Bases teórico-conceptuales

Durante el siglo XXI se ha generado una amplia discusión sobre los impactos de la expansión de cultivos agroindustriales en países con menor grado de desarrollo. Uno de los aspectos que mayor atención recibe es el efecto sustitución de la producción agrícola tradicional y sus consecuencias sobre la seguridad alimentaria en poblaciones y territorios donde se localizan (^{Sounkoura et al., 2013}).

Sobre tales trasformaciones, ^{Cerros (2017)} cuestiona si este tipo de cultivos podrían considerarse alternativas viables para las poblaciones rurales. Para este y otros autores, los beneficios derivados de los cultivos comerciales recaen en unos pocos y desfavorecen a más personas, que terminan asumiendo retornos negativos reflejados en daños a la naturaleza, la cultura y la seguridad alimentaria, así como el deterioro de la salud y en algunos casos en el endeudamiento de campesinos (^{Somnuek et al., 2016}; ^{Andrianto et al., 2019}).

Desde otra perspectiva, se considera que los modelos de producción agroindustrial proveen mayores ingresos a los agricultores, mejoran el acceso a alimentos y contribuyen a la seguridad alimentaria, al estimular la productividad y uso de tecnologías limpias en estos países (^{Kuma et al., 2019}; ^{Flachsbarth et al., 2015}).

Sin embargo, en contextos como el latinoamericano, la deseada transformación productiva está determinada por factores como la concentración de la propiedad de la tierra y los conflictos armados violentos (no pocas veces correlacionados), hechos que también se asocian con el despoblamiento de las zonas rurales y el despojo de tierras y desplazamiento forzado de campesinos.

En Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, el modelo de producción agrícola -orientado principalmente a los agrocombustibles- generó conflictos con la población campesina, disminuyó la producción de alimentos e interpuso barreras al acceso a la tierra para cultivos tradicionales. En estos países se encontró una asociación estrecha y positiva entre inseguridad alimentaria, violencia, migración y concentración de propiedad de la tierra (^{Organización Internacional para las Migraciones et al., 2015}; ^{Baumeister, 2013}; ^{Cramb & Curry, 2012}).

La evidencia indica que los territorios con activos productivos valiosos (v. g. tierra y recursos ambientales e hídricos) son más propensos a convertirse en objetivos de control territorial, lo que produce disputas violentas por su dominio (^{Vestby et al., 2021}). La apropiación o, algunas veces, el despojo de las tierras a los campesinos para la puesta en marcha de agronegocios se facilita en medio del conflicto.

Adicionalmente, la política de tierras y la capacidad del sistema de gobernanza y de los tomadores de decisiones también influyen en dichas trasformaciones. Valorar más la generación de divisas que la seguridad alimentaria que aportan cultivos tradicionales, y menospreciar los efectos negativos de monocultivos sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, facilita tales transformaciones. Esto ocurrió en Malasia e Indonesia, donde factores políticos han permitido entender la lógica y responsabilidad de los terratenientes en la expansión de cultivos como la palma aceitera (^{Mccarthy & Cramb, 2009}).

A manera de síntesis, la evidencia internacional muestra que el incentivo a los cultivos comerciales con débiles estructuras de control estatal produce bajo impacto en la distribución de la riqueza y la inclusión de los campesinos tradicionales (^{Rankoana, 2017}; ^{Ikelegbe, 2013}). La dinámica del mercado internacional es más atractiva para la lógica extractivista y de acumulación que se deriva de los agro-negocios, en comparación con los mercados locales o regionales de la producción tradicional de alimentos. De esta forma, con esquemas de gobernanza y políticas estatales se acelera el paso de una agricultura tradicional a otra de tipo comercial.

María La Baja como caso de estudio

Durante el conflicto, María La Baja se convirtió en una zona estratégica de control territorial, político y económico de los grupos armados ilegales. Su población fue desplazada por la guerrilla y los paramilitares (en algunos casos, estos últimos actuaron en connivencia con las fuerzas armadas del Estado), principalmente desde las zonas rurales hacia las cabeceras urbanas. Este problema se enmarca en un proceso de desactivación productiva y del capital social de comunidades rurales con tradición de lucha por la tierra y al deterioro de activos ambientales y culturales (^{Espinosa et al., 2021}).

