El momento agridulce de las relaciones

A lo largo de la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia no han sido siempre cordiales o amistosas. Como consecuencia de la llamada secesión de Panamá, auspiciada por el coloso del norte en 1903, surgió en Colombia un sentimiento antiestadounidense que se expresó en ciertas decisiones gubernamentales, en las posiciones oficiales de la Cancillería y en diversas manifestaciones ciudadanas y de prensa.

Las reiteradas renuncias de (osé Vicente Concha como agente de Colombia en las negociaciones con Estados Unidos para la construcción del canal; los términos del Tratado Herrán-Hay criticados públicamente por Miguel Antonio Caro, Marcelino Vélez y Ramón González Valencia en el Congreso; los ecos de la oposición demócrata en Estados Unidos contra las medidas del republicano Theodore Roosevelt, así como la pérdida final de Panamá, contribuyeron a forjar en importantes sectores de las élites políticas y económicas de Colombia, si no una conciencia, al menos un descontento sustentado frente a la acción estadounidense.

Varios hechos pueden citarse como resultado de este sentimiento: desde la pujante movilización ocurrida en Bogotá al conocerse en noviembre de 1903 la segregación del istmo,¹ hasta aquellas que los estudiantes protagonizaron en 1909 y que llevaron a la calda de Rafael Reyes, tras endilgarle el descabellado y desigual propósito conciliatorio con el país del norte, sumado a su deseo de continuar en el poder.² Asimismo, la posición asumida por la prensa colombiana, en donde descollaron El Tiempo y El Correo Liberal, haciendo suyas las denuncias de [oseph Pulitzer sobre el fraudulento y corrupto pago de cuarenta millones de dólares que el Gobierno de Roosevelt había hecho a la compañía francesa del Canal de Panamá y que habrían ido a las manos, entre otros, de un hermano del candidato republicano a la presidencia, Henry W. Taft, y de un cuñado del propio presidente Roosevelt, Douglas Robinson. Denunciado y perseguido ante los tribunales, Pulitzer ganó finalmente todo pleito, con lo que reivindicó la libertad de prensa, mientras que Roosevelt salió mal librado en las elecciones de 1912.

Si algún periódico alabó a Pulitzer y asumió posiciones contrarias a los intereses estadounidenses en América Latina, fue precisamente El Tiempo: sus páginas rechazaron tempranamente las acciones adelantadas por Estados Unidos contra México, años después de la Revolución, y continuaron su secuencia hasta los actos que, como filibustero, llevó a cabo Estados Unidos en Centroamérica hasta entrados los años treinta.³El Correo Liberal hizo repetida resonancia de las luchas obreras y populares de los años veinte, especialmente en enclaves como el de la Tropical Oil Company (TROCO) y la United Fruit Company (UFC).⁴El Espectador no se quedó atrás: denunció las falsas revoluciones, los golpes de Estado o las maniobras electorales y políticas que promovía Estados Unidos "con fines tan lucrativos como los ferrocarriles".⁵ El llamado "corolario de la doctrina Monroe", según el cual, las naciones latinoamericanas para alcanzar su felicidad solo necesitaban "comportarse correctamente" para evitar ser castigadas, fue repetidamente fustigado por la prensa.

Dirigentes políticos, incluidos algunos residentes en Panamá, como Marcelino Hurtado, Pablo Arosemena y Oscar Terán, o jóvenes como Laureano Gómez y el naciente grupo de los Leopardos, expresaron repetidamente su indignación o malestar de diversas formas. Terán, por ejemplo, denominó "atraco yanqui" a la pérdida de Panamá,⁶ y Gómez asumió desde entonces sus abiertas simpatías por Alemania. En las filas liberales, (osé María Vargas Vila denunció a (osé Manuel Marroquín por "ceder la soberanía por entero y vender su patria después de asesinar la libertad"⁷ y más tarde, al final de la Hegemonía Conservadora, Felipe Lleras Camargo, entonces socialista e impulsor del grupo los Nuevos, tomaría la posta, al lado de Jorge Eliécer Gaitán, para criticar la intromisión de Estados Unidos en Latinoamérica.⁸

La neutralidad de Colombia durante la Primera Guerra Mundial y el intento gubernamental de 1914 para contratar una misión militar alemana que se ocupara de formar a los oficiales en las principales guarniciones del país⁹ demostraron cuán profunda permanecía la herida. Sin embargo, es también cierto que otros sectores de la élite emprendieron acciones para saldar y olvidar lo acontecido. Rafael Reyes lo intentó y, al mismo tiempo, Washington propuso diferentes fórmulas para llegar con la problemática resuelta a la inauguración del Canal, preparada con ostensibles actos para agosto de 1914. El idealismo wilsoniano,¹⁰ que invadió a México en 1914 para arrojar del poder al general golpista Victoriano Huerta e instalar en su lugar al revolucionario Venustiano Carranza, consideraba necesario limar las asperezas con Colombia antes de poner en servicio el canal; no solo por su concepción demócrata, sino también por razones estratégicas previas a su intervención en la Primera Guerra Mundial: las playas colombianas sobre ambos océanos resultaban necesarias para su defensa, en caso de un ataque extracontinental.

Por el lado colombiano, la posibilidad de una reparación económica y de importantes inversiones para impulsar el tardío capitalismo vernáculo incrementaron sus expectativas tras los resultados de la guerra. La exportación de cafe y su producción de divisas, la acumulación de capital en el comercio y su traslado a la industria, nuevas formas de organización del trabajo, así como la necesidad de alcanzar una estabilidad política que favoreciera el progreso, estimularon la necesidad de restablecer cabalmente relaciones con la potencia más favorecida tras el Tratado de Versalles. Es cierto que Carlos E. Restrepo había buscado de diversas maneras concretar un acuerdo. Sin embargo, el presidente Wilson se vio obligado a rechazarlo debido a la fuerte oposición republicana que supuso se reconocería con su firma la responsabilidad estadounidense en el asunto panameño, lo que de ninguna manera se aceptaba. Le correspondió entonces a Marco Fidel Suárez, quien desde 1914 proclamó su doctrina del réspice polum,¹¹ lograr la ratificación del Tratado Urrutia-Thompson, luego de encendidas discusiones en los Congresos de ambos países, para lo cual ofreció incluso finalmente su renuncia.

No pocos personajes, otrora críticos del Tratado Herrán-Hay, empezaron a calmar sus resentimientos. La reparación recibida, por un total de veinticinco millones de dólares, ayudó a sosegar los ánimos; las crecientes inversiones e injerencias del capital estadounidense en un comercio no interrumpido con Colombia y que tuvo en el país del norte al principal comprador de café, también estimularon el acercamiento. Los bonos emitidos por el Gobierno colombiano para adelantar proyectos económicos y que se convirtieron en el único medio para ahuyentar la crisis que se acercaba con la depresión económica mundial, fueron adquiridos confiadamente por Estados Unidos, al tiempo que se aseguraba su inversión petrolera.

