2.1 Literatura relacionada

Las investigaciones experimentales sobre corrupción representan un área de investigación bastante novedosa, con el mayor crecimiento en este campo producido desde el año 2000. En los primeros estudios, ^{Frank y Schulze (2000)} , ^{Abbink y Hennig- Schmidt (2006)} , ^{Schulze y Frank (2003)} se propusieron utilizar el laboratorio para estudiar la corrupción y los efectos de diversas políticas anticorrupción en el comportamiento. En este contexto, ^{Abbink (2004)} indagó sobre el efecto de la política de rotación de personal para áreas propensas a corrupción, como las contrataciones públicas en el gobierno federal alemán. Para tal fin, propuso un experimento en el que se seleccionaron aleatoriamente parejas de posibles sobornadores y funcionarios públicos en cada ronda. Los resultados, comparados con el caso en el que las parejas que interactuaron permanecieron fijas, permiten concluir que el protocolo de correspondencia de extraños reduce significativamente los niveles de sobornos, así como la frecuencia de decisiones ineficaces debido a estos.

En otro estudio centrado en mecanismos e instituciones que podrían mejorar o mitigar la corrupción, ^{Serra (2012)} investigó la efectividad de un sistema de vigilancia y control que combina el monitoreo ascendente y descendente con estudiantes de la Universidad de Oxford en un experimento de sobornos controlado. Comparó la tendencia de los funcionarios públicos a pedir sobornos 1) sin monitoreo, 2) con auditoría convencional de arriba hacia abajo y 3) con un sistema de rendición de cuentas que brinda a los ciudadanos la posibilidad de denunciar a funcionarios corruptos, sabiendo que los informes conducen a la auditoría descendente con alguna probabilidad baja (lo mismo que en [2]). Los principales hallazgos experimentales sugieren que los sistemas de rendición de cuentas combinados resultan ser más eficaces para frenar la corrupción. Estos resultados son corroborados por ^{Banerjee, Cole y Duflo (2005)} , quienes encontraron que los funcionarios públicos pueden sufrir costos no monetarios más altos cuando son monitoreados por miembros de su comunidad, debido al temor de recibir desaprobación social y sanciones formales o informales. Sin embargo, pese a que las comunidades locales o los receptores de los servicios públicos están en condiciones de supervisar mejor a los funcionarios públicos, por lo general, no están dispuestos o carecen del poder necesario para imponer un castigo formal (^{Banerjee, Mullainathan y Hanna, 2012}; ^{Olken, 2007}).

Por su parte, diversos investigadores han señalado que la cultura y la corrupción están interrelacionadas (^{Husted, 1999}; ^{Barr y Serra, 2010}; ^{Serra, 2006}; ^{La Porta, Lopez-De-Silane, Shleifer y Vishny, 1996}; ^{Fisman y Miguel, 2007}; ^{Uslaner, 2004}; ^{Lipset y Lenz, 2000}; ^{Banuri y Eckel, 2012a}; ^{Treisman, 2000}; ^{Lambsdorff, 2006}, entre otros), sin dejar de lado los mecanismos de inspección y castigo. Dentro de este grupo, ^{Cameron, Chaudhuri, Erkal y Gangadharan (2009)} examinaron las diferencias culturales en la toma de decisiones individuales en un juego de corrupción. Con base en experimentos controlados llevados a cabo en Australia (Melbourne), India (Delhi), Indonesia (Yakarta) y Singapur, encontraron que los individuos de sociedades con mayor exposición a la corrupción son menos estrictos al momento de castigar el comportamiento corrupto, además de tener una mayor propensión a presentar comportamientos corruptos.

^{Barr y Serra (2010)} realizaron un estudio de laboratorio con estudiantes de la Universidad de Oxford, para determinar la presencia de comportamientos corruptos a través de juegos de sobornos. Los principales resultados señalan que variables relacionadas con la cultura y el entorno social pueden afectar el comportamiento de las personas. Así, a partir de datos obtenidos en sesiones realizadas en 2005 y 2007, los autores encontraron que, en los estudiantes de pregrado, fue posible predecir quién actuaría de manera deshonesta con referencia al nivel de corrupción que prevalece en su país de origen, mientras que entre los estudiantes de posgrado no fue posible contrastar esta hipótesis. Así mismo, evidenciaron que un mayor tiempo de residencia en el Reino Unido estaba asociado con una disminución en la propensión al soborno.

