3.1. La violencia contra las mujeres y las niñas en la ciudad de Medellín

Las situaciones de inseguridad en los espacios públicos y privados limitan la incidencia de las mujeres en la vida comunitaria y el pleno disfrute de oportunidades laborales, educativas y de ocio, e incluso llegan a restringirles los bienes y servicios que la ciudad tiene para ofrecerles. Según la Encuesta de Nacional de Calidad de Vida de 2014 (^{Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014}), Medellín cuenta con 2.441.123 habitantes, de los cuales 1.148.961, equivalentes al 47,07 %, son hombres, y 1.292.162, equivalentes al 52,93 %, son mujeres, población que se encuentra ubicada en 16 comunas y cinco corregimientos en los que ocurren situaciones delictivas en espacios públicos y privados que vinculan y afectan diferencialmente a hombres y mujeres, entre los que se destacan homicidios, hurtos a residencias, hurtos callejeros, hurtos en motocicletas, hurtos de vehículos, hurtos a establecimientos públicos y extorsiones. Las mujeres son las principales víctimas del hurto callejero consumado a través de atracos por factor de oportunidad, halado, violación de cerraduras, cosquilleo y raponazo, en medios de transporte masivo y transporte informal, conductas que son poco denunciadas por su insuficiencia probatoria.

Por su parte, en informes de la Secretaría de las Mujeres, en el período 2012-2015 existe un incremento de delitos con víctimas mujeres: son el 88 % de las víctimas de delitos sexuales, el 83 % de las víctimas de violencia intrafamiliar y el 40 % de las víctimas de homicidios, los cuales, en su mayoría, se corresponden con el feminicidio. Situaciones que se agravan en la Comuna 3 de la ciudad de Medellín, ubicada en la zona nororiental, que para la época del estudio se encuentra en el quinto lugar de poblamiento urbano de la ciudad, con una tasa de crecimiento del 5,8 % en los últimos ocho años, equivalentes a 311 habitantes por hectárea para el 2014 que la convierte en un territorio densamente poblado, donde se asienta clases sociales medias y bajas de la ciudad. Para la fecha del estudio, el número total de sus pobladores era 159.658 habitantes, de los cuales 83.148 eran mujeres (52,08 %) y 76.510 eran hombres (47,92 %), por lo cual su población femenina corresponde al 6,41 % de las mujeres de Medellín (^{Montoya Ruiz y Builes Ceballos, 2015a}, 2015b). El crecimiento poblacional y la comisión de delitos inciden en el análisis sobre las formas diferenciales en que las mujeres y los hombres disfrutan de la vida urbana, lo que convierte sus condiciones de seguridad en un tema de especial atención por parte de las administraciones públicas, que deben actuar ante el aumento de las violencias contra las mujeres en los espacios públicos y en las calles.

Otro factor influyente en el aumento de las violencias contra las mujeres en los espacios públicos en Medellín son las altas tasas de violencia intrafamiliar. En 2016 la ciudad ocupó el segundo lugar en casos de ocurrencia de violencia intrafamiliar en Colombia; en total hubo 7.327 reportes y el 88 % de sus víctimas fueron mujeres (^{Secretaría de Seguridad y Convivencia, 2017}). Sus causas no pueden ser comprendidas exclusivamente desde los contextos privados, toda vez que esta afecta desfavorablemente la construcción de vínculos sociales, una vez se admite la interrelación entre familia y sociedad, pero, además, la violencia intrafamiliar (en adelante, VIF) pone en riesgo una de las aspiraciones más valiosas en la sociedad contemporánea, esto es, la constitución de las mujeres como sujetos de derecho, dados los efectos personales, familiares, sociales y culturales que desencadena dicha expresión de la violencia (^{Corporación para la Vida Mujeres que Crean y Corporación Vamos Mujer, 2015}).

Fuente: Commons Wikipedia

FIGURA 1 Organización administrativa y territorial de la ciudad de Medellín. 

