La protección al débil jurídico como criterio interpretativo de los contratos por adhesión en Cuba^*

Protection of the weacker party as interpretative principle of standard contracts in Cuba

Arsul José Vázquez Pérez^**

^**Magíster en Derecho Civil y Familia. Profesor auxiliar de Derecho Civil, Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. Contacto: arsul@fd.uo.edu.cu

^*Fecha de recepción: 8 de abril de 2014. Fecha de aceptación: 25 de agosto de 2014.

Resumen

Este trabajo pretende evaluar los aspectos positivos y negativos de la protección a los sujetos adherentes, frente a cláusulas dudosas o leoninas en el derecho positivo cubano, a partir de las expresiones del favor debilis como principio interpretativo en la contratación masiva. Para alcanzar dicho propósito se estudian someramente las figuras del favor debitoris y del favor debilis en la doctrina, así como algunos textos legales de otros países. Además, se analizan los criterios interpretativos más importantes que, guiados por el principio del favor debilis, deben aplicarse a los supuestos de cláusulas abusivas y cláusulas ambiguas. Finalmente, se realiza una crítica a las virtudes y deficiencias que el autor considera oportunas de acuerdo con las normas vigentes en el ordenamiento jurídico cubano.

Palabras clave: Favor debilis; cláusulas ambiguas; cláusulas abusivas.

Abstract

This paper intends to assess the positive and negative aspects of adhering party's protection against dubious or unfair clauses in the Cuban Law; On the basis of the expressions of favor debilis as interpretative principle for the standardized mass contracts. To achieve this purpose, the author has briefly studied the figures of favor debitoris and favor debilis in doctrine and some statutory norms from other countries. Moreover, the most important interpretive criteria are analyzed, which guided by the principle of favor debilis, should apply to cases of unfair terms and ambiguous clauses. Finally, this article evaluates the strengths and weaknesses that the author considers relevantes, according to the current Cuban legal system.

Keywords: Favor debilis; ambiguous clauses; unfair terms.

Sumario

Introducción. I. Dos criterios interpretativos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales: del favor debitoris al favor debilis. II. El destino de las cláusulas oscuras en la misión del intérprete. III. Cláusulas abusivas - favor debilis. Cuestiones interpretativas. IV. La protección al débil jurídico como criterio interpretativo de los contratos por adhesión en Cuba. Conclusiones. Bibliografía.

Introducción

La contratación masiva es el eje central de un proceso de cambios que trasciende el liberalismo de los siglos XVIII y XIX. Los clásicos fundamentos de la contratación se deshacen con los años. Cierta clase de deudores fuertes imponen sus condiciones a una extraña masa de acreedores débiles, para el acceso a bienes y servicios de los cuales poseen el control absoluto.

Los poderes públicos han desarrollado fórmulas para restablecer el equilibrio y proteger a los menos favorecidos en estas relaciones contractuales. De esta manera, se busca atenuar los efectos negativos de ambigüedades y cláusulas leoninas que les impiden realizar sus derechos. Como criterio interpretativo, el favor debilis entra en escena para conjurar los peligros que entraña la comercialización estandarizada de bienes y servicios.

Cuba, en su particular contexto, es un ejemplo que conjuga elementos contradictorios. Por un lado, un Estado que intenta construir un modelo alternativo al capitalismo, cuya meta suprema es la justicia social. Por el otro, una realidad económica regida por empresas estatales, un grupo de cooperativas emergentes¹ y los privados autorizados², que posicionan en el mercado servicios y productos sin adecuada correspondencia entre precio y calidad. Así, la inexistencia de leyes especiales, protectoras de los derechos de usuarios y consumidores, complica la situación y aumenta la vulnerabilidad de estos.

Si bien han sido promulgadas normas que muestran avances en relación al tema³, todavía el débil jurídico no cuenta con la tutela adecuada para exigir el cumplimiento de las obligaciones de su contraparte. Es preciso avanzar, en aras de la justicia social, hacia la creación y consolidación de un sistema integral, defensor de los derechos de quienes están obligados a seguir las pautas de empresarios y proveedores.

