Impacto de la dinámica política colombiana en los procesos de reparación a las víctimas de la violencia política

Ángela María Estrada Mesa

Psicóloga y magíster en investigación y tecnologías educativas de la Pontificia universidad Javeriana. PhD en Psicología Social de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil. Catedrática del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: A Violência Política e o Conflito Armado na Colômbia: limites e posibilidades para a Psicologia da Libertação. En Psicologia Social para a América Latina. O Resgate da Psicologia da Libertaçao, eds. Raquel Guzzo y Fernando Lacerda, 295-303. Campineas: Alínea, 2009; y Retóricas eróticas disidentes (con Ángela María Báez Silva). Universitas Psychologica 8, No. 3: 653-672, 2009. Correo electrónico: angelamariaestrada@hotmail.com.

Estas páginas presentan una reflexión que emergió en el proceso de ejecución del proyecto de investigación "Psicología Social Crítica: estrategias para la atención del impacto psicosocial acumulado en jóvenes, y sus redes sociales, afectados por el conflicto interno en Colombia", adelantado por el Grupo de Investigación en Psicología Social Crítica (GPSC)¹ a lo largo de más de dos años y medio.

En efecto, se busca –a partir de la experiencia acumulada, y con la intención de insertarnos a diferentes organizaciones tanto del Estado como de la sociedad civil y articularnos con ellas– proponer, con base en el análisis de fragmentos de diarios de campo y grupos focales, un análisis crítico de la actual polarización de las relaciones entre organizaciones defensoras y peticionarias de víctimas de la sociedad civil, organizaciones del Estado encargadas de ejecutar las medidas de reparación y los grupos académicos que investigan e intervienen en la problemática de las víctimas de la violencia política en Colombia, así como su impacto sobre la efectiva (pertinente y oportuna) reparación a las víctimas de la violencia política en Colombia.

Se enfoca particularmente en la forma como la mencionada polarización –que se caracterizará a continuación– afecta los procesos de reparación y revictimiza a las personas afectadas por la violencia política en el país, en su proceso de recuperación emocional y en la reconstrucción de un proyecto de futuro viable. Nos mueven dos razones principales: por un lado, las formas en que la polarización política interna está afectando el proceso de reparación de las víctimas; por otro, y en estrecha relación con el anterior, la merma de recursos culturales y el potencial para la intervención que conlleva la incapacidad que muestran actualmente las organizaciones de defensoras y peticionarios de Derechos Humanos para la acción sinérgica con organizaciones académicas y del Estado, así como su priorización de agendas políticas de oposición al actual régimen político –y más concretamente, al gobierno del presidente Uribe– sobre el derecho a la reparación de las víctimas. Se trata, sin duda, de un análisis de coyuntura que justifica su importancia en razón de las formas en que se están afectando las víctimas.

En efecto, más temprano que tarde, en el proceso de ejecución del mencionado proyecto comenzamos a experimentar una exacerbación de la hostilidad y la activación emocional como característica de las interacciones entre grupos o personas que se ubican con diferencias o matices (reales o atribuidos) en la dinámica sociopolítica y en el ordenamiento institucional del país. De hecho, ya algunos analistas comienzan a nombrar el fenómeno en términos de 'crispación'; así, por ejemplo: "el ambiente de crispación política originado por los constantes insultos y descalificaciones entre el gobierno y la oposición [...]" (Rangel 2010, 49). Para nuestro caso en particular, no se trataba de un posicionamiento explícito y autoafirmado, sino de ejercicios de inferencia y atribución, en las prácticas conversacionales, de un lugar desfavorable para el otro en la dinámica política, cuyo tono emocional estaba escalando y exacerbándose con el correr de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe.

A medida que buscábamos articulaciones y alianzas en procura de la construcción de escenarios más fuertes y socialmente articulados para adelantar propuestas de acompañamiento psicosocial a víctimas de la violencia política, se hacía evidente que no manejábamos las claves de un lenguaje políticamente correcto que parecía condición sin la cual no sólo se nos obstaculizaba la articulación, sino que recibíamos una sanción retórica en términos de inadecuación política, técnica, y hasta humana. No faltaron la hostilidad de viejos amigos y el eco de otros que no conocíamos ni nos conocían. Eso nos llevó a querer comprender lo que estaba en juego en esas dolorosas dinámicas personales y profesionales, y éste es el motivo en el que se originan estos análisis emergentes, que esperamos contribuyan a revisar y fortalecer las condiciones para la construcción de sinergias entre las ONG, el Estado y la academia, en procura de más y mejores estrategias de acompañamiento y recuperación del sufrimiento psicológico como consecuencia de la violencia política en Colombia:

[...] En marzo de 2009 comenzábamos, como Grupo de Psicología Social Crítica (GPSC), el contacto con organizaciones de la sociedad civil que llevaran casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las cuales pudiésemos hacer sinergia para desarrollar propuestas de intervención psicosocial.

Se trataba de una estrategia en el marco del proyecto 'Psicología Social para el postconflicto. Estrategias para la atención del trauma psicosocial acumulado en menores desvinculados/as del conflicto y sus redes sociales en Colombia', que veníamos desarrollando, y concretamente, para iniciar la fase 2 del mismo, cuya orientación era básicamente interventiva. Se buscaba, con una lógica de IAP (Investigación – Acción – Participativa) , generar un espacio para la sistematización y enriquecimiento de estrategias técnicas para la atención psicosocial del trauma acumulado por efecto de la violencia política.

Nos pareció que era adecuado iniciar contactos con organizaciones de abogados con quienes pudiéramos asociarnos para aportar el desarrollo del componente psicosocial de la intervención, que hace parte de las sentencias de reparación en los casos que se llevan en el Sistema Interamericano de Justicia. Eso aseguraba que las asociaciones intentadas no entraban en conflicto de intereses, lo que sí sucedería con organizaciones con un perfil [...]

Con estas últimas entraríamos en directa competencia profesional, no tanto por los recursos disponibles, pues de alguna manera contar con financiación nos aseguraba la capacidad económica para poner a prueba unos dispositivos de intervención [de manera autónoma], sino ante todo competencia de imagen, de reconocimiento y de articulación previa, en términos de trayectoria. Hasta cierto punto, competencia por el acceso a 'las víctimas'.