María La Baja se distingue por su distrito de riego y por suelos fértiles que definen buena parte de su vocación agro-industrial, agrícola, forestal y pesquera. De sus 48 079 habitantes, el 56 % vive en el campo. Su vulnerabilidad ambiental y por violencia es superior a la de Montes de María, una de las subregiones más golpeadas por el conflicto y la pobreza en Colombia. La violencia y la desigualdad redujeron un 4,3 % su nivel de desarrollo humano medido a través del Índice de Desarrollo Humano (^{PNUD, 2011}).

En 2002, el gobierno nacional inició el proyecto Apoyo a alianzas productivas con el objetivo de generar ingresos, empleo y cohesión social en las poblaciones rurales más pobres. Este se dirigió a grupos organizados de pequeños productores para articularlos a cadenas de valor del sector agroindustrial (^{Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia [MADR], 2016}).

Esta política contribuyó a expandir la frontera agrícola, en especial la producción de palma aceitera. Según las cifras de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, el área cultivada se cuadriplicó entre 2000 y 2017, al pasar de 125 000 a 528 238 hectáreas.

La expansión palmera ocurrió con variedad de prácticas de control de la tierra, formas de acumulación por despojo y asimilación, en un contexto histórico de coexistencia de conflicto armado y políticas gubernamentales. Dos elementos constatan esta relación: 1) el desplazamiento forzado y 2) el despojo de tierras y la consecuente instalación de proyectos productivos (^{Oxfam, 2017}; ^{Rey, 2013}) que, incluso, afectaron las decisiones agrícolas de los hogares sobre si mantener o no su actividad (^{Arias et al., 2019}).

Estos procesos pusieron en riesgo la seguridad alimentaria, al restringir el acceso y uso de la tierra para el cultivo tradicional de alimentos (^{Marín-Burgos & Clancy, 2017}). En María La Baja se amplía la multidireccionalidad de los efectos del conflicto armado. El paisaje se transformó en extensos cultivos de palma y se evidenciaron el despojo territorial y el desplazamiento forzado de la población por hechos de violencia, con el consecuente empobrecimiento de las comunidades campesinas que paulatinamente han perdido la propiedad de sus tierras (^{Hurtado et al., 2017}; ^{Ávila, 2015}).

Según declaraciones de jefes paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que reguló la negociación con las AUC, el destierro fue una estrategia multipropósito que despobló territorios para asegurar corredores estratégicos dedicados al tráfico de drogas y armas, atesorar tierras y apropiarse de tierras ricas en recursos naturales donde se planeaban y ejecutaban proyectos de desarrollo agroindustrial (^{CNMH, 2012}, p. 65; ^{Otálora & Ayala, 2013}).

En María La Baja, la transformación agrícola causada por la instalación de monocultivos se dirigió especialmente a la producción de biocombustibles. Según el MADR, entre 2007 y 2016 la superficie sembrada en cultivos transitorios (destinados al consumo) se redujo cada año un 2.8 %, al pasar de 6300 hectáreas a un poco más de 5000. Por su parte, las hectáreas sembradas de cultivos permanentes (empresariales) aumentaron anualmente un 15 %, escalando de 4300 a 13 200 hectáreas. Esta expansión la explica en gran parte la producción de palma de aceite, cultivo que se instaló a finales de la década de 1990, después de la primera masacre de grupos paramilitares.

Objetivos, metodología y fuentes

Teniendo en cuenta el objetivo del trabajo, se parte de la hipótesis según la cual el origen y desarrollo de la agricultura empresarial -principalmente la palma de aceite- y el conflicto armado coexistieron en una relación provechosa, que se potenció con la política estatal de las alianzas productivas y afectó negativamente la seguridad alimentaria de este municipio.