Este último aspecto tuvo particular importancia para la aprobación del Tratado en Estados Unidos. Los millones de dólares entregados obtuvieron con antelación una contrapartida nada despreciable: Colombia entregó a petroleras estadounidenses las concesiones De Mares y Barco, a pesar de que habían caducado desde 1909 y 1907, respectivamente, y aceptó la dualidad de la propiedad del subsuelo. De acuerdo con dicha disposición, se les entregaron los terrenos que tuvieran títulos particulares sin que importara que hubiera o no petróleo bajo la superficie. El más importante senador republicano, Henry Cabot Lodge, reconocido además como historiador de Massachusetts, justificó e impulsó con tales argumentos la firma del Tratado: Colombia tiene los yacimientos "más grandes del mundo" e "importa sobremanera desarrollar aquí los intereses americanos por medio de relaciones fraternales".¹²

Correspondió al Gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926) sellar el final de la discordia por los asuntos referidos a la pérdida de Panamá. La aceptación de la Misión Kemmerer, sugerida por Estados Unidos para varios países latinoamericanos como garantía de futuros préstamos y mejores relaciones financieras, fue un paso trascendental. Sus recomendaciones fueron puntualmente aprobadas por el Congreso; entre ellas, el establecimiento de un banco nacional, la reorganización fiscal con un presupuesto anual consolidado, la creación de la Contraloría y, poco después, la constitución de un banco agrícola de crédito e hipotecas, destinado a construir y fortalecer el mercado de capitales, junto a otros similares que le siguieron.

El periodo, que además del gobierno de Ospina abarcó los primeros años del siguiente, con Miguel Abadía Méndez como presidente, ha sido denominado por algunos autores como "prosperidad al debe"¹³ o "danza de los millones"¹⁴ en referencia al flujo de capital extranjero que ingresaba al país. Según Fred Rippy, por la indemnización en relación con Panamá y a título de préstamos, el país recibió de Estados Unidos, en casi seis años, cerca de 280 millones de dólares.¹⁵ De acuerdo con Vernon Lee Fluharty, exceptuando la indemnización por Panamá, habrían sido 198 millones de dólares los recibidos en Colombia, de parte de inversionistas ávidos por entregarlos.¹⁶ Para José Fernando Ocampo, los inversionistas estadounidenses habrían adquirido bonos del Gobierno colombiano por valor de 172 millones de dólares y tenían inversiones directas por 132 millones más. La deuda externa entre 1927 y 1928 creció en un 200 % y alcanzó la suma de 215 millones de dólares.¹⁷ Una investigación más detallada, realizada por Guillermo Torres, nos habla de 202 millones de dólares por préstamos externos e indemnización por Panamá, más 154 millones por deuda pública nacional.¹⁸ Sea cual sea la cifra correcta, lo cierto es que todo el capital recibido, aunque alivió el estancamiento económico y elevó la producción, impulsó también la inflación, generó derroche en los gastos públicos y poco llegó con sus beneficios a la población en general. Colombia continuó con uno de los ingresos más bajos por habitante en América Latina.¹⁹

En gran medida, uno de los inspiradores e impulsores de este nuevo oleaje en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos fue Enrique Olaya Herrera. Ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno republicano de Carlos E. Restrepo, volvió a ocupar dicho cargo en la administración del presidente Jorge Holguln, designado a la presidencia de la República a raíz de la renuncia del conservador Marco Fidel Suárez. Desde 1914, Holguín encaró como tarea prioritaria la solución del conflicto existente con Estados Unidos a raíz de su intervención en la segregación de Panamá, y asesoró y perfeccionó el Tratado Urrutia-Thompson, que finiquitó el asunto diplomáticamente. La ratificación de este tratado en el Congreso de los Estados Unidos fúe obra del mismo Holguín y de su canciller Olaya Herrera, en 1921.

Luego de dicho logro, Olaya Herrera fue nombrado ministro de la Legación colombiana en Washington, en la cual permaneció inamovible por casi ocho años, en pleno boom de los "felices años veinte".²⁰ Participante activo en la definición del Tratado Urrutia-Thompson, como atrás se dijo, Olaya Herrera impulsó también, de principio a fin, la construcción y firma del Tratado Salomón-Lozano que definió la frontera entre Colombia y Perú, acuerdo para el cual contó con la valiosa ayuda de Henry L. Stimsom, secretario del Departamento de Estado, y de Leo Stanton Rowe, director general de la Unión Panamericana.²¹ No obstante, el interés por mejorar las relaciones y construir un escenario propicio para las inversiones no fue solo colombiano; en realidad, fue un asunto de doble vía. Estados Unidos, fortalecido con los resultados finales de la Guerra, asomó una nueva estrategia de expansión hacia el resto del continente americano; no solo para consolidar su posición económica y política en el hemisferio sino, igualmente, para hacer frente a los peligros que representaba la Revolución rusa. De modo que Woodrow Wilson, y después de él Herbert Hoover y Franklin Delano Roosevelt, giraron paulatinamente desde la política del "gran garrote" a la del "buen vecino". La supremacía estadounidense en América Latina pasaba más por la inversión y el estímulo al comercio y por la "promoción de la prosperidad", que por las invasiones y la presencia militar abierta.²²

En esta dirección, según Stephen Randall, Estados Unidos empleó tres instrumentos fundamentales para su expansión: los tratados recíprocos de comercio, que desplazaban a las potencias europeas de los más boyantes negocios en territorio americano; el Banco de Exportación e Importación y el Consejo de Protección de los Tenedores de Bonos Extranjeros que, en conjunto, buscaban garantizar las inversiones a través del crédito, protegiendo de paso el pago de la deuda externa.²³' Olaya Herrera, testigo de primera mano en la transformación de la política exterior estadounidense, se convirtió de esta manera en importante actor para la buena amistad de la élite criolla con el Departamento de Estado y los banqueros estadounidenses, cuyas inversiones promovió vorazmente. Al final del gobierno de Abadía, con el arribo de la crisis mundial, las condiciones cambiaron notablemente. El acceso al crédito externo comenzó a cerrarse ante el freno impuesto a la especulación bancaria en Estados Unidos, con la consiguiente alza en las tasas de redescuento, y por la crisis monetaria que auguró la Gran Depresión. A pesar de la relativa inundación de inversiones privadas en los bonos del Gobierno, su debilidad se advirtió por la poca inversión en la producción de alimentos y materias primas: buena parte de la riqueza producida quedó en pocas manos o salió nuevamente del país sin generar una prosperidad interna, como se esperaba. La huelga bananera y la masacre en que culminó produjeron el desprestigio absoluto de la United Fruit Company y del Gobierno colombiano. Las corrientes migratorias, movidas por la construcción de obras públicas y ferrocarriles, favorecieron el despoblamiento de los campos: "la producción y el uso de la tierra, la productividad del trabajo y la capacidad general del consumo, probablemente se perjudicaron en vez de beneficiarse".²⁴ El precio internacional del cafe comenzó a caer y, en ese marco, un nuevo tipo de relaciones entre Estados Unidos y Colombia fue percibido como necesario por casi toda la élite política y económica nacional, en concordancia ahora con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El débil y breve intento del ministro de Industrias, José Antonio Montalvo, por poner freno a la expoliación de las empresas petroleras estadounidenses, al inicio alabado por la prensa, fue finalmente cuestionado: el hostigamiento legal, dijeron algunos, trajo como consecuencia una vertiginosa caída en los precios de los bonos de la deuda colombiana en Wall Street.²⁵

Mucho se ha escrito sobre las razones que permitieron la llegada de Enrique ^{Olaya Herrera al solio presidencial en 1930}. En primer lugar, la más socorrida y citada, es aquella que hace referencia a la vacilación arzobispal. El máximo jerarca de la Iglesia católica en Colombia había sido un eje del poder a lo largo de la hegemonía conservadora: investía con una bendición al candidato que, postulado luego por el conservatismo, llegaría a la presidencia. Sin embargo, en esta ocasión titubeó en la escogencia.

