La violencia de pareja es un problema de salud pública, así como una violación a los derechos humanos. Este tipo de violencia incluye actos de abuso físico, sexual, verbal y emocional cometidos dentro del marco de una relación afectiva (^{Ministerio de Salud Pública, 2019}). Debido a las crisis y los momentos de incertidumbre desatados por la actual emergencia sanitaria causada por el SARS-COV-19, se ha desencadenado un importante incremento en los casos de violencia de pareja en todo el mundo, así lo confirman algunas cifras disponibles en el informe expuesto por ^{Ruiz y Pastor (2020)}, en donde mencionan que las líneas de ayuda han registrado un aumento del 60% en México, el 40% en Australia, el 30% en Chipre y el 20% en los Estados Unidos.

En lo que respecta a Colombia, según el balance de enero a marzo de 2020 hecho por el Observatorio Feminicidios Colombia, se han registrado 130 casos de feminicidios en todo el territorio nacional (^{Observatorio Feminicidios Colombia, 2020}). Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que entre los meses de enero y marzo de 2020, se registraron 12.071 hechos de violencia de pareja en contra de las mujeres en todo el país (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2020).

Frente a esto, algunos estudios como el de ^{Lorente (2020)}, han empezado a hipotetizar que estas situaciones han podido surgir por las medidas de confinamiento adoptadas por los diferentes gobiernos para reducir la transmisión del Covid-19, las cuales han traído consigo consecuencias negativas dentro de los núcleos familiares, tales como afrontamientos inadecuados de las situaciones estresantes por altos niveles de ansiedad y estrés, disrupción de las dinámicas familiares, tensiones económicas, entre otras; lo que ha exacerbado las diversas formas de violencia que se dan dentro de los hogares (^{Peterman et ál. , 2020}).

Autores afirman que no es primera vez que las crisis y tiempos de incertidumbre hayan afectado las dinámicas sociales, exacerbando la violencia contra mujeres y niños, en particular (^{Valera, 2020}). En situaciones tales como el brote de Ébola o en el terremoto de Haití en 2010 se vio un incremento importante de la violencia de pareja (^{Peterman et ál. , 2020}). Sin embargo, a diferencia de estos acontecimientos, en estos momentos las mujeres sometidas a violencia de pareja se han visto limitadas para huir o acceder a herramientas de protección, lo que hace que hayan podido sentirse forzadas a desistir y no tomar las medidas correspondientes, sometiéndose a riesgos cada vez peores.

Es por esto qué la pregunta que sigue latente es ¿frente a este panorama existen acciones que se puedan proponer desde una perspectiva de género, para contribuir a la reducción de la violencia durante estos tiempos de alistamiento obligatorio? En este punto hemos recopilado algunas propuestas que, desde la literatura disponible, se han hecho para afrontar esta situación. Por un lado, ^{Peterman et al (2020)} proponen que es importante mantener las líneas telefónicas, canales digitales, prensa, radio y televisión activos como un medio para que las víctimas accedan a servicios legales y medico sanitarios, incluso en medio de confinamiento. Por otro lado, ^{Vázquez-Correa (2020)} propone que las instituciones gubernamentales diseñen e implementen protocolos de atención integrales con enfoque de género y de derechos humanos que le permitan disminuir las secuelas generadas por el Covid-19 en la vida de las mujeres. También, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU mujeres, lanzó una petición en abril de 2020 donde solicitaba a los estados que los refugios y las líneas de atención y denuncia deben ser considerados un servicio esencial, por lo tanto, se debe garantizar su acceso, incluso en confinamiento, y que adicionalmente, deben contar con financiación específica que sirva para mejorar sus servicios y difusión. En cuanto al sector privado, ONU mujeres también ha lanzado algunas peticiones, como lo han sido: ser multiplicadores positivos de las campañas que se propongana nivel estatal, compartir información sobre las líneas de atención, alertar al personal de hechos y peligros relacionados con la violencia doméstica y fomentar iniciativas positivas como el reparto de tareas de cuidado en casa.

Es importante mencionar que, aunque en algunos países se ha dado fin al confinamiento obligatorio, en otros se ha iniciado una segunda ola (^{Méndez Ardila, 2020}). Es por esto, que no podemos bajar la guardia y debemos empezar a visibilizar las líneas de atención; en el caso de Colombia tenemos la línea 155 a nivel nacional, y en el Atlántico la línea #702. También debemos estar preparados al momento de detectar un caso y, en la medida de nuestras posibilidades, brindar refugio, hacer acompañamiento telefónico, sin señalamientos o juzgamientos. Por último, resulta importante no normalizar las situaciones de violencia tomándolas como una reacción normal en respuesta al estrés generado por el confinamiento. En ningún caso la violencia se debe justificar.