Objeción de conciencia

Según la Real Academia de la Lengua, la conciencia se define como:

La propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, conocimiento interior del bien y del mal, conocimiento reflexivo de las cosas, actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto y acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. ⁶

Explicaciones que se constituyen como complementarias entre sí y que en definitiva son inherentes y exclusivas del ser humano.

La palabra conciencia tiene sus raíces en el latín consciere, que significa conocimiento, y conscientia, que significa tener ciencia, es decir que la conciencia representa una relación entre un sujeto que tiene capacidad de conocimiento y un objeto por conocer; lo que implica que la conciencia nos brinda el poder de conocer y reflexionar ⁷.

Por otro lado, Martínez define la objeción de conciencia como:

La negativa o el rechazo al cumplimiento de un deber jurídico de naturaleza personal por razones de conciencia, en este caso la persona que se niega a cumplir su deber jurídico de respetar o rechazar la decisión del paciente frente a un determinado procedimiento o tratamiento, solicitando ser dispensado del cumplimiento de dicho deber. ⁸

Para Raz, “la objeción de conciencia es un acto privado para proteger al agente de interferencias por parte de la autoridad pública”. Se trata de una actuación del fuero interno de la persona que, al tener exteriorización y repercusiones en el ámbito social, es objeto de regulación en el ordenamiento jurídico ⁹.

Adicionalmente, la Corte Constitucional definió en su jurisprudencia la objeción de conciencia como “la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito” ^10,11.

En diversos contextos sociales se entiende la objeción de conciencia como “una figura cuya motivación última siempre es de carácter religioso” ¹². Esta posición evidencia un yerro en su contenido, dado que omite muchas -de hecho, la mayor parte- de las razones en las que se funda el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia como son los argumentos éticos, morales o de otra índole diferente a la religiosa ¹³.

Por lo anterior, es posible ajustarnos a una definición del derecho a la objeción de conciencia, mayoritariamente aceptada, como:

Un juicio de carácter ético que no equivale a subjetividad, tendencia, gusto, hábito o deseo, es la resistencia que el individuo ofrece al cumplimiento de una norma cuando ésta entre en conflicto con sus propias convicciones y cuya actitud de abstención ante un deber jurídico está impulsada por imperativos axiológicos o morales. Es pues, un rechazo a someterse a una norma o disposición de una ley positiva que se considera injusta por oponerse a la ley natural, y esa oposición es esencial para la defensa de la vida. ⁷

La persona humana desde el inicio de la vida

Los avances de la ciencia y sus consecuentes aplicaciones clínicas han llevado a un mayor conocimiento de cómo ocurren los procesos biológicos, lo que crea un gran campo de investigación en beneficio del ser humano. Sin embargo, de igual manera se abre un nuevo campo que posibilita toda una serie de manipulaciones que afectan la protección de la vida: células madre, fecundación in vitro, investigación con embriones, clonación, entre otros, son procedimientos que atentan contra la vida desde su inicio, lo cual demanda una reflexión ética ^14,15.

En consecuencia, para poder desarrollar una reflexión bioética adecuada en torno a las intervenciones que se pueden realizar al inicio de la vida humana, es primordial saber cuándo comienza esta ¹⁶. Actualmente tenemos que enfrentarnos al gran dilema relacionado con el comienzo real de la vida humana y el valor que debe conferirse a ella ¹⁷.

Como menciona Arango Restrepo, “Si la vida humana es un proceso, el principio de la vida será el inicio del proceso”. Por esto es que el ser humano debe ser tratado y respetado como persona desde el momento de la concepción. A partir de ese primer momento de vida se le deben reconocer los derechos de toda persona, contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) ¹⁵.

La concepción de la persona humana es el inicio de la vida, se considera como valor supremo y punto de referencia, como un fin y no un medio ¹⁸, lo que confiere el fundamento del respeto a la dignidad humana, y asienta su base en la vida misma del ser humano, y este debe ser el principio que guíe todas las decisiones éticas. Como vida humana, el embrión debe protegerse desde el momento de la concepción y, por tanto, es lícito poner límites a cualquier intervención o investigación que se desee hacer con él ¹⁴.

Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, documenta el preciso y firme valor de la vida humana, así como su carácter inviolable. Esta afirmación es sostenida y ratificada en la DUDH, que en sus artículos primero y séptimo dispone que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […] Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley” ¹⁹.

Protección constitucional y de derecho internacional

El carácter fundamental del derecho a la objeción de conciencia ha sido reconocido ampliamente en la doctrina y la jurisprudencia constitucional colombiana, como expresión natural de derechos amparados en la Constitución Política de 1991, como lo es el principio de dignidad humana íntimamente relacionado con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, de cultos y de libertad de pensamiento, consagrados en los artículos constitucionales 1, 16, 18, 19 y 20 respectivamente ²⁰.

