1. Introducción

Dentro de la literatura académica se habla de una nueva forma de definir la acción de gobierno denominada gobernanza territorial, la cual implica un nuevo modelo operativo para los actores y niveles involucrados a la hora de hacer política y tomar decisiones, caracterizado por la participación, la coordinación, la cooperación y la concertación (^{Farinós, 2011}, p. 46).

Aquí se considera que se podría estructurar un modelo con enfoque territorial local acompañado por una ampliación de la base social y civil para la conducción de la sociedad como eje de una original gestión que se complementa con la inclusión del concepto y la práctica del multiactor (protagonistas e involucrados) y el multinivel (órdenes de gobierno), abierto e incluyente, pero riguroso y sujeto a una autoevaluación constante, como respuesta a un conflicto territorial que se adivina lejano de ser resuelto.

Desde la década de 1950 se llevó a cabo en México una política colonizadora con la idea de aprovechar los "espacios vacíos" ocupados por la selva, en zonas delicadas como las fronterizas, y destinarlos a actividades productivas como las agropecuarias. Debido a que no estaban bien definidos los límites territoriales de Quintana Roo, las entidades federativas vecinas extendían su acción más allá de su jurisdicción política (^{Alonso Velasco & Velázquez Torres, 2019}).

Los colonizadores de la selva localizada en la Península de Yucatán fueron principalmente campe -sinos e indígenas sin tierras, originarios de otros estados de la república mexicana, especialmente de Chiapas (tzeltales, tzotziles y choles desplazados por la erupción del volcán Chichonal), Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Michoacán, que accedían a la selva aprovechando los caminos que en el pasado se abrieron para la extracción de maderas preciosas, como la caoba y el cedro, y el chicle (^{García & Pat, 2000}; ^{García de Fuentes et al., 2015}).

El objetivo de este artículo es dar a conocer la percepción que tiene la población asentada en la región de estudio sobre la disputa territorial entre Campeche y Quintana Roo y acerca de los servicios públicos con los que cuentan. Igualmente, se expondrán resultados de una encuesta relativos a conocer cuáles son las condiciones de vida y la percepción que tiene la población de referencia acerca de la disputa territorial y qué opinión les merece la propuesta de solución que se plantea a la indeterminación territorial en este proyecto de investigación, relativa a la creación de una asociación municipal.

Se parte de la hipótesis que sostiene que los pobladores están inconformes por la situación en la que están viviendo y que, en caso de que se les consultara a qué entidad federativa quisieran pertenecer, elegirían aquella que mejor atención les esté procurando en la actualidad.

Se realizó un trabajo estadístico a partir de encuestas escritas que contestaron los propios pobladores de la zona en conflicto. Los resultados de estas encuestas se erigen en una de las aportaciones originales de esta investigación y permiten hacer el diagnóstico deseado.

2. Metodología

Según ^{Farinós (2011)}, es necesario contar con información territorial sobre la cual poder generar conocimiento, opinión y actitud por parte no solo de los tomadores de decisiones en materia de planificación territorial o de políticas con impacto territorial, sino también de la propia población, contribuyendo de esta forma a una nueva gobernanza y planificación estratégica colaborativa, democrática, que permita lograr avances en la gobernabilidad de los territorios.

Con esta intención es que se llevó a cabo una encuesta a parte de la población residente en las comunidades de la zona en conflicto y que contara con la mayoría de edad. La característica que tienen las poblaciones que son objeto de estudio es que son reclamadas como propias tanto por el municipio de Othón P. Blanco, perteneciente a Quintana Roo, como por el municipio de Calakmul, del vecino estado de Campeche.

El espacio total objeto de la disputa territorial entre los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo cuenta con una extensión territorial total de unos 10.200 km² (polígono rojo en la Figura 1).

Fuente: ^{Alonso Velasco y Velázquez Torres (2019)}.

Figura 1 Esquema de ubicación geográfica del área de estudio en el contexto nacional y estatal. 

Dentro de este espacio no solo se encuentran los municipios objeto de estudio en esta investigación, sino que existen otros como los de José María Morelos y Bacalar, por parte de Quintana Roo, y el de Hopelchén, por parte de Campeche, así como ocho municipios del estado de Yucatán cuyos territorios también están en controversia con Quintana Roo y en donde hay unas cuarenta localidades más, con un total de 23.484 habitantes, en una superficie de 5.400 km².

