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Introducción
La presencia de factores socioeconómicos y culturales, que limitan el desarrollo competitivo de la mujer, ha sido un tema ampliamente estudiado. Algunos de estos limitantes se relacionan con la función procreadora del sexo femenino, la falta de acceso a una preparación educativa, la falta de derechos económicos, entre otros (Arredondo, Maldonado y Velázquez, 2013). En cuanto a la función procreadora de la mujer, parece ser que este papel se constituyera como una vocación natural, afectando su posición en el ámbito económico y político, y dejando a las mujeres inmersas en lo privado, al margen de las otras esferas de la vida pública y económica (Parra, 1997). El problema de brecha de género que se debate en diversos foros ha sido, entre otras causas, el resultado de tradiciones culturales e ideologías, en las que históricamente a la mujer no se le ha permitido desarrollar las capacidades necesarias para abrirse paso en la vida, ni tampoco para preservar sus libertades y sus oportunidades como persona (Nussbaum, 2012). Además, a la mujer no se le han ofrecido las mismas oportunidades que al hombre para desenvolverse en el área económica y política (González y Arredondo, 2014).
El presente artículo tiene el objetivo de estudiar, mediante un análisis de varianza (ANOVA), las diferencias y similitudes que definen la brecha de género en el grupo de países que forman parte de la Alianza del Pacífico, para de esta forma contrastarlo con el resto de los países que forman parte de América Latina. La justificación del tema central se basa en que Latinoamérica continúa presentando una importante falta de igualdad de género, que se refleja en la limitada presencia de la mujer en el ámbito económico y político. Por si fuera poco, dentro del grupo de mujeres que trabajan en América Latina, una parte importante se encuentran en condiciones de informalidad, por lo que sus trabajos son poco remunerados y en condiciones laborales precarias. Tal discriminación por género atenta contra "los principios y derechos fundamentales del trabajo, los derechos humanos y la justicia social" (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2016, p. 1). Para responder a tales desafíos, es necesario fortalecer las capacidades del sector político, económico y social y emprender acciones conjuntas por la igualdad de género, entre y dentro de los países que integran la Alianza del Pacífico.
Dado lo anterior, la hipótesis central que se toma como punto de partida para este estudio es que la diferencia por brecha de género en el ámbito económico y político entre la Alianza del Pacífico y el resto de América Latina será significativa. La expectativa es que los promedios obtenidos para la Alianza del Pacífico sean superiores que los promedios del resto de Latinoamérica. Esta expectativa se sustenta en los estudios emprendidos por el Foro Económico Mundial (2016), que identifican una correlación existente entre la competitividad del país y la equidad de género, es decir, que los países más competitivos resultan ser aquellos en los que se tiene mayor equidad de género o una menor brecha de género. En el caso particular de los países que conforman la Alianza del Pacífico, el Foro Económico Mundial identifica que estos cuatro países tienen un índice de competitividad promedio numéricamente superior al resto de Latinoamérica (Foro Económico Mundial, 2015).
El marco teórico referencial se basa primordialmente en información generada a partir de organismos internacionales en relación con cada uno de los temas que se consideran al referirse a la brecha de género. Como conclusión, se encontró que solo una variable marca diferencia estadísticamente significativa en este gremio de países con el resto de Latinoamérica, que es la participación económica de la mujer. También se lleva a cabo un análisis específico referente al bajo empoderamiento político, en relación con otros países que muestran un liderazgo en ello, a partir de lo cual se concluye que la Alianza del Pacífico presenta indicadores significativamente más bajos en la participación económica y política de la mujer, lo que sugiere la necesidad de generar sinergias como bloque de países para atender esta deficiencia que de alguna forma le resta competitividad en el escenario internacional.
La decisión de usar el Reporte global de brecha de género emitido por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) se basa en los siguientes puntos. El reporte es generado por un organismo internacional reconocido, que permite interpretar la situación a nivel global sobre la brecha de género. Este reporte es referido por mandatarios y líderes de organismos internacionales y nacionales de los sectores público y privado para tomar decisiones estratégicas. Además, para generar los estadísticos que se incluyen en el Reporte global de brecha de género, se retoma la información de organismos como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a su vez se basan en los índices oficiales generados por los países miembros.
El uso de documentos oficiales de organismos internacionales (como es el caso del Foro Económico Mundial para este artículo) es usual en el ámbito académico y fuente de información para abordar distintos temas de investigación. Algunos autores como Vizcarra (2002) y Zapata y Ayala (2014) basan sus investigaciones en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); otros como Zabala, Martínez y Labaien (2012), en información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Rodríguez (2001), en informes del Banco Interamericano del Desarrollo; Benería (1999), en resultados del Banco Mundial, y Castillo (2001) en números de la OIT. En cuanto al uso de datos del Foro Económico Mundial, múltiples investigadores han planteado sus cuestionamientos sobre problemas sociales o humanos tomando como referencia sus reportes. Al respecto, Advíncula, García, García, Toribio y Meza (2014) han hecho grandes aportaciones sobre la ecoeficiencia en el uso del agua; Alarcón (2015), sobre la construcción de la ciudadanía; González, Palmero y Fernández (2004), sobre el desarrollo sostenible; y Bozón (2014), en temas de seguridad alimentaria. Por ende, el Reporte global de brecha de género es un documento pertinente para hacer comparativos en Latinoamérica.
Por otra parte, usar solamente estadísticos nacionales de cada país latinoamericano, no permitiría hacer un análisis comparativo válido entre los diversos países que se consideran para este estudio. Si bien hay una heterogeneidad en los países latinoamericanos, y en los que forman la Alianza del Pacífico, la formación de bloques de países para realizar alianzas, pactos y acuerdos hace necesario realizar una aproximación de las problemáticas y desafíos que enfrentan, como es la brecha de género. La generación de información en bloque permite orientar las sinergias que resulten de estas alianzas, y compartir estrategias que ayuden a redirigir aquellas cuestiones de que adolecen, como resulta ser en este caso la brecha de género en referencia a la baja participación económica y política de la mujer en relación con el resto de Latinoamérica. No obstante, se tiene como principal limitante que, a pesar de la vasta literatura sobre género en el ámbito académico, este artículo se enfoca en el estudio de los reportes e informes que plantea únicamente el Fondo Económico Mundial, por considerar que estos son los que mayor relación tienen con las variables más relevantes sobre la brecha de género.
