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Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica

versão impressa ISSN 0123-4226

rev.udcaactual.divulg.cient. vol.20 no.2 Bogotá jul./dez. 2017

 

EDITORIAL

FINANCIACIÓN O DESFINANCIACIÓN- INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN ¿QUÉ EXISTE PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

Germán Anzola Montero1

1Rector

Son varios los "Estudiosos" de las Universidades colombianas, que se han puesto en la labor de analizar la actual situación del desarrollo de la Educación Superior en el país y sus posibles efectos.

Con esta premisa, surgen ciertos interrogantes sobre el tema, que dan soporte a ese derecho fundamental, que es el de acceder a la educación. El primero ¿quién habla del financiamiento de la Universidad Privada, cuando tiene obligaciones y deberes frente a la sociedad colombiana? La segunda, ¿quién explica las diferencias tan marcadas o significativas que se advierten entre los valores de las matrículas de Universidades privadas de "mayor desarrollo relativo" frente a Universidades de reciente reconocimiento como tales? Una tercera es ¿quién enuncia lo que se determina como exigencias que tienen que cumplir las Universidades de excelencia o de "menor desarrollo"? Y dos inquietudes más: ¿quién financia la investigación de las Universidades jóvenes? y, ¿quién fomenta y apoya la actividad investigativa en las Universidades privadas "de menor desarrollo"? Para contextualizar la idea, entendemos por Universidades de "menor desarrollo relativo", aquellas que está en proceso de consolidación académica e institucional, dados sus años de experiencia.

Las Universidades basan su preocupación en la reciente promulgación que hizo el Gobierno Nacional, al proferir que el presupuesto para Colciencias, para el 2018, será de $339.000 millones, lo que indica, una reducción del 11%, frente al presupuesto que esta entidad tuvo en 2017, situación que suscitó indignación entre la comunidad académica y científica del país. Y no es para menos, pues, desde ya, se visualizan ciertas consecuencias negativas, no solo para ciencia, tecnología e innovación, sino para otros estamentos que complementan el quehacer académico e investigativo de las Universidades: la planta docente con alta formación y aquella en formación, los grupos de investigación, infraestructura académica y científica y más. Si se analiza el panorama, respondería a lo que señaló el Rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela Barrios, en el artículo que publicó el Diario El tiempo, el 24 de agosto de 2017, titulado Univalle critica el recorte de recursos para Ciencia y Tecnología: "Las medidas de restricción del gasto en ciencia y tecnología son contrarias a la política de Estado de convertir a Colombia en la nación más educada de América Latina al 2025".

Las Universidades, en general, se hallan inquietas por esta situación -para ir respondiendo a las interrogantes planteados-. Bien se conoce, que algunas IES reciben aportes directos de la Nación, de entidades territoriales, de recursos provenientes de estampillas pro universidad, apoyo de Colciencias para sus proyectos y aquellos de fomento dirigidos desde el Ministerio de Educación Nacional, de los recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), entre otros; sin embargo, ¿qué le espera a aquellas Universidades privadas, que solamente basan su financiamiento de la dependencia económica de sus matrículas?

A grandes rasgos, las Universidades privadas soportan su estructura financiera así: un 80-90% de los recursos totales son generados por ingresos académicos, donde el 70-80% equivalen a matrículas. De ese porcentaje, un 60% se dirige a gastos de funcionamiento; un 30% a inversiones de dotación, investigación y adecuaciones de planta física; el 3% a bienestar universitario y el 7% restante, a programas de expansión y desarrollo institucional; sin embargo, el índice de costos de educación superior privada y las tasas de incremento, no son favorables para la Universidad Privada, según lo reporta el DANE, en su Boletín Estadístico, referente al Índice de Costos de la Educación Superior - ICES (2016). En resumen, la calidad de la docencia, realizar inversiones en tecnologías de aprendizaje y enseñanza, fortalecer la investigación, estructurar nuevos programas y generar el desarrollo institucional depende, en gran proporción, de los ingresos, exclusivamente, por la matrícula.

