1. Introducción

La geografía feminista pone en evidencia que "tanto el espacio como la violencia contra las mujeres se pro ducen socialmente a través de las acciones y omisiones jurídico-políticas, sociales, culturales y económicas" (^{Damián Bernal & Ibarra García, 2020}, p. 31). En los últimos años, la producción académica sobre este par ticular ha sido prolífica, ya que ha emergido una sensi bilidad sobre estos temas que antes era insospechada. La razón de esta sensibilidad en América Latina radi ca en las cifras alarmantes sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, que abarca un amplio espectro de actos como el abuso sexual, físico y verbal, entre otros. En el debate sobre la existencia y ocurrencia de los hechos de feminicidios y su conexión con el territorio a través de la geografía aplicada desde la perspectiva de género, "El entorno urbano se co munica con acciones delictivas y procesos sociales que se vinculan con la comunidad y la violencia de género y por ello la relación entre ciudad y género es incues tionable" (^{Monárrez & Flores, 2016}, p. 70). En el caso colombiano, las relaciones que se han establecido a lo largo y ancho del territorio entre la ciudad y el género son ampliamente visibles, e incluso las diferenciacio nes regionales hacen que el fenómeno del feminicidio tenga características muy propias en el país.

Es importante que el feminicidio sea visto como un problema de carácter complejo y que no solo se limita a cuestiones puramente sociales o culturales, sino que también se puede expresar en dimensiones espaciales que son iluminadoras al momento de proponer nor mas, leyes y políticas públicas que permiten establecer criterios aún más claros para el tratamiento de la cues tión aquí abordada, tal como afirman Zaragocin et al.:

Los feminicidios, aunque por su obvia gravedad y brutalidad reciban más visibilidad y generen alguna indignación de la opinión pública, son solamente la punta del iceberg de las agresiones a las que las mu jeres estamos cotidianamente expuestas, ya sea en el espacio público o en el espacio privado (2019, p. 77).

Las violencias contra la mujer no son vistas de la misma forma en un centro urbano que en un centro rural, puesto que habrá diferentes alcances de los dis cursos: tanto de los que pretenden mostrar una reali dad que se ajusta a lo que se viene denunciando en la investigación, que es la claridad en el uso del término feminicidio, hasta los discursos que ayudan a justificar los actuares que se presentan en contra de las mujeres y que son "maquillados" como homicidios.

En concordancia con la Constitución Política de Colombia, artículo 4, se establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida y este derecho está protegido por la ley a partir del momento de la concepción" y es a partir de esta afirmación que se genera el cuestionamiento sobre la garantía del dere cho a la vida de las mujeres en el escenario mundial, regional, nacional y por supuesto local, ya que si bien existe la normativa y la concepción social sobre la in tegridad de la vida, contradice este hecho la ocurren cia de actos de violencia que atentan contra la vida de la mujer y que en el caso de los femicidios perpetúan dinámicas de violencia androcéntrica y desigualdad en nuestras sociedades, como afirma Marcela ^{Lagarde (2006}, p. 23);

La mentalidad androcéntrica permite considerar de manera valorativa y apoyar socialmente que los hombres y lo masculino son superiores, mejores, más adecuados, más capaces y útiles que las mujeres. Por ello es legítimo que tengan el monopolio del poder de dominio y de violencia. Así el androcentrismo se expresa en el machismo como magnificación de ciertas características de los hombres, de su condición masculina, de la masculinidad y, en particular de la virilidad: abigarrada mezcla de agresión, fuerza da ñina y depredadora, y dominación sexual.

Particularmente, esta situación se ha visto reflejada en el aumento de los casos de feminicidio o femicidio durante los últimos años. Así lo advierten diferentes organismos como la Comisión Económica para Amé rica Latina y el Caribe (Cepal, 2021). El feminicidio se refiere al "asesinato de una niña o mujer por el he cho de ser mujer" y se considera la "manifestación más brutal de una sociedad patriarcal" (ONU Mujeres, s. f., párr. 1; Organización Panamericana de la Salud, 2013). Se clasifica como íntimo cuando el asesinato lo realiza una persona que mantenía una relación afec tiva con la víctima o no íntimo cuando es realizado por una persona desconocida. Se ha detectado que gene ralmente antes de que estos asesinatos ocurran, sobre todo en los feminicidios íntimos, las víctimas acuden a las autoridades competentes a denunciar a sus agre sores por otros tipos de violencia "menores". Sin em bargo, las medidas de protección resultan insuficien tes o las denuncias no son tenidas en cuenta, lo cual tiene resultados nefastos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, s. f.). Por ejemplo, según ONU Mujeres (2019), en Colombia "al menos 1 de cada 3 mujeres asesinadas [durante el 2015 y el 2019] había buscado justicia y protección" (p. 6).

