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Introducción
México es uno de los territorios con los más altos niveles de devastación ambiental a nivel global (Barreda, 2020). La sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales supera la destrucción ecosistémica de países como China, India o Indonesia (Hernández, 2004). Esta situación es el resultado directo de los procesos de industrialización que trajeron consigo la celebración de más de 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países y 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países. Mediante estos convenios firmados durante el neoliberalismo mexicano, se logró que capitales norteamericanos, europeos y asiáticos transfirieran sus externalidades ambientales al territorio mexicano (Hernández & Barreda, 2012), mientras llevaban a cabo prácticas productivas y extractivistas que crearon diversos escenarios de conflictividad socioambiental.
En México, diversas empresas nacionales y extranjeras -las de mayor incidencia- han destruido determinantes biofísicas de los recursos naturales. Esto ha creado condiciones para la emergencia de diversos conflictos socioambientales relacionados con la defensa del agua (Paz, 2017). En 2011, el Observatorio Socioambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS) registró en México 220 casos de conflictos socioambientales relacionados con los recursos hídricos; la mayor concentración geográfica de dicha conflictividad fueron los estados de México, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Morelos (Espinosa, 2015a). Posteriormente, en el marco del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, se pudo constatar que dicha contabilidad seguía una tendencia creciente, además de estar convergiendo con luchas históricas por la defensa del ambiente (Barreda et al., 2019).
El contexto de los conflictos socioambientales es de desgaste, represión y desmovilización de la que han sido objeto movimientos populares decicados a combatir y resistir el saqueo, la sobreexplotación y la contaminación por los procesos de reconfiguración capitalista del territorio. Un ejemplo es el caso del Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto que se busca emplazar en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos (figura 1), a partir de la construcción de una serie de infraestructuras centradas en la extracción de recursos hídricos para la producción de energía eléctrica (tabla 1).
Fuente: elaboración propia con el apoyo técnico del Geógrafo Miguel Ángel Blancas Reza y de la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo A. C.
Figura 1 Localización del PIM y sus megainfraestructuras.
Tabla 1 Megainfraestructuras del PIM.
| Megainfraestructura | Tipo de actividad | Ubicación | Fase de construcción/ operación |
|---|---|---|---|
| Central termoeléctrica de ciclo combinado (264 CC Centro 1) | Producción energética | Estado de Morelos | Pruebas de funcionamiento |
| Central termoeléctrica de ciclo combinado (264 CC Centro 2) | Producción energética | Estado de Morelos | Proyecto |
| Gasoducto Morelos | Distribución de gas natural | Tlaxcala, Puebla y Estado de Morelos | Construido y en operación |
| Acueducto | Extracción y distribución de recursos hídricos | Estado de Morelos | Construido y en operación |
La investigación aquí presentada tiene como objetivo principal identificar al PIM como una fuerza destructiva del capital que incide en la devastación ambiental del territorio y la degradación del tejido social y de la salud de la población. El PIM puede ser entendido como i) un proyecto de desarrollo que sirve, en primer lugar, como un vehículo para la realización de capital no solo a través de los contratos otorgados a las empresas privadas que construyeron la infraestructura, sino también para abastecer energía a bajo costo a las industrias en Morelos y ii) una forma de despojo, cercamiento de bienes comunes y acumulación originaria de capital residual y terminal debido a su alto impacto socioambiental.
Los propósitos particulares del presente estudios son
Presentar una breve cronología de cómo se han desarrollado los conflictos socioambientales referentes a la defensa del agua del oriente de Morelos frente al PIM.
Identificar los principales motivos que originaron el conflicto socioambiental en el oriente del estado de Morelos a causa del PIM.
Dar cuenta de las actividades hidroextractivistas y energéticas que promueve el PIM, aludiendo a los diversos procesos de devastación socioambiental, degradación del tejido social y afectaciones a la salud de la población que actual y tendencialmente se configuran a partir de la operación de la central termoeléctrica de ciclo combinado (CTCC).
Presentar el alcance y la magnitud del riesgo o la afectación resultante de la devastación ambiental y degradación del tejido social ante el PIM, identificando su huella territorial, así como los principales actores en conflicto que entretejen diversas relaciones de poder en torno a la defensa del agua en Morelos.
Aproximación teórica
En tanto que la devastación sociaombiental generada en México ha alcanzado niveles inéditos en la historia ecológica de América Latina, los miradores teóricos de la crítica ecológica al desarrollo capitalista cada vez tienen que actualizarse y desarrollarse para dar cuenta del grado de avance y agudización de los escenarios de conflictos socioambientales que se producen en México. Por lo tanto, el presente estudio se realiza desde el enfoque teórico y epistemológico de la geografía crítica del conflicto (Espinosa, 2015b). Se parte de autores como Lefevbre (2020), Santos (2000), Quaini (1974) y Harvey (2007) para dar cuenta y discutir los prolegómenos de la especificidad del conflicto socioambiental configurado a partir del PIM.
