de limitación del poder constituyente primario viene a ser confirmado en la sentencia C-141 de 2010. En efecto, esta providencia judicial consagra las limitaciones axiológicas y de normatividad internacional a las cuales se encuentra sometido el ejercicio de ese poder: "Así pues, de los distintos mecanismos contemplados en el artículo 374 constitucional el único que no está sujeto a límites de competencia es una Asamblea Nacional Constituyente, siempre que sea convocada expresamente para proferir una nueva Carta. "Considerar sistemáticamente que una decisión del pueblo que interviene por fuera de las formas prescritas legitima un procedimiento de revisión constitucional 'ilícito', equivaldría a introducir un procedimiento débil de revisión constitucional al lado del estricto normal. Ahora bien, la rigidez y la dificultad de un procedimiento permiten preservar las reglas fundamentales establecidas en la Constitución y garantizan la seguridad jurídica. Una Constitución establece un sistema equilibrado y elaborado luego de una reflexión madura. La intervención del pueblo por fuera de toda forma podría destruir este equilibrio por la vía de un simple voto emitido por la pasión del momento. Ello no es una garantía para la supervivencia de la democracia y del Estado de derecho, pues el iniciador del voto tiene allí un formidable poder de destrucción del orden establecido [...] La decisión popular ha sido considerada como justa y sabia y el principio de soberanía del pueblo conoce sus horas de gloria. Sin embargo, en nuestros días, este último no puede ser concebido como un poder absoluto e ilimitado, a punto que permita al pueblo actuar de forma arbitraria. Dicho principio se debe conciliar con otros principios, específicamente el del respeto de la 'legalidad' en sentido amplio. Como lo anota M. Luciani, 'la observancia de las formas, el respeto de la legalidad es hoy en día [.] un elemento esencial de la legitimidad. Las teorías democráticas más maduras y más elaboradas no se contentan con un poder sólidamente legítimo, sino que observan el corazón de la democracia en el hecho de que este poder sea al mismo tiempo limitado. Y la limitación se encuentra sobre todo en el respeto de las formas, de las reglas, en una palabra, de la legalidad'".

³⁷La sentencia C-544 de 1992 trae unas frases contundentes en relación con los conceptos intangibles que posee la Constitución Política de 1991: "Queda así en firme la Constitución Política de Colombia de 1991 como expresión de la voluntad política del pueblo colombiano y su texto actual no es susceptible de ser demandado. "De esta manera se recoge la voluntad del Constituyente y se sienta un principio de seguridad jurídica indispensable para el orden normativo de la República".

³⁸"En Colombia dicho concepto no es desconocido por el ordenamiento constitucional. La Constitución de Cúcuta de 1821 establecía el término de diez (10) años para que esta pudiera ser reformada. Sin embargo, esta cláusula, fue desconocida por el 'Congreso Admirable' con la promulgación el 29 de abril de 1830 de una nueva Constitución. "En el derecho comparado contemporáneo, la finalidad de una constitución tiene también carácter intangible. Es el caso de Alemania, donde el numeral 3 del artículo 79 dice: 'Es inadmisible toda modificación de la presente Ley Fundamental que afecte. En la Constitución Nacional española el artículo 168 establece así mismo un procedimiento calificado para reformar los temas que tratan el fundamento del Estado. En la Disposición Final Transitoria No. 12 de la Constitución Italiana se hace lo propio. Otros textos constitucionales, también han previsto esa posibilidad, como la Constitución francesa de 1848, la Constitución de Suiza, la Constitución argentina de 1853 o la Constitución de Venezuela, que establece un determinado procedimiento para las reformas y enmiendas parciales, mientras que para la adopción de una nueva Constitución exige la convocatoria a una asamblea constituyente". Leiva y Muñoz. El poder constituyente y la Carta de Derechos en la Constitución Política de 1991, cit., 121.

