2.1 Afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal

Sin duda, uno de los principales efectos de la pandemia por COVID-19 es la pérdida de empleos y las afectaciones a la actividad productiva, pues el distanciamiento social genera una desaceleración en la producción económica (^{CEPAL, 2020a}).

La principal causa de este fenómeno es que el consumo se reduce y, como consecuencia, disminuye también la producción de bienes y servicios. Ante esta disminución de la demanda, las empresas recortan las inversiones y con ello se requieren recortes de gastos, muchos de ellos asociados al empleo, ya sea de manera formal o informal (^{Fondo Monetario Internacional [FMI], 2020}). La economía en general se ve afectada, sobre todo, en cinco canales externos: 1) disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales, 2) la caída de los precios de los productos primarios, 3) la interrupción de las cadenas globales de valor, 4) menor demanda de servicios de turismo y 5) la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales (^{CEPAL, 2020a}).

Los sectores más afectados son comercio, transporte, servicios empresariales y servicios sociales, los cuales proveen el 64% del empleo formal y 54% del empleo que se da en el sector informal (^{CEPAL, 2020a}).

El ^{FMI (2020)} señala que “en América Latina, donde la mayoría de los países aún están luchando para contener las infecciones, se proyecta que las dos economías más grandes, Brasil y México, sufran contracciones de 9,1% y 10,5%, respectivamente, en 2020” (p. 9). A nivel local, el estado de Tabasco reportó una reducción real en sus actividades económicas del 9,8% con respecto a julio del 2019. Por grandes grupos de actividades, las actividades secundarias retrocedieron un 11,6% y las terciarias cayeron un 10%, mientras que las primarias crecieron un 10,6% con relación al mismo mes del 2019 (^{INEGI, 2020c}).

Con respecto al empleo a nivel nacional, un dato alarmante que ^{INEGI (2020d)} presenta es que “de las 11,3 millones de personas disponibles para trabajar en julio de 2020, 4,4 millones dejaron de hacerlo debido a la suspensión temporal de su trabajo sin recibir pago” (p. 15) y “3,4 millones de personas disponibles para trabajar perdieron o renunciaron a su empleo, o cerraron su negocio, en el segundo trimestre de 2020” (p. 16), por lo cual “la tasa de desocupación abierta en julio de 2020 fue de 5,4%” (p. 17) y “la población subocupada fue de 9,2 millones” (p. 18), lo que representa “una tasa de subocupación en julio de 2020 del 18,4%” (p. 19).

En lo referente al estado de Tabasco, los datos reportados para el primer trimestre del año 2020 permiten identificar que este se encuentra entre los cuatro estados del país con menor población ocupada con respecto a las cifras que se reportaron para dicho periodo en el año 2019 (^{INEGI, 2020e}).

2.2 Competencias para la recuperación económica pos-COVID-19

Quizá uno de los desafíos más destacados en la gestión de recursos humanos como resultado de la pandemia por COVID-19 es el ajuste de los empleados a nuevas condiciones de trabajo, que requieren diferentes competencias para enfrentarlos (^{Carnevale y Hatak, 2020}).

^{Venkatesh y Bala (2008)} señalan que la principal barrera para la implementación del uso de tecnologías de la información sigue siendo la resistencia de los empleados. En esta pandemia, el teletrabajo se ha presentado como una opción para las organizaciones en el desafío de ser productivos, pero no se ha previsto la generación de competencias necesarias para poder implementarlo.

Diversos autores (^{Lai, 2017}; ^{Pagés et al., 2020}) y organizaciones (^{Aonia, 2020}; ^{PAHO-WHO, 2020}) han señalado como una estrategia para abatir el rezago económico la expansión del teletrabajo. Sin embargo, ¿se tienen las competencias profesionales para tomar esta opción como una alternativa laboral?, ciertamente, es una pregunta con diversas aristas que deben analizarse desde diversas perspectivas.

En primer término, es importante definir lo que es una competencia, ya que es un término complejo que se ha estudiado desde diferentes enfoques. ^{Galdeano y Valiente (2010)} definen el termino competencia como “La capacidad de un profesional para tomar decisiones, con base en los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a la profesión, para solucionar los problemas complejos que se presentan en el campo de su actividad profesional” (p. 29).

Por su parte, ^{Fahimirad, Kumar, Shakib, Mahdinezhad y Bao (2019)} señalan que existen diversos atributos personales que son esenciales para mantener o conseguir un empleo. Desde esta perspectiva, la definición de cuáles serán estas habilidades y actitudes personales para enfrentar la crisis laboral durante la pandemia es el reto para enfrentar con éxito la recuperación económica, y conforma el principal elemento para establecer la primera de las hipótesis planteadas.