Para confirmar o refutar la hipótesis se proponen los siguientes objetivos específicos: 1) indagar por la existencia de correlación entre la expansión de monocultivos de palma y la violencia armada, 2) identificar las nuevas dinámicas sociales y económicas generadas en la zona por el cambio de la estructura agropecuaria y su incidencia en la cotidianidad y la economía campesina y 3) analizar la evolución de indicadores sobre la disponibilidad y consumo de alimentos en el territorio.

El trabajo se orientó bajo el enfoque de investigación social aplicada; es mixto por cuanto utiliza técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. Para la integración e interpretación de resultados se utilizó la estrategia de triangulación, acorde con el enfoque elegido. Esto permitió profundizar en la comprensión de la situación de seguridad alimentaria y explicar cómo el conflicto armado interno y la expansión de cultivos de palma se relacionan.

Se utilizó el concepto de seguridad alimentaria propuesto en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1995), que lo entiende como la disponibilidad de alimentos en todo momento y con acceso para todas las personas; que estos alimentos sean nutricionalmente adecuados en calidad, cantidad y variedad, y que, adicionalmente, sean culturalmente aceptables para la población en cuestión. Por tanto, esta noción tiene en cuenta 1) la capacidad de las personas de disponer de forma continua de los alimentos y de solventar (en momentos de inseguridad alimentaria) las necesidades de alimentos, y 2) el acceso sobre los medios de producción como la tierra y el agua (^{Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1995}).

En la primera fase se desarrolló el análisis cuantitativo, mediante datos de producción agrícola entre 1990 y 2018 del MADR y del CNMH, y se aplicaron herramientas de análisis cuantitativo para identificar la presencia de correlaciones entre la expansión del cultivo de palma y los hechos violentos ocurridos en el marco del conflicto armado interno. El periodo para el cual se dispone información de seguridad alimentaria (hectáreas cultivadas, producción, cosecha, entre otras) comprende 2007-2016.¹ Teniendo en cuenta esta estructura de la base de datos y la información recogida en el trabajo de campo, la observación se dirige a establecer vínculos con los hechos victimizantes cometidos durante los años previos. Si bien lo deseable para observar de forma más clara la causalidad es la estimación de una serie de tiempo entre las variables de interés, el periodo analizado con los datos disponibles es insuficiente para lograr resultados consistentes.

Alternativamente, se optó por estimar correlaciones de Pearson, a fin de verificar de manera paramétrica e intertemporal el grado de asociación entre conflicto armado, expansión de palma, producción y acceso de alimentos derivado de cultivos tradicionales en el territorio. Estos coeficientes se corrigieron mediante la técnica de Bonferroni, para contrarrestar el problema de las comparaciones múltiples, esto es, se ajusta el nivel de significación relativo al número de pruebas estadísticas realizadas simultáneamente sobre el conjunto de datos.

En aras de medir las variaciones en la estructura productiva, se construyeron indicadores que reflejan la disponibilidad de alimentos y la autosuficiencia alimentaria. Se estimó el indicador de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH) para medir el grado de concentración de uno o más productos agrícolas en el total de la estructura productiva del municipio.

Este índice tiene en cuenta tanto el número de municipios productores como el tipo de cultivo en el departamento de Bolívar; se calcula como la suma al cuadrado de la participación porcentual del i-ésimo municipio en la producción agrícola total, o en la producción de palma de aceite:

En (1), X _i /X es la participación porcentual del i-ésimo municipio o cultivo en la producción correspondiente y N es el número de municipios (o cultivos) en la agricultura departamental. Si el valor del índice IHH se encuentra entre 0 y 1, el nivel de concentración es bajo; si es superior a 1,8, muestra una muy alta concentración. Si se ubica entre 1 y 1,8, la concentración es moderada.

Además de los indicadores anteriores que dan cuenta de la disponibilidad de alimentos, el análisis de la seguridad alimentaria se complementa con la información cualitativa compilada en la segunda fase del estudio, desarrollada entre 2017 y 2018, que indaga sobre la disponibilidad de los alimentos y el acceso a recursos productivos como el agua y la tierra.