El presente artículo tendrá una estructura enmarcada por un apartado teórico, para posteriormente profundizar en datos estadísticos compilados de diferentes fuentes e informes oficiales. Después, se hará una breve discusión de los apartados anteriores, intentando aterrizar en una conclusión significativa, sobre la situación que se vive en cuanto a temas de género en los países de la Alianza del Pacífico, en comparación con el resto de la región.
Alianza del Pacífico, Latinoamérica, y la perspectiva de género
La Alianza del Pacífico -grupo conformado por México, Colombia, Perú y Chile- busca constituirse como un espacio internacional para el desarrollo económico de la región. Los Estados miembros gestionan procesos de emprendimiento e innovación en diversas áreas, para con ello conseguir una mayor inversión extranjera. Con una población de más de 200 millones de habitantes en los países miembros, la Alianza del Pacífico (2015) pretende conseguir no solo un crecimiento económico en el grupo, sino también un desarrollo político conjunto, así como la solución de varios problemas sociales que son característicos de América Latina.
A pesar del complicado proceso de lucha por los derechos y la equidad de género, el informe El progreso de las mujeres en el mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Mujer (ONU Mujeres, 2015a) sigue señalando que la realidad de las mujeres a nivel internacional continúa presentando una clara situación de desigualdad. La transformación de las economías y el ámbito de desarrollo a partir de políticas económicas y sociales no logran los mismos resultados positivos para las mujeres en los países ricos como en los pobres, o entre los occidentales y los orientales. Por ello, diferentes organizaciones internacionales han buscado incluir, entre sus acuerdos u objetivos, el implementar la perspectiva de género como un elemento transversal dentro de sus agendas y grupos de trabajo. Un caso así es el propuesto por la Alianza del Pacífico durante la X Cumbre del bloque (Alianza del Pacífico, 2015).
Tomando en cuenta lo anterior, la igualdad de género sigue siendo un problema sin resolver, ya que a nivel internacional se reconoce que no han sido adoptadas las medidas necesarias para poner en marcha una transformación real y visible en este tema, sobre todo en la vida de las mujeres más marginadas (ONU Mujeres, 2015a).
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015), la situación que se vive en Latinoamérica en cuanto al tema de igualdad de género sigue siendo precaria. A pesar de los esfuerzos internacionales, diversos países no han conseguido garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de sus mujeres. El control sobre su cuerpo, la capacidad de generar ingresos y recursos propios y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad continúan siendo tres factores que requieren cumplirse si se busca una mayor igualdad de género en la región.
Según datos de la CEPAL (2015), aunque los países de la Alianza del Pacífico están luchando por apegarse a un nuevo discurso de equidad de género, aún existen claras desigualdades que enfrentar. Colombia, por ejemplo, aunque ha conseguido bajar su tasa de mortalidad materna, aún presenta un claro aumento de casos de mujeres que son asesinadas por sus parejas íntimas (CEPAL, 2015). Además, según datos de la ONU Mujeres-Colombia (2016), aunque las mujeres son el 53% de la población colombiana, estas solo representan el 12% de los cargos de elección popular, a pesar de que son más mujeres que hombres los que se gradúan de educación superior. Un caso parecido se da en Perú, donde a pesar de que la mortalidad y el homicidio de mujeres es un factor que va a la baja, la autonomía económica de sus mujeres es una situación que sigue siendo desigual. En comparación con los hombres, las mujeres peruanas representan el doble de individuos sin ingresos económicos, tanto en zonas urbanas como en rurales. Chile y México no se alejan mucho de esta realidad, pues aunque en los aspectos de autonomía física parece que se están dando pasos firmes en el mejoramiento de la situación de la mujer, se sigue teniendo una amplia brecha de desigualdad en la participación política y la autonomía económica del sexo femenino. En México, de manera específica, la población femenina sin ingresos propios triplica a la de los hombres (CEPAL, 2015). Lo anterior refleja la dependencia económica, y con ello, una situación de poder del hombre sobre la mujer.
Esta realidad también es analizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015a), la cual señala que a pesar del masivo ingreso de las mujeres al mercado laboral en Latinoamérica, su mayor nivel educacional y su papel en la manutención de sus familias, aún persiste un fuerte patrón de desigualdad de género en el trabajo. Según el informe Trabajo decente e igualdad de género de la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres (CEPAL, OIT, FAO, PNUD y ONU Mujeres, 2013), la tasa de desempleo en mujeres es 1,4 veces mayor a la de los hombres, y si bien la participación en la fuerza laboral aumentó del 45 al 49,5% en el 2015, esta sigue siendo inferior a la tasa de 71,3% de los hombres.
La OIT reconoce además que "la discriminación de género atenta contra los principios y derechos fundamentales del trabajo, los derechos humanos y la justicia social, lo que debilita el crecimiento económico y el óptimo funcionamiento de las empresas y los mercados de trabajo" (OIT, 2015b, s.n.). Esto resulta determinante en países de Latinoamérica y el Caribe. Por ello, uno de los objetivos de la OIT en América Latina es la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (OIT, 2015a).
Como ya se había señalado, durante la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, se determinó incluir entre sus acuerdos la implementación de la perspectiva de género dentro de su agenda, constituyéndose un grupo de trabajo encargado de elaborar estrategias que incorporen el enfoque de género en los programas de la Alianza. Esta decisión resulta fundamental para los Estados miembros, pues el grupo planea tomar en cuenta las necesidades divergentes de los hombres y las mujeres de los cuatro países, así como sus realidades económicas y culturales, logrando políticas públicas más eficientes, efectivas y sostenibles (Alianza del Pacífico, 2015).
