I. Fenómenos de erosión de la juridicidad estatal

Desde hace ya más de veinte años ha tomado fuerza en Italia una idea cada vez más presente en nuestra doctrina y en las aulas judiciales: la idea de un derecho «factual». El juez que decide la causa no es más, como antes, la boca de la ley, sino que, por el contrario, puede llegar a mostrarse reacio al texto de la norma, de tal suerte que, al conceder o no razón a la parte, no duda en fundar su decisión en principios constitucionales, en principios generales, en criterios extrajurídicos, en la nueva lex mercatoria, en el derecho de la Unión Europea e incluso en ordenamientos extranjeros. Así, principios y cláusulas generales operan como «cosas elásticas»¹ que al penetrar en las decisiones de los jueces socavan la primacía de la ley y hacen del derecho algo inconstante y cambiante. Es la consecuencia de una concepción del derecho que, bajo la marca de una erosión de la juridicidad estatal², vislumbra en el derecho un fenómeno en permanente movimiento que hace que las relaciones de equilibrio entre el legislador y el juez cambien y en donde las cláusulas generales se convierten en el lugar conceptual dentro del cual se hace el nuevo derecho y los principios generales penetran en las normas subvirtiendo su interpretación. En algunos ordenamientos, el diseño es aquel de adecuar el derecho a los hechos sociales, económicos, naturales y de adaptar las formas jurídicas a las particularidades y a los afanes del caso concreto.

Esta tendencia se ha visto acentuada con las medidas de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por el covid-19 (que en Italia se tomaron a finales de febrero de 2020); así, en las relaciones entre deudores y acreedores se hizo de inmediato presente, de un lado, un significado más denso del concepto de buena fe, y de otro, una exigencia en virtud de la cual el «respeto de las medidas» de contención del virus constituyen para el juez un criterio de valoración con miras a la exclusión de la responsabilidad del deudor por incumplimiento (inciso 6-bis del art. 3 del d.l. 6 del 23 de febrero de 2020).

La dimensión planetaria de la pandemia hace que el discurso tenga un respiro más amplio y más articulado, que no ha sido extraño a la experiencia de numerosos Estados que se han visto comprometidos con una situación con profundas consecuencias en los planos económico, político-jurídico, social y psicológico. No sabemos de qué manera se estabilizará el estado excepcional que ha generado la pandemia. Solo sabemos que la emergencia epidemiológica, al irrumpir de pronto en la escena de nuestra vida cotidiana, ha trastocado la percepción común que se tenía de la imprevisibilidad de ciertos eventos (para «normalizar», por ejemplo, el fenómeno de los focos de casos positivos de coronavirus, las zonas rojas, los aislamientos, las medidas urgentes de contención, etc.).

La condición humana actual, empobrecida en su capacidad predictiva, parece resonar en las palabras del Rey Bérenger, el soberano de la humanidad de Eugène Ionesco: «Ya no hay nada de normal desde cuando lo anormal se convirtió en norma».

En este nuevo contexto, normas, instituciones, conceptos jurídicos (por ej., la buena fe, la solidaridad, la teoría de la imprevisión³, el principio pacta sunt servanda, la cláusula rebus sic stantibus, la equidad), anclados fuertemente a la tradición y que son parte del patrimonio cultural en el mundo del derecho, sufren la prueba del tiempo y entran hoy, en ámbito doctrinal, jurisprudencial, legislativo, en un nuevo contexto operativo para llenarse de nuevos significados.

II. Sentido y alcances actuales de la cláusula general de buena fe y su índole litigiosa

Dentro de este cuadro que se ha descrito resulta útil reflexionar sobre el destino de la cláusula general de buena fe en el derecho italiano, con la revisión de algunas indicaciones de la jurisprudencia y de la doctrina. Como se verá más adelante, se trata de directrices sobre la relevancia de la cláusula general de buena fe en la ejecución del contrato (art. 1375 del codice civile) y de la regla de la corrección en la ejecución de la relación obigatoria (art. 1175 del codice civile). Disciplina análoga, como es sabido, está presente en el artículo 1603 del código civil colombiano, que dice: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella"⁴.