También se conocen otros modelos de financiación para las Universidades privadas, como el Fondo de Desarrollo a la Educación Superior -FODESEP-, en busca de crédito de libre inversión, para adquisición de bienes tangibles, para la realización de obras de infraestructura; el de FINDETER, con recursos de cofinanciación, que promueven programas y proyectos de educación, cultura y deporte; al Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías (SGR), que facilita el acceso a recursos o, el más sonado, Ser Pilo Paga, donde los aspirantes seleccionados escogen la Universidad -acreditada- "de su elección" para adelantar los estudios superiores. Todos ellos son posibles escenarios viables, pero aquí viene el otro interrogante: ¿cuánto y cuándo una universidad privada -de "menor desarrollo"- y sin Acreditación Institucional puede acceder a estos tipos de financiamiento?

La Universidad -privada o pública- consigue, en el ejercicio de sus actividades de formación, de investigación y de proyección social, su compromiso con la calidad, con la excelencia y con la eficiencia, para responderle a la sociedad, pero requiere de financiación, indispensable para optimizar la calidad de sus programas académicos, para capacitar a sus docentes, para invertir en ciencia y tecnología y para robustecer su infraestructura. Las IES privadas, especialmente aquellas que son jóvenes o de reciente reconocimiento, en la búsqueda de ese mejoramiento continuo, hace buen uso de sus fuentes propias de financiación; no obstante, esto no basta, pues se requiere poseer el título de UNIVERSIDAD CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD, para acceder a otras fuentes de financiación externa, como tampoco es competente poseer programas académicos con ALTOS NIVELES DE CALIDAD, que soportan la excelencia académica. Entonces, ¿quién financia a estas Universidades?

Dos cuestiones específicas: La primera, que se refiere a los ingresos por matrículas que, para el caso de las Universidades de "menor desarrollo", no son suficientes para su crecimiento, puesto que, una gran mayoría, los valores de sus matrículas son bajos, comparados con los de las Universidades privadas y acreditadas. El Observatorio de la Universidad Colombiana, en el documento "Valores de matrículas de programas profesionales en instituciones privadas 2017", analiza los costos de las matrículas de los programas profesionales más recurrentes; un ejemplo: 121 instituciones colombianas ofrecen el programa de Administración de Empresas, donde una Universidad privada y Acreditada -con programa acreditado- cobra por la matrícula más de $15 millones de pesos, es decir, 20,8 salarios mínimos legales vigentes, mientras que en otra, que no es acreditada, pero su programa sí, el valor es $2.000.000 (2,80 s.m.l.v.), entonces, las posibilidades de inversión son, aproximadamente, 7 a 8 veces más para la Acreditada, sin contar que, además, recibe apoyo económico, por parte de entidades del Estado y la empresa privada.

Y el segundo asunto y que requiere de un serio análisis, es el programa "Ser Pilo Paga", una iniciativa en la que surgen más puntos diferenciadores y negativos y, a mi modo de ver, excluyentes. Seguramente, el sueño de los estudiantes beneficiarios del mismo es estudiar en las mejores universidades del país o poder tener una educación o formación de alta calidad, en los programas de su interés. Ser Pilo Paga es un programa que está orientado para que -exclusivamente- puedan acceder las Universidades Acreditadas, lo que nos hace preguntar, ¿qué pasa con las instituciones que tienen muchos de sus programas acreditados de Alta Calidad, pero no cuentan con Acreditación Institucional?, ¿el programa no paga la "pilera" de estas carreras?, ¿es la excelencia académica relativa cuando los programas de formación universitaria son acreditados de alta calidad, pero no así sus instituciones?, ¿qué pasa cuando hay Universidades con mayor cantidad de programas acreditados de alta calidad, que no cuentan con acreditación institucional, pero hay Universidades con acreditación institucional sin tantos programas de alta calidad?