Se eligieron como objeto de estudio las localidades que se hallan en el polígono amarillo de la Figura 1 porque es donde siempre se ha dejado sentir más la tensión derivada de la controversia constitucional por límites territoriales. Abarcan una extensión territorial total de 4.800 km² y son un total de 33, divididas por el estado de Quintana Roo en dos alcaldías diferentes: Dos Aguadas, en la parte septentrional, y Cerro de las Flores, en la zona meridional.

Según datos recabados por la Coordinación de Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, 2017), existen unas 8.552 personas viviendo en la zona de estudio, de las cuales 4.051 tienen más de 18 años. De estas, 2.164 residen en la jurisdicción de la Alcaldía de Dos Aguadas y el resto, 1.887, en la de Cerro de las Flores (Tabla 1 ³).

Especialmente, se puso mayor interés en la gente más antigua de la comunidad porque son los que cuentan con un mayor criterio sobre la disputa territorial. En este sentido, hay que señalar que el 73% de los encuestados superan las tres décadas de vida y el 74% llevan viviendo más de dos décadas en esta área, por lo tanto, habitan allí desde antes de que en 1997 se constituyera el municipio de Calakmul sobre un territorio bajo controversia constitucional.

Se encuestó a los pobladores de cinco comunidades de cada una de las alcaldías, es decir, un total de diez. Para seleccionar en qué comunidades se iba a realizar el trabajo de campo, se procedió a ordenar alfabéticamente las localidades y se enumeraron las poblaciones que integran cada una de las alcaldías. Finalmente se eligieron al azar, obteniendo así un muestreo aleatorio simple.

Las comunidades escogidas de la Alcaldía de Dos aguadas fueron: 1 (21 de Mayo), 7 (Guillermo Prieto), 9 (Icaiché), 10 (Josefa Ortiz de Domínguez) y 12 (Los Ángeles), mientras que las de la Alcaldía del Cerro de las Flores fueron: 3 (Bella Unión de Veracruz), 6 (Dos Lagunas), 8 (Dzibalito), 11 (Justo Sierra Méndez) y 15 (Santa Rosa).

En cuanto a los elementos de la muestra, se obtuvo que el tamaño es de 30 personas por cada alcaldía, por lo que el total sería de 60, con un porcentaje de confianza del 85% y un 15% de tasa de no respuesta (Tabla 2). La fórmula empleada para calcular la muestra fue:

Donde:

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 85% de confianza es lo mismo que decir que hay un 15% de probabilidad de equivocarse.

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. En este caso, que cuenten con la mayoría de edad.

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, los menores de 18 años.

n: es el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se realizaron.

3. Resultados

Las zonas fronterizas como esta son, generalmente, áreas complejas, abiertas o cerradas, activas o inactivas, despobladas o habitadas, permeables o impermeables, en las que es evidente la poca presencia del Estado, lo cual favorece distintas formas de contrabando, la presencia del narcotráfico o los conflictos y ocupación por grupos armados. "Estas circunstancias se observan en muchos bordes y espacios fronterizos latinoamericanos, jalonándose en el tiempo de litigios, tensiones, pleitos y contenciosos" (^{Cabero, 2015}, p. 223).

Por medio de las encuestas levantadas durante el trabajo de campo, en los meses de noviembre y diciembre del 2017, se pudo tener un conocimiento más certero de las condiciones en las que vive la población asentada en este territorio en conflicto y cómo esto repercute en su nivel de vida. También se entrevistó a algunos de los pobladores y como muestra representativa se transcribe a continuación lo que manifestó el 21 de diciembre de 2017 José Jesús García López, habitante de Bella Unión de Veracruz:

Llevo viviendo aquí 10 años. La documentación dice que estamos en Campeche, pero me gustaría pertenecer a Quintana Roo. No tengo pensado irme a vivir a otro lugar [...]. Considero que hasta hoy los dos estados han contribuido con calles, caminos cosecheros y otros pequeños beneficios. Por parte de Campeche, nos han dado captadores de agua. Los dos estados apoyan de manera equilibrada [...]. El mayor inconveniente de vivir aquí es que no tenemos médico. Está a 80 kilómetros por un lado y a 120 por el otro. Nos queda más cerca el hospital de Quintana Roo. El mayor beneficio de vivir aquí es que contamos con maíz, frijol, azúcar, camote y animales (pollo, guajolotes...). Toda la comida la producimos nosotros. Dependemos de nosotros mismos. Para hacer el parque nosotros pusimos la mano de obra y el Gobierno nos dio el dinero [...]. Se podría mejorar el nivel de vida consiguiendo casas para los del pueblo. Casas dignas. Hicieron unas de PVC hace años. En Laguna de Alvarado ya las han hecho [...]. Sí me gustaría que los gobiernos nos atendieran de manera conjunta porque habría menos peligro. En un poblado se matan dos o tres. Habría más coordinación en materia de seguridad, porque también hay asaltos y quitan el dinero.