Estudiosas del género han establecido que existen ciertas prácticas de dominio frente a las mujeres que históricamente las han relegado a espacios privados y actividades de cuidado como parte de la división sexual del trabajo (^{Bonavitta, 2019}; ^{Soto Villagrán, 2018}). La falta de reconocimiento y de remuneración económi ca a esta labor ha profundizado la desigualdad que sufren mujeres y niñas en las sociedades latinoameri canas. Es precisamente esta desigualdad que hay entre hombres y mujeres, que se expresa, por ejemplo, en los salarios reducidos (^{Ibarra, 2018}), la mayor dedicación de horas a las tareas del hogar (^{Pedrero, 2018}) y la menor participación política (^{Llanos & Roza, 2018}), entre otros, lo que explica los hechos de violencia.

La vulnerabilidad en la que se encuentran se agu diza por la falta de confianza en las instituciones pú blicas y en las denuncias como alternativas para la protección de su integridad y de sus derechos. De he cho, el sistema judicial está permeado por prácticas patriarcales¹ que desconocen por completo la impor tancia de tomar en serio estas alertas tempranas que podrían salvar la vida de muchas personas (^{Damián Bernal & Flores, 2018}).

Aunque diferentes países de la región han imple mentado cambios y ajustes en sus sistemas judiciales para hacer frente a esta ola de violencia contra las mujeres -el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (s. f.) indica que los países de la región actualmente tienen más de 380 cuerpos normativos en la materia-, en la práctica la brecha sigue siendo insalvable. Los protocolos para la aten ción de este tipo de violencias continúan teniendo fallas que aumentan su vulnerabilidad ante los agre sores, que ya no son solamente los victimarios, sino la institucionalidad, como señalan ^{Damián Bernal e Ibarra García (2020}).

Los datos son importantes para conocer el pano rama de los feminicidios en el mundo y, particular mente, en la región. No obstante, cada uno de los registros es la historia de una mujer, una familia y una comunidad que han sido víctimas de este flagelo. Además, los casos ponen en evidencia el fracaso de las instituciones dentro de las ciudades y los Estados en el intento de proteger y garantizar el derecho a la vida de las mujeres y las niñas. Un caso específico de esta situación se encuentra en Colombia, que ocupa el cuarto lugar en feminicidios en América Latina (Infobae, 2021). En lo que va corrido del 2022, se han registrado 55 feminicidios (Observatorio Feminicidios Colombia, 2022). Desde el 2017 hasta el 2021, se pre sentaron 2.712 casos en todo el país (Observatorio Feminicidios Colombia, 2022). Antioquia, con 487 re gistros, es el departamento en el que más feminicidios se han perpetrado desde el 2017, seguido del Valle del Cauca con 386 casos. Vale la pena destacar que la in formación sobre estos hechos varía de acuerdo con la institución u organización encargada de levantar los datos y su postura frente a la situación de estudio. Por ejemplo, según la Fundación Sisma Colombia (2022), en este mismo periodo (2017-2021), de acuerdo con datos obtenidos de la Dirección de Investigación Cri minal (DIJIN) de la Policía Nacional, los casos registra dos fueron 709.

Se puede anotar que algunas autoridades naciona les en el país han dejado por fuera muchos feminicidios al clasificarlos como homicidios simples o calificados. Esta categorización está a cargo de los funcionarios que representan la institucionalidad del Estado, como los jueces, y que, en algunos casos, no están sensibi lizados ni familiarizados con el tema de género. Lo anterior deja una gran cantidad de hechos en la im punidad y permite que las personas juzgadas o sospe chosos encuentren apoyo institucional, mientras que se revictimiza a las mujeres. A esto se suma un desconoci miento de las acciones previas al feminicidio, como las denuncias, que son elementos clave para la tipificación de este tipo de violencia. Esto ofrece una explicación plausible al hecho de los subregistros y la disparidad en la información presentada por las distintas fuentes.

