I. El nuevo Código Civil puertorriqueño como instrumento de desarrollo y consolidación del sistema jurídico romanístico

B. La reafirmación del origen civilista del Código Civil de 2020

Pero, por si lo dicho en el acápite precedente no fuera suficiente, el propio Código Civil de 2020 se encarga de puntualizar expresamente, a modo de íncipit, su "origen civilista [es decir, romanístico], [por lo que] se interpretará con atención a las técnicas y a la metodología del derecho civil [o sea, de la tradición romanística], de modo que se salvaguarde su carácter" (art. 1). Esta disposición, con la que se reafirma la pertenencia del nuevo código al sistema jurídico romanístico, y con ello -como se ha visto- la del entero derecho privado puertorriqueño, no tiene igual en el ámbito de los ordenamientos mixtos y proviene del Anteproyecto de Título Preliminar de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación de 1991 (art. 1.6, inc. 1); el que, a su vez, se inspiraba en la labor de revitalización de la tradición romanística llevada a cabo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en las décadas de 1970 y 1980, tal como se desprende de los Comentarios elaborados por el Comité redactor del citado Anteproyecto presidido por José Trías Monge (quien fuera, además, el presidente del más alto tribunal puertorriqueño en aquellos años¹⁴)¹⁵.

En dichos Comentarios se destacaba que "lo preceptuado en este artículo es de orden obligatorio o preceptivo y no meramente discrecional", en atención a que, aun cuando se considere que Puerto Rico es un ordenamiento mixto (por regirse algunas de sus partes exclusiva o mayormente por el derecho de tradición romanística y otras por el angloamericano), esto no significa que se trate de un derecho mezclado, pues la coexistencia de esas dos culturas jurídicas no es licencia para entremezclarlas. Es por ello que se precisara, además, que no es función del poder judicial comparar los dos sistemas con la finalidad de escoger la solución que estime más adecuada, como tampoco es tarea suya la de sustituir o alterar la naturaleza de las instituciones reguladas en el Código Civil, sino que esta última posibilidad solo le podría corresponder al poder legislativo¹⁶.

Desde el punto de vista del derecho comparado, e, incluso, de la historia del derecho puertorriqueño, la disposición aquí analizada no es baladí ni se da por descontada, sobre todo si se tiene en cuenta que el derecho de Puerto Rico configura un ordenamiento mixto por imposición; es decir, por yuxtaposición de elementos del derecho estadounidense a la original tradición romanística vigente en la isla, como resultado del proceso de transculturación a la que ella fuera sometida luego de la invasión norteamericana de 1898^[17]. Es por este motivo que el Comité especial de la Academia, en sus Comentarios al texto del Anteproyecto de Título Preliminar, concluía:

A través de los años, Puerto Rico ha defendido tesoneramente su idioma y su cultura. La defensa de su derecho es igualmente vital. A lo largo de este siglo [XX] ha habido inexcusable descuido en el descargo de este deber. El propósito de este inciso [6 del art. 1 del Anteproyecto = art. 1 del nuevo código] es reconocer tal realidad y reafirmar el compromiso de detener el empobrecimiento y la posible pérdida de la tradición jurídica que anima principalmente a nuestro Código Civil. Lo dispuesto en este inciso no marca en tal sentido un rumbo nuevo. Desde temprano en el siglo [XX], aun en pleno apogeo de corrientes transculturizantes, así como en épocas posteriores, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha venido afirmando lo que se plasma hoy en esta disposición¹⁸.

Ahora es el mismo Código Civil el que se encarga diariamente de reiterar esta advertencia a los operadores jurídicos puertorriqueños (magistrados, funcionarios públicos, notarios, abogados, académicos, etc.).

C. El sistema de las fuentes del derecho diagramado por el Código Civil de 2020

Vinculadas íntimamente a la norma recién comentada se encuentran las que diagraman el sistema de fuentes del ordenamiento puertorriqueño (arts. 2-6), inspiradas en el texto del Título Preliminar del Código Civil español luego de la enmienda de 1974 (art. 1). Así, el artículo 2, inciso 1, reconoce el carácter de tal a la Constitución, a la ley, a la costumbre y a los principios generales del derecho, excluyendo de esta enumeración a la jurisprudencia (art. 2, inc. 2), a la que se le otorga la función de complementar el ordenamiento jurídico con la doctrina que establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las citadas fuentes¹⁹, y, también, a la equidad (la que tampoco está contemplada como criterio de aplicación o interpretación de la ley), tal vez para evitar los numerosos interrogantes que planteara su mención en el artículo 7, inciso 2, del código abrogado²⁰, aun cuando ella no deba ser confundida con la equity anglosajona (pues esta -según la interpretación mayoritaria- no rige en Puerto Rico)²¹.

Ahora bien, entre las fuentes reconocidas se ha establecido una jerarquía, cuyo primado -como sucede en todos los ordenamientos del sistema jurídico romanístico- corresponde a la ley; sea esta la Constitución, en cuanto ley suprema, o la ley escrita que emana del poder legislativo, elegido democráticamente por el pueblo, a la que se equipara "toda norma, reglamento, ordenanza, orden o decreto promulgado por una autoridad competente del Estado en el ejercicio de sus funciones" (art. 3, inc. 1)²². Dicha primacía de la ley resulta tanto del referido reconocimiento de fuente de primer grado en la enumeración contenida en el artículo 2, inciso 1, como de la afirmación de que ella solo queda derogada por otra ley posterior y que contra su observancia no prevalecerá el desuso, la costumbre o la práctica en contrario (art. 10), así como del rechazo de una interpretación solo literal y estricta de su texto (arts. 20, 21 y 23), típica -en cambio- del derecho angloamericano²³. La segunda fuente del ordenamiento puertorriqueño, en cuya formación el pueblo tiene una participación espontánea, es la costumbre; la que, sin embargo, "solo rige en ausencia de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y si se prueba su espontaneidad, generalidad y constancia" (art. 4).