Se le preguntó a la población de referencia acerca de la presencia de ciertas actividades irregulares que se pudieran estar llevando a cabo en sus localidades (Figura 2).

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Presencia de situaciones irregulares en el territorio en conflicto según la población de referencia, en porcentajes. 

Con base en los resultados obtenidos, se podría afirmar que es casi inexistente la presencia de migrantes, lo cual es entendible al no haber poblados del lado de Guatemala porque esta es zona de entrenamiento de kaibiles⁴. No obstante, uno de los "pasos" de acceso a México por parte de latinoamericanos está localizado precisamente en el área de Caobas-Arroyo Negro, que se encuentra en esta zona del conflicto limítrofe. Esta ruta, así como las condiciones existentes en ese punto fronterizo en cuanto a cuestiones migratorias se refiere, es descrita por ^{Barrachina et al. (2013)}. El propio ^{Barrachina (2010}, p. 377) reconoce que: "hay otras vías de internación a México preferidas por los centroamericanos, como por El Ceibo, en Tabasco y por Corozal, en Chiapas, donde evitan caminos complicados, especialmente en época de lluvias", como los de la zona objeto de estudio en este trabajo.

Igualmente se niega que se practique la cosecha de cultivos prohibidos como el cannabis. Esta zona no es productora de drogas, pero sí lo es del trasiego de esta, como se expondrá más adelante en este artículo. Para el tránsito de la cocaína por este territorio se necesita de la presencia de personas que se encarguen del apoyo logístico, lo que quizá se vea reflejado en ese 28% de la población de referencia que admite la existencia de gente peligrosa en la zona, ajena a la propia gente de las comunidades.

Sorprende comprobar que tan solo un poco más del 20% de los encuestados admitieron que se llevan a cabo actos de tala clandestina y caza, lo cual contrasta con las declaraciones del presidente municipal de Calakmul en la administración del 2018 al 2021, Luis Felipe Mora Hernández, quien admite que estas actividades ilegales se presentan a diario en esta zona sureña a pesar de los esfuerzos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Gendarmería Nacional (^{Carrera, 2018}).

La única actividad irregular con una importante presencia que confesaron que se está produciendo es la de la doble credencialización (63% de los encuestados), y es que hay que tener en cuenta que muchos, conscientes de que se trata de algo ilegal, dicen contar con tan solo una credencial para votar. Antes de iniciar los comicios locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) instala módulos de empadronamiento de Quintana Roo y de Campeche en las poblaciones de la región limítrofe y el ciudadano es quien decide en qué padrón electoral estar. Hay localidades en las que se instalan casillas para los quintanarroenses en una escuela, y en otra, para los campechanos. Desde el punto de vista electoral esta acción no ha tenido ninguna impugnación, ya que al parecer la mayor responsabilidad de las instituciones es acercar el servicio electoral a los ciudadanos, sin importar de dónde sean.

De ambas credenciales, los ciudadanos tan solo pueden usar la última en haber sido tramitada para ejercer el derecho al voto, pero hacen uso indistinto de ellas a la hora de aprovechar los apoyos y beneficios asistenciales que les aporten las entidades federativas enfrentadas. Esto provoca que la población tenga bastante confusión acerca de en qué entidad federativa vive, si en Campeche o en Quintana Roo (Figura 3).

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Estado en el que considera estar residiendo la población de referencia: en color azul se señala la I cantidad total de individuos en términos absolutos, | mientras que en color anaranjado se indica porcentualmente cuál es la proporción de la población encuestada a la que equivale. 

Como se puede comprobar, esta situación es fomentada desde las instituciones, como el INE, las cuales tampoco tienen claro a qué estado pertenecen estas localidades situadas en el territorio en conflicto. Un evidente ejemplo de esto se encuentra en el hecho de que el distrito electoral 21 del estado de Campeche se superpone con el distrito 13 de Quintana Roo, los cuales poseen secciones que coinciden geográficamente (Tabla 3).

La situación aquí descrita hace que estas localidades encajen perfectamente en la categoría de pueblos promiscuos (^{Rivero, 2017}; ^{Cabero, 2015}), que son aquellos que pueden pertenecer simultáneamente a entidades diferentes, pues allí viven sus habitantes mezclados y sujetos a jurisdicciones diversas.

