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1. Introducción
La institucionalidad ambiental chilena posee 30 años de implementación desde el retorno a la democracia en la década de los noventa (Carrasco & Maillet, 2019). Un primer hito de relevancia fue la promulgación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en 1994 (Bergamini et al., 2017), que establece en su artículo 1 el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
Según Bergamini et al. (2017), las principales problemáticas ambientales que Chile debe enfrentar en los próximos años son: contaminación atmosférica; escasez y contaminación de recursos hídricos; degradación, pérdida y contaminación de suelos; ruidos molestos; manejo de residuos sólidos y pérdida de biodiversidad. Además, señalan que el cambio climático (CC) es un elemento transversal para todas las dificultades identificadas anteriormente y no como una cuestión específica, confirmando así la extrema relevancia que posee para los países en desarrollo implementar acciones concretas para enfrentar la emergencia del CC a nivel global (Bárcena et al., 2020; Hasbún-Mancilla et al., 2017).
En dicho contexto, el extractivismo minero implementado en Chile progresivamente ha tensionado las posturas que priorizan el mayor crecimiento macroeconómico del país, confrontadas con aquellos planteamientos más proteccionistas de los recursos naturales en pos de un desarrollo sostenible como prioridad para la economía, lo cual condiciona las políticas estatales o empresariales y revaloriza el rol de los medios de comunicación para denunciar aquellas prácticas extractivas que vulneran la protección medioambiental (Pelfini & Mena, 2017; Uribe-Sierra et al., 2022; Uribe Sierra & Panez Pinto, 2022).
En las últimas décadas, se han generado en Chile diversos conflictos socioambientales suscitados por proyectos de inversión empresarial de gran envergadura vinculados al modelo neoliberal chileno que se enfrentan al rechazo de agrupaciones de protección medioambiental, comunidades indígenas y académicas o importantes sectores de la sociedad civil de los territorios en los que se pretendía desarrollar dichas iniciativas empresariales que afectaban potencialmente la biodiversidad y los ecosistemas (Allain, 2019; Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015; Maillet & Albala, 2018; Martínez & Delamaza, 2018; Rungruangsakorn, 2021).
Así, la evaluación de impacto ambiental del proyecto Minera Dominga en la región de Coquimbo, en el norte de Chile, se ha transformado en un hecho noticioso por sus implicancias para la institucionalidad ambiental chilena que se ha visto envuelta en acusaciones de conflictos de interés con las autoridades gubernamentales y se ha enfrentado a la oposición de la comunidad científica nacional e internacional, así como de otras partes interesadas, por el negativo efecto en la biodiversidad y los ecosistemas del denominado archipiélago de Humboldt, hasta el punto en que se ha llegado a plantear que provocará un "ecocidio" en dicha zona, acentuando así los efectos del CC en el país (Broswimmer, 2002; Galeano, 2005; García, 2018; Gauger et al., 2012; Greene, 2019; Higgins et al., 2012; Lescano, 2021; Neira et al., 2019).
Por lo anterior, el propósito del estudio es responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los encuadres noticiosos de la prensa digital chilena sobre el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto de Minera Dominga entre los años 2017 al 2021?
El artículo expone primeramente una revisión de la literatura sobre la cobertura de los medios de comunicación a la problemática medioambiental como hecho noticioso para la institucionalidad chilena. Luego, se presentan los principales resultados del estudio que dan cuenta de la identificación de tres encuadres destacados: institucionalidad ambiental, impactos y corrupción. Las conclusiones de la investigación plantean la relevancia de suprimir la componente política del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, reconociendo así la importancia de la responsabilidad social de los medios respecto de la cobertura informativa sobre las problemáticas medioambientales y de las políticas implementadas por los Gobiernos y las empresas.
2. Revisión de la literatura
Según Freyle y Arroyave (2020), los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la divulgación de los hechos noticiosos relacionados con la problemática medioambiental que afecta a nuestro planeta en las últimas décadas, y afirman en su análisis que "la investigación sobre cobertura noticiosa del CC de países en desarrollo, específicamente en América Latina aún sigue siendo relativamente pequeña, sin embargo, su participación ha aumentado ligeramente en las últimas décadas" (p. 72). Además, advierten que en algunos países latinoamericanos los principales medios de prensa están controlados por conglomerados económicos neoliberales, habitualmente vinculados con partidos políticos que minimizan el impacto del cc a nivel global, que se despreocupan por el interés humano y privilegian encuadres sobre las consecuencias sociales y económicas de los desastres medioambientales (Gonzáles-García & Ibarra-Caro, 2018; Hasbún-Mancilla et al., 2017; Roncallo-Row et al., 2020).