Mención aparte merece el tercer tipo de fuente del derecho enunciada por el artículo 2, inciso 1, esto es, los principios generales del derecho, los que actúan de manera subsidiaria respecto de las anteriores, "sin perjuicio [además] de su carácter informador del ordenamiento jurídico" (art. 5). La razón principal para reconocer esta otra fuente del derecho es la necesidad de prever un mecanismo de heterointegración en el caso de existir algún vacío en el ordenamiento jurídico; pues ni la ley, ni la costumbre son capaces de anticipar todas las situaciones con-flictivas que pueden presentarse en las relaciones interpersonales y que imponen al tribunal el "deber inexcusable de resolver diligentemente ateniéndose al sistema de fuentes establecido", so pena de incurrir en responsabilidad (art. 6). La diferencia con lo dispuesto por el vigente Civil Code de Luisiana (es decir, con el del otro ordenamiento mixto estadounidense) es evidente, pues en este, "[w]hen no rule for a particular situation can be derived from legislation or custom, the court is bound to proceed according to equity" (art. 4)²⁴; lo que pone de manifiesto en forma inequivocable una neta preferencia del código luisiano por el sistema de fuentes típico de la tradición jurídica anglosajona, que lo colocaría sustancialmente fuera del sistema jurídico romanístico (aunque formalmente se lo siga vinculando a él)²⁵.

Pero el verdadero mérito del nuevo código radica -a mi entender- en haber codificado, además, el valor informador u orientador de los principios generales del derecho en cuanto criterio de interpretación del entero sistema de fuentes, en atención a que se considera que todo el ordenamiento jurídico fluye de ellos (art. 5)²⁶. Algunos de estos principios, de clara estirpe civilista, han sido expresamente codificados en el Capítulo iii del Título preliminar, dedicado a "La eficacia de la ley" (siguiendo -también aquí- el modelo español [arts. 6 y 7])²⁷, lo que les reconoce un ámbito de aplicación más amplio de aquel en el que tradicionalmente se los regulara (v.gr., el de los contratos o el de la propiedad), proyectándolos de esta manera a todo el ordenamiento. Tal es el caso del principio de la buena fe, al cual debe ajustarse el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes (art. 15); de la interdicción del fraude a la ley, el que se configura cuando un "acto realizado al amparo de una ley [...] persigue un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico" (art. 17); y de la proscripción del abuso del derecho o su ejercicio contrario al orden social, el que tiene lugar "cuando se excedan manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, que ocasione daño a tercero, ya sea por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice" (art. 18).

II. El nuevo Código Civil puertorriqueño como código de tercera generación

B. Los nuevos paradigmas del derecho privado del siglo XXI a los que trata de ajustarse el Código Civil de Puerto Rico de 2020

2. La particular preocupación por el medioambiente y los animales. La armonización entre los derechos individuales y los derechos colectivos y el bienestar animal

El primado de la protección de la persona natural en la sistemática del nuevo Código Civil puertorriqueño no significa, sin embargo, que este no haya tratado de superar la perspectiva exclusivamente antropocéntrica desde la que se contemplaban las relaciones jurídicas por las precedentes generaciones de códigos civiles; ello, al haber introducido algunas disposiciones que regulan, no solo los vínculos entre particulares, sino también entre estos y la naturaleza. Tal es el caso de la normativa referida al medioambiente y al nuevo régimen de los animales, la que exige una armonización entre los derechos individuales y los derechos colectivos y el bienestar animal, con la consiguiente repercusión en la regulación de los bienes y de los derechos reales.

Así, con relación a la protección del medioambiente, el Código Civil de 2020 -además de haber conservado la categoría de las cosas comunes (art. 241)⁵²- amplía la de los bienes públicos al calificar como tales, no solo a los bienes de uso y dominio público (es decir, "aquellos bienes privados, pertenecientes al Estado o a sus subdivisiones o a particulares, que han sido afectados para destinarlos a un uso o servicio público" [art. 238]), sino también a los que reciben el nombre de patrimonio del Pueblo de Puerto Rico ("por su particular interés o valor ecológico, histórico, cultural, artístico, monumental, arqueológico, etnográfico, documental o bibliográfico" [art. 239])⁵³. La finalidad de la demanialización de estos bienes colectivos (entre los cuales se encuentra el medioambiente) no puede ser otra más que la de establecer un límite al ejercicio de los derechos individuales con miras a su preservación e, incluso, a favor de las generaciones futuras (de ahí que se establezca que ellos "están fuera del tráfico jurídico y que se regirán por la legislación especial correspondiente").

Lamentablemente, en la versión final del nuevo Código Civil puertorriqueño no fue conservada una norma que guardaba sintonía con la del referido artículo 239 y que definía la propiedad como "el conjunto de facultades más completo que el ordenamiento jurídico permite a una persona sobre un determinado bien", pero aclarando además que al mismo tiempo ella "comprende derechos y deberes, cuyo ejercicio debe ser compatible con el interés colectivo y en armonía con el medio ambiente" (Lib. iii, art. 46)⁵⁴. Una disposición análoga, en la que se reconoce expresa o implícitamente lo que se ha dado en llamar la función ambiental de la propiedad, prevé el Código Civil brasileño (art. 1228.1), el que había sido ya precedido en esta materia por el cubano de 1987 (art. 131.1), y la proponen también ahora los proyectos de reforma boliviano (art. 2.4) y colombiano (art. 268). El Código Civil y Comercial argentino ha optado por generalizar esta limitación, al extenderla a todos los derechos (art. 240) y al regularla también en el Título Preliminar, disponiendo que es abusivo el ejercicio de un derecho individual cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general (art. 14, inc. 2); disposición reproducida por el Proyecto boliviano (pero colocada entre las normas generales de un libro final dedicado a la defensa de los derechos [art. 1437. ii]) y coincidente, además, con lo que la doctrina china denomina "principio verde", contenido entre las disposiciones generales del Código Civil chino (art. 9)⁵⁵, y, en cierta medida, con lo propuesto por el Proyecto colombiano en materia de límites al ejercicio de los derechos subjetivos en su Parte general (art. 38)⁵⁶.