³⁹La Corte Constitucional consideró que el movimiento social que llevó a la creación de un nuevo orden institucional fue el producto de la imposibilidad de hacer cambios constitucionales por los mecanismos establecidos por el régimen normativo vigente en aquel momento, situación que le da un carácter de validez y legitimidad al proceso constituyente que llevó a la creación de la Constitución Política de 1991: "En el proceso de reforma institucional vivido por Colombia en 1990-1991, el pueblo se expresó por un procedimiento adecuado, en medio de una crisis constitucional". Corte Constitucional. Sentencia C-544 de 1992, M.P: Alejandro Martínez Caballero.

⁴⁰"La convocatoria a una Asamblea Constituyente no es un procedimiento nuevo. Se han utilizado en diversos países durante los siglos XIX y XX. En Perú se recurrió a la Asamblea Constituyente para elaborar su Constitución de 1979. Es a partir de la salida del régimen militar en Brasil cuando el llamamiento a Asambleas Constituyentes se va a generalizar en América Latina como el procedimiento más idóneo de refundación del Estado mediante un acto constituyente de amplio compromiso popular. En 1987 se reúne en Brasilia la ANC, a la que el Gobierno brasileño de la época pretende limitar sus poderes, pero la movilización social que desencadenó hasta presentarse sesenta y una mil enmiendas al texto constitucional, convirtió a esta Asamblea en un órgano soberano pleno. La Constitución brasileña de 1988 es la obra fundamental de la Constituyente [...] "La reforma constitucional en Argentina de 1994, se planteó como un acuerdo del Congreso para convocar una Convención reformadora, que si no introdujo novedades importantes, suponía una ruptura de la doctrina tradicional, según la cual sólo el Congreso tenía capacidad reformadora. En Venezuela se plantea tras las elecciones presidenciales de 1993 la posibilidad de que el Congreso, elegido ese año, actúe como Congreso Constituyente, sobre la base del Proyecto de la llamada Comisión Bilateral. Sin embargo, fue con la victoria del entonces candidato del Polo Patriótico, Hugo Chávez Frías (cuya propuesta política principal era la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente) que se convocó a una ANC y se elaboró la Constitución de 1999". COLOMER, A. Comunidades y ciudades, constituciones y solidaridades. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2007, 56 a 58.

⁴¹"Las experiencias de las Asambleas Constituyentes en América Latina y en particular en los países andinos, permiten obtener algunas conclusiones. Miradas desde sus resultados, las Asambleas no han ejercido ni traducido la totalidad o la potencialidad del concepto de 'poder constituyente' que las anima. Esto es, no han producido una re-fundación de todos los ámbitos del poder público. Más bien se han aproximado a una re-estructuración jurídica, a escala constitucional, más o menos general de las instituciones estatales y sociales. En corto, las Asambleas se han circunscrito al ámbito de la reforma 'total' de la Constitución, cuya profundidad y alcance en la coyuntura de cada país". VERDESOTO. Procesos constituyentes y reforma institucional: nociones para comprender y actuar en el caso ecuatoriano, cit., 120.

⁴²"Las prescripciones del Consenso de Washington que se tradujeron en las políticas neoliberales de los noventa impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los países en vía de desarrollo fueron replicadas [en la Constitución de 1991]. Aunque la intervención del Estado en los derechos de propiedad debería ser mínima, en caso de reglamentación alguna, esta debería hacerse para garantizar la propiedad de los inversionistas o empresarios. Lo importante era la protección del capital privado mediante normas y políticas públicas que garantizaran los derechos de primera generación". Alviar, H. y Villegas, C. La función social de la propiedad en las constituciones colombianas. Bogotá: Universidad de los Andes, 2012, 53. Igualmente, César Rodríguez considera que estas políticas desarrollaron reformas orientadas a la disciplina fiscal, la reducción y reorientación del gasto público, la reforma fiscal para ampliar la base tributaria, la liberación financiera, la libre flotación de la tasa de cambio, la reducción de aranceles, la eliminación de las barreras a la inversión extranjera directa, la privatización de las empresas de propiedad estatal, el desarrollo de la competencia dentro del mercado y la existencia de derechos de propiedad seguros. Rodríguez, C. La globalización del Estado de derecho. Bogotá: Universidad de los Andes, 2009, 25.