Cuatro años antes, en 1926, entre Miguel Abadía Méndez y el general Alfredo Vásquez Cobo, el arzobispo primado, Bernardo Herrera Restrepo, a través del arzobispo coadjutor, Ismael Perdomo, escogió al primero de los aspirantes ofreciéndole al segundo el turno presidencial siguiente. No obstante, para 1930, las circunstancias eran diferentes. La clase política conservadora no tenía un solo candidato: tenía siete. El autoritario arzobispo Herrera había muerto y el nuevo arzobispo primado, Ismael Perdomo, quiso congraciarse con la élite política y no discutir con nadie: reconoció a todos los candidatos como viables y católicos y dejó la selección en manos de la mayoría conservadora del Congreso.²⁶

Fue un paso en falso. Cada uno de los candidatos sintió que, por primera vez después de muchos años, la elección dependía de sus copartidarios y no de una comunión litúrgica. Días más tarde, el arzobispo dejó sentir sus vetos. El primer perjudicado fue el expresidente José Vicente Concha, cuya candidatura no era del todo grata para Estados Unidos por su posición frente al tratado sobre Panamá. Luego, a solicitud del Congreso, el arzobispo Perdomo renovó sus votos por Alfredo Vásquez Cobo, pero la decisión de un nutrido grupo de conservadores fue proclamar al poeta Guillermo Valencia por encima de las sotanas. El presidente Abadía hizo también su "guiño" por Valencia. No olvidaba que Vásquez Cobo, ministro de Guerra de Rafael Reyes, había ordenado su destierro al penal de Acacias, en el Meta.

La férrea fragmentación conservadora cobijó a la Iglesia con igual ardentía. El arzobispo de Medellin pidió apoyar a Valencia y los curas de pueblo se sintieron autorizados para tener su propio candidato. No obstante, las intrigas del presidente Abadía en Roma hicieron variar la posición del arzobispo Perdomo. Entregó su apoyo a Valencia y pidió la unidad del clero y de la Iglesia. Es más, declaró obligatorio para todos los católicos votar por Valencia. Los sublevados, entonces, fueron los seguidores de Vásquez Cobo. Con el apoyo de ocho obispos ofrecieron cortarse las manos o votar por Olaya Herrera antes que hacerlo por Valencia. Ismael Perdomo cambió una vez más de posición y pidió al poeta Valencia declinar a favor del general. Al final, no hubo candidato legítimo del partido conservador. La Iglesia, con su indecisión, favoreció a Olaya Herrera.

La división política y episcopal frente a los candidatos abarcó a las regiones. Como herencia del siglo xix, la situación de los partidos y sus pugnas propiciaron candentes pugilatos regionales tanto en la curia como entre los feligreses: mientras los obispos de Popayán y Medellín, cercanos a los ancestros de Valencia, acogieron con disciplina la decisión del arzobispo primado para acompañar al bardo de los "lánguidos camellos", el obispo de Cali se rebeló y apoyó a su coterráneo Vásquez Cobo por encima de su jerarca eclesiástico. Al mismo tiempo, el candidato liberal, nacido en Guateque, municipio de Boyacá, generó en un principio cierto respeto de cuna y ganó respaldo en uno de los departamentos más conservadores de Colombia.

Las elecciones para concejos municipales en octubre de 1929 mostraron también la intensidad de las fisuras conservadoras y su debilidad: en Bogotá, Cali y Cartagena, ganaron los liberales y se abrió paso la candidatura de Olaya Herrera. Las luchas obreras y populares, abiertas con fuertes movilizaciones y huelgas en los enclaves extranjeros, multiplicadas a lo largo de las líneas férreas y fluviales, y extendidas a las textileras de Medellin, en el campo o en los resguardos indígenas, sacudieron las bases del tradicional poder conservador y dejaron observar la necesidad de cambios en la estructura política del Estado. El aumento de la población urbana, la promesa liberal del voto universal y la necesidad de redefinir la relación Estado-sociedad civil, que sectores medios y altos clamaban para canalizar institucionalmente los conflictos sociales, exigían las reformas.²⁷

Tampoco los viejos generales liberales de la Guerra de los Mil Días decidieron la acción de su partido: amigo de la abstención, pero en el fondo simpatizante de Vásquez Cobo, el general Leandro Cuberos Niño fue derrotado en su posición por Alfonso López Pumarejo en una Convención Liberal que propuso lanzarse con aspirante propio a la presidencia y no apoyar como siempre a una fracción conservadora o negar con la abstención la posibilidad de sus sufragios. Poco después entró a desempeñar un papel determinante la herencia de la corriente republicana de 1910, al pedir un candidato moderado que no asustara a sus contradictores y que, por el contrario, pudiera atraerlos. En esa medida, Olaya Herrera entró a escena como candidato de concentración patriótica, y un nuevo actor subió a las tablas: las masas urbanas y populares dispuestas a movilizarse, como en efecto lo hicieron, a favor de esta candidatura. De esta manera, el siglo XX empezó también para la política.

Sin embargo, por encima de las divisiones y confrontaciones partidistas, un nuevo fenómeno tuvo un destacado papel en las determinaciones. La élite económica no podía desconocer a quien había sido el adalid de las relaciones con Estados Unidos, el hombre más importante detrás de los acuerdos, las inversiones y los préstamos. Los liberales Eduardo Santos y Luis Cano, pero también el presidente del Directorio Nacional Conservador Abel Casabianca, el entonces ministro de Guerra, forge Roa, y, con ellos, prominentes figuras del conservatismo, habían rechazado las políticas económicas de Abadía Méndez y pugnaban por una mejor relación con el capital estadounidense. Aunque un Olaya Herrera joven, como Concha, se había opuesto a la firma del Tratado sobre Panamá, todo estaba saldado. Su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su prolongada embajada en Washington constituían las mejores credenciales, no solo frente a los Estados Unidos, sino también para superar en Colombia la difícil situación económica y financiera agudizada por la crisis mundial del año 1929 y el fracaso local de la llamada "prosperidad al debe". Solo él, con sus conocimientos y nexos, podría resucitarla. Era el "salvador" de Colombia, y así se lo creía el mismo candidato: solo "una poderosa concentración nacional" podía salvar "no la suerte transitoria y más o menos efímera de una candidatura presidencial, sino la Patria".²⁸

Fue justamente un banquero, Alfonso López Pumarejo, interesado en fortalecer el capital financiero y las relaciones con Wall Street, quien propuso inicialmente la candidatura de Olaya Herrera. Era el nuevo escudero del réspice polum: "Los Estados Unidos, dijo, están comenzando a seguir una orientación política y económica más conforme con los deseos y las conveniencias de todos los pueblos de América".²⁹ Si alguien podía situarse al lado de dicho horizonte, era precisamente Olaya Herrera. Los caficultores, encabezados por la familia Ospina, aunque conservadores, tampoco vieron su postulación con desagrado. El capital comercial y bancário de los Estados Unidos impregnaba la exportación del grano a tal punto que, en 1929, entre un cuarenta y un cincuenta por ciento de las exportaciones fueron hechas por agencias estadounidenses.³⁰

La acumulación de capital y las industrias que tomaban fuerza en las más importantes ciudades del país aplaudieron también la nueva perspectiva. El antiguo Estado gendarme no estaba en capacidad de posibilitar la explotación de los recursos naturales, de garantizar la implementación de nuevos medios de transporte, plantas de electricidad, telégrafos y teléfonos, acueductos y alcantarillados, ni de utilizar competitivamente los créditos externos. Los candidatos de la Hegemonía Conservadora habían perdido el aliento; no gozaban de reconocimiento alguno en el país del norte; la política del poder, en el camino de la modernización, ya no podía seguir haciéndose a fuerza de poesías o de sables, necesitaba ahora capacidad administrativa y técnica para alcanzar la dirección del Estado.