Ahora bien, no solo el contenido taxativo de la Constitución tiene el carácter de aplicación prevalente en nuestro ordenamiento jurídico, sino también los tratados internacionales sobre derechos humanos, acogidos gracias al artículo 93 de la norma superior, siempre que sea el caso de “tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción” ²¹, de tal forma que cuando se habla de la objeción de conciencia y su fundamento constitucional es necesario hacer alusión a disposiciones del derecho internacional como la DUDH, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Con lo anterior es posible evidenciar que la objeción de conciencia se encuentra ampliamente amparada en diversas disposiciones normativas del nivel nacional e internacional, lo que permite que pueda ser invocada por cualquier persona que se vea afectada en su conciencia por parte de un mandato legal que contradiga sus convicciones internas.

Cómo es evidente, la protección del derecho a la libertad de conciencia ha sido acogida en un marco jurídico amplio; sin embargo, su aplicación práctica en el diario vivir demuestra que es más complejo de lo que parece. El auge de nuevas tendencias neoliberales ha pretendido suprimir derechos que, a pesar de ser fundamentales, son relevados por otras supuestas garantías que un reducido grupo social reclama, y opaca la posibilidad de que un menor que aún no ha nacido pueda llegar a disfrutar de la vida y ejercer plenamente sus derechos, que le corresponden por el hecho de ser parte de la especie humana, no porque el ordenamiento jurídico lo reconozca. Es aquí donde cabe preguntarnos por qué ante una aparente protección tan amplia de la objeción de conciencia se discute tanto y llegar a conclusiones armónicas no es la vía más elegida.

Nuestro sistema democrático tiene fundamento esencial en las libertades de conciencia, religiosa y de pensamiento que se han referido como parte integral del pluralismo que dispone la Constitución. Históricamente, esas libertades se entendían como forma de protección de minorías religiosas o políticas; sin embargo, con el paso del tiempo se ha ampliado la concepción de su margen para la garantía de derechos a toda persona, ya sea que siga o no alguna creencia religiosa o sea o no parte de un grupo político ¹². En consecuencia, “la libertad de conciencia es una manifestación de la libertad, principio-derecho constitucional que jurídicamente implica un ámbito de autonomía, así como de inmunidad de coacción” ²².

Una visión desde la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005

A lo largo del tiempo, el hombre se ha planteado cuestiones relacionadas con el funcionamiento y comportamiento de la vida humana, entre ellas las relacionadas con las actitudes que se deben asumir frente al nacimiento, la enfermedad, el sufrimiento, el envejecimiento y la muerte ²³.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptada en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2005, ha abordado los planteamientos antes descritos. Esta declaración busca establecer a nivel internacional principios comunes respecto a cuestiones éticas que guardan relación con la vida, la medicina y las tecnologías aplicadas a los seres humanos, en sus diversas manifestaciones, tanto sociales como jurídicas y ambientales ²⁴.

En este documento, se contemplan aspectos bioéticos relacionados con la justicia, la promoción del respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, en procura del respeto a la vida y las libertades fundamentales de toda persona, de acuerdo con la normativa internacional. Adicionalmente, contiene un marco global de principios y procedimientos que han servido como pauta a los Estados para elaborar legislaciones, políticas u otras herramientas en torno a la bioética ²⁴.

Al igual que la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos adoptadas por la Unesco, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos contribuye a la construcción de un marco permeado por nociones éticas elementales y necesarias en la ciencia en constante desarrollo y que presenta cada día menos límites de alcance ²⁵.

Marco de protección jurisprudencial en Colombia

La Corte Constitucional ha entendido la libertad de conciencia como derecho fundamental de dos formas. En primer lugar, como la “facultad del entendimiento de formular juicios prácticos en relación con lo que resulta ser una acción correcta frente a una situación concreta que se presenta de facto” ²⁶, es decir, discernir entre lo correcto y lo que no lo es. En segundo lugar, como la capacidad de la persona de “actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta sin que puedan imponérsele actuaciones que estén en contra de su razón” ²⁷, lo que deriva en la posibilidad de autodeterminación de las personas en su conciencia.

De esta manera, es posible entender el juicio de la conciencia como el razonamiento del deber ser y el deber hacer frente a una situación concreta. En este caso, una actuación que es impuesta y produce enfrentamiento con las convicciones del sujeto que se encuentre inmerso en el momento lleva a que este razone y concluya si el llamamiento a actuar (deber hacer) le es dable realizarlo por no tener impedimento alguno, ni físico ni moral, o en conciencia; o, por el contrario, puede determinar que lo que le es pedido, ordenado o impuesto contradice directamente razones sólidas y profundas de su conciencia que le impiden acatar la directriz en cuestión (deber ser).