Un asunto es saber a qué estado se pertenece y otro a cuál se querría pertenecer. A la hora de formular esta pregunta aspiracional, se partía de la idea lógica de que los pobladores desearían ser de la entidad federativa que más ventajas les estuviera aportando. No obstante, uno de los resultados extraídos de la encuesta muestra que la realidad es la contraria.

Mientras que la mitad de los encuestados reconoce que Campeche les da mayores beneficios, también la mitad de la población quisiera que sus localidades fueran de Quintana Roo. La razón que expresaban era que les queda más próxima la ciudad de Chetumal (a unos 120 kilómetros desde Xpujil), capital quintanarroense, que la capital de Campeche, a 300 kilómetros por carretera, o que Escárcega, ciudad campechana de cierta importancia y más próxima, a 150 kilómetros, pero que carece de servicios de salud o educativos de importancia. El académico de la Universidad Autónoma de Campeche, E. ^{Pino Castilla (1997)}, confirma esta situación: "los campesinos e indígenas asentados en el suelo campechano prefieren viajar a Chetumal para arreglar documentos, hacer compras, vender sus productos y llevar a sus enfermos, y no hacerlo en Campeche" (p. 199) (Figura 4).

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Estado que más apoyo brinda a la población de referencia (arriba) y entidad federativa de su preferencia (abajo). 

Se podría pensar que la población objeto de estudio no está satisfecha de estar viviendo en un territorio en conflicto si tenemos en cuenta que estas comunidades se encuentran localizadas dentro de los bosques tropicales de la Península de Yucatán y alejadas de centros urbanos de rango medio o alto. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (^{Coneval, 2010}), el 29,2% de la población rural mexicana (12,3 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza alimentaria, lo cual afecta su calidad de vida e incrementa su vulnerabilidad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (^{Conapo, 2012}), el 92% de las localidades rurales mexicanas más aisladas tienen un grado de marginación alto y muy alto.

Este problema de marginación está presente en la sociedad estudiada. De hecho, la totalidad de las localidades ubicadas dentro de la zona bajo indefinición jurisdiccional entre Quintana Roo y Campeche lo presentan en un alto grado, mientras que las que están fuera de dicha franja lo tienen en menor medida (Figura 5). De acuerdo con el Conapo, es debido a que están ausentes ciertas oportunidades para el desarrollo y las capacidades para conseguirlas. Si dichas oportunidades no se evidencian directamente, las comunidades y las familias que viven en esta situación se ven expuestas a ciertos riesgos y vulnerabilidades que les impiden alcanzar determinadas condiciones de vida.

Fuente: estimaciones del Conapo (2012) con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Figura 5 Campeche: grado de marginación por localidad, según tamaño, 2010 

Todas estas condiciones de vida harían presuponer que la población de referencia mostraría su descontento por vivir ahí, sin embargo, más de la mitad de los encuestados manifiestan no encontrar ningún inconveniente derivado de estar residiendo en esa zona (Figura 6). Por el contrario, casi el 80% está feliz de poder vivir con tranquilidad por el hecho de ser dueños de sus propias tierras, de no tener que rendirle cuentas a un patrón y de tener tiempo para disfrutar de sus días (Figura 7).

Fuente: elaboración propia.

Figura 6 Mayor inconveniente de vivir en el territorio bajo conflicto según la población de referencia. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 7 Mayor beneficio de vivir en el territorio bajo conflicto según la población de referencia. 

A la hora de evaluar la calidad de los servicios públicos con los que cuentan en sus localidades las calificaciones son positivas, están contentos con los servicios de luz, agua, educación y salud, los cuales no son prestados por el municipio. Sin embargo, cuando se trata de valorar servicios y funciones públicos que sí les corresponden a estos entes locales, de acuerdo con el artículo 115, fracción III de la ^{Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917)}, resulta que estos o no se prestan o se hace en malas condiciones (Figura 8). De esta situación se quejó el propio presidente municipal electo de Calakmul, Luis Felipe Mora Hernández, a pocos días de tomar protesta de su cargo para el periodo de administración 20182021 (En deplorables condiciones Ayuntamiento de Calakmul, 2018).

Fuente: elaboración propia.

Figura 8 Percepción de la calidad de los servicios públicos en el territorio en conflicto de manera porcentual. 