El mejor talento colombiano tiene el derecho de abrigar la posibilidad de formarse LIBREMENTE en los mejores programas existentes, sin la exclusión de si la Universidad tiene o no acreditación institucional. Establecer una especie de competencia entre las Universidades Privadas y las Públicas y, a su vez entre las acreditadas institucionalmente y las que no lo son, hacen de "Ser Pilo Paga", un programa excluyente, que no brinda la libertad suficiente a sus beneficiarios, de escoger entre la amplia gama de programas de calidad, que existen en Colombia.

Si bien la tasa de cobertura en el país, en el 2016, fue del 51,5%, vale la pena inspeccionar en dónde se concentró esa cobertura: ¿Está siendo equitativo el Ministerio con la oferta de calidad que tiene el sistema educativo superior del país?,¿qué pasa cuando recursos públicos son destinados a pagar matrículas exageradamente costosas para un programa que tiene un par -de alta calidad- a un menor costo? Estamos frente a un innegable escenario: con lo que se podría beneficiar a más de un estudiante, se está financiando solo a uno, justamente, por el alto costo de la matrícula. Preexiste una falsa creencia sobre lo que es más costoso es mejor.

En la actualidad, Colombia cuenta con 44 Instituciones de Educación Superior con Acreditación Institucional, frente a 288 que registra el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES- (Tabla 1). En ellas, recae un sinnúmero de beneficios, que les permite vanagloriarse y hasta ubicarse en ranking nacionales e internacionales, datos que, sin duda, desconocen la verdadera situación educativa del país. Algunas de estas subvenciones, se detallan a continuación, entre otras:

    - Acceso a becas y créditos del Estado.

    - La investigación se fortalece, por el establecimiento de convenios y de alianzas estratégicas con entidades y grupos de investigación nacionales e internacionales, de universidades acreditadas.

    - Acceso a convenios internacionales.

    - Vinculación a programas gubernamentales, como el de 'Ser pilo paga'.

    - Financieramente, se captan recursos adicionales por parte del Ministerio de Educación Nacional, ya que las universidades acreditadas son acreedoras a éstos, a di- ferencia de las No Acreditadas.

    - Homologación de títulos internacionales.

    - Los profesores tendrán fácil acceso a convocatorias gubernamentales sobre becas, por parte de COLCIENCIAS.

Entonces, ¿para qué sirve la acreditación? Según el Consejo Nacional de Acreditación -CNA- (2017), sirve para:

    - Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior.

    - Ser un mecanismo para que las Instituciones de Educación Superior rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan.

    - Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el servicio público de educación superior.

    - Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su misión, sus propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución y la Ley, y de acuerdo con sus propios estatutos.

    - Propiciar el auto-examen permanente de las instituciones y programas académicos en el contexto de una cultura de la evaluación.

    - Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de las instituciones y de los programas de educación superior.

    - Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel superior y alimentar el Sistema Nacional de Información creado por la Ley.

    - Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita objetivar el sentido y la credibilidad de su trabajo y propiciar el reconocimiento de sus realizaciones.

Infortunadamente, ser el "país más educado de Latinoamérica" supone concentrar la formación del talento colombiano en estas 44 IES y no apoyar a las Universidades con programas de alta calidad, en vía de desarrollo superior. ¿Cómo propender por una educación superior inclusiva cuando la base del mismo sistema es excluyente? La acreditación institucional ha dejado de ser un acto voluntario para convertirse en una acción coercitiva, en donde el acceso a recursos públicos y con mayores oportunidades de crecimiento, se ven supeditados a ésta ya ineludible condición.

Con estas razones, finalmente se vale preguntar ¿todas las Universidades no hacemos este ejercicio de cumplimiento de un proyecto de aseguramiento de la calidad?, ¿no aplicamos mecanismos eficaces de autorregulación y autoevaluación?, ¿no rendimos cuentas a la sociedad colombiana?, ¿no damos fe pública de la excelencia?, ¿será necesario que tengamos entes que midan esta excelencia?, ¿por qué la acreditación institucional ha pasado a convertirse en un imperativo? Las respuestas a estos cuestionamientos las dejo en manos de la Comunidad Universitaria del país.

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