En términos generales, entonces, la élite dominante consintió con creces la orientación económica que, sin más embrollos, proponía profundizar los vínculos con la "estrella polar". Con plena transparencia lo argumenta Stephen Randall: el enorme endeudamiento de Colombia llevó a que los banqueros estadounidenses exigieran reformas que garantizaran el pago de los títulos colombianos adquiridos, y solo Olaya Herrera inspiraba esa confianza. "Nos tragamos entera a Colombia", dijo un funcionario de la embajada.³¹ Fue nuestra influencia "lo que hizo posible la elección del doctor Olaya con todos los esperados beneficios para los Estados Unidos", acotó otro.³²

El presidente Abadía, tras el resultado de los comicios, reorganizó su gabinete y permitió el ingreso de cuatro ministros liberales para asegurar la transición entre un gobierno y otro. La opinión conservadora y la Iglesia misma, aunque profundamente divididas, comprendieron el inicio de una nueva etapa y un joven tribuno en el Congreso, Laureano Gómez, ofreció su respaldo al presidente electo. El Ejército, conservador hasta la médula, se plegó al consenso; la Misión Chilena, contratada por Rafael Reyes para la formación de oficiales, les había enseñado a respetar la decisión de los electores. Pero no solo por ello, sus índices de favorabilidad, luego de la masacre en las bananeras y del asesinato de un joven estudiante en las calles de Bogotá, no eran los mejores. Para algunos oficiales, la presencia de Olaya Herrera en el poder era también una oportunidad histórica para promover las transformaciones y modernización que el Ejército necesitaba.

Colombia y Olaya, los buenos vecinos

El 3 de marzo de 1930, recién elegido presidente, Olaya Herrera se entrevistó con el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Jefferson Caffery. El diplomático calificó el encuentro como "informal" y comunicó lo tratado en un documento de cuatro folios al Departamento de Estado.³³

Según afirma el embajador, Olaya Herrera le comunicó que descansaría unos días en Girardot y después viajaría a Washington, para "retomar sus deberes como ministro" y regresaría en julio a Bogotá para asumir la presidencia. Lo más importante, sin embargo, fue la solicitud que el presidente electo hizo: le pidió el envío inmediato de "un memorando personal y confidencial que enunciara todas las diferencias existentes entre los dos países" a efecto de resolverlas. El embajador se comprometió a hacerlo, pero respondió que "de tales diferencias, sólo quedaban unas pocas sin resolver: la más obvia, probablemente, era el Caso Barco, el cual, por supuesto, ahora estaba ante la Corte Suprema". Olaya Herrera replicó que "esperaba fuera posible llegar a un acuerdo con la Gulf fuera de la Corte" y que "hablaría con Mr. Wallace cuando llegara a los Estados Unidos".

Ante la apertura y disposición del nuevo presidente, el diplomático se atrevió a plantear "la cuestión de una nueva ley petrolera". En su opinión, la propuesta de ley presentada al Congreso, antes de su elección, tenía "algunas provisiones realmente objetables" que no convenían a la Tropical Oil Company. En ese sentido, y de acuerdo con la empresa, le enviaría un memorando sobre "los cambios propuestos"

Olaya Herrera expresó, entonces, que "la posición más difícil para llenar en su Gobierno era el Ministerio de Industrias", cartera encargada de la problemática petrolera. Además, dicha posición era "clave para el desarrollo de la economía colombiana" y esperaba contar con la aprobación de Estados Unidos para la persona escogida.³⁴ El ofrecimiento no era ingenuo. Las empresas petroleras estadounidenses habían sufrido la presencia de José Antonio Montalvo como ministro de Abadía Méndez, cuando intentó fallidamente la aprobación en el Congreso de una legislación petrolera menos lesiva para Colombia y la firma de contratos menos onerosos con compañías inglesas.³⁵

El embajador aprovechó, al final de la conversación, para quejarse sobre ciertas posiciones de la prensa, "especialmente la prensa liberal (sobre todo Luis Cano)", que no favorecían la amistad con Estados Unidos. Olaya Herrera se comprometió a hablar "inmediatamente con Luis Cano de El Espectador, Manrique de Mundo al Día y Santos de El Tiempo, para pedirles que cambiaran sus actitudes"³⁶

Al cierre de la entrevista, Olaya Herrera dejó claro su enfoque:

reiteró detenidamente su deseo serio de cooperar con los Estados Unidos; su firme convicción de que una estrecha amistad con nosotros era la única base sólida para las relaciones exteriores de Colombia; su esperanza de incrementar relaciones comerciales beneficiosas para ambos, etc., etc.

En respuesta, el embajador le expresó total aprecio por su actitud, "nuestro deseo de cooperar, nuestra convicción de que unas relaciones mutuas amistosas eran naturalmente provechosas; nuestro optimismo sobre el futuro de Colombia bajo su administración, etc., etc.". La posición sobre lo que seria el gobierno de Olaya frente a Estados Unidos y sus intereses quedó nítidamente mencionada. El documento elaborado por el embajador, aparentemente inocente, a título de acta unilateral sobre una conversación, alcanzaría después una inusitada importancia, como se observará más adelante.³⁷

El memorando solicitado por ^{Olaya Herrera le fue enviado el 2 de mayo de 1930} con ocho puntos. El embajador advirtió que había sido "preparado con las sugerencias del doctor Munro" y en él se destacaban los temas en los cuales el Departamento de Estado "tiene o tenía un interés directo en Colombia y que posiblemente surjan como temas para discusión durante la visita del doctor Olaya". Se colige, por consiguiente, que eran puntos por tratar directamente con las partes afectadas en la Legación colombiana en Washington, hacia donde se trasladarla el presidente electo.

Figuraba allí todo lo atinente a la Concesión Barco, como primer punto, ligado a la necesidad de una legislación petrolera favorable a los intereses estadounidenses, tal como el propio embajador lo había insinuado en su encuentro personal con Olaya Herrera. El tercer aspecto era la resolución en la Corte Suprema de la demanda interpuesta por la Tropical Oil Company con respecto a la cláusula de regalías en su contrato de concesión, seguida por las "cuestiones" del ferrocarril de Santa Marta, las finanzas colombianas, la firma del contrato Dormán Yates con la posibilidad de cubrir toda la región de Urabá sin participación de la competencia anglo-persa, la eliminación de cualquier tipo de monopolio aéreo por parte de la Scadta, y resolver a favor de las compañías estadounidenses la exploración en Bocas de Ceniza. "Son solo esas materias", dijo el embajador en su escrito, "porque todo se ha venido resolviendo".³⁸

A su regreso de Girardot, Olaya Herrera adelantó reuniones con la prensa y, en efecto, la tensión disminuyó. Desde Colón (Panamá), camino a Washington, cumplió otro cometido. Le escribió a Eduardo Santos pidiendo su apoyo para que el Gobierno nacional fuera "formado con personas que, por su prestigio ante la opinión pública, y por un sincero espíritu de amistosa cooperación con el capital extranjero, dé a las negociaciones que hayan de adelantarse bases de sólida confianza mutua". Pidió, asimismo, se aplazaran las discusiones de la legislación petrolera hasta su gobierno y, entre líneas, estuvo atento a recibir candidatos para los ministerios.³⁹

Durante su estadía en Washington, se sabe que Olaya se reunió con banqueros, petroleros y altos funcionarios de la administración Hoover. De regreso a Bogotá y posesionado como presidente, el Memorándum de la embajada fue seguido y ampliado con precisión milimétrica a través de documentos y conversaciones presenciales y telefónicas entre Caffery y Olaya Herrera, de las cuales el diplomático informó notablemente al Departamento de Estado.⁴⁰ George Rublee, un experto abogado petrolero, cercano a las empresas estadounidenses fue contratado como asesor presidencial para todos los asuntos del ramo, con un ingreso que en el momento algunos medios de prensa consideraron Escandaloso. Entre sus funciones estaba, justamente, resolver las diferencias existentes con las concesiones, para generar confianza entre los ciudadanos del país del norte,⁴¹ vale decir, banqueros y petroleros.