El servicio que resulta mejor calificado es el de educación debido a que varias localidades cuentan con centros educativos tanto de Campeche como de Quintana Roo, como ocurre en el Dzibalito (José María Morelos y Pavón), donde tan solo una calle separa los planteles, incluso tratándose del mismo nivel educativo, como sucede en Josefa Ortiz de Domínguez⁵ .

No obstante, en el sector educativo también se dejan notar las consecuencias negativas derivadas de encontrarse estas localidades en un territorio bajo indeterminación jurisdiccional, como ocurrió en Josefa Ortiz de Domínguez. El Colegio de Bachilleres de Quintana Roo instaló allí un módulo de educación media superior a distancia (EMSAD) para brindar atención a estudiantes de 16 localidades de la región. Cuando este centro educativo comenzó a funcionar, las autoridades de Campeche elevaron una queja ante las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que regulan el sistema de educación media superior, pidiendo que se cerrara tal escuela y alegando que está en territorio campechano, lo cual sería muy perjudicial para los jóvenes que encontraron en ella una alternativa de superación, ya que el bachillerato más cercano se encuentra a 28 kilómetros (en la localidad de El Tesoro, puesta por el gobierno de Campeche) y su director amenazó a los pobladores de las localidades con que perderían la beca del programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en caso de seguir enviando a sus hijos a la escuela de Josefa Ortiz de Domínguez (Cerrarían escuela por conflicto limítrofe entre QR y Campeche, 2013).

Otro suceso semejante se dio el 5 de febrero del 2014, cuando se presentaron diversas autoridades del sistema educativo del estado de Campeche a la Escuela Primaria Rural Federal "Manuel Jesús Llanes Pasos", ubicada en la comunidad 16 de Septiembre, para efectuar un censo sobre la lista de nombres de todos los alumnos con sus respectivas calificaciones a efectos de realizar un proceso de preinscripción, pretendiendo tomar las instalaciones para que en el próximo ciclo escolar dichas autoridades fueran las encargadas de designar un docente para la comunidad⁶.

Tras el servicio educativo, el que mejor resulta valuado es el del agua potable. La escasez del vital líquido en la zona, como ya se ha señalado, hizo necesario tener que traerlo por medio de acueductos subterráneos desde Dos Aguadas y 16 de septiembre, en donde se encuentra un cuerpo de agua perenne, la Laguna de Alvarado. Además, se instalaron tres plantas de bombeo, tanques elevados en la mayoría de las localidades⁷ y se dotó de cisternas a los hogares para el almacenamiento de este trascendental elemento.

La infraestructura hidráulica y educativa es la que mejor evidencia la disputa territorial. Bautista (1974) reportaba que Marcos Navarrete Sosa, el aquel entonces comisario municipal en la localidad de San Antonio Soda (reclamada por Campeche hasta la actualidad bajo el nombre de Gustavo Díaz Ordaz), recordaba que en 1969 el gobernador de Quintana Roo, Javier Rojo Gómez, mandó construir para ese pueblo un aljibe y una escuela y esto provocó que Campeche protestara por ello y se creara un conflicto que no degeneró en hechos sangrientos por la intervención del Ejército⁸.

Resulta revelador lo que contó José Manuel Mauricio Leguizamo, en entrevista personal realizada el 24 de abril de 2017, quien fuera delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo durante la gubernatura de Mario Villanueva Madrid:

El gobernador me pide que les llevemos agua a toda esa gente. Trabajamos con Conagua para ver las condiciones que había, si hacíamos pozos. No tienen agua en el subsuelo suficiente y a gran profundidad. Además, el agua es salina, no adecuada ni para consumo ni para cultivo, entonces no había otra alternativa que llevar el agua desde Nicolás Bravo hasta allá. Cuando hicimos el proyecto vimos que costaría entre 15 y 20 millones llevar el agua a 1.500 gentes. Esa inversión en Playa (del Carmen) o Cancún permitiría abastecer de agua a mucha más gente [...]. El agua era tan solo un servicio, había que llevarles también otros como caminos, educación, salud, energía eléctrica. La razón por la que no se movilizó a esa gente fue la reforma limítrofe entre Campeche y Quintana Roo. Si movías a la población ya no tendrías al sujeto para defender los límites de Campeche, se quedaría la zona desértica y por eso se llevó el agua desde Nicolás Bravo y se crearon sistemas de captación de agua a nivel familiar.

Pasa el tiempo, pero el problema se perpetúa. La última inauguración de infraestructura hidráulica que se ha realizado en la región fue el lunes 26 de febrero del 2018, por parte del gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de un sistema integral de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Caobas y San Antonio Soda. Esto motivó que Campeche sintiera vulnerada su soberanía, a pesar de que dichas localidades llevaban más de seis décadas sin disfrutar del vital líquido⁹ (Yucatán y Quintana Roo en conflicto por límites territoriales, 2019).