La protección del medioambiente constituye también la ratio última de la regulación, por parte del Código Civil de Puerto Rico de 2020, de la denominada servidumbre energética (de energía solar y eólica), que permite al titular del derecho de propiedad o de otros derechos reales posesorios sobre una finca (fundo dominante) servirse de la energía solar o eólica que de ordinario llega a ella, imponiendo a sus vecinos (fundos sirvientes) la obligación de abstenerse de crear sombra u obstruir el viento mediante la siembra de árboles o plantas (art. 963)⁵⁷. Se trata de una disposición bastante original en el ámbito de la codificación civil, pero compatible con sus actuales desarrollos, en la cual se regula un supuesto concreto de las llamadas servidumbres ambientales o ecológicas⁵⁸^, el cual se encuentra en sintonía con la actual política pública puertorriqueña tendiente a maximizar los recursos dedicados a atender uno de los problemas más agobiantes y adversos al desarrollo socioeconómico del país (esto es, los onerosos costos energéticos que los ciudadanos deben asumir)⁵⁹, fomentando así el empleo de fuentes de energía renovables que abundan en el archipiélago puertorriqueño y que son accesibles a todos (como el sol y el viento)⁶⁰. En el ámbito del derecho comparado, v.gr., el Código Civil y Comercial argentino ha favorecido el desarrollo de las servidumbres recreativas (art. 2162 in fine, en realidad ya permitidas por el Código Civil de 1869 [art. 3000], pero no a nivel definitorio), cuya finalidad es la de respetar el tránsito de personas para acceder desde los fundos sirvientes a montañas, ríos, lagos u otros lugares de interés turístico o deportivos (para practicar senderismo, montañismo, ciclismo, kayakismo, parapentismo, etc.), la cual también podría ser colocada entre las nuevas figuras que permitirían disfrutar del medioambiente en forma sostenible⁶¹.

Empero, una de las innovaciones más significativas del Código Civil puertorriqueño de 2020 está representada por el reconocimiento de una ulterior limitación al ejercicio de los derechos individuales, motivada esta vez en el bienestar animal, mediante la descosificación de los animales domésticos y domesticados; lo que se tradujo en la introducción en la secuencia temática del Libro i sobre "Las relaciones jurídicas", de un específico Título ii a ellos dedicado (arts. 232-235), colocado entre otros dos que se ocupan de "La persona" (Título i) y de "Los bienes" (Título iii). De esta manera se creó un tertium genus autónomo y sui generis (el de los animales domésticos y domesticados), que se distingue -incluso desde un punto de vista sistemático- de la persona (natural y jurídica) y de las cosas, pero que tiene la misma jerarquía que estas dos categorías en la arquitectura del código (lo que podría abrir las puertas a la elaboración de nuevas categorías jurídicas sui generis referidas a los embriones, la inteligencia artificial, etc.). En efecto, la recalificación de los animales domésticos y domesticados, no ya como cosas (art. 236), sino como "seres sensibles" (art. 232, incs. 1 y 4), evita que ellos puedan estar sujetos a embargo (arts. 232, inc. 4, y 1157.f) o apropiación sin más por un tercero, en caso de abandono o extravío (art. 234); y, al mismo tiempo, impone la obligación de tratarlos conforme a su naturaleza y de que su guarda, custodia o tenencia física (así como todas las decisiones que les conciernen) estén dirigidas a garantizar su bienestar y seguridad (art. 233). Con ello se pretende que estos seres tengan derecho a un trato digno y justo, y que les sean preservados su vida, su alimentación, y los cuidados veterinarios y de salud⁶². Constituye esta una regulación que sitúa a Puerto Rico a la vanguardia de las legislaciones protectoras de los animales, que no tiene por ahora igual en América Latina, y cuya importancia solo puede ser parangonada -en el ámbito del derecho comparado- a la reforma introducida en 2017 al Código Civil portugués (arts. 201-B, 201-C y 201-D, 493-A, 1302.1-2, 1305, 1305-A, 1318 y 1323.1-7) y en 2021 al Código Civil español (arts. 333, 333bis, 334, 346, inc. 2, 348, 355, inc. 1, 357, 404, incs. 2 y 3, 430-432, 437, 438, 460, 465, 499, 610, 611, 612, 914bis, 1346.1, 1484.2, 1492, 1493 y 1864), a la Ley Hipotecaria (art. 111.1) y a la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 605.1, 771.2, inc. 2, y 774.4)⁶³.

3. La configuración de una familia más democrática, igualitaria, pluralista y solidaria. La compatibilización entre los derechos individuales y los intereses del grupo familiar, incluso en el ámbito sucesoral

La exigencia de compatibilizar -además- los derechos individuales y los intereses del grupo familiar ha determinado muchas de las elecciones llevadas a cabo por el nuevo Código Civil puertorriqueño en materia de derecho de familia. En efecto, como ya sucediera con las reformas introducidas en esta materia al Código Civil abrogado en la década del setenta del siglo pasado en cuanto a la paridad entre los cónyuges, el de 2020 ha tratado igualmente de dar respuestas a las necesidades reales de la sociedad puertorriqueña de comienzos del siglo xxi. Para cumplir con este objetivo, la nueva normativa se hizo eco no solo de la jurisprudencia más reciente establecida por la Corte Suprema de Estados Unidos (que ha admitido el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo)⁶⁴ y de las últimas medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (sobre los derechos de abuelos y tíos, el matrimonio y el divorcio ante notario, la adopción y las capitulaciones matrimoniales)⁶⁵, sino también de lo dispuesto por las diferentes declaraciones y convenciones universales (sobre los derechos del hombre de 1948, de la mujer de 1979 y de los niños y niñas de 1989) y de las soluciones propuestas en otros ordenamientos de la tradición romanística (en especial en el español, cuya legislación [común y autonómica] y doctrina se presentan como particularmente innovadoras y dotadas de valor ejemplar en lo concerniente a la regulación de las relaciones familiares)⁶⁶.

Esto condujo a una reconceptualización de las instituciones cardinales del derecho familiar, cuyo resultado es la configuración de una familia más democrática, igualitaria, pluralista y solidaria, fundada -sobre todo- en el respeto de la dignidad, la autonomía, la igualdad y la no discriminación de sus integrantes, en la que la elección del modelo familiar (respecto del tipo de unión y de filiación) se traslada del legislador a los ciudadanos, pues estos ya no están sometidos a un único modelo -obligatorio y excluyente- predeterminado por aquel, pudiendo, en cambio, optar libremente -según una decisión que, en principio, corresponde a la esfera privada- entre una pluralidad de modos o formas de constituirla (v.gr., con base en el matrimonio o en una relación análoga a él, por dos personas de igual o distinto género, en modalidad bi- o monoparental, ensamblada o ampliada, así como mediante la filiación genética, natural o asistida, o adoptiva). Ahora bien, el excesivo individualismo al que podría conducir este cambio de paradigma -respecto de la que se considera la institución básica sobre la cual se erige la sociedad y que constituye un grupo de integración- se trata de compensar mediante una serie de medidas dirigidas a la salvaguardia del interés común. El resultado de esta nueva política legislativa sobre la familia es una regulación que respeta los derechos individuales y la atipicidad familiar, pero que está atenta también a la responsabilidad y a la solidaridad grupal⁶⁷.