Habíamos hecho un mapa, tanto de organizaciones con un perfil psicosocial como con el perfil de juristas que litigan en el Sistema Interamericano. Comenzamos por las más prestigiosas y al mismo tiempo las más cercanas porque teníamos personas amigas, conocidas de largo tiempo atrás, con las cuales, pensamos, había condiciones personales para establecer relaciones de confianza en un momento de polarización política en el cual el establecimiento de lazos de confianza se ve dificultado por el enrarecimiento del contexto [socio]político.

Para el encuentro preparamos un portafolio de servicios del grupo de Psicología Social Crítica al cual le invertimos mucho tiempo y esfuerzo. En él hacíamos énfasis en el enfoque apreciativo para adelantar conversaciones terapéuticas y en los distintos procesos que podríamos desarrollar y aplicar según las características de las distintas víctimas (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Es primordial señalar la importancia de que el acceso a las personas vulneradas –básicamente en lo local– se lleve a cabo con un criterio de inserción etnográfica y pertinencia ética, el cual debe contar con las redes existentes. De ahí la necesidad de acceder a otras redes sociales por medio de los peticionarios de la víctimas. Continuemos un poco más con el relato de ese encuentro:

[...] En el portafolio mencionábamos la ley de justicia y paz, iniciativa del gobierno de Álvaro Uribe para la desmovilización de grupos paramilitares, como un nuevo marco jurídico existente en el país para avanzar hacia el posconflicto. Nuestro proyecto, como se puede ver en el título mencionado arriba, asumía que la psicología debería desarrollar un saber, una experticia para la atención psicosocial del trauma acumulado por efecto de la violencia política.

Varias fueron las reacciones inmediatas por parte de esa organización: en primer lugar, el rechazo a referirse a la ley como de 'justicia y paz' y señalarla únicamente por su número de identificación, ya que, según puntualizó [Nombre - Director ONG],² "esa es la ley para los amigos" (refiriéndose obviamente al presidente Uribe). En segundo lugar, el rotundo rechazo a mencionar siquiera el posconflicto en Colombia, toda vez que si se está negociando con algunos grupos en medio del conflicto y no con otros, es imposible asumir que exista posconflicto alguno. Eso no parecía negociable.

Nuestra propuesta no sólo fue evaluada respecto de lo no negociable políticamente, sobre lo cual no se discute, sino que las diferencias políticas se señalaban como insuficiencias o deformaciones políticas del otro, producto de no militar directamente en la izquierda, o de los sesgos propios de la vida académica. Así, pues, rápidamente comprendimos que aunque un sector del país asumía encontrarse en proceso de posconflicto, otro sector consideraba la afirmación francamente ofensiva y políticamente incorrecta.

Comprendimos que nuestra propuesta se ponía en cierta medida en el medio de una polarización extrema en la cual distintos sectores –principalmente la sociedad civil versus el Estado– sostienen y legitiman versiones opuestas sobre lo que está aconteciendo con la dinámica política que afecta la reparación de las víctimas en el país. Entendimos hasta dónde la presencia de un presidente que cambió la Constitución para asegurarse la reelección inmediata ha generado un odio y personalización frente al abordaje del conflicto por parte de la izquierda.

Ello nos llevó a cambiar algunos de los planteamientos incluidos en el portafolio de servicios, comenzando por el nombre del proyecto. Cambiamos el nombre original de todos los documentos públicos. De ahí en adelante, el proyecto se llamó 'Estrategias para la atención del impacto psicosocial acumulado en jóvenes, víctimas y sus redes sociales afectadas por el conflicto interno en Colombia'. De este cambio informamos incluso al IDRC (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo) de Canadá, entidad financiadora. También abandonamos la pretensión de buscar un saber que trascendiera las situaciones de conflicto y que anticipara escenarios de posconflicto. Construimos una 'versión definitiva' del portafolio, que se adjunta, la cual cuidaba de manera particular el lenguaje políticamente aceptable por parte de las ONG de Derechos Humanos (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Quisiéramos pensar que testimonios como el anterior quedan para nutrir y hacer parte de la historia –que todavía está por hacer– sobre el control del lenguaje de la política social en tiempos de polarización política y su incidencia sobre el desarrollo de las ciencias sociales en Colombia, así como la función de una izquierda radical aclimatada en algunas organizaciones de defensores de víctimas en ese ejercicio. Lo anterior conduce a dejar planteada la pregunta sobre las relaciones históricas entre las ciencias sociales, la intervención psicosocial³ y la política social.

Los análisis que se presentan a continuación, se basan en la información recolectada en tres fuentes primarias. En efecto, se trata de conversaciones adelantadas por nosotras con: a) representantes de ONG colombianas que llevan casos de víctimas de la violencia política y litigan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, b) peritos e interventores psicosociales que actúan como expertos en el Sistema Interamericano y como asesores e interventores psicosociales para las anteriores organizaciones y c) profesionales del Grupo Operativo Interinstitucional (GOI),⁴ quienes formulan y desarrollan la defensa técnica del Estado frente a peticiones y casos que se encuentran en trámite ante los órganos del Sistema Interamericano y que se encargan de impulsar el cumplimiento de lo establecido en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación a las víctimas. Todas las conversaciones y entrevistas referidas fueron recogidas en diarios de campo o grabadas y transcritas para su análisis.

Se busca dar cuenta del contexto sociopolítico que rodeó la ejecución del proyecto, de las características más destacables de la interacción social entre las diferentes organizaciones y grupos involucrados e intervinientes en la atención y reparación a las víctimas. En tal sentido, este trabajo da respuesta a la siguiente pregunta de investigación propuesta originalmente: ¿Cuáles son las condiciones materiales (políticas, culturales, disciplinarias e institucionales) asociadas a las diferentes prácticas discursivas encontradas? El análisis del discurso visibiliza algunas estrategias retóricas dominantes como contexto sociopolítico.⁵

Polarización política. Una tradición exacerbada

Muy pronto, en el marco del gobierno Uribe se generó una radicalización de las tensiones entre quienes actúan desde la sociedad civil organizada y quienes actúan a nombre del Estado e, incluso, en la academia. En efecto, como consecuencia, por un lado, de los discursos y las acciones del Presidente y su equipo de asesores orientados a criminalizar la sociedad civil y, en general, a la oposición y a la izquierda, y por otro, porque la agenda política de tales organizaciones priorizó la oposición al régimen de Uribe, en buena medida en oposición a la política de seguridad democrática (Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo 2003), como se ve, no sin razones,⁶ se fortaleció un proceso de oposición estereotipada en la lógica amigo-enemigo entre quienes ejercen la función pública y quienes actúan desde las organizaciones de la sociedad civil.