Es intención de este trabajo evaluar los aspectos positivos y negativos de la protección a los sujetos adherentes, frente a cláusulas dudosas o leoninas en el derecho positivo cubano, esto a partir de las expresiones del favor debilis como criterio interpretativo en la contratación masiva.

I. Dos criterios interpretativos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales: del favor debitoris al favor debilis

La relación favor debitorisfavor debilis conforma un binomio en el cual se pueden leer las claves evolutivas del derecho de obligaciones y de contratos. La construcción jurídica de ambos puede ser identificada con el proceso de humanización del derecho, por el perfil equitativo que muestran respecto a la creación, modificación y extinción de los derechos crediticios⁴.

El favor debitoris remonta sus orígenes a Roma, y su característica definitoria es la de suavizar la posición del deudor, en circunstancias afines con el cumplimiento de las obligaciones. Los ordenamientos jurídicos registran una gran diversidad de formas mediante las cuales suele expresarse⁵: el deudor no está obligado a asumir con todo su patrimonio el cumplimiento de sus obligaciones, pues el derecho le reserva una cuota inembargable, para que pueda mantener una existencia decorosa⁶; la presunción general de considerar mancomunadas las obligaciones con pluralidad de deudores y la facultad de elección concedida al deudor en las obligaciones alternativas, salvo pacto en contrario; la imputación de pagos, el ofrecimiento y consignación de bienes; las fórmulas que habilitan la revisión judicial del contrato; si sobrevinieran circunstancias posteriores e imprevisibles a este, que lo hagan excesivamente oneroso; y como principio hermenéutico, se configura como un recurso que actúa en contra del acreedor cuando este vulnera los deberes elementales de la buena fe.

A pesar de la multifuncionalidad del axioma, analizaré su dimensión hermenéutica, pues constituye un aspecto relevante y escasamente abordado. En este sentido, es criterio de Castán Vázquez⁷ que el favor debitoris se revela como intención constante de suavizar la frágil posición del deudor, pero solo en aquellos casos dudosos donde las relaciones entrañan alguna consecuencia patrimonial.

La idea de reducir la carga del deudor en la interpretación de declaraciones imprecisas se asienta en los deberes de lealtad que genera el principio de la buena fe y el justo equilibrio⁸. Por tanto, siempre que existan dudas en un contrato sobre la entidad de la obligación del deudor, esta debe ser la de menor rango; si las dudas estuviesen referidas a la vigencia o extinción de la obligación del deudor, entonces debemos inclinarnos por la desaparición del vínculo.

El favor debitoris⁹ está vinculado con la evolución de la regla hermenéutica interpretatio contra proferentem¹⁰. Es notable el parentesco de ambas instituciones según reseña el jurisconsulto Pothier¹¹ en su regla séptima: "En caso de duda, la cláusula debe interpretarse contra el que estipuló alguna cosa, y a favor del que ha contraído la obligación. El acreedor debe imputarse a sí mismo el no haberse explicado con más claridad". Así, los efectos perniciosos de la ambigüedad actúan desfavorablemente sobre el derecho de crédito¹². Entre otras razones, porque el redactor, con su declaración imprecisa, deja fisuras que le permiten evadir sus deberes de lealtad, probidad y colaboración, vulnerando la confianza de su contraparte en el actuar sensato y equilibrado¹³.

En la concepción tradicional, la idea de deudor es muy cercana al concepto de vulnerabilidad¹⁴. Por tanto, lo más lógico es protegerlo, siempre que las circunstancias sean propicias para generar la ocasión de una eventual lesión a sus derechos o el abuso del acreedor, a partir de alguna situación de evidente oscuridad en la determinación de sus responsabilidades¹⁵.

Por mucho tiempo esta fue una verdad inmutable, pero los antiguos puntos de equilibrio no funcionan del todo en la actualidad¹⁶. El progreso tecnológico-productivo y la necesaria agilidad en el comercio¹⁷ han generado una brecha favorable para quienes ostentan el control en la oferta de bienes y servicios. Esta situación les permite imponer términos plagados de ambigüedades o abusivos. En tales circunstancias, la interpretación del contrato debe realizarse en favor del adherente o consumidor¹⁸, que es la parte débil del contrato.

