Democracias, ciudadanías y formación ciudadana. Una aproximación*

Democracy, Citizenship and Civic Education. An Approximation

Democracias, cidadanias e formação cidadã. Uma aproximação

Alejandra Ariza*

* Antes de iniciar con el recorrido propuesto es importante aclarar que el sentido de la democracia trabajado en el documento es sobre todo el político, esto es, aquel que atañe a las relaciones de poder entre gobernante y gobernados, más que con las relaciones sociales intersubjetivas (lo cual, quizá, se relacione directamente con el ámbito de la convivencia ciudadana).

** Psicóloga, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia; Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina, Buenos Aires; actual investigadora del Grupo Federici, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia; Miembro del colectivo América Latina en Discusión. Correo electrónico: alejandrariza@gmail.com

Resumen

La autora del presente documento realiza un recorrido por algunos de los sentidos desarrollados por la cultura occidental en torno a la organización políticosocial democrática. Con lo anterior entrevé que lo que hoy conocemos como democracia (el modelo liberal) no agota ni los sentidos ni las posibilidades de dicha forma de organización. El texto muestra que no existe una sola democracia y que, por tanto, existen diversas ciudadanías y también diferentes maneras de entender la formación ciudadana. En primera instancia se describen las condiciones históricas de emergencia de la democracia en Grecia, así como sus rasgos característicos, derivando de ello la noción de ciudadanía y lo que en dicho contexto podría significar la formación ciudadana. Paso seguido, se aborda la democracia liberal en sus diferentes etapas de desarrollo, explicitando nuevamente las nociones de ciudadanía y de formación ciudadana de allí surgidas. En la tercera parte se mencionan algunos 'descentramientos' realizados al modelo liberal en el contexto contemporáneo de debilitamiento del Estado Social de Derecho y auge del neoliberalismo. ¿Qué se debe entender por ciudadanía y formación ciudadana en este punto del camino? Ésta es la pregunta de la cual se desprenden los comentarios finales del documento.

Palabras clave: Democracia, ciudadanía, liberalismo, formación ciudadana.

Abstract

This article examines some of the ideas developed in Western culture around the political and social organization of democracy. It argues that the way we understand democracy today (the liberal model) by no means exhausts its different meanings or possibilities. The article shows that there is not just one kind of democracy and, therefore, that there are various ways of understanding citizenship and civic education. The first part of the article describes the historical conditions in which democracy arose in Greece, as well as its characteristic features, and discusses their notion of citizenship and what could be called civic education. The article then addresses liberal democracy in its different stages of development, again noting the corresponding ideas of citizenship and civic education. The third part notes some criticisms made of the liberal model in the current context of the weakening of the social welfare state (Estado Social de Derecho) and the rise of neoliberalism. How should we now understand citizenship and civic education? I address this question in the concluding remarks of the article.

Key words: Democracy, citizenship, liberalism, civic education.

Resumo

O autor do presente documento realiza um recorrido por alguns dos sentidos desenvolvidos pela cultura ocidental sobre a organização políticosocial democrática. Com o anterior percebe que o que hoje conhecemos como democracia (o modelo liberal) não esgota os sentidos nem as possibilidades de dita forma de organização. O texto argumenta que não existe uma só noção de democracia e que, por isso, existem diversas cidadanias e também diferentes maneiras de compreender a formação cidadã. Na primeira instância, descrevem-se as condições históricas do surgimento da democracia na Grécia, assim como seus traços característicos, derivando no entendimento do conceito de cidadania e do significado, nesse contexto histórico, da formação cidadã. Em seguida, estuda-se a democracia liberal em suas três etapas de desenvolvimento, fazendo ênfase, de novo, nas noções de cidadania e de formação cidadã que se configuraram. Na terceira parte do artigo se mencionam alguns "descentramentos" realizados em concordância com o modelo liberal no contexto contemporâneo de enfraquecimento do Estado Social de Direito e auge do neoliberalismo. ¿O que se deve entender por cidadania e formação cidadã neste ponto do caminho? Esta é a pergunta que orienta os comentários finais do documento.

Palavras chave: Democracia, cidadania, liberalismo, formação cidadã.

1. La Demokratia griega: participación política directa y positiva

Al parecer el término demokraíia fue introducido por Heródoto en el siglo V a.C. para referirse al conjunto de instituciones y procesos de decisión política surgidos en Grecia durante el siglo anterior. Entre los siglos VIII y VII a.C., la forma de gobierno en Grecia era aristocrática; esto es, los gobernantes heredaban la legislación política, religiosa y económica de los pueblos por su pertenencia a familias nobles, establecidas como tal con base en la jerarquización social derivada de la mitología. Este es el contexto descrito en los poemas homéricos.

Hacia el siglo VI esta situación empezó a modificarse. En parte, gracias a la influencia de Heráclito y de la Escuela de Éfeso, se desarrolló un proceso de "racionalización" de la vida política en Grecia, ya que las instituciones y leyes, empezaron a ser abordadas de manera reflexiva, es decir, fueron identificadas y conceptuadas mediante la reflexión individual y colectiva, y ya no únicamente a partir de las creencias y tradiciones religiosas. Este proceso racionalizador insertó en la vida cultural griega una idea igualitaria entre demos y aristocracia, a la vez que generó una comprensión de la política como proceso dinámico moldeado por el ejercicio del razonar y orientado hacia la consecución de una mejor situación colectiva.

De este modo, lo político dejó de ser asumido como un hecho contingente e inmutable definido por una voluntad divina incuestionable, y la organización social y política de la aristocracia panhelénica fue desplazada progresivamente por una forma de organización que centra el actuar político en torno al gobierno y a la administración de la polis, en tanto entidad colectiva superior y con intereses propios. De ahí que en Esparta surgieran disposiciones legales y constitucionales para regular el conjunto de cargos e instituciones políticas "independientemente de quién los ostente en un momento determinado"¹ (Requejo, 1990, p. 27), a la vez que se estableciera el carácter de ciudadanía al demos, buscando así su acceso a los derechos políticos y su estado de igualdad frente a la ley. Entre tanto, en Atenas, Solón introducía reformas de orientación contra-aristocrática, como la prohibición de realizar préstamos con base en la libertad personal; el acceso de las clases sociales más altas del demos a cargos políticos y administrativos; la institucionalización de la Asamblea²; la intervención del demos en procesos judiciales acusatorios y la creación del tribunal de apelación (Heleia). Durante el siglo V a.C el sistema de organización política y socialdemocrática se consolida y profundiza en Atenas, mediante la continuidad de las reformas solonianas y la creación de nuevas reformas democratizadoras de ampliación de la participación e igualdad del demos³:

Las reformas más significativas en este proceso fueron el subsidio de los campesinos más pobres mediante un impuesto a la producción agrícola y la introducción del ostracismo⁴ como mecanismo de control político del demos sobre los funcionarios. Tal y como se observa: "El sistema ateniense va evolucionando hacia una popularización de los procesos decisionales en los que la asamblea y la heleia desempeñan los principales papeles legitimadores" (Requejo, 1990, p. 49). Ya están sentadas, pues, las condiciones para el desarrollo del sistema político democrático, el cual se caracteriza por la participación e injerencia del demos en el gobierno de los destinos colectivos (de la polis) y por el reconocimiento de la igualdad de los ciudadanos frente a la ley.

