1. CONSTITUCIÓN Y ÁMBITO JURÍDICO CONSTITUCIONAL EN LA TCD

Como ámbito jurídico constitucional señalamos aquel conjunto de procesos comunicativos que se despliegan a partir del texto ordinamental conocido como Constitución, y que posee la cualidad de configurar a la totalidad del ordenamiento jurídico nacional, en primera instancia, brindándole las pautas generales de organización, identidad y sentido global. El núcleo del ámbito jurídico constitucional se encuentra en las decisiones referidas a los asuntos propios de la estructuración y administración del poder como recurso. Como finalidad última posee la de dotar de sentido a la totalidad de acciones sociales mediante una cada vez más extensa e intensa formalización normativa de la acción social desde la voluntad soberana.

Los textos que componen el ordenamiento jurídico (la constitución, las leyes, las normas dictadas por las administraciones, los convenios colectivos, los contratos, las sentencias judiciales, etc.) se crean a golpe de decisión. Los operadores jurídicos que deciden los contenidos concretos de esos textos son los que crean texto jurídico ordinamental, esto es, crean ordenamiento, mientras que otros operadores se limitan a "usarlos". Creación pura de textos ordinamentales existe únicamente por parte del poder constituyente, que es quien decide el contenido de la constitución⁶.

La Constitución como texto ordinamental es el epicentro de la dinámica operada en el ámbito jurídico constitucional, siendo esta la relación ámbito-ordenamiento más abarcadora verificada dentro del derecho característico de la Modernidad, en correspondencia con los altos niveles de complejidad alcanzados por el fenómeno estatal contemporáneo⁷.

La TCD asume el concepto de Constitución como la norma o el conjunto de normas nacidas de un proceso constituyente, que pueden estar explicitadas o no en un documento escrito, y que tienen como finalidad establecer los elementos básicos del Estado y regular los poderes supremos del mismo. El eje articulador del fenómeno constitucional es la regulación del poder político público, y sus contenidos centrales están referidos a la estructura básica de los poderes supremos del Estado, dígase legislativo, ejecutivo y judicial. Esto señala la existencia de un contenido mínimo de toda Constitución que coincide con la forma de gobierno señalada en el texto en cuestión⁸.

La Constitución, en este sentido, se dirige a la totalidad de actores dentro del Estado, ya sean colectivos o individuales, personales o institucionales, estableciendo las pautas elementales de regulación social a partir de su aplicación y la del ordenamiento jurídico. Su atención está dirigida al conjunto de relaciones sociales que se muestran fundamentales para la reproducción del poder público como elemento cohesionador de la totalidad social.

Los elementos imprescindibles de toda constitución, esto es, aquellos sin los cuales no puede hablarse de esta última, son los que determinan la forma de gobierno del Estado, o sea, la organización de los poderes supremos. A estos elementos de naturaleza orgánica suelen añadirse, aunque ya no resulten imprescindibles, los procedimientos para que los poderes supremos actúen y puedan tomar sus decisiones. La determinación de la forma de gobierno constituye el contenido mínimo de toda constitución, o dicho de otra forma, el contenido de la constitución mínima⁹.

Los elementos que Gregorio Robles señala como prescindibles y que forman parte de la Constitución como agregados a la Constitución mínima, como son los derechos fundamentales y los principios básicos de la actuación política, ámbito jurídico constitucional en la medida en que señala condiciones de legitimidad que permiten la reproducción del conjunto de relaciones sociales refrendadas por el texto constitucional dentro de una lógica marcada por la dialéctica poder-obediencia.

Este eje dialéctico poder-obediencia es el que estructura el ámbito jurídico constitucional de la Modernidad y determina la configuración de la tipología de normas que le son características. A partir de él se ha verificado una ampliación de la esfera de la racionalidad democrática a expensas de la razón de Estado, teniendo como elementos característicos el creciente reconocimiento de las variables propias del conflicto social y político, del peso de la sociedad civil y de los recursos constitutivos de la hegemonía y el consenso¹⁰.

