Introducción

En Colombia, el conflicto armado interno se ha prolongado durante más de cincuenta años y en sus orígenes se encuentran múltiples causas, como la confrontación del Partido Liberal y del Partido Conservador antes de la consolidación del Estado nación, la violencia como garante del poder político, el conflicto agrario de la década de 1920 y la desigualdad socioeconómica, que han derivado en una agudización del conflicto y de los problemas psicosociales y de salud mental en el país (Castañeda y Camargo, 2018; Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013; Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015), han aumentado la polarización y el riesgo de confrontación violenta (López, 2016), así como los índices de desplazamiento forzado (Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), 2015).

Por otra parte, esta agudización del conflicto, en un contexto prolongado de confrontación armada, se relaciona con dinámicas complejas como la afectación de la infraestructura física, económica, institucional y psicosocial de un país (López, Pérez y Pineda-Marín, 2016) y se ve reflejado en problemas de salud mental y el bienestar en la población (Castañeda y Camargo, 2018). Estos se prolongan tras la terminación del conflicto, en el periodo conocido como posconflicto, lo que hace necesario la reconstrucción de los tejidos sociales y psicológicos en intervenciones a largo plazo (López et al., 2016).

La reconstrucción de los tejidos sociales y psicológicos implica un trabajo integral en la atención a las víctimas (^{Rebolledo y Rondón, 2010}), en el que se consideran víctimas, según la normativa colombiana, a aquellas personas o grupos que han sufrido daños como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) a partir del 1 de enero de 1985 derivados del conflicto, así como a las personas que hayan sufrido daño al intervenir para asistir a las víctimas (Ley 1448/2011, de 10 de junio). Con ellas se debe realizar un trabajo individual y colectivo en el proceso de evaluación e intervención a nivel psicosocial, en atención a sus estrategias de afrontamiento y otras variables relacionadas con la forma en que las personas enfrentan las situaciones tensionaste de la vida (^{Casullo y Fernández, 2001}; Hewitt et al., 2016), como el conflicto armado interno.

Este panorama del conflicto se complejiza cuando a las condiciones de victimización y a las secuelas de la violencia a nivel individual y colectivo se unen las condiciones de vulneración de los derechos humanos, problema trabajado por autores como ^{Sen (2000}, 2009) y recientemente ^{Fukuda-Parr (2012)}. Estos concluyen que el derecho al desarrollo individual implica asegurar unas condiciones básicas de nutrición, salud, educación, equidad, justicia y participación política, que suelen ser vulnerados en escenarios de violencia y sin los cuales no se puede garantizan la restauración de los derechos humanos y una óptima calidad de vida.

Al hablar de calidad de vida, se debe considerar que esta se ha estudiado desde mediados del siglo XX, cuando se comenzó a evaluar variables no patológicas referidas a la salud y su relación con la percepción subjetiva de satisfacción y bienestar (^{Urzúa y Caqueo-Urízar, 2012}). Desde entonces han existido diferentes intentos de conceptualizar y medir la calidad de vida en diferentes contextos y problemas humanos, lo que ha dado lugar a categorizaciones diversas, algunas de las cuales privilegian los aspectos objetivos y otros los subjetivos del concepto.

Por un lado, algunos que privilegiado los aspectos objetivos del concepto han centrado sus mediciones en las condiciones de vida como la salud física, las condiciones de vida y el mundo social y laboral (Hollandsworth, 1988). Por su parte, otros autores se han centrado en aspectos subjetivos de la calidad de vida que no pueden ser contrastados con datos objetivos y contextuales, relacionados con la satisfacción con la vida, la felicidad y el bienestar, y así han privilegiado el mundo interno de la persona y su percepción frente a este (^{Verdugo, Schalock, Keith & Stancliffe, 2005}).

Existen autores que han pretendido integrar las posturas objetiva y subjetiva del constructo de calidad de vida y han enfocado sus mediciones en los aspectos objetivos de las condiciones de vida como la vivienda, la educación y la salud, y los elementos subjetivos relacionados con la satisfacción con la vida y la felicidad, lo que genera una mayor predictividad de calidad de vida (^{Felce & Perry, 1995}).