Otros autores han examinado diferencias de género en contextos de sobornos a partir de juegos repetidos controlados. Un hecho estilizado evidencia que los hombres muestran más confianza, aunque esto es difícil de desligar de su mayor propensión a asumir riesgos⁴. Por otro lado, la mayoría de los estudios con un efecto de género significativo encuentran que las mujeres tienen un sentido más fuerte de la justicia, lo que permite conjeturar que los hombres pueden tener una mayor inclinación a corresponder a un favor de soborno (^{Lambsdorff y Frank, 2011}).

Por su parte, ^{Lambsdorff y Frank (2010}, ²⁰¹¹⁾ abordaron esta cuestión en un juego de ultimátum y confianza, en el cual, a los estudiantes asignados al rol de servidores públicos se les ofreció un soborno y estos debían elegir entre denunciar o aceptar (oportunismo y reciprocidad, es decir, entregar un contrato al sobornador). Aquellos que actuaban como empresarios debían elegir entre revelar o no la transacción ilegal al final del juego. Los resultados sostienen que las funcionarias públicas están menos inclinadas a corresponder un soborno, mientras que los hombres confían más en que los sobornos serán recíprocos. Estos hallazgos son consistentes con el estudio de ^{Rivas (2013)} , en el cual se observan diferencias significativas de género: las mujeres hacen ofertas de sobornos más pequeñas y menos frecuentes, además son menos recíprocas después de recibir los pagos. Lo anterior permite concluir que la externalidad negativa parece ser más importante para las jugadoras.

Recientemente, ^{Abbink, Freidin, Gangadharan y Moro (2018)} estudiaron el efecto de las normas sociales descriptivas y la posibilidad de sanciones sobre las ofertas de soborno en un juego de soborno colusorio. Los resultados evidenciaron cómo los participantes en el rol de firmas eran sensibles a la información sobre el comportamiento típico de los funcionarios públicos. En este sentido, cuando el funcionario provenía de un grupo mayormente corrupto, la proporción de ofertas de soborno realizadas por empresas era más del doble en comparación con el funcionario que provenía de un grupo mayormente honesto, sin encontrarse un efecto estadísticamente significativo en la posibilidad de sanciones.

También, en relación con el diseño aquí propuesto, ^{Abbink, Dasgupta, Gangadharan y Jain (2014)} examinaron la eficacia de utilizar la responsabilidad asimétrica para combatir los sobornos por acoso, a partir de un experimento realizado en India, en las universidades de NALSAR y de Hyderabad, el cual incluye una opción de denuncia de irregularidades. Además, encontraron que la inmunidad para los que dan sobornos reduce la propensión de los que reciben sobornos a exigir dádivas y aumenta la disposición a denunciar. No obstante, advierten que los incentivos económicos débiles para el soborno o las represalias por parte de los sobornadores pueden mitigar el efecto disciplinario de tal implementación.

Para concluir, ^{Jaber-López et al. (2014)} diseñaron y aplicaron, en Castellón, España, un experimento económico de soborno en el marco de una subasta compuesta por dos firmas y un funcionario público. A través de dos tratamientos, buscaron acercarse al estudio de determinantes que intenten explicar los factores fisiológicos y de comportamiento en individuos que se enfrentan a un dilema social. Los investigadores concluyen que las violaciones de normas prosociales se asocian con niveles más altos de excitación; esto evidencia que las emociones más fuertes podrían estar relacionadas con el comportamiento ético cuando se toma una decisión específica en contra de la motivación puramente egoísta de la maximización de la recompensa monetaria.

2.2 Modelo teórico

El marco estudiado aquí está inspirado en ^{Beck y Maher (1986)} , ^{Büchner, Freytag, González y Güth (2008)} y, especialmente, en ^{Jaber-López et al. (2014)} . Siguiendo la metodología planteada por estos últimos autores, se introduce explícitamente una compensación entre soborno⁵ y ofertas de calidad. En la etapa inicial (rondas experimentales), dos firmas presentan simultánea y no cooperativamente ofertas de calidad y soborno a pagar en caso de ser favorecidas con la licitación. Posteriormente, sobre la base de las ofertas recibidas, el urbanista elige una de las propuestas. La calidad del ganador beneficia a todos los jugadores, mientras que el soborno es antisocial e ineficiente, ya que el pagador del soborno asume el costo de una calidad inferior y una pérdida adicional, por lo tanto, las empresas enfrentan un dilema moral en el sentido de que cuanto mayor sea el soborno prometido, mayor probabilidad de ganar la subasta. Además, los urbanistas enfrentan un dilema, ya que su preferencia egoísta por las ofertas que conllevan sobornos más altos va en contra del interés de todos los demás jugadores y del bienestar general.