A partir de esta geografía crítica del conflicto se reconocen el abigarrado tratamiento que desde la teoría sociológica (Silva, 2008), la ecología política (González et al., 2015), la antropología (de Haro-Honrubia, 2012), la biopolítica (Tejeda, 2011) y la psicología (Vázquez, 2005) se le ha dado al tema del conflicto social. Sin embargo, también se distingue que todas estas perspectivas analíticas terminan por presentar una visión ahistórica y determinista de los procesos de conflictividad (Espinosa, 2015b); son pocos los autores -Lacoste (1977), Peet (2007), Blaikie (2000) o Capel (2020)- quienes logran establecer un vínculo entre el espacio geográfico y la génesis y el desarrollo de los conflictos sociales.
Para los fines específicos del presente estudio se reconoce que la conflictividad es un producto y no una condición de la forma actual que toma la producción del espacio en el capitalismo. Desde allí, la teoría de Henrí Lefevbre (2020) se posiciona como el punto de partida que dirige, mas no limita, el análisis e interpretación de los hallazgos. Por lo tanto, el conflicto, entendido como un elemento imbricado con el proceso de producción del espacio social, ocurre -bajo los albores de la buyante modernidad capitalista- como una urdimbre de contradicciones y dualidades que terminan por ser un escenario transfigurado de la lucha de clases y la contradicción entre el valor de uso y el valor en su camino de autonomización.
Aproximación conceptual
Hidroextractivismo y conflictos socioambientales
Bajo la lógica de la crítica de la economía política de la devastación ambiental (Barreda et al., 2019), la emergencia de conflictos socioambientales está en la agudización creciente de producción territorial de regiones de emergencia ambiental y sanitaria (Barreda & García-Barrios, 2021). La degradación del tejido social y la producción social del riesgo y la vulnerabilidad múltiple de las condiciones práctico-materiales y simbólico-identitarias de la vida de las comunidades agraviadas explican la aparición del conflicto socioambiental. Los afectados ambientales toman actitudes de resiliencia (Altieri, 2013) para sacar adelante estrategias de organización, lucha y resistencia en contra de aquellos actores responsables de la referida devastación, cuyo objetivo es la restitución de los derechos humanos y ambientales violentados.
El avasallante despliegue económico, político y territorial del capitalismo durante el neoliberalismo ha producido importantes impactos negativos sobre los recursos naturales. Dado el carácter estratégico que tiene el agua en términos procreativos y en su dimensión productiva y técnica, esta ha sido objeto de diversos tipos de consumos privados y sociales y de debates académicos y políticos. La medida en el uso creciente de los recursos hídricos se vuelve posible por los procesos de extracción tanto del subsuelo como de los cuerpos superficiales de agua, lo cual puede ser entendido como hidroextractivismo. Esta categoría parte de reconocer la importancia que tienen las actividades extractivistas dentro de los procesos de acumulación del capitalismo contemporáneo (Tetreault, 2020).
El hidroextractivismo es una actividad de saqueo y sobreexplotación de los recursos hídricos que no hegemoniza el consumo capitalista del agua (Montero, 2015), sino que es expresión de las necesidades productivas de los capitales que ven en el agua un valor de uso nodal para los procesos gran-industriales de producción de mercancías y prestación de servicios (Gómez-Arias & Moctezuma, 2020).
Así mismo, el hidroextractivismo se relaciona con las prácticas ofensivas que el capital industrial hace sobre los territorios, tal y como menciona Seoane (2012); se parte del reconocimiento de la hegemonía de este tipo de capital sobre lo comercial y financiero, categoría que considera el uso del agua para fines de producción de energía que alimenta al autómata planetario que representa el sistema de máquinas que totaliza al mercado mundial (Jacobo-Marín, 2020).
El hidroextractivismo no solo contempla el saqueo, el despojo y la sobre-explotación de los recursos hídricos por el capital; un elemento característico de este uso capitalista del agua es la serie de externalidades ambientales que produce: contaminación por residuos sólidos, líquidos y elementos de alta toxicidad vertidos en los cuerpos de agua. Por esto puede establecerse una correlación entre las actividades hidroextractivistas y la emergencia creciente de conflictos socioambientales.
La conflictividad socioambiental se puede considerar como un resultado de las actuales tendencias de la industrialización y urbanización insostenible del territorio (Luna-Nemecio & Tobón, 2021), así como por la reconfiguración que el capitalismo neoliberal hace de este para apuntalar sus procesos de reproducción y desarrollo (Tetreault et al., 2019). La conflictividad socioambiental puede ser considerada como el momento en que se patentizan prácticas de irresponsabilidad o de incapacidad del capital industrial -tanto privado como social- para hacer frente, ya sea técnica o financieramente, a la serie de externalidades ambientales (Reynoso & Montes, 2016) generadas como correlato de la producción de mercancías, donde la sociedad en su conjunto es quien sufre los efectos ecológicos de dicha devastación ambiental.