Se utilizaron métodos de investigación cualitativa (diagnóstico rápido y participativo) mediante técnicas como entrevistas, grupos focales y talleres, comúnmente aplicados en el levantamiento de información en comunidades rurales (Duque et al., 2009). Se realizaron veinte entrevistas semiestructuradas: tres a productores campesinos de palma, seis a productores campesinos de otros cultivos, tres a líderes campesinos, tres a miembros de consejos comunitarios, dos a funcionarios públicos de la Gobernación de Bolívar, uno a la Defensoría del Pueblo y dos a representantes de organizaciones no gubernamentales con presencia en el territorio.

En las entrevistas se indagó sobre la dinámica productiva antes del conflicto armado, durante este y en el momento de realizar el estudio; sobre el acceso de los productores a los programas estatales para el desarrollo agrícola; sobre los principales problemas que se presentan en el territorio, y sobre el rol de instituciones estatales en la solución de estas problemáticas. De igual manera, se analizó cómo las barreras al acceso de alimentos pudieron ser causadas por la expansión de la palma y los incentivos otorgados por el gobierno que limitaron el acceso a recursos como el agua. Ello posibilitó mayor comprensión del contexto, profundizada posteriormente con grupos focales y talleres participativos.

Se realizaron dos grupos focales con hombres y mujeres representantes de la comunidad rural del municipio para construir participativamente la cartografía social. Aquí se identificaron las zonas de cultivo del municipio, los productos cultivados, las condiciones actuales de consumo y abastecimiento de alimentos y la ubicación en un mapa de las problemáticas que se presentan en el proceso de producción y distribución de los productos agrícolas.

Este análisis se complementó con tres talleres en los corregimientos rurales de Playón (noviembre de 2017), Paloaltico (mayo de 2018) y su vereda La Suprema (noviembre de 2018) para profundizar en el conocimiento sobre el acceso a alimentos de la población y la producción agrícola antes del conflicto, durante este y en la actualidad. Aquí participaron campesinos civiles, representantes de asociaciones campesinas y miembros de la comunidad, para elaborar una línea de tiempo, en la cual identificaron hitos históricos relativos a la instalación del monocultivo de palma, el recrudecimiento de la violencia en María La Baja y su incidencia en el bienestar.

Por último, la información compilada en los talleres y entrevistas se contrastó con las estadísticas de producción agrícola del municipio de María La Baja, y los indicadores que muestran el estado de la seguridad alimentaria, como la dependencia y la autonomía alimentaria.

Conflicto armado y transformación agrícola

La presencia de grupos armados ilegales en María La Baja es de larga data. En las décadas de 1970 y 1980 hicieron presencia el Ejército de Liberación Nacional y las FARC, quienes, a posteriori, conforman el bloque armado más importante en la región. Los años noventa consolidaron la presencia de las FARC y marcaron la irrupción de paramilitares, que generaron enfrentamientos por el control territorial con fines de refugio y corredor estratégico del tráfico de armas y narcotráfico (^{CNMH, 2018}).

Adicional a esto, las actividades ejecutadas por estos actores armados provocaron otros efectos. En este territorio existían organizaciones ligadas a la tierra y las luchas campesinas que fueron las primeras víctimas de los grupos armados en el momento de recrudecimiento de la violencia (entrevista funcionario de la Defensoría del Pueblo, 2017).

Según el CNMH, entre 1997 y 2002 ocurrieron siete masacres en María La Baja ejecutadas principalmente por paramilitares. La estrategia paramilitar, denominada en la literatura como tierra arrasada (destruir lo que es útil al enemigo y consolidar el control territorial), lo convirtió en uno de los municipios más expulsores durante el conflicto. Entre 1985 y 2018, 34 430 personas (figura 2) salieron forzadamente como víctimas de la violencia.

Nota: los puntos negros denotan masacres de población civil ocurridas en 1997, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Fuente: elaboración propia con base en ^{CNMH (2018)}.