2.3 Requerimientos de formación para la competitividad

Si no se poseen las competencias profesionales para enfrentar la recuperación económica, se hace necesaria la reflexión personal y organizacional sobre las necesidades de formación profesional, así como de infraestructura, que serán necesarias para obtenerlas y afrontar la recuperación económica durante el periodo posterior a la pandemia. Estas reflexiones y lo expuesto en relación con las competencias y las afectaciones de la actividad productiva dan sustento a la segunda hipótesis de trabajo, la cual tiene soporte en la teoría de los recursos y capacidades que indican que los factores internos pueden ser más importantes que los externos para explicar el éxito o fracaso de una organización (^{Fong, Flores y Cardoza, 2017}).

Las medidas adoptadas durante el periodo de cuarentena generaron que la demanda de servicios personales tradicionales se redujera y los empleados de todo el mundo fueran trasladados a trabajos remotos. Tanto las grandes empresas como las pymes redujeron la fuerza laboral y hay pocas razones para creer que las empresas y las personas volverán a las condiciones anteriores de trabajo fuera de línea, pues el trabajo remoto brinda más oportunidades y libertad para los profesionales creativos, y los empleadores ahorran en especialistas menos demandados (^{Zemtsov, 2020}).

El acceso a las tecnologías se ha vuelto un elemento de desigualdad social en la crisis económica que provocó la pandemia por COVID-19. Esta brecha se amplía cuando, además de no tener acceso a ellas, no se cuenta con el conocimiento y capacitación necesarias para aprovecharlas, lo que genera una brecha digital educativa (^{Trejo-Quintana, 2020}).

Sin embargo, los tiempos de crisis siempre presentan oportunidades de desarrollo para quienes puedan adaptarse de manera eficiente. El empleo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) no es algo nuevo en la forma de trabajar, pero sí ha representado un reto el cambio de paradigma. Se prevé que en el periodo de 2030 a 2035 la mitad de los trabajos en el mundo puedan ser automatizados (^{Zemtsov, 2020}), y quizá después de esta crisis de salud este proceso se dé en forma anticipada.

Es relevante desde el punto de vista de la educación superior cómo las amenazas de la automatización se relacionan con la formación de desempleo tecnológico de larga duración y la posible exclusión social (^{World Economic Forum, 2016}). Esta crisis requiere de una mayor cooperación global, tecnologías de bases de datos y redes para la toma de decisiones, transparencia para la divulgación de datos, responsabilidad de los tomadores de decisiones, empresarios y la sociedad civil, altas inversiones en servicios de salud e intenciones económicas de los gobiernos, con el objetivo de disminuir el costo económico de la COVID-19 (^{Ibrahim, Baltazar, Osório y Guerra, 2020}).

2.4 Infraestructura y capital humano

El ^{World Bank Group (2020)} desarrolló una lista de consideraciones de largo plazo para asegurar la recuperación económica posterior a la pandemia por COVID-19. Con relación al capital humano y social, se destaca como un reto el desarrollo de habilidades tecnológicas y la creación de nuevos empleos para enfrentar este cambio de paradigma en los esquemas laborales.

De nuevo, atendiendo a la teoría de los recursos y capacidades, la infraestructura disponible como recurso para el desarrollo de las capacidades del capital humano se convierte en un elemento de vital importancia en la etapa de recuperación económica y da sustento a la tercera hipótesis de este trabajo.

El desafío radica esencialmente en el ajuste de las condiciones de trabajo y el cambio a trabajo remoto, o a la implementación de nuevas políticas y procedimientos en el lugar de trabajo (^{Carnevale y Hatak, 2020}).

Ante este desafío, se considera que el capital humano resulta fundamental en la creación de valor, pues genera eficiencias en el empleo de los recursos y la producción de conocimiento, todo lo cual ejerce un impacto significativo en la productividad (^{Kengatharan, 2019}).

En el caso de México, no han podido darse las condiciones para que exista un adecuado desarrollo de capital humano, y es casi nula la influencia del conocimiento en el sistema económico, debido, sobre todo, a que las políticas públicas no han sido eficaces para generar el conocimiento requerido (^{Romero, López y Martínez, 2018}).

Por otra parte, la infraestructura de soporte para la capacitación depende en gran medida de las instituciones de educación superior y centros de investigación, los cuales tampoco estaban preparados para enfrentar cambios en las condiciones de trabajo. Se estima que las organizaciones concentren sus inversiones en la etapa de recuperación en la digitalización, seguridad y medio am biente (^{Deloitte, 2020}). Para ello, es indispensable contar con la infraestructura de soporte que permita capacitar al capital humano, y que las organizaciones puedan hacer frente a estos desafíos que replantea la agenda de crecimiento económico.