La debilidad jurídica es consecuencia de una diversidad de situaciones que afectan al sujeto. Las causas más comunes están asociadas al desconocimiento, la necesidad, el miedo, la enfermedad, el aturdimiento y la pobreza. No obstante, el argumento fundamental de dicho estatus radica en la imposibilidad de los sujetos para acceder a la negociación. Por ello, el derecho ha instituido la figura como una solución solidaria cuyo punto de partida es el principio de la buena fe¹⁹.

El favor debilis se activa siempre que las dudas sobre una cláusula o término contractual sean de tal entidad que las demás reglas no permitan obtener un resultado confiable, o se verifique la imposibilidad de aplicarlas al caso concreto. La solución propuesta ofrece la posibilidad de que se interpreten en favor de la parte débil cláusulas ambiguas suscitadas en un contrato predispuesto.

A pesar de que algún autor²⁰ sostenga que el favor debilis no alcanza supuestos distintos de las cláusulas ambiguas, en la realidad el principio trasciende ese punto de vista. Al lado de la oscuridad contractual se presenta el ejemplo que sanciona con la ineficacia aquellas cláusulas abusivas, degradantes del equilibrio contractual y la libertad del adherente. Así, la preservación del balance razonable entre deberes y derechos de las partes es lo más relevante para el intérprete, relegándose a un segundo plano la determinación de la voluntad común en una cláusula²¹. Ambas manifestaciones son nítidas expresiones del favor debilis como principio hermenéutico, con significativa trascendencia en materia de cumplimiento de las obligaciones.

II. El destino de las cláusulas oscuras en la misión del intérprete

La calificación de cláusula oscura está reservada para aquella que admite más de un sentido²². Determinar su significado plantea una dificultad más o menos intensa si se tiene presente que la ambigüedad es relativa y depende, en gran medida, del contexto de emisión de la voluntad, de las características del sujeto emisor y de aquellos a quienes va dirigida esa expresión.

En el ámbito de los contratos basados en condiciones generales, las cláusulas oscuras permiten al predisponente atribuirse facultades o derechos que no encuentran una contrapartida visible. El precario equilibrio contractual se destruye, y se confirma la inexistencia de la capacidad negociadora del adherente. Las obligaciones normalmente atribuidas a la parte fuerte adquieren un matiz vago, y se trasladan a la esfera patrimonial de la contraparte los efectos negativos. Situación que se produce a partir de las condiciones creadas por el oferente de un producto o servicio, y que buscan generar un estado de supuesta protección mutua de intereses. Donde el adherente, considerando que no será afectado por el predisponente, emite su consentimiento.

Tras la aparente novedad de las fórmulas contractuales predispuestas, no existe interés por crear modalidades más eficientes y justas, el único propósito es maximizar ganancias y reducir costes²³. Este proceder es desleal²⁴ y muestra la necesidad de protección a los sujetos no profesionalizados del comercio, toda vez que la concepción de la autonomía de la voluntad no responde a las exigencias de la contemporaneidad, ocupando el rol primordial la confianza²⁵.

A la forma en que deben ser interpretados los términos oscuros en los contratos por adhesión dedicaré estos comentarios. La tarea adquiere un carácter relevante de cara a las opciones disponibles para el intérprete, a quien corresponde garantizar o restablecer el equilibrio contractual, en las relaciones donde los sujetos presentan una condición desigual.

La interpretatio contra proferentem²⁶ es un axioma que asienta sus bases en la buena fe²⁷, y goza de un amplio reconocimiento en códigos civiles, leyes e instrumentos internacionales²⁸. No se trata de una auténtica regla de interpretación²⁹, cuyo objeto es descifrar el contenido de la declaración de voluntad. Al contrario, su mandato está orientado a que los resultados de la interpretación se dirijan en contra del redactor.

Mientras no se desarrolló la contratación masiva, este criterio era prácticamente inaplicable³⁰. Su real efectividad vino de la mano del artículo 1370 del Código Civil italiano de 1942, adquiriendo la finalidad de proteger al contratante débil en los negocios predispuestos.