En ese proceso de polarización, se han generado visiones irreconciliables entre los actores, intelectuales y militantes, entre otros,⁷ que aceptaron poner en marcha un proceso de posconflicto en el marco de la ley de justicia y paz, por un lado, y las ONG que actúan como peticionarias en el Sistema Interamericano de Justicia, quienes se dedican a acompañar víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos, para quienes el posconflicto no puede tener lugar sino como parte de un proceso de negociación posterior a la finalización de hostilidades.⁸ Esto a pesar de que muchas de las ONG que actúan como peticionarias en el Sistema Interamericano también se han constituido como representantes de víctimas en los procesos de justicia y paz. Puesto que se hizo explícita la valoración diferencial del posicionamiento de las víctimas:

[...] Por ese entonces, todas las puertas que tocábamos ponían como referente en el escenario de la intervención psicosocial un nombre: [profesional extranjero] [...] Recientemente habíamos tenido un encuentro con él-ella [...] Mi sorpresa en esa conferencia fue mayúscula cuando, presentándose como representante de Colombia, afirmó: "¡Es claro que a nosotros nos importan más unas víctimas que otras!" (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Como puede concluirse, el(la) autor(a) de esa afirmación le da el carácter de punto de vista colectivo (de nosotros) en torno al cual existiría acuerdo político, incluso técnico, asunto que parece asumir el hecho de ser una posición representativa de un sector de la sociedad colombiana y que podríamos caracterizar como una posición radical, no sabemos si de extrema izquierda o de extrema oposición, en la actual coyuntura política de la atención a víctimas de distintas formas de violencia. En efecto, por una lado se privilegian las víctimas activistas de Derechos Humanos, y por otro, se desvalorizan las víctimas de otro tipo de delitos, tales como los sexuales, sobre todo si son cometidos por paramilitares y fuerzas del Estado, y, peor aún,, lo-as menores desvinculados de los grupos armados, por ejemplo, y aun en menor grado, agentes de las fuerzas del Estado víctimas de secuestro, tortura, etc., por parte de las guerrillas.

Quizás lo más fuerte emocional y retóricamente fue enfrentarse a una práctica conversacional en la cual se asumía la vocería de una legitimidad exclusiva para lo que no es, sin duda, más que un punto de vista entre otros, y que se aproveche un cierto reconocimiento profesional para imponer la legitimidad política del propio punto de vista, sin campo a discusión o a disenso. Adicionalmente, nos preocupa que con razones políticas se presione la concentración de la atención psicosocial de calidad en un sector social de víctimas en particular, dejando a otras al margen de tales beneficios, que redunden en una sociedad más integrada y reconciliada, como ya lo proponía el propio Ignacio Martín-Baró (1990) hace ya dos décadas, en ese caso criticando que la acción de la psicología en la sociedad latinoamericana estaba al servicio de las élites mediante un enfoque casi exclusivamente privado de sus prácticas profesionales y no comprometido con el servicio a las mayorías pobres.

Ya, de hecho, históricamente, una lógica de polarización entre el Estado y la sociedad civil⁹ configura una tradición política, por lo menos en la región, según reconocen intelectuales y activistas en toda América Latina invitados por Basombrío (2005) a narrar su experiencia y reflexionar sobre ella, en un interesante libro editado por él. Preocupa que en esta época estemos adelantando acciones que exacerben tal polarización. Los autores mencionados anteriormente, quienes han tenido la experiencia de pasar a ejercer en algún momento de sus carreras una función pública, derivan un conjunto de lecciones aprendidas. Tal vez la primera que quisiera señalar es que las luchas por la defensa de los Derechos Humanos y, en esa medida, por la democratización en Colombia han sido profundamente exitosas, hecho que, a veces de forma terriblemente impaciente, no logramos reconocer:

[...] En Colombia ocurren cosas atroces y además no son excepcionales porque es un país en conflicto [...] el tema de los derechos humanos es un tema de minorías [...] Trabajar en profundidad sobre nuestras sociedades para elevar los niveles de la exigencia pública en materia de democracia [...] en eso hemos sido profundamente exitosos. Lo que pasa es que es un trabajo lento, los que ya pasamos de cincuenta años sabemos que las cosas eran mucho peores hace veinte o treinta años. Hoy en día, cosas que eran perfectamente aceptables hace treinta años son por fortuna intolerables para nuestros pueblos [...] (De Roux 2005, 22).

Sin duda, la segunda tiene que ver con la crítica a esa tradición de polarización en sí misma:

[...] "Lo que hay es una concepción dualista que heredamos de aquellas viejas luchas del poder como amigo-enemigo; allí no hay matices, al enemigo lo combato, lo necesito neutralizado". De acuerdo con Quintana (p. 365): quienes provenimos de la sociedad civil no podemos seguir manejando una prevención, una fobia por el poder del Estado. Muchas veces hay incluso algo cuasi religioso en ello, como si el poder fuera un pecado [...] (Basombrío 2005, 23).

Recojo afirmaciones como la anterior para llamar la atención sobre el hecho de que mucha de esta oposición estereotipada tiene como base fenómenos emocionales, muchas veces como consecuencia de experiencias personales, sobre las que se puede reflexionar, con el fin de mejorar la racionalidad de unas relaciones que podrían favorecer la justicia, la política social y el bienestar de las víctimas:

[...] A decir de Clara Jusidman "el temor de las organizaciones y sus líderes de ser cooptados, controlados y utilizados, no sólo por las instituciones del gobierno, sino incluso por líderes de otras organizaciones para propósitos de ascenso personal, se constituye en un obstáculo fundamental para una acción colectiva más estratégica" [...] Hay tres países acá en los que aparece el mote de 'traidor' para quienes viniendo de organizaciones de la sociedad civil asumen responsabilidades en el Estado: México, Colombia y Argentina; y hay tres países en los que no aparece: Perú, Brasil y Chile. Estoy simplificando, obviamente, pero me parece que la diferencia está en cierto nivel de maduración de la 'sociedad civil progresista' para tener o no, vocación de poder (Basombrío 2005, 24 y 25).