La victoria de Atenas (y de toda Grecia) frente a los persas durante las Guerras Médicas, fue uno de los elementos que condujo al fortalecimiento y prestigio de la demokratia. Por otra parte el desarrollo de la primera sofística aportó al sistema democrático el sostenimiento del proceso secularizador y analítico de la política iniciado por la Escuela de Éfeso. Gracias a ello, la demokratía dejó de ser un ejercicio práctico y pasó a ser, en buena medida, un problema teórico y educativo. Digamos que para hacer factible el proceder democrático los ciudadanos debían entrenarse en las capacidades racionales, reflexivas y analíticas necesarias para argumentar, deliberar y concertar adecuadamente las acciones y decisiones políticas colectivas, por lo que el libre uso y pronunciamiento de la palabra fue considerado una destreza fundamental para los ciudadanos⁵.

En este punto de la historia, el pueblo griego, y más específicamente el ateniense, había consolidado un sistema de organización política, distante y claramente diferenciado del aristocrático, caracterizado por:

1. La sujeción de las instituciones y funcionarios del gobierno a un sistema de leyes y normas (regulación legal del poder).

2. La ampliación progresiva de la participación directa y efectiva del demos (población con derechos políticos) en las decisiones políticas y administrativas de la polis, lo cual implica su participación en la veeduría y penalización del desempeño de los cargos políticos y administrativos.

3. La consolidación de la polis, como unidad de interés amplio y común, que supera y es priorizado frente a las comunidades y poderes locales de las tradiciones aristocráticas. Surge, así, la consolidación de un ámbito público, en tanto esfera del bienestar general e interés común, en Grecia.

4. El establecimiento de la igualdad entre los ciudadanos al menos en tres planos: igualdad frente a la ley (isonomía), igualdad de palabra en la Asamblea (isegoría) e igualdad socioeconómica⁶.

5. La comprensión de la política como proceso dinámico susceptible de ser transformado mediante la actividad reflexiva.

La demokratía griega implicó, así, la aparición de lo que Castoriadis (1994) denomina la institución autónoma de las sociedades, pues es autogobierno consciente de la polis con la participación conjunta de sus miembros: gobernantes y ciudadanos. También implicó el surgimiento de la condición ciudadana en su calidad de derecho de participación directa y positiva del demos en el gobierno de lo colectivo. Como si fuera poco, y aunque en dicho contexto no se hablara de formación ciudadana, los procesos analíticos impulsados por las escuelas filosóficas ya identificaban la necesidad de generar procesos educativos para el adiestramiento de virtudes del pensamiento, que como la argumentación clara y consistente, posibilitaran deliberar y concertar en pro de la mejor situación colectiva posible.

Hacia finales del siglo V a.C. y comienzos del IV, se inicia la decadencia de la organización política de la demokratía con la derrota de Atenas frente a Esparta en la guerra del Peloponeso, y con el consecuente debilitamiento político y económico desatado en Atenas tras la guerra civil. En este contexto, algunas características internas de la organización política y social ateniense entran en contradicción y generan el desprestigio de la demokratía. Es importante resaltar que las reflexiones de los sofistas llegaron a cuestionar tanto el hecho que la igualdad del demos no se extendiera a la totalidad de la población (pues excluía a los esclavos), como el fortalecimiento de una política exterior imperialista. Las reflexiones de los sofistas cuestionaron abiertamente las inconsistencias de un sistema político democrático igualitario y participativo, pero basado en la exclusión, la desigualdad, la discriminación, la explotación, la invasión bélica y el esclavismo.

El cuestionamiento a la exclusión de los esclavos de la condición de ciudadanía puso en peligro la estructura económica ateniense, al mismo tiempo que la apuesta a la autonomía racional del individuo se extremó, generándose una ruptura entre los intereses individuales y los de la polis. De otra parte, tras la guerra civil ateniense, los intereses de las distintas clases sociales (las cuatro clases del demos más la aristocracia) chocaron entre sí y se resquebrajó la unidad de interés superior representada por la polis. Se generó entonces una escisión y una tensión entre quienes consideraron a la demokratia como autogobierno de la polis que implica el equilibrio entre demos y aristocracia y quienes la entendieron como gobierno de los más.

La democracia liberal: los derechos civiles negativos y la participación política representativa

Requejo Coll (1990) plantea que las democracias de los Estados contemporáneos son democracias liberales y que éstas se diferencian en aspectos sustanciales de la antigua demokratía griega. El planteamiento general del autor puede sintetizarse en la idea de que el liberalismo político es en principio una propuesta política no democrática o, mejor aún, antidemocrática, que por presión de las agremiaciones trabajadoras fue sufriendo procesos democratizadores. Con la intención de lograr una mejor comprensión de las diferencias mencionadas, se reseñarán a continuación algunos de los momentos más significativos en el devenir histórico de la democracia liberal, destacando poco a poco sus rasgos esenciales.

Hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX y como parte del proceso de modernización de las sociedades occidentales, el liberalismo político y más concretamente el Estado Liberal de Derecho, surge como la organización política que sucede al Estado absolutista y monárquico del Medioevo. En este contexto e impulsado de una parte por la Ilustración europea⁷ y de otra por el surgimiento del capitalismo industrial⁸, el modelo político liberal se posicionó frente al medieval, como laico, de limitación del poder y la fuerza estatal, y de descentralización ideológica y económica: todos los hombres tienen derecho a la libertad de creencia, así como también a la libre propiedad y comercialización.

Salvo en el caso francés⁹, este primer liberalismo no es democrático, pues se basa en el establecimiento de libertades civiles individuales y negativas (de limitación y defensa frente al Estado) y no en derechos políticos positivos de incidencia, decisión y participación directa en el gobierno de las sociedades¹⁰. Tal y como afirma Requejo: "Se caracteriza por haber puesto límites a la actuación de los poderes públicos. No se trata tanto de participar en las decisiones y actuaciones estatales como de defenderse de ellas" (Requejo, 1990, p. 78).