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de incluir las dimensiones objetivas y subjetivas de calidad de vida mencionadas, han incluido los valores personales del individuo en su contexto cultural como determinantes de calidad de vida y han hecho énfasis en que el cambio de valores modifica las puntuaciones en satisfacción con la vida y las condiciones de vida (Whoqol Group, 1995). Por su parte, para ^{Smith, Avis & Assman (1999)}, el constructo de calidad de vida, en sus dimensiones objetiva y subjetiva, están mediadas por la evaluación cognitiva realizada por la persona y sus juicios de valor y actitudes, lo que se constituye en el elemento comprensivo del constructo que debe ser considerado en cualquier evaluación posible del concepto de calidad de vida.

Este hecho deja claro que el concepto de calidad de vida no es homogéneo en los aspectos a medir. Sin embargo, se puede hablar de la calidad de vida como un constructo integrador de elementos objetivos relacionados con las condiciones materiales de la persona y su dimensión subjetiva, como la percepción de bienestar, la satisfacción, las expectativas y el grado de felicidad percibida (^{Vinaccia et al., 2005}; Núñez et al., 2010).

Desde esta perspectiva, la calidad de vida se entiende como un estado general de satisfacción, derivado del desarrollo de las potencialidades individuales que dependen de aspectos objetivos como el bienestar material y social, y la salud objetivamente medidos y subjetivos como la expresión emocional, la seguridad y la salud percibida (^{Ardila, 2003}; ^{Molina, Sepúlveda, Carmona, Molina y Mac-Ginty, 2016}). Aquel, al relacionarse con la salud desde una perspectiva subjetiva, puede entenderse como el nivel de bienestar percibido por las personas en relación con su desenvolvimiento en el medio, y hacer énfasis en el impacto que este tiene en su salud y las mediciones que se realizan a partir de las percepciones subjetivas del propio individuo como el cuestionario de salud SF-36, que evalúa la calidad de vida en salud (Dussán, 2017; ^{Urzúa, 2010}).

En consideración a la importancia de la reconstrucción de los tejidos sociales y psicológicos en el trabajo con víctimas del conflicto armado y su relación con la calidad de vida (^{Fukuda-Parr, 2012}; ^{Rebolledo y Rondón, 2010}), autores como ^{Vásquez, Echeverri, Moreno, Carrasco, y Ferrel (2018)} abordando el apoyo social en víctimas del conflicto armado, identificando que el conflicto afecta significativamente el bienestar psicológico y la calidad de vida en las victimas en general y se extiende a sus redes de apoyo familiares, comunitarios e institucionales; sin embargo, esta afectación no parece generar mayores dificultades de adaptación en problemáticas derivadas del desplazamiento (Astaiza, 2013).

Sin embargo, según Cepedal (2013), ha sido difícil obtener datos sobre la prevalencia de problemas relacionados con las víctimas del conflicto y sus efectos en la salud general por diferentes factores derivados del conflicto y el territorio, lo que no ha impedido establecer que existen problemas de salud mental que afectan la calidad de vida de las víctimas, que requieren una mayor atención por parte del Estado y las diferentes entidades encargadas de las políticas públicas y la salud. Desde esta perspectiva, esta investigación tiene como objetivo describir las características de calidad de vida relacionadas con la salud de las víctimas del conflicto armado colombiano que participaron en el estudio por medio del cuestionario de salud SF-36.

Método

Participantes

Se seleccionó una muestra no probabilística intencional, constituida por 265 víctimas directas del conflicto armado interno colombiano de la Unidad de Atención y Orientación (UAO) del municipio de Soacha. El rango de edad fue de 18 a 60 años y del total de participantes 191 (72,1 %) fueron mujeres y 74 (27,9 %) hombres. Estos datos se resumen en la tabla 1.

Los criterios de inclusión en la muestra eran ser víctimas directas del conflicto armado interno de Colombia y encontrarse en un rango de edad que oscilara entre los 18 y 60 años. El criterio de exclusión fue presentar discapacidad cognitiva que impidiera el diligenciamiento de los instrumentos empleados en la investigación.

Tabla 1 Datos sociodemográficos de la muestra 

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Los resultados evidencian que el estado civil de mayor frecuencia en la muestra (tabla 1) fue el de solteros con un 34,7 %, seguido de unión libre con un 33,2 % y casados con un 16,2 %. El restante 15,9 % está distribuido entre las otras opciones, de modo que es divorciados el de menor frecuencia con un 1,9%.