En este escenario también sobresale el papel que los medios de comunicación juegan en la divulgación de las noticias sobre los feminicidios. El Centro de Jus ticia y Paz (CEPAZ, 2020) destaca que:

[...] cuando nos referimos a la forma como se comu nica la violencia contra la mujer y particularmente los femicidios, nos encontramos en muchas ocasiones con medios que apelan a los sentimientos y emocio nes del receptor para lograr, más allá de comunicar, condenar y denunciar el acto violento sobre el cual se está informando y captar una reacción emotiva del receptor, aunque esto signifique dañar a la víctima y/o a sus familiares.

De ahí que sea importante reparar en las formas como llegan las noticias sobre estos casos a la opinión pública y la información que se comparte.

Ahora bien, como un acto reivindicativo, en este artículo se busca realizar una aproximación geográfi ca a los feminicidios ocurridos en el departamento de Boyacá, Colombia, entre 2017 y 2021, como resulta do de investigación de mi proceso de formación como magíster en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en convenio con el Instituto Agustín Codazzi, a partir de la historia de vida de una mujer habitante de la región, quien es la madre de una niña víctima de un feminicidio ocurrido en una vereda del municipio de Nobsa, ubicado en Boyacá (Figura 1). A través de su historia y de contrastar datos epidemiológicos del departamento, se intenta explorar los hechos de violencias contra las niñas y las mujeres en los espacios físicos y simbólicos de Boyacá.

FUENTE: elaboración propia con base en los hechos narrados en la entrevista realizada a la madre de la menor víctima.

FIGURA 1 Municipio de Nobsa, Boyacá, Colombia: se señala el lugar de residencia de ocurrencia del relato de la entrevista 

Según el Plan de Desarrollo Municipal "Nobsa en camino al desarrollo y bienestar 2020-2023" (Alcaldía Municipal de Nobsa, 2020), el municipio de Nobsa está ubicado en el centro oriente colombiano, en el de partamento de Boyacá, a 195 km del norte de Bogotá y 71 km de Tunja, capital del departamento (Figura 2). Cuenta con una extensión de 54,8575 km², cuya zona urbana corresponde al 9% y la zona rural al 91%. Nobsa se caracteriza por ser un municipio productor industrial, artesanal, turístico y agrícola. No obstante, se destaca la extracción de materia prima del sector minero y cementero, con presencia de empresas de gran reconocimiento como Argos y Holcim, sin des conocer el amplio número de mypimes presentes en el municipio que basan su producción en la explotación de minerales como el carbón coque, puzolana, cal, re cebo y diatomita, entre otros, y servicios complemen tarios al desarrollo de la minería. Según el informe de análisis de situación de salud con el modelo de los de terminantes sociales de salud del municipio de Nobsa para el año 2020, se estima un total de población de 16.446 habitantes, donde, según la distribución poblacional por grupos de edad, el 14,7% de la población son mayores de 60 años, el 39,9% se encuentran entre los 29 a 59 años, el 17,7% entre 18 a 28 años, el 9,5% entre los 12 a 17 años, el 9,2% entre 6 a 11 años y fi nalmente el 9,1% entre 0 a 5 años (Empresa Social del Estado [ESE] Unidad de Salud Nobsa, 2020).

Como se observa en la Figura 2, la ubicación geo gráfica de la vivienda de ocurrencia de los hechos re latados en la historia de vida está en la zona rural del municipio de Nobsa y tiene una relativa cercanía al centro poblado. Así mismo, se observa que el paisaje que rodea la vivienda hace referencia a vivienda tipo campesina, en cuyos alrededores se desarrolla la pro ducción mineral de cal.

FUENTE: elaboración propia con base en Google Maps, según los hechos narrados en la entrevista realizada a la madre de la menor víctima.