En el rubro de la salud, no en todos los pueblos hay clínicas ni médicos de planta que puedan atender una emergencia, por lo que las personas tienen que trasladarse a otras comunidades para ser atendidos. Hay que destacar que la mayoría de las brigadas e infraestructura de salud han sido provistas por el gobierno de Campeche.

En esta zona rural se carece de vigilancia policial, pues tan solo hay un destacamento permanente de policía campechana en la comunidad de Josefa Ortiz de Domínguez y una base militar en Dzibalito, por lo que la carretera de Arroyo Negro a Caobas es una vía libre en donde se puede traficar de todo, incluyendo estupefacientes. Esto lo confirmó Jorge Jiménez Alvarado, en entrevista personal celebrada el 31 de marzo de 2017, quien fue director de Participación Social de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo.

La comunidad de San Isidro Aguas Amargas se encontraba en la zona de amortiguamiento de Calakmul. Yo la conocí, había 13 familias. Quedé con el comisariado, llamado Sebastián, de formación jesuita, conocía tres dialectos, era muy inteligente, con ganas de sobresalir. Nos abrieron un camino para llegar a la comunidad. Les llevé beca de Cona-fe [el Consejo Nacional de Fomento Educativo] a las 13 familias. Lo mataron en su milpa por culpa del narcotráfico. En esa comunidad y en otras te dan oportunidad de que entres al ejido siempre que pertenezcas a la misma etnia y que cultives drogas, te dan tu bolsita de semillas al entrar. Pasa con Justo Sierra y Cerro de las Flores. Existe una carretera de 15 metros de ancho, pavimentada a mitad de la selva, de Dzibalito a Dos Naciones, es una pista de aterrizaje.

Gracias a los medios de comunicación se tiene conocimiento de que el Cártel de Sinaloa opera en la zona por medio de

[...] avionetas procedentes de Sudamérica, que descargan drogas en el norte de Belice, en la frontera del Río Hondo, el municipio de Bacalar y ahora hasta en los límites de Quintana Roo y Campeche, en el interior de la Península de Yucatán [.]. Las avionetas Cessna son las preferidas de los narcotraficantes del Cártel de Sinaloa que operan en el sur de Quintana Roo y Belice, por su autonomía de vuelo, su capacidad de perderse en zonas de monte y de volar a baja altura, así como por aterrizar hasta en potreros, caminos vecinales y caminos sacacosechas, o en cualquier área de tierra o asfalto (^{Narco-red peninsular, 2018}, pp. 2 y 3).

Existen al interior de la Península de Yucatán operadores encargados de la logística del aterrizaje, descarga y abastecimiento de estas narcoavionetas. A cambio, se les paga con cocaína pura, la cual almacenan y procesan en Othón P. Blanco y Bacalar, en específico en la comunidad de Limones, del segundo municipio, y finalmente la trasladan a diversas ciudades de la zona sur-sureste del país para su debida comercialización en zonas caras y de alta plusvalía (^{Narco-red peninsular, 2018}, p. 2).

En entrevista personal concedida el 6 de noviembre del 2017 por el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo (2016-2018), Rodolfo del Ángel Campos, aseguraba que hay un trabajo de coordinación peninsular, al que se adhiere Tabasco, en materia de seguridad:

Sabemos que hay un problema jurídico con respecto a qué estado pertenece la zona, pero en materia de seguridad no podemos dejar de actuar porque el perjudicado sería el ciudadano. Por eso trabajamos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche de tal forma que estamos las dos corporaciones presentes en algunos puntos. Ante delitos flagrantes, viendo nuestros ámbitos de competencia y jurisdicción, podemos actuar y atender mejor al ciudadano que tenga alguna problemática. Algunos delitos se generan de Quintana Roo a Campeche o de Campeche a Quintana Roo, lo que hace que esta coordinación ayude. Podemos combatir desde dentro del estado hacia esos límites y hacia el interior del otro estado problemáticas en materia de delitos.

Debe haber coordinación. Hay un trabajo peninsular, con reuniones periódicas de los secretarios de Seguridad Pública, junto con la policía federal incluso. Algunos delincuentes pueden delinquir en un lugar e irse a vivir a otro estado o aprovechar la oportunidad de frontera y quedarse de un lado porque el otro no puede actuar. Este trabajo en conjunto nos permite que el delincuente no quede impune.

