4.1. ECUADOR: DEL CASO LA COCHA AL CASO COKIUVE

En el caso ecuatoriano, a partir del año 2014, la Corte Constitucional de Ecuador dictó una polémica sentencia sobre el caso La Cocha и, a través de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de las decisiones de la justicia indígena de la Comunidad La Cocha, del pueblo Panzaleo, nacionalidad kichwa, en las que se resolvió sobre la muerte de una persona. Las autoridades de la comunidad de La Cocha habían establecido la culpabilidad y las sanciones de cinco jóvenes indígenas implicados en el asesinato. La Fiscalía, de forma arbitraria, ingresó en varias ocasiones, lo cual causaba una interrupción en el proceso bajo jurisdicción indígena. De hecho, las autoridades fueron detenidas y apresadas hasta que la Corte Provincial de Justicia de Latacunga dictaminó una acción de "amparo". Uno de los grandes temas que el caso planteó fue si las autoridades indígenas eran competentes para solucionar el caso del asesinato de Marco Antonio Olivo. Es decir, en este caso se discutió sobre los alcances y límites de la justicia indígena. La Corte Constitucional planteó sobre el caso un problema que se deriva del derecho ordinario sobre la dimensión subjetiva del derecho a la vida, si esta se trataba de un bien jurídico protegido en la jurisdicción de La Cocha.

Esta Corte encuentra, y así lo declara, que la justicia indígena del pueblo kichwa Panzaleo no juzga ni sanciona la afectación a la vida, en tanto bien jurídico protegido y derecho subjetivo de la persona, sino que lo asume, lo juzga y los sanciona en tanto genera un conflicto múltiple entre las familias y en la comunidad, que debe ser resuelto con el fin de restaurar la armonía de la comunidad; en este sentido, no se juzga el atentado contra la vida considerada individualmente. Por tanto, esta Corte constata que la justicia indígena, cuando conoce casos de muerte no resuelve respecto de la afectación al bien jurídico protegido de vida, como fin en sí mismo, sino en función de las afectaciones que este derecho provoca en la vida de la comunidad³⁴.

La Corte concluye que la justicia indígena posee un enfoque "exclusivamente" colectivo; es decir, que no puede tutelar bienes jurídicos individuales. La Corte Constitucional ecuatoriana antepone la dimensión subjetiva e individual del derecho a la dimensión comunitaria. Desde una construcción tradicional liberal, los derechos son individuales. Algunos autores liberales, como Rawls³⁵, creen que esta subjetividad individual debe defenderse incluso de aquellos colectivos que anteponen su identidad de grupo. En virtud de ello, desde una perspectiva liberal tradicional, la justicia indígena no puede determinar o proteger la subjetividad de los individuos, sino solo de los valores colectivos. Esta postura parte de un prejuicio: desconfía a priori de toda forma de colectividad, porque supone que esta somete la libertad individual a los intereses colectivos³⁶.

La Corte Constitucional menciona dentro de la sentencia la necesidad de hacer una interpretación intercultural desde varios componentes, como la continuidad histórica y la diversidad cultural; sin embargo, no se desarrollaron contenidos que permita a los operadores jurídicos comprender estos conceptos aplicados al derecho. Además, la sentencia limitó las competencias de la justicia indígena en La Cocha y constituyó un precedente que expresamente vulnera los derechos constitucionales de autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas. Si analizamos el contexto en el cual se desarrolló esta sentencia podemos comprender las limitaciones que se pusieron. El entonces presidente, Rafael Correa, había roto con el movimiento indígena y el movimiento ecologista debido a diferencias irreconciliables sobre el desarrollo económico y el futuro del extractivismo en el país. La ruptura fue de tal dimensión que incluso se cerró la única universidad indígena, Amawtay Wasi, que fue evaluada con los mismos criterios y estándares de las universidades privadas. De la misma forma, se había producido un fuerte enfrentamiento con el gobierno con la promulgación de la Ley de Aguas y la Ley Minera, en la que se expresaba un modelo económico desarrollista³⁷. Además, la crisis de la política multiculturalista en el periodo neoliberal sirvió para una nueva política en el que se usaba el concepto "intercultural" para cumplir el objetivo centralizador y socavar los derechos de los pueblos indígenas.