Figura 2 Número de víctimas de diferentes actos violentos en María La Baja (1990-2012) 

Los homicidios selectivos, las masacres, las desapariciones, el abuso sexual y amenazas, la pérdida de libertad de expresión y de movilidad constituyeron la principal estrategia de control. El éxodo de la población, especialmente campesina, hacia lugares "más seguros", creó las condiciones para la venta y arriendo de activos como la tierra en condiciones desventajosas (^{Oxfam, 2017}; ^{Ojeda et al., 2015}).

Con el fin de subsanar la dificultad de establecer relaciones causales, se estimó el grado de correlación entre la violencia y victimización, y la estructura agrícola.² En concreto, se determinó el nivel y grado de validez estadística de la asociación con la producción de cultivos de tardío rendimiento que, como la palma, se instalaron inmediatamente después del periodo de mayor conflicto. Al mismo tiempo, se verificó si estas acciones influyeron en el descenso de los cultivos de alimentos de consumo local. Como se ha anotado, este ejercicio se orienta a complementar el análisis cualitativo que se ofrece mediante el trabajo de campo.

Se parte del hecho de que los efectos del conflicto permanecen en el tiempo (^{Espinosa et al, 2021}; ^{Oxfam, 2017}), por lo cual se toma el valor rezagado de variables como desplazamiento forzado, torturas y secuestro de la población durante los diez años previos al periodo de análisis, entre 1996 y 2005. Esto significa que la instalación y expansión de cultivos permanentes como la palma no se relaciona tanto con los valores contemporáneos de la violencia instrumentalizada como sí con sus valores anteriores. Es este mismo periodo previo (1996-2005) durante el cual aumentan los cultivos permanentes y cesan las acciones de los grupos armados. Adicionalmente, se muestran las correlaciones con los valores contemporáneos de los hechos victimizantes y el tipo de producción agrícola para descartar la persistencia de correlación de los resultados obtenidos con los rezagos.

Los resultados muestran: 1) una correlación positiva, estrecha y significativa entre el número de personas desplazadas, torturadas, los secuestros y la pérdida de bienes, con la producción de cultivos de tardío rendimiento; 2) ante el aumento del número de personas desplazadas, la producción de productos de tardío rendimiento lo hace casi en la misma magnitud (0,979); 3) los hechos de victimización se relacionan inversamente y de manera significativa (-0,764) con el descenso posterior de los cultivos transitorios, dedicados en gran parte al autoabastecimiento y la seguridad alimentaria, y 4) no existe relación contemporánea entre el desarrollo de la violencia y la expansión de los cultivos de tardío rendimiento (tabla 1).

Esto se complementa con el análisis cronológico de hechos violentos e instauración de la palma de aceite. Según la línea de tiempo (figura 3), coincide el inicio del proyecto de palma en María La Baja en 1998, un año después de la primera masacre ocurrida en el vecino corregimiento de Arroyo Grande (1997), con el primer flujo de desplazamiento forzado y la reducción del valor de la tierra y las pocas posibilidades de los campesinos de producirla.

Fuente: elaboración propia con base en talleres participativos.

Figura 3 Hitos productivos y de la regulación agrícola-empresarial 

En 2002 coinciden el registro de la última masacre perpetrada en María La Baja con la declaración de Montes de María como piloto del programa de rehabilitación y consolidación territorial propuesto por el gobierno de la época para la recuperación de zonas en conflicto armado. A partir de este año, y durante la primera década del siglo XXI, se acentuaron políticas y programas de estímulos a proyectos de producción y transformación de la palma de aceite y sus derivados (figura 3).

En 2004 se desmovilizaron los paramilitares, a lo que siguió el periodo de mayor regulación de producción y comercialización de palma. En 2007 aumentaron los incentivos a la producción y comercialización de palma de aceite y sus derivados (figura 3). Como resultado, en 2013 el sector palmero había recibido el 10 % del financiamiento del sector agropecuario colombiano (^{Rojas & Castiblanco, 2018}), unos 400 millones de euros.