Además, no deben obviarse las limitaciones que para la participación política y la igualdad socioeconómica implicó el estrecho vínculo existente entre el surgimiento del liberalismo político y el nacimiento del capitalismo industrial. La clase burguesa¹¹ incidió vigorosamente en la consolidación del proyecto político del liberalismo en la medida en que aquél defendió la liberación de la actividad económica de la regulación estatal¹², y propendió por el establecimiento de las libertades económicas individuales como derechos civiles fundamentales. De este modo, los primeros liberales no eran partidarios de un sistema de participación política amplia y de búsqueda de igualdad socioeconómica pues, de un lado, los propietarios y contribuyentes eran los únicos ciudadanos con derecho político de voto (sufragio censitario) y, de otro, el garantizar un mínimo bienestar socioeconómico a las mayorías trabajadoras implicaba pensar necesariamente en la regulación estatal del mercado. Por tanto, en este periodo ser liberal no significó ser democrático:

Es hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que comienzan a desarrollarse procesos democratizadores dentro del sistema político liberal, para básicamente atender la presión social desarrollada por las agremiaciones trabajadoras. Se genera entonces el reconocimiento legal de los derechos de asociación de los trabajadores (reunión, manifestación y sindicación) y del sufragio universal (además del referéndum y el derecho a la candidatura), el cual se amplió de los propietarios y contribuyentes a todos los ciudadanos varones mayores de edad. Se dio, así, progresivamente, el tránsito del Estado Liberal de Derecho, al Estado Liberal – Democrático de Derecho.

Este tránsito implicó el ensamble de dos lógicas políticas diferentes —la liberal y la democrática— sin estar libre de coaliciones. Las resistencias teóricas y prácticas fueron numerosas. El resultado de esta conflictiva articulación fue el surgimiento de una democracia representativa basada en los principios organizativos del liberalismo político, que reconoce además de las libertades civiles negativas, unos derechos políticos positivos (de participación e incidencia en las decisiones y leyes políticas) pero de carácter representativo (no directo y argumentativo como en la Antigüedad Clásica)¹³.

Por ello, Requejo piensa que la democracia liberal así emergida "no tiene ninguna vocación de convertirse en democracia política" (1990, p. 91), ya que no es muy propensa a generar prácticas de institución y conducción autónoma de las sociedades, mediante la participación directa y efectiva en la toma de decisiones y en la construcción de instituciones y leyes a las que deben someterse los gobernantes y no sólo los gobernados. No obstante, tras la Revolución rusa, la crisis económica de 1929 y el final de las dos guerras mundiales, se genera en Occidente un segundo proceso democratizador de los Estados liberales.

La miseria económica, social y moral dejada por las guerras mundiales y la crisis del capitalismo industrial coinciden con el abanderamiento de los ideales de igualdad económica sostenidos por las posturas ideológicas socialistas¹⁴, cuyo núcleo fue la URSS. Esto en su conjunto hizo posible que el bienestar socioeconómico de las mayorías fuera abordado como una prioridad para los Estados liberales, que necesitaban recuperar credibilidad y legitimad política mediante el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de los ciudadanos y el establecimiento de reformas políticas de corte progresista. Es así como se declaran y legalizan los derechos humanos de segunda generación o de corte social:

Con lo anterior se posibilita el tránsito del Estado Liberal y democrático de Derecho al Estado Social de Derecho, al Estado de Bienestar o a la Socialdemocracia:

Por esta misma época el liberalismo sufre otro viraje significativo. El primer liberalismo permaneció reacio a otorgar reconocimiento legal a los partidos políticos durante todo el siglo XIX. Tras las dos guerras mundiales, los partidos políticos fueron asumidos con una nueva actitud: se los aceptó como elementos imprescindibles en la democracia liberal, siendo legalmente reconocidos en los textos constitucionales como actores decisorios. Se genera, así, la organización política mediante los sistemas partidistas que conocemos hoy.

Nuevamente el liberalismo político se vio obligado a articularse de manera tensionante con una lógica ajena, pues la asunción estatal del bienestar socioeconómico del grueso de la población implica la regulación estatal del mercado y la redistribución social de la riqueza. Sin embargo, la ampliación del bienestar socioeconómico de los ciudadanos buscó extender la posibilidad del ejercicio de las libertades civiles, negativas e individuales, así como la legalización de los partidos políticos fortaleció el mecanismo de la participación indirecta y representativa de la población civil. Dicho de otra manera, estos cambios no ampliaron las posibilidades de participación política positiva y directa por parte de la ciudadanía.

A modo de síntesis, se puede plantear que la democracia liberal incorpora dentro de su ideario de valores algunos rasgos de la demokratía antigua, pero que su organización y acción política (relaciones de poder entre gobernantes y gobernados) se fundamentan en los principios centrales del liberalismo político, a saber, el establecimiento de libertades negativas e individuales que limitan el poder del Estado y la participación política de carácter representativo¹⁵.

La condición de ciudadanía moderna se define, entonces, más con base en el acceso legal a los derechos civiles otorgados por la pertenencia a una nacionalidad, que con base en el ejercicio de la conducción política efectiva y conjunta de los destinos colectivos. Ser ciudadano significa, en este orden de ideas ser reconocido por la ley como civil perteneciente a una nación y, por tanto, poder acceder al conjunto de derechos y libertades (incluido el sufragio), que ni el Estado ni otros ciudadanos pueden vulnerar en virtud de la igualdad jurídica.

En este mismo sentido, ser ciudadano significa no perturbar o violentar mediante las propias acciones, los derechos y libertades de otros; de ahí que la formación del ciudadano sea entendida en múltiples contextos como educación cívica (en los derechos y deberes fundamentales y en el conocimiento del Estado y sus instituciones) o como formación ética para la convivencia. Así, tanto la condición de ciudadanía como la formación ciudadana derivadas de la democracia liberal estarían enmarcadas más en los planos de la civilidad y de la convivencia, que en el ámbito propiamente político:

Crisis del Estado Social de Derecho y democracias emergentes

Aún cuando el Estado Social de Derecho representó en el siglo XX una salida viable a las tensiones enfrentadas por el liberalismo político y los Estados capitalistas, los problemas intrínsecos no se hicieron esperar. Entre finales de los años cincuenta e inicios de los setenta, surgieron una serie de transformaciones ideológicas, tecnológicas y socioculturales, que invertirían el orden de cosas estipulado en la socialdemocracia.