Al ser el poder y las condiciones de su permanencia el centro de reflexión político-jurídica por excelencia durante la Modernidad, en correspondencia, los contenidos normativos constitucionales se dirigen intencionalmente hacia el fenómeno del poder público y las condiciones que garantizan su reproducción, ampliándose paulatinamente las razones de la obediencia política, en la medida de la complejización del conflicto social. Esto ha determinado su fundamentación axiológica desde la dignidad humana y el conjunto de valores que la sustancian (igualdad, libertad, justicia...); como principios que permiten garantizar el sentido de la interpretación de la normativa de la Constitución, se han consolidado como los criterios últimos de legitimidad del ámbito jurídico constitucional.

Una de las características constitutivas de los ámbitos jurídicos constitucionales contemporáneos es la dialéctica presente en ellos entre las múltiples y muchas veces antagónicas ideologías político-constitucionales y los contenidos normativos reflejados en las constituciones como textos ordinamentales. Esto refleja la intensidad del proceso de constitucionalización, de clara naturaleza comunicativa, que garantiza la institucionalización del poder del Estado¹¹. Esta reducción jurídica de las relaciones políticas entre los sujetos detentores del poder y los sometidos a él es la que ha permitido la generalización, desde el siglo xvill, de un paradigma específico de ordenamiento de las relaciones humanas, el constitucionalismo¹².

El nacimiento de una nueva Constitución es la expresión de una crisis política extrema donde existe un drástico cambio de correlación de fuerzas, que puede imponer un dilatado proceso de negociaciones o no y que confluye en una asamblea constituyente. Todo el ordenamiento jurídico como texto global bruto y los diversos ámbitos jurídicos que se despliegan desde él reproducen este sustrato de contradicción que se convierte en la base de la riqueza de los procesos hermenéuticos que le dan forma. La norma jurídica constitucional es el elemento que sintetiza en sí esta característica y la manifiesta desde el momento constituyente de su creación.

2. TRATAMIENTO DE LAS NORMAS POR LA TCD Y SU IMPACTO EN EL ANÁLISIS DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

El abordaje teórico de la norma jurídica desde la TCD se despliega desde la perspectiva hermenéutica y analítica del derecho como texto, buscando una redefinición de la misma que dé cuenta de la centralidad de los procesos de construcción de significados que le son implícitos. Permite ir más allá de la concepción positivista centrada en la coactividad del derecho como nota característica de este, para centrarse en la capacidad comunicativa del fenómeno jurídico en el marco de la convivencia social.

Es la norma jurídica la que establece buena parte del cauce del accionar social en nuestros días, brindando un marco de seguridad que conecta directamente con la eficacia exigida en cada una de las esferas sociales. La alta formalización y sistematización alcanzada por el derecho en tanto lenguaje facilita el manejo de la creciente complejidad de la sociedad.

El rasgo distintivo de las normas (de cualquier tipo de normas, y no sólo de las jurídicas), respecto al resto de las directivas, es que mientras que las directivas que no son normas pueden presentarse aisladamente, las normas no tienen existencia sino formando parte de grupos o conjuntos¹³.

La norma en el derecho es el resultado de la actividad constructiva de naturaleza hermenéutica realizada por el operador jurídico a partir del texto bruto brindado por el legislador, que es el ordenamiento. Es extraída de la regla que pertenece al texto ordinamental, siendo su correlato significativo e instancia de operacionalización de los enunciados presentes en el ordenamiento.

... la comprensión integral del ordenamiento exige una labor de construcción hermenéutica que conlleva múltiples tareas: determinación de la jerarquía normativa, esto es, de la prevalencia de unos textos parciales sobre otros, concreción de su ámbito espacial y temporal de vigencia, construcción del significado de las proposiciones lingüísticas que componen los textos, aclaración mediante definiciones, si es posible, de los conceptos que el ordenamiento maneja o presupone, sistematización de los contenidos significativos obtenidos, y exposición en sistema de la materia jurídica que, de este modo, pasa a manifestarse con una luz científica que antes no tenía. Pues bien, es en el sistema donde el derecho, al menos el derecho moderno, adquiere su plenitud existencial, es en el sistema donde el ordenamiento se deja ver mejor a sí mismo, es en el sistema donde aparecen ya construidas las normas del derecho¹⁴.

La norma jurídica encuentra su función primordial gracias a su pertenencia al ordenamiento que pragmáticamente está orientado hacia la dirección de la acción humana. Esto refuerza la idea de que los ordenamientos jurídicos juegan un papel fundamental en el trasiego comunicacional humano, a través de la instauración de procesos altamente formalizados, especialmente en la cuestiones medulares para cualquier comunidad, fundamentalmente si nos referimos al ámbito jurídico constitucional.