Otros estudios, como el de Schäfer et al. (2014), advertían previamente del poco interés de los medios de comunicación de diversos países más desarrollados sobre el CC y otras temáticas relacionadas con el medio ambiente, especialmente hasta la década de los noventa (Hasbún-Mancilla et al., 2017), si bien en los últimos años ha aumentado la cobertura mediática en los países más comprometidos con el Protocolo de Kyoto (Arcila-Calderón et al., 2015; Hasbún-Mancilla et al., 2017; Schäfer & Schlichting, 2014; Schmidt et al., 2013).
Un ejemplo de lo anterior es el estudio desarrollado por Ford y King (2015) sobre los encuadres utilizados por la prensa norteamericana entre los años 1993 al 2013, en el cual concluyen que hasta el año 2011 la mayoría de las noticias publicadas en dicho período se enfocaban en una perspectiva anticipatoria sobre el CC, pero desde entonces el foco noticioso se ha concentrado en la cobertura de los eventos climáticos más extremos y catastróficos, tales como huracanes o inundaciones (Cabello et al., 2018).
Un resultado similar obtuvieron Areia et al. (2019) en su estudio sobre los encuadres informativos de los periódicos de la península ibérica, que se orientan fundamentalmente hacia la sequía y su impacto sobre la agricultura, aseverando que los medios de comunicación poseen una importantísima responsabilidad en el cambio de conducta social hacia un comportamiento más sostenible como reacción frente al CC.
Por otra parte, la teoría del encuadre (TE) o framing es un enfoque analítico aplicado tradicionalmente al rol informativo de los medios de comunicación, especialmente desde la identificación de los marcos periodísticos utilizados para entregar la información a la sociedad. Además, los orígenes de la TE están relacionados con las contribuciones originales del sociólogo canadiense Erwin Goffman sobre el encuadre como metáfora para describir las premisas que los actores sociales utilizan para comprender la realidad social que los afecta (Ardèvol-Abreu, 2015; González, 2014).
Sin embargo, la TE encuentra en los postulados del politólogo estadounidense Robert Entman, publicados en 1993, uno de los principales referentes teóricos (Ardèvol-Abreu, 2015; Cortassa et al., 2014; Gonzáles-García & Ibarra-Caro, 2018). De acuerdo con González (2014), es importante considerar que los encuadres periodísticos:
Deberían ser pensados no solamente como una estrategia o elección sobre cómo presentar la información, sino también como un indicador del posiciona-miento de los aparatos periodísticos ante los asuntos que abordan. En efecto, dado que los productos periodísticos son consecuencia de la toma de decisiones -por ejemplo qué incluir/excluir, qué destacar/minimizar y cómo- estas denotan que se ha "tomado partido" por determinadas opciones y no por otras (p. 237).
Según diversos especialistas en la TE, los encuadres utilizados para presentar la información a las audiencias poseen dos grandes perspectivas: 1) inductiva, que considera marcos informativos desarrollados para casos específicos con una limitada capacidad de replicabilidad en otros contextos o ámbitos diferentes al original, y 2) deductiva, para identificar aquellos encuadres más genéricos aplicados en diversos contextos por su facilidad para ser replicados sin mayores adaptaciones (Gaete-Quezada, 2021; Gronemeyer, 2017; Semetko & Valkenburg, 2000).
Asimismo, la literatura relacionada con la TE expone algunas tipologías de encuadres comunicativos de tipo deductivo, donde la taxonomía desarrollada por Semetko y Valkenburg (2000) es una de las teorías utilizadas frecuentemente para el estudio de la cobertura periodística sobre diversas problemáticas de la realidad social, según la cual se considera cinco encuadres principales: atribución de responsabilidad, interés humano, conflicto, moralidad e interés económico (Ardèvol-Abreu, 2015; Cortassa et al., 2014; Gaete-Quezada, 2021; Gronemeyer, 2017; Roncallo-Row et al., 2020).
La aplicación de la TE en la problemática medioambiental, según Cabello et al. (2018), se despliega a partir de dos grandes líneas de investigación sobre los marcos de la cobertura informativa de los desastres ambientales: 1) naturales y 2) causados por procesos productivos. Sin embargo, los mismos autores advierten sobre la importancia de los encuadres de los medios de comunicación frente a conflictos o controversias "socioambientales" que enfrentan a los movimientos sociales y ciudadanos contra los grupos empresariales hegemónicos (Cortassa et al., 2014).
Otro de los ámbitos medioambientales que son analizados habitualmente por los estudios sobre los encuadres periodísticos se relaciona con la cobertura informativa relacionada con el desarrollo de las Conferencias de las Partes (COP), como reunión Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Arcila-Calderón et al., 2015; Gonzáles-García, 2018; González, 2014).
Asimismo, los estudios de la TE relacionados con el CC u otras problemáticas de carácter medioambiental asumen la perspectiva comparada para desarrollar investigaciones que analicen dicha realidad social en diferentes países y zonas geográficas a nivel global (Arcila-Calderón et al., 2015; González, 2014; Hasbún-Mancilla et al., 2017).