Los conflictos socioambientales emergidos en el seno del neoliberalismo reflexionados desde el hidroextractivismo pueden ser esbozados como formas problemáticas y contradictorias de la urdimbre de relaciones sociales que derivan en una lucha de clases en el marco de escenarios de pugna y confrontación referentes a la apropiación, saqueo y contaminación del agua que terminan por poner en riesgo las condiciones biofísicas y geoquímicas de los territorios estratégicos para la reproducción social. Los conflictos socioambientales generados desde el hidroextractivismo son un resultado inmediato de la devastación ambiental ocasionada por la reconfiguración capitalista del territorio en un contexto de generación de megaproyectos por los que fluyen energías, materiales, mercancías y fuerza de trabajo, que desarrolla una tecnología e instrumentalidad capitalista nociva y fuerzas productivas que resultan ambientalmente destructivas.
A partir de la conflictividad socioambiental que emerge del hidroextractivismo se lleva a cabo un movimiento social cuya base desempeña un papel toral en los procesos de enfrentamiento y desarrollo de los mecanismos populares de lucha y resistencia colectiva frente a la creciente devastación hidrosocial de los territorios. Por lo tanto, y de manera concomitante, los conflictos socioambientales tienen que ser considerados como territorios de emancipación posibles y condición de posibilidad de un principio de esperanza para la humanidad para la construcción de los albores de un nuevo tipo de sociedad. Estos despliegues políticos de los sujetos son un claro despliegue de la politicidad básica de los sujetos que convierten a las comunidades y sus integrantes en un nuevo sujeto histórico capaz de llevar a cabo la reconquista de los derechos ambientales de aquellas personas y territorios devastados.
Metodología
Tipo de estudio y fases de investigación
Se realizó un estudio territorial de tipo exploratorio soportado en fuentes de información primarias y secundarias (Godet & Durance, 2007). La metodología empleada fue de tipo genético-estructural e histórico (Barreda & García-Barrios, s. f.), la cual consiste en la clasificación y sistematización de información en torno de los conflictos socioambientales a partir de la identificación de i) la magnitud, el riesgo o la afectación ambiental resultante de actividades y procesos socioeconómicos y político-administrativos que generan impactos negativos y problemas ambientales; ii) los actores y las relaciones de poder presentes en la generación de problemas y posibles conflictos socioambientales; iii) los recursos ambientales afectados o en disputa y el nivel de incidencia de la conflictividad (escala y corografía), y iv) la temporalidad y procesualidad de la conflictividad (tabla 2 y figura 2).
Tabla 2 Clasificación de información desde una perspectiva genético-estructural e histórica.
| Dimensión | Criterios de identificación | Proceso territorial concreto |
|---|---|---|
| Histórico-cronológica | Emergencia y duración del conflicto | Inicio, vigencia o caducidad del conflicto socioambiental. |
| Temporalidad procesual de la conflictividad | Latencia, vigencia, algidez y estatus terminal o resolutivo del conflicto. | |
| Génesis | Actividades que generan impactos negativos y problemas ambientales | Agroindustria; industrias extractivistas; gran industria; infraestructura de comunicación y de transporte; desarrollo inmobiliario; turismo; infraestructura energética; infraestructura hidráulica; confinamiento de residuos; vertedero de aguas residuales; servicios prestados o concesionados; escasez natural o artificial de agua. |
| Procesos de devastación socioambiental | Saqueo, despojo o privatización directa o indirecta, legal o ilegal del agua; administración o distribución excluyente o degradante en la dotación, distribución y saneamiento del agua: municipalización, tandeo, transvase o tarifación, y usos intensivos, excluyentes y dilapidadores de los recursos ambientales. | |
| Alcance y magnitud del riesgo o afectación resultante | Cantidad del recurso hídrico afectado (cuerpo de agua superficial y subterránea); tipo de contaminación; grado de sobreexplotación; problemas en la conservación de la biota y la flora. Cantidad o morfología de la población afectada; problemas en la salud de la población: morbilidad, mortalidad; agudización de niveles de pobreza, marginación. | |
| Estructural | Actores en conflicto | Colectivos; comunidades; empresas; grupos sociales; gobierno federal, estatal o municipal; individuos; instituciones. |
| Relación política de los Estructural actores | Comunidad-comunidad; comunidad-empresa; comunidad-Estado; empresa-Estado; empresa-empresa; Estado-Estado. | |
| Incidencia de conflictividad (escala y corografía) | Entidad; región socioterritorial; municipios; comunidades afectadas; regiones hidrológicas; cuencas y subcuencas hídricas; acuífero. |
Fuente: con base en Barreda & García-Barrios (s. f.), retomada de Luna-Nemecio (2021).
Figura 2 Fases del estudio.