Este construir de la norma jurídica, de sus contenidos, implica la dualidad ordenamiento-sistema como realidad que la hace posible, donde el sentido y el significado de la norma aparecen en el segundo de los elementos; la teoría jurídica es la encargada de establecer los modelos de tipos normativos en cuestión, y las pautas de construcción de su significado. En su modelo de tipologías normativa la TCD da igual peso a la relación de las proposiciones con la acción y a la relación que se establece entre las propias proposiciones; ambos aspectos aparecen como fundamentales de su "principio normativo profundo".

La TCD propone clasificar de forma primaria a las normas jurídicas tomando en cuenta este carácter intencionado hacia la acción humana de las mismas, por lo que son agrupadas en dos tipologías: las normas jurídicas indirectas de la acción y las normas jurídicas directas de la acción.

Estas tipologías son explicadas por la TCD desde una perspectiva funcional, donde su rol determinante como medio para la comunicación humana del derecho en tanto texto permite partir de su configuración lingüística, y tomar como elementos principales los verbos que direccionan su proceso de significación. Lo anterior condiciona el carácter diverso de las normas jurídicas, las que alcanzan su identidad en la pertenencia al conjunto normativo del ordenamiento, superándose la fractura típica de la teoría jurídica tradicional entre el ser y el deber ser.

Dentro de las normas indirectas de la acción podemos encontrar aquellas normas que definen los caracteres espacio-temporales propios de todo ámbito óntico-práctico, llamadas por la TCD como normas ónticas. Estas, además, establecen los sujetos de la acción, sus competencias y las fuentes del derecho. Las normas ónticas se expresan mediante el verbo ser.

Dentro de las normas directas de la acción encontramos: las procedimentales, que crean la acción genérica perteneciente al ámbito jurídico en cuestión, señalando los momentos de esta y sus requisitos constitutivos, y se expresan a partir del verbo tener que; las deónticas, que establecen las pautas de comportamiento mediante la enunciación de deberes y se expresan mediante el verbo deber; y las normas potestativas, que determinan la licitud de la acción enmarcada en la situación jurídica, y se expresan mediante el verbo poder. Tanto las normas potestativas como las deónticas están condicionadas a la existencia previa de la norma procesal en el ordenamiento jurídico¹⁵.

La regla constitucional reúne una serie de características distintivas que son conferidas por su pertenencia al ámbito jurídico constitucional. Su función primaria de organización del poder y de las diferentes dimensiones de las relaciones humanas donde este se manifiesta de forma explícita conduce a que sus enunciados se formulen con una generalidad y brevedad que genera el señalamiento, por aquellos que tienen una concepción de lo normativo asentada en la visión formal de lo que es una prescripción, de que manifiestan en muchas ocasiones escasa consistencia normativa. La aparente indeterminación de la regla constitucional está condicionada por ser el elemento mediador en la construcción de sentido para el conjunto del ordenamiento y del sistema.

La ausencia de un concepto amplio de lo normativo en el constitucionalismo tradicional no permite dar cuenta adecuada de la prevalencia en el derecho constitucional contemporáneo de un conjunto de reglas que escapan de la estructura clásica de una disposición jurídica ordinaria, comúnmente señalada como compuesta de una hipótesis y una disposición¹⁶. La reducción de las características de las normas jurídicas a modelos deudores del pensamiento ético ha permitido que se vea como contenidos esenciales de estas a los deberes, desconociendo la diversidad que en cuanto a tipologías normativas muestra el derecho contemporáneo.

En este sentido se debe señalar la amplia presencia de los poderes en las normas constitucionales, debido a la creciente complejidad de los objetos tutelados por el derecho constitucional.

Es indiscutible que en el derecho encontramos deberes, pero no lo es menos que, junto a los deberes, se perciben otras modalidades normativas, entre las cuales destacan los poderes. Hay que subrayar además que los poderes son previos a los deberes, pues si no existe una constitución o ley fundamental, llámese así o de otra manera, que establezca los poderes supremos del Estado, es imposible que haya ordenamiento jurídico ni, por consiguiente, deberes impuestos por el derecho. Los poderes jurídicos son, por tanto, previos a los deberes, los cuales sólo son posibles porque existen poderes capaces de formularlos y de exigirlos¹⁷.