Así, en primer lugar, el Código Civil de Puerto Rico de 2020 censura la discriminación por cuestiones de género, no solo al permitir el cambio del originariamente registrado en la certificación de nacimiento, incluso sin la intervención de autoridad judicial o notarial (art. 694, inc. 3), sino también al admitir el matrimonio (art. 376, inc. 3), la relación afectiva análoga y la adopción (art. 580.1) por parejas del mismo sexo; y, sobre todo, al establecer que el sexo de los progenitores (referencia que -según mi entender- se podría extender también a su orientación sexual⁶⁸) no puede ser utilizado injustamente como criterio para limitar, suspender o privar sus facultades y deberes respecto del hijo o hija (art. 609, inc. 1)⁶⁹. Disposiciones concordantes con las primeras contienen los códigos civiles español (arts. 44, inc. 2, y 175, inc. 4, modificados en 2005) y argentino (arts. 69, inc. 3, 402, 510 y 599), el Código de las Familias cubano (arts. 4.f, 4.e y 12) y los proyectos de reforma español (arts. 212-1.2 y 224-2.1) y colombiano (arts. 49, inc. 3, 1605 y 1807); mientras que la última de ellas guarda sorprendente analogía con una norma contenida en el Código Civil y Comercial argentino (art. 656, el cual debe ser leído conjuntamente con la regla general de interpretación en materia de familia prevista en el art. 402), pero en la que se refiere expresamente a la orientación sexual (al estar inspirada en la sentencia dictada en 2012 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile)⁷⁰.

En la misma línea se colocan, además, aquellas disposiciones del nuevo Código Civil puertorriqueño que establecen la igualdad entre varón y mujer, o entre cónyuges o integrantes de una pareja del mismo género, respecto del orden de los apellidos de los hijos o hijas (arts. 83, 84, 557 y 558.a); de la edad mínima para contraer matrimonio (arts. 380.b y 381); de los derechos y obligaciones durante la relación matrimonial (art. 398) y luego del divorcio (art. 465, inc. 2); de la fijación del domicilio y la residencia familiar (art. 401); de la gestión, producción y disfrute del patrimonio común, al considerar cualquier medida provisional sobre los bienes del matrimonio en caso de petición individual de divorcio (art. 450); de las cláusulas de los acuerdos suscritos por los cónyuges para regular sus relaciones patrimoniales, las que no pueden menoscabar la dignidad o la paridad de derechos de los que se goce en el matrimonio, so pena de nulidad y de no tenerse por escritas (art. 498, inc. 2); de los derechos y responsabilidades en el ejercicio de la patria potestad (art. 593), incluso luego del divorcio (art. 465); o del trato que deben recibir los progenitores en relación a la prole, para lo cual no solo no podrá utilizarse injustificadamente el sexo como criterio para limitar, suspender o privar sus facultades respecto de aquella, sino tampoco la raza, embarazo, estado civil, origen étnico o social, edad, discapacidad, religión, conciencia, creencia, cultura, lenguaje y condición de nacimiento (art. 609, inc. 1)⁷¹. En sentido análogo disponen, en líneas generales, los códigos civiles español (arts. 66, 70 y 109, inc. 2, modificados -respectivamente- en 2005, 1999 y 1981), brasileño (arts. 1517, 1565, 1567 y 1642), argentino (arts. 64, inc. 1, 402, 403.f, 404 y 656) y chino (arts. 1041, inc. 2, 1043, 1055, 1058 y 1126); así como el Código de las Familias cubano (arts. 2.f, 136.2, 204 y 208) y los proyectos de reforma español (arts. 44-3.2, 2151, 215-3 y 221-5.2) y colombiano (arts. 55, 1600, 1606.1, 1643-1645, 1692, 1754, 1756 y 1765).

La mayor libertad en la elección de las relaciones familiares se refleja en una serie de normas del Código Civil de Puerto Rico de 2020 que -en forma más o menos orgánica y/o explícita- reconocen no solo la posibilidad de conformar una familia matrimonial (hetero u homoparental) y de elegir entre diferentes regímenes patrimoniales (art. 498, lo que ya había sido admitido en 2018), teniendo la sociedad de gananciales el carácter de régimen supletorio (art. 508), sino también la de optar por la conformación de otros tipos de familia⁷², así:

1) La familia de hecho, la cual, si bien no fue regulada en modo sistemático (como había propuesto el borrador del Libro ii sobre las Instituciones Familiares)⁷³, está reconocida en una serie de disposiciones en las que se hace referencia a la "pareja [heterosexual u homosexual] unida por relación de afectividad análoga o compatible con la conyugal"⁷⁴, con muchos menos prejuicios de cuanto parecía hacerlo el código abrogado en las pocas normas en las que refería al "concubinato" (arts. 72, 109, inc. 3, y 125.3); tal como sucede en materia de reconocimiento de la validez de los acuerdos de convivencia celebrados fuera de Puerto Rico (art. 46), de administración de los bienes del ausente (arts. 185-187, 188, 192 y 194) y de declaración de muerte presunta (art. 200), ámbito en el que se la equipara a la fundada en la unión matrimonial, así como respecto de la adopción (arts. 580 y 583). Regulan más sistemáticamente esta tipología familiar los códigos civiles brasileño (arts. 1723-1727) y argentino (arts. 509-528), así como el Código de las Familias cubano (arts. 306-331) y los proyectos de reforma peruano (arts. 295.6 y 326-327) y colombiano (arts. 1789-1792). También la Propuesta de enmiendas de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sugiere regular en modo coherente e integrado la relación convivencial con la finalidad de darle una mayor protección jurídica.