El expresidente de la República Lenin Moreno, de las filas del partido de gobierno, Alianza País, dio paso al referéndum, el cual avaló una modificación institucional con un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esta institución tenía la tarea de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le correspondía y anticipar la terminación de sus períodos. El 23 de agosto de 2018, luego de un proceso de evaluación, cesó en sus funciones a los nueve jueces y juezas de la Corte Constitucional. De esta manera, se inició un proceso de selección para el reemplazo de los jueces y juezas para la Corte Constitucional. El proceso culminó el 5 de febrero de 2019 con la posesión de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional ante la Asamblea Nacional^38.

En julio de 2020 los nuevos jueces de la Corte Constitucional³⁹ dictaron una sentencia sobre un nuevo caso de conflicto de competencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria de la comunidad indígena amazónica Unión de Venecia "Cokiuve". En el caso, la Corte hizo un llamado de atención general a la justicia ordinaria para que decline la competencia en favor de la justicia indígena cuando este recaiga en la jurisdicción territorial comunitaria y cuando así lo requieran las autoridades. De esta forma, se da un giro intercultural significativo que debilita los límites impuestos por el caso La Cocha. El caso ocurrió en el año 2003, cuando, el 5 de octubre, la Asamblea General de la Comunidad Indígena kichwa "Unión de Venecia" (Cokiuve) resolvió expulsar de la comunidad al señor Bartolo Tanguilea Grefa por varias faltas ocurridas en el territorio como agresión sexual, malversación de fondos e incendio a las cabañas, así como la apropiación de bienes comunitarios. Tal como lo señala Yamá⁴⁰, la comunidad se encuentra ubicada en una parroquia amazónica del cantón Tena, provincia del Napo y se encuentra conformada por 63 familias. La decisión comunitaria se cumplió de inmediato. Sin embargo, varios años después, el sancionado presentó una acción de amparo posesorio en contra de las autoridades de la comunidad indígena. Después de haber pedido en instancias inferiores, los representantes de la comunidad indígena presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que cuestionó el accionar de la justicia ordinaria. "Esta Corte considera inadmisible la actuación de los jueces y cortes de justicia ordinaria, toda vez que, al omitir la aplicación del [artículo] 345 del cora carecían de elementos para concluir si, en efecto, la sentencia del juicio posesorio afectó la decisión de las autoridades de la comunidad indígena Cokiuve"⁴¹.

Vale resaltar que el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece, en su artículo 345, que los jueces deben declinar la competencia siempre que exista una petición expresa de las autoridades indígenas. Pese a este significativo avance de la norma y el reconocimiento jurisprudencial, si se analiza el principio pluralista de la Constitución y los alcances del artículo 171 sobre justicia indígena, la "declinación de competencia" es contradictoria, puesto que al ser otro sistema normativo no tendría que plantearse una "declinación" previa por parte de la justicia ordinaria, porque estaríamos ante una jerarquización de las justicias y no de un nivel de igualdad o coordinación, tal como lo señala la Carta Magna. Desde un enfoque constitucional, un juez ordinario a quien se allegue un caso que corresponde a otra justicia debería simplemente de oficio negarse a conocerlo, sin necesidad de ningún trámite judicial, por parte de las autoridades indígenas.

Si bien la sentencia del caso "Cokiuve" deja claro que los jueces tienen la obligación de declinar la competencia ya que no tienen autoridad sobre la jurisdicción indígena, legitima la contradicción del COFJ respecto de la "declinación de competencia". La sentencia, entonces, se torna de mediana intensidad y deja abierta una puerta para una posible negación por parte de la justicia ordinaria cuando, por ejemplo, un caso no se haya conocido aún en la justicia indígena. Un problema central con esta decisión es que, en la práctica, las autoridades indígenas para poder reclamar su jurisdicción deben accionar la propia justicia ordinaria, lo cual resulta contradictorio y genera una grave vulneración al derecho a acceder a su propia justicia. Esta situación representa una amenaza al ejercicio de poderes jurisdiccionales en la mayoría de las comunidades, la cual se ha visto agravada cuando se presentan denuncias penales en contra las autoridades por ejercer justicia indígena, criminalizando así un derecho constitucional.