Las mujeres, además de ser víctimas de delitos comunes y violencia intrafamiliar en la Comuna 3, han sido víctimas de la violencia sexual en espacios públicos, que no denuncian por temor, por impedimentos para acudir a la ruta de atención, por presiones para no denunciar o por la aceptación en la comunidad de la justicia por propia mano, ejercida a través del accionar de los "combos" de los distintos sectores, a quienes acuden las mujeres por la ineficiencia de instituciones como la Policía Nacional y la tardanza de las rutas de atención. Por otra parte, la existencia de normas de comportamiento social con las que se imponen estereotipos a las mujeres invisibilizan la violencia sexual contra ellas en los espacios públicos, naturalizando los silbidos, las miradas lascivas, las propuestas sexuales, los comentarios indecentes, la obstrucción de la circulación, la persecución y la toma de fotografías y videos sin consentimiento (^{Montoya Ruiz y Builes Ceballos, 2015a}, 2015b).

De ahí que los espacios influyen en las formas como se configuran las violencias, entendidas como un fenómeno multidimensional que convierte problemáticas locales en asuntos globales, como lo señala Mónica ^{Colombara (2011)} al analizar las relaciones entre violencia urbana y violencia de género: "la violencia tiene múltiples actores, directos e indirectos, es cambiante en la historia y en el espacio"(p. 4). Algunos de los factores que influyen en perpetuación de violencias urbanas y de género en las ciudades se encuentran asociados con el transporte, los servicios e infraestructuras inadecuadas, e inclusive inexistentes, y las dificultades de inaccesibilidad al suelo urbano, la carencia de vivienda, el deterioro ambiental o los problemas de gobernabilidad. Dichas problemáticas responden a lógicas urbanistas que privilegian la segregación residencial, los sentimientos de miedo, inseguridad, angustia y desamparo, y contribuyen a formas de interacción social entre los géneros que resultan violentas, discriminatorias e intolerantes y producen una estrecha relación entre violencia urbana, ciudad, modelos de desarrollo urbano y violencia basada en género.

Por otra parte, la percepción de inseguridad que tienen las mujeres, según los grupos focales realizados, se encuentra determinada por sus sentimientos de temor y por las condiciones objetivas del peligro que les representa el disfrute de la vida nocturna. Entre ellos se encuentran tanto los peligros asociados al consumo de drogas y alcohol como al aumento del riesgo de violencia sexual hacia mujeres, adolescentes y niñas, que propician el ejercicio de la prostitución como fuente de ingresos y la existencia de redes de explotación y abuso sexual y facilitan la comisión del delito de trata de personas, el pago de favores sexuales, los riesgos en su salud por la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo voluntario e involuntario de drogas. Adicionalmente, se encuentran los peligros asociados al hacinamiento y las dificultades de acceso a los medios de transporte formal, que contribuyen a incrementar las rutas informales en los barrios de la ciudad y aumentan su vulnerabilidad. Así mismo, existen temores al recorrer espacios públicos como parques, canchas, gimnasios al aire libre, unidades deportivas o las afueras de instituciones educativas producidos por la alta presencia masculina, la escasez de iluminación o la poca concurrencia de personas que les permita sentirse seguras, situaciones que condicionan la existencia de rutinas y horarios que restringen su circulación.

Todo lo anterior se interrelaciona con la existencia de una masculinidad hegemónica en la ciudad que impone normas de comportamiento, tales como actos exhibicionistas, piropos vulgares, obstrucción de su circulación o miradas libidinosas que se consideran normales, o se excluye a las mujeres de ciertos espacios, como placas deportivas, bares, cafés y billares por ser espacios de socialización masculina; ambas situaciones inciden en la naturalización de la violencia sexual hacia las mujeres en los espacios públicos en Medellín (^{Montoya Ruiz y Builes Ceballos, 2015a}, 2015b). Los estudios urbanos referidos a la seguridad e inseguridad en las ciudades han subestimado las violencias producidas por la asimetría de poder entre los géneros y las situaciones que atraviesan la vida cotidiana de las mujeres, asunto que ha sido analizado por el feminismo (^{Del Valle, 1997}). Ante los logros del feminismo, como el reconocimiento de derechos a las mujeres y el alcance de su autonomía y empoderamiento para acceder a la vida pública y a los espacios públicos, los centros urbanos se han convertido en epicentros de múltiples violencias producidas por las relaciones sociosimbólicas entre hombres y mujeres, las cuales se complejizan ante la permisividad que produce el anonimato en las urbes, la densidad demográfica o la escasez del enfoque de género en la planificación urbana. De tal forma, ciudades como Medellín y sus comunas son lugares donde se reproducen relaciones de poder inequitativas entre los géneros que se expresan mediante violencias físicas y simbólicas, que producen temor, y riesgos relacionados con el uso de determinados espacios, recorridos u horarios que condicionan los desplazamientos, los itinerarios y las prácticas de uso de los servicios de las urbes por parte de las mujeres, quienes se encuentran expuestas a las violencias ejercidas por desconocidos (^{Falú y Rainero, 1995}).