A continuación, en la tabla 2, se presentan las frecuencias y los porcentajes relacionados con los hechos victimizantes presentes en la población objeto del estudio. El 49,4 % afirman haber sido víctimas de atentados terroristas; el 82,6 %, de amenazas; el 21,5 %, de delitos contra la libertad; y el 32,5 %, de desaparición forzada. Por su parte, el 96,6 %, que equivale a 256 sujetos, han manifestado haber sido víctimas de desplazamiento forzado; un 30,6 %, de homicidio; un 23,4 %, de masacres; y un 10,9 %, de minas; el 12,5 %, de secuestro; un 18,5 %, de torturas; el 17,7 %, de vinculación de menores al conflicto. Finalmente, y el 75,5 %, que equivale a 200 sujetos, han manifestado haber sido víctimas de despojo.

Tabla 2 Hechos victimizantes en la muestra 

Fuente: Elaboración propia.

En relación con las puntuaciones en las dimensiones del cuestionario de salud SF-36, en el análisis de medias se pudo identificar que (tabla 3) las puntuaciones más bajas se encuentran en vitalidad con un 49,94 %, en salud general con un 48,15 % y en rol emocional con un 48,05 %, de modo que son las puntuaciones más altas las relacionadas con función social con un 69,73 %, función física con un 63,02 % y salud mental con un 57,78 %. El análisis de percentiles muestra que el rol emocional, el rol físico, la vitalidad, la salud general y la función física presentan menores puntuaciones en los primeros 25 puntos en una escala de 3 medidas.

Tabla 3 Medias en las puntuaciones de las dimensiones del SF-36 

Fuente: Elaboración propia.

Al realizar un análisis de media por sexo (tabla 4), se evidencian diferencias entre hombres y mujeres, de modo que son los más significativos los relacionados con el rol físico, el dolor físico y la salud mental. En general, las mujeres presentan menores puntuaciones en las 8 dimensiones del cuestionario.

Tabla 4 Diferencias por sexo en las dimensiones del SF-36 

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de medias por nivel educativo (tabla 5) muestra que las puntuaciones más altas están asociadas al nivel de educación secundaria y técnico, y las puntuaciones más bajas se registran en el nivel de educación universitaria.

Tabla 5 Diferencias por nivel educativo en las dimensiones del SF-36 

Fuente: Elaboración propia.

En relación con el análisis por estado civil (tabla 6), los casados presentan la media más alta en función social con un 75,23 % y los divorciados las más bajas en rol físico con un 30 %, mientras que el dolor físico presenta un 24,50 %, la salud general un 33 %, y el rol emocional un 26,67 %.

Tabla 6 Diferencias por estado civil en las dimensiones del SF-36 

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Las dificultades históricas del conflicto armado interno colombiano han derivado en que se tengan registradas más de ocho millones de víctimas a 2017 según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Sin embargo, son pocos los estudios que cuentan con una alta participación de víctimas, por lo que toma suma importancia haber realizado esta investigación que tenía como objetivo describir la calidad de vida relacionada con la salud en población víctima del conflicto armado interno en Colombia de la UAO de Soacha.

La muestra final estuvo constituida por 265 participantes, de los cuales la mayoría fueron mujeres con un 72,1 %. En relación con el objetivo del estudio, se efectuó un análisis comparativo de medias en torno a la calidad de vida de hombres y mujeres según cada uno de las dimensiones del cuestionario de salud SF-36, tras lo cual no se encontraron diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, en cada una de las dimensiones las puntuaciones evidenciaron que los hombres cuentan con mejores niveles de calidad de vida en salud en comparación con las mujeres.

En cuanto al estado civil de los participantes, tampoco se presentan diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, algunos aspectos fueron constantes al hacer los análisis por cada una de las dimensiones según su estado civil; por ejemplo, ser viudo genera una percepción menor de calidad de vida en salud, mientras que estar en unión libre o soltero les genera una mejor percepción de salud a las víctimas.