Resultados
Dimensión histórica del PIM
i) Emergencia y duración del conflicto
El conflicto socioambiental en defensa del agua relacionado con el PIM surgió a raíz de la amenaza que representan todas y cada una de las infraestructuras que lo componen. Por más de 13 años se ha mantenido un escenario de conflictividad hídrica en los diversos territorios de las entidades afectadas por el gasoducto, el acueducto y la CTCC, especialmente el estado de Morelos -por ser el territorio donde convergen las tres megainfraestructuras- (figura 3).
ii) Temporalidad procesual de la conflictividad
El conflicto por el agua y el territorio ocasionado por las megainfraestructuras hidroextractivistas y energéticas que componen el PIM puede considerarse vigente y en plena algidez. Por más de 13 años, el PIN no ha logrado concretarse en los territorios donde representa una amenaza socioambiental latente. Hasta el mes de abril de 2023, las megainfraestructuras que le componen no han entrado en operación debido a la resistencia popular de las comunidades que han sido puestas en riesgo por la construcción del gasoducto, del acueducto y de una de las dos CTCC contempladas por dicho megaproyecto.
Génesis del conflicto socioambiental derivado del PIM
Impactos negativos y problemas ambientales de las actividades del PIM
La construcción y operación energético-productivo-extractivista de las megainfraestructuras que componen el PIM vuelven a este megaproyecto un factor que atenta contra la seguridad hídrica de la población. El gasoducto, el acueducto y la CTCC representan un mecanismo de despojo histórico del agua de los ejidatarios de los municipios de Ayala, Tlaltizapan, San Pedro Apatlaco y Tenextepango.
El PIM se caracteriza por promover el extractivismo de recursos hídricos mediante la construcción del Acueducto Morelos que por más de 13.2 km transportaría el agua excretada por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Cuautla (PTARC)- que debería ser descargada directamente en el caudal del río Cuautla- para enfriar las turbinas de la CTCC en la comunidad de Huexca.
En términos concretos, el PIM representa el saqueo de un promedio de 7182 l/s de agua proveniente de la PTARC. En este sentido, la construcción del acueducto que busca tomar las aguas que excreta el metabolismo técnico-público-urbano de la ciudad de Cuautla, que la PTARC busca dirigir hacia la CTCC, ha representado una estocada para la seguridad hídrica de la región. El acueducto construido en el municipio de Ayala representa un saqueo del 12 % anual del agua que recibían los agricultores de los ejidos que se encuentran aguas debajo de la PTARC. Dicho porcentaje, en temporada de secas, se incrementa entre el 22 y el 38 % (González, 2020), sin considerar los escenarios de cambio climático (Luna-Nemecio et al., 2020). La entrada en funcionamiento de la CTCC y del acueducto que le abastece para enfriar sus generadores de energía implica que la PTARC deje de operar en beneficio de la población morelense y comience a estar al servicio del capital privado representado por las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas y del capital social (representado por la CFE).
El PIM implica la promoción de la extracción, distribución y consumo productivo del gas natural y shale obtenido por fracking en Estado Unidos (de la Vega & Ramírez, 2015). Su ubicación territorial en el estado de Morelos representa una suplantación de las funciones de administración política y administrativa que le corresponden a Petróleos Mexicanos (PEMEX). La CFE ha terminado por convertirse en una paraestatal que, en el marco del PIM, ha tomado la batuta en la prospección y construcción del gasoducto proveniente del estado de Tlaxcala -pasando por zonas de alto riesgo dada la cercanía al Volcán Popocatépetl- hacia los municipios de Jantetelco, Jonacatepec, Cuautla y Yecapixtla, ubicados al oriente del estado de Morelos.
El gasoducto construido en el marco del PIM busca transportar más de 9061 millones de litros de gas natural diarios para abastecer a la CTCC en la comunidad de Huexca, Morelos (Flores & Vargas, 2014). Además, la transportación del gas lutita proveniente del fracking norteamericano busca abastecer a los parques industriales y a las empresas que operan o buscan emplazarse en el oriente de Morelos como resultado directo e indirecto del PIM (Secretaría de Energía, 2010).
Procesos de devastación socioambiental ligados a las mega infraestructuras del PIM
La destrucción ambiental y degradación del tejido social que ha derivado del PIM está representada por la construcción de las tres megainfraestructuras que lo constituyen. La concreción territorial de estas representa un factor que impulsa el proceso de urbanización voraz y galopante del estado de Morelos. Desde las últimas dos décadas, dicha entidad tiende vertiginosamente hacia la configuración de cuatro regiones urbanas articuladas por vías de comunicación y de transporte que conforman una serie de corredores urbano-industriales que interconectan al estado de Morelos con el resto de territorios que integran el sistema central de ciudades de México (Luna-Nemecio, 2022). La figura 4 muestra la complejidad que representa el proceso de devastación socioambiental ligado a las megainfraestructuras del PIM.
Alcance y magnitud del riesgo o afectación resultante de la devastación ambiental y degradación del tejido social por el PIM
El PIM ha representado la privación y uso restrictivo del agua como bien común que históricamente -desde 1926- los ejidos pertenecientes a ASURCO habían gestionado comunitariamente. Mediante la construcción del acueducto y de la CTCC en la comunidad de Huexca se crearon las condiciones de posibilidad para una eventual devastación ambiental de la región, en caso de la inminente entrada en operación de las megainfraestructuras hidroextractivistas y energéticas que integran el referido megaproyecto (tabla 3).