⁴³"La gran sensación de crisis y ansiedad que de forma imparable se fue apoderando del gobierno de Barco y de la sociedad colombiana en general, fue parcialmente paliada con la iniciativa de reformar el maderamen ya centenario de la Constitución de 1886. La vieja práctica fetichista de intentar reformar realidades con el simple cambio de normas escritas alimentó más de una iniciativa de referendo constitucional, mientras que para el país resultaba cada vez más claro que la bienvenida a la década de los noventa no traería consigo el desmantelamiento de los carteles de la droga, la neutralización de los grupos paramilitares ni la desarticulación del longevo problema guerrillero. Por su parte, parcialmente estacionada en arenas distintas a las de los sectores políticos y gubernamentales tradicionales, empezó a tomar fuerza inusitada la invitación de distintas expresiones del ámbito estudiantil de emprender una reforma radical e inmediata a la Constitución de 1886. Su cenit tendría lugar con la incorporación y exitosa votación de la llamada séptima papeleta, cuyo mandato legitimó la convocatoria a la tantas veces invocada Asamblea Constituyente". Barreto, A. La generación del estado de sitio. Bogotá: Universidad de los Andes, 2011, 73.

⁴⁴"Tres problemas centrales existían en Colombia en el momento en que sale a la luz pública la nueva Carta: crecimiento del narcotráfico con los males que le eran anejos, como un aumento de la violencia y de la corrupción; la crisis política, derivada por una parte de un régimen político restrictivo propiciado desde el Frente Nacional, expresado en precarias o casi nulas posibilidades de participación política de otras fuerzas distintas a las del bipartidismo y por otra, derivada de una gran deslegitimación de la política tradicional en tanto no representaba los intereses del conglomerado social, y finalmente, una intensificación del conflicto armado colombiano entre guerrillas de un lado y del otro Estado y grupos paramilitares, que empezaban a obtener gran fuerza. El recrudecimiento de la violencia política durante la década del ochenta había propiciado la violación y limitación de los derechos humanos por parte de los grupos alzados en armas con su accionar y desde el propio Estado con la aplicación de las llamadas prácticas de la guerra sucia y las medidas legales tomadas a partir de la figura del estado de sitio, que como recurso supuestamente excepcional para restablecer el orden público turbado, fue la regla general en Colombia durante gran parte del siglo XX". Universidad de Antioquia. Antecedentes y contexto del surgimiento de la Constitución de 1991. Disponible en: http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/antecedentes.html (Consultado el 26 de febrero de 2017).

⁴⁵La idea de Carrillo, quien ejercía como docente de Hacienda Pública en la Universidad del Rosario, "consistía en invitar a los ciudadanos a depositar ese día una papeleta adicional cuyo texto 'voto por una asamblea nacional constituyente' serviría para expresar la voluntad de la nación, de manera directa, creando un hecho político inapelable en ejercicio de su poder constituyente". Torres, C. El estado de la opinión antes de la séptima papeleta. En TORRES, M. et al., La Séptima Papeleta: historia contada por algunos de sus protagonistas con ocasión de los 20 años del Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta. Bogotá: Universidad del Rosario, 2016, 72.