Los hechos descritos permiten plantear argumentos razonables sobre los vínculos entre las estrategias de violencia y el despojo utilizados por grupos ilegales, en especial paramilitares, y la subsecuente instauración de proyectos de cultivo de palma de aceite en el municipio, aupados por políticas estatales dirigidas a la producción de biocombustibles. Este tipo de vínculos han sido identificados en otros estudios para una muestra más amplia de municipios (^{Fajardo, 2015}; ^{Ávila, 2015}).

Estructura agrícola y seguridad alimentaria

Según ^{Rathmann et al. (2010)}, el aumento de producción de cultivos empresariales afecta la provisión de comida y la seguridad alimentaria de la población más pobre. María La Baja es un caso representativo de cómo las transformaciones agrícolas han afectado la seguridad alimentaria en un contexto conflictivo.

Entre 2007 y 2016, la superficie cultivada aumentó en más de 300 000 hectáreas en Bolívar, departamento al que pertenece María La Baja. Dos tercios de esta expansión se debió a la palma de aceite y cultivos de uso industrial orientados a mercados externos (yuca, cacao y ñame); lo restante corresponde a una reducida cesta de productos de base alimentaria (frutales, plátano, arroz, mango, ají y ahuyama).

La expansión de la palma, a su vez, se relaciona estrechamente con la fuerte caída de la producción campesina de más de 46 000 hectáreas y, con ello, de la autosuficiencia alimentaria en este departamento. Entre 2007 y 2016, la relación entre la producción per cápita de alimentos sin incluir la palma de aceite, comparándola con los datos que la incluyen, bajó diez puntos porcentuales.

En María La Baja, este cambio productivo fue el más acentuado en Bolívar.

En su territorio fue donde más aumentó el cultivo de palma (8122 hectáreas) y el que más contribuyó (30 % de la variación total) al cambio de la estructura agrícola. Esto se evidencia al introducir el IHH³(H), que muestra a María La Baja en el grupo de municipios donde más se concentró la producción agrícola entre 2007 y 2016 (tabla 2). El valor estimado de H es 2182 cuando se toma como referencia la producción agrícola de Bolívar (todos los cultivos), y de 1882 cuando se estima solamente para la producción de palma de aceite en los distintos municipios productores. En ambos casos se observa una altísima concentración, ya que supera el umbral de 1.8 (^{Gutiérrez & Samudio, 2008}).

Palma de aceite y seguridad alimentaria

Según los campesinos, los cambios agrícolas en el territorio redujeron los ingresos por la comercialización de excedentes de producción. A esto se sumó la pérdida de autonomía alimentaria y nuevos conflictos, por la presencia del monocultivo de palma y la apropiación del agua del distrito de riego, el cierre de caminos reales (rutas autoconstruidas, de uso tradicional de la población), contaminación ambiental y deforestación de áreas para uso comercial. Pobladores de la zona rural de María La Baja expresaron:

... ahora se sufre más por el agua que por la violencia. No hay agua potable. El agua se consigue a 2 km de la comunidad. (Entrevista a productor campesino del corregimiento de Playón de María La Baja, 2017)

[...] se dejó de sembrar porque se cultivaba arriba de la represa [de Matuya] y los "paras" no dejaban subir; hoy no se puede sembrar en los bajos de la represa, porque los terratenientes no dejan. (Entrevista a productor campesino del Corregimiento Paloaltico de María La Baja, 2017)

En los años noventa, María La Baja producía yuca, plátano, ñame, maíz, hortalizas, fríjol, ahuyama y otros productos que se comercializaban en los principales centros urbanos de la región y también se destinaban al consumo interno de los hogares. Sin embargo, a finales de esa década, la violencia provocó el desplazamiento masivo de campesinos, disminuyó la producción de cultivos e incentivó la apropiación ilegal y violenta de las tierras por parte de los grupos armados ilegales.

Al tiempo, según la comunidad, se evidenció la compra masiva de tierras a bajo precio por capitalistas foráneos que se aprovecharon del temor en la población campesina. La situación anterior permite preguntar: ¿cómo ha afectado la transformación de la producción agrícola de María La Baja la disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento de los alimentos de sus habitantes?