En primer lugar, un grupo inicialmente minoritario¹⁷ ponderó que la prestación de la seguridad social por parte del Estado imposibilitaba la generación de una economía sólida, pues sufragar el bienestar social de un sector creciente de la población resultaba insostenible; se afirmó, entonces, que el Estado de Bienestar generaba regresión social más que progreso. En torno a estas ideas se gestó durante los años setenta y ochenta lo que hoy conocemos como liberalismo económico o neoliberalismo (George, 1999); esta propuesta de la organización social está en auge, y tiene como planteamientos fundamentales: la reducción máxima del Estado de Bienestar como dispensador de servicios sociales, la liberación total del mercado de la regulación estatal¹⁸ y la sujeción de los planos político, social y cultural a las dinámicas, leyes y cambios del mercado, sin ningún tipo de intervención de parte del Estado¹⁹.

En segundo lugar, el fulgor de las tecnologías comunicativas y los desarrollos de la informática, hicieron posible pensar y, hasta cierto punto, concretar el "sueño" de establecer instancias económicas transnacionales y, por esta vía, establecer un mercado global en permanente conexión. Surgió así el cimiento de lo que hoy se denomina globalización económica, que no es otra cosa que la tendencia a la transnacionalización de las economías, como expresión de la búsqueda del establecimiento de un mercado único y global, a través de las redes informáticas y la digitalización de la información²⁰. En tercer lugar, y con un amplio camino recorrido, las estrategias de consumo y el estudio del comportamiento del consumidor se fortalecen gracias al impacto posibilitado por las tecnologías comunicativas, generándose así el baluarte de lo que hoy se conoce como discurso de consumo (Werner, 2001).

La idea según la cual el buen funcionamiento social estaría garantizado por el funcionamiento económico²¹ se alinea con la posibilidad tecnológica de crear mercados transnacionales, y también con la de poner a circular a través de los medios de comunicación una serie de técnicas de persuasión que garantizan la ganancia económica antes de la compra efectiva. Neoliberalismo, globalización económica y persuasión para el consumo se amalgaman e interrelacionan, dando origen a un pensamiento que prioriza a la esfera económica como el componente fundamental y central de la realidad. Así las cosas, El Estado Social de Derecho y la democracia, en tanto posibilidades de igualdad socioeconómica, resultan profundamente cuestionados.

De otro lado, desde la década de los setenta, los partidos políticos empezaron a sufrir una serie de procesos de burocratización²² y flexibilización²³, que les llevó a perder tanto representatividad social como coherencia y sistematicidad. Las funciones de los partidos políticos se vieron limitadas fundamentalmente a las tareas de realización de campaña y propaganda electoral. Paradójicamente, los partidos políticos alcanzaron la maximización de su función decisoria en el procedimiento electoral, en el mismo momento en que redujeron considerablemente su nivel de representatividad social. Esta situación en su conjunto derivó en una asunción demasiado limitada de la actividad política democrática, pues ésta se vio drásticamente minimizada: dejó de ser entendida como proceso histórico de institucionalización y defensa de los derechos civiles, políticos y sociales, para ser asumida como el mero ejercicio del procedimiento electoral representativo.

Luego, tanto la apuesta por condiciones de vida más dignas como la apuesta por la institución autónoma de las sociedades (desencadenadas por las democracias moderna y antigua respectivamente), parecen diluirse tras las condiciones crecientes de exclusión, pobreza y marginalidad generadas por las dinámicas de reducción del Estado de Bienestar y de privatización de los bienes sociales, así como por la visión miope que identifica en la practica electoral (y en muchos casos en el proselitismo político) el único espacio de concreción de la participación política democrática.

Democracias emergentes... democracias posibles...

No obstante, será a partir de la reducción y debilitamiento de la socialdemocracia que se generarán espacios de participación para nuevos actores políticos y, también, revisiones y planteamientos alternativos para el sistema democrático. Aunque se trata de esfuerzos dispersos y heterogéneos surgidos en espacios informales, y aun cuando en el presente documento no se puede realizar un abordaje profundo y prolífico de los mismos, es relevante detenerse puntualmente en algunos de aquéllos.

El movimiento juvenil y contracultural de los años 60 y70

En primer lugar debe destacarse la emergencia del movimiento contracultural relacionado con Mayo del 68. Este fue desarrollado desde varios frentes no en todo articulados: grupos de activismo político o nuevas izquierdas críticas del socialismo (Castoriadis, 1997b y Rozsak, 1981), colectivos estudiantiles y profesorales que desde las universidades cuestionaron las organizaciones políticas, sociales y escolares tradicionales (Castoriadis, 1997b), y grupos bohemios beat-hip o hippies, desentendidos de búsquedas formalmente políticas, pero comprometidos con búsquedas personales, 'experienciales' y existenciales (Roszak, 1987)...

El aporte aquí realizado puede sintetizarse en tres aspectos muy relevantes: a) el cuestionamiento abierto de las relaciones de poder autoritarias, verticales y heterónomas en los diferentes espacios sociales (la escuela, la familia, el trabajo, la política); b) la utilización de medios informales y estéticos como fuentes de expresión y transformación política; y c) la postura decidida y activa de los jóvenes en la crítica y la creación de su entorno social, cultural y político. El movimiento contracultural propone, así, deslocalizar la actividad política de los espacios y acciones formales propias del establecimiento (partidos y Estado), al insertarla en todas las dimensiones de la experiencia social humana, y al pretender fortalecer la participación y expresión de la población civil en la conducción de lo colectivo, reivindicando la necesidad de discusión y consenso social, aunque esto no se realice mediante formas expresivas lógico-racionales. El movimiento contracultural encierra pues una propuesta social profundamente democrática (en sus procedimientos) y democratizadora (en sus pretendidos efectos sociales).

Los movimientos sociales de los años 80 y 90 y las organizaciones no gubernamentales

Por otra parte, hacia los años ochenta, y teniendo como asiento el movimiento contracultural anteriormente mencionado, aparecen en el juego político los nuevos movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) los cuales, desde espacios eminentemente civiles, buscaron generar reconocimiento legal de ciertos derechos individuales y colectivos: los derechos de las mujeres, de las minorías étnicas, de las negritudes, de las comunidades homosexuales y de la protección del medio ambiente. Aunque sus actuaciones públicas además de discontinuas son más reinvidicadoras y opositivas que proactivas, el logro político de los movimientos sociales de los años ochenta y noventa, radica en haber generado conciencia social y reconocimiento legal sobre una serie de aspectos invisibles para las instituciones políticas tradicionales²⁴.