Sin duda, el autor reconoce que existen áreas de mayor sensibilidad en las relaciones entre sociedad civil y Estado, destacando entre ellas las de los Derechos Humanos y la seguridad. El autor muestra cómo en el continente hay avances en estos campos, que sin duda se encuentran en el centro de la actual radicalización:

[...] Este diálogo con los "represores" con o sin comillas es una de las áreas más difíciles de manejar por muchas organizaciones. Elizabeth Lira (p. 269) explica muy claramente el porqué: "En algunos casos esa carga emocional ha reforzado la conducta exigente y 'opositora' desde personas y grupos de la sociedad civil del movimiento de derechos humanos, operando como conciencia crítica del proceso que se está desarrollando. A veces esa carga emocional se ha traducido en la descalificación de quienes, habiendo sido parte del movimiento de derechos humanos, hoy ejercen responsabilidades en el gobierno, debilitando las relaciones de cooperación entre unos y otros" (Basombrío 2005, 26 y 27).

Sin duda, nos parece importante reconocer no sólo que esas relaciones son y deben ser pensadas y abordadas como dinámicas diferenciadas en el tiempo; es decir, históricamente, sino que en el momento actual son un indicador necesario de madurez social por parte de una intelligentsia que enfrenta, de manera constructiva y asertiva o no, la fragmentación y la polarización existentes en su propia sociedad:

[...] Clara Jusidman usa otro concepto pero se refiere a la misma idea: "[...] al enorme potencial que existe en la interlocución y las alianzas entre funcionarios públicos, académicos y miembros de las organizaciones civiles en la promoción de agendas y temáticas de interés común. La llamada 'fertilización cruzada' entre las experiencias del ejercicio de la función pública, el trabajo en comunidad o en defensa de derechos ciudadanos y los trabajos de investigación, enriquecen la realización de cada una de esas actividades" (Basombrío 2005, 30).

Entre nosotros, en cierta medida, parecería que la posición políticamente correcta legitimada en el sector de la sociedad civil dedicada a la reparación de las víctimas debe ser aprendida letra por letra por parte de las personas jóvenes que van vinculándose a estas organizaciones, como garantía de 'supervivencia laboral', estrategia que cumple una función de verdad en la construcción de un consenso impuesto mediante la amenaza –curiosamente, semejante a las prácticas retóricas presidenciales–: 'o conmigo o contra mí'. La polarización política que se experimenta fuertemente en las organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil hoy por hoy en Colombia parece estar animada por el rechazo fuertemente emocional al mantenimiento del presidente Uribe en el poder y la implantación de unas formas de oposición al régimen. Procedemos a exponer argumentos que aclaren la anterior afirmación.

En efecto, Basombrío, refiriéndose específicamente a las características que debe tener un gobierno para que la sociedad civil pueda éticamente vincularse a la función pública, señala que:

[...] En las experiencias que hemos conocido, un tema fundamental para tomar decisiones ha sido, más que la orientación política o ideológica de un gobierno determinado, su naturaleza democrática y su legitimidad frente a la población [...] Lo que se impone, pues, es hacer un balance de lo que se entrega y lo que se recibe [...] (Basombrío 2005, 32 y 33).

Lo anterior sugiere que, dada la alta legitimidad del actual gobierno colombiano, ésta no podría ser una razón para evitar la colaboración entre sociedad civil, Estado y academia en favor de la reparación (oportuna e integral) a las víctimas. Decidir la implementación de prácticas de oposición al régimen que afecten los procesos de reparación a las víctimas, buscando impedir la reparación de casos emblemáticos para argumentar falta de voluntad de reparación por parte del Estado, no parece una estrategia de oposición admisible. Más aún, en los casos concretos que estamos narrando, notamos que ya no es ni aceptable ni justo que ni la academia ni la sociedad civil se refieran de manera genérica a la burocracia e ineficacia del Estado, pues éste ya es un fenómeno que requiere un juicio más fino en cuanto a gobiernos y grupos concretos dentro de los mismos.

En el proceso de ejecución de la segunda fase del proyecto decidimos asumirnos como puente entre las expectativas y necesidades de las víctimas y la voluntad y los recursos para la reparación por parte de los profesionales del Grupo Operativo Interinstitucional (GOI). Encontramos que esa metáfora ha resonado tanto en las víctimas atendidas por nosotros como en los especialistas consultados por Basombrío (2005, 30): "[...] ser puente es eso, no estar en ninguna de las dos orillas completo y estar en ambas a la vez [...]".

El GOI, por medio de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, acogió el portafolio de servicios del Grupo de Psicología Social Crítica (GPSC), con gran confianza en que podríamos contribuir a ejercer la función de puente también con los profesionales (abogados y psicólogos) de las ONG que actúan como representantes y peticionarios de las víctimas en el Sistema Interamericano, y, en tal sentido, buscando un aval técnico para adelantar procesos de reparación que hasta el momento se encontraban totalmente estancados. Contábamos con la seguridad de una trayectoria, un equipo con competencias de muy alto nivel y una mirada política que, poniéndonos al margen de la ingenuidad ciega, nos ubicaba en un punto distinto entre los polos de la tensión exacerbada:

[...] El 12 de mayo de 2009 tuve la primera reunión con el equipo de la Cancillería, un grupo de abogados y abogadas, quienes nos expusieron lo siguiente: –Su interés en la coordinación y el impulso a las medidas de reparación, –Hay demoras muy significativas, una brecha, entre el diagnóstico y la atención [...] –Entre las víctimas de algunos casos hay una confianza ganada, pues se ha contratado un diagnóstico etnográfico extenso con organizaciones especializadas [...] –Han logrado una articulación del trabajo médico (que realiza el Estado) y el trabajo psicosocial (que realizan organizaciones privadas) (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Eran evidentes el interés y la voluntad de adelantar procesos de reparación, incluso anticipados a una posible condena por parte de la Corte Interamericana, en función del bienestar de las víctimas, particularmente en los casos en los cuales el Estado ya ha reconocido responsabilidad. Sin duda, el cuello de botella mayor era la lentitud (¿dilación?) de los procesos, que incluso había conducido al vencimiento de términos para soluciones amistosas (Carrillo 2008)¹⁰ previamente acordadas y luego incumplidas: "[...] necesitamos alianzas con organizaciones especializadas en atención psicosocial que contribuyan a mediar entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, que nos miran con sospecha [...]" (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Sin duda, pronto iríamos a comprender qué más había de fondo en las búsquedas desde el Estado de alternativas para lograr el avance de casos muy estancados, como lo anunciaba ya la expectativa del GOI citada anteriormente: casos que hace tiempo cuentan con una etnografía diagnóstica completa que documenta la situación de las víctimas, realizada por profesionales de organizaciones especializadas e idóneas en atención psicosocial, e incluso esfuerzos y avances en cuanto al establecimiento de lazos de confianza y atención en salud que se quedan sin continuidad y se desestiman. Notamos, pues, que las organizaciones de psicólogo(as) especializadas en la atención psicosocial a las víctimas, teniendo su posición y su lectura políticas muy claras, habían participado de manera asertiva en el avance significativo de las condiciones para la reparación.