La percepción de que esta regla es la expresión concentrada del principio favor debilis³¹ está lejos de ser cuestionada. Sin embargo, estaría por ver cuál de las opciones que ella plantea es más beneficiosa para el sujeto en desventaja³². En una primera hipótesis, el juez advierte el sentido más conveniente al predisponente pero invierte la eficacia, al entender su significado de forma que la parte fuerte no se aproveche de la ventaja latente en la ambigüedad. La segunda variante no invierte la eficacia, sino que el intérprete pondera los efectos lesivos manifiestos en la oscuridad y procede a declarar la nulidad por abusiva. Un dilema ético está planteado: ¿por qué razón dotar de eficacia a una disposición creada para obtener provechos ilegítimos? Considero, con Benitez³³, que la elección debe estar supeditada a la consecuencia que genuinamente otorgue mayores ventajas al adherente.

La afirmación podría levantar alarmas entre los defensores de la conservación del contrato, pero este es un principio concebido para la contratación paritaria. No se trata de interpretar en contra del redactor, como aconseja la regla originalmente concebida, sino de transformar definitivamente el enfoque. Lo trascendental hoy es interpretar la oscuridad en favor del débil jurídico³⁴, en otras palabras: in dubio pro adherente. Principio que adquiere una doble dimensión interpretativa en los contratos por adhesión, pues resulta aplicable al supuesto de cláusulas leoninas, donde aquella que sea señalada como abusiva por el adherente impondrá la carga de la prueba al predisponente, para demostrar que no hay abuso³⁵. Con todo, es cuestionable la sobrevivencia de una declaración que busca lucrar con la confusión de los otros.

El peso de los principios aplicables al caso es lo que debe determinar la viabilidad de la solución, a los fines del cumplimiento contractual. Por un lado tenemos el disimulado abuso, a través de una cláusula oscura, y por el otro, el favor debilis, los deberes contractuales de información correcta y oportuna, de hablar claro, y la necesidad de mantener el equilibrio de las prestaciones.

III. Cláusulas abusivas - favor debilis. Cuestiones interpretativas

El parentesco entre la regla que orienta a evitar que el predisponente se beneficie con la ambigüedad y el principio favor debilis es innegable. De la interpretatio contra proferentem se ha transitado a la concepción in dubio pro adherente. Sin embargo, la evaluación del supuesto de las cláusulas abusivas y su destino irrevocablemente nulo no parece estar incluido como manifestación hermenéutica del principio protector del débil jurídico por algunos autores³⁶.

Las definiciones más comunes de cláusulas abusivas, vejatorias o leoninas otorgan relevancia a los efectos centrales derivados de su aplicación. No sería casual considerar como tales aquellas impuestas unilateralmente en detrimento del adherente, que favorecen de manera exorbitante al predisponente y provocan un desequilibrio contrario a la buena fe entre los derechos y las obligaciones de los contratantes³⁷.

Los ejemplos de cláusulas leoninas son numerosos. La lista puede ser larga, pero nos atendremos a las más comunes. Así destacan: 1) La inclusión de condiciones o términos ilegibles; facultad unilateral del predisponente para: interpretar o modificar elementos del contrato y su régimen de cumplimiento³⁸; resolver o extinguir el contrato; retener las cantidades abonadas, si el contrato no llega a ejecutarse. 2) La prohibición o limitación del ejercicio de acciones por el adherente en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del predisponente. 3) La imposición de la renuncia al ejercicio de acciones judiciales y el establecer cláusulas de arbitraje. 4) La limitación de los medios de prueba o inversión de la carga de la prueba contrariando al derecho aplicable. 5) La liberación del predisponente de la responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso. 6) La inclusión de términos de prescripción inferiores a los regulados por ordenamiento jurídico. 7) El imponer al débil jurídico la consideración como caso fortuito de circunstancias que no poseen esa entidad, a fin de liberar al predisponente de responsabilidad por incumplimiento. Se incluyen las que excluyen la responsabilidad de la parte fuerte por incumplimiento o cumplimiento defectuoso, atribuido al comportamiento de mandatarios o auxiliares; así como imponer plazos extremadamente reducidos para el ejercicio de la reclamación³⁹.