⁴⁶"Recibió este nombre pues en esa fecha de elección se iba a votar por seis asuntos distintos, introduciendo 6 papeletas (senadores, representantes a la Cámara, diputados, alcaldes, concejales y consulta interna del Partido Liberal). Este mecanismo consistía en invitar al electorado a pronunciarse sobre la convocatoria de una Asamblea constitucional para reformar la carta política, mediante la utilización de una papeleta de votación, entonces mecanismo utilizado, que debía ser introducida en las urnas en las elecciones del 11 de marzo de 1990. A ese voto adicional lo bautizó con el nombre de la Séptima Papeleta, Sergio Ocampo, un periodista que, como muchos otros, creyó en nuestra propuesta al punto que divulgaba todos los pronunciamientos encabezados por la consigna 'Todavía Podemos Salvar a Colombia', que luego los medios convirtieron en el apelativo para identificar al grupo de los gestores de la Séptima Papeleta". Ortiz, O. 20 años de la revolución ciudadana: una revolución en derecho y al derecho: de vasallos a ciudadanos. En Torres et al., La Séptima Papeleta: historia contada por algunos de sus protagonistas con ocasión de los 20 años del Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta, cit., 98.

⁴⁷"La muerte de Galán estremeció como ninguna otra los cimientos de una sociedad ya de por sí perpleja ante la escalada de violencia que vivía. Mientras el Gobierno como respuesta decretaba la extradición sin tratado por vía administrativa y la ocupación y decomiso de bienes vinculados al narcotráfico como castigo al enriquecimiento ilícito, entre otros, un grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, apoyados por su rector, Roberto Arias Pérez; su decana, Marcela Monroy, y su vicedecano, Camilo Ospina, convocaban a estudiantes y profesores de otras universidades para que el jueves 24 de agosto participaran junto a ellos en una jornada de reflexión, cuyo propósito era organizar una marcha de protesta y definir qué acciones podrían tomar en medio de tamaño desafío institucional. "La reunión tuvo lugar en la Universidad del Rosario y a ella asistieron principalmente estudiantes de las universidades Javeriana, Libre, Distrital, Nacional, los Andes, La Sabana, Externado, Jorge Tadeo, Gran Colombia, Sergio Arboleda y Central. Alrededor de los cinco temas de discusión acordados (poder ejecutivo, poder legislativo, rama judicial, orden público y economía) y del mensaje que debía ser transmitido al final de la marcha que se llevaría a cabo el día siguiente, se escucharon posiciones que ideológicamente recorrían toda la gama posible de colores del espectro político. "Finalmente hubo acuerdo. La denominada 'Marcha del Silencio' fue multitudinaria y recibió un gran despliegue de los medios que no dudaron en catalogarla como 'histórica' por tener origen principalmente en la universidad privada, por su mensaje de rechazo a la violencia y apoyo a las instituciones democráticas, y por el compromiso de conformar un frente estudiantil que formule soluciones y sea capaz de plantearle al país las reformas que necesita". TORRES. El estado de la opinión antes de la séptima papeleta, cit., 68.

⁴⁸"El plan de movilización se ponía en marcha. El Rosario debía esperar en la avenida Jiménez a los estudiantes de la Universidad de los Andes, Externado, La Gran Colombia y otras más. De ahí partiríamos recorriendo la 7.^a hasta la 26, donde a su vez estarían ya los javerianos y la Universidad Distrital. Luego avanzando sobre la 26 se incorporaría la Universidad Nacional. Todo estaba conjurado. Los cálculos más optimistas estaban siendo grandemente superados. Los medios de comunicación daban cuenta de veinticinco mil estudiantes presentes y en total silencio. A diferencia de otras convocatorias sociales de esa especie, esa movilización no estuvo caracterizada por arengas o cánticos. Nada más diciente para ahogar el ruido de las balas que un incólume silencio. Así se dejó claro que esa era la última vez que nos quedaríamos callados. De ahí que esa marcha habría de ser conocida como la Marcha del Silencio'". HERRERA, H. La Séptima Papeleta: la revolución de los estudiantes. En Torres et al., La Séptima Papeleta: historia contada por algunos de sus protagonistas con ocasión de los 20 años del Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta, cit., 85.