Otra de las decisiones de la Alianza del Pacífico es la promoción y creación de organismos internacionales que fomenten la participación económica de la mujer en la industria. Un ejemplo de lo anterior es el organismo Mujeres del Pacífico, institución que trabaja para potenciar la presencia de la mujer en el ámbito económico latinoamericano a partir de tres ejes de acción: la trasferencia de conocimiento, la creación de un mercado común en la región, y la articulación de redes entre mujeres empresarias chilenas, mexicanas, colombianas y peruanas (Mujeres del Pacífico, 2015).
Ángeles Undurraga (2014), miembro de esta institución, plantea que la participación económica y tecnológica de la mujer en Latinoamérica sigue siendo muy desigual en comparación con los hombres, aclarando que esta situación se ve aumentada o disminuida de acuerdo con el nivel sociocultural y el acceso a la información que cada Estado promueve entre sus ciudadanas.
México, por ejemplo, es uno de los países que ha emprendido acciones para hacer frente a este nuevo requerimiento del bloque económico, triplicando en el 2015 el gasto federal que destinó para las mujeres y la equidad de género, en comparación con el 2014. Al respecto, Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores de México, ha señalado que los esfuerzos políticos, económicos y sociales resultarán insuficientes para los empresarios de la Alianza del Pacífico si no integran una visión de igualdad, catalizando los círculos virtuosos entre crecimiento y bienestar, y centrando la igualdad como motor. Así, planteó la necesidad de que todas las actividades futuras del grupo incorporen la perspectiva de género, particularmente en temas de innovación, emprendimiento, educación y promoción de exportaciones (Notimex, 2015).
Sin embargo, esta nueva visión parte desde una realidad muy divergente entre cada uno de los cuatro Estados miembros, considerando, sobre todo, la brecha que históricamente se ha generado y que aún se encuentra en la realidad de los países de Latinoamérica. De esta forma, factores como la igualdad en la educación, el combate a la mortalidad, el acceso a la atención médica, el empoderamiento político y la participación económica son aspectos clave para ser abordados en el desarrollo de este tema.
En los próximos apartados se revisará el panorama general que se da en torno a estos factores, comparando lo que sucede en los países miembros de la Alianza del Pacífico y el resto de la región. Este apartado teórico brinda un argumento previo a la revisión de la información estadística.
2.1. Participación económica en la Alianza del Pacífico y Latinoamérica, desde la perspectiva de género
La participación económica se estructura a partir de tres conceptos clave: la participación, la remuneración económica y las oportunidades de crecimiento. La OIT ha señalado que la participación económica de las mujeres debe implicar que la mujer pueda acceder a un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. En razón de lo anterior, el concepto de trabajo decente debe incluir la equidad entre los sexos, como un elemento clave para conseguir un verdadero cambio social e institucional que genere igualdad y crecimiento (OIT, 2015b).
En este sentido, la Oficina para la Igualdad de Género de la OIT (GED, por sus siglas en inglés) busca defender la igualdad entre hombres y mujeres en el terreno organizacional, ya que considera que es necesario que la promoción de la igualdad se dé tanto en el ámbito personal, como en la esencia y estructura de las organizaciones (GED, 2015).
En América Latina, la participación de la mujer en la esfera económica fue baja hasta la década de los noventa, momento a partir del cual ha presentado un incremento significativo. Lo anterior se ha debido a factores demográficos como la reducción de la fecundidad y el cambio en el tamaño y la composición de las familias latinoamericanas, dando lugar a una clara mejoría en la incursión laboral de la mujer en la región (Martínez, Miller y Saad, 2013).
Según datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE, 2015) de 1990 al 2010, se pueden apreciar claros avances en la participación económica de la mujer en Latinoamérica. Por ejemplo, las mujeres chilenas que trabajan pasaron del 29,86 al 43,22%; en Colombia, del 39,91 al 57,98%; en México, del 25,77 al 44,23%, y en Perú, del 38,16 al 60,77%. Si se considera que durante ese mismo periodo la tasa de participación de las mujeres latinoamericanas en sus economías nacionales fue en promedio de 52%, la situación de los países de la Alianza del Pacífico se encuentra muy aparejada con el promedio de la región latinoamericana.
Complementando lo anterior, la tabla 1 presenta información sobre el crecimiento porcentual anual que se dio en las tasas de participación femenina en Latinoamérica durante el periodo 1990-2010, con el objetivo de mostrar un análisis descriptivo de las mejoras en el mercado de trabajo dentro de los países de la Alianza del Pacífico frente al resto de la región.
Tabla 1 Crecimiento porcentual anual en las tasas de participación femenina en Latinoamérica (1990-2010)
| Países | Cambio porcentual anual (%) |
|---|---|
| México | 1,6 |
| Colombia | 0,9 |
| Perú | 1,6 |
| Chile | 0,7 |
| Media Alianza del Pacífico | 1,2 |
| Venezuela | 0,6 |
| Costa Rica | 1,7 |
| Argentina | 1,0 |
| Brasil | 0,7 |
| Uruguay | 1,2 |
| Honduras | −1,3 |
| Ecuador | −0,3 |
| Panamá | 1,2 |
| Nicaragua | 0,3 |
| Paraguay | 0,2 |
| Bolivia | −0,6 |
| El Salvador | 0,4 |
| República Dominicana | 0,6 |
| Media resto de países | 0,4 |
Fuente: elaboración propia con base en Gómez (2012).
Como se puede apreciar en la tabla 1, la situación económica de la mujer en los países de la Alianza del Pacífico ha tenido una mejora significativa respecto a la del resto de países de Latinoamérica, tomando como referencia que sus cambios porcentuales son superiores al resto de Latinoamérica. En relación con Latinoamérica, la CEPAL (2015) señala que los índices de participación económica de los miembros de la Alianza del Pacífico son similares a los del resto de los países latinoamericanos. Al respecto, Chile presenta un 22,9% de población femenina sin ingresos propios en ámbitos urbanos, lo cual es muy semejante a Colombia (25,3%), a Perú (28,7%) y a México (29,5%). Entre los ámbitos urbanos y rurales, existe una diferencia entre 1 y 2 puntos porcentuales. En el caso de Colombia esto se ve agravado, ya que la falta de autonomía económica de sus ciudadanas varía del 25,3% en zonas urbanas al 38,4% en zonas rurales (CEPAL, 2015).