Este cambio de enfoque por parte de la Corte Constitucional no es casual: obedece, por un lado, a un cambio de contexto político en el país y, por otro lado, al hecho de que varios de los nuevos jueces y juezas provenían de una academia cercana a los movimientos sociales. Este hecho contribuyó a que la estrategia mantenida cambiara su dirección y se apostara por el camino de la máxima institucionalidad jurídica. Un ejemplo lo da Agustín Grijalva cuando habla de la filosofía del trabajo en su despacho: "Pero siempre la política de nuestro despacho fue combinar, digamos, solidez técnica con sensibilidad social. Está este lado humano, pero manteniendo también rigor en la parte técnica jurídica, siempre nos movimos con el criterio de que no solo que las dos cosas eran compatibles, sino que debía ser complementarias, para de esa manera defender, incluso, de forma más sólida los derechos, esa era nuestra filosofía"⁴².

Así lo señala también el exjuez, Ramiro Ávila, al decir "Yo tengo una particular sensibilidad a la opinión de la sociedad civil expresada a través de gente que comparece a la corte [...]. Yo no podía ser inconsecuente con mi utopía del oprimido donde el pueblo es fuente del derecho y la praxis institucional había que mirarla"⁴³. Los jueces, cercanos a los movimientos sociales, tuvieron como estrategia hermenéutica incorporar los contenidos de la hermenéutica interculturalidad como elementos centrales en la interpretación; estos son: autonomía, libre determinación, continuidad histórica y decolonialidad⁴⁴.

4.2. BOLIVIA, UNA APUESTA POR UN PLURALISMO INTERCULTURAL

La línea jurisprudencial en Bolivia en cuanto al reconocimiento del pluralismo jurídico emancipador merece un análisis especial. Existe una protección a las decisiones jurisdiccionales de las autoridades indígenas, siempre que estas no estén por fuera de los límites puestos por la mencionada Ley de Deslinde Jurisdiccional. Sin embargo, el tribunal ha procurado construir una hermenéutica intercultural que permita un grado de reconocimiento de la competencia de la justicia indígena⁴⁵. De hecho, en un fallo que vincula el pluralismo jurídico con la interpretación intercultural por parte del Tribunal Constitucional lo encontramos en el caso SCP 1422/2012, que llamaremos por el nombre de Junta Vecinal de Poroma. El accionante, Balvino Huanca Alavi, alegó la vulneración de los siguientes derechos y garantías: a la vida e integridad física, psicológica; prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes; derechos al agua y la alimentación; el derecho al trabajo, al comercio; la prohibición de infamia, muerte civil y confinamiento y el derecho al debido proceso. Esto debido a que el hijo del accionante, Cornelio Huaca, había sido declarado culpable de un robo en la Junta y las autoridades habían resuelto que en un plazo de 48 horas abandonaran la comunidad tanto él como su familia.

El Tribunal Constitucional ordenó un peritaje antropológico en el que se constató la identidad cultural, organización y territorio y analizó desde una "ponderación inter e intracultural" los siguientes elementos: 1. Los alcances de la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia a la luz de los principios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización; 2. El ejercicio de la justicia indígena originario campesina y el resguardo a los derechos fundamentales; 3. El sometimiento de la justicia indígena al control constitucional; entre otros. "De acuerdo a una pauta específica de interpretación inter e intracultural, han sido vulnerados por las autoridades comunitarias ahora demandadas, por cuanto deben ser tutelados a través de la acción de libertad en mérito a los argumentos expuestos en los [fundamentos jurídicos] iv.7 y iv.8 inciso c, corresponde, en consecuencia, la concesión de la tutela solicitada".⁴⁶ En la sentencia existe un reconocimiento expreso de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, pero teniendo en cuenta que esta debe asegurar la real materialización del pluralismo, motivo por el cual se toma en cuenta criterios como la interculturalidad, complementariedad y la descolonización.