Tabla 3 Afectaciones ambientales generadas y potenciales del PIM.
| Problema | Afectaciones ambientales generadas y potenciales del PIM |
|---|---|
| Escasez de agua para los ejidatarios | El caudal del río Cuautla que abastece los canales de riego y las presas derivadoras de los campesinos de la región se vería reducido en términos cuantitativos hasta en un 38 %. |
| Contaminación térmica | Según estimaciones realizadas por Mihursky et al. (1970) para el caso de la contaminación térmica en Estados Unidos, se puede esperar que el caudal del río Cuautla se eleve entre 5 y 15º C. La contaminación acarrea graves problemas sobretodo para la bio diversidad acuática, que provocaría cambios en la composición y calidad de las aguas. Esto generaría problemas para toda la biodiversidad acuática de la región e impactos negativos para la composición y calidad del agua. |
| Hipoxia y generación de agua muerta | González (2020) ha conceptualizado el agua de la CTCC como producción residual de agua muerta, pues se caracterizaría por la baja concentración de oxígeno, según ha quedado demostrado por investigaciones como las de Hester y Doyle (2014). |
| Contaminación sonora | La CTCC rebasa los 110 decibeles durante el proceso de construcción y pruebas de funcionamiento de la termoeléctrica (Pérez, 2004). Este tipo de megaproyectos son altamente ruidosos en su funcionamiento porque cuentan con salideros de vapor, solturas y diversos conjuntos que provocan vibraciones excesivas durante el funcionamiento de la generación de energía. |
Por otro lado, el PIM representa la condición de posibilidad para la degradación del tejido social y la afectación de la salud de las personas que habitan en las comunidades donde ha buscado emplazar sus megainfraestructuras (tabla 4).
Tabla 4 Factores de degradación del tejido social y de la salud de la población en el marco del PIM.
| Problema | Afectación de la salud o del tejido social |
|---|---|
| Altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono. | La quema de gas natural y el vapor producido por el enfriamiento de las turbinas generadoras de energía de la CTCC produce disminución pulmonar y la aparición de afecciones cardiovasculares en la población que habita en las inmediaciones de una central termoeléctrica. |
| Generación y complicación de enfermedades en la población que se encuentra en el centro del conflicto | Las largas jornadas de lucha y resistencia, así como las condiciones climáticas adversas (lluvia, frío y calor extremo) han generado problemas respiratorios y digestivos entre quienes se encuentran en el Campamento Zapatista en Defensa de la Tierra y el Agua. Además, la propia dinámica de lucha ha complicado que quienes tienen problemas crónicos de salud (diabetes, cardiopatías, artritis, hipotiroidismo y cáncer) puedan cuidarse por estar procurando que los habitantes de Morelos puedan disfrutar de un ambiente sano. |
| Desabasto probable de alimentos y productos básicos | Sin los recursos hídricos necesarios para cultivar, las familias de los ejidatarios se quedarían sin los productos agrícolas dirigidos al autoconsumo y a la comercialización a pequeña escala. Los afectados por la escasez y contaminación del agua derivada de la CTCC no podrían continuar consumiendo los alimentos que históricamente forman parte de su dieta, por lo que se verían obligados a ingerir alimentos industriales altamente quimicalizados. |
| Descampesinización de la región y proletarización tendencial de de la población | Se generarán escenarios económicos para la creación de empleos informales, con condiciones precarias y sin ningún tipo de seguridad laboral, así como por el despojo tanto de los medios de producción (agua y tierra) como de los de subsistencia. |
| Concentración del ingreso y la riqueza, así como un correlativo empobrecimiento de los ejidatarios | Producción social de escenarios de desigualdad social, marginación y vulnerabilidad social por la correlativa industrialización de la región, así como por los procesos de urbanización y gentrificación que potencialicen el crecimiento económico de la zona. |
Dimensión estructural del conflicto socioambiental generado por el PIM
Actores en conflicto y relaciones de poder en torno a la defensa del agua
La producción social de los afectados ambientales por el PIM es el resultado del contubernio y actuar doloso e irresponsable de una serie de actores que pueden ser identificados como los promotores de la devastación y el saqueo de los recursos hídricos y de la degradación del tejido social. Esto ha producido una serie de relaciones políticas y de poder que se entretejen en torno a los recursos hídricos en disputa.
La población en el estado de Morelos que se estima se verá impactada por la devastación ambiental y el saqueo de los recursos hídricos generados por el PIM contempla a los 4973 ejidatarios que se encuentran aguas abajo de la PTARC; a los poco más de 2677 campesinos indígenas que riegan sus parcelas de autoconsumo y de venta de hortalizas, y a los más de 587 jornaleros de Guerrero y Oaxaca que migran anualmente a los campos morelenses para trabajar en la cosecha de productos agrícolas.