⁴⁹"El propósito de la movilización estudiantil fue expresado en un comunicado leído el 25 de agosto de 1989, día de la marcha, mediante el cual se declaraba un rechazo directo a todo acto de violencia, sin importar su interés o ideología, se exigía el respeto por los derechos humanos en Colombia y se apoyaban las instituciones democráticas contra las fuerzas que quisieran desestabilizarlas, como paramilitares, guerrillas o narcotráfico. De igual forma, el documento solicitaba la convocatoria al pueblo para la reforma de algunas instituciones y se exigía la depuración de las fuerzas militares, de la policía, del gobierno y de los partidos políticos". LLERAS, C. y TANGARIFE, M. Constitución Política de Colombia: origen, evolución y vigencia. Medellín: Diké y Pontificia Universidad Javeriana, 1996, 13.

⁵⁰Sáchica, L. C. y Vidal Perdomo, J. La constituyente de 1991. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 1991, 47.

⁵¹Younes. Panorama de las reformas del Estado y de la administración pública, cit., 155.

⁵²Valencia, H. Carta de batalla: una crítica al constitucionalismo colombiano. Bogotá: CERE, 1997, 181.

⁵³Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. Sentencia de 25 de mayo de 1990, M.P.: Hernando Gómez Otálora y Fabio Morón Díaz.

⁵⁴Henao, J. Panorama del derecho constitucional colombiano. Bogotá: Temis, 2004, 108.

⁵⁵Ibíd., 108.

⁵⁶Ibíd., 110.

⁵⁷Leiva y Muñoz. El poder constituyente y la Carta de Derechos en la Constitución Política de 1991, cit., 128.

⁵⁸"La Constitución es el orden jurídico fundamental expresado por un conjunto de normas que suelen tener base textual, mediante disposiciones reunidas en un documento formal, adoptado por el poder constituyente originario". Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2009, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

⁵⁹Corte Constitucional. Sentencia C-544 de 1992, M.P: Alejandro Martínez Caballero.

⁶⁰"El derecho a la dignidad no es una facultad de la persona para adquirir su dignidad, ni para que el Estado se la otorgue o conceda, porque la dignidad es un atributo esencial de la persona humana; el derecho fundamental es a que se le dé un trato que respete plenamente la dignidad del ser humano. Es un derecho que implica tanto obligaciones de no hacer como obligaciones de hacer por parte del Estado". Corte Constitucional. Sentencia T-702 de 2001, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

⁶¹"La dignidad humana, como principio fundante del Estado, es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución. Tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado bajo ninguna circunstancia, lo que sí ocurre con derechos que necesariamente deben coexistir con otros y admiten variadas restricciones. El respeto a la dignidad humana no sólo es una declaración ética sino una norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades. Su acato debe inspirar a todas las actuaciones del Estado. Por lo tanto, la dignidad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal. Bajo este derrotero, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano". Corte Constitucional. Sentencia T-792 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.

⁶²"El concepto de derecho fundamental, pese a inspirarse en la realidad y buscar en cierto modo moldearla, es fruto de la consagración o del reconocimiento del derecho positivo, de suerte que se impone encontrarse en un supuesto comprendido dentro de su ámbito material delimitado o supuesto por el Constituyente para poder gozar de él". Corte Constitucional. Sentencia T-240 de 1993, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

⁶³Corte Constitucional. Sentencia T-585 de 2008, M.P. : Humberto Antonio Sierra Porto.

⁶⁴"Como puede advertirse, el Texto Superior constituye un sistema normativo. No se trata de una simple aglomeración de prescripciones emanadas del constituyente. En él se advierte una teleología definida; una afirmación de valores, principios y derechos que parten del reconocimiento del hombre como un ser digno y de la asunción de la democracia pluralista como un mecanismo de realización de esa dignidad. De igual manera, se advierte en la Carta una concepción instrumental y no finalística del Estado y una detallada regulación que no sólo se orienta a racionalizar el ejercicio del poder público mediante su división, sino también a dotarlo de una estructura que resulte adecuada para la realización de sus fines. Así, cada una de las disposiciones del Estatuto Superior tiene un sentido propio que se determina a partir de su propio texto, pero también desde la perspectiva del sistema que contribuye a integrar y definir". Corte Constitucional. Sentencia C-879 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