Será necesario preguntarse, en los parágrafos que siguen, si estos datos normativos que se refieren a la dinámica de los comportamientos de las partes en la ejecución del contrato, tienen relación conceptual con el ejercicio de los poderes del juez en la resolución de la controversia. Se examinará en particular, al confrontar el derecho italiano y el derecho colombiano, el tema de la renegociación de los contratos que, por causas externas a las partes, se han vuelto excesivamente onerosos. Este es el problema que está en el centro del debate jurídico sobre los efectos de las medidas que se han tomado de diferente manera y con diferente intensidad, por todos los países involucrados, para la contención y gestión de la emergencia epidemiológica por el covid-19.

En síntesis, resulta útil recordar el sentido y el alcance de la cláusula general de buena fe a partir de las definiciones que ofrece la jurisprudencia italiana más reciente.

Se lee en una sentencia de un juez de primera instancia que el artículo 1375 del codice civile, según el cual "el contrato debe ser ejecutado según la buena fe", se debe entender como referido al principio de buena fe objetiva que, presente en cada fase del contrato, desde su formación e interpretación hasta su ejecución, configura una cláusula general que encuentra su fundamento en el deber de solidaridad al que se refiere el artículo 2.° de la Constitución y que opera como criterio de reciprocidad independientemente de la existencia de obligaciones contractuales específicas⁵ o de leyes en ese sentido⁶. En otros términos, el deber de buena fe tiene una naturaleza, por decir así «objetiva», y se debe entender no como la ignorancia de dañar un derecho ajeno, sino como un modo de comportarse con lealtad y corrección en la ejecución del contrato⁷; y, además, según esta posición, tiene una función solidaria, en desarrollo del artículo 2.° de la Constitución⁸.

Actuar de buena fe en la ejecución de un acuerdo significa observar un deber general, al que están obligados todos los contratantes en cualquier contrato, de salvaguardar (si se quiere, proteger)⁹ los intereses del otro, dentro de los límites en que ello no comporte un sacrificio significativo del propio interés. La cláusula general de buena fe parte de la idea según la cual el acuerdo contractual no está en capacidad de expresarlo todo, pues es un programa que siempre tiene lagunas. El camino recorrido por algunos operadores jurídicos, para contratos económicamente significativos, ha sido aquel de aclarar y de especificar la gran multiplicidad de comportamientos debidos para señalar los significados de los términos usados en el contrato e indicar analíticamente el contenido de las cláusulas contractuales. Con todo, el camino más común es el de dejar al intérprete la tarea de llenar, por decirlo de alguna manera, algunos efectos del contrato aplicando la cláusula general de buena fe. De aquí su índole litigiosa. Durante la vigencia de una relación jurídica y en ausencia de una indicación en el contrato acerca de la relevancia de un comportamiento, se abren amplios espacios de discrecionalidad de las partes. Si los contratantes, a propósito de una conducta controvertida durante la ejecución de un contrato, llegan a un acuerdo, nulla quaestio. Si, por el contrario, surge el conflicto, decidirá el juez denunciando, por así decirlo, la existencia jurídica de ese comportamiento y, en línea de principio, condenando al responsable al resarcimiento del daño.

Según la Corte de Casación, figuras sintomáticas de la buena fe contractual son: la obligación de tolerar los incumplimientos o los retrasos de la contraparte cuando por su modesta naturaleza no son susceptibles de alterar el equilibrio del sinalagma; la obligación de abstenerse de ejecutar prestaciones pactadas cuando eso puede perjudicar la utilidad de la contraparte¹⁰. En aplicación de tales principios, se ha considerado contrario a la buena fe, por ejemplo, el comportamiento de un acreedor de una determinada suma de dinero, debida como consecuencia de una sola relación obligatoria, dirigido a fraccionar el crédito en diferentes y varias peticiones judiciales de cumplimiento¹¹. Por el contrario, es conforme a la buena fe la conducta del asegurador que no haya informado al asegurado de la inminente prescripción de sus derechos en cuanto que la interrupción de la prescripción es un acto de ordinaria diligencia del interesado (una carga, en el caso, del asegurado)¹².

III. Fattispecie y cuestiones jurídicas

Los interrogantes sobre los límites a la utilización de la cláusula general de buena fe, objeto de este escrito, pueden tomar forma partiendo de tres cuestiones jurídicas. Se trata de cuestiones que se reconstruyen aquí a partir de los precedentes judiciales y de orientaciones de la doctrina y a las que se dedicará espacio dentro de la confrontación entre ordenamientos jurídicos italiano y colombiano en materia de renegociación, a la luz de las medidas de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por el covid-19.