En la misma sentencia se reconoce a la interlegalidad como la composición de normas de carácter positivo y normas no necesariamente positivadas. La complementariedad constituye un principio fundamental de relacionamiento entre la justicia ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la justicia indígena. Efectivamente, el pluralismo jurídico y la interlegalidad son asumidos en el proceso como conceptos que sustentan el principio de unidad jurisdiccional a la luz del pluralismo jurídico y la interculturalidad. De hecho, para la alta corte la decolonización implica un reconocimiento de que no existen saberes absolutos y que las jurisdicciones, por lo tanto, deben complementarse en beneficio de la sociedad plural.

Otro de los casos emblemáticos que desarrollan un pluralismo jurídico de alta intensidad, donde el Tribunal Constitucional pudo interpretar la autonomía territorial y sacar provecho de los vacíos de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, fue el Caso Zongo⁴⁷. La comunidad tenía un conflicto desde el año 2001 con una empresa minera, que provocó daños a aquella, como la apropiación indebida de tierras, la contaminación del río y abusos laborales con los comuneros. Frente a dichos abusos, en el 2010 la comunidad, según su propio reglamento y sus costumbres, resolvió expulsar y desalojar al empresario minero José Oscar Bellota Cornejo. Poco tiempo después, en el año 2012, aprovechando el contexto político a favor del extractivismo minero, el empresario interpuso una demanda penal en contra de las autoridades que lo habían expulsado, la Central Agraria Campesina del sector Zongo, bajo la presunción de delitos como robo agravado, daño calificado, asociación delictuosa, allanamiento de domicilio, amenazas y lesiones. Dentro de dicho proceso penal, el juez primero de instrucción en lo penal de El Alto ordenó medidas cautelares que consistieron en la prisión preventiva de las cuatro autoridades de la comunidad de Zongo. La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz remitió antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, para someter el caso a control de constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional hizo un análisis minucioso sobre la libre autodeterminación y el respeto del ejercicio de los sistemas políticos, jurídicos y económicos como derechos plasmados constitucionalmente a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la on. En la sentencia se resolvió reconocer la decisión de las autoridades de la comunidad de Zongo de expulsar al empresario. Para esto se tomaron como fundamento la Constitución y varias sentencias constitucionales, haciendo a un lado la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que restringía la competencia a los miembros de la comunidad. Para esto tomó como referencia la sentencia scp 0026/201, la cual desarrolla la posibilidad de juzgar a personas ajenas a la comunidad de forma excepcional en jurisdicción indígena, cuando, por ejemplo, ocupan su territorio y tácitamente aceptan dicha jurisdicción. El Tribunal Constitucional concluyó que

Los pueblos indígenas originario campesinos en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a resolver sus conflictos internos de acuerdo con sus normas, procedimientos e instituciones, los que en el marco del Estado Plurinacional, son reconocidos con igual valor jurídico, de tal forma cuentan también con la facultad de hacer cumplir sus resoluciones y hacer valer sus decisiones frente a los demás órganos e instituciones estatales, entre ellos, las autoridades de otras jurisdicciones⁴⁸.

La alta corte entendió que las autoridades habían llevado a cabo un proceso propio de justicia que tenía como última medida y sanción máxima la expulsión del empresario a efectos de lograr la restitución de la armonía y equilibrio en sus comunidades.

4.3. JURISPRUDENCIA PLURALISTA E INTERCULTURAL EN COLOMBIA

En el ámbito de los derechos de las minorías, la interpretación del marco constitucional sobre el pluralismo jurídico en Colombia ha pasado por diferentes etapas, desde el mero reconocimiento de la diversidad cultural hasta la definición del principio de interpretación intercultural.