Lo anterior conecta a su vez con la necesidad de la inclusión expansiva de contenidos axiológicos mediante valores y principios, ideas programáticas, medios procesales propios de la justicia constitucional, y diversas formas de apertura a la normativa internacional que descoloca la concepción del Estado nacional como centro generador de lo jurídico en la actualidad.

El contenido predominantemente axiológico de la regla constitucional contemporánea es expresión de la pluralidad de funciones que desempeña: sustentan deontológicamente la convivencia social, señalan metas al poder público, brindan criterios para colmar lagunas y resolver las antinomias, orientan la creación legislativa, fungen de parámetro de legitimidad del sistema político y guían la interpretación del derecho¹⁸.

Las características que les ha imprimido a las constituciones su evolución durante los siglos XIX, XX y los inicios del XXI han hecho que las normas indirectas de la acción tengan una amplísima presencia. De los textos constitucionales liberales que básicamente señalaban las pautas generales de organización del Estado, y las formas de garantizar un estrecho margen de derechos políticos y civiles, se ha transitado a textos amplios y de complejidad acrecentada donde además de la organización del poder como núcleo del texto se agrega un conjunto de contenidos de derechos de diferente tipo, clasificados en las consabidas generaciones, que incluyen un vasto soporte de garantías.

La complejización del entramado institucional, con la ampliación de los mandatos legislativos, marca la vocación de fuente por excelencia del cambio socio-político y económicos de la Constitución. Esto explica la profundización de los contenidos axiológicos presentes en el texto constitucional, y su papel de referente modélico primario del conjunto social, lo que impacta necesariamente en la naturaleza de su relación con el ordenamiento, en su desempeño en los procesos hermenéuticos propios del sistema y en la adecuación de las características estructurales de la Constitución.

La amplia presencia de las normas ónticas conecta directamente con el rol del texto constitucional en el ordenamiento jurídico contemporáneo y en la labor hermenéutica propia del sistema. Las normas ónticas constitucionales cumplen una función primaria de entificación de los poderes supremos del Estado y de las condiciones para su ejercicio, lo que permite estructurar nuclearmente el conjunto de ámbitos políticos y jurídicos. Estos contenidos establecen las formas organizativas y el funcionamiento de la estructura de poder propia del Estado. Incluyen la referencia a la naturaleza y a la separación de los poderes estatales, a su organización nacional y territorial, y a la población comprendida dentro de los contenidos propios de la categoría ciudadanía.

La función de señalar competencias se realiza a través de normas ónticas constitucionales que autorizan la acción en la medida en que determinan el marco competencial de un órgano del Estado. Se enuncian con el verbo poder, pero en un sentido restringido, utilizando el verbo ser en sentido directivo, para así fijar los elementos previos a la acción¹⁹.

Se suman además aquellas normas de naturaleza declarativa que contienen valores constitucionales. En ellas se establecen los criterios axiológicos que determinan la cualidad del ser del ordenamiento, y que afectan la viabilidad del mismo. Estos contenidos guían el proceso constituyente y legislativo, además del conjunto de decisiones propiamente normativas. Se encuentran en la base de todo el entramado decisional desde las instancias extrasistémicas constituyentes, para luego constitucionalizarse e informar a la totalidad de la dinámica propia de los diversos ámbitos jurídicos, conformándose en criterios directivos de un peso creciente en la actualidad.

Un caso especial de norma óntica constitucional es el de aquellas normas que sirven para determinar los derechos fundamentales de los ciudadanos como cualidades constitutivas de la persona perteneciente a la comunidad política, desde el estatus de ciudadano, y que se convierten en fundamento de la acción frente al poder del Estado. Las formas verbales que son propias de su enunciación se significan a través del verbo ser, en tanto entendidas como cualidades propias de esta condición, que la determinan, y señalan su potencial de actualización en los diferentes ámbitos sociales.

Son también ónticas las normas constitucionales que señalan cuáles son las fuentes del derecho vigente, nombradas por la TCD como "decisiones jurídicas generadoras de textos potencialmente normativos" o "decisiones jurídicas ordinamentales", que en la teoría jurídica tradicional incluyen tanto a las decisiones de una autoridad creadora de textos jurídicos como al texto mismo en cuestión²⁰.