⁶⁵"Sólo los regímenes democráticos y pluralistas suministran el contexto político y jurídico requerido para que la persona humana no se instrumentalice y para que realice o procure la realización de todas sus potencialidades como un ser racional, libre y responsable. Una democracia constitucional sólo se realiza si cada instancia pública de decisión tiene como norte permanente y no coyuntural la afirmación del cúmulo de atributos que a la manera de derechos fundamentales afirman la dignidad del hombre y sólo si la conformación, ejercicio y control del poder político se asumen con un amplio reconocimiento de espacios de participación ciudadana". Corte Constitucional. Sentencia T-299 de 2003, M.P: Jaime Córdoba Triviño.

⁶⁶"Lo más importante de la nueva Constitución fue determinar una Carta de Derechos. En efecto, sus primeros 102 artículos contienen los principios fundamentales, derechos, garantías, derechos colectivos y las formas de su protección y aplicación. Este listado de derechos no es cerrado porque existe expresa remisión a los instrumentos internacionales cuando consagran derechos humanos, luego es más completo que el que contenía la Constitución anterior y tiene una visión amplia y específica de la sociedad; un ejemplo: la consagración expresa de los derechos de los niños, los jóvenes, las mujeres, los ancianos y las personas con alguna discapacidad". DELGADO, O. et al. Constituciones y control constitucional en Colombia. En CORTÉS, J. et al., Itinerario de la jurisprudencia colombiana de control constitucional como mecanismo de protección de derechos humanos. Bogotá: Universidad del Rosario, 2009, 99-100.

⁶⁷La clasificación entre parte orgánica y parte dogmática es la que permite una integrali-dad conceptual vinculante cuando de interpretación la Constitución se trata: "La Corte tendrá en cuenta la distinción clásica que la doctrina constitucional suele establecer entre la parte dogmática y la parte orgánica de los textos constitucionales. La primera contiene los principios filosóficos que orientan la organización estatal y definen las relaciones básicas entre los ciudadanos y las autoridades, mientras que la segunda regula la organización institucional y territorial del Estado". Corte Constitucional. Sentencia C-251 de 2002, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.

⁶⁸"De acuerdo con lo que establece el artículo 95 de la Constitución, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica responsabilidades. Estas y aquéllos tienen vocación de realización objetiva y entre los fines esenciales e impostergables del Estado figura el de garantizar su efectividad (art. 2 C.P.), lo que compromete a las ramas y órganos del poder público a propender que [sic] tales derechos y deberes salgan del plano teórico y tengan cabal realización. "Una correcta aplicación de las normas constitucionales debe reflejarse en el equilibrio entre derechos y deberes, merced a la ponderación de los factores que inciden en la circunstancia específica, dentro de los principios generales de justicia, seguridad jurídica y equidad". Corte Constitucional. Sentencia C-657 de 1997, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.

⁶⁹"El Estado sólo existe por los derechos y ha sido creado para garantizarlos; la funda-mentación, justificación y legitimación del orden coactivo jurídico monopolizado por el Estado solo se da en función de los derechos, como categoría jurídica consignada en el primer nivel normativo de un país. De allí que lo primero que debe hacer la constitución es enumerar esos derechos fundamentales y sus mecanismos de protección". DELGADO, O. et al. Ideas políticas, filosofía y derecho: el maestro. Bogotá, Universidad del Rosario, 2006, 309.

⁷⁰Corte Constitucional. Sentencia T-958 de 2002, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.

⁷¹Kelsen, H. Teoría pura del derecho. Buenos Aires: Eudeba, 1994, 130. A juicio de Kelsen, con el término "fuente del derecho" se pueden entender todos los medios de producción jurídica, y también el fundamento de la validez, en particular, el fundamento último de la validez de un ordenamiento jurídico, esto es, la norma fundamental. Pero, de hecho -señala Kelsen-, se define como "fuente" solo el fundamento de derecho positivo de la validez de una norma jurídica, o sea, la norma jurídica superior que regula la producción. En este sentido, la constitución es la fuente de las normas jurídicas generales producidas mediante la legislación y la costumbre. Pérez, A. Trayectorias contemporáneas de la filosofía del derecho. Madrid: Tebar, 2007, 40.