IV. Una confrontación con el derecho colombiano

Las preguntas apenas formuladas son comunes a una pluralidad de ordenamientos jurídicos. Me detengo aquí en el derecho colombiano para deducir el modo en el que se estructura la relación entre poderes del juez y autonomía privada en caso de excesiva onerosidad sobrevenida. Se debe partir de las normas y de los principios generales que constituyen los argumentos de partida (o si se quiere los puntos fijos) para el planteamiento y desarrollo coherente del discurso jurídico en un determinado ordenamiento.

En el sistema jurídico colombiano se encuentran principios como justicia, equidad, buena fe, igualdad, solidaridad que, destinados a dar consistencia y fundamento a un Estado social de derecho, se encuentran en las normas y las orientan en su interpretación²⁷. Entre los criterios de interpretación de la norma sobresale el papel preeminente que se le asigna a la equidad. En efecto, se lee en el artículo 230 de la Constitución Política de 1991 que "Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, son criterios auxiliares de interpretación de la actividad judicial", mientras que el artículo 32 del código civil, que fija las reglas de interpretación de la ley, dice así: "En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural". Con referencia a nuestro tema descubrimos que el poder del juez de revisar y reajustar las condiciones económicas del contrato a causa de circunstancias extraordinarias sobrevenidas está bajo el signo de la equidad (artículo 868 código de comercio). En algunas indicaciones jurisprudenciales la equidad en el ejercicio del poder de revisión se concibe como un «regreso» a los costos originales de la relación²⁸, como volver a la proporcionalidad inicial de las prestaciones²⁹, como instrumento que mira a impedir enriquecimientos injustos de una parte en perjuicio de la otra³⁰. El remedio judicial de la revisión, así como ocurre con la resolución por excesiva onerosidad sobrevenida en el derecho italiano (artículo 1467 codice civile), se considera extrema ratio³¹. El presupuesto de la «excesiva onerosidad», objeto de comprobación judicial se valora en términos tan rigurosos de tal suerte que mantener el cumplimiento constituya una «ruina» económica para el deudor³². A este propósito se pueden hacer algunas consideraciones. Mientras más riguroso es el concepto de «excesiva onerosidad», para los fines de la revisión del contrato, tanto más enérgica resulta la eficacia del vínculo contractual. Eficacia esta que, en virtud del principio pacta sunt servanda, no se verá debilitada en el caso en que sobrevengan, durante la ejecución de la relación, eventos «ordinarios», previstos, previsibles y situaciones de onerosidad no excesiva. Se abre aquí el problema jurídico de la individualización de aquella área de riesgos económicos que se pueden reputar como «implícitos» en la celebración del contrato que, de una parte, son expresión de la fuerza obligatoria del contrato y, de otra, tienen la virtud de hacer responsables a las partes como consecuencia del ejercicio de su poder de autonomía. De riesgos económicos implícitos se trata en el derecho italiano³³ a propósito de la noción de álea normal del contrato (artículo 1467, inciso 2.° codice civile). Por ejemplo, se considera «normal» en sentido cuantitativo, el álea por efecto de circunstancias imprevisibles, de la variación del valor de los materiales o de la mano de obra que sean inferiores a la décima parte del precio que en total se haya convenido en un contrato de obra (cfr. artículo 1664, inciso 1°).

El concepto de álea normal del contrato se entrelaza con el tema de la autorresponsabilidad de las partes. Ellas tienen la carga de soportar los riesgos que se puedan predeterminar derivados de la escogencia del instrumento negocial, o de una valoración empírico-estadística acerca de los eventos que pueden previsiblemente verificarse durante el desarrollo de la ejecución de la relación, o de un juicio de conocibilidad³⁴ que se haya formado por las dos partes en el momento de la celebración del contrato³⁵.

En este contexto y en la confrontación con el derecho italiano, ¿cuál es el espacio para configurar en el derecho colombiano la obligación, derivada de la buena fe, de renegociar el contrato, en ausencia de una disciplina convencional?