La defensa del agua y del territorio amenazados por la megainfraestructura del PIM es llevada a cabo por una serie de actores sociales que han quedado inmersos en escenarios de conflicto (tabla 5). En la producción social de la conflictividad socioambiental de corte hídrico en el estado de Morelos relacionada con el PIM, además de las redes de poder, influencia y confrontación que se sintetizaron en la tabla 4, se debe considerar la emergencia de los cárteles del narcotráfico como un nuevo actor en Morelos que participa activamente en la reconfiguración capitalista de los territorios (Sebastián-Agilar, 2019). En el caso del PIM, el cartel de la droga Grupo Tlahuica es un actor social que incide en la economía y política del agua del estado de Morelos y, por lo tanto, tiene un papel de incidencia mayor, aunque no tan evidente, en el conflicto por la defensa del agua.
Tabla 5 Actores que interactúan en el conflicto socioambiental en defensa del agua en el marco del PIM.
| Actor | Sector de la población | Relación predominante | Jerarquización de su poder |
|---|---|---|---|
| Habitantes de las comunidades morelenses de Huexca, Anenecuilco, Moyotepec, Tenextepango, Jantetelco y Amilcingo. | Comunitario | En contra del PIM | Alto |
| Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) | Alto | ||
| Congreso Nacional Indígena (CNI) | Medio | ||
| Consejo Indígena de Gobierno (CIG) | Medio | ||
| Red Nacional de Resistencia Civil de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos | Medio | ||
| Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales | Público | Bajo | |
| Centro Nacional de Prevención de Desastres | Bajo | ||
| Universidad Nacional Autónoma de México | Académico | Bajo | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Bajo | ||
| Red Agua para Todos | Social | Bajo | |
| Ejército Zapatista de Liberación Nacional | Medio | ||
| Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala | Alto | ||
| Director del Sistema Operador de Agua Potable de la Ciudad de Cuautla (SOAPSC) | Público | A favor del PIM | Alto |
| Presidentes municipales Ayala y Cuautla | Alto | ||
| Directiva de ASURCO | Alto | ||
| Comisión Federal de Electricidad | Gobierno | Alto | |
| conagua | Alto | ||
| Gobierno del estado de Morelos | Alto | ||
| Empresas transnacionales de Abengoa, Elecnor y Enagás | Privado | Alto | |
| Saint Gobain, Continental, Burlington, Nissan y Bridgestone | Medio |
Incidencia territorial de las megainfraestructuras que componen el PIM
La construcción y eventual puesta en marcha de las infraestructuras energéticas e hidroextractivistas del PIM ha afectado de forma directa a los estados donde estas se emplazan. En el estado de Tlaxcala, los municipios afectados por la construcción del gasoducto son Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Nativitas, Panotla, Texoloc, Huactzinco, Santa Apolonia Teacalco, Tetlatlahuca y Tlaxco. En Puebla, los territorios de Huejotzingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Calpan, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, Santa Clara Ocoyucan, Huaquechula, Atlixco, Atxixihuacan, Tochimilco, Cohecan Acteopan y Nealtican corresponden a las comunidades que se han visto afectadas por el avance de la construcción del gasoducto (figura 5).
Fuente: con base en Luna-Nemecio (2023).
Figura 5 Municipios afectados por el PIM en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos por tipo de megainfraestructura.
El estado de Morelos tiene la particularidad de ser el territorio donde convergen las tres megainfraestructuras que integran el PIM, por lo que los municipios de Jantetelco, Temoac, Ayala, Cuautla y Yecapixtla son donde se concentran las afectaciones ambientales y la degradación del tejido social. A este respecto, las comunidades morelenses mayormente afectadas por el PIM son Huexca, Anenecuilco, Tenextepango, Moyotepec, San Pedro Apatlaco, Amilcingo, Tecomalco, San Vicente de Juárez, Ticuman y Ahuehueyo. En especial, los ejidos que se ubican aguas abajo de la PTARC son aquellos que se verían más e inmediatamente afectados por la entrada en funcionamiento de la CTCC en tanto que dejarían de recibir la dotación de agua que requieren para sus actividades productivas y de autosubsistencia (figura 6).
Desde 1926 estos ejidos cuentan con una dotación de 6755 l/s de agua. Sin embargo, dados los efectos de la urbanización, la industrialización y del cambio climático sobre los recursos hídricos del oriente del estado de Morelos (Luna-Nemecio, 2019) el caudal del río Cuautla ha descendido en un 57 %, esto representa que la dotación de estos ejidos sea menor a los 4608 l/s. Esta merma en el agua disponible para los ejidatarios ubicados aguas abajo de la PTARC se vería incrementada por el consumo hídrico de la CTCC, el cual va del 12 % al 22 % de los recursos hídricos disponibles en el río Cuautla (González, 2020).