Sin embargo, aunque el incremento de la participación de la mujer en la actividad económica se ha dado de manera sostenida y gradual, no solo debe analizarse a partir de sus niveles de actividad, sino que debe relacionarse con su vinculación a empleos de calidad. La participación laboral de la mujer latinoamericana debe tener un crecimiento paralelo a su incursión en trabajos decentes, ya que de no ser así, el aumento de participación no llegará a significar un cambio sustancial en el aporte que ellas tienen a los ingresos de sus hogares, continuándose con una falta de autonomía frente a sus iguales masculinos (Martínez et al., 2013).
Según el informe Nuevo siglo, viejas disparidades del Banco Interamericano de Desarrollo (2014), los hombres en América Latina ganan un 17% más que las mujeres por trabajos iguales. Esta brecha puede llegar a ampliarse según la profesión, ya que en casos como la arquitectura, la abogacía o la ingeniería, la disparidad puede llegar hasta un 58% entre los sueldos por género. El informe señala que gran parte de esta situación tiene una clara relación con los estereotipos y la percepción errada que se tiene sobre los roles a desempeñar entre hombre y mujeres, desalentando a las mujeres al momento de elegir o acceder a carreras profesionales con mejores futuros en el mercado laboral. Además, la labor en el hogar sigue siendo un claro limitante femenino, pues esto lleva a que la mujer tenga una mayor tendencia a los trabajos de medio tiempo, al autoempleo y a la informalidad, situaciones que no le permiten alcanzar su autonomía económica.
El Reporte global de brecha de género generado por el Foro Económico Mundial (2015) considera el índice de participación y oportunidad económica. Este índice se calcula a partir de tres conceptos: la brecha de participación, la brecha de remuneración y la brecha de avance. La brecha de participación refleja la tasa de participación de la fuerza laboral de las mujeres en relación con los hombres; la brecha de remuneración representa la tasa estimada del ingreso de la mujer en relación con el hombre, así como sondeos que miden el salario igual por trabajo igual, sin distinción de género. La brecha de avance es la tasa que se obtiene al medir mujeres y hombres en el ámbito legislativo, oficial y gerencial, comparándolo con el nivel técnico y de trabajadores profesionales. Como se puede observar en la tabla 2, la columna titulada "I. Participación económica" refleja cómo en el bloque de países de la Alianza del Pacífico (media = 0,61) es menor que en el resto de los países latinoamericanos (media = 0,66). En otras palabras, los países incorporados a la Alianza ofrecen menos oportunidades para incorporar a la mujer en el sector económico, por lo que su brecha es más grande. Es importante aclarar que cuanto menor es el número, mayor es la brecha.
Tabla 2 Brecha de género por bloque de países
Fuente: elaboración propia con base en información del Foro Económico Mundial (2015).
2.2. Nivel educativo en la Alianza del Pacífico y Latinoamérica, desde la perspectiva de género
Desde que entró en vigor el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1976), los países miembros de la ONU han reconocido que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Con base en este pacto, se reconoce que la educación resulta determinante para el disfrute pleno y digno de la vida de las personas y, por ende, las políticas sociales deben buscar una justicia social que englobe la seguridad de ingresos, la salud, la vivienda y la educación, tanto para hombres como mujeres, con igualdad. De esta forma, para conseguir una igualdad sustantiva para las mujeres, el reto no consiste únicamente en corregir las desventajas que sufren en el entorno social, sino que también es necesario plantear mecanismos que aborden eficazmente los estereotipos, los estigmas y la violencia a la que son sujetas, pues estos limitan su desarrollo (ONU Mujeres, 2015b).
De manera específica, el poder disfrutar de mejores oportunidades educativas incrementa la autoestima y las oportunidades vitales de las niñas a través del aumento de sus ingresos a lo largo de la vida, el retraso del matrimonio y la reducción de las tasas de fecundidad y de mortalidad materna. Visto de esta manera, la intención de los programas educativos enfocados en la niñez femenina busca incentivar la idea de que vale la pena invertir en la educación de las niñas, pues esto puede resultar un excelente catalizador de la igualdad de género a largo plazo (Barrientos, Gideon y Molyneux, 2008). En México, el apoyo educativo es el 10% más alto para las niñas que para los niños al inicio de la enseñanza secundaria, momento en el que existe mayor riesgo de abandono por parte de las jóvenes estudiantes (ONU Mujeres, 2015a).
En general, en las últimas décadas, América Latina se ha caracterizado por una enorme expansión en la educación, aunque lamentablemente las diferencias entre los estudiantes de distintos estratos sociales se han hecho más visibles. La región latinoamericana no ha logrado transformar al sistema educativo en un mecanismo potente de igualación de oportunidades (Trucco, 2014).
En cuanto a la igualdad de género, las mujeres se han visto beneficiadas con este impulso de formalización de la educación en América Latina, ya que la tasa de escolarización en algunos países no difiere en educación básica más de un punto porcentual entre hombres y mujeres. Sin embargo, según el informe Las mujeres en América Latina y el Caribe: entre los cambios y la crisis de la CEPAL (1998, p. 18), "la mayor igualdad de oportunidades se produjo en los niveles altos, manteniéndose las mayores discriminaciones en los grupos rurales pobres y ha persistido la diferencia entre las "muy educadas" y las analfabetas". Lamentablemente, la situación educativa en América Latina para las mujeres ya no responde a una simple exclusión del acceso a la educación, sino también a patrones discriminatorios como la condición rural o urbana, los ciclos de vida y la pobreza (Feijoó, 2013).
En el caso del analfabetismo en la región latinoamericana, Perú es el país de la Alianza del Pacífico que presenta una mayor divergencia entre hombres y mujeres. Mientras que en Chile la divergencia entre hombres y mujeres analfabetas es de 3,7% en hombres contra 4,1 en mujeres, en Colombia es de 7,1% en hombres contra 7,4% en mujeres, y en México de 6% en hombres contra 8,6% en mujeres; en Perú la brecha es mucho más pronunciada con una diferencia de 5,2% en hombres contra 15,5% en mujeres (Sistema de Información de Tendencias Educativas en America Latina [SITEAL], 2010). Tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) consideran que esta brecha, que es semejante en el caso de Bolivia (4,7-16,8), es alarmante. La cifra tiende a agravarse con las diferencias geográficas propias de estas naciones, donde la población rural analfabeta puede llegar a quintuplicar a la de las áreas urbanas (SITEAL, 2010).