2) La familia recompuesta, es decir, aquella en la que uno o ambos integrantes de la pareja aportan al nuevo núcleo familiar hijos o hijas precedentes (de ahí la necesidad de regular las relaciones que podrían entablarse entre cada uno de ellos y la prole del otro); una de cuyas variantes estaría reconocida mediante la admisibilidad de la adopción por parte del cónyuge o de la pareja por relación de afectividad análoga o compatible con la conyugal del hijo o hija del otro (art. 580, inc. 2). En el mismo sentido pueden citarse los códigos civiles español (art. 178.2.a, modificado en 1987), argentino (arts. 597.a, 619.c y 630-632) y chino (art. 1103), el Código de las Familias cubano (art. 103) y los proyectos de reforma español (arts. 224-1.1.b y 224-3.1.c) y colombiano (arts. 1683.1, inc. 1, y 1809). Además de la denominada adopción de integración, los códigos civiles argentino (arts. 672-676) y chino (arts. 1069 y 1072), y el Código de las Familias cubano (arts. 108180-188), regulan expresamente los deberes y derechos de los progenitores y de los hijos afines; completando así, ambas codificaciones, el régimen de esta tipología familiar.

3) La familia ampliada, esto es, aquella no solo compuesta por el núcleo familiar (integrado por progenitores e hijos), sino extendida también a los ascendientes e -incluso- a otros parientes o allegados, la cual ha sido reconocida más o menos explícitamente por una serie de normas que refieren: a las medidas cautelares pro -visionales durante el proceso de divorcio a favor de otros miembros de la familia distintos de la prole, cuando ambos cónyuges asumían su sustento (art. 448.b); al derecho de visita de los menores respecto de los abuelos, tíos y primos (art. 619)⁷⁵; a la necesidad del consentimiento de los abuelos biológicos para dar en adopción el hijo procreado por padres biológicos menores de edad emancipados o no (arts. 584.8 y 649); a la posibilidad de que cuando el objeto del arrendamiento sea un inmueble dedicado a vivienda, los familiares o convivientes del arrendatario que hayan residido con él durante los seis meses anteriores a su fallecimiento puedan sustituirlo como partes del contrato (art. 1334, inc. 2); y a la extensión, en materia de responsabilidad civil, de la denominada inmunidad familiar a los abuelos y nietos (art. 1537.b)⁷⁶. Encontramos, también, algunas disposiciones similares a estas en los códigos civiles brasileño (art. 1589, par. único), español (arts. 103.1, inc. 2, y 160.2, modificados en 2005), argentino (arts. 443.d y 555) y chino (arts. 732, 1045, inc. 2, 1074 y 1108), en el Código de las Familias cubano (arts. 45-47, 138.e y 160) y en los proyectos de reforma español (art. 251-4.4) y colombiano (art. 1823).

4) La familia multiespecie (o interespecie), o sea, aquella integrada por seres humanos y sus mascotas, prevista en las disposiciones sobre los animales domésticos y domesticados y en las que se establece todo lo concerniente a la guarda y al régimen de visitas y de alimentos respecto del animal de compañía en caso de separación o divorcio de la pareja que lo detente (art. 235); lo que implica el desplazamiento de la consideración de la relación humano-animal del ámbito exclusivo de los derechos patrimoniales (donde tradicionalmente estaba emplazada) al de las personas y de la familia (reconociéndoles, de esta manera, una cierta subjetividad). A esta tipología familiar también refieren, luego de las respectivas reformas introducidas al régimen de los animales, los códigos civiles portugués (arts. 1733.h, 1775.f y 1793-A) y español (arts. 90.1.bbis, 2 y 3, 91, 92.7, 94bis y 103.1bis)⁷⁷, así como el nuevo Código de las Familias cubano (art. 280.f).

Esta libertad para conformar las relaciones familiares se ve reflejada, asimismo, en la posibilidad de optar por establecer una relación de filiación con la prole mediante un vínculo genético o por adopción (art. 556); pudiendo recurrir incluso a esta última tanto las personas en pareja (casadas o no, de distinto o de igual género), ya sea en forma individual o conjunta, como las personas solteras (arts. 580-588). Además, respecto de la filiación por vínculo genético (arts. 559579), se admite tanto la natural como la asistida (art. 556); y sea que consista esta última en las denominadas inseminación artificial o fecundación in vitro o en la maternidad (rectius, gestación) subrogada (arts. 76, 567 y 570), en cualquiera de sus respectivas modalidades (homóloga o heteróloga y completa o parcial); aun cuando, en el caso de tratarse de una pareja en la que solo uno de sus integrantes aporta el material genético, la filiación respecto del otro se fundaría no ya en un vínculo biológico, sino en su consentimiento o voluntad procreacional. Cabe señalar, sin embargo, que los referidos supuestos de filiación por métodos de procreación asistida no se encuentran reglamentados de manera integral por el nuevo Código Civil de Puerto Rico, sino que este remite a la legislación especial (art. 77 inc. 1), la cual todavía no ha sido dictada (por lo que el legislador podría limitar sus alcances). En la codificación civil comparada, aquí confrontada, hacen referencia a la denominada fecundación por inseminación artificial y/o in vitro los códigos civiles brasileño (art. 1597.iii-v) y argentino (arts. 560-564), el Código de las Familias cubano (arts. 117-129) y los proyectos boliviano (arts. 4.I, 5 y 1190), español (arts. 223-1-233-6), peruano (arts. 1A, 415-415D y 735B) y colombiano (arts. 50, 1728, 1731, 1796, 1799, inc. 2, 1803, inc. 8, 1819, inc. 1, 1728, incs. 1 y 3, 1731, inc. 3, y 1742). En cambio, de todos ellos, solo el nuevo Código de las Familias cubano regula la gestación subrogada, llamándola gestación solidaria (arts. 130-135), como también propone el proyecto colombiano, pero conservando la denominación de maternidad subrogada (arts. 51 y 1743-1744), mientras que en las demás legislaciones aquí consideradas se guarda silencio respecto de esta otra técnica de reproducción asistida⁷⁸ o se la prohibe expresamente, como, v.gr., en la española (art. 10 de la Ley 14-2006, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, disposición convalidada por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo en su sentencia 277/2022).