El jueves 27 de septiembre del 2018 Del Ángel fue sustituido en el cargo por Jesús Alberto Capella Ibarra, quien en su toma de protesta habló de aplicar un modelo policiaco interestatal llamado Programa Peninsular de Seguridad, que abarcaría a las Secretarías de Seguridad Pública de los tres estados de la Península de Yucatán con el objeto de unificar y fortalecer criterios de prevención y reacción (^{Coordinación peninsular, 2018}).

Esta coordinación policiaca peninsular también se ejerce por medio de la Décima Brigada de la Policía Militar, cuyo cuartel su ubica en la zona continental de Isla Mujeres, espacio que aloja a 3.200 elementos, divididos en tres batallones, que se encargan de reforzar la seguridad y la vigilancia de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Los gobernadores de dichas entidades federativas han firmado un convenio con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y con la Secretaría de Marina (Semar), con la finalidad de que los militares asuman tareas de seguridad pública y combate contra el crimen organizado en su región militar (^{Barrachina, 2010}).

En el discurso que dio el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en la ceremonia de inauguración de esta "Ciudad Militar"¹⁰ el 9 de octubre de 2018, habló de la coordinación policiaca peninsular (A cerrar el paso a quien amenace la paz, 2018).

Sin duda, para tratar de acabar con la situación actual de ingobernabilidad y poder favorecer la presencia de los servicios públicos municipales en las localidades objeto de estudio sería pertinente una coordinación institucional en el territorio en conflicto y no solo en asuntos de seguridad pública, una medida con la que estuvieron totalmente de acuerdo los encuestados (97% se mostró a favor de la medida), principalmente porque consideran que de esa forma recibirían más apoyos (55%), contarían con mejores servicios públicos (24%) y se acabarían los enfrentamientos entre las entidades (13%) (Figura 9).

Fuente: elaboración propia.

Figura 9 Posicionamiento de la población de referencia con respecto a la posibilidad de una coordinación institucional en el territorio en conflicto. 

Lo que prima en estos casos es la voluntad política y esta parece no coincidir con las aspiraciones de la población, las cuales raramente suelen ser escuchadas. Los presidentes municipales implicados en el conflicto deben recibir los servicios de asesoría y consultoría pertinentes para que puedan conocer las ventajas de laborar de manera coordinada y así brindar a sus gobernados una mejor gestión que se traduzca en un desarrollo sostenible y mejores niveles de vida. ¿Lograrán los ayuntamientos de los municipios aquí investigados acabar con la descoordinación en la que se encuentran, ya que está causando un déficit de gestión en el territorio en disputa? Eso es algo que la voluntad política y el tiempo podrán contestar.

4. Conclusiones

A partir de los años setenta, el Gobierno federal promovió la colonización de diferentes regiones forestales tropicales del sureste, como el sur de Campeche y Quintana Roo. La política oficial de ese entonces tenía la mira geopolítica de ocupar espacios "vacíos", sobre todo en zonas sensibles como las fronteras. Se trató de la aplicación masiva de una política poblacional y agraria antiforestal que llevó a la destrucción de grandes masas forestales sin que ello significara un aumento significativo de la superficie agrícola. Gran parte de las áreas desmontadas fueron abandonadas y los bosques productivos fueron reemplazados por acahuales improductivos (^{Velázquez & Ferré, 1997}).

La zona limítrofe en conflicto tiene una composición multicultural, ya que está formada por personas de diferentes estados que vinieron a habitar esta región con la esperanza de una vida mejor. Con el paso de los años se han acostumbrado a vivir esta situación de indeterminación y de "doble identidad", la cual resalta durante los procesos electorales.

El conflicto entre los estados en los que se divide la península yucateca ha traído consigo consecuencias negativas para los pobladores en todos los aspectos, tanto económicos como políticos, sociales y culturales.

Aparentemente podría parecer que los pobladores se benefician de ambos gobiernos y que, por lo tanto, no resultan perjudicados por no saber a qué estado pertenecen. Esta realidad la reconocía el propio presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo E. Espinosa Abuxapqui, durante una gira de trabajo por la zona en disputa¹¹:

Aquí se reciben apoyos tanto del estado de Campeche como del estado de Quintana Roo, pero eso a mí no me importa. Ustedes extiendan la mano y déjense querer por los dos y reciban beneficios por ambos lados. Qué bueno que todos se sientan contentos y orgullosos de sus autoridades y muy en particular de las del estado de Quintana Roo [.]. Para mí la zona limítrofe es quintanarroense, la llevamos en el corazón y cuando le duele algo a la zona limítrofe, nos duele también a los que vivimos en Chetumal (Eduardo E. Espinosa Abuxapqui, comunicación personal).