En cuanto al acceso a la educación primaria y educación secundaria, se presenta una tendencia semejante. En la situación de Chile y Perú, ambos países cuentan con altos índices de egreso en nivel primario y en nivel secundario, mientras que en el caso de Colombia y México, aunque tienen un alto egreso en nivel primario, su egreso en el nivel secundario es medio. Sin embargo, Chile y Perú comparten una clara brecha de casi un 20% entre el acceso a la educación en sectores urbanos y sectores rurales, lo cual en Perú se agrava entre niños y niñas. Por su cuenta, Colombia y México tienen una mayor variabilidad según el estrato social que con el área geográfica. En cuanto al género, no presentan una brecha realmente significativa, como llega a suceder en países como Panamá o Bolivia. Un Estado que resulta interesante es Costa Rica, donde se observa una clara diferencia de género, pero en sentido inverso, ya que la tasa de ingreso a primaria es considerablemente mayor en niñas que en varones (SITEAL, 2010).
Salvo en algunas naciones como Perú, el tema del acceso educativo en Latinoamérica no es un asunto crítico en los niveles primarios, aunque existen otras situaciones que aquejan a la realidad de estos Estados al momento de analizar la educación desde la perspectiva de género. Si bien la igualdad educativa no es un tema crítico de resolver entre los países de la Alianza del Pacífico, es necesario pensar en la educación y su articulación posterior con el sistema productivo. Aunque las mujeres consiguen desarrollar su educación superior, esto se ve neutralizado al momento de no conseguir condiciones de trabajo equitativas, pues los procesos de selección laboral siguen reforzando los roles tradicionales, así como la desconfianza no fundamentada en las capacidades cognitivas de las mujeres, lo que revierte el avance conseguido en temas de equidad educativa. Mientras que las tasas de desempleo, la falta de seguridad social y el acceso a un trabajo decente sigan siendo desiguales entre hombres y mujeres, el proceso de formación educativo resultará inconcluso (Feijoó, 2013).
El Reporte global de brecha de género emitido por el Foro Económico Mundial (2015) considera el subíndice nivel educativo. Este subíndice incluye las tasas de acceso de la mujer en relación con el hombre en la educación primaria, secundaria y terciaria, así como la tasa que se genera al calcular el alfabetismo por género. Se puede visualizar en la tabla 2, en la columna titulada "II. Nivel educativo", cómo el bloque de países de la Alianza del Pacífico (media = 0,99) es igual al resto de los países latinoamericanos (media = 0,99). Es decir, los países incorporados a la Alianza presentan la misma brecha de género en cuanto al acceso a la educación entre mujeres y hombres que el resto de la región latinoamericana.
2.3. Salud/sobrevivencia en la Alianza del Pacífico y Latinoamérica, desde la perspectiva de género
Biológicamente hablando, las diferencias entre mujeres y hombres llegan a tener una clara incidencia en el estado de salud y en los riesgos. A pesar de que en promedio la mujer suele vivir más años que el hombre, eso no significa que su vida se dé de la forma más saludable o adecuada (ONU Mujeres, 2015b).
El derecho a la salud se encuentra consagrado como uno de los derechos humanos fundamentales (ONU, 1976), y abarca un amplio abanico de factores, los cuales van desde el acceso y los cuidados preventivos, hasta nociones como la alimentación, el acceso al agua, la maternidad, e incluso los servicios de saneamiento y seguridad en el trabajo.
Como se ha visto con anterioridad, la mujer es el grupo poblacional con mayores limitaciones al referirse a la autonomía económica, lo que resulta ser una razón más para proteger el derecho al acceso a la salud. Sin embargo, existen países en que, aun las mujeres con una buena situación económica pudieran tener limitaciones para acceder a los servicios de salud, relacionándose esta situación con factores externos como los geográficos, las tradiciones o, incluso, la discriminación por motivos de raza y origen étnico (Blofield, 2012). En países como Perú, el 20% de las mujeres afirman que la decisión final sobre su propia atención sanitaria no depende de ellas, o bien, requieren del "permiso" de alguno de sus familiares. De igual manera, el 67% declaran experimentar problemas para acceder a los servicios de salud a causa de su ubicación o distancia de sus hogares (International Coach Federation [ICF], 2015).
Esta situación ha llevado a que varios países hayan comenzado a desplegar reformas de cobertura sanitaria universal, con la intención de mejorar la asequibilidad de este servicio. Esta cobertura consiste en garantizar para todas las personas el uso de servicios de salud, de promoción, prevención, curación, rehabilitación y paliación. Sin embargo, requieren de una calidad suficiente para resultar eficaces, así como de garantizar que el uso de estos servicios no exponga a las o los usuarios a problemas financieros (OMS, 2010). Aunque esto parece ser una buena solución a los problemas de equidad género en temas de salud, aún queda la duda de cuáles servicios se consideran esenciales dentro de la cobertura, lo que puede significar nuevamente un sesgo para las mujeres. En la región latinoamericana hay situaciones complejas en términos de salud, pues se encuentran países donde no se incluye el cuidado durante el parto o las emergencias obstétricas, así como también aquellos en los que se ignoran los derechos reproductivos de las adolescentes y las mujeres mayores o, incluso, no se considera la posibilidad de un aborto seguro. Cabe señalar que en Colombia y Perú, el aborto es la segunda causa de muerte materna, y en Chile (Donoso y Carvajal, 2012), durante el periodo 2000-2009, fue la tercera, lo cual, aunque ha descendido, sigue siendo una situación significativa.
En cuanto a cifras, la inequidad en salud de América Latina y el Caribe afecta principalmente a los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas en situación de pobreza, las mujeres, los niños, los grupos étnicos y la población rural. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2015), más de un cuarto de la población latinoamericana carece de acceso regular a servicios básicos de salud, y solo países como Chile, Costa Rica y Uruguay cuentan con programas de salud específicos que se enfocan en la población con menos ingresos.