De entrada, es necesario poner de relieve que el concepto de buena fe, como fundamento de la renegociación, es más significativo en un sistema en el que al juez le está permitido «revisar» las condiciones económicas del contrato. A la solicitud de revisión dirigida inútilmente a la parte reticente, puede proveer el juez³⁶. Es este un sistema en el que la revisión del juez, al determinar los elementos de la relación, se convierte en un instrumento de administración de los intereses de las partes³⁷. Se podría dar aquí una indicación de principio. En ausencia de presupuestos de aplicación de la disciplina (por ejemplo, circunstancias sobrevenidas ordinarias, previstas o previsibles, prestaciones no excesivamente onerosas, riesgos implícitos del contrato), la acción de la buena fe, útil para determinar la obligación de renegociar, encuentra freno y se disuelve por el principio pacta sunt servanda, que confiere fuerza programática al acto de autonomía privada. Por el contrario, en presencia de los presupuestos de operatividad de la disciplina, la obligación de las partes de renegociar, que deriva de la buena fe, puede concebirse como premisa y anticipación de aquel poder de revisión que ya la ley le atribuye al juez. En uno u otro caso, en ausencia o en espera del pronunciamiento del juez, la decisión de renegociar en función de un acuerdo se deja, necesariamente, a las valoraciones, a los juegos dialécticos de las partes en disenso. Esta es, se podría decir, una cara de la índole litigiosa de la buena fe.

En derecho italiano el camino de la obligación de buena fe de renegociar es, si se quiere, más imperativo³⁸ en cuanto la norma de referencia de la materia (artículo 1467 del codice civile), de una parte, prevé exclusivamente la resolución del contrato y, de otra, atribuye a la parte demandada en juicio con una acción de resolución la posibilidad de formular una oferta de reducción a equidad. Se trata, pues, para la parte demandada de un incuestionable juicio de conveniencia económica que incluye también el diagnóstico del riesgo de ser vencido en el juicio.

V. Renegociación y medidas de contención por la emergencia epidemiológica

Las medidas de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por el covid-19 que se tomaron en Italia desde febrero de 2020 marcaron, desde el punto de vista jurídico, los puntos iniciales de un programa narrativo más amplio. Como sucede en las grandes novelas realistas, la ley del crédito se transformó inmediatamente en la ley de la narrativa³⁹, acentuando aquella tensión problemática que separa la celebración de acuerdos contractuales de su ejecución espontánea.

Las preguntas, al interrogar sobre la sintaxis elemental del vínculo obligatorio, presionan tanto a deudor como a acreedor, uno y otro abrumados por la situación económica, jurídica, psicológica que se deriva de la crisis sanitaria. Es el caso, difundido en estos meses, de las relaciones contractuales que se han hecho excesivamente onerosas a causa de los eventos extraordinarios e imprevisibles. ¿Se puede retirar la palabra dada? ¿Se puede suspender el cumplimiento? ¿Se «puede» o se «debe» renegociar el contrato? Si los contratantes no llegan a un acuerdo, ¿puede el juez sustituirse a sus razones y remodelar el contrato para adecuarlo a los eventos sobrevenidos? Son los interrogantes que en tiempos de pandemia abrieron de nuevo el debate sobre la renegociación.

Como se dijo, la norma de referencia en el derecho italiano para situaciones de esta clase, es el artículo 1467 del codice civile que dice que a falta de un acuerdo entre las partes en un sentido que modifique o extinga la relación, atribuye a la parte gravada por la excesiva onerosidad sobrevenida el derecho de demandar la resolución del contrato. La alternativa es tajante: o la parte afectada provee a cumplir el contrato en condiciones más onerosas respecto a las que eran las prestaciones originales, o se dirige al juez para pedir la disolución del vínculo. En líneas generales falta el derecho a la adecuación del contrato de la relación en curso, por los hechos sobrevenidos (como por el contrario está previsto en la norma de emergencia, artículo 13 m-bis del Decreto Liquidez para los financiamientos previamente concedidos con la cobertura 100% del Fondo Central de Garantía).

Se trata de una escogencia del legislador que se remite al codice civile de 1942 que, al valorizar el principio ideológico de la libertad negocial, delimita el papel del juez en la administración de justicia civil y que hace del principio pacta sunt servanda y del respeto por la palabra dada, los puntos de la fuerza programática de los actos de autonomía contractual. El problema, que advierten hoy los acreedores y los deudores de moneda, de mercaderías, de servicios, etc., es la ausencia de un instrumento que permita al juez «intervenir» en el contrato para volver a calibrar las condiciones económicas.