En el experimento, se implementaron las siguientes funciones de beneficios:

(1)

(2)

(3)

Donde F es una cantidad fija ganada por cada participante en cada ronda⁶, C y T son las ofertas de calidad y soborno, respectivamente. Por su parte, R representa la recompensa monetaria adicional (bonificación) por haber obtenido la licitación del proyecto y su posterior ejecución, α denota el retorno social de la calidad del proyecto ganador o externalidad positiva que genera la ejecución de una obra pública y β representa el costo por unidad monetaria de soborno transferido por la firma ganadora al urbanista. Por otro lado, se aplicó la restricción C+T=I para las estrategias de cada jugador con rol de firma, lo que refleja la compensación entre calidad y sobornos. Por último, el conjunto de parámetros (F, α, β, I, R)=(10, ¹⁄₂, 2, 10, 10) fue utilizado en la aplicación experimental.

3.1 Procedimientos

El experimento aplicó un tratamiento, en el cual participaron 90 individuos agrupados en ternas completamente anónimas, las cuales permanecieron constantes durante las 20 rondas experimentales. Los participantes eran conscientes del hecho de que se darían nuevas instrucciones al terminar la ronda 10. Durante las primeras 10 rondas, correspondientes a la línea de base (T0), se ejecutó la subasta descrita en la subsección 2.2.

Al inicio de la ronda 11, se introdujo el tratamiento correspondiente a la opción de denuncia (T1). De manera similar a lo desarrollado durante la línea de base, en T1 las firmas continuaron presentado sus ofertas al urbanista. Después de que este adjudicaba la licitación, la firma perdedora veía en su pantalla la opción de entablar una “denuncia”, si suponía alguna irregularidad en el proceso de asignación del contrato, es decir, revelar un posible soborno. Ante esta situación se podían presentar tres posibilidades:

Este proceso se repite, al igual que T0, por 10 rondas. Dada la menor complejidad de T0 en comparación con T1, se mantuvo el orden de las ternas para garantizar que el aprendizaje de los individuos en T0 les ayudara a adaptarse más rápido a una posible situación más compleja en T1.

5.1 Caracterización de los individuos participantes

En la tabla 1 se presentan las estadísticas descriptivas de la muestra y las variables utilizadas para el análisis¹³. Se puede observar que alrededor del 21% de los participantes completó la etapa inicial del ciclo de educación superior. Respecto a las características propias del individuo, los participantes son mayoritariamente hombres (67,8%), sin vínculos maritales y relativamente jóvenes, con edades que rondan los 20 años. En relación con la etnia, el 18% se autoidentifica perteneciente a un grupo étnico minoritario (negros o afrocolombianos).

Por su parte, las variables socioeconómicas y del entorno familiar dejan ver que los participantes pertenecían, casi en su totalidad, a los niveles socioeconómicos medios (87,8%) y altos (10%), esto sugiere que son residentes en un estrato superior al 3. Como era de esperarse, los participantes provenían de hogares mayoritariamente educados, cerca del 37% de sus padres tenían nivel de posgrado, lo que confirma la fuerte relación entre la condición económica del hogar y su nivel educativo.

Finalmente, las variables de pertenencia y afinidad permiten evidenciar que 6 de cada 10 participantes manifestaron ser practicantes religiosos, al menos el 27% se encontraba bancarizado y alrededor del 68% manifestó pertenecer a alguna asociación benéfica.

5.2 Resultados comportamentales

Los resultados informados en esta investigación se basan en una muestra de 90 participantes (30 urbanistas y 60 firmas). La figura 1 presenta los principales patrones observados con respecto al comportamiento de los individuos. Como se observa en el Panel (A), en T0, el 67,2% de las decisiones de los urbanistas es compatible con la maximización de la recompensa monetaria (se excluyen los casos en los cuales no hay diferencia entre las ofertas presentadas por las firmas). Las decisiones restantes (32,8%) son prosociales, correspondientes a la elección de la oferta con la calidad más alta, en contra de la maximización del beneficio monetario por parte del planificador central. Este patrón se invierte en presencia de la opción de denuncia. Puntualmente en T1, la mayoría de las elecciones de los urbanistas (56,1%) se vuelven prosociales.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Resultados del comportamiento de los individuos 