No obstante, la realidad es que viven en condiciones de marginación y pobreza notorias que se pueden apreciar al caminar sus comunidades. Ante la falta de atención por parte de las autoridades, tienen que seguir con sus actividades cotidianas y productivas.

Durante las campañas electorales, los partidos políticos, con candidatos de ambos estados, prometen mejorar las condiciones económicas y sociales de los habitantes de la zona en conflicto, pero una vez electos se suelen desentender de sus votantes. En cuanto a la posesión de dos credenciales del INE para votar, una de Campeche y otra de Quintana Roo, esta es una práctica común entre los habitantes de la zona limítrofe. Al parecer, al INE no le afecta el conflicto entre los dos estados y permite la realización de campañas electorales en la franja por parte de candidatos tanto campechanos como quintanarroenses, cuya jornada electoral se celebra de manera simultánea para ambas entidades.

Las localidades cuentan con los servicios públicos básicos, pero de manera escasa. Se aprecian comunidades sin drenajes, calles sin aceras, casas construidas con materiales perecederos, con techos de palma de guano, lámina de zinc o cartón.

Al adentrarse en la región, se puede percibir el ambiente de pobreza extrema de los hombres, mujeres y niños que habitan ahí. Existe una gran diferencia entre los grandes hoteles de Cancún y la Riviera Maya, donde los turistas gozan de grandes lujos, y las condiciones de pobreza en las que viven las personas de la zona limítrofe.

Ello es debido a que viven en una zona que está en conflicto legal desde 1997 y después de más de dos décadas aún la solución a la controversia parece estar muy lejos. El verdadero problema no debería ser a qué estado deben pertenecer estas comunidades, sino las condiciones deplorables que día a día enfrentan las personas que ahí viven, sin oportunidades de trabajo, excluidos de los programas federales y con falta de atención por parte de las autoridades municipales.

A pesar de ello, es necesario rechazar la hipótesis planteada al inicio de la investigación, ya que los encuestados declaran vivir felices en la zona bajo indeterminación jurisdiccional y, a pesar de que es Campeche la entidad que más apoyos les aporta, preferirían ser quintanarroenses en caso de que se les diera a elegir. La razón es geográfica, debido a la mayor cercanía que tienen con respecto Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, con respecto a la campechana, y, por lo tanto, una mayor proximidad a todos los servicios de calidad que solo en las capitales se pueden encontrar.

Para finalizar, aquí se propone, como medida para atenuar las consecuencias derivadas del conflicto, la figura de la intermunicipalidad, la cual tiene un gran potencial que se ha de estimular con el fin de que los municipios puedan incrementar y mejorar sus capacidades en sus ámbitos de competencia.

Se trataría de un prototipo de gobernanza territorial con enfoques multinivel y multiactor en la operación del territorio objeto de estudio, el cual sugiere un modo de gobierno y franca invitación para todos los sectores sociales involucrados, a participar organizada y colectivamente con el fin de establecer el diálogo abierto y comprometer su manejo, planeación y actividades bajo la premisa de una gestión participativa en gobernanza local, de carácter mixto, con decisiones en manos conocedoras del fenómeno y visión focalizada en el territorio bajo indefinición jurisdiccional, cuyo seguimiento esté apoyado con indicadores que revelen el progreso de su actuación.

Por medio de este modelo se podrían, probablemente, ejecutar proyectos sin importar ideologías políticas, limitantes económicas o periodos de gobierno, tan solo es necesario tener como objetivo prioritario alcanzar el bienestar de la población por medio de la construcción de procesos, proyectos y optimización de recursos gracias a las economías de escala y el aprovechamiento eficiente del territorio.

Ya hay ejemplos de cómo la democracia local ha servido para construir la paz en escenarios de conflicto, incluso armado, por medio de asociaciones de gobiernos locales y el apoyo y la solidaridad internacional. Este es el caso del norte de Cauca (Colombia), investigado por ^{Paz y Moor (2010)}, en donde sus pobladores, indígenas nasas, a modo de metáfora, identificaron la diplomacia de gobiernos locales con un lazo que los une, trenzado entre dos, que para ser fuerte y robusto requiere de la participación de ambos tejedores "porque nos necesitamos mutuamente para tejer la vida y caminar la palabra"¹² (p. 267).