El lugar de las víctimas en la agenda política de las ONG

Un intento de actuar como puente entre el Estado, las ONG y las víctimas promovido por el GOI condujo a una reunión alrededor de un caso concreto y emblemático para el cual los términos de la solución amistosa acordada se habían vencido. En esa ocasión, la posición del Estado, expresada por profesionales del GOI, puede resumirse así:

[La directora de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería] [...] Señalando con agrado la posibilidad de cumplir con compromisos previos potenciando espacios, para lo cual nos convocaba no sólo a construir una hoja de ruta a partir de lo acordado para este caso en la solución amistosa, sino a explorar una prórroga del acta de acuerdo de la solución amistosa de 2007, creando un acuerdo para superar obstáculos y buscar condiciones y medidas de reparación. Presentó con mucho agrado a nuestro grupo, como garante de una propuesta técnica y de calidad. Éste fue el primer encuentro entre la Cancillería y los peticionarios en un año, como los primeros nos lo habían expuesto desde el inicio, siendo prudentes, eso sí, en describir el nivel de desgaste que, se infiere [...], había sufrido esa relación [...] (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Las dificultades para el encuentro y para la búsqueda de alternativas para dar cumplimiento a la reparación parecen evidentes, más aún cuando previamente se había acordado una solución amistosa, a pesar de lo cual, en todo un año, peticionarios y Estado no se encontraron ni una sola vez. Se sospecha incluso que los peticionarios y las víctimas del caso tampoco se encontraron durante un lapso significativo. La reacción de los profesionales de las ONG ante la propuesta de nuestra participación, respaldada por un protocolo amplio de alternativas como pretexto para iniciar la conversación alrededor del caso y la participación de las diferentes organizaciones, puede resumirse así:

[...] No podemos olvidar que estamos en un litigio en el marco de la seguridad democrática¹¹ con la cual se han asesinado muchas víctimas como éstas [...] El proceso hace parte de un litigio: no ha habido disposición de acuerdo amistoso por parte del Estado [...] y se ha sospechado de colaboración entre las FARC y la comunidad [...] Ésta no es una actividad académica; éste es el mundo real [...] No queremos ser ofensivos, pero va a haber momentos difíciles [...] (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Sin duda, éste fue el primer indicio de que la agenda política de oposición al gobierno de Uribe involucraba la reparación a las víctimas. Así lo indican la calidad del protocolo presentado por el GPSC y la reacción más bien elusiva y ambigua, en la cual, en todo caso, se reconocía la falta de atención del caso durante este Gobierno, sin quedar claras las responsabilidades.

Llaman la atención la negativa a involucrar a un grupo al que se le enfatizaba y descalificaba por su perfil académico, cayendo en esa oposición estereotipada que ya hemos señalado, así como la ambigüedad respecto a las responsabilidades, no sólo en relación con nuevos atentados a víctimas, sino con la falta de reconocimiento sobre el hecho de que, dada la lentitud de los procesos en el Sistema Interamericano, un gobierno ejecuta reparaciones para violaciones cometidas por otros gobiernos.

Igualmente, llama la atención la ambigüedad en el manejo de las nociones de Gobierno y Estado entre las organizaciones de la sociedad civil, en comparación con el hecho de que la defensa técnica que adelanta el GOI se planea y ejecuta desde una perspectiva de Estado, no de Gobierno:

[...] Se hace evidente que, por lo menos en este caso, está primando el criterio político de impedir que 'el gobierno de la seguridad democrática', que se asimila sin más al Estado, pueda reportar la reparación de un caso como éste como un logro del Estado [...] (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Con base en esa reacción que hizo imposible la atención del caso, ya que no fue dable concertar una siguiente reunión con los peticionarios; llegamos a preguntarnos qué tanto está afectando la polarización política la reparación a las víctimas, en el sentido de que sea posible que se dilate la aplicación de las medidas incluidas en la sentencia, como una forma de oposición al régimen:

[...] El tema de la polarización es realmente marcado; se nota y es demasiado visible. Por ejemplo lo estamos notando precisamente en el avance en el tema del tratamiento médico; en los casos grandes de masacres; en las sentencias. En ocho sentencias la Corte ordena como medida de reparación el tratamiento médico y psicológico. En cinco son masacres y los otros son casos individuales y pocas personas. Y hemos notado el discurso político por parte de los representantes. Hace muy poco tuvimos una reunión con ellos y hubo participación de víctimas; además, con viceministros, para explicarles cómo se iba a ejecutar la parte de atención médica. Y en una cosa realmente muy evidente, decían: "¡No!; es que como aquí, como en el gobierno de Uribe todo es así, todo es impuesto, todo [...]". Y las víctimas que estaban ahí decían: "Bueno, sí; pero ¿cuándo empieza el tratamiento?" [...] (Grupo Focal con Profesionales de la Cancillería).

Preocupa mucho la sensibilidad ante las necesidades de las víctimas por parte de sus peticionarios, toda vez que incluso las medidas orientadas a recuperar la salud terminan pospuestas en esta lucha exacerbada. Así, pues, encontramos motivos para una reflexión como la que se está adelantando en estas páginas, ya que resonaba el punto de vista de intelectuales y activistas latinoamericanos:

"[...] la convicción de que son la participación, la pluralidad, el respeto a la diferencia, la transparencia y la rendición de cuentas los valores que están en la base de cualquier intento gubernamental o no gubernamental para ir transformando la sociedad". Como correlato se sostiene que "en nuestras organizaciones debemos practicar lo mismo que le demandamos a las dependencias del gobierno: promover la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, la austeridad, el correcto y austero manejo de los recursos financieros y materiales, la eficiencia, la eficacia. No podemos medir al gobierno con una vara y con otra a nosotros mismos". En el sentido de la última idea, una tercera lección es que el paso por lo público nos ayuda a relativizar esa dicotomía maniquea de sociedad civil buena frente a Estado malo. "Yo aprendí [...] que la corrupción y las prácticas autoritarias no tienen color, y desmitificar muchas cosas que a uno le decían que era el otro" [...] "En mi experiencia aprendí que no todos los 'buenos' están entre los representantes de la sociedad civil, ni todos los 'malos' entre los funcionarios gubernamentales [...]" (Basombrío 2005, 55-56).