Además, las violencias sociales, políticas, institucionales y económicas se espacializan en las ciudades; particularmente en Medellín la ocurrencia de las violencias refleja conexiones con el territorio y las formas de ejercicio del poder. En la ciudad, la configuración territorial se encuentra ligada a las formas de construcción de la masculinidad, aspecto que incide tanto en la organización espacial y la disposición de los servicios públicos como en la ocurrencia de conductas delictivas que afectan a las mujeres, tales como los abusos sexuales en el espacio público o la delincuencia callejera que las ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. Así mismo, influye en expresiones de violencia institucional perpetrada por autoridades estatales o en expresiones de violencia política impulsadas por actores en pro de lograr o mantener el poder político, tales como grupos armados ilegales que han sometido sexualmente a las mujeres como una estrategia de guerra.

De acuerdo con los avances de la legislación internacional y nacional vigente, las violencias contra las mujeres ocurridas en ámbitos privados y públicos se han hecho particularmente visibles y pueden manifestarse mediante las situaciones presentes en el contexto de la ciudad y sus comunas que se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1 Violencias contra las mujeres en las ciudades 

Fuente: elaboración propia.

De ahí que la respuesta a las violencias ha sido la necesidad de seguridad, concepto que a su vez ha sido repensado por la reflexión feminista, pensamiento y acción, para el cual la erradicación de las violencias en las ciudades y la paz en ellas dependerán de la transformación de las calles, las aceras y las relaciones vecinales, y no de la existencia de controles y autoridades. Como fue propuesto por la urbanista y feminista Jane ^{Jacobs (2011)}, "la paz pública de las ciudades -la paz en las calles y en las aceras- no tiene por qué garantizarse de manera esencial por la policía, por muy necesaria que ésta sea. Esa paz ha de garantizarla principalmente una densa y casi inconsciente red de controles y reflejos voluntarios y reforzada por la propia gente" (p. 58).

Por lo anterior el contexto de las violencias urbanas en la ciudad de Medellín y en su Comuna 3, donde existe un contínuum de violencias, es un reflejo de aquellas agresiones a las que las mujeres están expuestas en contextos caracterizados por altos índices de delitos, alta población masculina, bajos niveles de empleabilidad y altas tasas de violencia intrafamiliar. La concurrencia de estos factores genera condiciones de riesgo en las mujeres como sujetos pasivos de delitos tales como la violencia sexual y actos abusivos tolerados por la comunidad, como la violencia sexual callejera; estos últimos son desestimados por la comunidad porque son la forma natural de relacionamiento, razón por la cual las autoridades no los persiguen ni los investigan. En consecuencia, las violencias en los espacios privados aumentarán las violencias de género en los espacios públicos, producirán condiciones reales de inseguridad (dimensión objetiva) y aumentarán las percepciones sobre la seguridad y la inseguridad en los espacios urbanos (dimensión subjetiva); ambas dimensiones influyen en las construcciones sociales del género y en las formas diferenciales como los hombres y las mujeres usan y se apropian de los espacios.

3.2. Fortalecimiento del marco institucional, avances para la implementación del Programa Safe Cites

La ciudad de Medellín, desde la década de 1990, avanza en la configuración de una institucionalidad para la defensa, la promoción y la protección de los derechos humanos de las mujeres y promueve políticas públicas para el fortalecimiento y el agenciamiento de su ciudadanía femenina. En 1992 creó una institucionalidad de género en respuesta a los retos impuestos por la ratificación por parte del Estado colombiano de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la activa movilización de los movimientos feministas y sociales de las mujeres, que han exigido la formulación de políticas públicas para la transformación de las condiciones materiales de su existencia. En 2003 la ciudad aprobó la Política Pública para las Mujeres Urbanas y Rurales (Acuerdo 22 de 2003) como instrumento de orientación, planificación y ejecución de programas y proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de la ciudadanía plena de las mujeres (^{Concejo de Medellín, 2003}, artículo 1). Entre sus propósitos se encuentra promover la educación, la salud, el empleo y los derechos humanos de las mujeres, así como consolidar sus procesos de empoderamiento, el ejercicio de la ciudadanía plena, el incremento de la gobernabilidad y la convivencia pacífica, y el fortalecimiento de la democracia incluyente y participativa, por ser condiciones para el desarrollo humano equitativo, sustentable y sostenible en la ciudad (^{Concejo de Medellín, 2003}, artículo 4).