Con respecto al comportamiento de los jugadores firma, en T0, el Panel (B) muestra un patrón estable de promedios de sobornos ligeramente por debajo de 3 en las cinco primeras rondas, mientras que, en las cinco rondas restantes de la línea de base, se observa una tendencia a la disminución de sobornos, que se sitúa alrededor de 2. Una prueba de diferencia de medias (Wald test t = 12,295, valor − p < 0,001) permite confirmar estadísticamente esta variación. Tal violación del supuesto de independencia en las observaciones de la línea de base validaría la hipótesis de aprendizaje por repetición y, con ello, tal y como lo argumentan ^{Arroyo y Guerrero, (2011)} , un equilibrio a la Nash- Cournot. Por su parte, se evidencia una tendencia a la disminución rápida de sobornos en T1. En promedio, la inclusión de una opción de denuncia en T1 conduce a una disminución estadísticamente significativa (Mann- Whitney z=9,786;valor-p=0,000) de sobornos de 2,11 a 0,81 MEX.

De hecho, como se observa en el Panel (C), las ofertas de soborno en T1 exhiben una alta concentración en 0, que se convierte en la estrategia modal elegida por los individuos firmas en el 76,7% de los casos, en comparación con el 19,7% en T0. Sin embargo, en T0 el comportamiento de los individuos se ha mantenido dentro del rango prosocial, con casi una tercera parte de las decisiones de los urbanistas consistente con un criterio de maximización de la calidad y un promedio de soborno alrededor de 2,6 MEX, siendo 0,4 puntos inferior al mínimo predicho en los equilibrios teóricos de maximización del beneficio. De hecho, el 56% de las opciones de soborno se encuentran entre 0 y 2 unidades. En T1, la introducción de la opción de denuncia ha mejorado drásticamente el comportamiento prosocial, tanto por parte de los urbanistas como de los individuos firma, especialmente hacia las primeras rondas, en las que los sobornos promedio cayeron por debajo de 0,7, a pesar de la baja frecuencia de utilización de la denuncia (en 94 de 300, lo que equivale al 31,3% de todas las instancias posibles en T1). Las firmas perdedoras desistieron gradualmente, como se muestra en el Panel (D); cayeron del 19,2% (18 de 94 casos) en el período 16 al 4,3% (4 de 94 casos) en el período 20.

Llama la atención que de todos los casos en los que se activó una inspección (N = 94), un 24,5% (n = 23) corresponde a firmas perdedoras que habían ofrecido un soborno en el mismo período, mientras que la mayoría (75,5%, n = 71) de los perdedores que denunciaron no habían ofrecido un soborno. En pocas palabras, los resultados conductuales revelan la presencia de motivaciones prosociales intrínsecas, pero la presencia latente de una amenaza derivada de la posibilidad de una denuncia tiene un efecto prosocial drástico pese a que la denuncia solo es activada en la minoría de los casos, lo que hace que la amenaza ex post sea eficiente, ya que mejora el comportamiento prosocial a un costo social insignificante.

5.3 Resultados empíricos

El ajuste del modelo logístico de población promedio descrito en la sección 4 se llevó a cabo utilizando la rutina xtlogit del programa estadístico Stata. Para este procedimiento, se especificó un estimador de varianza robusto agrupado por individuos y una estructura de correlaciones cambiables dentro del panel, que mejora la eficiencia en la estimación de los parámetros al considerar las correlaciones en las decisiones (derivadas del supuesto de aprendizaje por repetición) y forzosamente la heterocedasticidad propia de los modelos de probabilidad. De acuerdo con ^{Szmaragd, Clarke y Steele (2013)} , los modelos de población promedio (AP, por sus siglas en inglés) son más relevantes para medir el efecto de las covariables invariantes en el tiempo, usados en entornos experimentales para estimar los efectos “promedio” de las variables predictoras que corresponden a un “tratamiento” o “exposición” de interés.

La tabla 2 recoge los resultados de las estimaciones del modelo logístico agrupado de propensión a comportamientos corruptos.