Se concuerda con ^{Álvarez (2020)} cuando señala que la educación será uno de los pilares esenciales en la etapa pospandemia, y es necesario hacer un recuento de los elementos disponibles para poder anticipar la magnitud de la inversión en este rubro.

2.5 Vulnerabilidad social y económica de la localidad

Los estudios de vulnerabilidad social son de carácter preponderantemente multidisciplinar, lo que genera que se identifiquen grupos vulnerables desde diferentes perspectivas (^{Sánchez-González y Egea-Jiménez, 2011}).

La vulnerabilidad social y económica está relacionada con la susceptibilidad material o moral de determinados grupos sociales a los posibles riesgos o pérdidas provocados por eventos extremos (^{Câmara et al., 2020}). Esta perspectiva en particular permitió establecer las bases de la cuarta hipótesis de trabajo, al considerar que existen grupos con mayor vulnerabilidad a las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia.

Para ^{Pizarro (2001)}, el término vulnerabilidad, en su perspectiva social, tiene dos vertientes: la primera asociada a desastres naturales y, la segunda, enfocada en comprender los cambios en comunidades rurales pobres en condiciones de eventos socioeconómicos traumáticos. Es importante no confundir vulnerabilidad social con pobreza, marginación o exclusión, conceptos que requieren su propia definición y contextualización en la caracterización del constructo (^{Fabre-Platas, Del Callejo Canal y Garret, 2009}).

Recientemente, se ha desarrollado con mayor énfasis el enfoque de la vulnerabilidad desde una perspectiva vinculada a los factores naturales, en los que se destaca su desconexión de los complejos procesos sociales (^{Sánchez-González y Egea-Jiménez, 2011}).

Una de las definiciones más aceptadas en este sentido es la de ^{Adger (1998)} , quien señala que “la vulnerabilidad social al cambio climático se define como la exposición de grupos o individuos al estrés como resultado de losimpactos del cambio climático y los extremos climáticos relacionados” (p. 5). En este sentido, nuevamente ^{Sánchez-González y Egea-Jiménez (2011)} traducen el término como vulnerabilidad ambiental, el cual definen como “un concepto asociado a la comprensión de la susceptibilidad o predisposición intrínseca de una determinada región geográfica a sufrir un daño (desastres), cuya capacidad de amortiguamiento está en función del conjunto de recursos y servicios ambientales (bosques, cuencas hidrológicas, etc.)” (p. 154).

La definición hace énfasis en las dimensiones sociales de la vulnerabilidad, en contraste con las opiniones predominantes sobre este término, que se concentran en las dimensiones físicas del problema.

La pandemia por COVID-19 puede equipararse a un desastre natural, y su evolución puede compararse con este en sus tres etapas: 1) previa al evento (acciones de prevención, mitigación, preparación y alerta); 2) durante el evento (actividades de respuesta durante el periodo de emergencia o inmediatamente después); y 3) después del evento (actividades de rehabilitación y reconstrucción). Es en esta última etapa en la que los resultados de la investigación brindan una aportación al conocimiento sobre la problemática bajo estudio.

3.1 Diseño

El estudio que se presenta es de corte empírico, no experimental transversal, categorizado como un estudio explicativo de acuerdo con lo que señalan ^{Ato, López y Benavente (2013)}. Como se mencionó en la introducción, el estudio presenta un modelo de sendero o trayectoria, cuya finalidad es la evaluación del ajuste al modelo teórico propuesto, y en la que se propone un conjunto de relaciones de dependencia entre las variables. Este tipo de modelos, de acuerdo con ^{Pérez, Medrano y Sánchez (2013)}, se puede considerar como una extensión del modelo de regresión múltiple, en el que se verifica también la interacción entre las variables predictoras y la relación indirecta sobre las variables dependientes.

3.2 Participantes

Considerando a los estudiantes de pregrado y posgrado de las instituciones de educación superior en el estado de Tabasco en México como una población que puede emitir una opinión con base en su contexto sobre la recuperación económica posterior a la pandemia por COVID-19, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en conjunto con una universidad pública del Sureste de México realizaron una encuesta que permitió conocer su perspectiva sobre diversos aspectos de este proceso. Participaron en la encuesta en línea 8174 estudiantes adscritos a 53 instituciones de educación superior públicas y privadas en el estado de Tabasco en México y que cursaban el semestre enero-junio del 2020. Para fines del estudio, se seleccionaron las nueve instituciones con mayor participación. Mediante un muestreo aleatorio por conglomerado (^{Krejcie y Morgan, 1970}), se seleccionaron a 1151 de los estudiantes que participaron en la encuesta (p = 95%; q = 0,50; e = 5%), de los cuales 512 (44,5%) fueron varones y 639 (55,5 %) mujeres con una edad promedio de 21,28 años (DE = 4,18 años). El 91,7% cursaba estudios de pregrado y el 8,3% restante, de posgrado. Con relación a su economía, el 25,5%, además de sus estudios, trabajaba en el momento de la encuesta y el 35% poseía algún tipo de beca para continuar sus estudios.