Según Hasbún-Mancilla et al. (2017), el CC es tanto un desafío de política pública como un fenómeno de carácter político en el cual los medios de comunicación poseen una gran capacidad de influir en la opinión pública sobre dicha realidad social, especialmente cuando surgen conflictos o controversias entre la comunidad y los intereses económicos (Cabello et al., 2018; Cortassa et al., 2014; Roncallo-Row et al., 2020).
En la Figura 1 se exponen algunos ejemplos de encuadres identificados en diferentes estudios relacionados con problemáticas ambientales en distintos países sudamericanos, con perspectivas metodológicas basadas tanto en el paradigma positivista como el constructivista respectivamente, con especial énfasis en el uso de la técnica de análisis de contenido y una orientación hacia un tipo de encuadre inductivo.
FUENTE: elaboración propia con base en VV. AA.
FIGURA 1 Ejemplos de investigaciones con encuadres sobre la problemática ambiental
Finalmente, también es importante destacar en la revisión de la literatura del presente estudio la existencia de algunas investigaciones sobre el análisis de los encuadres informativos de problemáticas medioambientales desarrollados por la prensa chilena, relacionados con temáticas tales como el CC (Hasbún, 2015; Hasbún-Mancilla et al., 2017) o la crisis socioambiental por marea roja en la zona sur del país (Cabello et al., 2018). Además, Leal y Negrón (2012) desarrollan un estudio del mensaje periodístico desde la teoría de la agenda setting para analizar las noticias relacionadas con dos casos emblemáticos para la institucionalidad ambiental chilena: el de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) y el de la central termoeléctrica Barrancones.
Otro aspecto de gran relevancia para el presente estudio es la instalación de una nueva institucionalidad ambiental en Chile desde el año 2010, que sustituye a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) creada el año 1994 a través de la Ley 19.300, que fuera reemplazada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, entre otras instancias creadas mediante la Ley 20.417 del año 2010, lo cual se suma a la posterior creación de los tribunales ambientales a través de la Ley 20.600 del año 2012.
La evolución expuesta se resume en la Figura 2, donde se identifican tres grandes hitos jurídicos relacionados con la problemática medioambiental en Chile (Bergamini & Pérez, 2015; Boettiger, 2014; Carrasco & Maillet, 2019; Figueroa, 2010; Guerra, 2017; Guiloff, 2011; Lara & Letelier, 2017; Lira, 2017; Moraga, 2017; Pelfini & Mena, 2017; Pinochet, 2017; Plumer, 2013; Urrutia, 2013).
FUENTE: elaboración propia.
FIGURA 2 Principales hitos normativos de la institucionalidad ambiental chilena desde el retorno a la democracia
En relación con lo expuesto en la Figura 2, Pelfini y Mena (2017) afirman que los diferentes hitos identificados permiten diferenciar con mayor claridad "las funciones de gestión y administración [Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental] (SEIA), diseño de las políticas (Ministerio), y fiscalización y regulación (Superintendencia), con lo que principió la nueva institucionalidad ambiental del país (NIA), cuyo diseño buscó la transversalidad y coordinación interinstitucional de la temática ambiental" (p. 258).
Además, debe agregarse el rol de los tribunales ambientales como órgano jurisdiccional especial responsable de la resolución de las controversias medioambientales entre los actores públicos y privados (Boettiger, 2014; Figueroa, 2010; Guerra, 2017; Riquelme, 2013; Urrutia, 2013), que con ello completan 30 años de historia de la institucionalidad ambiental chilena (Carrasco & Maillet, 2019).
Según Bergamini y Pérez (2015), uno de los ámbitos que adquiere especial relevancia en la nueva institucionalidad ambiental chilena es la fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental, función que se encuentra bajo la responsabilidad de la Superintendencia del Medio Ambiente, instancia que asume roles de coordinación e implementación de las inspecciones, si bien quedan como desafíos pendientes el fortalecimiento de las competencias de la Superintendencia en el ámbito regional o mejoramientos de algunos aspectos legales relacionados con los planes de reparación y los mecanismos de autodenuncias.
Otro de los cambios en la institucionalidad ambiental chilena es la creación de un nuevo instrumento de gestión ambiental denominado "evaluación ambiental estratégica" (EAE), que, según Carrasco (2012), permite a la gestión pública chilena planificar sus actuaciones mediante las políticas públicas que estén relacionadas o afecten la sustentabilidad o el medio ambiente e incorpora al Estado y sus ministerios como actores que debe velar por disminuir su propio impacto medioambiental a través de las políticas, programas y planes que lleven a cabo según lo dispuesto por la Ley 20.417 (Molina & Escalona, 2012).
Asimismo, Moraga (2017) destaca que la institucionalidad ambiental chilena progresivamente ha fortalecido el pilar de participación ciudadana dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en cada uno de los cuerpos legales incluidos en la Figura 1 (Leppe, 2015; Rungruangsakorn, 2021). Pero, a su juicio, es la jurisprudencia emanada del Segundo Tribunal Ambiental la que permite operacionalizar y fortalecer más efectivamente la relevancia de la ciudadanía en nuestro ordenamiento jurídico.