Y otro tanto deberíamos añadir de la academia y del potencial benéfico de la sinergia que se buscaba, y que tal vez sea posible si la próxima coyuntura política lo facilita y se anima la reflexión aquí propuesta. Lo anterior nos llevó a buscar la realización de un grupo focal con profesionales del GOI (que se ha venido analizando en estas páginas), a fin de recoger una experiencia sin duda valiosa y, sospechábamos, dura como formación para los profesionales jóvenes que actualmente conforman este grupo:

[...] E:¹² Es decir, de alguna manera tú ves un desfase entre la priorización política de las organizaciones peticionarias y las expectativas y necesidades de las víctimas. PC1/:¹³ Yo voy a decir esto; me atrevo a decirlo, por el trabajo que venimos realizando no solamente en sentencias, sino también en las soluciones amistosas: y es que a mi modo de ver, los representantes sienten más, o les importa más la estrategia política y atacar al Estado respecto a ciertos temas, que en realidad de verdad la representación y los intereses de las víctimas de los casos; así lo siento [...] PC2/: Me parece también a mí que cuando los representantes no hacen parte de estas asociaciones muy conocidas, es mucho más fácil tener diálogo con ellos, porque me parece a mí que en ese caso el trasfondo político no importa tanto, sino que hay más, no sólo hay una relación más cercana con la víctima, sino que hay un interés que a mi parecer es más genuino porque al menos para nosotros es más visible [...] (Grupo Focal – Cancillería.

Priorizar de manera tan radical los intereses y las agendas políticas por encima de las necesidades y expectativas de las víctimas limita en gran medida la aplicación de una premisa básica del enfoque terapéutico para casos de violaciones de Derechos Humanos: "[...] que para superar el daño sufrido, la persona debe desarrollar la capacidad de retomar el curso de su vida [...]" (Lira 2005, 259-260). Parece posible afirmar que en la coyuntura política actual la reparación de las víctimas está supeditada a la oposición política al régimen, por lo cual tampoco hay interés, particularmente en casos emblemáticos, por facilitar procesos de solución amistosa o de reparación anticipada a favor de las víctimas:

[...] PC2/: Para nosotros es importante destacar que en muchos casos el Gobierno adelanta con buena intención los trámites de solución amistosa y que muchas organizaciones prefieren no; si bien manifiestan expresamente que quieren el trámite de solución amistosa, en la práctica no cooperan como se esperaría de acuerdo a la voluntad que manifiestan, para precisamente después decir que fue imposible el trámite de solución amistosa y llevar a la etapa de reparaciones vía sentencia ese tipo de reparaciones que ya se estaban incluso proponiendo en la etapa de solución y por lo tanto sí muestran eso como un logro, digamos de una batalla más o menos ganada: como, "logramos un pronunciamiento en el que obligamos al Estado a", cuando el Estado incluso desde la solución amistosa quería transar. Es como que la víctima termina siendo un premio de quien se la lleva. Si fueron las organizaciones que tuvieron que presionar a la Corte o la Comisión, o si fue el Gobierno por voluntad propia; o sea, es una lucha política [...] (Grupo Focal – Cancillería).

La reparación, cuando llega, debe privilegiar el análisis de los factores del proyecto de vida que se lesionaron a consecuencia de la violación, y las condiciones involucradas en la estructuración de tal proyecto de vida. Cuando hay daño psicológico, el cual se debe en parte al ejercicio de asumirse por largo tiempo como víctima en espera de reparación, se han debilitado e inmovilizado muchos recursos psicológicos en las víctimas, particularmente cuando éstas no están interesadas (ni preparadas) en darle una dimensión de militancia política al aplazamiento de su reparación. Cuando el daño psicológico es menor, en muchos casos se debe principalmente a la resiliencia desarrollada en las propias redes sociales locales:

[...] Palabras, gestos, acciones y dinero son considerados expresiones de reparación casi siempre pensados desde sectores distintos de las víctimas y a veces desde los victimarios sin que se explicite que el agravio suele dejar daños irreparables. Creo que cuando se reconoce que la reparación es limitada sobre daños muchas veces irreparables existe alguna posibilidad de que esas palabras y acciones sean valoradas por las víctimas y puedan "sentirse" reparadas. Pero para muchas víctimas, si no se cambian las condiciones que hicieron posible la violencia, todas las acciones de reparación aparecen como si no tuvieran piso. Pero nos falta que las víctimas sean escuchadas y tomadas en serio [...]¹⁴

En definitiva, vale la pena seguir juiciosamente la recomendación de Lira, en el sentido de ampliar la pretendida escucha a las víctimas, sobre todo buscando reconocer y respetar sus prioridades y posiciones políticas. Los profesionales del GOI señalan lo que consideran diferencias muy importantes entre víctimas que articulan sus expectativas de reparación con un proyecto político y las que buscan una reparación que les permita reconformar un proyecto de vida, que en todo caso nunca es exclusivamente privado y que admite (y se beneficia de) una re-lectura y contextualización políticas:

[...] PC1/: Muchas veces las víctimas desconocen cuál es su posición dentro del proceso. Cuál es la importancia, porque las peticiones se presentan a nombre no del contexto, sino a nombre de una persona o de un grupo de personas y no saben qué tanto le pueden reclamar a las organizaciones. Entonces un poco se atienen a la experticia de las demás personas que anteponen muchas cosas, claro, confían por otro lado y [...] Entonces, a mí me llama, yo creo que en todo caso hay que diferenciar; yo he visto distintos tipos de víctimas. Hay víctimas que ya también están vinculadas con un discurso, que ya están metidas en la agenda política y para esas víctimas una de las prioridades es el tema político. Entonces son víctimas que han enfocado su nivel de reparación en qué tanto se logre eh, como conquistar ante el sistema, de sus intereses de agenda política. Y hay otras víctimas; que esas son la que a mí me parece que están mal informadas, que se les generan falsas expectativas y que terminan no siendo reparadas, que son víctimas que son supremamente humildes y que lo que buscan en realidad es algo más parecido a la reparación que les podría dar el Estado o el contencioso. Que necesitan es volver a recuperar su vida, pero en términos de, pues de dignidad humana, pero de dónde vivir, de un empleo, de una serie de cosas. Resolver una serie de cosas que son totalmente lejanas a la agenda política en su manejo. Entonces hay las dos. Nosotros tenemos de las dos [...] (Grupo Focal – Cancillería).