Ahora bien, este mayor respeto de las libertades y derechos individuales en la configuración de la familia se compensa con una serie de otras disposiciones del mismo código en las que se pone el acento en la solidaridad e integridad del grupo familiar; ello al establecerse que todos sus miembros tienen recíprocamente el derecho y el deber de respetarse, protegerse y socorrerse, y proveer para el levantamiento de las cargas familiares en la medida de sus posibilidades, recursos económicos y aptitudes personales (arts. 362 y 364), y que los cónyuges están obligados a fortalecer el vínculo de solidaridad que une a sus integrantes y a atender a sus necesidades esenciales con los recursos propios y comunes (art. 400); de ahí que -con independencia del régimen patrimonial seleccionado- los bienes de ambos están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio y de la familia (art. 492). Asimismo, se precisa que los progenitores que carecen de medios para mantener a la familia pueden solicitar al tribunal que les autorice a utilizar para ello una parte proporcional de los bienes, frutos y productos del hijo o hija (art. 630); y, viceversa, se establece la continuación de la obligación de subsistencia y de las atenciones de previsión (v.gr., los seguros de salud, de vida y de incapacidad, los planes de estudio y las garantías prestadas sobre obligaciones que perduran luego de la mayoridad [art. 654]) de los hijos, hijas o alimentistas que hayan cumplido veintiún años de edad pero que carezcan de recursos o medios propios para su manutención, mientras subsisten las circunstancias por las que resultan acreedores de ellas (art. 99.a), así como de la obligación de seguir pasando alimentos a quien haya alcanzado la mayoridad mientras cursa ininterrumpidamente estudios profesionales o vocacionales, la cual se extenderá hasta que obtenga el grado o título académico o técnico correspondiente, o bien hasta que alcance los veinticinco años de edad (lo que ocurra primero), a discreción del juzgador y dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso (art. 655^[79])⁸⁰. Normas similares, aunque no siempre tan explícitas y completas como las puertorriqueñas, contienen los códigos civiles brasileño (art. 1691), español (arts. 67-68, 142, inc. 2, 155.2 y 165, inc. 2, modificados en 1981 y 2005), argentino (arts. 431-434, 455, 461, 505, inc. 2, 662, 663, 671.c y 697) y chino (arts. 1041, 1043, inc. 2, 1060, 1067, 1069, 1075 y 1090), el Código de las Familias cubano (arts. 2.3, 3.a, 39.c, 149.c y 150) y los proyectos de reforma español (arts. 215-2.1, 240-1.2 y 251-2.b) y colombiano (arts. 1683.1-2, 1693, 1770 y 1787-1788).

La necesidad de conciliar los intereses individuales y grupales dentro de la familia constituye, igualmente, el fundamento de algunas soluciones adoptadas por el nuevo Código Civil puertorriqueño que persiguen preservar la paz o la intimidad (en caso de conflictos) del grupo familiar; tal como sucede con la eliminación del divorcio culposo, al establecerse que no se requiere la invocación de la conducta específica que dio lugar a la petición individual de ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial (art. 425), ni su descripción en la sentencia que disolverá el vínculo de matrimonio (art. 434); así como con la posibilidad de obtener el divorcio en sede notarial (arts. 423 y 473-475, ya admitida desde 2016) y la figura de la patria potestad prorrogada (art. 622), en cuanto alternativa más discreta respecto de la tutela de los hijos incapacitados que alcanzan la mayoría de edad, procurando respetar así la intimidad del entorno doméstico al excluir la intervención de la autoridad judicial⁸¹. El divorcio inculpado está previsto, también, por los códigos civiles español (art. 86, modificado en 2005) y argentino (art. 435.c), y por el proyecto de reforma español (art. 218-1); mientras que el divorcio notarial lo admiten el Código Civil español (art. 87, modificado en 2015) y los proyectos de reforma español (art. 218-3), peruano (art. 333.2) y colombiano (art. 1654)⁸².

Los cambios operados en la regulación de la estructura familiar por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 se proyectan, asimismo, sobre las disposiciones previstas en el ámbito de la sucesión por causa de muerte; en el cual, además del reconocimiento al causante de una mayor libertad y autonomía en la disposición del acervo hereditario, se prevé también una intensificación de la protección de ciertos herederos que se consideran débiles. Es así que se amplía considerablemente la porción de libre disposición (con la correlativa eliminación de la institución de la mejora regulada por el Código Civil abrogado -arts. 751-760-), al reducirse la legítima de los herederos forzosos (ahora denominados legitimarios) a la mitad de la herencia (art. 1623)⁸³. También han ampliado la porción disponible (reduciendo la legítima) el Código Civil argentino (art. 2445) y los proyectos de reforma boliviano (art. 1287), español (arts. 467-3.1 y 467-4.1) y colombiano (art. 1946 inc. 3).

Asimismo, se revaloriza la voluntad del testador cuando, no alcanzando los bienes de la herencia para cubrir todos los legados, se da preeminencia al que él haya declarado preferente (art. 1706.a), lo que en el régimen anterior estaba previsto en el tercer orden de prelación (art. 809.3); y, también, cuando se establece que siempre que se cumplan los requisitos y formalidades expresados en el código, la falta de indicación en el testamento de que ellas se han cumplido no afecta su validez, como tampoco la afecta la falta de expresión de la hora del otorgamiento si el testador no hubiera otorgado otro en la misma fecha (art. 1708, incs. 1 y 3, inspirado en la Ley de Sucesiones de Aragón de 1999 -art. 108.1.b-⁸⁴)⁸⁵.

Por otro lado, siguiendo una tendencia que da prioridad al vínculo convivencial o de afectividad sobre el parental o de consanguinidad, el nuevo Código Civil puertorriqueño mejora la posición del cónyuge supérstite (que generalmente es la mujer viuda, lo que supone una situación de mayor vulnerabilidad), pues se lo iguala con los demás herederos (art. 1622), en cuanto concurre también él a la herencia en pleno dominio (no ya como usufructurario) y en primer orden junto a los hijos del causante o sus estirpes (efectuando con ello un triple salto respecto del texto original del Código Civil de 1930, al pasar del cuarto orden al primero). Asimismo, se le reconoce una protección suplementaria, al incorporarse a su favor -mediante una norma de interés social⁸⁶- el derecho de opción a la adquisición preferente de la vivienda familiar (art. 1625, inc. 1); y si su cuota hereditaria y la de los gananciales no alcanzaren el valor necesario para tal atribución, la viuda o el viudo puede solicitar el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita en proporción a la diferencia existente entre el valor del bien y la suma de sus derechos (art. 1625, inc. 2); derecho este que vendría a superponerse con el derecho de permanecer en la vivienda familiar luego de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales y el hogar seguro (arts. 477-487), por lo que se impone la necesidad de coordinarlo con estos otros beneficios⁸⁷. La condición del consorte sobreviviente ha sido igualmente mejorada, con diferentes alcances, por los códigos civiles brasileño (arts. 1829 y 1845) y argentino (arts. 2332, inc. 6, 2383 y 2433-2435), y por los proyectos de reforma español (arts. 466-12-466-13, 467-5.1 y 467-18, pero manteniendo la legítima en usufructo) y colombiano (arts. 1915-1917 y 1954); algunos de los cuales han previsto -además- la posibilidad de mejorar la condición de los hijos con discapacidad, tal como hacen los códigos civiles español (art. 808, inc. 4, modificado en 2003), argentino (art. 2448) y chino (art. 1141), y el proyecto de reforma español (art. 467-7).