Discusión
En la región del oriente de Morelos se han llevado a cabo procesos de despojo y control de los recursos hídricos tanto del río Cuautla como de la red de manantiales que lo nutren. Este proceso da cuenta de la existencia de una crisis hídrica en la entidad que va más allá de un simple problema de gestión administrativa del recurso (Wester et al., 2009).
El proceso de subordinación capitalista del agua por las actividades hidroextractivistas que integran el PIM no puede verse de manera unidimensional tal y como proponen Vargas y Bastián (2018), quienes además niegan la existencia de una crisis hídrica tanto en Morelos como en México. Los resultados del presente estudio entran en discusión con investigaciones como la de Vargas (2009) en tanto nuestros hallazgos reconocen la existencia de una conflictividad por el agua en Morelos vigente y en plena algidez.
Los acuíferos de Morelos también han sido sobreexplotados y contaminados por el crecimiento desaforado de la mancha urbana en la entidad (Luna-Nemecio, et al. 2020). Conforme la especulación con la riqueza ambiental de Morelos se consolida, el agua ha dejado de ser un bien común y ha pasado a convertirse en un recurso de valorización y para impulsar la acumulación boyante de capital.
Los resultados de esta investigación reconocen los procesos de conflicto socioambiental de carácter inter e intraclasista que, desde los estudios de Harvey (2003; 2007), permiten reconocer al PIM como expresión espacial de la vigencia de los procesos de urbanización como una forma histórico-concreta del desarrollo capitalista que termina por subordinar y tergiversar la especificidad de las realidades rurales adyacentes.
En sentido similar, la génesis y estructura de la conflictividad socioambiental por el PIM permite dar cuenta de las diversas contradicciones ecológicas y territoriales que en palabras de Cornejo (2020) forman parte estructural del inminente desarrollo del capital en ambientes urbanos y rurales. En este sentido, los procesos hidroextractivistas y energético-productivos que despliegan las megainsfraestructuras del PIM sobre los territorios afectados por su emplazamiento terminan por ser un espacio producido artificialmente que lacera y no recupera el talante biofísico que históricamente le caracterizaba; se convierten en un espacio de lucha de clases (Lefebvre, 2020) y en una clara expresión de la subordinación capitalista del desarrollo tecnolígico; es decir, los conflictos socioambientales son expresión de la subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato por el capital.
En este sentido, los resultados del presente estudio muestran cómo el PIM implica el desarrollo de actividades hidroextractivistas y energético-productivas que promueven dinámicas socioterritoria-les caracterizadas por la contaminación y la sobreexplotación de los recursos hídricos del oriente de Morelos (Flores & Vargas, 2014). La reconfiguración urbana e industrial del territorio promovida a partir de la producción espacial derivada y desplegada por el PIM significa la generación de una serie de escenarios de conflictividad socioambiental, que emergen frente al riesgo y vulnerabilidad que representa la destrucción voraz del territorio y de los recursos hídricos. Este estudio convalida los hallazgos de Barreda (s/f; 2009). En este sentido, el PIM remarca el peligro tendencial que Morelos tiene actualmente de convertirse en una región de emergencia socioambiental según la definición de Barreda y García-Barrios (2021).
El proceso de urbanización desaforada del estado de Morelos que implicaría la entrada en operación del PIM representa la producción de un espacio urbano donde no existe el uso de suelo correspondiente (Escandón et al., 2018). Esta urbanización del territorio se articularía con la dinámica del crecimiento disruptivo y acelerado de la mancha urbana de la zona metropolitana del Valle de México (Lara et al., 2017). En este sentido, el PIM representa un factor de incidencia territorial similar al estudiado por Fernández y De la Vega (2017).
Las implicancias urbano-territoriales derivadas del PIM podrían ser explicadas a partir del estudio de Monroy (2011) en tanto con este megaproyecto las entidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos terminarían por fundirse en la urdimbre del sistema central de ciudades de México. En este mismo tenor, el proceso de urbanización e industrialización a desplegarse de forma indirecta por el PIM podría ser explicado por las dinámicas de inversión de capital (Téllez & Sánchez-Salazar, 2018).
Ante la ausencia de estudios críticos publicados que pormenoricen el riesgo y la vulnerabilidad socioambiental producidos espacialmente por el PIM, es importante mencionar que dicho megaproyecto se reconoce como parte de la devastación ambiental de Morelos (Barreda, s/f), así como de una expresión transfigurada de la lucha de clases (Tetreault, 2019) y de la relación capital-trabajo (Harvey, 2003).
Conclusiones
Por los resultados obtenidos en este estudio se puede establecer que la construcción de las megainfraestructuras del PIM ha provocado importantes impactos sociales, ambientales y en la salud de la población de aquellas comunidades donde se ha emplazado. Además, se encontraron factores de explicación de los escenarios de destrucción latente de los territorios en el estado de Morelos en tanto que en esta entidad convergen las tres megainfraestructuras del PIM.