Lamentablemente, el acceso a la salud en los países de la Alianza del Pacífico es muy desigual. En Perú, el gasto en salud es tan reducido por parte del Estado, que esto ocasiona que los recursos humanos y de infraestructura con que cuenta este sector parezca insuficiente y disperso institucionalmente (Cetrángolo, Bertranou, Casanova y Casalí, 2013), a diferencia de Chile, país que la OPS y OMS han reconocido por sus esfuerzos destinados a la cobertura universal de sus ciudadanos (OPS, 2013). En cuanto a ubicación, el acceso a la salud presenta un panorama muy similar al educativo, en el cual vivir en zonas rurales trae consigo claras complicaciones de acceso a la salud. Por ejemplo, en México, el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento varían del 87% en zonas urbanas al 78% en zonas rurales. La situación se agrava en Colombia, donde la tasa varía del 85 al 66%, o en Perú, en donde la diferencia es del 81 al 45% (OPS, 2014). Sin embargo, cabe aclarar que el mayor elemento de desigualdad se enfoca en la situación económica y geográfica de los ciudadanos, y no en el criterio de género, aunque las mujeres siguen encontrándose en la situación más vulnerable.
En cuanto al tema de la mortalidad, se puede señalar que la mayoría de las complicaciones responsables del fallecimiento de las mujeres se dan durante el embarazo y el parto, lo cual puede prevenirse si se mejora el acceso a la planificación familiar, a cuidados prenatales y a la asistencia durante el parto. Estos aspectos comúnmente se relacionan con las instalaciones y la atención hospitalaria con la que se cuenta, así como con los altos costos de atención médica que la hace ser inaccesible para la mayoría de la población. Por ende, se puede señalar que la asequibilidad vuelve a convertirse en el mayor obstáculo para la igualdad de acceso a la atención sanitaria para mujeres y niñas (Sen y Ostlin, 2007). En países donde la tasa de cobertura de salud materna es inferior al 50% de la población femenina (como Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras), se presentan las mayores tasas de mortalidad, a diferencia de países como Argentina, Chile o México, donde la cobertura de atención al parto supera el 95% (Gómez, 2004).
El Reporte global de brecha de género reportado por el Foro Económico Mundial (2015) considera el subíndice salud y sobrevivencia, y es calculado mediante dos variables. La primera mide la tasa de nacimiento, lo que intenta reflejar el fenómeno del déficit de la mujer (missing women), que prevalece en países que tienen preferencia por hijos varones y que se refleja en los abortos femeninos. El segundo índice representa la expectativa de vida entre mujeres y hombres, considerando los años en que se espera vivir con buena salud, tomando en cuenta la reducción de años por violencia, enfermedad, malnutrición y otros factores relevantes. Se puede visualizar en la tabla 2, en la columna titulada "III. Salud/sobrevivencia", cómo el bloque de países de la Alianza del Pacífico (media = 0,98) es igual al resto de los países latinoamericanos (media = 0,98). Es decir, los países incorporados a la Alianza presentan la misma brecha de género en cuanto al nivel de acceso a la salud y la sobrevivencia entre mujeres y hombres, que el resto de la región latinoamericana.
2.4. El empoderamiento político en la Alianza del Pacífico y Latinoamérica, desde la perspectiva de género
El empoderamiento político de la mujer hace referencia a la toma de decisiones políticas en el más alto nivel, que se da dentro de una proporción de mujeres y hombres en los puestos de gobierno de un Estado. Además, suele incluirse la relación de las mujeres con los hombres en términos de años en un cargo ejecutivo durante los últimos 50 años.
En la región latinoamericana, pese a indudables avances normativos e institucionales, "persisten ciertos factores estructurales que todavía impiden o limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres" (ONU Mujeres, 2015a, p. 10). Modelos patriarcales, estereotipos sexistas y roles tradicionales entre hombres y mujeres son algunas de las situaciones que dificultan el empoderamiento político y económico de las mujeres y potencializan la presencia de malestares sociales de género (ONU Mujeres, 2014).
Por esta razón, es necesario que más mujeres tengan voz, participación e influencia en la toma de decisiones políticas de los países, pues esto supone un mayor interés y preocupación en promover políticas públicas con perspectiva de género, dando pauta a una gestión política más integradora.
América Latina y el Caribe presentan, en los últimos años, un incremento gradual, pero firme, de participación de las mujeres en espacios de decisión política. Esto ha traído consigo un mayor compromiso regional a favor de la igualdad y la paridad de los géneros. Sin embargo, aún existen grandes desigualdades entre los grupos que integran los países, pues la equidad alcanzada no se refleja en todas las mujeres, en particular no en aquellas que son indígenas, que viven en zonas rurales o que tienen algún tipo de discapacidad (ONU Mujeres, 2015b).
De esta forma, la ONU Mujeres (2014) plantea que para lograr una verdadera trasformación de las relaciones de género y acabar así con la cultura machista, que sigue presente en Latinoamérica, es necesario un abordaje multidimensional e integral. Para ello es necesario que se consideren los aspectos normativos, conceptuales y estratégicos que permitan la generación de políticas públicas efectivas. Además, se señala la necesidad de prever que la mejora en la participación política de la mujer implica la superación de las brechas económicas, sociales, culturales, políticas e institucionales que sufren las mujeres y que impiden este empoderamiento en la región.
Aunque varios Estados de América Latina comienzan a vislumbrar los resultados de años de esfuerzo en materia política y normativa, aún existe una amplia brecha entre la participación de hombres y mujeres en el terreno de la toma de decisiones. Esto se da de igual manera con los países miembros de la Alianza del Pacífico, los que, a pesar de tener representación femenina en los cargos de gobierno más importantes de sus países, siguen teniendo una clara disparidad en el resto de los puestos públicos.