Ahora bien, frente a la IVE, la Sentencia C-355 de 2006, de la Corte Constitucional, sentó una base de reglas respecto de la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia ante este tipo de procedimientos y señaló, en primer lugar, que no es un derecho que pueda ser ejercido por entidades o personas jurídicas. En segundo lugar, adujo que solo ampara a personas naturales. En tercer lugar indicó que, con relación al primer punto, entidades como clínicas, hospitales y centros de atención en salud en general no son amparados por la objeción de conciencia y no pueden acudir a ella como forma de evitar la práctica de una IVE. Adicionalmente, sostuvo la Corte que los médicos, como personas naturales, ejercen la objeción de conciencia como una “convicción de carácter religioso debidamente fundamentada” y, por último, señaló que el profesional de la salud que objete debe remitir a la paciente a otro profesional de la medicina que pueda aplicar el procedimiento, cuando ella cumpla con los requisitos, es decir, se encuentre dentro de los tres casos dispuestos en la misma Sentencia C-355 de 2006 en los que no se penaliza la práctica abortiva. Por tanto, es un deber del médico remitir “sin perjuicio de que se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente” ²⁸.

Posteriormente, en la Sentencia T-209 de 2008, la Corte Constitucional se pronunció nuevamente sobre la materia. Tras reiterar los aspectos antes pronunciados como reglas para el ejercicio de la objeción de conciencia a la IVE, agregó además que cuando se habla de objeción de conciencia no se trata de un derecho absoluto, dado que encuentra su límite en la misma Constitución que dispone la titularidad de otros derechos en cabeza de las mujeres. De manera que objetar en conciencia no puede acarrear la afectación de derechos de las mujeres ²⁹.

Resulta llamativo que la Corte Constitucional, en la medida que desarrolla su jurisprudencia frente al derecho a la objeción de conciencia, ha sido ampliamente garantista respecto a la necesidad de ser protegido. Sin embargo, ello ocurre en diversos aspectos ya conocidos como la objeción de conciencia al servicio militar, por poner un ejemplo, pero en el caso de la IVE el razonamiento de la Corte da un giro que, siguiendo la línea jurisprudencial, parecería insospechado, pero no sorprende gracias al auge y populismo que ha sido posible evidenciar en materia abortista. Contrario a protegerse el derecho a la objeción de conciencia del personal de la salud, se ha limitado frente a la práctica de IVE y se ha dispuesto una serie de reglas y subreglas a las cuales debe acogerse el personal médico que considere la objeción, al punto de establecerse que “no puede invocarse si es el único profesional de la salud que puede practicar el llamado servicio a la interrupción voluntaria del embarazo” ^12,30.

Con fundamento en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, es plausible concretar, como parte integrante del derecho a la objeción de conciencia, lo siguiente:

La libertad de pensamiento se entiende como la habilidad de adherirse o de profesar una determinada ideología o filosofía;

La libertad de conciencia es la regla subjetiva de moralidad, entendiéndose como la capacidad para discernir entre el bien o el mal moral;

La libertad de pensamiento y de religión no han de confundirse con la libertad de conciencia, debido a que no es necesario estar adscrito a una filosofía o religión para poder expresar un juicio práctico en torno a una situación específica;

La objeción de conciencia se torna en una figura que permite el rehusamiento de la persona a cumplir una obligación jurídica, cuando dicha actividad significa la lucha interna en contra de sus convicciones íntimas” ³.

Paradójicamente, la misma Corte Constitucional que ha definido ampliamente en su jurisprudencia la protección a la objeción de conciencia, ha sido la encargada de dar vía libre a la privación de la vida de menores que en su situación de nasciturus son incapaces de defenderse ante el debate jurídico que se ha fortalecido en los últimos años con relación a un supuesto “derecho fundamental” a la IVE.

Así es como en la Sentencia C-355 de 2006, ya citada, y la SU-096 de 2018, la Corte Constitucional analiza la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo y concluye que dentro de las tres causales en las que el aborto no constituye delito es posible acceder a este en cualquier etapa gestacional, incluso hasta el noveno mes ^{(28, 31)}. Esta situación es un elemento que pone en riesgo muchos derechos fundamentales, los cuales empiezan por la vida del que está por nacer, siguen por el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, que se verán contra la espada y la pared a la hora de querer actuar rectamente, sin violentar derechos de las personas, pero en situaciones donde se enfrentan dos derechos: la libertad de la mujer -“derecho a la IVE”- y la vida del que está por nacer, donde el primero de ellos es una garantía derivada de la interpretación constitucional, movida por el auge social.