Sin embargo, Lara y Letelier (2017), en su estudio del SEIA, constatan una baja participación de la ciudadanía para una muestra de proyectos de inversión sometidos al proceso de evaluación dispuesto por la normativa ambiental chilena.
También, Barría (2019) identifica al proceso de consulta indígena como otro pilar relevante dentro de la nueva institucionalidad ambiental chilena actual, instancia que busca la protección de los pueblos originarios frente al impacto medioambiental ocasionado por el desarrollo económico en sus territorios o culturas, implementando así lo estipulado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Chile en el año 2008 (Guerra, 2017; Leppe, 2015; Rungruangsakorn, 2021).
Así, la institucionalidad ambiental chilena incluye la obligatoriedad de este tipo de procedimientos participativos en las instancias que corresponda, tramitación que, según Leppe (2015), se encuentra regulada para su implementación por el reglamento del SEIA aprobado por el Decreto Supremo 40 del año 2012 del Ministerio del Medio Ambiente.
Sin embargo, Pinochet (2017) destaca como otro aspecto distintivo de la institucionalidad ambiental chilena la "responsabilidad por daño ambiental", institucionalizada a partir de la creación de los tribunales ambientales como instancia judicial especializada para dirimir legalmente los diversos conflictos medioambientales que se han suscitado en los últimos años (Figueroa, 2010; Guerra, 2017; Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH], 2015; Lara & Letelier, 2017; Maillet & Albala, 2018; Riquelme, 2013; Rungruangsakorn, 2021; Urrutia, 2013).
Finalmente, Astorga (2019) describe los aspectos socioambientales y de gobernanza que están vinculados con la promoción de un desarrollo más sostenible e inclusivo como otra característica importante para la institucionalidad ambiental chilena, elementos que son habituales causas de conflictos medioambientales en Chile por la disputa entre el mayor crecimiento económico y las necesidades sociales de proteger el medio ambiente y los recursos naturales (Allain, 2019; INDH, 2015; Lara & Letelier, 2017; Maillet & Albala, 2018; Martínez & Delamaza, 2018; Riquelme, 2013; Rungruangsakorn, 2021). De acuerdo con Astorga (2019), existen tres tipos de conflictos socioambientales:
Conflictos de gran escala: demandas genéricas y masivas, mediante conflictos mediatizados; por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico HidroAysén.
Conflictos latentes y de larga duración: demandas de la comunidad local en defensa de su modo de vida tradicional, contrarios a la ejecución de grandes proyectos de inversión que consumen sus recursos naturales o provocan externalidades negativas; por ejemplo, el Parque Eólico de Chiloé.
Conflictos puntuales y espasmódicos: se refieren a conflictos específicos o demandas localizadas relacionadas con los efectos de la contaminación en la comunidad; por ejemplo, el caso de Agrosuper en la comuna de Freirina.
Según el Instituto Libertad y Desarrollo (2017), el proyecto minero Dominga ha puesto en un profundo entredicho político, social y administrativo al SEIA como uno de los pilares fundamentales de la institucionalidad ambiental chilena, en donde además han debido participar el Consejo de Ministros y finalmente el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema como expresión de una judicialización de los conflictos socioambientales en Chile, lo cual se ha transformado claramente en un hecho noticioso relevante los últimos años (Boettiger, 2014; Carrasco & Herrera, 2014; Carrasco & Maillet, 2019; Riquelme, 2013; Rungruangsakorn, 2021).
3. Metodología
Se desarrolló un estudio exploratorio-descriptivo considerando un diseño de investigación cualitativo para identificar los principales encuadres informativos sobre la problemática ambiental (Cabello et al., 2018; González, 2014), específicamente sobre el procedimiento de aprobación medioambiental del proyecto de Minera Dominga en Chile como hecho noticioso durante los últimos cinco años. Se considera el día 21 de agosto de 2017 como la fecha en la que el Comité de Ministros rechazó dicha iniciativa empresarial (Carrasco & Maillet, 2019), trámite final de la instancia administrativa contemplada en la institucionalidad ambiental chilena, que pasó posteriormente a las reclamaciones judiciales ante el Tribuna Ambiental y la Corte Suprema respectivamente.
La muestra del estudio es de tipo no probabilístico por conveniencia y está conformada por las noticias publicadas por los medios digitales de prensa chilenos identificados a continuación en la Figura 3, considerando como criterios de inclusión en la investigación: 1) poseer una edición digital y 2) contar con acceso gratuito y a texto completo de las noticias digitales relacionadas con la problemática estudiada.