Como hemos visto, la Constitución colombiana no ha incorporado las palabras "interculturalidad" o "intercultural". Sin embargo, nuestra búsqueda con palabras claves en la base de datos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional devolvió 212 entradas con la palabra "intercultural" y 125 entradas con la palabra "interculturalidad". Este dato demuestra que la alta corte considera este principio como implícito en el entramado de la Constitución, derivándolo de una interpretación teleológica y sistémica del principio del pluralismo cultural de la Nación y de los límites al pluralismo jurídico. Como se observa en este acápite, la búsqueda de una mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas llevó a la Corte a construir una hermenéutica intercultural desarrollando mejor el contenido "multiculturalista" de la Constitución⁴⁹. Desde el inicio, la Corte fue llamada a contribuir a la definición de la forma del Estado colombiano, actuando como árbitro de dos tipos diferentes de soberanía: la perteneciente al Estado, legitimada por la Constitución; la otra, surgida de las comunidades indígenas, reconocida por la Constitución, pero restringida dentro de límites sustanciales. Aplicando un análisis diacrónico, dividimos la jurisprudencia en tres periodos, en los que la Corte ha desarrollado una propia doctrina sobre el pluralismo jurídico. Comenzó con una interpretación muy amplia de sus límites, para poco a poco llegar a la apertura de hoy, con su propuesta intercultural sobre la Constitución, plausiblemente también inspirada por los nuevos principios constitucionales incorporados en las constituciones ecuatoriana y boliviana.

El primer período corresponde a los primeros años del decenio de 1990, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Constitución. Desde el principio, la Corte ha aplicado el concepto de diversidad cultural para reconocer la protección de la identidad cultural de los pueblos indígenas, sin referirse ni al interculturalismo ni al multiculturalismo. En la sentencia T-605/92, la Corte estableció la siguiente definición de diversidad cultural:

En términos constitucionales, la diversidad cultural hace relación a formas de vida y concepciones del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población en aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización política. Los grupos humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo (CP art. 1) y protección de las minorías (CP arts.13, 176 y 265)" (§ 6).

El caso fue llevado ante los tribunales por un grupo de familias pertenecientes a la comunidad indígena de Mendiguaca. Reclamaban un derecho de paso a través de una parcela privada de tierra, con el fin de tener acceso al mar, para que pudieran ejercer su derecho al desarrollo económico, ya que eran principalmente pescadores. El alto tribunal confirmó su demanda. Sobre la base de la protección de la diversidad cultural, se resolvieron muchos otros casos⁵⁰. Un argumento fuerte a favor de un enfoque intercultural implícito se puede leer entre las líneas de la sentencia T-254/1994. Un ciudadano indígena había sido considerado culpable de robo por su propia comunidad y había sido expulsado con toda su familia. Acudió entonces a un tribunal estatal reclamando que se le concediese el debido proceso. El tribunal otorgó el recurso y ordenó a la comunidad que renovara la sentencia sin afectar a la familia del condenado. El razonamiento de la Corte merece ser citado en su totalidad para comprender el esfuerzo de los jueces para construir un enfoque pluralista limitado por los derechos humanos:

Existe una tensión entre el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural y la consagración de los derechos fundamentales. Mientras que éstos filosóficamente se fundamentan en normas transculturales, pretendidamente universales, que permitirían afianzar una base firme para la convivencia y la paz entre las naciones, el respeto de la diversidad supone la aceptación de cosmo-visiones y de estándares valorativos diversos y hasta contrarios a los valores de una ética universal. Esta paradoja ha dado lugar a un candente debate filosófico sobre la vigencia de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales (§ 10).

El segundo período de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el pluralismo jurídico intercultural puede circunscribirse entre 19961998, cuando Carlos Gaviria Díaz fue presidente del órgano. En su jurisprudencia, la Corte aplica una interpretación intercultural de la Constitución⁵¹, reduciendo al máximo los límites previstos en el artículo 246, afirmando que los únicos límites aceptables son el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura y, por necesidad constitucional, el debido proceso legal, para los crímenes y castigos⁵².