Se puede decir que estos movimientos no defienden utopías sociales; sencillamente buscan extender los valores de la utonomía individual en términos del establecimiento legal de unos derechos mínimos que garanticen la igualdad entre los diferentes ciudadanos, pero con base en el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. He aquí una vuelta y recuperación de la apuesta de la democracia liberal, en tanto defensa de los derechos civiles por encima de los criterios económicos y en tanto proceso de democratización (de extensión de derechos o de ampliación de la igualdad) logrado mediante la manifestación y expresión social.

El despliegue de experiencias de participación popular

A nivel más práctico, y desde muy diferentes ámbitos, se han venido gestando una serie de esfuerzos disgregados y diversos que buscan recuperar, mediante el desarrollo de experiencias de participación popular, la actuación efectiva de los ciudadanos en el gobierno de los destinos colectivos. Pueden mencionarse, por ejemplo, en el ámbito nacional la emergencia de las comunidades de paz en el contexto del conflicto armado, o la propuesta de organización social de algunas comunidades indígenas, cuyas decisiones sociales son tomadas por la propia comunidad, de manera colectiva, participativa e incluyente²⁵.

También cabe destacar las experiencias de investigaciónacción participativa y de educación popular generadas en América Latina, pues aquéllas han pretendido cuestionar el establecimiento de relaciones de saber dogmáticas en el espacio educativo y académico. En el caso de la educación básica, dichas formas de relación se traducen en la educación contenidista y transmisionista, en los modelos comunicativos verticales y en las relaciones de poder autoritarias (Freire, 1971). En el caso de la investigación acción participativa, se cuestiona la imposición del saber académico sobre el saber popular, y se buscan caminos de diálogo y encuentro entre ambos mediante la construcción conjunta de conocimiento (Fals Borda, 1997). Así, los campos educativos y epistemológicos son además campos políticos y, por tanto, también son susceptibles de ser democratizados. Las relaciones en torno al saber implican relaciones en torno al poder, máxime si se toma en cuenta que estamos insertos en lo que algunos autores han denominado "sociedades de la información y del conocimiento".

"Democracia radical" y "democracia posmoderna"

Por último quisiera hacer alusión, aunque sucintamente, a algunos de los aportes teóricos contemporáneos más significativos en torno a la crítica de la democracia liberal. Se trata de los desarrollos de Cornelius Castoriadis²⁶ y Boaventura de Souza Santo²⁷, quienes plantean la necesidad de apostar por la emergencia de una democracia radical, en el sentido de profundizar la participación directa y efectiva en la toma de decisiones políticas de sujetos y colectividades.

Castoriadis (1994, 1997a) sostiene que a través de la historia de Occidente, la mayoría de las sociedades han sido instituidas de manera heterónoma, esto es, pese a que ellas mismas han creado sus leyes e instituciones, ocultan esa autocreación, imputándola a una fuente extrasocial: los antepasados, los héroes, Dios, las leyes de la historia, las leyes del mercado. En estas sociedades, la puesta en duda de las leyes y las instituciones no puede plantearse fácilmente, pues su cuestionamiento significa poner en entredicho la existencia, veracidad y justicia de dichas fuentes "extrasociales". La institución heterónoma de las sociedades se opera entonces sobre el cierre del cuestionamiento.

Esta situación de institución social heterónoma habría sido rota dos veces en la historia de Occidente: a través de la aparición de la filosofía tanto en la Grecia Antigua como en la Europa moderna, que es la puesta en cuestión de las representaciones comúnmente aceptadas, a través de la creación de la política, entendida como la creación y puesta en cuestión de las instituciones establecidas, y a través de la emergencia de la democracia, entendida como el proyecto de institución autónoma de las sociedades. Tal y como afirma Castoriadis (1994):

La democracia como régimen político y social se caracterizaría, entonces, por dos "rasgos" imprescindibles; el primero, la posibilidad de que las sociedades y los sujetos pongan en cuestión las leyes e instituciones sociales vi-gentes y el segundo, la posibilidad de transformar tales le-yes e instituciones, y sobre esta base crear unas nuevas²⁸. El sistema democrático que prive a las colectividades y a los individuos de estas dos posibilidades no es más que una democracia formal: la democracia como el mero ejercicio de salir a elegir cada cierto tiempo a un gobernante (Castoriadis, 1994).

Pero, ¿cómo se pueden formar subjetividades y colectividades autónomas y deliberantes? ¿Cómo dar el salto de la adhesión heterónoma de los individuos y las colectividades a las valoraciones y leyes de su sociedad, a la emergencia de subjetividades y colectividades capaces de autoinstituir de manera deliberada y consciente? Castoriadis piensa que esto sólo es posible tras experimentar efectivamente la institución colectiva de leyes, significaciones e instituciones, mediante la discusión, el cuestionamiento y la transformación consciente y explicita de las mismas (Castoriadis, 1997 a).

Por su parte, y en un intento por pensar las relaciones entre subjetividad, ciudadanía y emancipación en el marco del proyecto político de la modernidad y de los desafíos de la posmodernidad, Boaventura de Souza Santos (1998) aborda las situaciones y procesos de desequilibrio entre regulación y emancipación que llevaron a que la modernidad articulara subjetividad y ciudadanía fundamental-mente por la vía de la regulación más que por la de la emancipación.

Se avizora, entonces, la articulación fundamentalmente regulativa que implica la democracia liberal para la subjetividad y la ciudadanía, pues ciudadano es aquel sujeto que acoge la ley y las decisiones estatales sin discutirlas ni participar en su elaboración, a cambio de que el Estado le garantice sus intereses particulares mediante la concesión y respeto de los derechos y deberes civiles.

Se configura nuevamente una diferencia entre la democracia liberal representativa y la democracia participativa directa, y entre los modelos de ciudadanía que éstas implican. Por ello, el autor terminará planteando las coordenadas de lo que llama "una nueva teoría de la democracia" o "una democracia posmoderna". Ésta debe, en primer lugar, lograr articular la subjetividad y la ciudadanía por la vía de la emancipación, sin descartar la regulación²⁹. Debe hacerlo además, no sólo en los campos y contextos que se han considerado tradicionalmente políticos: las políticas formales del Estado, sus funciones, funcionarios e instituciones, sino también en todos aquellos espacios de la vida social en los que los que se tejen relaciones de poder verticales y autoritarias, a saber:

a) El espacio doméstico: de transmisión social vía la explotación y el silenciamiento según lo denuncian las teorías feministas y las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia;

b) El espacio social del trabajo: donde las relaciones de producción y consumo se basan en la explotación, la competencia desleal y la exclusión de los trabajadores y la sociedad civil de las decisiones empresariales y mercantiles;

c) El espacio mundial o transnacional: de relaciones de intercambio económico y político desigual entre las naciones del Norte y del Sur.