Lo resultados anteriores dejan ver que, en términos generales, el modelo es globalmente significativo, resultados congruentes con la prueba de razón de verosimilitud (LR, por sus siglas en inglés), que confirma que todos los coeficientes en el modelo, exceptuando el intercepto (constante), son estadísticamente diferentes a 0. Respecto a la significancia individual, para ambos modelos, sin y con denuncia, 5 de las 13 variables seleccionadas en el modelo alcanzan significancia estadística bajo los estándares habituales (valor-p≤0,1): dos variables asociadas al diseño del experimento (el rol del participante y el mecanismo de denuncia), el nivel educativo del participante y los niveles educativo y socioeconómico del hogar, respectivamente. Por su parte, dos variables adicionales presentan significancia estadística con una confianza no menor al 88,5%, a saber, el indicador de jefatura de hogar y el estar bancarizado, esta última solo para el modelo con demanda.

Resulta importante destacar el hecho de que las variables referentes a las características propias del individuo no son significativas en ninguno de los dos modelos, lo cual estaría sugiriendo que no existen, al menos en la población objeto de este experimento, factores intrínsecos que permitan evidenciar que un individuo sea más o menos propenso a incurrir en comportamientos corruptos frente a otro. Este resultado, al menos para lo que se percibe en una ciudad como Cali, evidencia que no existen argumentos respecto a los juicios de valor que experimentan, en relación con la propensión a corrupción, aspectos asociados a la discriminación étnica (esto para los grupos que se autorreconocen como afrocolombianos o negros) ni tampoco en lo que concierne a la segregación espacial (entiéndase para aquellos individuos que se ubican en estratos socioeconómicos 1 y 2).

En relación con las variables significativas, este estudio encontró que los jefes de hogar son alrededor de 4 veces más propensos a presentar comportamientos corruptos que aquellos que no desempeñan este papel al interior del hogar, independiente de la existencia de mecanismos de denuncia. Desde el punto de vista del nivel educativo del participante, se evidenció que los individuos con estudios de posgrado son más reacios a presentar comportamientos corruptos que sus homólogos que aún no se titulan como profesionales; además, el efecto es aproximadamente 32 puntos porcentuales mayor en presencia de mecanismos de inspección y control (-84,3%) que cuando no existen tales mecanismos (-51,2%).

Según las características del hogar, parecería que los antecedentes familiares guardan una relación inversa con la probabilidad de prácticas antisociales, puesto que se evidencia una disminución gradual en la propensión a comportamientos corruptos a medida que aumenta el máximo nivel educativo del hogar, frente a aquellos hogares en los que los padres lograron completar como máximo el nivel de formación media. Sin embargo, la diferencia solo es estadísticamente significativa para individuos cuyos padres alcanzaron el nivel técnico/tecnológico. Así, en un escenario sin denuncia, esta diferencia se sitúa alrededor del 67%, mientras que el efecto es del 93,4% cuando existe la opción latente de denunciar.

Por otra parte, pertenecer a los estratos 4 o 6 con relación a la categoría de referencia (3), ceteris paribus, se corresponde con una positiva y significativa probabilidad de cometer comportamientos deshonestos. En efecto, cuando no se cuenta con mecanismos de denuncia, residir en estos estratos aumentaría la probabilidad de este tipo de comportamientos en un 87% y 2,3 veces, respectivamente. Por su parte, al implementar mecanismos de inspección y castigo, la propensión al ofrecimiento de sobornos resultó ser estadísticamente significativa solo en los residentes del estrato 4, con una proporción 9 veces superior a los del estrato 3. Estos resultados validarían la teoría del capital humano, explicado por la mejora en los procesos de aprendizaje conforme aumenta el nivel socioeconómico del individuo, lo que aumenta el costo de oportunidad en el cometimiento de este tipo de acciones en los estratos más altos y, por ende, incentivaría a los de menor estrato a presentar también comportamientos corruptos.

En cuanto al rol del participante, los resultados permiten inferir que los jugadores con rol de firma son alrededor del 90% menos tendientes a la corrupción que aquellos con rol de urbanista, aún en ausencia de mecanismos de castigo. Finalmente, la denuncia, al ser una amenaza clara y creíble para los participantes, parece que nivela el buen proceder de la sociedad. Así, se corroboró con una fuerte significancia estadística que la posibilidad creíble de una denuncia ante la presencia de un acto de corrupción y posterior castigo reduce la propensión a prácticas antisociales en aproximadamente un 71%, es decir, desincentiva las decisiones del individuo propenso a la corrupción y modifica su comportamiento hacia prácticas prosociales.