Dentro de este marco, la iniciativa de la parte afectada dirigida a renegociar se debilita por dos razones: en primer lugar, porque la otra parte puede atrincherarse detrás del principio de pacta sunt servanda y rechazar la propuesta de renegociar; en segundo lugar, porque el juez, al carecer del poder para modificar el contrato, no puede responder a las expectativas de la parte afectada y sustituirse al contratante reacio que decline la invitación a renegociar el acuerdo. La parte perjudicada con la excesiva onerosidad, al interponer la demanda, puede solo esperar que el demandado por su propia iniciativa formule una oferta en sentido de modificar las condiciones que se han vuelto más onerosas (cfr. artículo 1467, inciso 3° codice civil)⁴⁰.

Es lo que sucedió a todos aquellos que en la segunda mitad de los años ochenta y al inicio de los noventa estipularon contratos de mutuo en ECU y que luego de la salida de Italia del sistema monetario europeo por la crisis de 1992 llevaron a juicio el tema de la resolución del contrato por excesiva onerosidad a fines de solicitar en el proceso la disponibilidad de los institutos de crédito para renegociar.

De aquí la idea de la doctrina, que maduró en esos años, de aprovechar los recursos que ofrece la cláusula general de buena fe, entendida bajo el signo de la solidaridad social como deber de considerar y proteger el interés de la contraparte y así construir para las situaciones de excesiva onerosidad, una obligación general de renegociar las relaciones contractuales que duran en el tiempo (como aquellas que son funcionales a la actividad de empresa y a la organización del mercado). Sin embargo, a falta de un acuerdo entre las partes, esta obligación no se traduce en un poder del juez de «revisar» las condiciones económicas del contrato, solución que por el contrario se prevé en el proyecto de ley de integración del codice civile que fuera presentado el 19 de marzo de 2019, y en donde se atribuye al juez (en línea con el derecho alemán, BGB, § 313) el poder de adecuar "las condiciones contractuales de manera que se restablezca la proporción entre las prestaciones originariamente convenidas entre las partes"⁴¹.

En este contexto, con soluciones tan pobres, se han ido delineando dos posiciones: la primera suscitada por la gravedad de la emergencia sanitaria que se inclina a configurar, frente al rechazo de renegociar, el derecho a suspender el cumplimiento⁴², con una perspectiva más amplia que mira a consentir la modificación de las cláusulas contractuales por parte del juez frente a eventos sobrevenidos e imprevisibles⁴³. La otra, más orientada hacia la tradición normativa del principio pacta sunt servanda⁴⁴, en donde se señala por parte la de doctrina autorizada, la necesidad de una ley a propósito que instituya la «comisión técnica de arbitradores» que «reconstruyan el contenido de la relación»⁴⁵.

A falta y en espera de la intervención del legislador, hoy solo se puede prefigurar una aplicación más rigurosa de la cláusula general de buena fe, partiendo, desde mi punto de vista, de la parte afectada que debe ser llamada, en este tipo de situaciones, a formular en términos serios y motivados una oferta de modificación de las condiciones contractuales, teniendo presente el derecho de la contraparte al cumplimiento integral y de ser el caso poniendo en evidencia la incidencia económica, directa o refleja, del respeto de las medidas normativas de contención, que es ya un criterio de valoración para el juez con el fin de excluir la responsabilidad del deudor por incumplimiento (Decreto ley 6 del 23 de febrero de, inciso 6-bis., artículo 3).

VI. Autonomía privada y buena fe: la interacción entre dos fuerzas

Dentro de las situaciones descritas, la construcción de una obligación de renegociar derivada de la buena fe, independientemente de una disciplina convencional, se encuentra bajo el signo de aquella tensión a la vez pragmática y especulativa, que recorre el derecho de la contemporaneidad. Es necesario preguntarse, en una perspectiva más amplia, si atender y poner en marcha la acción de la buena fe pueda necesitar de una renovación, en particular, el ejercicio in sé del poder negocial en función de un acuerdo de modificación. Eficacia del contrato (artículo 1602 del código civil colombiano; artículo 1372 del codice civile italiano) y papel de la buena fe y de la corrección (artículo 1603 del código civil colombiano; artículos 1175 y 1375 del codice civile italiano) se pueden concebir como dos fuerzas que se contienden el campo por una visión diferente del derecho contractual. La primera, la fuerza obligatoria del contrato, hace firmes los vínculos en el tiempo y por ende estabiliza programas, cálculos, esperas de las partes; la otra, la fuerza de la buena fe, libera esos mismos vínculos para hacerlos modificables durante la ejecución de la relación.