Es un tema actualmente en disputa el de la constitucionalización de las fuentes del derecho, a causa del diferendo entre las concepciones que brindan relevancia a la ley o a la Constitución como fuente superior, y es un efecto claro de la transición operada en el Estado de derecho de la concepción de imperio de la ley a la de Estado constitucional. Con independencia de la inclusión o no de estos preceptos en el texto constitucional o en leyes de rango constitucional de la temática de las fuentes, el Estado constitucional ha consagrado la idea de la Constitución como fuente primaria del ordenamiento.

La primera cuestión que se plantea siempre un práctico del derecho (juez, abogado, notario, funcionario) o, en general, cualquier persona, es la de qué normas son las aplicables al caso o problema que trata de resolver o sobre el que intenta orientarse. La aplicación del derecho está íntimamente vinculada a la determinación concreta de las fuentes, o sea, de las normas relevantes en la resolución del caso. La dimensión teórico-práctica de las fuentes del derecho queda así plenamente justificada. Por eso, todos los ordenamientos jurídicos se esfuerzan en conseguir claridad sobre ese punto, aunque -hay que decirlo-pocas veces lo consigan de manera satisfactoria²¹.

Dentro de las normas directas de la acción, las normas procedimentales constitucionales crean los tipos de acciones, siempre de naturaleza convencional, pertenecientes al ámbito jurídico constitucional, fijando así su relevancia y los requisitos indispensables para su concreción. Son aquellas normas constitucionales que señalan cómo han de actuar los distintos órganos del Estado en el ámbito de sus competencias para ejercer las facultades que la Constitución les ha concedido. Casos especiales de normas procedimentales constitucionales son las referidas a los procesos de creación legislativa, de justicia constitucional y de reforma constitucional²².

Es significativa la presencia en la Constitución de las normas potestativas constitucionales. Estas autorizan o permiten acciones genéricas determinadas, que en muchas ocasiones están acompañados de deberes. Además, pueden otorgar facultades o imponer obligaciones de hacer a los poderes constituidos, pero también pueden brindar la opción de la acción mediante permisos otorgados al legislador o a la autoridad correspondiente. Especial entidad tienen aquellas dirigidas al legislador para el desarrollo de contenidos constitucionales en leyes especiales. Pueden otorgar una amplia libertad para el tratamiento del tema objeto de la norma, o imponer criterios que limiten la acción²³.

Se denomina "potestad" a un poder cuya función está al servicio del conjunto del Estado, y por eso las potestades son poderes cargados de deberes; dicho de otro modo: son poderes para cumplir con los deberes. Término generalizado en el derecho público (...) No obstante, los poderes públicos disponen de un alto nivel de libertad o discrecionalidad. Esto es especialmente evidente en el caso del parlamento. Tiene la potestad de legislar, pero en ello su libertad es sumamente amplia en cuanto a los contenidos de las leyes que promulgue, teniendo por límite tan sólo a la constitución, tal como es interpretada por el tribunal constitucional²⁴.

Un caso especial de normas potestativas constitucionales son aquellas referidas a las potestades de los particulares conferidas por los derechos subjetivos, y especialmente aquellas expresadas a través de los permisos expresivos de la capacidad de obrar del individuo.

Derechos y permisos expresan los poderes de los individuos, tanto respecto de los poderes del Estado como respecto de los poderes de otros individuos. Los derechos fundamentales limitan la actividad del Estado, en parte porque exigen que las autoridades públicas no se inmiscuyan en la esfera privada de los individuos, y en parte porque exigen a las autoridades públicas que realicen una actividad promocional en determinados campos prestacionales. También limitan los poderes de los particulares en cuanto se reconoce su "efecto horizontal" (la famosa Drittwirkung germánica). Pero ambas cualidades no son patrimonio exclusivo de los derechos fundamentales, aunque éstos tengan una relevante función política, sino en general de todos los derechos subjetivos, también de los ordinarios²⁵.

Por último, las normas deónticas constitucionales autorizan una conducta al Estado y del ciudadano mediante la imposición de deberes de acción u omisión, fijando además las condiciones para la misma y posibles consecuencias en caso de incumplimiento. Estas no pueden ser limitadas ni reguladas por normas complementarias al ser reglamentadas dentro de las pautas del bien común establecidas por la Constitución²⁶.