Las estadísticas de producción agrícola del municipio entre 2007 y 2016 reflejan una disminución de índice de autosuficiencia alimentaria desde 2012; en contraste, la relación entre la producción per cápita del departamento sin palma y con palma bajó diez puntos, lo cual puede explicarse por la concentración de la producción agrícola para uso industrial, la cual ya era alta en 2007, pero se profundizó en los años subsiguientes (figura 4).

Nota: la producción interna de alimentos básicos se construyó como la proporción entre la producción de alimentos sin palma y con palma. Se propone así para analizar el efecto de la palma en la producción total. En 2007 por habitante se producían 0.98 toneladas de alimentos y en 2016 esta producción baja a 0,88.

Fuente: elaboración propia con base en Agronet-Ministerio de Agricultura y DANE-proyecciones de población (2018).

Figura 4 Producción interna de alimentos básicos, 2007-2016 (toneladas/por habitante) 

La disputa por el agua

Una problemática derivada de la expansión de los cultivos de palma es la disputa por el agua como insumo de producción para los empresarios y medio de vida para los campesinos. Los campesinos de María La Baja, quienes identificaron la localización y extensión de los monocultivos, ubicaron los cultivos de palma de aceite inicialmente alrededor de la ciénaga de María La Baja, la principal fuente de abastecimiento de agua de la población, en las cercanías del centro urbano del municipio, y a lo largo de la vía de acceso principal al poblado (figura 5).

Fuente: cartografía social, taller Paloatico (2018).

Figura 5 Mapa del territorio construido por la comunidad 

Por su parte, la producción campesina se concentró en las dos zonas más cercanas a los monocultivos. Esto ha generado conflictos por el uso del agua y de acceso a los caminos reales, de vital importancia para la movilidad de la población. Estos caminos se clausuraron por la expansión de las áreas de siembras de palma, hecho que ha sido documentado en otras zonas del territorio (^{Ojeda et al., 2015}). El testimonio del campesinado da cuenta de esa situación:

Antes los violentos no nos dejaban llegar a nuestras tierras a sembrar, ahora no podemos entrar por la palma. Por este camino andábamos siempre, ha sido un camino real toda la vida. Ahora está prohibido el paso con seguridad privada y vigilantes con armas. (Entrevista a productor campesino del corregimiento Paloaltico de María La Baja, 2017)

La población campesina ha percibido las transformaciones productivas como fuente de limitaciones para el acceso, la producción y el consumo de los alimentos. La expansión de la palma y, con ella, el creciente consumo del agua proveniente del distrito de riego, la contaminación del suelo y agua, y el uso de fertilizantes químicos ha afectado la pesca, otra de las fuentes adicionales de alimentos e ingresos para la población:

Para conseguir agua, a pesar de estar rodeados de ella, tenemos que caminar hasta dos horas. Los cultivos de palma le han cambiado el color. Nosotros la consumimos porque no tenemos más. Ya ha habido enfermos y muertos, hay hasta una sentencia [judicial] que nos da la razón. Pero todo sigue igual o peor. (Entrevista a líder campesino de la Suprema y miembro de la Red Piscícola del Norte de Bolívar, 2017)

Nosotros criamos peces en estos canales, y cuando llueve el veneno que le echan a la palma baja por el agua, hace poco hubo una mortandad de peces. (Entrevista en grupo focal a campesinos de La Suprema en María La Baja, 2017)

El 46 % de participantes en grupos focales manifestó que consumen en promedio dos comidas diarias. La decisión más frecuente, a causa del conflicto y el desplazamiento, ha sido prescindir del almuerzo o de la cena, por la falta de recursos provenientes de la venta de los excedentes de producción de alimentos. Adicionalmente, la asequibilidad a la alimentación básica también se afectó, al pasar de una producción de autoconsumo a la compra de alimentos de otras zonas. En consecuencia, se incrementó el gasto de los hogares destinados a garantizar la dieta diaria.