Como se ve, a nombre de las víctimas, los profesionales del GOI solicitan que se les informe del lugar que ocupan en la agenda política de la organización que busca representarlos, y en ese sentido, que se les informe sobre lo que pueden esperar, o tal vez deberíamos aspirar más bien a que se abra un espacio donde se construya participativamente un perfil del caso que responda o involucre de manera prioritaria las expectativas y necesidades de las víctimas, en el cual ellas hagan parte del proceso de toma de decisiones sobre los componentes de la reparación. Actualmente, queda a discreción de las organizaciones de representantes informar a las víctimas de decisiones que se toman en instancias en la cuales ellas no participan.

Es preocupante que aparezcan evidencias de una comunicación insuficiente entre los peticionarios y las víctimas que representan, porque esto hace pensar en la imposición autoritaria de la lógica de la organización sobre la reparación de las víctimas. Por otro lado, tiende a promover prácticas perversas de actuación desarticulada, en la medida en que no se participa en la viabilización de alternativas para la reparación:

[...] PC3/: A nosotros no nos interesa simplemente cumplir la medida. Nosotros por estrategia podríamos decir: "La Corte nos ordenó y lo vamos a hacer con o sin los representantes". Pero partiendo de la base que los representantes tienen la vocería de las víctimas, pero que en el fondo no es así, nosotros hemos decidido no cumplir con lo ordenado por la Corte y asumiendo un costo político muy alto; porque nos pueden decir: la Corte nos da este 'papayazo' [sic], ¡cumplamos! E/: Ya hay una sentencia, mejor dicho... PC3/: ¡Exacto! O sea, porque la Corte dice: "No importa. Ya ustedes hicieron todo lo posible para que los representantes, para llegar a un acuerdo. Ellos no están de acuerdo, ¡hágale! [sic]". Y nosotros no lo hemos hecho, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Porque a nosotros no nos sirve ir a un acto de reconocimiento a pedir perdón, ¡sin víctimas! Simplemente para cumplirle a la Corte [...] (Grupo Focal – Cancillería).

Los profesionales del GOI reiteran la lógica de oposición estereotipada amigo-enemigo empleada por profesionales de las ONG respecto de funcionarios del Estado, que impide que se traten temas de fondo como el potencial reparador de diferentes intervenciones psicosociales a manos de profesionales que militan (ellos-as mismos-as) como víctimas en organizaciones de Derechos Humanos:

[...] PC1/: Yo agregaría, es que hay una realidad que no podemos desconocer, y es cómo está conformada la sociedad civil, y entonces, por ejemplo, las ONG, y es una realidad súper triste, pero hay muchas ONG que están conformadas en sí mismas por víctimas. Hay activistas de Derechos Humanos muy importantes de este país que en sí mismos son víctimas y que muchas veces no están llevando su caso ante ninguna instancia. Están llevando el caso porque hay otra víctima; pero en cuanto víctimas les hace falta reparación y les hace falta reconciliación y les hacen falta muchas cosas que ellos mismos no tienen. Entonces, digamos que muchas veces están respirando por su propia herida. Y es difícil porque, si bien ellos pueden conseguir muchas cosas para las víctimas que representan su caso, y como ellos lo sienten, y la impunidad que ellos sienten, y todo eso seguirá siempre (x).¹⁵ Entonces ellos como asistencia psicológica a las víctimas y son gente que se puede poner en el papel de las víctimas, pero que no las puede sacar de ahí, porque ellos siempre van a seguir estancados. Y por eso es que, no sé; ustedes que han tratado más con ellos, porque ellos son gente que en muchos casos tienen mucho dolor, mucho rencor. Y hay gobiernos y hay personajes que les inspiran eso más que otros. Y éste es un gobierno que especialmente les inspira eso a algunos. Y hay funcionarios que especialmente les inspiran eso a algunos. Entonces esto se vuelve una lucha, no solamente como organización para reivindicar unos derechos y un contexto, sino para reivindicar un caso propio, y que finalmente nunca van a lograr reivindicar, porque no es su caso propio, pero uno sí siente que la realidad es más compleja, y que está lidiando con organizaciones como que representan todo el dolor, toda la violencia y toda la falta de reparación de este país. Entonces creo que uno no puede hacer una mirada sólo de oposición, sino que ahí está representado todo lo que le ha pasado al pueblo colombiano. Entonces por eso es tan difícil, porque hay muchas cosas sin sanar [...] (Grupo Focal – Cancillería).

O problemas relacionados con las limitaciones en la aplicación de justicia; en otras palabras, sobre el sentido de lo que es reparador para las víctimas, etcétera:

[...] E/: Ustedes que están en el lugar del Estado y les toca actuar a nombre del Estado, qué dirían ustedes como falencias de concepción de Estado que ustedes reciban de las organizaciones de peticionarios. PC1/: Yo iba a decir una cosa demasiado infantil: "No somos su enemigo". No; creo que, es que el tema de justicia es súper difícil. A mí el tema que más duro me da es el de justicia. Y como Estado hay que tener líneas y parámetros bajo los cuales se tratan los casos. Y digamos que la concepción de Estado debe dar reconocimiento a los fallos y a las investigaciones y a todo lo que se hace a nivel interno. Y pues ésa es una limitación conceptual, porque en algunos casos son investigaciones eficaces, pero estamos hablando de investigaciones de hace veinte años la mayoría. Y que han sufrido fallos de la justicia y cada día que pase es más difícil que se logre algo ahí. Entonces una limitación conceptual yo diría: qué reconocer y qué ofrecer en materia de justicia. No sólo conceptual. También, es también práctica. ¡Es que reparación es plata! [...] Nos pueden condenar, nos pueden ordenar veinticinco mil investigaciones, pero es que hay investigaciones que ya no son viables. (Grupo Focal – Cancillería).

En definitiva, para concluir, aunque este tema en Colombia en la actualidad haga parte de los lugares políticamente incorrectos que evitan los intelectuales, vale la pena señalar que si la reparación es condición para la reconciliación, al dificultarla se contribuye a la reproducción de la fragmentación social y a la revictimización.