En la sentencia C-139/96 la Corte declara que "una concepción pluralista de las relaciones interculturales, adoptada por la Constitución de 1991, rechaza la idea de dominación implícita en las tendencias integracionistas" (§ 6.3). Dado que la protección de las relaciones interculturales dentro de la sociedad colombiana se define como un valor, la Corte debe encontrar un equilibrio entre las diferentes visiones del mundo en competencia. Aun cuando los límites parecen claramente enunciados en la Constitución y en la ley, la Corte afirma que no todo concepto constitucional o jurídico prevalece sobre la diversidad étnica y cultural, de lo contrario el pluralismo se volvería ineficaz⁵³. La Corte concluye reafirmando la plena dignidad de la cultura indígena en la Constitución de 1991:

Los grupos étnicos, calificados hace un siglo como 'salvajes', son considerados por la Constitución actual como comunidades culturales diferentes y las personas que las constituyen, en consecuencia, tratadas como portadoras de otros valores, con otras metas y otras ilusiones que las tradicionalmente sacralizadas con el sello de occidente. No son ya candidatos a sufrir el proceso benévolo de reducción a la cultura y a la civilización, sino sujetos culturales plenos, en función de la humanidad que encarnan, con derecho a vivir a tono con sus creencias y a perseguir las metas que juzgan plausibles, dentro del marco ético mínimo que la propia Constitución señala (6.5).

En la sentencia T-349/96 la Corte indica como regla para el intérprete que se debe maximizar la autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, que se deben "minimizar las restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía" (§ 2.2). El juez Gaviria Díaz especifica aún más el alcance de los límites a la diversidad cultural indígena: "A juicio de la Sala, este núcleo de derechos intangibles incluiría solamente el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura".

El último período considerado es el posterior a 2009, después de la sentencia T-514/2009. Esta sentencia recupera la mayoría de los argumentos utilizados una década antes por el juez Gaviria Díaz y propone nuevamente el diálogo intercultural como método para fomentar el pluralismo jurídico y la autonomía indígena jurisdiccional.

El caso fue llevado a la Corte por un indígena a través de una acción de tutela contra su propio resguardo, porque la comunidad Chenche Buenos Aires Tradicional había votado para excluirlo de algunos beneficios específicos financiados con ayudas del Estado. La motivación se fundamentaba en que él se había mudado durante 15 años a Bogotá con su familia, abandonando la comunidad. La Corte consideró que se debía respetar el derecho de autogobierno de la comunidad. Esto implicaba respetar la decisión tomada por las autoridades indígenas.

En primer lugar, la Corte reitera que "no es posible encontrar soluciones sencillas, unívocas o absolutas a estas tensiones, sino que es preciso para el intérprete acercarse a ellos desde una perspectiva respetuosa de las formas de vida y el concepto de dignidad de las comunidades indígenas, consciente de la necesidad de entablar un diálogo intercultural, pero con la cautela necesaria para evitar que esa interacción se convierta en pretexto para intromisiones indebidas en asuntos propios de las comunidades" (§ 3.3). La Corte introduce un nuevo criterio para la aplicación del diálogo intercultural, que circunscribe un viejo enfoque utilizado desde 1994 que asignaba una protección más alta a las comunidades que habían mantenido un mayor nivel de conservación cultural. La Corte señala que en ningún caso la pérdida de algunos caracteres culturales originales debe ser considerada un pretexto para desconocer la autonomía indígena.

Este criterio se explicará y aclarará más específicamente en la sentencia T-201/16, que lo definirá como un cambio de la regla "más conservación, más autonomía" a la regla "más conservación, más necesidad de diálogo intercultural". La Corte explica que el juez constitucional está obligado a realizar lecturas y diálogos interculturales de las prácticas, usos, imaginarios y costumbres de las comunidades indígenas. En ese sentido, el juez debe evitar aplicar cánones y estándares eurocéntricos y occidentales a las actividades indígenas que se caracterizan por sus propios regímenes de significado (§ 3.4).