La tarea de la "democracia posmoderna" es cuestionar la verticalidad y exclusión tejida en las relaciones de poder de tales ámbitos, así como transformarlas en "relaciones de autoridad compartida", es decir, relaciones de poder horizontales que den cabida al ejercicio ampliado y profundizado de una ciudadanía participativa y directa.

Comentarios finales: la formación ciudadana o el ejercicio de la ciudadanía

¿Qué debe entenderse por formación ciudadana en este punto del camino? Se ha buscado hacer explícito que no existe un modelo único de democracia, esto es, que al menos del recorrido histórico realizado puede derivarse que en Occidente existen dos grandes paradigmas de organización sociopolítica democrática: la de la participación política positiva (efectiva y directa) emergida en la Grecia antigua y profundizada en lo que algunos denominan democracia radical, y la de la participación política negativa (representativa y defensiva) propia de los Estados moderno-liberales y de los movimientos y organizaciones no gubernamentales. Se ha visto también que estos paradigmas implican formas distintas de asumir la ciudadanía y que, por tanto, habría una ambigüedad o, mejor aún, una diversidad a la hora de hablar de formación ciudadana³⁰.

Así, un griego podría entender por formación ciudadana el entrenamiento y ejercicio de las facultades intelectivas y de argumentación como medio de cualificación de los espacios de debate y decisión consensuada. Un moderno la definiría quizá como la cátedra formativa en torno a los derechos y deberes (de primera, segunda y tercera generación) y en torno a las instituciones y mecanismos estatales que posibilitan su cumplimiento y respeto. También podría definirla como el proceso formativo en los valores éticos y morales que posibilitan respetar los derechos de los otros y las leyes.

Si se miran estos paradigmas (con sus diferencias y tensiones) como un acumulado de la búsqueda histórica y política de Occidente, es posible que en lugar de escoger una vertiente para asumir la formación ciudadana, podamos pensar en incorporar dentro de su campo tanto el entrenamiento y ejercicio de las capacidades intelectivas y argumentativas como la formación cívica y ética. Llama la atención a este respecto que los documentos que orientan la formación ciudadana en el nivel básico y a escala nacional³¹ privilegien la concepción liberal de democracia, restringiendo la formación ciudadana a la instrucción del individuo en los derechos fundamentales y en los valores para la convivencia:

Los estándares básicos en competencias ciudadanas se circunscriben únicamente a las esferas de la individualidad civil y de la ética para la convivencia, presentando un fuerte vacío respecto de la participación colectiva y di-recta en la definición y conducción de los asuntos comunes. Se estaría dejando de lado, por esta vía, un elemento central y constitutivo de la ciudadanía desde su origen en Grecia: la del debate, establecimiento y conducción colectiva de los asuntos del interés común, aquello que, en última instancia, hace de la ciudadanía un asunto político y público, un hecho social palpable y cotidiano, más allá de la esfera de los procedimientos y de la legislación formales³².

Contemplar la complejidad que la diversidad de las nociones y las prácticas democráticas imprime a la formación ciudadana es importante, pues el conocimiento de los derechos, deberes, instituciones y mecanismos de respeto de los derechos, los deberes y las leyes constituye un saber básico para cualquier ciudadano contemporáneo en su desempeño a nivel local y global. Por otra parte, el ejercicio y el entrenamiento en la reflexión y en la argumentación racional posibilitan establecer puentes entre las competencias ciudadanas y las competencias en otras áreas del saber, especialmente las ciencias. Algo fundamental para una organización curricular que como la colombiana establece la formación democrática como un eje transversal.

No obstante, el punto real de desarrollo y articulación de estos dos caminos de la formación ciudadana se juega básicamente en la posibilidad de fundamentarlos sobre prácticas efectivas de institución colectiva y directa de los sujetos en las significaciones, las instituciones y las normas sociales en las que se mueven habitualmente; o, en otras palabras, en la capacidad que tengamos de comprender que la formación ciudadana no puede ser entendida como un espacio preparatorio para que los niños asuman una condición futura de ciudadanía, sino como un aprendizaje derivado del ejercicio cotidiano de la ciudadanía misma que, de lejos, desborda la práctica del voto o la condición de acceso a los derechos civiles básicos.

Esta cuestión resulta bastante problemática si reparamos en que: "Desgraciadamente, nuestra escuela no es un espacio para la autodeterminación y por lo mismo, donde se aprenda a convivir y concertar [es] (...) una escuela que en su cotidianidad no educa en la democracia por más que dé cursos de cívica o de urbanidad. Uno no aprende a ser democrático en cursos sobre democracia, uno aprende a ser democrático en familias democráticas, en escuelas democráticas, con medios de comunicación democráticos" (Martín-Barbero, 1998, p. 20).

Lo anterior remite a varias cuestiones relevantes: la primera, interrogar el que los niños y los jóvenes por su condición legal de minoría de edad se encuentren tan radicalmente excluidos del ejercicio de la ciudadanía. Es como si se asumiera que la minoría de edad (en términos kantianos) se superara o deviniera mágicamente en mayoría de edad por una determinación de tipo etario o de maduración biológica, y no por la posibilidad de subjetivarse como dueño de sí mismo en medio de prácticas de autonomía. Mientras sigamos pensando que los niños y los jóvenes son tanto el objeto de la acción formativa como ciudadanos del futuro, esto es, mientras sigamos estableciendo con ellos vínculos de heteronomía, será difícil que se asuman algún día de forma deliberada y consciente como actores en la construcción colectiva.

Es importante destacar que cuando hablo del ejercicio ciudadano, no estoy hablando necesariamente de la legalización de su derecho al voto, sino de algo fundamental: su participación efectiva en espacios sociales como la escuela, la administración pública o los medios de comunicación; participación para que puedan crear y expresar significaciones en torno al mundo social en el que viven; participación para que puedan proponer alternativas de solución a los problemas sociales que los afectan (educativos, ambientales, de salud, etc.); participación para que puedan discutir, opinar y proponer en torno a la gestión política de lo público a nivel local y nacional. La experiencia de la Cuidad de los Niños impulsada en Italia por Francesco Tonnuci³³ puede constituir un buen ejemplo al respecto.