La unidad de análisis del estudio son las noticias relacionadas con la problemática investigada, publicadas durante el período 2017-2021 por los diarios digitales incluidos en la muestra. Se han utilizado los motores de búsqueda del sitio web de cada medio de comunicación identificado en la Figura 2 y se considera la palabra clave "Minera Dominga" para realizar la búsqueda y recopilación de las noticias. En el estudio no fueron considerados otro tipo de productos periodísticos tales como editoriales, cartas al director o columnas de opinión debido a la mayor actualización y capacidad informativa proporcionada por las noticias (Muñiz, 2011).
El procedimiento de recolección de la información se realiza mediante un análisis de contenido de tipo cualitativo en el cual se identifican, en los párrafos de cada noticia, los incidentes con significación en sí mismos relacionados con la problemática estudiada mediante los procedimientos de análisis y codificación propuestos por la teoría fundamentada (Cabello et al., 2018; González, 2014), considerando una perspectiva inductiva para reconocer los encuadres específicos aplicados en la redacción de las noticias sobre el caso analizado.
4. Resultados
En el presente estudio, se revisaron 263 noticias publicadas por los diarios El Dínamo (33%), El Mercurio on-line [Emol.com] (39%) y El Mostrador (28%) respectivamente. En cuanto a la distribución de la muestra durante los cinco años analizados, el 41% de las noticias fueron publicadas en el año 2017 y el 35% en el año 2021, lo cual corresponde a las mayores frecuencias en el período examinado.
A partir del análisis de contenido cualitativo de las noticias publicadas por los tres diarios digitales chilenos incluidos en la muestra del estudio, se identificaron, mediante una perspectiva inductiva, los siguientes encuadres comunicativos observados en la realización del análisis de contenido cualitativo de las informaciones periodísticas publicadas en los últimos cinco años, según se observa en la Tabla 1.
En la Tabla 1 se proponen tres grandes categorías de análisis para identificar los encuadres de la cobertura periodística de los diarios digitales chilenos incluidos en el estudio respecto del proceso de evaluación ambiental de Minera Dominga desarrollado durante los años 2017 al 2021. Así, los principales encuadres periodísticos para el caso estudiado son: 1) institucionalidad ambiental, 2) impactos y 3) corrupción.
En comparación con lo expuesto anteriormente en la revisión de la literatura mediante la Figura 1 sobre ejemplos de indagaciones sobre la TE aplicada a la temática medioambiental, se observan algunas similitudes con los encuadres identificados en las investigaciones de Cortassa et al. (2014) y Roncallo-Dow et al. (2020); no obstante, ambos estudios utilizan metodología cuantitativa.
4.1 Institucionalidad ambiental en Chile
La institucionalidad ambiental chilena posee diferentes hitos normativos en las últimas décadas, si bien es en el año 2010 cuando se producen los cambios más importantes que están vigentes actualmente. Una de las noticias analizadas en el estudio planteaba en su título la interrogante sobre "¿cómo opera la institucionalidad ambiental y cuáles son las etapas para aprobar un proyecto?":
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) "es un instrumento de gestión ambiental destinado a la evaluación y predicción de los impactos ambientales que puedan generar los proyectos y actividades que se realizan en el país y que, de acuerdo con la ley, requieran ser evaluados". Y el órgano estatal, independiente del gobierno de turno, encargado de supervisar que todo el proceso se ejecute de manera adecuada es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (Munita, 2021).
En las noticias examinadas durante la investigación también se observan diferentes referencias a la institucionalidad ambiental vigente, especialmente desde la perspectiva de la identificación de sus principales falencias:
La institucionalidad ambiental chilena es sumamente débil, en tanto existen dos visiones absolutamente contradictorias: una técnica, orientada a la protección del medio ambiente, y otra netamente política [...] evidencia un segundo gran problema en la institucionalidad ambiental, a juicio de Valencia, y que tiene que ver con la capacidad de observación sobre el impacto que tendrán los distintos proyectos en un territorio (Barrera & Herrera, 2017).
La situación anterior queda en evidencia en diferentes instancias del proceso de evaluación ambiental del proyecto de Minera Dominga, donde la empresa a cargo denunciaba fallos en la institucionalidad ambiental chilena:
[...] "creemos que hay un daño, no solamente al proyecto Dominga, sino que a la institucionalidad de nuestro país. Eso daña la democracia y eso es grave". Ante este adverso escenario, Garrido dijo que "vamos a usar todas las herramientas que nos da la institucionalidad, eso es tribunales ambientales [...] y si es necesario, la Corte Suprema" (Marchetti, 2017a).
Las acusaciones de la empresa Andes Iron se suman a las de otras partes interesadas, políticas, científicas y ambientalistas, quienes también criticaron diferentes falencias que ha evidenciado la institucionalidad ambiental chilena durante los casos más polémicos de los últimos años que derivan finalmente en una judicialización de estos (Boettiger, 2014; Carrasco & Maillet, 2019; Riquelme, 2013; Rungruang-sakorn, 2021).