En 2007 fue creada la Secretaría de las Mujeres como entidad adscrita al despacho del alcalde de la ciudad (Acuerdo Municipal 01 de 2007), con lo cual se ampliaron los alcances de la institucionalidad de género, que se proyecta como la entidad rectora de la política pública de las mujeres, con la misión de contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades y la disminución de prácticas discriminatorias que atenten contra el desarrollo político, social, económico y cultural de las mujeres del municipio de Medellín, a través del diseño, la implementación, la coordinación, el monitoreo y las asesorías de las políticas, planes y programas de la Alcaldía Municipal (^{Concejo de Medellín, 2007}, artículo 2). La institucionalidad de género de la ciudad ha promovido acciones tendientes al mejoramiento de la seguridad pública de las mujeres formulando planes estratégicos y prioritarios para atender las necesidades prácticas y los interés estratégicos de las mujeres de la ciudad, entre ellos, en 2011, el Programa de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias (Acuerdo 52 de 2011), que ofrece protección, apoyo, atención psicosocial, acompañamiento y representación jurídica, hogares de acogida, capacitación, emprendimiento, sistemas de información, prevención y orientación para la protección, reparación y estabilización de víctimas de todos los tipos de violencias (^{Concejo de Medellín, 2011}). Para el 2015 se registran avances tales como el Programa de Seguridad Pública para las Mujeres, la participación en mesas y comités para su articulación, los centros de equidad y el proyecto de educación incluyente para las mujeres, desde el cual se ha trabajado en la prevención de las violencias de género, sexual, física e intrafamiliar. No obstante, en el período 2016-2019 algunos de estos programas se vieron afectados por las disminuciones presupuestales y la transformación de su enfoque.

De igual manera, hay logros significativos en la oferta institucional para la construcción de una vida libre de violencias para las mujeres urbanas y rurales. Desde 2008 se construyen y fortalecen diversas estrategias claves para articular el Programa Safe Cities, entre ellas la Estrategia de Seguridad Pública, que avanzó hasta convertirse en el Programa de Seguridad Pública para las Mujeres, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal "Medellín, un hogar para la vida" 2012-2015, orientado al avance en la promoción de una vida segura y libre de violencias tanto en espacios privados como públicos, estrategia a la cual pertenece el Programa de Seguridad Pública para las Mujeres con el que se aporta a la construcción de contextos urbanos no violentos para las mujeres y la creación de un sistema de gestión de información para avanzar en el conocimiento sobre la situación de su seguridad. Adicionalmente, se fortaleció un sistema institucional para la seguridad urbana de las mujeres, al cual pertenece el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres de Medellín, y se promovieron otras estrategias, como los mecanismos sociales e institucionales para la protección, la atención y el empoderamiento de las mujeres víctimas, la atención psicológica y jurídica en el territorio, los grupos terapéuticos, la defensa técnica de mujeres víctimas de violencia, los circuitos sociales de advertencia de riesgos (CSAR), la Línea 123 Mujer o los hogares de acogida. También fue promovida una agenda pública de alianzas Estado-sociedad civil para desarrollar cátedras y diplomados en género y justicia y la escuela itinerante de paz, entre otros productos comunicativos y pedagógicos para sensibilizar sobre la violencia basada en género.