Finalmente, en octubre de 1931, cuando Olaya Herrera llevaba en la presidencia poco más de un año, el embajador elaboró "un listado de casos en los cuales las autoridades colombianas han demostrado una actitud favorable hacia los intereses estadounidenses", elogiando el papel del presidente y recopilando todos aquellos puntos lealmente resueltos por el Gobierno suramericano. El documento fue distinguido como "Informe No. 3269 del 19 de octubre 1931 de la legación en Bogotá", pero no obtuvo, extrañamente, distinción de registro o recibo en el Departamento de Estado.⁴²

El primero y más destacado de los casos enunciados hace referencia a las dificultades saldadas ya por la United Fruit Company (UFC). El embajador da cuenta del "movimiento subversivo liderado por agitadores comunistas, durante la semana del 3 al 11 de diciembre de 1928", y recuerda cómo,

desde el inicio del problema, la Legación en Colombia mantuvo un estrecho contacto con las correspondientes autoridades colombianas para que vidas y bienes americanos fueran protegidos [...]. Esta protección fue brindada sin restricciones y creo que fue gracias a la pronta acción del Gobierno que ellos (los americanos) no fueron lastimados [...] Hay que anotar también que el Gobierno incurrió en considerables gastos para facilitar el movimiento de tropas numerosas, y eso a pesar de la seria escasez de recursos del Gobierno.⁴³

La Legación estadounidense, de esta manera, no criticaba la posición asumida por el gobierno de Abadía Méndez con respecto a la situación presentada en Ciénaga. Sin embargo, con relación a Olaya Herrera, el diplomático subrayaba ahora el importante papel desempeñado por la Presidencia para asegurar el monopolio bananero de la United Fruit Company, mejorar la imagen pública de la empresa e incrementar sus ganancias gracias a la reducción de salarios.

A finales de mayo de 1930 se había constituido en el departamento del Magdalena una empresa exportadora de bananos llamada Cooperativa Bananera Colombiana. Dicha empresa habría suscrito un acuerdo con las líneas inglesas de barcos a vapor Leyland Line y Roberts, y Brining & Company, para el transporte de los bananos a Inglaterra. "Al inicio del conflicto, argumenta Caffery, el ministro de Industrias colombiano, Francisco José Chaux, asumió una actitud hostil en contra de la UFC". Pero, según la recomendación de la legación, el doctor Carlos Adolfo Urueta, yerno de Rafael Uribe Uribe y quien había detentado la Embajada de Colombia en Estados Unidos, intervino para buscar una actitud más favorable frente al ministro de Industrias.

No obstante, la contradicción entre ambas empresas se agudizó con una demanda adelantada por la UFC, que alegaba la propiedad de los bananos exportados. "La opinión pública en Colombia, lamenta el embajador, reaccionó enérgicamente contra la UFC" y esta comunicó el retiro del embargo. A pesar de ello, la Corte inglesa retuvo los importes del proceso, "el ministro de Industrias se enojó mucho con la UFC" y prometió una denuncia ante el Congreso por los engaños de la Frutera.

La solución del conflicto empresarial, según comunicaba la legación estadounidense al Departamento de Estado, se obtuvo por fin gracias a la intervención de Olaya Herrera: la Cámara de Representantes eligió "una comisión de tres delegados para ir a la región de Magdalena e investigar la situación". Pero, por fortuna para los intereses estadounidenses, "fueron elegidos tres hombres muy buenos gracias a la presión del Ejecutivo". Como resultado, "la Cooperativa Bananera Colombiana se vio forzada a disolverse". En su concepto, "durante esta controversia fue sólo la actitud del doctor Olaya la que salvó a la UFC de la ira de la Cámara de Representantes y del público en general".

Los beneficios concedidos por Olaya Herrera no pararon allí. A pedido de la Misión Kemmerer, Colombia se proponía establecer impuestos para la exportación incluyendo, desde luego, a los bananos. Sin embargo, al pasar el proyecto de ley por la Cámara, "se le añadieron algunos artículos que no le gustaban a la UFC". En diciembre de 1930, el presidente ordenó al Ministerio de Hacienda "pasar el proyecto de ley por el Senado, sin los artículos introducidos en la Cámara, con una provisión que permitiría al Ejecutivo firmar un contrato de veinte años con la UFC con respecto al impuesto", que era precisamente, en criterio del embajador de Estados Unidos, "lo que quería la UFC": el monto exiguo de sus tributos no serla modificado, aun contraviniendo los consejos de Kemmerer, quien veía en estas empresas una fuente importante para las finanzas del Estado colombiano.⁴⁴

El embajador aplaudía, finalmente, el acuerdo logrado con los trabajadores de la frutera en el muelle de Santa Marta, que "sobre todo gracias a la actitud satisfactoria de las autoridades colombianas", permitió la "reducción de sus sueldos considerablemente", lo que ocurrió igualmente con los empleados ferroviarios. "Todos estos asuntos, se vanagloriaba el embajador, han sido resueltos de manera satisfactoria para los intereses americanos involucrados [...] desde cuando el presidente Olaya asumió sus funciones el 7 de agosto 1930".⁴⁵

Aquel Olaya Herrera que a principios del siglo XX pedía "respeto para la existencia soberana e independiente" de los países latinoamericanos y los invitaba a "escapar de la dominación de los pueblos fuertes y voraces" encaminándose a la "producción económica, a la educación popular racionalmente dirigida, y a la propaganda, aunque lenta, en pro de las instituciones libres",⁴⁶ se había evaporado por completo. Aquel Olaya Herrera que repudiara la acción de Estados Unidos en Panamá ya no existía. Por el contrario, en su campaña electoral fue claro: en una conferencia ofrecida a la élite bogotana en el Jockey Club advirtió que toda su acción gubernativa intentaría borrar cualquier hostilidad frente al capital estadounidense; este no solo sería "bienvenido", sino que encontraría "seguridad y protección".⁴⁷ Recién llegado a la presidencia, Olaya Herrera empezó a favorecer la inversión estadounidense en la industria azucarera y en la producción harinera, y a construir un tratado de comercio ampliamente favorable al país del norte.⁴⁸ En su programa de gobierno había prometido superar aquella impresión existente en Estados Unidos según la cual "manejamos nuestras finanzas imprudentemente y que subordinamos al juego de la política la gerencia de los grandes intereses que son el eje de nuestra producción"; se trataba de "persuadir a los medios financieros de Estados Unidos" sobre el interés nacional de adelantar "una política financiera de orden y economía".⁴⁹