El deber enunciado por la norma deóntica constitucional puede estar conectado o no con deberes propios de otras normas deónticas pertenecientes a otras normativas del ordenamiento jurídico que establezcan sanciones, pero es común que en el caso de los deberes atribuidos a los órganos superiores del Estado esta conexión no se verifique. Es por ello que no es común la formulación en la Constitución de la norma deóntica en términos de prohibición²⁷.

Una modalidad amplia de norma deóntica constitucional son aquellas normas de naturaleza programática que señalan fines a realizar por los órganos del Estado y que pueden ser enunciadas de diversa manera, incluso con el verbo tener en referencia a los derechos. En todos los casos se refieren a metas a alcanzar en la gestión estatal.

3. LAS NORMAS CONSTITUCIONALES COMO FUNDAMENTO DE LA DINÁMICA DEL CICLO CONSTITUCIONAL

El despliegue del modelo normativo heterogéneo de la TCD en el análisis de las dinámicas propias del ciclo constitucional permite comprender al fenómeno jurídico partiendo del permanente proceso operado en el ámbito jurídico constitucional de interpretación creativa de la norma constitucional, visto como mediación indispensable a su posterior aplicación²⁸.

La interpretación es una actividad omnipresente en todos los procesos comunicativos que tienen lugar en un ámbito jurídico. Toda expresión de lenguaje jurídico, independientemente de quién sea el sujeto que la pronuncie o la escriba (texto oral, texto escrito), en cuanto que va dirigida a un interlocutor (destinatario), o a varios, precisa para su comprensión de una actividad interpretativa, por sencilla que ésta pueda ser. Esto, obviamente, constituye un rasgo consustancial a cualquier contacto comunicativo, sea del género que sea²⁹.

El proceso de interpretación constitucional se da mediante el bucle hermenéutico sentido-significado-decisión, donde la norma constitucional es el elemento mediador fundamental. Este proceso dialéctico se plantea a partir de la dualidad ya señalada entre el ordenamiento jurídico y el sistema, tanto el estrictamente jurídico como el expositivo³⁰.

El jurista interpreta las disposiciones legales propias de los diferentes ámbitos jurídicos incorporándolas al sistema global que refleja al ordenamiento de referencia. El sentido es obtenido a partir de la contrastación de los enunciados con el co-texto, y el contexto textual y situacional. En esta realidad de pluralidad de textos es posible reducirla desde la univocidad brindada por el texto constitucional, que permite aminorar la complejidad creciente del ordenamiento y las situaciones que rodean cada acto interpretativo. El cambio de las normas del ordenamiento y las construcciones sistémicas que parten de ellas se convierten en el epicentro del desempeño de los operadores del derecho³¹.

El ciclo constitucional encuentra su fundamento último en este proceso de creación, interpretación y reforma continua de la norma constitucional. Las decisiones propias del ámbito jurídico constitucional son su elemento dinamizador, partiendo de aquellas generadas en el proceso constituyente, las generadas por los diversos procesos legislativos, por la justicia constitucional o aquellas propias del poder reformador ya establecido en el texto constitucional ordinamental. Este abanico de decisiones constitucionales se verifica sobre el ordenamiento propio al cual está vinculado cada jurista práctico o dogmático.

La decisión constituyente, enmarcada dentro de aquellas productoras de textos potencialmente normativos, se nos muestra como el nodo decisional primario del ciclo constitucional, resultante del proceso de comunicación que es en sí mismo el proceso constituyente. Es a partir de ella que se opera el proceso de construcción del texto constitucional ordinamental, y la aparición de los contenidos normativos constitucionales que sirven de marco al ordenamiento³².

La Constitución, en tanto texto producto de la decisión constituyente, puede ser vista como el foco de convergencia del ciclo constitucional, y este, a su vez, como el producto del conjunto total de los procesos comunicacio-nales propios del ámbito jurídico constitucional.