FIGURA 2 Ubicación geográfica de la vivienda con relación al municipio de Nobsa 

2. Metodología

Sobre las historias de vida, hay que tener claros los aspectos que rodean esta metodología, que se acerca más a los procesos de investigación etnográfica y an tropológica que a los de la geografía como tal, pero que sin duda sirven como modelo de explicación de los fenómenos sociales desde la individualidad. Es así como "Es justo a la comprensión profunda, y no sólo a la descripción de los contornos externos, para lo que sirven las 'historias de vida'" (Ferrarotti, 2017, p. 17). Por ello es necesario establecer un contacto con quie nes han sido víctimas de feminicidio y, por qué no, con las personas que los han cometido, no solo por el hecho de la comprobación de las hipótesis, sino para comprender la visión del otro, de la otra parte que también es un elemento que compone el fenómeno, que hace parte del objeto, aunque sea de manera ex terna, representando aquella estructura social o psicosocial que lo guía a perpetrar una acción en contra de las mujeres. Cuando hablamos de los feminicidios, es claro que los prejuicios frente a los victimarios se convierten en una barrera que frena el acercamiento a esa otra estructura mental que puede entrar en diá logo y que abre la posibilidad de la comprensión de las causas de este tipo de acciones en particular.

La entrevista a profundidad fue realizada el 26 de junio de 2021 en Duitama, Boyacá, a Diana², madre de la menor asesinada. Se revisaron, además, fuentes institucionales, como los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud de Boyacá, y no instituciona les, como la prensa, que reportaron información so bre feminicidios y violencia hacia las mujeres a nivel departamental durante el 2017 al 2021. La razón de este periodo se debe a la disponibilidad de los datos para realizar el análisis. Posteriormente, se trianguló la información para presentar los resultados. En este artículo se entiende que la aproximación geográfica es un abordaje espacial de un fenómeno complejo como el feminicidio, en el que se traslapan múltiples dimensiones (sociales, políticas y económicas). La en trevista a profundidad quiere poner en conversación los datos duros que permiten caracterizar a la región con la forma en que impactan la vida de una mujer boyacense.

3. Resultados y discusión

Diana tiene tres hijas, se graduó de contaduría públi ca y actualmente se encuentra estudiando psicología. Se casó a los 18 años y mantuvo la relación durante 20. Buscaba con su matrimonio huir de los episodios de violencia que vivía dentro del hogar paterno. Sin embargo, se encontró con los mismos problemas en su relación amorosa: "Cuando me fui a vivir con mi esposo, el maltrato yo lo veía como normal, porque vengo de una madre maltratadora y paso a un esposo que me maltrataba" (Entrevista, comunicación perso nal, Duitama, 26 de junio de 2021).

Se ocupaba de criar a sus hijas, mantener el or den de la vivienda y desarrollar las labores del campo en una vereda de Nobsa, Boyacá, mientras su esposo se dedicaba al comercio, la agricultura y era quien administraba el dinero de la casa. Esta situación pro fundizó su estado de vulnerabilidad porque no tenía independencia económica y padecía de otros tipos de violencia:

[...] hubo también varios detonantes de peleas que tuvimos, agresiones verbales, psicológicas, físicas, y pues, parte también [por] infidelidades de parte de mi esposo hacia mí (Entrevista, comunicación perso nal, Duitama, 26 de junio de 2021).

De acuerdo con el relato de Diana, el miedo es la palabra que define su experiencia porque le temía a su esposo. Esto la hizo sacrificar su propio bienestar. Se divorció luego de dimensionar el daño que esta re lación le había causado. A raíz de su situación laboral, perdió la custodia de sus tres hijas:

[...] entonces, pues, con el tiempo me aburrí y empe cé a mirar qué iba hacer con mi vida para poderme salir de esa relación que tenía, pues, bastante enfer ma, fue una relación tóxica (Entrevista, comunica ción personal, Duitama, 26 de junio de 2021).

Una de ellas, una niña de 13 años, fue víctima de un presunto caso de feminicidio en el año 2017. La niña recibió 14 heridas con arma blanca que fueron propinadas en la habitación de la vivienda que se en contraba al lado de la casa de sus abuelos. Al parecer, durante la noche el agresor ingresó a la casa y al cuar to de la niña, le causó graves heridas y posteriormen te, en el centro hospitalario más cercano, falleció.