Por último, cabe señalar que también en materia sucesoral el Código Civil de Puerto Rico de 2020 se preocupa por limitar los conflictos intrafamiliares y preservar la intimidad de la familia, al introducir la figura del arbitraje testamentario (es decir, del arbitraje instituido por testamento) con la finalidad de prever un mecanismo de solución -rápido y alternativo al proceso jurisdiccional- de las eventuales disputas derivadas de una herencia, siempre que no afecten las legítimas (art. 1688)⁸⁸. Se trata de una figura de origen alemán, prevista ya en el derecho español por la Ley de Arbitrajes Privados de 1953 (art. 5) y regulada actualmente por la Ley de Arbitraje, n.° 60-2003 (art. 10); así como, entre otras, por la Ley General de Arbitraje peruana, n.° 26.572-1996 (art. 13), la Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana, n.° 1.770-1997 (art. 5), y la Ley de Conciliación y Arbitraje hondureña, n.° 161-2000 (art. 32)⁸⁹.

4. La búsqueda del equilibrio sustancial en las relaciones obligacionales. La protección del deudor, del contratante débil y de la víctima de un daño

La mayor atención prestada a la protección de los sujetos vulnerables también constituye una de las características del régimen de las obligaciones y de sus fuentes previsto por el nuevo Código Civil puertorriqueño, cuyas disposiciones, si bien parecen haber tenido menos resonancia mediática que las correspondientes al derecho de las personas, de la familia y de la sucesión por causa de muerte, no por ello carecen de trascendencia y -menos aún- de innovatividad respecto del Código Civil de 1930. En efecto, la nueva regulación demuestra una cierta preocupación por la búsqueda del equilibrio sustancial en las relaciones obligacionales, en sintonía con los demás códigos de tercera generación, lo que se traduce en la adopción de una serie de soluciones orientadas a la protección del deudor, del contratante débil y de la víctima de un comportamiento dañoso que impactan directamente sobre los alcances de las nociones de obligación y de contrato, así como del derecho de daños.

La especial consideración por la proporcionalidad del vínculo obligacional se pone de manifiesto ya desde la definición misma de la obligación como "el vínculo jurídico de carácter patrimonial en virtud [del] cual el deudor tiene el deber de ejecutar una prestación [...] en provecho del acreedor, quien, a su vez, tiene un derecho de crédito para exigir el cumplimiento" (art. 1060); de la que se desprende una particular atención prestada también al sujeto pasivo de la relación obligacional y no solo al poder de agresión del sujeto activo⁹⁰, tal como hacen igualmente los proyectos de reforma español (art. 511-1, inc. 1) y colombiano (art. 432, inc. 1)⁹¹. Ello se completa con la generalización, en el ámbito obligacional, del principio de la buena fe (que el Código abrogado solo había previsto en el ámbito de los contratos -art. 1210-)⁹², al disponerse ahora que "tanto el deudor como el acreedor deben actuar de buena fe en el cumplimiento de la obligación" (art. 1062); de lo que se deduciría que ambos tienen el deber de cooperar entre sí para que el interés del segundo sea satisfecho con la prestación del primero y este quede liberado (como prevé más explícitamente el proyecto de reforma español -art. 511-2-)⁹³. Por su parte, la preocupación por la protección del deudor se advierte -entre otras- en la disposición que reitera el principio según el cual este responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros (ya contenido en el Código Civil abrogado -art. 1811-), pero en la que se expresa con mayor claridad que su responsabilidad es solo patrimonial (no personal) y, sobre todo, se agrega que están excluidos de la garantía común de sus acreedores una serie de bienes declarados inembargables por la ley o por acuerdo de las partes (arts. 1156 y 1157)⁹⁴. Disposiciones similares a estas últimas prevén el Código Civil y Comercial argentino (arts. 743 y 744) y, en cierta medida, los proyectos de reforma boliviano (art. 491), español (art. 519-1) y colombiano (art. 470).

En otras regulaciones, sobre el negocio jurídico y sobre los contratos en general y en particular, el Código Civil de Puerto Rico de 2020 se demuestra atento -además- a asegurar el equilibrio entre las partes con la finalidad -generalmente- de proteger al contratante débil. Tal es lo que sucede, v.gr., en materia de interpretación de las disposiciones ambiguas, donde no solo confirma la regla según la cual si el negocio es oneroso debe interpretarse a favor de la mayor proporcionalidad de intereses (art. 358.b, ya prevista por el Código Civil abrogado -art. 1241-), sino que introduce también la que establece que las cláusulas deben entenderse en sentido desfavorable a quien las redactó y en favor de la parte que tuvo menor poder de negociación (art. 358.c); así como respecto del régimen especial aplicable a los contratos con cláusulas no negociadas (arts. 1247-1249) y de la normativa que admite la anulación o revisión de los contratos en caso de lesión por ventaja patrimonial desproporcionada (art. 1258) o por excesiva onerosidad sobreviniente (arts. 1259 y 1260)⁹⁵. En este mismo orden de cosas, resulta de particular interés la disposición que trata de resolver la problemática de la "integración del contrato" (en caso de falta de previsión contractual o de ineficacia de alguna de sus cláusulas), dando preferencia no solo a las normas imperativas, sino también a las supletorias respecto de los usos (ubicados en tercer orden), privilegiando de esta manera el modelo previsto por el legislador (generalmente más afín con la naturaleza del negocio de que se trate), en lugar de aquel diagramado por las prácticas empresariales, que al identificarse con los intereses de la parte fuerte de la contratación podría traducirse en un contenido menos equilibrado (art. 1236, que coincide con lo dispuesto por el Código Civil y Comercial argentino -art. 964- y con lo propuesto por el proyecto de reforma boliviano -art. 674-)⁹⁶.