Otros antecedentes institucionales que constituyen logros para avanzar en la construcción de una ciudad segura para las mujeres fueron la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Medellín (Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, "Medellín, un hogar para la vida"), que promovió la gestión de la seguridad ciudadana con enfoque de derechos, de género y diferencial, así como la creación de un Sistema de Información y Conocimiento de Género en Medellín (SICGEM). Así mismo, está la incorporación del principio de equidad de género en el Plan de Ordenamiento Territorial con el propósito de identificar los impactos diferenciados de la planeación territorial en hombres y mujeres y formular propuestas para el desarrollo de una ciudad y una región equitativa desde el punto de vista social y de género, incluyente y sostenible. También están los debates desarrollados en el marco del 7° Foro Urbano Mundial WUF7 en 2014, convocado por el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONU Hábitat), espacio que avanzó en la discusión global sobre el desarrollo urbano, la equidad y la justicia para hombres y mujeres en la ciudad. En este evento, la mesa de Género en Medellín fue un espacio clave para incluir en la agenda pública las violencias contra las mujeres en los espacios públicos y en sus vidas cotidianas, que motivó indagaciones sobre las percepciones de seguridad que tienen las mujeres respecto a los espacios urbanos, con miras al diseño de programas y acciones encaminados a disminuir y prevenir las violencias urbanas que inciden en el disfrute y el uso de la ciudad. Por último, en 2014-2015 se realizaron las auditorías de seguridad para las mujeres, las caminatas exploratorias, la georreferenciación de las violencias y la identificación de los espacios percibidos como inseguros en las comunas de la ciudad.

Estos sucesos fueron los antecedentes que facilitaron la inclusión de la ciudad de Medellín en el Programa Safe Cities de ONU Mujeres, así como su compromiso como ciudad para diseñar estrategias innovadoras para la superación de las violencias urbanas y las violencias sexuales callejeras, compromiso que aún se encuentra pendiente. La existencia de un marco normativo institucional y de políticas públicas favorables es importante pero no suficiente, puesto que aún es un tema aplazado en las agendas institucionales y un propósito del movimiento feminista de Medellín y del mundo el visibilizar las violencias de género en el espacio público y repudiar el acoso sexual callejero, conductas que devienen en un contínuum de violencias como el acoso y el abuso sexual, el acceso carnal violento y abusivo, los asaltos, la explotación sexual, la trata de personas y los feminicidios. Según informes de ONU Hábitat en 2016 y ²⁰¹⁷, la inseguridad urbana corresponde, en primer lugar, a causas sociales atribuidas a situaciones de exclusión social debidas al desempleo y la marginación prolongada o el analfabetismo y las modificaciones estructurales de la familia que hacen de la violencia intrafamiliar una causa de la violencia en las calles. En segundo lugar se encuentran las causas institucionales, entre ellas la inadecuación del sistema de justicia y la ineficaz respuesta de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Por último se encuentran las causas ligadas al entorno, tales como la urbanización incontrolada, el surgimiento masivo de espacios semipúblicos, como establecimientos de comercio abiertos al público, la ilegalidad de los barrios que se transforman en zonas bajo control de mafias locales, grupos armados y delincuencia común organizada en combos (^{ONU Hábitat, 2017}).

De tal manera, serán las particularidades del contexto y las desigualdades estructurales las que conviertan en peligrosos los parques, las calles, los medios de transporte, los baños públicos, los sitios de distribución de alimentos, las placas de recreación y deporte, los caminos, los parajes o los vecindarios. Retomando el legado de la arquitecta y urbanista feminista Jane ^{Jacobs (2011)}, problemáticas como estas hacen prioritario repensar la planificación de las ciudades puesto que los modelos existentes son insuficientes, ya que no consideran las realidades en las que vive la población. Con su mirada feminista sobre la ciudad nos propone "otra planificación" que tenga en cuenta la experiencia cotidiana y las necesidades de las personas, que no constriña o reprima sus vidas y considere urgente construir entornos seguros para aumentar la percepción de seguridad en el espacio público.