⁷²Hart, H. L. A. El concepto de derecho. Bueno Aires: Abeledo-Perrot, 2007, 125 a 137.

⁷³Leiva y Muñoz. El poder constituyente y la Carta de Derechos en la Constitución Política de 1991, cit., 130.

⁷⁴"El proceso que condujo a la promulgación de la Constitución Política de 1991 fue producto de un anhelo nacional que deseaba una mayor participación política en las decisiones que les afectaban, especialmente en la búsqueda de un escenario que permitiera la estabilización hacia la paz nacional que aparentemente se estaba alcanzado con la desmovilización de grupos guerrilleros como el M-19, pero que se estaba viendo afectada con la entrada de la violencia que producían los grupos de narcotraficantes, la cual tuvo su mayor representación con la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, entre otros dirigentes; lo que conllevó a [sic] que la sociedad reaccionara, siendo el movimiento estudiantil su mayor exponente a través del movimiento conocido como la 'séptima papeleta', el cual motivó a los Gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria a diseñar los instrumentos jurídicos que permitieran una modificación a la Constitución Nacional de 1886. "La sentencia de la entonces Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde estudia el decreto 1296 de 1990, dio paso para que no se reformara la Constitución Nacional de 1886, sino que esta fuera derogada y se diera paso a una nueva Carta Política, teniendo como génesis el año de 1991". Ibíd., 131.

⁷⁵"¿Puede una democracia establecer o tolerar las condiciones para su propia muerte? Sí y no. Sí, porque el poder constituyente puede reaparecer con toda su potencialidad en los periodos de anormalidad constitucional y retomar su facultad -ilimitada y permanentepara reformar todo el ordenamiento. Y no, porque las nuevas instituciones que se den en un pueblo deben ser humanistas, democráticas y razonables". Corte Constitucional. Sentencia C-544 de 1992, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

⁷⁶Leiva y Muñoz. El poder constituyente y la Carta de Derechos en la Constitución Política de 1991, cit., 131. Para Konrad Hesse, el "problema central de la teoría y de la política constitucional del presente y del inmediato futuro" es el de "cómo debe comprenderse y desarrollarse la Constitución bajo las condiciones del mundo técnico moderno a fin de poder cumplir su función en la vida de la Comunidad, la de cooperar a posibilitar y preservar la libertad y, en inmediata conexión con ella, la democracia". Hesse, K. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, XI.

⁷⁷Así lo ha entendido la Corte Constitucional al establecer la importancia del artículo 2.° constitucional: "Una de las finalidades básicas de las autoridades colombianas es la defensa de la integridad nacional y la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, no sólo porque así lo establece expresamente el artículo 2.° de la Carta, sino además porque esos elementos son condiciones materiales para que las personas puedan gozar de sus derechos y libertades. La Constitución busca entonces el fortalecimiento de las instituciones, para que éstas puedan cumplir efectivamente su misión constitucional de asegurar la convivencia pacífica perturbada por grupos armados que actúan al margen de la ley y atentan contra la vida, la libertad y los demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia (CP art. 2.°). Por ello esta Corte señaló que el Estado tiene el deber de 'mantener la convivencia pacífica e instaurar un sistema jurídico-político estable, para constituir la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las cuales no es posible la continuidad de la comunidad', puesto que el derecho 'sólo puede asegurar al individuo una esfera de libertad y protección contra la violencia a condición de reprimir, incluso con la fuerza, aquellas actividades violentas de los demás individuos que vulneran esa órbita de libertad'". Corte Constitucional. Sentencia C-251 de 2002, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.