Lo anterior es importante si se toma en consideración el hecho de que muchas organizaciones de la sociedad civil no creen en la reconciliación y defienden exclusivamente la verdad y la justicia. En forma permanente aparecen movimientos y patrones de militancia que promueven la idea del olvido cero como consigna básica, que vincula la narrativa identitaria de las víctimas asociadas o a las cuales representan, suscitando la culpabilización de cualquier pretensión de dejar atrás la memoria de la violación.

En tal sentido, parece no reconocerse la diferencia necesaria entre el posicionamiento personal en la narrativa identitaria y la memoria histórica, necesariamente colectiva y de gran escala. La primera implica de suyo no sólo una permanente reconstrucción del pasado en el presente (Harré y Van Langenhove 1991), sino la construcción de relatos identitarios con mejor forma (Sluzki 2006) terapéuticamente empoderantes y sanadores, que liberen los recursos emocionales para proyectar el propio ciclo vital.

Por otro lado, es indispensable mirar críticamente cómo afectan el bienestar de las víctimas las distintas agendas políticas y las posturas personales en relación con los gobiernos de turno, antes que asumir que tales agendas y posturas son las que permiten articular el contexto sociopolítico al acompañamiento psicosocial, dándole, de hecho, una adecuada dimensión reparadora. Esperamos contribuir a animar una sana reflexión sobre las prácticas de cada quien en función de la reparación y su impacto sobre el bienestar de las víctimas.

En efecto, en muchos casos la aproximación integral de los procesos de atención psicosocial en el marco de la reparación implica que la reconstrucción del contexto sociopolítico interpele centralmente la memoria y el olvido de los participantes en relación con prácticas que en el pasado sustentaron la vida y los vínculos vitales. Un análisis del olvido de prácticas culturales ancestrales, por ejemplo – antes que una lectura exclusiva del posicionamiento de las víctimas en la dinámica política del conflicto (y como consecuencia, en la militancia de las organizaciones), que hace parte de las peores formas de pobreza en cuanto se materializan en el cuerpo (García Canclini 1987), a la manera de habitus–, hace parte de aquello que la intervención psicosocial debe abordar terapéuticamente.

El compromiso ético de la acción sin daño hace parte de los criterios con los cuales los psicólogos construccionistas, de manera crítica, evaluamos nuestra propia práctica terapéutica y reflexionamos sobre ésta. Sin duda, aunque indispensable para la intervención psicológica, éste no es un criterio que se aplique con exclusividad a tal actividad. En efecto, recomendamos que sea un criterio privilegiado en el acompañamiento sociojurídico de las víctimas de delitos contra sus Derechos Humanos, ante el cual la responsabilidad de la acción oportuna en función de las necesidades y expectativas de las víctimas haga parte del contexto explícito de coordinación entre los actores involucrados en el proceso de reparación.

¹ Grupo de Investigación reconocido y clasificado por Colciencias (Departamento administrativo que lidera la política de ciencia y tecnología en Colombia), liderado por Ángela María Estrada Mesa, PhD en Psicología Social y catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Proyecto financiado por IDRC-Canadá.

² Por motivos éticos los nombres propios han sido eliminados para garantizar la necesaria confidencialidad.

³ Se debe reconocer que lamentablemente en Colombia no existen organizaciones fuertes de profesionales de la intervención clínica.

⁴ Creado mediante la Directiva Presidencial 002 de 2005, el cual está conformado por funcionarios del Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia y Programa Presidencial de Derechos Humanos.

⁵ Otros artículos del GPSC en este número de la Revista de Estudios Sociales analizan las retóricas disciplinares que operan como recursos interpretativos y para la acción de los profesionales que llevan a cabo la atención psicosocial.

⁶ Por ello, lamentamos las denuncias aparecidas contra la Casa de Nari-ño en relación con la investigación ilegal de distintas personas consideradas de oposición al régimen, entre las que se encuentran defensores de Derechos Humanos. Estas graves denuncias, sin embargo, no invalidan ni deslegitiman que las tensiones Estado-Sociedad Civil, exacerbadas durante este gobierno, hayan tenido unos efectos perversos e indeseables sobre las víctimas.

⁷ Es el caso de Eduardo Pizarro Leongómez y Ana Teresa Bernal en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) o de Gonzalo Sánchez en la Comisión de la Memoria, entre otros. Véase http://www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?article4

⁸ Investigadores como Alejo Vargas (2010) recientemente han reconocido que en Colombia están teniendo lugar simultáneamente dinámicas de conflicto y posconflicto, toda vez que procesos de desmovilización y negociación coexisten con hostilidades entre las Fuerzas Armadas y las FARC, principalmente.

⁹ Tanto Basombrío (2005) como nosotros, cuando hablamos de sociedad civil, nos estamos refiriendo casi exclusivamente a ONG y movimientos cívicos "con cierto nivel de institucionalidad y profesionalismo" (p. 21).

¹⁰ Las soluciones amistosas son aquellas en las cuales las partes acuerdan un acercamiento amigable, entre otros aspectos, en materia de la reparación de las víctimas, dispensándose del litigio ante los órganos del Sistema Interamericano. La lentitud de los procesos en dicho Sistema conduce a que aspectos críticos de la reparación como la salud o la capacitación, factores determinantes para la dinamización de proyectos de vida muchas veces afectados por los eventos objeto de la reparación, pierdan la posibilidad de la oportunidad, revictimizando a las personas afectadas.

¹¹ El programa bandera del presidente Uribe que hace énfasis en una solución militar antes que negociada del conflicto y que afirma la falta de voluntad de negociación por parte de la guerrilla.

¹² E: Entrevistador(a).

¹³ PC: Profesionales de la Cancillería.

¹⁴ Comunicación personal con Elizabeth Lira (2010).

¹⁵ Palabras perdidas en la transcripción.

REFERENCIAS

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7. Martín-Baró, Ignacio. 1990. La Psicología Política latinoamericana. En Psicología de la liberación para América Latina, eds. Geraldo Pacheco y Bernardo Jiménez, 91-114. Guadalajara: ITESO.        [ Links ]

8. Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo. 2003. El embrujo autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo.        [ Links ]

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10. Sluzki, Carlos. 2006. Victimización, recuperación y las historias "con mejor forma". Sistemas Familiares 22, No. 1-2: 5-20.        [ Links ]

11. Vargas Velásquez, Alejo. 2010. ¿Es posible y deseable la solución del conflicto interno armado colombiano hoy? En Colombia: escenarios posibles de guerra y paz, ed. Alejo Vargas Velásquez, 19-92. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - UNIJUS.        [ Links ]