Las cláusulas leoninas no atacan exclusivamente la buena fe y el equilibrio en los contratos, sino que vulneran principios como la intangibilidad contractual, la seguridad jurídica o el deber de no causar daño a otro sin causa legítima. En este sentido, no pueden evitarse algunas reflexiones en relación al efecto pernicioso de estas sobre el derecho dispositivo. Es característica de la legislación común ofrecer una serie de directivas lógico-funcionales que guíen el proceso de creación, modificación y extinción de los actos jurídicos. Si bien esta no posee una esencia impositiva, sí establece los requisitos mínimos de las manifestaciones jurídicas, los cuales no pueden ser apartados de manera arbitraria e inequitativa. Los sujetos deben respetar, en sus términos básicos, el modelo diseñado por el legislador para la figura seleccionada. De otro modo se produciría el desmontaje de la institución y, consecuentemente, la vulneración de la ley⁴⁰.

Al respecto, llama la atención el criterio de algunos autores para quienes las cláusulas abusivas no entrañan directamente una violación de la legalidad⁴¹. No es posible entender el concepto de cláusula leonina si ubicamos sus implicaciones fuera del terreno de la ilegitimidad. El comportamiento abusivo⁴² es per se ilegítimo. El hecho de que las normas no establezcan la nulidad radical de tales declaraciones no les confiere legalidad, pues ellas mismas entrañan la ruptura de principios y valores que inspiran el orden legal. Cuestión diferente es el alcance de la ineficacia, pues el contenido de una disposición contractual puede estar afectado parcialmente. En ese caso deberá declararse nula la terminología lesiva, subsistiendo la parte que no adolezca de dicha característica.

La postura asumida por numerosos ordenamientos jurídicos⁴³ prohíbe, nulifica o considera excluidas del contrato aquellas condiciones en las cuales se verifique el carácter abusivo. Ante tal vicisitud la integración de los vacíos provocados por la declaración de nulidad se hace inevitable⁴⁴ y sus efectos se producen ipso jure. Ello, siempre que la cancelación de los efectos de una cláusula no provoque la nulidad de todo el contrato. El intérprete será el capacitado para determinar el alcance de la declaración de nulidad, al que siempre le estará vedado reconstruir la cláusula que ha declarado ineficaz porque la misma está fuera del acuerdo ab initio.

El fenómeno de la atipicidad no escapa a este esquema, pues el carácter innominado de una figura contractual no justifica la transgresión del modelo reconocido por el derecho. En cualquier caso, la figura contractual atípica, deberá respetar los estándares de validez y eficacia diseñados para cada uno de los elementos que conforman su estructura.

Las implicaciones hermenéuticas del favor debilis frente a las cláusulas abusivas son evidentes⁴⁵. En especial el procedimiento que desencadena la declaración de nulidad, donde debe determinarse si el contenido predispuesto contradice la buena fe; pero esencialmente si los efectos que producirá van en detrimento del adherente y generan provechos desmedidos para el empresario-predisponente. Así, la nulidad es solo el primer paso de un camino que busca restablecer el equilibrio entre las partes. Del esquema predispuesto, irrespetuoso de las garantías mínimas, se transita al tutelaje ordinario, lo cual implica el desmontaje de los exorbitantes privilegios del empresario y la restitución, al débil jurídico, de las prerrogativas que habitualmente concede el ordenamiento jurídico a los iguales.

IV. La protección al débil jurídico como criterio interpretativo de los contratos por adhesión en Cuba

En Cuba, la brecha entre el adherente y quienes ofertan bienes y servicios, lejos de disminuir, se ha consolidado. Lo demuestran constantemente las características de los productos, su calidad y las condiciones onerosas en las que se ofrecen. Elementos que, conjugados con una diversidad de factores, aconsejan sobre la urgencia de implementar un sistema eficiente de protección a los derechos de los sujetos no profesionalizados del comercio⁴⁶.

Sin embargo, la ausencia de leyes específicas no implica que el orden jurídico carezca de respuestas paliativas. No puede negarse que en los últimos años se han creado condiciones favorables para la aplicación del favor debilis. De ello dan cuenta los decretos leyes 263/2008 y 304/2012, del Contrato de Seguro y de la Contratación Económica, respectivamente. Tales normativas refuerzan la presencia de principios reconocidos por el Código Civil de 1987, proveedores de argumentos para la defensa de quienes padecen el quebrantamiento de la buena fe o el ejercicio abusivo de derechos⁴⁷.