De otra parte, se debe comprender que el problema de la formación ciudadana en la escuela no es sólo un asunto de estructuración de currículos y cátedras pertinentes y cualificadas, sino un problema cultural, esto es, un asunto inserto en los modelos educativos y comunicativos propios de la escolaridad. El modelo comunicativo y epistemológico de la escuela tradicional se desarrolla bajo la forma de la conducción ajena del pensamiento, de la voluntad y del actuar. Por ello, Martín-Barbero piensa que la relación con el saber que instaura el mode-lo comunicativo y pedagógico de la escuela tradicional es muy parecida a la que el fiel establece con la Sagrada Escritura: "(...) al igual que los clérigos se atribuían el poder de la única lectura auténtica de la Biblia, los maestros detentan el saber de una lectura unívoca, esta es de aquella de la que la lectura del alumno es puro eco" (Martín-Barbero, 1996, p. 12).

Como se percibe, las relaciones de poder que se tejen alrededor del saber en la escuela tradicional, son dogmáticas y autoritarias. Se trata de una relación basada en una ética que proscribe la interrogación,el cuestionamiento y la duda (Castoriadis, 1997 a, Zuleta, 1995), y, por tanto, de una relación con el saber que anula la autonomía del pensamiento que se define justamente como: "la interrogación ilimitada (...) que se pone ella misma en constante causa" (Castoriadis, 1997 a). De este modo, la escuela que se profesa como heredera del proyecto cultural ilustrado, no educa en la autonomía de pensamiento que aquél abanderó como propia según lo dicho por el mismo Kant: "(...) ¡sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! Es, pues, la divisa de la Ilustración" (Kant, 2002, p. 5).

Los sujetos podrán aprender a ser democráticos en la escuela el día en que puedan pensar por sí mismos. El día que puedan interrogar el saber y la norma allí instituida. El día que puedan saber que, en tanto creaciones humanas y sociales, éstas son susceptibles de crítica, cuestionamiento y trasformación, no por el mero capricho de criticar, sino por la apuesta política de crear sentido y destino colectivo de manera consciente y deliberada. En pocas palabras, cuando se les posibilite ejercer tanto su autonomía de pensamiento (pensar por sí mismos) como su autonomía moral (darse sus propias normas) para cuestionar, interpelar e instituir el mundo de significados, valores y normas en el que viven.

Comentarios

1 Se hace el tránsito del gobierno de los hombres al gobierno de las leyes mediante el establecimiento de la legislación y la despersonalización del poder.

2 En la cual mediante discusión y votación se tomaban colectivamente las decisiones en torno a la gestión para ser desarrollada por el gobernante.

3 Por parte de numerosos gobernantes aristócratas como Pisístrato, Clístenes, Hipias, Hiparco, Efialtes y Pericles.

4 Durante la Asamblea y en un fragmento de ostraka (tejuela de arcilla), el demos escribía el nombre del funcionario sancionado (suspensión de 10 años del desempeño político sin pérdida de los bienes).

5 En el sentido que se resolvía en el ejercicio de la discusión, la argumentación y la deliberación desarrolladas en los diferentes mecanismos y espacios de participación política ciudadana.

6 El "demos ciudadano en cuanto que desde su nacimiento un individuo tenía fijado el conjunto de derechos y obligaciones estrictas que implicaba su pertenencia a la ciudad" (Requejo, 1990, p. 29). Cabe anotar que los derechos políticos y la igualdad frente a la ley se reconocían no para la totalidad de la población de la polis, sino para parte de ella: los varones no esclavos. De la ciudadanía estaban excluidos los esclavos y las mujeres. Se calcula que de 250. 000 habitantes de Atenas (aproximadamente), 50.000 eran ciudadanos y que el número de asistentes a la Asamblea no era superior a 6.000.

7 Y más concretamente por la emancipación epistemológica de tipo secular impulsada por el pensamiento filosófico humanista, por la ciencia en tanto búsqueda del conocimiento objetivo y por la racionalidad tecnológica derivada de aquella.

8 Establecimiento de un mercado grande y masivo basado en altos niveles de producción.

9 Rousseau (1996) introduce en la política moderna del contrato social, el paradigma de la democracia participativa, bajo la forma de la asociación civil y la conformación de la voluntad general. "Este acto de asociación convierte al instante la persona particular de cada contratante, en un cuerpo normal y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, la cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. La persona pública que se constituye así, por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad y hoy el de República o cuerpo político, el cual es denominado Estado cuando es activo (... ) en cuanto a los asociados estos toman colectivamente el nombre de pueblo y particularmente el de ciudadano como partícipes de la autoridad soberana" (pp. 9-10).

10 El conjunto de estas libertades civiles de carácter negativo se encuentra consignado en los Derechos Humanos de Primera Generación.

11 Entendida como aquélla conformada por los artesanos y comerciantes propietarios de los medios de producción y comercialización.

12 Bajo el argumento de que la libre competencia en el mercado asegura la mejor redistribución social de la riqueza posible.

13 Esta diferencia es capital, pues la participación política directa no delega el consenso al arbitrio del gobernante en virtud de la representatividad social que le fue conferida mediante el voto, sino que establece el consenso entre gobernantes y gobernados como fundamento o punto de partida que legitima las acciones de este último. De lo que se desprende que el gobernante no puede imponer su proceder y punto de vista sobre la opinión pública, so pretexto de la representatividad social conferida por el voto.

14 Según las cuales, la consecución de sociedades libres sólo sería posible aboliendo las desigualdades económicas y materiales entre clases sociales: "(... ) mientras no desaparezcan las bases organizativas, económicas y políticas del modo de producción capitalista que fundamentan una situación de explotación objetiva de una minoría sobre la mayoría de la población, no será posible pensar en realizar ninguna emancipación humana efectiva" (Requejo, 1990, p. 99).

15 El dirigente se elije por votación y este voto indica la representación de los intereses de la mayoría, queriendo decir que dicho voto legitima el plan de gobierno y las decisiones tomadas por aquél durante su administración.

16 Citado por Ramonet, 2001, p. 13.

17 Conformado por el filósofo y economista Friedrich Von Hayek y sus estudiantes de la Universidad de Chicago. Éste se solidificó, con la administración de Margaret Thatcher y la conformación de la Heritage Foundation, grupo que asesoró los principios de administración del gobierno Reagan en los Estados Unidos, el cual es reconocido por la implementación de políticas de orientación neoliberal (George, 1999).

18 Libre comercio de bienes y servicios, libre circulación del capital y libertad de inversión.

19 Una caracterización extensa del liberalismo económico o Neoliberalismo junto con sus desarrollos y consecuencias sociales puede encontrase en: El malestar de la vida pública de Victoria Camps (1996), y una definición histórica y conceptual puede ser consultada en: Breve historia del neoliberalismo: 20 años de economía de elite y de oportunidades emergentes para el cambio estructural de George (1999).