3.3. Recuento de la implementación global del Programa Safe Cities promovido desde 2010 por ONU Mujeres

La iniciativa Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y Niñas Safe Cities fue promovida en 2010 por ONU Mujeres, ONU Hábitat, Mujeres y Ciudades Internacionales, la Comisión Huairou y la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe entre otros socios mundiales y locales inspirados por el activismo feminista para mejorar la seguridad de las mujeres y las niñas en los espacios públicos. En el marco de dicho programa se han propuesto alternativas para superar los problemas de inseguridad urbana que padecen las mujeres en las ciudades, y entre sus logros más importantes se encuentra su aporte a la implementación y la evaluación de enfoques integrales para la prevención de la violencia sexual y otras violencias ocurridas en espacios públicos incidentes en los contextos urbanos de ciudades como Quito (Ecuador), El Cairo (Egipto), Nueva Delhi (India), Port Moresby (Papúa Nueva Guinea) y Kigali (Ruanda), San José (Costa Rica), Tegucigalpa (Honduras), Nairobi (Kenia), Vol. 23 N.° 2 julio - diciembre de 2018 pp. 59-82 Beirut (Líbano), Marrakech (Marruecos), Manila (Filipinas), Dusambé (Tayikistán) Río de Janeiro (Brasil), Ciudad de México (México), Dublín (Irlanda), Winnipeg (Canadá), Sakai (Japón), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Reikiavik (Islandia), Nueva York (Estados Unidos), Medellín (Colombia), Ciudad de México (México) y Seúl (Corea del Sur), entre otras¹ (^{ONU Mujeres, s. f}.).

El principal objetivo de Ciudades Seguras ha sido desarrollar, probar y difundir modelos de actuación para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y convertirlos en espacios seguros y de oportunidades para el disfrute de sus vidas y el goce efectivo de sus derechos. Para lograr este propósito se requiere del abordaje de las brechas a nivel político y práctico en las vidas de las mujeres, las cuales crean barreras reales que les impiden gozar y ejercer sus derechos humanos en los contextos urbanos. Se han implementado diversas estrategias orientadas a la transformación de las ciudades, como la realización de estudios exploratorios, la evaluación del impacto de programas encaminados a eliminar la violencia de género como estrategia para prevenir y reducir el acoso sexual de las mujeres y las niñas en los espacios públicos, y el diseño, la implementación y la evaluación de un modelo local para prevenir las violencias en las ciudades. Entre los resultados esperados con la implementación de estas iniciativas se encuentran: 1) el incremento de la percepción de seguridad por parte de las mujeres en los espacios públicos, así como un mayor uso de estos; 2) el aumento en la movilidad de las mujeres y las niñas en la ciudad y 3) la reducción de todas las formas violencia, en particular de la violencia sexual en la zonas de intervención. Con esto se espera incidir en el fortalecimiento de la ciudadanía femenina y la transformación de los enfoques de seguridad en los espacios públicos.

A continuación presentaremos las acciones y los mecanismos implementados en algunas de las ciudades, tendientes a erradicar las violencias en los espacios públicos, que surgen de la adecuación del programa a los contextos específicos de cada ciudad y de los factores que producen mayor inseguridad y han sido evidenciados en estudios exploratorios e investigaciones previas a su implementación.

El programa "Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todas y todos", promovido en 2006 por la Red Mujer y Hábitat, con el apoyo de la Oficina Regional del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem, hoy ONU Mujeres) en ciudades de Argentina (Rosario), Brasil, Colombia (Bogotá), Chile (Santiago), El Salvador, Guatemala y Perú, se constituye en un importante antecedente de las decisiones políticas y administrativas para construir un entorno amigable con y para las mujeres. En su desarrollo, la seguridad urbana se constituyó en una dimensión específica de análisis por su relevancia en la calidad de vida contemporánea y en la vida de las mujeres. Los resultados fueron indicativos del impacto diferencial que tiene en las mujeres la inseguridad en las ciudades, que se convierte en un condicionante para el uso del espacio público. Durante su desarrollo se crearon campañas pioneras que hicieron visible la violencia sexual que sufren las mujeres en el transporte público y acciones preventivas para superar la violencia de género en los espacios públicos (Red Mujer y Hábitat de América Latina, 2011).

Asimismo, en la ciudad de Seúl, desde 2007, surgió el programa Woman Friendly City, una política pública que antecedió proyectos sobre cuidado infantil, con actividades para las mujeres con menos privilegios, como madres solteras o migrantes, la creación de empleo para la mujer, el mejoramiento de sus condiciones actuales de trabajo en la ciudad y la adecuación de la seguridad en instalaciones públicas para promover empleo a las mujeres y el equilibrio del trabajo productivo y reproductivo en el entorno de la ciudad. Entre las acciones implementadas se destaca la definición de estándares para el diseño de espacios públicos como parques y calles con enfoque de género, la disposición de taxis exclusivos para mujeres conducidos por mujeres y plataformas tecnológicas para información de rutas de transporte (^{ONU Mujeres, 2017a}).