En lo que puede ser considerado el inicio del sendero hacia la adecuada protección de los sujetos más vulnerables en la contratación masiva, el Decreto Ley 263/2008 reconoce la existencia de cláusulas lesivas a los intereses del adherente. Para la ocasión emplea la nomenclatura de asegurado, por la especialidad de la norma, para referirse a la parte débil en la relación contractual, lo cual limita el alcance de su aplicación.

Si bien es correcta la forma de ineficacia que sanciona los supuestos contenidos en el artículo 58 de dicho decreto ley y otros que, por su propio ministerio, se encuentran a lo largo del texto legal, considero poco recomendable el estilo casuístico de la técnica empleada. De este modo, los primeros apartados singularizan de manera excesiva, en una suerte de ejemplificación; mientras que el tercero de los supuestos, convertido en manido saco legislativo, es la receta generosa que podría salvar a los ciudadanos de los formularios leoninos que no han podido preverse. Además, no se les denomina claramente como cláusulas abusivas; recurso que desaprovecha el legislador sin que pueda develarse el motivo para rehusarlo. Para una mejor comprensión, reproduzco el precepto:

Artículo 58.- Además de las expresamente contenidas en este texto legal, las entidades de seguros no podrán incluir cláusulas, so pena de que sean declaradas nulas por la Superintendencia de Seguros o por el tribunal, que:

1) modifiquen, unilateralmente, las condiciones de contratación consignadas en las pólizas de seguro o modifiquen la prima;

2) subordinen la efectividad del pago o del servicio a la aceptación de otras prestaciones o servicios complementarios;

3) impongan condiciones discriminatorias o lesivas para el asegurado;

El tercer apartado no sería un problema, si el legislador hubiese incorporado una definición general de lo que puede entenderse por condiciones discriminatorias o lesivas. Al respecto, pareciera que los primeros apartados no poseen la condición de lesivos, lo cual es incorrecto. Precisamente, ellos encuadran dentro de los supuestos considerados como abusivos en la contratación masiva. Debió preferirse la redacción de un precepto general, caracterizador de las cláusulas leoninas, con el objetivo de ofrecer un marco protector coherente en defensa del asegurado. Unido a lo anterior, la dispersión de otros casos⁴⁸ potencialmente discriminatorios o lesivos, que debieron fundirse o agruparse en este artículo, acentúa las deficiencias sistemáticas descritas.

Significativo es el principio inspirador, restrictivo de la condición ventajosa de la entidad aseguradora, al disminuir la brecha que oprime al asegurado frente a eventuales facultades omnímodas de su contraparte. El legislador acude a la máxima interpretativa del favor debilis para evitar el desequilibrio contrario a la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones.

El decreto ley en cita es también prístino en la inclusión de reglas para la interpretación de algún tipo de contrato por adhesión. Además, asume como máxima hermenéutica la debilidad jurídica del adherente para atribuir significado a una declaración de voluntad confusa. Así, el artículo 59 del Decreto Ley 263/2008 establece en su tercer apartado:

Artículo 59.- La interpretación del contrato de seguro se atendrá a las siguientes reglas:

(...)

3) las cláusulas que no sean claras o sean ambiguas se interpretarán a favor del asegurado o del beneficiario y, en consecuencia, se considerarán válidas las cláusulas que sean más beneficiosas al asegurado.

En un intento por capitalizar la regla in dubio pro adherente, el precepto se auxilia de la interpretatio contra proferentem y el favor debilis para alcanzar el resultado esperado. La técnica elegida es un tanto deficiente, debido a la redacción abigarrada, en la que no se precisan con claridad los efectos jurídicos de las situaciones descritas en el caso.

La primera parte del precepto: "las cláusulas que no sean claras o sean ambiguas...", sugiere la diferenciación entre términos incomprensibles y aquellos que admiten una pluralidad de significados. Punto de vista que se fundamenta con la inclusión de la conjunción disyuntiva "o". Si lo anteriormente dicho es correcto, entonces se trata del primer supuesto de cláusula abusiva reconocido por las legislaciones foráneas y la doctrina, pero el particular no se identifica rotundamente en el cuerpo legal y se deja terreno para la aplicación errónea. Debe considerarse además que el legislador no declaró en el artículo 58 la nulidad de las cláusulas ilegibles. La norma se limita en el artículo 19^[49] a exigir la claridad y fácil lectura del documento contentivo de la póliza, lo cual es una de las ambigüedades más evidentes que aflora de la sistemática legal.