Los documentos escondidos por el Departamento de Estado

Las acciones del gobierno de Olaya Herrera protegieron también a las compañías petroleras de Estados Unidos. En solo dos meses y apelando a sesiones extras, el Congreso le aprobó la nueva legislación petrolera, redactada con la participación de las empresas americanas y con la ayuda de George Rublee (Ley 37 de 1931). La Concesión Barco, que había sido traspasada a la Texas Petroleum Company mediante un procedimiento no muy sujeto a la legalidad colombiana, y que a su vez tomó el nombre disfrazado de Colombian Petroleum Company, fue entregada a la Gulf, como el presidente electo lo prometió tempranamente, sin esperar fallos de la Corte Suprema de Justicia.⁵⁰ Al hacerlo, sobrepasó incluso su reciente norma: aunque la ley estipulaba un límite de treinta años para la adjudicación de explotaciones, esta le fue concedida por cincuenta. En palabras de Kalmanovitz, Olaya Herrera "sucumbió ante el cerrojo yanqui": "el modus operandi del imperialismo económico y político", promovido "por boca de abogados de traje negro y corbatín al servicio de las petroleras", se dibujó con claridad: "el gobierno de Colombia podía participar en el mercado 'libre' de los bonos, en Nueva York, con tal que le otorgara plena libertad al capital norteamericano en general y al petrolero en particular".⁵¹

Esta razón, en efecto, empezó a circular a baja voz entre los más entendidos analistas y políticos de Colombia y Estados Unidos. El propio presidente Olaya Herrera explicó al Senado de la República que el litigio sobre la Concesión Barco era "de los más comentados en el mundo de las finanzas internacionales", en cuanto tales diferencias "causaban en los círculos bancários una impresión de resistencia definida a la inversión de capitales en Colombia y a préstamos a su gobierno".⁵²

El asunto no era menor. Hiram Johnson, republicano liberal progresista enemistado con el presidente Hoover, denunció al Secretario del Tesoro, Andrew William Mellon, por corrupción en el caso de la Concesión Barco. Mellon fungía como secretario del Tesoro desde 1921, cuando fue designado para el cargo por el presidente Warren G. Harding y permaneció en dicha cartera hasta 1932, bajo los mandatos sucesivos de Calvin Coolidge y Herbert Hoover. Sin embargo, no era un funcionario cualquiera; era un potentado banquero cuyo imperio se extendía con grandes inversiones en industrias como las del aluminio, el acero y el petróleo. Y entre estas últimas, figuraba precisamente su propiedad sobre la Gulf Oil Corporation, beneficiaria por acción de Olaya Herrera del traspaso de la Concesión Barco. Según el senador Johnson, Mellon había aprovechado su doble condición de alto funcionario y rico empresario para presionar al Gobierno colombiano y obtener copiosas ganancias. Literalmente, habría coartado toda posibilidad de empréstitos hasta tanto Colombia no modificara su política petrolera y beneficiara a la Gulf.

El mismo Olaya Herrera, en una declaración inicial rendida a El Tiempo, lo dejó entender. Al visitar Estados Unidos, en su calidad de presidente electo, fue invitado por el secretario de Estado a una cena en la que estuvo presente el señor Mellon. Conversando largamente sobre "los problemas de Colombia", Mellon le habría expresado:

Arreglen ustedes sus cuestiones pendientes en materia de petróleos [...] y una vez se haya adoptado una política que dé estabilidad a las actividades industriales en esta rama, se abrirán para Colombia, sin duda alguna, amplias vías para su progreso económico y su restauración financiera.⁵³

Las razones detrás de las acciones de Olaya Herrera parecían claras: nombró un ministro de Industrias y un asesor afectos a los banqueros y petroleros estadounidenses, dictó una nueva ley de petróleos y entregó la Concesión Barco a la Gulf, a cambio de un empréstito. Según la investigación adelantada en el Senado de los Estados Unidos, el compromiso se habría hecho incluso a través de un escrito firmado por Olaya Herrera en Nueva York el 30 de junio de 1930. Sin embargo, requerida la carta por la Comisión Investigadora, los banqueros se negaron a proporcionarla. Mellon desmintió entonces a Olaya Herrera, negó haberle hecho sugerencia alguna en relación con asuntos petroleros y citó en su auxilio al secretario del Departamento de Estado, Henry L. Stimson. El presidente, desde Colombia, se apresuró a corregir su primera afirmación y aseguró que nunca había discutido y "ni siquiera hablado de la Concesión Barco con el secretario Mellon" y que este "nunca había ofrecido ayuda del gobierno de los Estados Unidos" o "crédito alguno" para Colombia.⁵⁴

El secretario de Estado, en apoyo a su colega, declaró ante el Congreso que la restitución de la Concesión Barco la había ejecutado el presidente Olaya Herrera por voluntad propia y sin injerencia o propuesta alguna de parte de los Estados Unidos; documentos de la Embajada así lo comprobaban. No obstante, cuando se le solicitó poner a disposición tales documentos, se negó a hacerlo: en su criterio, su publicación pondría en peligro los intereses de los Estados Unidos y las relaciones con un país amigo.⁵⁵ Conminado para entregar la correspondencia, Stimson accedió a hacerlo, pero solo confidencialmente, sin que la correspondencia entre la Embajada y el Departamento de Estado se enseñara al público. Jefferson Caffery, quien se encontraba en Washington en ese momento, declaró lo mismo que su jefe y negó cualquier posibilidad de entregar sus comunicaciones. La comisión investigadora del Congreso de Estados Unidos no insistió en ello.⁵⁶ Las razones se desconocen a plenitud, pero pueden suponerse, como se verá más adelante.

¿Por qué el Departamento de Estado se negó a suministrar los documentos de la Embajada al Congreso de los Estados Unidos? ¿Era cierta su afirmación sobre la "buena voluntad" de Olaya Herrera que, motu próprio, había decidido el traspaso de la Concesión Barco a la Gulf? ¿Qué contenían acaso tales documentos?

Desclasificados por el Archivo Nacional de Estados Unidos y consultados por los autores del presente artículo, los documentos arrojan las siguientes claridades:

Desde luego, y en conclusión, la publicación de este documento habría podido favorecer a Andrew Mellon. No obstante, las comunicaciones que vendrían después no solo no dejaban absolutamente claros los asuntos, sino que, efectivamente, su publicación pondría en serios aprietos los intereses de los Estados Unidos y al propio presidente de Colombia, quien, por tales hechos, enfrentaba ya la fuerte oposición de Laureano Gómez y el Partido Conservador.

Nos referimos, por ejemplo, al Memorandum citado del 2 de mayo, en que la Embajada puso como primer punto por resolver "el caso de la Concesión Barco", y a un nuevo mensaje fechado el 17 de abril, en el cual el embajador da a conocer el "resentimiento" de Carlos Adolfo Urueta, un "aliado incondicional", por el hecho de que el Departamento de Estado "no haya persuadido la South-American Gulf Oil Company de aceptar la fecha límite" (en referencia a aquella de la Concesión Barco) "y evitar este problema". Por esa razón, argumentaba Urueta, sería difícil para el presidente Olaya Herrera "pasar esta vez el contrato del Catatumbo por el Congreso"⁵⁷ Allí, claramente, la embajada tomaba partido, pedía instrucciones y trazaba medidas para superar los escarceos colombianos.