20 Pese a que en el marco histórico manejado se afirma que el proceso de globalización económica surge entre los años sesenta y setenta, la idea de crear un mercado transnacional se origina con el capitalismo industrial del siglo XIX (Mitchell, 1997).

21 En esta máxima de liberalismo económico puede reconocerse una vuelta del ideal del liberalismo político. Sin embargo, y pese a que la implementación del liberalismo político favoreció el establecimiento del capitalismo industrial del siglo XIX, el liberalismo político no puede entenderse únicamente como garantía política de la implementación del capitalismo y de la organización social jerarquizada, desigual y explotadora pues "(... ) su objetivo de la limitación del poder y la protección del individuo (...) puede considerarse de modo autónomo respecto a cual sea la organización económica de la sociedad" (Requejo, 1990, p. 83).

22 Pues se establece un acceso jerárquico y excluyente en la toma de las decisiones del partido.

23 Menor diferenciación entre las propuestas y programas de los partidos por la "conquista" de un electorado de centro conformado por clases medias.

24 Es importante mencionar que de las acciones realizadas por diversos movimientos sociales y ONGs se deriva la institucionalización de los Derechos Humanos de Tercera Generación: aquéllos que giran en torno al reconocimiento de los derechos de las minorías y de la defensa y cuidado del medio ambiente.

25 Por más de 25 años y "desafiando el continuo de violencia y el escepticismo frente a las posibilidades de la paz, experiencias comunitarias indígenas, afrocolombianas y campesinas se han organizado sin hacer uso de la violencia para transformar la realidad, desarrollar un proyecto político propio y democrático y responder al impacto directo de diversas violencias como la exclusión, la negación de sus culturas y derechos, la injusticia social y el confl icto armado. Estas experiencias han otorgado otros significados a la paz, que superan su generalizada y restringida comprensión como ausencia de guerra y de conflicto, o silenciar de fusiles (sic). Para ellos la paz es integral y equivale a la defensa de la vida y demás derechos humanos; la protección de sus comunidades, culturas y territorios; el ejercicio de autonomía o autodeterminación; la profundización de la democracia; la inclusión social; el reconocimiento de la diversidad étnica y de los derechos de los pueblos; y el desarrollo concebido como proyecto colectivo generado desde la cultura y necesidades propias. A su vez, ellas han aplicado el principio de Gandhi de que "no hay camino para la paz, la paz es el camino", dentro de un ejercicio coherente de transformar la realidad y construir la paz no desde los mecanismos socializados por el continuo de violencia, sino desde métodos y acciones noviolentas" (Movimientos Sociales. Comunidades de Paz: patrimonio de resistencia no violenta Esperanza Hernández. Consultado en: http://www.redvoltaire.net/article4923.html).

26 Filósofo, economista y psicoanalista griego fallecido en 1999. Entre sus aportes más significativos se destacan la revisión crítica del proyecto ilustrado y político de la modernidad, la revisión crítica del psicoanálisis y la revisión crítica del marxismo.

27 Profesor de la Universidad de Coimbra en Portugal y de la Universidad de Madison en Wisconsin, dirige actualmente un proyecto internacional cuya pretensión es analizar experiencias que reivindiquen la necesidad de reinvención de la emancipación social. Autor de libros como De la mano de Alicia (Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Ediciones Uniandes, 1998) y Reinventar la democracia (Madrid: Ediciones Sequitur, 1999).

28 Cuando Castoriadis habla de creación de nuevas significaciones, leyes e instituciones sociales, lo novedoso no refiere a una creación absolutamente original, sino a una creación realizada sobre la base de las significaciones, instituciones y leyes precedentes. La creación radica en la trasformación de lo preexistente, siendo siempre condicionada (Giraldo y Malaver, 1997).

29 El respeto a la ley no se anula o debilita, sino que deriva de su legitimidad social. La legitimidad social de la ley se fundamenta básicamente en dos condiciones: primera, la construcción social colectiva y transparente de la misma y, segunda, el favorecimiento del interés general por encima de los intereses privados y particulares. Digamos que el principio de regulación se fundamenta y deriva del de emancipación.

30 Al final del texto y en forma de tabla (Tabla No. 1), se presenta una síntesis comparativa entre la democracia antigua y la democracia liberal, destacando sus rasgos, concepciones de ciudadanía y nociones posibles para la formación ciudadana.

31 Los estándares básicos en competencias ciudadanas (Ministerio de Educación, 2004). Siguiendo las orientaciones establecidas por la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), este documento representa la primera tentativa sistemática de implementar la formación ciudadana como parte de la educación formal y básica.

32 No obstante es pertinente destacar que los estándares básicos de competencias en ciencias sociales presentan una apertura interesante, ya que plantean como parte de sus objetivos centrales el reconocimiento de "las diferentes formas que ha asumido la democracia a través de la historia" y la identificación de las "variaciones en el significado del concepto de ciudadanía en diversas culturas a través del tiempo". Todo ello, en un marco interpretativo que parte de la idea de que las formas de organización político social son construcciones humanas e históricas susceptibles de cuestionamiento y transformación (Ministerio de Educación, 2004, p.5).

33 El proyecto la ciudad de los niños inició en 1991 en el ayuntamiento italiano de Fano, fue dirigido por Francesco Tonucci y contó con el impulso del alcalde y gobierno municipal. Su principal objetivo fue desarrollar una nueva filosofía de gobierno de la ciudad, que partiendo del reconocimiento de la exclusión del niño de la condición de ciudadanía, le apostó decididamente a la participación activa y directa de los niños en el gobierno, proyección y diseño de la ciudad. Para la consecución de este fin, se dio curso a la creación de diversas instituciones y actividades que posibilitaran dar vía abierta a la participación de los niños en el gobierno y dirección de la ciudad, mediante la expresión de ideas y propuestas. Es así como se crea: a) El laboratorio del proyecto desde el cual se asesora y vigila a la administración municipal para tomar en cuenta las necesidades y propuestas de los niños, b) el consejo de los niños que tuvo por finalidad propiciar un espacio de reunión y concertación permanente para que aquéllos que quisieran participar, representaran el punto de vista infantil, ante la administración municipal, y c) el programa los niños arquitectos, en el que se posibilitó que éstos en interacción con profesionales del diseño y la arquitectura dieran a conocer su visión y proyección de los espacios que debería contener la ciudad y también sus propuestas de solución a los principales problemas urbanos (Tonnuci, 1997).

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Fecha de recepción: 13 de octubre de 2006 • Fecha de modificación: 18 de abril de 2007 • Fecha de aceptación: 25 de abril de 2007