El problema podría ser salvado si se acepta en plenitud el principio in dubio pro adherente. Asumirlo sin cortapisas implicaría la posibilidad de que el asegurado/beneficiario señale como lesiva para sus intereses la ilegibilidad de un término o cláusula del contrato, quedando la predisponente en el deber de probar el carácter no abusivo de la estipulación. Por tanto, no serán válidas en ningún caso las cláusulas predispuestas que no puedan entenderse porque contradicen el principio favor debilis.

En el caso de la ambigüedad, que no es más que la posibilidad de entender una disposición del contrato en más de un sentido, la interpretación se realizará seleccionado aquel sentido más favorable al asegurado. No sin antes introducirnos en el debate, ya reseñado, de si conviene más al débil jurídico la declaración de nulidad de la cláusula por abusiva, que dotarla de una eficacia presuntamente favorable a él, mediante la selección del significado de mayores beneficios.

Pero no terminan los problemas del artículo 59.3 del decreto ley en cuestión. Este apartado contiene en su última parte la siguiente expresión: "... y, en consecuencia, se considerarán válidas las cláusulas que sean más beneficiosas al asegurado". Esta expresión, lejos de ser una redundancia, es el intento de incluir otra de las manifestaciones del principio que busca favorecer a la parte con menor poder de negociación. La regla de la condición más beneficiosa es aplicable en situaciones donde dos o más condiciones generales regulan la misma situación de manera contradictoria. Ante el hecho, el intérprete debe dotar de eficacia la condición general que represente mayores ventajas para el asegurado/ beneficiario⁵⁰.

La normativa del seguro transformó positivamente el orden jurídico cubano. Sin embargo, su aplicación no alcanza otros tipos contractuales⁵¹. Cuestión que impide solventar las necesidades de tutela en los restantes contratos por adhesión.

El Decreto Ley 304/2012, De la Contratación Económica, con lacónico estilo, prohíbe las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión⁵² y abre un ciclo trascendente para la defensa de los derechos del débil jurídico en Cuba. Así, sustentado por una cuestionada supletoriedad⁵³ que permite suplir las lagunas de la legislación común en materia de contratos, sus efectos alcanzan a toda manifestación de la contratación masiva.

Si bien no se definen los criterios para la calificación de las cláusulas leoninas, supera a la norma antes comentada en cuanto a la denominación empleada. Al conceder a esta categoría contractual el estatus de concepto jurídico contingente⁵⁴ se pone en manos de los tribunales su correcta aplicación, a partir de la construcción que la ciencia del derecho ha diseñado para él.

A pesar del empleo de la nomenclatura adecuada, no creo que esta sea la solución más feliz. Sin ser temeroso del arbitrio judicial, especialmente en casos límite, considero preferible optar por la caracterización general, que aporte elementos definitorios de las instituciones que serán objeto de aplicación. El derecho es un punto de referencia para la acción de los sujetos, crea expectativas de comportamiento y es una herramienta de argumentación de las decisiones⁵⁵. Ello ahorraría contratiempos, mejoraría los estándares de seguridad jurídica, educando al árbitro y a las partes, liberándolos en cierto modo de las tentaciones al exceso.

Llama la atención en este particular el hecho de que, aun negada la posibilidad de incluir cláusulas abusivas en los contratos por adhesión, no se haya sancionado la nulidad de pleno de derecho que les asiste. Ello evitaría posibles cavilaciones desviadas de algún que otro operador jurídico, además de proporcionar el acabado necesario a la obra legislativa. No obstante, considero despejado este peligro si se aplica correctamente el principio de supletoriedad. De acuerdo con este axioma, deben completarse los efectos del concepto cláusula abusiva. El primer anillo de la búsqueda es la propia norma, la que posteriormente se extenderá a otras disposiciones más generales. El destino final conduce a lo dispuesto en el artículo 67 ch)⁵⁶ del citado Código Civil, imponiéndose la nulidad de pleno de derecho.