En adelante, las comunicaciones continuaron con una estela comprometedora. El 8 de mayo de 1931, el embajador informó al Departamento de Estado que, por decisión de Olaya Herrera, "cualquier tema de interés para nuestros dos países" no se trataría "a través de su Legación en Washington". Prefería "manejar todo directamente él mismo conmigo". En esta reunión aseguró que "tenía esperanzas de lograr que el contrato del Catatumbo fuera aprobado por la Cámara a pesar de que habría fuertes discusiones". Pero, acto seguido, comentó sus preocupaciones al embajador:

Mi preocupación más grande -dijo- es todavía la actitud de los banqueros de New York. ¿Me van a dar o no los cuatro millones? Si no lo hacen, estoy perdido. Después de todos los esfuerzos que he hecho y sobre todo después de todas las promesas que he dado, si no me dan los 4 millones, la Nación dirá que soy un fraude grande y un charlatán y cerraré con el fracaso más grande. La Ley Orgánica de Presupuesto que los banqueros querían mucho, está conmigo para firma, y la Ley Orgánica de Aduana, que los banqueros querían también, pasará el Congreso en uno o dos días. El Contralor va a poner en práctica algunos de los asuntos más importantes de la Ley [...] Sé que los banqueros quieren más recortes en el presupuesto, y los puedo hacer si los banqueros me apoyan; en otras palabras, mi posición en público es ésa: he insistido mucho y he prometido, hice votar la ley petrolera, creo que aprueban el contrato del Catatumbo, etc., etc., y toda la Nación ahora está esperando para ver qué seré capaz de hacer en contraprestación. Si consigo estos 4 millones, seré lo suficientemente fuerte como para insistir en más recortes en el presupuesto (si realmente fuera necesario), recortes como abolir servicios y oficinas innecesarios. Si no consigo los 4 millones, todo se acaba. También yo estaría mucho más fuerte en el Congreso en julio (si consigo los 4 millones) y podría manejar este cuerpo más fácil de lo que he manejado hasta ahora, a pesar de que creo que Usted va admitir que no me ha ido mal con este Congreso tampoco.⁵⁸

La situación queda clara. Olaya Herrera había pedido al embajador, casi a ruego, que intercediera ante los banqueros para un nuevo empréstito. Le preguntaba a él y no a los banqueros sobre la posibilidad y concreción del crédito. Le rendía cuentas de todo lo realizado para cumplirle a los hacendistas e incluía entre sus acciones el haber hecho votar la ley petrolera e impulsar el contrato de la explotación en el Catatumbo. La tarea estaba realizada y reclamaba el premio. Los agraciados con estas últimas acciones eran nada menos que Andrew Mellon, propietario de la Gulf, y sus socios, los herederos de John Pierpont Morgan, magnates de la banca y el petróleo, quienes decidían sobre el desembolso. El mensajero de las preocupaciones era Jefferson Caffery, y a través de él, el Departamento de Estado, cuyo secretario era, por supuesto, amigo cercano del secretario del Departamento del Tesoro.

Pero no solo ello. En favor de los intereses petroleros estadounidenses, según dijo el embajador, Olaya Herrera no solo había logrado decisiones favorables a la validez del contrato en el Catatumbo o una nueva ley petrolera, había retirado la protesta contra el impuesto sobre petróleo en los Estados Unidos, mantenido el derecho de la Tropical Oil Company a la libre exportación y rechazado el proceso judicial en su contra sobre "bienes ocultos". Las Cortes en Colombia fueron silenciadas. El presidente había aceptado la colocación de tanques en el tren de La Dorada, la reducción de los fletes para el tren del Pacífico, establecido exenciones para la gasolina por el costo del procesamiento, aceptado el incremento en los precios de refinería, autorizado el alquiler de tanques de almacenamiento en Buenaventura para la misma TROCO, eliminado el impuesto sobre aceite lubricante, de teléfonos o aquellos del predial o impuestos municipales para las compañías americanas.

Después de varias negativas en gobiernos anteriores, Olaya Herrera había otorgado permisos para reconstruir el depósito de gasolina en Bogotá y para la importación de artículos de higiene. A petición de la embajada, el presidente de Colombia había reemplazado al oficial del Ministerio de Industrias y reelegido al inspector de Petróleos. Finalmente, en socorro de la Andian National Corporation, había eliminado sus impuestos, incluidos aquellos que pesaban sobre las inversiones en las obras del puerto en Cartagena. A favor de la Texas Petroleum Company, Olaya definió sus extensiones territoriales sobre la frontera con Boyacá, consideraba sus quejas y admitía sin condiciones la venta de gasolina y petróleo al Gobierno colombiano.⁵⁹

Sin embargo, lo más impresionante vendría después. Casi al tiempo que estallaba el escándalo en el Congreso de los Estados Unidos, el embajador de ese país en Colombia rendía su informe sobre "todo lo logrado a favor de los intereses americanos", gracias al presidente Olaya. La lista es asombrosa. No se refiere solo a lo citado en relación con los asuntos petroleros; cabe recordar que la United Fruit Company tenía como asiento financiero al First National City Bank de Boston, a quien el presidente también le requería créditos. De modo que las aquiescencias gubernamentales cubrían también a idénticos actores. El First National City, junto a los bancos de Mellon y aquellos de los herederos del poderoso Morgan, le prestaron finalmente a Colombia veinte millones de dólares.

El pago fue por adelantado. Las "páginas adicionales en reporte" de los logros alcanzados por la embajada con Olaya Herrera son extensas.⁶⁰ No solo daban respuesta al Memorandum de ocho puntos; ahora contenían ciento treinta materias agrupadas en dieciséis secciones. A favor de Estados Unidos, por ejemplo, el presidente había resuelto la amortización de los pagos en todos los créditos bancários, había pagado o impulsado el pago de deudas comerciales, concedido permisos para productores y películas, contratado con compañías de teléfonos estadounidenses, exonerado de impuestos a los giros enviados a niños de ese país en escuelas en el exterior, prohibido del uso de facsímiles de moneda extranjera, aclarado los tributos y aliviado las dificultades con las compañías de electricidad, revisado los códigos de aduana y promovido las importaciones de productos estadounidenses con principios de exención para bienes ya facturados, establecido la entrada libre para provisiones diplomáticas y consulares, así como cortesías de aduana para expediciones científicas y reducción de impuestos de importación para varios artículos. En solo un año, Olaya Herrera había hecho los mandados que los conservadores, danzando en millones, no hicieron en ocho.⁶¹

El presidente había expedido, igualmente, permisos de exportación de café, avalado la introducción de dragado para la compañía de platino, favorecido la importación de contenedores vacíos para especialidades farmacéuticas con un impuesto reducido sobre material para rayos-x; había eliminado toda multa sobre el transporte de tabaco y permitido la libre entrada para los tractores de la UFC. Para la compañía, el presidente había firmado también contratos con exenciones de impuesto, definido linderos, apoyado el despido de trabajadores del muelle, licenciado oficiales y soldados hostiles, avalado la construcción del embarcadero en Santa Marta y, en general, resuelto todas las cuestiones entre la United Fruit Company y el Gobierno colombiano.

Gracias a su Gobierno, los estadounidenses tenían permisos para la aviación con tarifas "extraordinarias", se había simplificado la documentación requerida para su legalización y se compraban ahora aviones a las empresas de ese país. Los contratos firmados con compañías estadounidenses eran de diverso tipo y todos ellos favorables: en Bocas de Ceniza, con la Corporación Cartagena, con Oscar R/Beyman Bros, con la Compañía Colombiana de Electricidad, con la Associated Telephone & Telegraph Company, así como contratos de pavimentación y obras hidráulicas en Santa Marta y Riohacha.

El embajador recordaba, asimismo, la cooperación de Colombia en conferencias internacionales, entre ellas en la Conferencia sobre desarme y en la votación en la conferencia internacional de radio.⁶²

No contento con la elaboración de extensos informes en los que mencionaba cada acto de la Administración colombiana, Caffery fue también prolijo en telegramas. A diario, reivindicando cada logro, con un espíritu infantil que parecía aplaudir y burlarse de todo cuanto Olaya Herrera hacía en su favor, el embajador informaba al Departamento de Estado cada paso del presidente: "No hay una sola voz de protesta contra la firma de los contratos para la resolución del largo y molesto problema del ferrocarril de Santa Marta", dijo sobre el conflicto de Colombia con la UFC por su construcción y cesión.