Luego de las investigaciones iniciales realizadas por las autoridades judiciales, se dio captura al pre sunto feminicida por los hechos ocurridos en junio de 2017 y hasta la fecha el juicio por la muerte de la niña sigue vigente. En la actualidad, el sindicado recuperó su libertad por vencimiento de términos y por no ser considerado un peligro para la sociedad y el juez que lleva el caso le otorgó la medida de pueblo por cárcel durante el tiempo que dure el juicio. Para Diana, es injusta la medida del juez que lleva el caso, ya que considera que la Fiscalía General de la Nación co metió un error al haber imputado al sindicado bajo el delito de homicidio agravado y no como un feminicidio, situación que su abogado defensor y varias organizaciones sociales han reclamado.

[...] él no tenía ningún tipo de vínculo afectivo con ella, que cuando han tenido, digamos, una relación de novios o eso, que sí es considerado feminicidio, sí, pero que porque él no tuvo nada con ella, entonces no es feminicidio, que supuestamente la teoría que da la Fiscalía es que él se enamoró de ella, sí, que nunca le dijo por su condición [que] no iba a recibir nada de ella, por eso se guardó todo, que nunca dijo nada y que pues su forma, digamos, como de asegurar que fuera toda la vida para él, fue matándola, esa es la teoría que tiene la Fiscalía (Entrevista, comuni cación personal, Duitama, 26 de junio de 2021).

Esta línea delgada que marca la imputación de un feminicidio o de un homicidio por supuesto tiene una implicación en la imputación de penas de prisión diferenciales, pues las penas por feminicidio en Co lombia, de acuerdo con la Ley 1761 de 2015 "Rosa Elvira Cely", oscilan entre 45 a 60 años, mientras que para un homicidio, según el artículo 103 del Código Penal colombiano, se contemplan penas de entre 13 a 25 años de prisión. Para el caso de la hija de Diana, todavía continúa en la impunidad debido a las múlti ples situaciones que se han presentado a lo largo del proceso sin garantizar a la familia de la víctima una reparación integral sobre la muerte de su hija. Por su parte, el presunto agresor vive junto a la casa de ocu rrencia de los hechos, situación que, recalca Diana, es aún más dolorosa para ella y su familia al ver cómo el implicado goza de beneficios en tanto el asesinato de su hija sigue sin ser juzgado.

Lo anterior es una muestra de lo que señalan Da mián Bernal e Ibarra García (2020) a propósito de los espacios simbólicos de violencia: todo el aparataje judi cial revictimiza a las mujeres en situaciones en las que deberían recibir el apoyo de las instituciones para re parar su pérdida y encontrar justicia. No obstante, las prácticas patriarcales que se señalaron con anterioridad están bien enraizadas en el sistema judicial colombiano.

Ahora bien, la prensa que publicó noticias sobre este hecho (^{Bedoya Lima, 2020}; Pulzo, 2020; Esco bar Roldán, 2017; RCN Radio, 2017; El Diario Boyacá, 2017) sugirió que se trató de un feminicidio en el departamento de Boyacá y despertó el repudio en los habitantes de la vereda y el municipio de Nobsa, lugar donde ocurrió el asesinato. Al mismo tiempo, se encargó de hacer proliferar información imprecisa y de revictimizar a la niña y a su familia por el descuido de algunas de las afirmaciones.

Según la Secretaría de Salud de Boyacá, en el 2020 se presentaron 3.046 casos de violencias con una afec tación del 81,1% en sexo femenino. Se informa que la mayoría de los casos fueron por violencia física segui dos de violencia sexual. Para el 2021, el reporte fue de 3.078 casos, las mujeres continuaron siendo las más afectadas, pero la violencia física fue más recurrente (61,1%) que la sexual (19,5%). La violencia psicológi ca registró un 17,9%. En el 2021, los municipios con más casos de denuncias de este tipo fueron Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja (100 o más casos), Puerto Boyacá y Aquitania (entre 50 y 100 casos) (Secretaría de Salud de Boyacá, 2021).