Un caso que se apega a esta situación de disparidad es el de Chile, pues aunque es el único de los países de la Alianza del Pacífico que se encuentra dirigido por una mujer en el cargo ejecutivo, no ha podido revertir la tendencia masculina en los puestos de poder. Según datos de la CEPAL (2015), aunque Chile ya ha firmado el protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1999, no lo ha ratificado, lo que limita la aplicación normativa de esta convención. Además, la participación de la mujer en cargos ministeriales sigue siendo baja, ya que esta solo alcanza el 39% de los cargos ocupados, lo cual se agrava en los parlamentos nacionales (15,8%), los tribunales de justicia (25%) y en las alcaldías (12,2%).
En el caso de Colombia la tendencia es muy semejante, pues la participación de las mujeres en los gabinetes ministeriales solo alcanza el 29,4%, el 19,9% en el parlamento nacional y el 26,1% en el tribunal de justicia. Colombia también ha ratificado el protocolo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pese a lo anterior, aún tiene camino por avanzar, por ejemplo, a nivel de las alcaldías: solo el 9,8% se encuentran ocupadas por mujeres (CEPAL, 2015).
Perú presenta un panorama un tanto más próspero en el terreno federal, pero de igual manera, los cargos locales siguen siendo débiles. El 27,4% de los cargos ministeriales son ocupados por mujeres, el 22,3% de los miembros electos del parlamento también son de género femenino, así como el 26,8% de los miembros del tribunal de justicia. Sin embargo, Perú es el país con la menor participación de alcaldesas, las cuales representan el 5,6% de los gobiernos municipales (CEPAL, 2015).
Por último se presenta la situación mexicana. En este país, según la CEPAL (2015), se percibe un claro mejoramiento en el terreno legislativo, aunque a nivel ejecutivo y judicial tiene deficiencias. Mientras el congreso se encuentra constituido por un 38% de mujeres y las mujeres concejales alcanzan un 38,3% del total, las mujeres alcaldesas solo representan el 6,8% de los municipios. Lo anterior se repite en los cargos ministeriales con el 13,6% y en los tribunales de justicia, que solo se ven representados por un 18,2% de mujeres. Estos datos permiten señalar que, aunque hay un claro mejoramiento en el empoderamiento de la mujer en cargos políticos en las últimas décadas, los países de la Alianza del Pacífico requieren esforzarse más en este rubro.
El Reporte global de brecha de género publicado por el Foro Económico Mundial (2015) considera el subíndice empoderamiento político, que refleja la brecha entre la mujer y el hombre en tres diferentes niveles: el nivel político más alto en la toma de decisiones, el nivel de ministros, y el nivel parlamentario. También se incluye la tasa de la mujer en relación con el hombre en el puesto ejecutivo (primer ministro o presidente) de los últimos 50 años. En la tabla 2, la columna titulada "IV. Empoderamiento político" presenta cómo el bloque de países de la Alianza del Pacífico (media = 0,24) es en apariencia diferente al resto de los países latinoamericanos (media = 0,20). Dicho de otra manera, los países incorporados a la Alianza del Pacífico aparentemente tienen un mayor nivel de acceso político para la mujer que el resto de la región latinoamericana.
Análisis de la brecha de género en la Alianza del Pacífico
Tomando en cuenta que el objetivo de este artículo es verificar si existen diferencias significativas de brecha de género en los Estados miembros de la Alianza Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), en comparación con el resto de los países de la región latinoamericana, se procede a hacer un análisis estadístico. Para tal efecto se lleva a cabo una comparación basada en el ANOVA de las variables que influyen en la brecha de género en los países de la Alianza para contrastarlo con el resto de América Latina. El análisis de varianza es una prueba estadística que permite analizar si hay grupos que difieren de manera significativa en sus medias y varianzas. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), los análisis de varianza, aunque regularmente se usan para más de dos grupos, también pueden ser empleados para dos grupos. En el caso del presente estudio se compara el bloque de países de la Alianza del Pacífico con el resto de los países Latinoamericanos que son incluidos en el reporte del Foro Económico Mundial, buscando validar las diferencias y similitudes, y tratar de explicarlas, retomando las aportaciones en materia de brecha de género en Latinoamérica. El diseño de la investigación es no experimental, pues se carece de variables de control, y es transeccional, ya que solo toma los datos en un tiempo único.
Para el referido análisis se ha tomado como fuente de información el Reporte global de brecha de género 2014 emitido por el Foro Económico Mundial (2015). La tabla 2 muestra las puntuaciones de brecha de género para las diversas categorías: general, participación económica, nivel educativo, salud y sobrevivencia, y empoderamiento político.
En la tabla 2 se resumen las estadísticas descriptivas en términos de medias para cada uno de los bloques de países latinoamericanos. Como es posible constatar, en materia de brecha de género, la Alianza del Pacífico presenta una menor participación económica de la mujer que el resto de los países latinoamericanos. Excepto Cuba (en lo individual), el resto de los países latinoamericanos presentan índices numéricamente superiores a la Alianza en el empoderamiento económico de la mujer. A la par, aparentemente, la Alianza proyecta un mayor empoderamiento político de la mujer, aunque países como Argentina, Cuba, Ecuador y Nicaragua reflejan (a nivel individual) un empoderamiento político superior que el promedio de la Alianza. En este sentido, los países miembros de la Alianza pueden estudiar las estrategias que han seguido estos países mencionados para lograr un mayor empoderamiento político y económico de la mujer y tratar de integrarlas a los países miembros.
Además de la observación numérica de las medias entre ambos bloques, con el fin de comprobar si hay diferencia estadísticamente significativa entre las variables que constituyen la brecha de género, separando el grupo de países de la Alianza del Pacífico del resto de los países que conforman Latinoamérica, se llevaron a cabo pruebas ANOVA. Las pruebas de ANOVA permiten determinar si hay diferencia estadísticamente significativa en brecha de género analizando ambos bloques de países, por lo que se procedió a validar las siguientes hipótesis de investigación:
Hipótesis: hay diferencia significativa en la brecha de género entre los países que conforman la Alianza del Pacífico y el resto de los países de Latinoamérica en las siguientes categorías: general (H1), participación económica (H2), nivel educativo (H3), salud y sobrevivencia (H4) y empoderamiento político (H5).