Asimismo, el referido criterio de proporcionalidad, previsto en general para la interpretación de los negocios onerosos (art. 358.b), aparece explicitado luego en la regulación del contrato de permuta, a nivel definitorio (art. 1293), y en la del arrendamiento, respecto de la determinación del alquiler (art. 1340), con notoria alusión a la equivalencia de las prestaciones⁹⁷. A su vez, la preocupación por la protección de la parte débil se advierte también al haberse establecido, v.gr., que los familiares o allegados que conviven con el arrendatario al momento de su muerte pueden continuar con el arrendamiento hasta el vencimiento del plazo (art. 1334, inc. 2), y que, en defecto de estipulación, se entiende que el alquiler debe pagarse por períodos vencidos (art. 1341), lo que sin duda beneficia al arrendatario; como, asimismo, al exigirse ahora que la fianza deba convenirse por escrito, so pena de nulidad (art. 1482) -lo que constituye una manifestación típica del denominado neoformalismo de protección- y al precisarse que la condición del fiador solidario no es igual a la del codeudor solidario (art. 1488), dejando así sin efecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que -con base en el art. 1721, inc. 2, del código abrogado- parecía equiparar ambas figuras en perjuicio del primero⁹⁸.

Se coloca también dentro de esta orientación el régimen del derecho de daños diagramado por el nuevo Código Civil puertorriqueño, cuyas disposiciones centran su atención no ya en la reprochabilidad de la conducta del autor del evento dañoso, sino más bien en la protección integral de la víctima, mediante la adopción de una serie de medidas tendientes tanto al resarcimiento del perjuicio como a su prevención e, incluso, a su sanción-disuasión. Este cambio de paradigma se refleja en la sustitución de la rúbrica de la norma que confirma el principio general de la culpa como factor de atribución, la que en el código abrogado rezaba "Obligación cuando se causa daño por culpa o negligencia" (art. 1802) y en el nuevo refiere a la "Responsabilidad por culpa o negligencia" (art. 1536), lo que supondría el pasaje de una visión del derecho de daños basada en una deuda del autor del perjuicio a otra fundada en un crédito de indemnización de la víctima⁹⁹; así como en la consagración expresa, al lado del referido principio general y de los casos de responsabilidad por culpa in vigilando (art. 1540.a-c) e in eligendo (art. 1540.d-f), de la obligación de responder por el ejercicio abusivo o antisocial de los derechos (art. 18) y por otros supuestos típicos de responsabilidad objetiva (arts. 1541-1544)¹⁰⁰. La combinación de factores de atribución subjetivos y objetivos caracteriza también el sistema de la responsabilidad por daños de los códigos civiles brasileño (art. 927, 932-933 y 936-938), argentino (arts. 1721-1724 y 1753-1771) y chino (arts. 1165-1167 y 1191-1258), y de los proyectos de reforma boliviano (arts. 7, 1066-1069 y 1092-1111), español (arts. 5191-1, 5191-7, 5191-8, 5191-10-5191-12, 5195-1-5195-6, 5191-1, 5197-1 y 5198-1) y colombiano (arts. 533, 534 y 544-555). Además, el favor victimae que guía a la nueva reglamentación de la responsabilidad civil justifica las opciones dadas al perjudicado de elegir, para la reparación del daño sufrido, entre recibir una suma de dinero, la reintegración específica o una combinación de ambos remedios (art. 1538 inc. 1), y, sobre todo, la consagración expresa de la solidaridad en el caso de cocausantes (art. 1539), lo que indiscutiblemente beneficia a la víctima (pues la ya referida idea de la responsabilidad como crédito de indemnización se preocupa por sumar deudores que garanticen solvencia)¹⁰¹.

Pero, como ya he adelantado, el Código Civil de Puerto Rico de 2020 no solo se limita a reglamentar la función reparadora, sino que, en sintonía con el nuevo derecho de daños, prevé también mecanismos para su prevención y sanción-disuasión. Así, la función preventiva¹⁰² estaría prevista, v.gr., en la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares (ante la simple amenaza de un daño o el inicio de su producción o su continuación o agravamiento) en los casos de responsabilidad por ejercicio abusivo o antifuncional de los derechos (art. 18) y por incumplimiento de las obligaciones de no hacer (art. 1082), donde aquellas están contempladas de manera expresa, y -además- para la defensa de los derechos esenciales de la personalidad (art. 74, inc. 1), en cuyo ámbito esa posibilidad estaría admitida en forma implícita al permitirse "reclamar su respeto y protección" ante el Estado y la sociedad (de lo que se desprendería la posibilidad de emplear, incluso, remedios preventivos). Por su parte, la función sancionatoria-disuasiva estaría representada por la recepción de la figura de los denominados daños punitivos de origen angloamericano (art. 1538 inc. 2), los que habían sido rechazados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico por considerarlos incompatibles con la naturaleza exclusivamente reparatoria y no sancionatoria de la indemnización en los ordenamientos de la tradición romanística¹⁰³, pero que en realidad podrían integrar hoy -excepcionalmente- los nuevos contornos del derecho de daños, sobre todo si se tiene en cuenta que también aquellos propenderían a la prevención de los perjuicios (aunque lo hagan de manera ejemplar mediante la amenaza de una pena o sanción)¹⁰⁴. Mecanismos de prevención han sido previstos asimismo en forma explícita o implícita, siempre en el ámbito del abuso del derecho y/o de los derechos de la personalidad, por los códigos civiles brasileño (art. 12) y argentino (arts. 10, inc. 3, y 52), y por los proyectos de reforma boliviano (art. 1434.iii), español (art. 151-7.1) y peruano (ii-A.2); pero la función preventiva ha sido reconocida también expresamente, con carácter general, por el Código Civil y Comercial argentino (arts. 1708 y 1710-1713) y por el Proyecto boliviano (arts. 1057 y 1059-1060), como también, en cierta medida, por el Código Civil chino (art. 179, inc. 1) y por el proyecto colombiano (arts. 35 y 40). En cambio, respecto de los mecanismos sancionatorios-disuasivos, ningún otro ordenamiento romanístico los habría codificado aún, admitiéndose -por ahora- solo su presencia en el ámbito de la legislación especial, tal como reconoce expresamente el Código Civil chino (art. 179, inc. 2) y como sucede, v.gr., con la Ley de Defensa del Consumidor argentina, n.° 24.240-1993 (art. 52bis, introducido en 2008)¹⁰⁵.