El nivel de estudios de las víctimas participantes varía desde no tener ninguno hasta estudios profesionales. Las víctimas sin ningún nivel de formación reportaron bajos niveles de calidad de vida en salud en comparación con los demás. Es importante realizar un análisis detallado de las víctimas con nivel de formación profesional, puesto que se perciben muy bien en función social y en vitalidad, pero no muy bien en salud mental, función física, rol físico y dolor físico. Es necesario ampliar la muestra de víctimas profesionales para poder profundizar en su estado y percepción en calidad de vida en salud.

Con referencia a los hechos victimizantes, se estableció que el desplazamiento forzado fue el más frecuente con un 96,6 %, lo cual confirma los resultados encontrados de la Encuesta nacional de salud mental 2015 (ENSM 2015), en la cual se estableció que el mayor hecho victimizante relacionado con el conflicto armado interno era el desplazamiento forzado con un 18,7 % (MinSalud, 2015). En ninguno de los hechos victimizantes se encuentran diferencias estadísticamente significativas en relación con las dimensiones de calidad de vida en salud; sin embargo, no haber sido víctima de hechos victimizantes siempre se traduce en una mejor percepción de calidad de vida en cada una de las dimensiones del SF-36.

Respecto de las dimensiones del cuestionario de salud SF-36 que miden calidad de vida en salud, se destaca el rol físico y el rol emocional, los cuales presentan puntuaciones que evidencian problemas relacionados con aspectos físicos y emocionales que afectan su desenvolvimiento diario. Y se acentúa la función social como una de mayor puntuación en la muestra, lo que deja en evidencia que una alta puntuación en el desenvolvimiento no está relacionada con una mejor expresión emocional; contrario a lo que las teorías del afrontamiento al estrés sugieren, ya que, según la literatura, a mayor desenvolvimiento social, mejora la expresión emocional, debido al apoyo social percibido por las personas como parte de sus estrategias de afrontamiento (^{Casullo y Fernández, 2001}).

La dificultad evidenciada en la muestra en torno al rol emocional podría estar referida a la habitual utilización de la evitación emocional como estrategia de afrontamiento, la falta de atención psicosocial y rehabilitación en la población víctima del conflicto, lo cual explicaría por qué, a pesar de percibir un desenvolvimiento social alto, no mejora su expresión emocional (Hewitt et al., 2016). Sin embargo, este estudio no permite llegar a tal conclusión, por lo que se deben realizar futuras investigaciones que establezcan tales relaciones.

Por otra parte, las puntuaciones altas en la función social dejan en evidencia que la muestra no presenta mayores dificultades de interacción con la comunidad, como sí puede haber sido evidenciado en otros estudios, en los cuales este segmento poblacional presenta problemas de interacción con sus pares y la comunidad de referencia (Astaiza, 2013).

Entre las limitaciones del estudio, se encuentra el tipo de muestreo que fue no probabilístico, lo que dificulta la generalización de los resultados a la población víctima del conflicto que presenta las mismas características de la muestra. Por otra parte, la no distinción entre personas con problemas clínicos de las que no no permite determinar si las puntuaciones en calidad de vida están relacionadas directamente con el hecho de ser víctima del conflicto o son producto de una patología de base.

En investigaciones futuras, convendría realizar estudios que diferencien población clínica de la no clínica, lo que permitiría establecer el grado de afectación psicopatológica en las victimas y, a su vez, ampliaría el alcance clínico que pudiera establecerse derivado de esta diferenciación, para diseñar guías de intervención acordes con las necesidades poblacionales.

Por otra parte, se deben realizar estudios que permitan el esclarecimiento de la relación existente entre los problemas emocionales derivados de la salud y el nivel de desenvolvimiento social presentes en esta población, lo que a su vez beneficiará la generación e implementación de programas de promoción y prevención de la calidad de vida en población víctima del conflicto.

Asimismo, en el proceso de reconciliación y paz, es necesario esclarecer la relación que la calidad de vida tiene con otras variables como el perdón, para establecer su relación con las víctimas y su importancia para la salud mental y la reconciliación entre las diferentes partes involucradas en del conflicto.

En conclusión, se puede afirmar que, en cuanto a la calidad de vida en la salud, no se encontraron diferencias estadísticas significativas en la población trabajada, aunque los hombres presentan mejores puntuaciones en calidad de vida que las mujeres. En la muestra, se pudo evidenciar una baja percepción en rol emocional y un alta en función social.