Olaya cuidará los intereses de Estados Unidos en este país para obtener la ayuda necesaria que permita superar la crisis económica.⁶³

El Presidente Olaya y yo tuvimos varias conversaciones largas sobre los asuntos de la United Fruit Company. Las actitudes y actividades generales de la UFC fueron criticadas por el presidente quien se refirió a la mala té de la frutera en varias ocasiones. Sin embargo, declaró que no abandonaría la compañía. [...] Olaya consultó el nombramiento del Ministro de Industrias a la United.⁶⁴

Las negociaciones de la Gulf han avanzado porque los colombianos creen que el Departamento de Estado desea que así se haga. Realmente, la Gulf estaría inclinada a abandonar todo el asunto si no fuera porque Olaya está bajo obligaciones con el Departamento de Estado y con esta Legación.

El Gobierno de Colombia se regocijaría si se le diera libertad en el asunto de la Concesión Barco. Sabe que podría disponer de este territorio para negociar en condiciones excesivamente favorables con otras compañías petroleras. Si la Legación retirara su apoyo al contrato propuesto por la Gulf, las probabilidades de obtener algo de la Barco serían absolutamente ningunas.⁶⁵

Las confesiones y autoincriminaciones eran claras. La Embajada en Colombia había desempeñado un papel definitivo para obtener prebendas dirigidas a la United Fruit Company, propiedad del First National City Bank de Boston, y a la Gulf Oil Corporation, de los señores Mellon y Morgan. Por supuesto, el temor del Departamento de Estado para hacer públicos estos documentos era uno en concreto: la presión de los bancos y la entrega absoluta de Olaya Herrera para obtener sus créditos quedaría al desnudo; el papel de la diplomacia para favorecer a los primeros, sería indefendible. Tal como concluye Jorge Villegas,

para el Departamento de Estado y para el Senado resultaba de tal manera explosiva la mayor parte de la correspondencia de Caffery que tácitamente se acordó no remover más la cuestión.

El mandatario colombiano se hallaba tan estrechamente ligado a los yanquis que estos reconocían desenfadadamente tenerlo "under obligations" [bajo obligación].⁶⁶

Epilogo en guerra y paz

El final de los episodios se alcanzó en 1932. El senador Hiram Johnson, autor de la denuncia y presidente de la comisión investigadora cerró sorpresivamente el caso. El presidente Hoover cedió la cabeza de Andrew Mellon y lo retiró del Departamento del Tesoro ofreciéndole la embajada en Inglaterra en febrero de 1932. El Espectador y El Siglo, en Colombia, publicaron en enero de ese mismo año apartes de las actas del Congreso estadounidense y algunos discursos se encendieron en el cuerpo legislativo colombiano contra las decisiones presidenciales. El Tiempo defendió a Olaya Herrera criticando incluso a Caffery. El diplomático guardó prudente silencio, pero en privado continuó prestando apoyo y, desde luego, ejerciendo presión hacia el presidente para favorecer los intereses estadounidenses. La ocupación de Leticia, ocurrida el 1.° de septiembre de 1932, como se sabe, apagó finalmente toda oposición y denuncias contra Olaya Herrera: "Paz, paz en el interior y guerra, guerra en la frontera contra el enemigo felón", habría declarado Laureano Gómez en el Congreso de la República.

Al término del conflicto colombo-peruano por Leticia, Jefferson Caffery fue congratulado por sus servicios y se le nombró Secretario Adjunto de Estado en reemplazo de Cordell Hull. A petición suya, fue nombrado luego embajador en Cuba, y destinado posteriormente a Brasil. Sirvió en cargos diplomáticos a los consecutivos gobiernos de Franklin D. Roosevelt, Harry Truman y Dwight Eisenhower. En 1955 se traslado a Roma y figuro como chambelán de honor de los papas Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI.

Poco antes de culminar el mandato de Olaya Herrera, el entonces Embajador de los Estados Unidos en Colombia expresó su sentir con un nuevo balance confidencial:

Desde la ratificación, en 1922, del Tratado de Resolución de Diferencias y el pago de 25 millones uso ha habido una constante reducción del sentimiento anti-americano en Colombia que había surgido como resultado de la separación de Panamá en 1903. La administración del Presidente Olaya, que ahora llega a su fin, ha sido notablemente equilibrada y amigable y ha resuelto varias diferencias prolongadas entre los intereses americanos y el Gobierno colombiano. En Colombia ha habido un creciente reconocimiento de que relaciones amigables son importantes, del mercado americano y de la importancia de la ayuda técnica y financiera americanas para desarrollar los recursos colombianos y para resolver el problema de la comunicación interna en este vasto territorio montañoso.⁶⁷

Agregó igualmente que, "a pesar de los gastos gubernamentales extraordinarios en relación con el conflicto de Leticia", Olaya Herrera se había esforzado en "mantener intereses parciales sobre las obligaciones del Gobierno Nacional"; que "gracias a su insistencia" se siguieron "pagando los intereses sobre la deuda bancaria de corto plazo" y "encontró fondos para comprar de vuelto alrededor de USD 4,200,000 de sus obligaciones"

Con respecto a Alfonso López Pumarejo, sucesor de Olaya Herrera, dijo también el embajador:

Ha habido una considerable preocupación sobre qué política López adoptará frente a la cuestión de las deudas (...) La política reciente del Departamento ha sido que el asunto de las obligaciones en dólares en mora es un asunto sobre todo para negociaciones directas entre los dueños de las obligaciones, o la organización que escojan para representarlos, y el gobierno acreedor (...) De acuerdo a esta política se debería informar al doctor López sobre el Foreign Bondholders Protective Council [Consejo para la Protección de Titulares de Obligaciones Extranjeras]. Es de anotar que el señor J. Reuben Clark de este Consejo estará en Washington durante su visita y que va a asistir al almuerzo para el presidente electo. Si se piensa en animar al doctor López a discutir el asunto del incumplimiento de Colombia con este Consejo, sería apropiado expresar la esperanza de este Gobierno de que tal vez considere posible retomar el pago de los créditos y de los intereses a los miles de titulares americanos de obligaciones quienes, antes de la Depresión, prestaron sus ahorros para el desarrollo del sistema de comunicaciones y de otras empresas productivas en Colombia. Es muy probable que Colombia vaya a necesitar otra vez capital extranjero para sus proyectos de ferrocarriles y autopistas [...] El informe No. 217 del 11 de junio 1934 del ministro Whitehouse informa que el doctor López dijo que quería mucho, si le quedase tiempo, continuar su viaje a Nueva York para hablar con los dos comités especiales de titulares de obligaciones colombianas.⁶⁸

La historia comenzaba de nuevo, o mejor, continuaba. En sus primeros días como presidente, López firmó el primer Acuerdo Comercial Recíproco con Estados Unidos, suscrito por nación latinoamericana alguna. Con dicho acuerdo, como dijo el embajador de Estados Unidos, "Colombia otorgó concesiones arancelarias para una lista de unos 150 ítems; mientras los Estados Unidos, por su parte, aceptaron no imponer impuestos sobre 9 productos colombianos de exportación".⁶⁹

Enrique ^{Olaya Herrera murió en Roma el 18 de febrero de 1937}, víctima de un accidente cerebrovascular, mientras era embajador de Colombia ante la Santa Sede. Su cadáver fue enviado a Nueva York, en donde vivía su hija, y de allí pasó por Panamá con destino final a Buenaventura. Luego de diversos homenajes, finalmente fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá. El traslado de su féretro se hizo en barcos de la United Fruit Company.⁷⁰