De acuerdo con las pruebas de hipótesis (tabla 3), la brecha de género, en cuanto al nivel educativo, la salud y sobrevivencia y el empoderamiento político, tiene resultados similares en ambos bloques de países. De alguna forma se puede interpretar que no hay diferencia y que ambos están en las mismas condiciones.
Tabla 3 Pruebas de hipótesis de las variables de la brecha de género para Latinoamérica
Fuente: elaboración propia con base en información del Foro Económico Mundial (2015).
La única hipótesis que pudo ser comprobada acerca de una probable diferencia significativa es la participación económica, con un 0,082 (significación del 10%), la cual se apega a los rezagos que tanto el CELADE como la CEPAL ya han reflejado en sus informes del 2015. Según el CELADE (2015), aunque la tasa de participación económica de las mujeres en Latinoamérica es del 52%, este promedio no se consigue en todas las economías de la Alianza del Pacífico, ya que mientras en Colombia (58%) y Perú (61%) se logra el objetivo, en países como Chile (43%) y México (44%) se sigue teniendo mucho por hacer. A esto se le suma la falta de autonomía económica de la mujer que, según la CEPAL (2015), en México (29,5%) y Perú (29%) es casi el de una tercera parte de la población femenina de dichos países. De esta manera, se puede comprender que, si bien los resultados arrojados en esta investigación no reflejan una diferencia contundente, sí presentan una realidad significativa y, por consiguiente, pertinente de señalar y analizar.
Por otra parte, aunque en los promedios revisados se encuentra que este bloque de países tiene una participación política de la mujer numéricamente más alta que el resto de los países del bloque latinoamericano, esta diferencia no resulta ser estadísticamente significativa. Cabe aclarar que esta falta de significación no debe interpretarse como una similitud en ambos bloques de países, en los que no hay margen de acción. Se intenta expresar que la carencia del empoderamiento político de la mujer es igualmente baja en ambos bloques de países. Convendría, como ya se explicó, estudiar el caso de países como Argentina, Cuba, Ecuador y Nicaragua, que muestran superioridad respecto al empoderamiento político femenino y aprender de su experiencia en cuanto a las estrategias que siguieron para lograrlo. Ahora bien, aunque escasa, la incipiente presencia política femenina en la Alianza puede lograr incidir en los indicadores de equidad de género en el ámbito económico mediante política pública.
Ahora bien, conviene preguntarse: ¿por qué los países de la Alianza presentan estas debilidades de brecha de género? De acuerdo con Zabludovsky (2013), una parte importante de la brecha de género encuentra su explicación en las limitadas expectativas de la mujer en la esfera económica y política, influidas por la propia cultura. La mujer latinoamericana se concibe dentro de un papel de labor doméstica, reproductiva y de no competencia. Por el contrario, el varón es educado para asumir su papel en el trabajo, la seguridad, la competencia y el riesgo. Adicionalmente, también se presentan serias limitaciones culturales en el ámbito organizacional, como lo vienen siendo el techo de cristal, la falta de equidad en el salario, o la falta de balance en la vida familiar y laboral. Este tipo de variables, de cierta forma, son parte de las raíces ocultas que reflejan la amplia brecha de género en materia de empoderamiento político y económico de la mujer en la Alianza, y que también se refleja en la mayoría de los países latinoamericanos.
Conclusiones
Como conclusión se establece que si la Alianza del Pacífico logra avanzar en el empoderamiento femenino (político y económico), reduciendo la brecha de género en ambos aspectos, podrá generar una ventaja competitiva en la región latinoamericana. Se afirma lo anterior, tomando como sustento que a mayor equidad de género, mayor competitividad de un país, y, en este caso, de una región. Es necesario promover un compromiso regional a favor de la equidad de género, no solo en lo político, sino también en lo económico, ya que es en ambas variables donde más atrasos presenta la Alianza.
Para ello conviene revisar la influencia que la cultura latinoamericana ejerce sobre la falta de empoderamiento político y económico de la mujer, pues este factor refleja, en parte, el bajo índice de estos dos aspectos en la Alianza. La variable cultural, de cierta forma, es la raíz oculta que influye en la amplia brecha de género en materia de empoderamiento político y económico de la mujer en la Alianza, y que también se presenta en la mayoría de los países latinoamericanos. Los hallazgos que aporta este estudio en relación con la baja participación económica y política de la mujer en la Alianza (considerando el liderazgo que llevan otros países latinoamericanos en ambos ámbitos) pueden ser vistos como un obstáculo, pero también como un área de oportunidad. Es necesario aprender de la experiencia de países con mayor avance, y definir estrategias en el mediano plazo orientadas a ello, ya que trabajar en ambas variables logrará incrementar la competitividad de la Alianza en el escenario internacional.
Como limitante de este estudio, se encuentran dos cuestiones. La primera tiene que ver con la estructura temática bajo la que se desarrolló el marco teórico y la segunda, con la fuente de donde se extrajo la información para poder elaborar los reportes estadísticos. En relación con el primer limitante, aunque hay una vasta literatura sobre género y desarrollo que pudiera ser incluida en el marco teórico, esta sección se limitó a estudiar los reportes e informes que de alguna forma tenían relación con las variables estudiadas por el Foro Económico Mundial en materia de brecha de género.
Ahora bien, el análisis estadístico está basado en información arrojada por el Foro Económico Mundial sobre los estudios emprendidos por este organismo en materia de brecha de género. Si bien hay diversas fuentes de organismos internacionales que estudian los diversos factores considerados, se requirió trabajar con indicadores de uno y otro bloque que fueran estadísticamente comparables y poder así probar las hipótesis elaboradas, y analizar los resultados de tales pruebas. Futuras investigaciones pueden profundizar en analizar el hallazgo que en esta investigación se reporta y encontrar argumentos que puedan explicar el porqué de esta diferencia. De manera complementaria, otras aproximaciones al tema pueden hacer comparativos con otro tipo de alianzas en la región, pudiendo arrojar resultados que den nuevas luces sobre los retos que enfrenta América Latina en materia de género y la forma de generar sinergia entre los países para afrontarlos.