En la sentencia T-129/2011, la Corte concede un recurso de inconstitucionalidad propuesto por los resguardos Embera-Katío, Chidima-Tolo y Pescadito contra la construcción de un conjunto de infraestructuras públicas en su territorio sin el consentimiento previo de las comunidades. El caso es muy relevante para el enfoque intercultural aquí aplicado, porque dos interpretaciones diferentes de lo que se entiende como "desarrollo" están en conflicto. Después de haber aclarado que "la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva o incluso de religión, raza, lengua, etc.", la Corte afirma que "no se puede anteponer en abstracto el 'interés general' y la visión mayoritaria que se tenga del 'desarrollo' o el 'progreso' que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se desarrollan en territorios indígenas o étnicos" y que "es plausible responder que el debate en torno al 'desarrollo' o el 'progreso' en territorios de comunidades étnicas debe analizarse a la luz del desarrollo o progreso propio de los pueblos implicados" (todas las citas están en el § 5).

En su opinión concurrente sobre la sentencia T-659/13 la magistrada Calle Correa señala que el principio preeminente reconocido en la sentencia T-514/2009 no se ha aplicado en algunas circunstancias. Denuncia este hecho como una comprensión muy equívoca de la diversidad cultural: "Esta comprensión del multiculturalismo lleva a que no se reconozca como indígena a quien reclama serlo, sino a aquél que sea tanto 'más distinto y más distante', en términos geográficos y culturales, desconociendo que los fenómenos de aculturación, migración económica o desplazamiento forzado, hace que muchos indígenas en Colombia vivan como y con el resto de la población no indígena. Así entendido, este principio promueve una especie de "multiculturalismo de ghettos" (§ 12)⁵⁴.

En las decisiones más recientes, el interculturalismo son conceptos que a menudo se superponen y la Corte busca un camino hermenéutico más acorde con los derechos humanos. En el caso T-444/19, en relación con el derecho a la consulta de la comunidad indígena de Mokaná de Malambo, la Corte declara que "El pluralismo sugiere la existencia de una gama de cosmovi-siones distintas entre sí y exige la necesidad de gestionar la diferencia para armonizarla. En ese contexto, el multiculturalismo se erige como una de las formas de hacerlo y es la única viable en el orden constitucional vigente" (§ 30). En opinión de la Corte, "el multiculturalismo se caracteriza porque 'las diferentes culturas étnicas coexisten por separado en términos de igualdad, pero participan en la vida política y económica general de la sociedad', sin que la identidad étnica deba quedarse como un asunto privado (como en los paradigmas anteriores), sino reconociéndola como un elemento que tiene la potencialidad de influir en la esfera de lo público, en la democracia y en la construcción de lo que es de todos, a partir del diálogo intercultural y de lo que es cada uno" (§ 30). La jueza describe "paradigmas" distintos del "multiculturalismo", donde el que ella está describiendo se distingue de los precedentes por la relevancia pública de la diversidad cultural y el diálogo constante entre las diferentes cosmovisiones, que es lo intercultural.

La centralidad del enfoque intercultural en el actual sistema jurídico colombiano se advierte también en la atención específica que se le ha prestado en el marco del proceso de paz. En primer lugar, se ha incluido un capítulo étnico en el Acuerdo de Paz, junto con un Protocolo de Diálogo Intercultural, y se ha aprobado una ley específica sobre la asistencia y garantía de la reparación integral a las víctimas indígenas del conflicto⁵⁵.

Por otra parte, la Justicia Especial para la Paz (JEP), un órgano jurisdiccional dedicado a considerar las reclamaciones por daños y perjuicios relacionados con el conflicto, en el caso 02, abierto el 10 de julio de 2018, auto SRVBIT - 079, el 12 de noviembre de 2019, tuvo que juzgar el estado de victimización del pueblo awá. Los awá pertenecen a Katsa Su, la Madre Tierra, que consideran un sujeto vivo. Ella es la fuente del buen vivir, y la casa del pueblo awá (§ 81). El territorio es un espacio físico y simbólico en el que conviven varios seres ("sin territorio no existimos", § 85). Siguiendo la cosmovisión awá, la JEP ha reconocido que el conflicto causó daños no solo a la gente, sino también al territorio: afectó la trama de relaciones entre lo humano, lo no humano y el medio ambiente (§ 94) así también el territorio debe ser considerado una víctima del conflicto armado (§ 96).