3.3 Esquema de los instrumentos

Cada escala se generó con base en una profunda revisión literaria de las prioridades previstas por organismos nacionales e internacionales en la etapa de recuperación económica posterior a la pandemia por COVID-19. Las escalas se diseñaron para contestarse en un formato tipo Likert con cinco opciones de respuesta: 1 (totalmente en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). El cuestionario general contenía además un apartado para variables demográficas y sobre su condición económica.

3.4 Procedimiento

Para el desarrollo de la encuesta del diagnóstico, se solicitó el consentimiento de las autoridades de las instituciones de educación superior y centros de investigación que participaron en el estudio. Posteriormente, se pidió la participación voluntaria e informada a los directivos de cada organización para administrar los instrumentos en línea a los estudiantes, a los cuales se les informó sobre el propósito del estudio y se les pidió su participación en él. A todos los actores se les garantizó la confidencialidad de la información por ellos brindada. La información para su depuración y análisis quedó bajo resguardo de las autoridades del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y la Universidad Pública del Sureste de México que colaboró en su elaboración. Esta encuesta se respondió en aproximadamente 8 minutos y se realizó durante el mes de junio del 2020.

4.1 Modelo de sendero

Atendiendo a los resultados del análisis correlacional, se decidió incluir todas las variables en el cálculo del modelo. Los valores generales de los índices de ajuste fueron aceptables, lo que sugiere que el modelo teórico se sustenta en los datos (χ2 = 1673; gl = 2; p = 0,433; TLI = 1,00; SRMR = 0,00; CFI = 1,00; RMSEA = 0,00; IC 90 [0,00 - 0,05]) (figura 2).

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Coeficientes estandarizados y errores estándar del modelo estructural propuesto. 

El modelo explicó el 38% de la varianza de los puntajes de las competencias para enfrentar la recuperación económica pos-COVID-19 (figura 2, tabla 4).

En la tabla 4 se presentan los valores de las estimaciones de las ponderaciones de regresión estandarizados, mismos que se pueden apreciar también en la figura 2, que presenta el modelo de relación propuesto y en la que se aprecia que estos valores fueron significativos y que coinciden con el sentido propuesto en el modelo teórico.

Con respecto a las relaciones directas, los resultados muestran que la percepción de competencias para enfrentar la recuperación económica pos-COVID-19 se relaciona en forma positiva con los requerimientos de formación para la competitividad (β = 0,38, p < 0,000), con la percepción de infraestructura y capital humano disponible para ello (β = 0,35, p < 0,000), pero no se pudo comprobar la relación directa con las afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal. Los requerimientos de formación para la competitividad presentan una relación positiva con la percepción de que se dispone sobre la infraestructura y capital humano para enfrentar la etapa de recuperación económica (β = 0,19, p < 0,000), con la vulnerabilidad social y económica (β = 0,18, p < 0,000) y con las afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal (β = 0,15, p < 0,000). La percepción de que se tiene el capital humano y la infraestructura disponible para la etapa de recuperación presenta relación directa positiva con relación a la percepción de vulnerabilidad social y económica (β = 0,21, p < 0,000) y una relación directa negativa con las afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal (β = -0,09, p < 0,003). Los resultados muestran que la vulnerabilidad social y económica presenta una relación directa positiva con las afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal (β = 0,26, p < 0,000).

Los efectos indirectos se calcularon mediante el método de Bootstrap del AMOS con un intervalo de confianza del 95%. Se encontró que las competencias para enfrentar la recuperación económica pos-COVID-19 se relacionan indirectamente de forma positiva con las afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal (β = 0,07, p = 0,001, IC [0,04 - 0,11]), al favorecer la percepción sobre la vulnerabilidad social y económica (β = 0,13; p = 0,001; IC [0,09 - 0,17]) y la percepción de la infraestructura y capital humano del que se dispone (β = 0,07; p = 0,001, IC [0,04 - 0,10]). También se encontró una relación indirecta positiva de los requerimientos de formación con las afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal (β = 0,04; p = 0,001, IC [0,01 - 0,06]), considerando como variable mediadora la vulnerabilidad social y económica (β = 0,03; p = 0,001, IC [0,01 - 0,04]). Por último, se reporta un efecto indirecto positivo entre la percepción de tener disponible el capital humano y la infraestructura, y las afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal (β = 0,04, p = 0,001, IC [0,02 - 0,06]).