El estudio reconoció que el PIM es una condición de posibilidad para la configuración de escenarios de conflictividad socioambiental de corte hídrico. Los resultados presentados muestran que dicho megaproyecto produce: i) el emplazamiento de unidades habitacionales y parques industriales que representan en sí mismos una fuente de sobreexplotación y contaminación del agua por la generación de basura, residuos y sustancias químicas de alta toxicidad; ii) la generación de procesos de mercantilización del agua y de los diversos procesos hidroútiles que conforman el metabolismo técnico de los recursos hídricos del oriente del estado de Morelos; iii) dinámicas extractivistas de los recursos hídricos de la región; iv) la emisión intensiva de gases de efecto invernadero provenientes de la CTCC, con lo cual se contribuye a la variabilidad en los niveles de temperatura, precipitación, evapotranspiración, escurrimiento e infiltración que produce la crisis climática contemporánea; v) el emplazamiento territorial de megainfraestructuras de alto impacto ambiental, y vi) la promoción de la configuración de corredores urbano-industriales para interconectar al estado de Morelos con la redes globales de producción y comercialización de mercancías.
Más allá de la factibilidad y de la concreción de cada uno de los megaproyectos carreteros, mineros, inmobiliarios, urbanísticos, industriales y energéticos que impulsa de manera directa e indirecta el PIM, es importante reconocer que las megainfraestructuras hidroextractivistas y energéticas que lo constituyen se han convertido en condiciones de riesgo que posibilitan la efervescencia social de las comunidades que actual y tendencial-mente se perfilan como afectadas tanto por la construcción del gasoducto, del acueducto o de la CTCC.
El desarrollo de cada una de las megainfraestructuras que promueve el PIM se caracteriza por la destrucción del tejido comunitario, la violación de derechos humanos y ambientales, y la criminalización de la propuesta y el asesinato de activistas sociales. En este sentido, el PIM ha representado una violación fragrante de todo principio precautorio y ético que carece de cualquier atisbo de sostenibilidad en tanto promueve activamente el saqueo y la contaminación del aire, del agua y del suelo, además de promover la especulación con las riquezas hídricas y bienes naturales del estado de Morelos.
Por los resultados del presente estudio, el PIM queda identificado como un mecanismo de despojo y como parte de la realidad adyacente al desarrollo del capitalismo en México, sobre todo, durante el neoliberalismo. El PIM termina por ser una pieza clave en el urdimbre de relaciones de poder que se establecen como parte de la reproducción simple y ampliada del capital. Las megainfraestructuras hidroextractivistas y energéticas que conforman a este megaproyecto terminan por ser una clave para entender las formas más complicadas y heterogéneas con las que ocurre la acumulación de capital y la lucha de clases en el contexto de la producción espacial por parte del capitalismo contemporáneo.
El presente estudio mostró cómo la realidad adyacente en torno al PIM es lejana a la presentada por el discurso del Estado mexicano, quien ha presentado a las megainfraestructuras hidroextractivistas y energéticas bajo un acendramiento ecológico. A contrapelo, este megaproyecto representa una fuente de ganancias extraordinarias para el sector privado industrial e inmobiliario a un costo socioambiental inmenso en los territorios y en las comunidades directamente afectadas por la construcción y posible operación de las infraestructuras que lo integran.
El PIM representa un proyecto emblemático de acaparamiento, sobreexplotación y contaminación del ambiente. Además, dicho proyecto, por sus dinámicas industriales, extractivas e inmobiliarias, puede producir zonas de emergencia y conflicto socioambiental en Puebla, Tlaxcala y Morelos y sumarse a territorios como Minatitlán, Coatzacoalcos, Guanajuato, Tula-Hidalgo y la región Lerma-Chapala, los cuales son sitios con un alto grado de degrado ambiental y con una grave afectación en la salud de sus pobladores. Lo último es producto del complejo entretejido de corredores urbano-industriales, redes de comunicación y transporte multimodal, plantas termoeléctricas, rellenos sanitarios y minas a cielo abierto que abundan en dichos espacios geográficos.
El presente artículo representa un aporte a los estudios críticos que buscan volver visible las diversas dimensiones que actualmente presenta la producción social de conflictos socioambientales en el estado de Morelos en relación a las megainfraestructuras de muerte que componen el PIM. Un segundo aporte de este estudio al campo de los conflictos socioambientales está en lo referente a la comprensión de las prácticas, mecanismos y procesos implementados por las actividades productivas y económicas que integran las megainfraestructuras promovidas por el PIM a través de las cuales se crean las condiciones de posibilidad para la generación de una serie de daños y riesgos ambientales que afectan y ponen en riesgo a la población de las comunidades, sobretodo campesinas, de los municipios de Jantetelco, Ayala, Yecapixtla y Cuautla. Estos territorios son los que hoy día se dirigen vertiginosamente -ante la emergencia del PIM como un nuevo actor en escena que disputa por el control estratégico de los recursos hídricos de la región- hacia escenarios reactualizados y complejizados tanto de problemáticas como de conflictos ambientales que expresan la dimensión territorial de la lucha de clases.