El proceso constituyente, como momento hermenéutico primario extra-sistémico de creación de la norma constitucional, posee configuraciones específicas donde la participación de contenidos no jurídicos es formalizada para conformar un orden que permita establecer los límites, pautas generales y fines de la convivencia en una comunidad política dada. Es a partir de la decisión constituyente que se genera el conjunto de decisiones intrasisté-micas propias de cada uno de los ámbitos jurídicos del derecho vigente. La decisión constituyente crea el sentido primario y orientador que informará a la totalidad de la realidad jurídica concreta, y es a partir de este que resulta posible desplegar la creación de normas con el mínimo de coherencia que garantiza la eficacia básica indispensable para la sostenibilidad y reproducción del derecho vigente.

La identificación del sentido global brindado al mundo jurídico por el proceso constituyente está anclada en el modelo de justicia que subyace en él como horizonte deontológico del conjunto social. Este modelo juega un papel de orientación praxiológica al texto constitucional ordinamental y es la base del consenso alcanzado en el debate constituyente, y se convierte en el trasfondo axiológico tanto del conjunto normativo ordinamental como del derivado del sistema jurídico.

La traducción a este modelo de justicia a partir de los contenidos propios de las ideologías políticas y elementos concretos de los programas políticos propios de cada uno de los actores presentes en el proceso constituyente imprime un alto grado de complejidad a la negociación política previa a la fijación de los contenidos jurídicos constitucionales, y es la causa de la alta variabilidad de los contenidos propiamente constitucionales, lo que impone la búsqueda de estrategias que permitan atenuar este permanente eclosionar del conflicto, como es la convención de la rigidez atribuida a la Constitución como epicentro del ordenamiento.

En el debate constituyente y en el debate legislativo pueden intervenir múltiples agentes individuales y colectivos. De hecho suele suceder así. Respecto de las constituciones el fenómeno de la intervención general en el debate constituyente suele ser amplia y profunda. Aunque esos debates, incluido el que tiene lugar en el seno del poder constituyente o en su comisión delegada, no pertenezcan al ordenamiento jurídico que va a generarse (precisamente porque aún no existe tal ordenamiento), no cabe duda de que están inmersos en el acto de creación del derecho, en concreto, de la norma básica de un ordenamiento. [...] Todas estas contribuciones al gran debate colectivo que implica un período constituyente forman parte del ámbito jurídico del ordenamiento que va a ver la luz precisamente a partir de que se apruebe la constitución. En un sentido estricto no son derecho, no son parte directa del ordenamiento jurídico, pero sí forman la "atmósfera", el "medio cultural", en definitiva, el "medio comunicativo" en el cual se están concretando las ideas que a la postre, de un modo u otro, serán plasmadas en el texto constitucional³³.

La propia naturaleza del proceso constituyente condiciona las características de los preceptos jurídicos asentados en la Constitución. Su generalidad, la prevalencia de principios y fórmulas normativas de alto contenido axiológico está determinada además por la finalidad de este texto ordinamental, y por la complejidad misma del consenso alcanzado en el proceso constituyente. Este constructo es resultado de un ejercicio hermenéutico que permite desde su génesis predeterminar de forma relativa el grado de eficacia que podría tener la Constitución al adecuarse o no a las expectativas y a las circunstancias que sirven de trasfondo a la misma.

La preponderancia de las normas ónticas constitucionales de diverso tipo en la Constitución, donde los contenidos axiológicos han ganado considerable espacio, es la muestra de cómo se traducen estas intensas contradicciones al interior del ordenamiento y el sistema jurídicos, y del esfuerzo de superarlas a partir de la intensificación de los procesos de institucionalización en los Estados contemporáneos.

La concepción de la Constitución como norma la convierte en el elemento bisagra entre el ordenamiento y el sistema, configurándola como el referente macro de sentido del derecho moderno como texto. El constitucionalismo ha favorecido el afianzamiento de pautas generales de la interpretación constitucional, además de incidir directamente en la esfera de las decisiones constituyentes. El constitucionalismo funciona como sustrato de precom-prensión que permite el despliegue del círculo hermenéutico característico del ámbito constitucional.

El carácter abierto del sistema constitucional y la presencia en él de múltiples influencias de tipo cultural, especialmente políticas, informan el universo de precomprensión desde donde se construye el sentido del texto ordinamental constitucional, las pautas generales de interpretación de las normas constitucionales y los límites del ordenamiento jurídico vigente en cada sociedad.

Todo lo anterior impacta igualmente en otras esferas decisionales del derecho, especialmente en las decisiones productoras de textos normativos. Ejemplo de esto es la interpretación de los preceptos constitucionales por parte de los órganos legislativos y los tribunales constitucionales, como instancias fundamentales de la construcción del significado de los contenidos constitucionales.