En algunas noticias analizadas durante el período estudiado es posible observar descripciones de la institucionalidad ambiental chilena que identifican la existencia de servicios y organismos públicos centralizados y descentralizados que permiten su funcionamiento:
La institucionalidad ambiental que hemos venido desarrollando hace más de una década y que hoy día no sólo tiene una ley de bases generales y un Ministerio, sino que además Tribunales Ambientales, Superintendencia de Medio Ambiente, un Sistema de Evaluación que opera a nivel nacional y regional, o sea, hay toda una institucionalidad que funciona (Villalobos, 2017).
Así, las noticias incluidas en la muestra del estudio describen los roles desempeñados por tres organismos estatales dentro de la institucionalidad ambiental que han estado relacionados con la evaluación del impacto ambiental de Minera Dominga. En primer lugar, el Servicio de Evaluación Ambiental como principal entidad encargada de desarrollar la valoración técnica de las iniciativas:
Cabe recordar que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó la aprobación del proyecto a través de un informe, sin embargo, a pesar de contar con el visto bueno del SEA, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, integrada por 12 organismos técnicos, rechazó la construcción de Dominga en una estrecha votación en marzo de este año (Marchetti, 2017b).
Los extractos de las noticias expuestos anteriormente confirman las tensiones que afectan a la institucionalidad ambiental chilena, que oscilan entre la mayor calidad y precisión con la que se deben desarrollar los procedimientos y estudios de carácter técnico dentro de la evaluación ambiental y contrastan con la mayor o menor influencia que posee la opinión política en el procedimiento de aprobación o rechazo de las iniciativas evaluadas (Bergamini et al., 2018; Carrasco & Herrera, 2014; Carrasco & Maillet, 2019; Lira, 2017).
Otra entidad estatal dentro de la institucionalidad ambiental que se destaca en las noticias analizadas sobre el caso de Minera Dominga es el Comité de Ministros como instancia centralizada de carácter político:
El Comité de Ministros decidió rechazar al proyecto minero portuario Dominga, que se emplazaría en la comuna de La Higuera. La iniciativa llegaba a la instancia -que lidera el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena- con la recomendación para aprobar por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Sin embargo, lo anterior fue desestimado en un fallo dividido en marzo pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo (Marchetti & González, 2017).
La mayoría de las noticias relacionadas con el Comité de Ministros plantean explícita o implícitamente la necesidad de poner fin o modificar profundamente tanto dicha instancia política como todos aquellos ámbitos en los cuales los aspectos técnicos de la evaluación ambiental dejan de ser el eje del procedimiento y privilegian al criterio político (Bergamini et al., 2018; Carrasco & Herrera, 2014; Carrasco & Maillet, 2019; Lira, 2017).
Finalmente, dentro de las entidades que se destacan en las noticias sobre la institucionalidad ambiental chilena se encuentran los tribunales ambientales:
En abril de 2018, el mismo tribunal [ambiental] falló que el proyecto de Andes Iron se volviera a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, determinando que el rechazo entregado por este organismo no había cumplido con las formalidades administrativas. La resolución favorable este viernes para [la] minera de hierro de propiedad de Andes Iron [...] no significa que el megaproyecto tenga luz verde para operar, sino que este se retrotrae a las instancias de decisión política en la región de Coquimbo (El Mostrador, 2021).
Así, el Tribunal Ambiental de Antofagasta ha adquirido una inusitada relevancia para el caso de Minera Dominga al fallar favorablemente a sus intereses en dos ocasiones, con lo cual ha logrado retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental hasta la instancia descentralizada regional dispuesta en el actual ordenamiento jurídico medioambiental chileno (Boettiger, 2014; Carrasco & Maillet, 2019; Riquelme, 2013; Rungruangsakorn, 2021).
4.2 Impactos del proyecto minero Dominga
Otro de los aspectos especialmente relevante para las noticias incluidas en la muestra del estudio son los diferentes impactos relacionados con la eventual puesta en marcha de dicha iniciativa empresarial. Uno de los aspectos centrales de las informaciones de los diarios digitales se refiere al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto:
"El proyecto no tiene los contenidos mínimos que rige la legislación ambiental para ser aprobado y tampoco se hace cargo de sus impactos", señaló. "No propone medida de mitigación, reparación ni compensación apropiadas". Agregó que debe ser rechazado porque es "desprolijo" y afecta una zona de "alto valor ambiental" (Fajardo, 2020).
Uno de los impactos destacados en las noticias sobre el caso estudiado son los de tipo económico, especialmente desde la perspectiva de la generación de empleo en la comuna de La Higuera:
Según describe la firma en su página web, la minera "en construcción creará 9.800 puestos de trabajo directos y 1.450 en operación, cifras que se elevan significativamente si consideramos que por cada empleo directo se generan unos 2,5 empleos". Dominga contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto. La inversión prometida es de US$2.500 millones y su vida útil es de 26,5 años (Emol.com, 2017).