Vale la pena mencionar que durante el año 2020, a causa del confinamiento por el covid-19, hubo un aumento de hechos de violencia de género en todo el departamento, particularmente en el municipio de Tunja. La violencia física es la que más registros reportó durante este periodo, seguida de la violencia sexual (Tabla 1), sobre todo hacia las mujeres.

En el departamento de Boyacá, entre el 2017 y el 2021, según se observa en la Figura 3, se reportaron 42 casos, una cifra menor en comparación con otros departamentos del país que en lo corrido del periodo han encabezado la ocurrencia de feminicidios en Co lombia. A este escenario se suma que existen algunas dinámicas vinculadas con la violencia intrafamiliar que podrían agravar la situación, como se mostró en los datos anteriores, y que deben atenderse de manera acertada dado que, como se ha mencionado a lo lar go del artículo, son alarmas tempranas del riesgo a la integridad de las mujeres y las niñas.

FUENTE: elaboración propia con base en los datos del Observatorio Feminicidios Colombia (2022).

FIGURA 3 Feminicidios en el departamento de Boyacá en el periodo 2017 a 2021 

Es importante destacar que según entrevista te lefónica realizada Estefanía Rivera, coordinado ra del Observatorio Colombiano de Feminicidios, para el 2017 en Colombia, a tan solo dos años de la implementación de la ley Rosa Elvira Cely, el registro de cifras de feminicidio fue muy bajo en todo el país, pues las entidades territoriales recién visualizaban el fenómeno y registraban los hechos como homicidios, situación que evidencia el bajo número de feminicidios con respecto al año 2018.

Si bien las cifras para el departamento de Boyacá (42 feminicidios en este periodo) no son tan signifi cativas en el entorno nacional, no dejan de ser alar mantes para un territorio que a la fecha no supera los 1,2 millones de habitantes y en el cual el 50,7% son mujeres, según revela el informe Boyacá en Cifras 2021, y que se caracteriza por un alto índice de ruralidad (Cámara de Comercio de Duitama et al., 2022).

A partir de la información secundaria recolectada en los diversos medios oficiales que relatan la ocurren cia de feminicidios en el departamento de Boyacá, se presenta el siguiente mapa (Figura 4) que revela los datos para el periodo 2017 a 2021.

FUENTE: elaboración propia con base en IGAC y datos suministrados por el Observatorio Colombiano de Feminicidios en el periodo 2017-2021.

FIGURA 4 Concentración de feminicidios en el departamento de Boyacá en los años 2017 a 2021 

Según datos del Departamento Administrati vo Nacional de Estadística (DANE, 2020), en Boyacá hay 508.046 personas que habitan en zonas rurales, de las cuales 245.690 son mujeres. Diana, desde su experiencia, considera que hay tres situaciones que afectan negativamente los proyectos de vida de las personas y sus familias en los contextos rurales y las sitúan en condiciones de vulnerabilidad que alientan la violencia dentro del territorio boyacense: la pobre za, la falta de educación y el machismo.

Esto se corrobora con los datos de la Gobernación de Boyacá (2020), que estableció que para el 2018 el índice de pobreza fue del 16,6%, lo que representa al rededor de 63.000 personas en condición de pobreza. El trabajo informal (78,5%), el bajo logro educativo (55%) y el rezago escolar (30,1%) son algunas de las principales variables que presentan mayores proble mas en el departamento.

El machismo presente en la región puede expli carse a partir del ethos del Saucío que propone ^{Fals Borda (2017}). La familia como núcleo fundamental de la sociedad, la influencia de las instituciones re ligiosas en la cotidianidad y las situaciones adversas que provocan las instituciones políticas son acciones combinadas en la vida de las familias boyacenses que repercuten en sus formas de comportamiento.

Esta idea se basa generalmente en el hecho de que una de las actividades económicas de la que depende el sustento de muchas familias es la agricultura, ac tividad que todavía tiene ciertos rasgos asociados a prácticas machistas que incluyen, entre otras situacio nes, el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar (^{Vargas Ferrucho, 2021}).