El esquema de comunicación que ha acompañado a la constitución se repite ahora, con otros caracteres, en relación con las leyes. Si a la constitución le precede un gran debate pre-constitucional, y se concreta en el texto-documento que es la constitución por medio de la decisión constituyente, ahora, con la ley, sucede algo parecido: el poder legislativo debate sobre un proyecto de ley, y como resultado del debate se concreta en un texto cuyos artículos son aprobados por el parlamento. También la ley está formada por un conjunto de mensajes que habrán de concretarse en relación con los casos. La única diferencia con la constitución es que en ésta el poder constituyente tiene las manos (jurídicamente) libres, mientras que el legislativo se ha de mover dentro del marco que le ha trazado la constitución. En el debate constituyente y en el debate legislativo pueden intervenir múltiples agentes individuales y colectivos³⁴.

En el proceso legislativo se emiten los diversos cuerpos legales que son en sí mismos proposiciones lingüísticas ordenadas en función de su mejor comprensión por parte de los destinatarios de las mismas. Los jueces, como categoría especial de operadores del derecho, se verán en la necesidad de construir los significados de las leyes que aplican. La dogmática jurídica funciona como conjunto ordenado de los contenidos constitucionales y legales, además de la doctrina establecida por los tribunales y las opiniones doctrinales de los diversos autores especializados en las respectivas materias³⁵.

Los tribunales constitucionales son intérpretes legítimos de la Constitución como texto, y juegan un primordial papel en la dinámica de cambio de la misma en correspondencia con las variables propias de la evolución de la sociedad. La variabilidad de los contenidos propios de las normas constitucionales operados en el proceso de su interpretación son, a su vez, criterios que fijan paulatinamente, mediante la institucionalización, la realidad relacional del conjunto social³⁶.

Aun cuando el texto constitucional pretende marcar el límite entre la reforma y el proceso constituyente, diversas concepciones del cambio constitucional reflejan criterios que señalan una mayor complejidad de la primera, y un mayor peso de la interpretación de la norma constitucional dentro de estos procesos. La llamada cláusula de reforma, compuestas por normas procedimentales constitucionales, trata de establecer presupuestos y mecanismos rígidos de modificación de la ley suprema. Con independencia de esto, diversos autores reconocen que existen otros factores que impactan en los procesos de transformación paulatina del texto constitucional a través de la mutación de los contenidos normativos de este³⁷.

Estos procesos de mutación tienen una clara naturaleza comunicativa y forman parte de la dinámica hermenéutica del ámbito jurídico constitucional. Este cambio tácito de la carta política, no constitucionalizado, habitualmente no afecta el espíritu de esta y es asimilado por el orden social y político. El texto no sufre cambios formales, pero sí se operan transformaciones en el contexto que afectan profundamente los referentes fácticos de la interpretación, e impactan en el sentido y los significados de las normas constitucionales. Especial trascendencia tienen al respecto las decisiones propias de la justicia constitucional³⁸.

El proceso de transformación de la norma constitucional mediante estos intensos procesos de interpretación sirve de sustrato y referente de sentido al proceso de construcción del sistema jurídico que se verifica gracias a la interacción entre el legislador, el jurista dogmático y las autoridades. Las normas constitucionales pueden ser vistas aquí como las unidades portadoras de sentido que permiten modelar el sistema y guiar la selección de contenidos trascendentes para este, que son redirigidos a los textos ordinamentales en permanente creación.

En correspondencia con lo anterior debemos destacar la importancia que tienen los procesos hermenéuticos de fijación del sentido y el significado de la norma constitucional en el conjunto de procedimientos de control de la constitucionalidad, vistos como la suma de las garantías que velan por la condición de la Constitución como norma suprema del sistema jurídico. Como muestra de la expansión de estos procedimientos en la contemporaneidad se verifica una ampliación de todo el andamiaje organizacional, teórico y procedimental, creándose la esfera procesal en el ámbito jurídico constitucional.

Una categoría central de la esfera y la disciplina procesal constitucional es el parámetro de constitucionalidad, que expresa el referente iusfunda-mental que debe atender el juez para realizar el test de constitucionalidad de las normas y actos³⁹.