El encuadre informativo sobre el interés o impacto económico de una iniciativa empresarial en el ámbito medioambiental es habitual en los estudios desarrollados previamente, tanto con metodología cuantitativa como cualitativa, así como a partir de perspectivas inductivas o deductivas para la definición de los encuadres (Cabello et al., 2018; Cortassa et al., 2014; Hasbún-Mancilla et al., 2017; Roncallo-Row et al., 2020). Además, propuestas fundamentales en el campo de la comunicación como la desarrollada por Semetko y Valkenburg (2000) incluyen dicho marco informativo genérico.
Finalmente, dentro de los impactos reseñados por algunas noticias analizadas se observa el de tipo político, que ha estado presente durante los gobiernos de Bachelet y Piñera y ha generado para ambos mandatarios importantes efectos en su gestión presidencial:
En ninguno de los diseños de Palacio, sobre la estrategia política y comunicacional de cierre de la administración bacheletista, se pensó que en su etapa final La Moneda se vería enfrentada a una rebelión pública en el seno del gabinete, la que ha dejado en evidencia un quiebre profundo entre el bando de ministros políticos y el de los económicos, como efecto directo del rechazo al proyecto Dominga (Jiménez & Weissman, 2017).
Los impactos políticos del proyecto Dominga evidencian la alta conflictividad que han alcanzado en los últimos años en Chile los procedimientos de evaluación ambiental, que buscan aprobar iniciativas empresariales que afectan diferentes ecosistemas naturales que corren el riesgo de ser destruidos por la instalación de hidroeléctricas, fábricas o faenas mineras, entre otros casos procedentes (Allain, 2019; Astorga, 2019; INDH, 2015; Lara & Letelier, 2017; Maillet & Albala, 2018; Martínez & Delamaza, 2018; Rungruangsakorn, 2021).
4.3 Corrupción
Finalmente, un tercer encuadre importante observado en las noticias relacionadas con el caso de Minera Dominga está relacionado con diferentes episodios de corrupción que se han judicializado en los últimos cinco años y que han afectado especialmente al presidente de la república, Sebastián Piñera. Por ejemplo, en lo relacionado con el tráfico de influencias denunciado por diferentes actores, se consigna que:
El fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) analizar los antecedentes que fueron difundidos el fin de semana relativos a la compraventa de la Minera Dominga, "que involucrarían al presidente Sebastián Piñera, con el fin de determinar si ameritan o no la apertura de una investigación penal" […]. La información, publicada por Ciper Chile y LaBot el domingo pasado, sostiene que el jefe de Estado habría intervenido en el traspaso de sus acciones por US$ 152 millones a Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas (Peña, 2021).
Después de una década de investigación judicial sobre la participación del presidente Piñera en la propiedad y posterior venta de Minera Dominga, dicha situación continúa sembrando dudas en la clase política nacional y en una parte importante de los actores sociales interesados en dicho proyecto y su eventual instalación en la zona norte de Chile.
Sin embargo, no es el único episodio de posible corrupción que se observa en las noticias relacionadas con el caso de Minera Dominga, que se suman a las acusaciones de conflicto de interés relativas al caso Barracones:
Dentro de los antecedentes recopilados y que están en conocimiento del Ministerio Público, se encuentra el que, cuando el entonces presidente Piñera negoció y concretó la bajada de la central termoeléctrica Barrancones, en agosto de 2010, la familia del entonces mandatario era la principal accionista de un negocio que buscaba instalarse en la misma zona de La Higuera. Se trata de la minera Andes Iron, matriz de la minera Dominga (Leiva, 2017).
Por último, en las noticias relacionadas con el proceso de evaluación ambiental de Minera Dominga también es posible observar informaciones relacionadas con denuncias sobre la existencia de presiones políticas en las instancias colegiadas dentro de la institucionalidad ambiental chilena, especialmente la Comisión Regional de Evaluación Ambiental y en el Comité de Ministros:
La reacción del ex secretario de Estado llegó a menos de una semana de que el Tribunal Ambiental calificara de ilegal el procedimiento realizado por el gobierno anterior, el cual aún está bajo dudas por las supuestas presiones políticas que influyeron en el rechazo de la iniciativa y que terminó con el equipo económico de Michelle Bachelet fuera de La Moneda (Vargas, 2018).
Las denuncias sobre eventuales presiones políticas completan un panorama bastante complejo en el cual se ha desarrollado el proceso de evaluación ambiental del proyecto Dominga, pese a lo cual, y por decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la iniciativa empresarial se ha reactivado nuevamente durante el año 2021 y fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo, misma instancia que hace poco más de tres años, durante el gobierno de Michelle Bachelet, fue acusada de presiones políticas:
El proyecto había sido rechazado en 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero se reactivó luego que la empresa Andes Iron iniciara acciones judiciales para revertir la decisión. En abril de este año, el Primer Tribunal Ambiental acogió una reclamación en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, que terminó anulando el proceso. Tras este fallo, pescadores y comunidades de La Higuera presentaron recursos para que la Corte Suprema rechace definitivamente el proyecto (Dote, 2021).