En la ciudad de Quito, Ecuador, se realizó en 2012 la campaña "Quiero andar tranquila, calles sin acoso", realizada por el Distrito Metropolitano de Quito, en la que se propusieron acciones para el avance del derecho a las mujeres y las niñas a tener una vida libre de violencia en las calles. Entre las acciones propuestas se encuentra un nuevo marco normativo para la erradicación de la violencia de género en los espacios públicos y el establecimiento de medias para controlar el acoso sexual callejero (Ordenanza 0235 del Concejo Metropolitano de Quito), y destaca la transversalización del enfoque de género en la gestión municipal, el fortalecimiento de las capacidades de funcionarios municipales en la atención de mujeres víctimas de violencia y la creación de un sistema eficiente de recopilación y procesamiento de información sobre violencias de género, planificación urbana y servicios de atención integral para víctimas.

Como producto de esta decisión político-administrativa se creó el Plan de Ciudad Segura para las mujeres en 2013 con recursos propios, el cual propuso estrategias para el diálogo entre las distintas instituciones comprometidas y la definición de componentes tales como barrios seguros para mujeres y niñas, orientados por la Comisión Intersectorial para el fortalecimiento de capacidades de líderes barriales y organizaciones de mujeres. Como resultado de su trabajo se identificaron los lugares inseguros para las mujeres y las niñas y se elaboraron planes de mejoramiento para los barrios que determinaron responsabilidades para los actores involucrados. Iniciativas como "Transporte seguro", cuyo resultado fue la declaratoria de emergencia del transporte público para incorporar medidas de visibilización y atención de la violencia y el acoso, llevaron a conformar una comisión en la que participaron las secretarías de Movilidad e Inclusión Social, la Empresa de pasajeros de Quito, la Comisión de Movilidad Metropolitana, el Patronato y ONU Mujeres.

También está la creación, en 2014, del Protocolo de actuación en casos de acoso y violencia sexual en el Sistema Metropolitano de Transporte de Pasajeros de Quito, a partir del cual se definen puntos seguros en cinco de las estaciones del transporte público masivo para atención a mujeres víctimas de violencia y se inauguran paradas planificadas y habilitadas con enfoque de género que integran sistemas de seguridad, entre ellos la aplicación de celular "Bájale al acoso", implementada en 2017 para denunciar las situaciones de acoso sexual en el transporte público mediante un mensaje SMS que alerta al conductor y la Policía Metropolitana y activa el procedimiento de emergencia para dar atención a las víctimas, además de campañas comunicacionales de sensibilización en las paradas y en los buses. Por último, el componente "Fortalecimiento de servicios municipales para prevenir y atender la violencia sexual contra las mujeres y niñas en el espacio público", tendiente a superar las situaciones donde podría ocurrir acoso, el temor de las mujeres para concurrir en esquinas o calles, parques y canchas frecuentadas asiduamente por grupos de hombres y la sensación de inseguridad de mujeres jóvenes asediadas al salir de los colegios, entre otras situaciones que motivan la terminación de actividades diarias en horario diurno (^{ONU Mujeres, 2015b}).

En Ciudad de México (CDMX), en 2013, a través de Memorándum de Entendimiento se implementó el Programa de Ciudades Seguras cuya acción principal es el Programa para prevenir y atender la violencia y acoso sexual en el transporte público y en los recorridos que realizan las mujeres para acceder a este. Otras acciones realizadas son las campañas de prevención de la violencia en las que se involucran hombres y niños para transformar los comportamientos y las actitudes frente a las situaciones de violencia contra las mujeres y las niñas, la aplicación móvil que brinda información y facilita la denuncia de incidentes o riesgos y el sistema de monitoreo integral para el transporte público. Previamente, fueron implementadas acciones como el programa Viaja Segura en 2007, en el marco del cual se realizaron campañas de difusión, destinación de los primeros vagones exclusivos para mujeres en horas con mayor afluencia de los sistemas de transporte Metro y Metrobús y la creación de módulos de atención para interponer denuncias o el uso de la palanca de seguridad para dar aviso. Además, se implementó la plataforma tecnológica Vive Segura, mediante la cual se ubican zonas de riesgo y se reportan en línea situaciones de violencia sexual, tales como silbidos, miradas lascivas, propuestas sexuales, violación, comentarios indecentes, obstrucción de la circulación, persecución, fotografías y videos sin consentimiento, exhibición de órganos sexuales y abuso sexual, como tocamientos y manoseo. En la actualidad, el Programa Ciudades Seguras, desde 2016, se encuentra en fase de estudio en las ciudades de Puebla y Torreón (^{ONU Mujeres, 2017b}).