⁷⁸Sobre este tema, se traen a colación las palabras dichas por Rodolfo Arango: "Yendo más allá, a la interpretación de la Constitución, yo diría que la Constitución es como las obras de arte, que una vez creadas adquieren una vida independiente, una vida propia. Casi podríamos decir que se separan de su autor, y no hay entonces que estar consultando exclusivamente qué se quiso hacer, qué se quiso decir. Porque los tiempos están cambiando, cambian minuto a minuto las circunstancias, y la función del intérprete es precisamente acomodar la norma jurídica a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas. Sin perder de vista la finalidad del derecho que es realizar dos valores fundamentales: la seguridad jurídica y la justicia".

⁷⁹"La Constitución colombiana recoge ampliamente los postulados normativos del Estado Social de Derecho. Ello se comprueba no solo al repasar lo consagrado en la lista de los principios y de la Carta de derechos, sino también en la organización de otros elementos propios de un acuerdo político. Así, la constitución actual consagra El Preámbulo anuncia ya los fines por los cuales el pueblo colombiano se constituyó en un Estado social y democrático de derecho. Luego, establece los principios fundamentales que rigen su estructura política y jurídica y reconoce los derechos y garantías que amparan a todas las personas residentes en Colombia, los deberes que las vinculan y configura los mecanismos de protección de tales derechos y garantías. Después, regula lo relacionado con los habitantes y el territorio, como elementos del Estado constituido, y con los mecanismos a través de los cuales se ejerce la soberanía popular. Subsiguientemente, se ocupa de la estructura del Estado instituyendo las ramas del poder público, los órganos de control y la organización electoral que integran esa estructura, y los fundamentos constitucionales que rigen el ejercicio de la función pública. Luego regula la organización electoral y los órganos de control: Contraloría General de la República y Ministerio Público. Posteriormente, prescribe los fundamentos de la organización territorial y del régimen económico y de la hacienda pública. Finalmente, regula los mecanismos de reforma de la Constitución y el procedimiento a que se sujeta cada uno de ellos". Leiva, E. La responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Bogotá: Ibáñez, 2010, 28.

⁸⁰"La doctrina de esta Corte ha observado en incontables ocasiones que la Constitución Política no sólo reconoce derechos en cabeza de las personas sino que contempla obligaciones, deberes y cargas, correlativos a aquéllos, cuyo cumplimiento se exige a los asociados como factor insustituible para la efectiva vigencia de los postulados y mandatos constitucionales y para la realización de un orden jurídico, económico y social justo, como lo preconiza la Carta desde su mismo Preámbulo". Corte Constitucional. Sentencia C-657 de 1997, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.

⁸¹"La formalización de las constituciones que de tal manera tiene lugar se vale, entonces, de dos elementos importantes: la escritura y la unidad documental o unicidad del texto, pues la Constitución, fuera de expresar por escrito los enunciados que conforman el orden jurídico fundamental del Estado constitucional, los reúne, concentra o codifica en un solo documento, sin que al efecto importe que los enunciados recogidos en el texto sean de diverso signo y respondan a diferentes criterios de clasificación, pues la Constitución más que una norma es un conjunto de normas o un cuerpo normativo. Las finalidades de la utilización de la escritura y de la codificación son las de fijar los contenidos básicos que fundan el ordenamiento jurídico y facilitar su conocimiento y consulta, sobre todo si, por su carácter normativo, la Constitución se incorpora al sistema de fuentes del Derecho, está al alcance de todos y vincula a los poderes públicos y a los particulares. Asimismo, la formalización en un solo documento escrito también tiene el muy importante cometido de proporcionar certeza respecto del contenido de la Constitución y de afianzar la seguridad jurídica desde el más alto nivel del ordenamiento. La tendencia de permanecer con un contenido inalterado y en forma completa no se opone a la necesidad del cambio requerido por la variación histórica de las circunstancias ni a la consecuente actualización de los contenidos superiores del ordenamiento, que bien puede hallar su cauce en una interpretación dinámica o evolutiva de la Constitución escrita". Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2009, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.