La decisión o voluntad política es un encuadre que está presente en otros estudios que analizan los marcos informativos sobre la temática medioambiental a nivel latinoamericano (Cortassa et al., 2014; González, 2014), por lo que también se presenta como un aspecto importante para encuadrar las noticias sobre el caso de Minera Dominga que han sido especialmente relevantes desde la gestación de dicha iniciativa empresarial hasta el día de hoy.
Así, la mayoría de las malas prácticas relacionadas con la corrupción expuestas en las noticias incluidas en el presente estudio evidencian la imperiosa necesidad de introducir cambios en la institucionalidad ambiental chilena que ayuden a regular de mejor manera la intervención política en la evaluación de impacto ambiental estipulada por la Ley 19.300 (Lira, 2017), así como otras normativas relacionadas directamente con la probidad administrativa en Chile.
5. Conclusiones
La problemática medioambiental se ha transformado en un aspecto cada vez más presente en la vida de las personas, especialmente por los notorios y crecientes efectos del cc expresados en sequias, eventos climáticos catastróficos, etc., a pesar de lo cual es necesario profundizar en la difusión del conocimiento y la información existente sobre los impactos medioambientales de las diferentes acciones humanas, especialmente aquellas de carácter empresarial que pueden colocar directa o indirectamente en peligro alguno de los ecosistemas naturales.
En el contexto anterior, los medios de comunicación a nivel global poseen un rol fundamental para proporcionar a la sociedad la información veraz y precisa sobre las diferentes políticas y actividades que desarrollan tanto los gobiernos como las empresas que puedan contribuir a un desarrollo más sostenible como principal encuadre informativo para reconocer con claridad y transparencia cuáles son las instancias gubernamentales y empresariales que están contribuyendo efectivamente al logro de los objetivos del 2030, pero también las que están acrecentando los efectos del CC a nivel global.
En el presente estudio, cuyo objetivo principal es identificar los principales encuadres noticiosos de los diarios digitales chilenos sobre el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto Minera Dominga durante los últimos cinco años, los resultados obtenidos reconocen la institucionalidad ambiental, los impactos y la corrupción como los principales encuadres observados en la revisión de las noticias analizadas y dan cuenta de un extenso proceso de tramitación administrativa y posterior judicialización, con lo cual se exponen las tensiones existentes al interior de las sociedades modernas al momento de ponderar y definir el tipo de desarrollo que desean alcanzar y cómo prefieren lograrlo, escenario en el que se enfrentan abiertamente los intereses económicos y políticos con la opinión de la comunidad científica y las agrupaciones sociales que privilegian un modelo de desarrollo más sostenible para satisfacer las necesidades sociales por encima del crecimiento económico más neoliberal.
A partir de los resultados del estudio, es posible observar una importante oportunidad de mejora para la institucionalidad ambiental chilena, sustentada tanto en las noticias recopiladas durante el estudio así como por los antecedentes expuestos en la revisión de la literatura especializada que plantean la necesidad de fortalecer la preeminencia de la perspectiva técnico-científica de la evaluación de impacto ambiental en contraposición con el rol que actualmente poseen aquellas instancias de carácter más político dentro de dicho procedimiento, como, por ejemplo, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental o el Comité de Ministros, que deben aprobar los informes técnicos y resolver las reclamaciones de las partes, entre otras funciones.
También, los resultados del estudio permiten ratificar una gran responsabilidad social de los medios de comunicación en el contexto de la protección del medio ambiente y el desarrollo más sostenible de los territorios latinoamericanos, especialmente por la importante concentración de la prensa por parte de los grupos económicos más poderosos, para transformar la selección de los aspectos específicos por destacar dentro de la redacción de un texto comunicativo en una oportunidad para ofrecer a la sociedad información importante para poder valorar los impactos de las iniciativas empresariales que puedan acrecentar los efectos del cambio climático en cada país o poner en peligro los ecosistemas y la biodiversidad del planeta.
Finalmente, dentro de las limitaciones y proyecciones del presente estudio, es posible destacar que el propósito fundamental de la investigación está relacionado con la identificación de los encuadres informativos del caso analizado desde una perspectiva inductiva, sin considerar el análisis de los efectos de estos sobre las audiencias de cada diario incluido en la muestra.
En cuanto a las proyecciones de la investigación, al tratarse de encuadres identificados inductivamente, estos podrían aplicarse en el corto y mediano plazo al análisis de otros casos de evaluación medioambiental en Chile. No obstante, como se ha señalado en el análisis de los resultados, algunos de los elementos observados en este estudio identifican interesantes similitudes con las conclusiones expuestas por las investigaciones sobre los marcos informativos presentes en otros casos latinoamericanos reseñados anteriormente en la revisión de la literatura.