Finalmente, conforme lo ha ordenado la Corte, el Estado debe evitar, en la mayor medida posible, las barreras administrativas para que las mujeres puedan tener acceso con facilidad a su “derecho” a la IVE, lo que incluye contar con profesionales de la salud capacitados para realizar ese tipo de procedimientos y que no sean objetores de conciencia ²⁸. Frente a esto planteamos el dilema ético que surgiría en torno a ¿cómo garantizar todos los derechos de los profesionales de la salud que, al ser objetores de conciencia, son rechazados en una sociedad que busca personas “capacitadas para proteger el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo”? En este caso, la objeción de conciencia pasa de ser un derecho fundamental a ser un factor de rechazo dentro de los profesionales de la salud y la comunidad promotora del aborto. Adicionalmente, surge un argumento que choca con los parámetros de la lógica y cae en un error argumentativo, dado que se reclama un derecho (IVE) a partir de la despenalización de un acto jurídicamente reprochable. En este punto es donde podemos pensar ¿cómo el acto de abortar, que sigue siendo un delito en los casos no despenalizados, puede ser al mismo tiempo un derecho?, en esta falacia argumentativa incurren la Corte y las personas que reclaman un derecho inexistente.

Objeción de conciencia como respuesta a la protección de la dignidad de la vida humana

No se pretende hacer un análisis extenso sobre un tema tan amplio como es la objeción de conciencia. Buscamos limitar su estudio aplicado dentro del campo jurídico y bioético. Al ser un tema de tal magnitud es importante contar con un fundamento teórico sólido para tomar decisiones con argumentos.

Durante la práctica diaria, al momento de decidir realizar algunos procedimientos existe un dilema creado por las diferencias sociales, políticas y éticas que conllevan diferencias morales las cuales influyen en la toma de decisiones que dependen de la conciencia que cada persona tiene en relación con lo que cree que está moralmente correcto o lo que está moralmente incorrecto.

Estos dilemas no se presentan únicamente en el sector de la salud, sin embargo, los prestadores de estos servicios sí se ven más expuestos, en la medida que frecuentemente se enfrentan con decisiones que afectan el inicio o el final de la vida ³².

Otro aspecto preocupante por resaltar es el desconocimiento de la capacidad de aceptar o rechazar un acto médico. En muchas situaciones se puede obrar en contra de los principios propios al realizar ciertas prácticas, por lo que el profesional en salud se encuentra en el medio del deber ser y del deber hacer aplicado a las decisiones de su actuar -es decir, entre actuar bien y hacer el bien-, dos caminos frente a los cuales el profesional en salud deberá actuar coherentemente basado en su juicio moral y no en lo que se estipula que debería hacer.

En algunos escenarios de educación en el sector de la salud, los estudiantes son los encargados de realizar las actividades prácticas ya que estas son el principio del aprendizaje. En ocasiones, tienen la oportunidad de realizar procedimientos bajo supervisión, sin embargo, la mayor parte de los estudiantes desconoce que tiene la capacidad de oponerse a realizar alguna actividad si va en contra de su posición moral. Desde su formación, el personal de salud debe empoderarse y conocer la opción de ejercer la objeción de conciencia, acto que ha de ser respetado por parte de los demás profesionales y, bajo ninguna circunstancia, se podrá imponer la decisión a una persona.

Atendiendo a lo anterior, dentro de las necesidades actuales de formación de los profesionales, la bioética cobra cada vez mayor relevancia. Esto ha sido discutido en diversos encuentros y comités, por ejemplo, en el año 2015, donde la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia abordó este tema, reforzó su importancia y concepto ³³.

Así es como la materialización de la objeción de conciencia permite poner de manifiesto la importancia de que la vida debe ser respetada en todo momento, desde su inicio y no que se tome como una cuestión relativa donde influya la calidad de vida, la autonomía de la madre o la ley impuesta externamente a los profesionales de la salud; donde de manera arbitraria se vulnera y suprime la dignidad que posee ese ser humano desde el vientre materno solo por el hecho de ser indefenso, donde no se protege su integridad como persona y se impide llegar a desarrollar una vida plenamente.

Diversos autores fundamentan la persona en el ser, la persona es digna. Con ello se entiende que solo es posible articular la bioética a través de la dignidad última de la persona humana. Y es esta dignidad la que exige máximo amparo y respeto desde el momento de su inicio en la concepción hasta el momento de la muerte natural ¹⁸.

Ante la falta de actuación del Estado y de las instituciones jurídicas en favor de la vida, la objeción de conciencia se convierte así en segura defensa para la vida y la dignidad intrínseca del ser humano ³⁴.