En un ordenamiento como el colombiano en donde se la da al juez el poder de determinar los elementos de la relación jurídica (artículo 868 código de comercio colombiano), al administrar intereses y gestionar así la disciplina contractual de los riesgos económicos, la fuerza de la buena fe asume un peso particular⁴⁶. El artículo 868 del código de comercio promueve la conservación de los efectos del contrato y termina por influir sobre el concepto normativo de la buena fe, llenando el empeño de colaboración entre las partes de un significado más profundo. Aquí, los contratantes, al modificar su acuerdo, vuelven sobre sus intereses y anticipan y neutralizan el posible juicio de un tercero.

En un ordenamiento como el italiano, más fiel al principio pacta sunt servanda, basado sobre una única alternativa que se ofrece a la parte afectada, cumplimiento más oneroso-demanda de resolución del contrato, la fuerza de la buena fe, útil para fundar la obligación de renegociar, encuentra la resistencia del poder de autonomía, destinado a no sufrir erosiones o a ceder durante la ejecución del contrato⁴⁷, ni tampoco cuando el juicio de resolución ha comenzado y las partes han trabado la litis⁴⁸.

VII. El problema de la «certeza» en la disputa entre espacios simbólicos

A la luz de estas posiciones, que expresan relaciones de equilibrio y de conflicto entre el poder legislativo y el poder judicial, se pueden delinear algunas conclusiones. Alguna vez el espacio, que podríamos llamar «intermedio», entre la filosofía del derecho y los saberes especiales, lo ocupaba la teoría general del derecho, que firme a la hora de determinar conceptos generales (relación, derecho, obligación, etc.), advertía a los estudiosos acerca de los límites de su saber y absolvía una función de control sobre los derechos particulares (derecho privado, derecho público, etc.).

Hoy ese espacio está ocupado, las más de las veces, no por especulaciones dirigidas al conocimiento del fenómeno «jurídico», sino por un conocer basado en desentrañar lo que se quiso con el acto, justamente, de voluntad. El campo se ve dominado por las técnicas de argumentación para justificar una solución fundada. Así, siempre será posible discutir acerca de la prevalencia argumentativa, o bien de una ley o bien de un principio constitucional, o bien de una categoría tradicional, o bien, en fin, de la especificidad del caso que se debe decidir. Se trata de vaivenes detrás de los cuales se pueden esconder posiciones culturales individuales, principios ideológicos, concepciones complejas del derecho. El problema de fondo es el de establecer el lugar de la certeza en el que se pueda encontrar la posibilidad de cálculo jurídico de nuestros comportamientos, es decir, establecer las reglas del juego para que el individuo sepa lo que debe hacer.

Este espacio simbólico, como se reveló a propósito de las cuestiones que se expusieron atrás, hoy es disputado, ya por las palabras usadas en sentido unívoco por el legislador, ya por la fuerza programática de las palabras con las que los particulares se comprometen y expresan su autonomía respecto del ordenamiento y del precedente judicial⁴⁹, cada vez más sensible, como se vio, a los hechos históricos, al supuesto de hecho en concreto, a los comportamientos de ejecución.

Sobre un punto, sin embargo, resulta indispensable estar de acuerdo: la conciencia de que la escogencia de una u otra estructura constante, repetitiva, uniforme, no es una decisión inocente, sino una decisión que compromete elementos de estructura del sistema jurídico. Esta es una decisión que, hecha en las páginas de una monografía, de un concepto, de una sentencia, no es nunca extraña al sentido de estabilidad de las instituciones y de confianza de los coasociados que encuentran, en un espacio simbólico saldo, claro, previsible, el fundamento de sus hábitos para llevar adelante sus relaciones de cooperación (rec. contratos) en sentido moderno.