En 2013, la ciudad del Cairo, en Egipto, fue pionera del programa en los barrios menos favorecidos, como Manshiet Nasser, Ezbet El Haggana e Imbaba, donde se implementaron infraestructuras que mejoraron la seguridad de las mujeres y se promovieron campañas para el cambio de actitudes características de una cultura del acoso y el abuso sexual. Además, su Ministerio de Vivienda, Servicios y Desarrollo Urbano promovió caminatas exploratorias en las que participaron hombres y mujeres, quienes aportaron ideas y propuestas para orientar la planificación urbana, particularmente el diseño de escuelas y otros sitios donde se pretendió promover la seguridad en el espacio público y relaciones de género respetuosas (^{Cooperación Española AECID}, 2014). Otras acciones pioneras se desarrollaron en 2010 en Kigali, Ruanda, tendientes a lograr un transporte público seguro, como la formación para los conductores de autobuses y los moto-taxis, medios de transporte principales en la ciudad, y la creación del concurso Sing yes to Kigali Safe City for Women and Girls, que invitó a músicos locales a componer canciones con mensajes que concientizaran sobre las consecuencias del abuso y promovieran la detención del acoso sexual contra mujeres y niñas, las cuales fueron ampliamente difundidas (^{ONU Mujeres, 2015a}). En Nueva Delhi, India, en el mismo año, se instalaron circuitos cerrados de televisión (CCTV) en los buses urbanos y GPS en los taxis para realizar el seguimiento al transporte público usado diariamente por mujeres y niñas; además se tomaron medidas para iluminar correctamente las rutas que conducen hacia escuelas y universidades porque se consideraban peligrosas (^{ONU Mujeres, 2015a}).

Desde 2011 en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, fueron intervenidos los mercados informales donde las mujeres estaban expuestas a múltiples violencias como compradoras y vendedoras: en dichos lugares sufrían extorsiones frecuentes y eran obligadas a abandonar el sitio en el que se encontraban desarrollando su actividad para ubicarse en lugares alejados e inseguros, donde eran víctimas de situaciones de violencia física, sexual y patrimonial. La implementación del programa facilitó una intervención en los mercados que incluyó infraestructura para mejorar la situación de salubridad en los espacios, tales como baños públicos, un sistema de mejoramiento de los acueductos de aguas residuales y el acceso a agua potable. Igualmente, promovió la creación de la asociación de vendedores y vendedoras, en la cual se cuenta con una representación de 50 % de mujeres para que trabajen unidos por mejorar las condiciones generales en los mercados y mantengan la salubridad y la seguridad. Otras acciones fueron el establecimiento de un sistema de pago mediante teléfonos móviles para evitar las extorsiones y los hurtos, la adecuación de espacios para la recreación donde las hijas y los hijos de las vendedoras pueden jugar y estudiar mientras sus madres trabajan, además de puntos de información y denuncia de situaciones de acoso y violencia. Finalmente, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se han implementado acciones tecnológicas tales como clicque180, una aplicación y página web que informa sobre la legislación existente, permite la denuncia de casos de agresión y difunde las rutas de atención que informan qué hacer en casos de violencia; además, cuenta con un protocolo para reportar lugares inseguros con el fin de georreferenciarlos y reportar los feminicidios (^{ONU Mujeres, 2015a}).

Estas propuestas han tenido como sustento el enfoque de seguridad humana propuesto por la Organización de las Naciones Unidas a finales de los ochenta y principios de los noventa, a partir del cual se considera la inseguridad como resultado de la insatisfacción de las necesidades básicas de los individuos por diferentes causas posibles, como la degradación medioambiental, los desastres naturales, el acelerado crecimiento demográfico y la violencia sociopolítica, entre otras, que deben ser satisfechas por el Estado para garantizar la seguridad de la población. Dicho enfoque aporta al desafío de crear ciudades seguras para las mujeres, cuyo reto es superar la violencia urbana para que las mujeres puedan percibir las urbes, vivenciarlas y realizar transformaciones profundas en las relaciones de género (Red Mujer y Hábitat de América Latina, 2011).