El decreto ley de la contratación económica ofrece algunos elementos hermenéuticos que permiten encauzar la protección al débil jurídico en los negocios predispuestos. Es notable que las reglas interpretativas reconocidas en los artículos 55 a 62 no tengan como finalidad regular la inteligencia de estos contratos. Sin embargo, la redacción abre la posibilidad para su aplicación a una generalidad de casos. Así, el artículo 57.1 del cuerpo legal establece: "La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato debe favorecer a la parte que no haya propuesto o redactado tal cláusula".

Sobre el particular he realizado en otros acápites el correspondiente análisis, el que doy por reproducido. Solo resta destacar que, a pesar de la "solución recetada" para salvar las lagunas de nuestra legislación común, constituye la única posibilidad de proteger a quienes no pueden negociar los contratos predispuestos, y muy especialmente aquellos que contienen cláusulas ambiguas.

Otro tanto nos aporta el artículo 61.i del decreto ley en examen. El legislador, apoyado en la regla de prevalencia, nos enfoca en el criterio de mayor beneficio para quien no ha redactado la cláusula. De una forma interesante, el favor debilis aflora como criterio hermenéutico cuando dispone en su tenor literal:

Artículo 61.1.- Prevalencia de las condiciones particulares: Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las particulares específicamente previstas para ese contrato, prevalecen estas sobre aquellas, salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas que las particulares para la parte que no las propuso o no las redactó.

Finalmente, se puede afirmar que el ordenamiento jurídico cubano no posee una regulación sistemática para proteger a los sujetos menos favorecidos de la contratación masiva. Sin embargo, posee mecanismos legales de carácter parcial que, adecuadamente aplicados, posibilitan cierta cobertura para aquellos. Al respecto, son ejemplos elocuentes los decretos leyes analizados. En ellos se reconoce la existencia del débil jurídico, a quien debe preservarse frente a los desmanes del sector profesional del comercio, evitando la eficacia de cláusulas abusivas o reorientando el significado de los términos oscuros en favor del adherente.

Conclusiones

Estas ideas conclusivas, lejos de ser categóricas, son útiles para dotar de mayor nitidez las consideraciones expuestas en este trabajo. La importancia del tema lo amerita, debido a la necesidad de tutela de quienes se encuentran ante la disyuntiva de aceptar o rechazar las condiciones que les vienen impuestas en formularios anexos a contratos tipo, resultando vitales los criterios interpretativos estudiados. En tal sentido:

- El favor debilis, como evolución del favor debitoris, es una solución de alcance más limitado, donde quien posee menor poder negociación tiene la posibilidad de que se interpreten en su favor las cláusulas ambiguas que se susciten en un contrato predispuesto. En la actualidad trasciende al ejemplo que nulifica las cláusulas abusivas. Así, la preservación del balance razonable entre deberes y derechos de las partes es lo más relevante para el intérprete, relegándose a un segundo plano la determinación de cuál pudo haber sido la voluntad común en una cláusula del contrato.

- Los alcances del principio en cuestión han transformado el enfoque de la regla interpretatio contra proferentem, originalmente concebida. Lo trascendental hoy es interpretar la oscuridad en favor del débil jurídico, en otras palabras: in dubio pro adherente.

- Las implicaciones hermenéuticas del favor debilis frente a las cláusulas abusivas son evidentes. En especial el procedimiento de declaración de la nulidad, donde debe determinarse si el contenido predispuesto contradice la buena fe; pero esencialmente si los efectos que producirá van en detrimento del adherente y generan provechos desmedidos para el empresario-predisponente.

- El ordenamiento jurídico cubano no posee una regulación sistemática de protección al consumidor. Sin embargo, cuenta con mecanismos legales de carácter parcial que posibilitan una relativa cobertura para aquellos. Los decretos leyes analizados son elocuentes en ese sentido. En ellos se reconoce la existencia del débil jurídico, a quien debe protegerse frente a los desmanes de profesionales y comerciantes, enervando la eficacia de cláusulas abusivas o reorientando el significado de los términos oscuros en favor del adherente.

Notas

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