Hay que reconocer que Boyacá es considerado un departamento despensa para otros municipios y ciudades del centro del país, gracias, justamente, a su vocación agrícola. Sin embargo, un imaginario aso ciado a este tipo de contextos tiene que ver, particu larmente, con el hecho de ser espacios conservado res en los que el rol de la mujer en la sociedad sigue estando muy limitado a las actividades de cuidado a las que se han dedicado históricamente y que su ac ceso a la educación también es limitado. De ahí que la vulnerabilidad de las mujeres rurales sea mayor, en contraste con las mujeres que viven en las ciudades³ (Semana, 2018).

Aunque los datos que proporcionan las instituciones sobre feminicidios no informan sobre si ocurrieron en entornos urbanos o rurales, se podría aventurar también la hipótesis de que hay un subregistro. Esto debido al desconocimiento de las mujeres sobre los protocolos de atención en casos de violencia intra-familiar y la presencia de una cultura machista que las amedrenta.

4. Conclusiones

Esta aproximación geográfica de los feminicidios en el departamento de Boyacá, además de alertar so bre el número de casos, advierte sobre los espacios de violencia que aquejan a las niñas y a las mujeres. La situación particular de Diana muestra que incluso en la casa, considerada generalmente un lugar segu ro y libre de violencias, hay amenazas sobre la vida de las niñas y las mujeres. De ahí que sea necesario visibilizar los patrones de comportamiento, como la violencia física y psicológica, que desencadenan este tipo de asesinatos.

Se requiere de un trabajo de sensibilización con todos los entes gubernamentales sobre el tema del feminicidio, con especial atención en el ámbito jurí dico de las entidades garantes de los derechos de la mujer, para evitar la revictimización de las mujeres o sus familiares en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral no solo en el departamento de Boyacá, sino en toda Colombia, pero, además, una justicia que llegue a tiempo y se sobreponga a los va cíos jurídicos de la norma por la cual se logran evadir las penas de feminicidio, dejando el carácter subjetivo del establecimiento de un homicidio por parte de los jueces y los defensores de los victimarios.

Vale la pena mencionar que en el caso de estudio del departamento de Boyacá, en el periodo analizado entre 2017 a 2021, puede evidenciarse que los hechos feminicidas se presentan en mayor número en áreas limítrofes, en primer lugar, en el municipio de Puerto Boyacá, geográficamente ubicado en el occidente, y en segundo lugar en el municipio de Güicán de la Sie rra, geográficamente ubicado al noroeste del departa mento de Boyacá. Además de ser limítrofes, estos dos municipios tienen una característica en común que hace referencia a los hechos de violencia ocasionados por la presencia de grupos al margen de la ley. En el caso de Puerto Boyacá, desde la década de los setenta y por tres décadas más, se dio origen al paramilitarismo en Colombia (EL Espectador, 2013). Por su parte, en Güicán de la Sierra, desde los años ochenta hasta los más recientes hechos de violencia perpetrados en 2015 por un ataque realizado en una toma guerrillera durante unos comicios que dejó más de 12 muertos y en 2020 el asesinato de un líder ambiental fueron imputados a cabecillas del grupo subversivo ELN (El Tiempo, 2015; Caracol Radio, 2020). Estos hechos, sin duda, han configurado condiciones de normali zación de la violencia en el constructo social de estas regiones del departamento al promover patrones pa triarcales de dominación y violencia que han afectado la vida de sus pobladores, sus mujeres y niñas.

Se hace necesario que la academia, por medio de la investigación, propicie mayores escenarios para el estudio del feminicidio y la interdisciplinariedad que pueden permitir el entendimiento de esta clase de eventos desde diferentes perspectivas para conseguir apropiarse del conocimiento en los diversos entrama dos de la sociedad. En este espacio, juegan un papel muy importante las instituciones de educación en la promoción del análisis reflexivo y propositivo en favor de los derechos de la mujer y la garantía del principio constitucional del derecho a la vida. El Estado, enton ces, debe garantizar y promover este conocimiento para que permee y llegue a diversos escalones de la sociedad y para que las niñas y mujeres colombianas y migrantes tengan una clara y efectiva ruta de aten ción a los fenómenos que afecten la seguridad y la calidad de vida en los escenarios intrafamiliares y de sexualización que promueven conductas de violencia y tentativas de feminicidio y transfeminicidio.