transnacionales de organizaciones indígenas. Análisis del uso de las redes en conflictos socioambientales^*

Marcela Paz Herrera^**

^** Doctora en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente se desempeña como consultora independiente en el área ambiental y participación ciudadana tanto en el ámbito de la gestión pública como privada. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: "Ecoturismo en Comunidades Indígenas. Condiciones e implicancias sociales y culturales para el desarrollo del ecoturismo en comunidades pehuenche del Alto Bío-Bío". En Turismo, reflexividad y procesos de hibridación cultural en América del Sur austral Asociación, coordinado por Margarita Barretto, 17-44. Tenerife: Asociación Canaria de Antropología, 2010 y "Conflictos ambientales en territorios indígenas y nuevas formas de acción colectiva". En Participación ciudadana y movimientos sociales: perspectivas analíticas y estudios de caso en América Latina, editado por Agripino Coelho Neto, 148-160. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto, 2011. Correo electrónico: marcepazh@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.04

RESUMEN

El artículo es resultado de una investigación doctoral que abordó la política indígena contemporánea analizando la conformación y el uso de las redes transnacionales de organizaciones indígenas, en el marco de los conflictos socioambientales. Se trató de un estudio de caso, en el cual se analizó una coalición indígena transnacional y tres conflictos socioambientales provocados por la instalación y desarrollo de proyectos de explotación extractivista. El enfoque teórico implicó un recorrido conceptual sobre la sociedad civil, los movimientos sociales transnacionales y la etnicidad. Esto último considerando que la reivindicación étnica se explica por la conformación de vínculos supralocales y transnacionales. En el caso analizado se constató el protagonismo adquirido por las organizaciones no gubernamentales dentro de esta red.

PALABRAS CLAVE

Redes transnacionales, indígenas, etnicidad, conflictos socioambientales (palabras clave de autor).

Transnational Networks of Indigenous Organizations: Analysis of the Use of Networks in Socio-Environmental Conflicts

ABSTRACT

The article is the result of a doctoral research project that addressed the issue of contemporary indigenous policies by analyzing the formation and use of transnational networks of indigenous organizations within the context of socio-environmental conflicts. It was a case study involving a transnational indigenous coalition and three socio-environmental conflicts caused by the installation and development of extractive exploitation projects. The theoretical focus entailed a review of the concepts of civil society, transnational social movements, and ethnicity. The last of these was done considering that ethnic vindication is explained by the formation of supra-local and transnational ties. In the case analyzed, the leading role played by non-governmental organizations within this network was evident.

KEYWORDS

Transnational networks, indigenous people, ethnicity (Thesaurus); socio-environmental conflicts (Author's Keywords).

Redes transnacionais de organizações indígenas. Análise do uso das redes em conflitos socioambientais

RESUMO

Este artigo é resultado de uma pesquisa de doutorado que abordou a política indígena contemporânea analisando a conformação e o uso das redes transnacionais de organizações indígenas no âmbito dos conflitos socioambientais. Tratou-se de um estudo de caso, no qual se analisou a coligação indígena transnacional e três conflitos socioambientais provocados pela instalação e desenvolvimento de projetos de exploração extrativista. O enfoque teórico implicou um percorrido conceitual sobre a sociedade civil, os movimentos sociais transnacionais e a etnicidade. Este último considerando que a reivindicação étnica se explica pela conformação de vínculos supralocais e transnacionais. No caso analisado, constatou-se o protagonismo adquirido pelas organizações não governamentais dentro dessa rede.

PALAVRAS-CHAVE

Redes transnacionais, indígenas, etnicidade, conflitos socioambientais (palavras do autor).

Introducción

En las últimas décadas y especialmente en los años noventa surgieron y se multiplicaron movilizaciones indígenas en diversos países de América Latina. Aun cuando éstas daban cuenta de formas e intensidades diferentes, apelaban en común al reconocimiento de derechos dentro del marco de los Estados nacionales (Stavenhagen 1997). En este contexto histórico, también se destacaron la formulación y aplicación de marcos jurídicos e institucionales de carácter internacional de derechos de los pueblos indígenas, contribuyendo a impulsar estos procesos movilizadores de re-etnificación identitaria y de etnogénesis que revelaron la existencia de un nuevo actor indígena que iba a desplegar estrategias políticas específicas, en las que particularmente las alianzas con otros actores fueron y siguen siendo de fundamental relevancia (Brysk 2009; Martí 2004; Ortiz 2012). Aquello no es casual si se considera que la re-etnificación se constituye en el ámbito relacional, a través de la interacción entre los espacios locales y supralocales, e incide en la forma y contenidos discursivos de los actores, redefiniendo y reposicionando sus identidades y sus estrategias de acción política (Espinoza 2011).

Para comprender la política indígena contemporánea es importante el concepto de etnicidad (Bartolomé 2002; Bello 2004; Bengoa 2007), concebido como aquella identidad que se convierte en eje de acción política y de visibilidad pública de acciones indígenas en la sociedad. Con ello se da cuenta de un proceso social y relacional en cuyo interior se construye la condición étnica de un grupo específico (Bello 2004; Martí 2004 y 2010).

Es importante señalar que la conformación de redes, especialmente en América Latina, se debe tanto a factores endógenos como exógenos (Martí 2004; Serbin 2002). Desde las bases locales y el trabajo de organismos no gubernamentales (ONG) hasta la incidencia de las agendas y fondos de los organismos multilaterales.

Estas redes no son en lo absoluto homogéneas u horizontales porque en aquellas han confluido actores con distinta capacidad de agencia y esto incide en el devenir de su acción política (Segato 1999). Este tejido constituye redes de poder, entendiendo la complejidad en la relación de estos actores que directa e indirectamente participan allí. Asimismo, estas redes son comprensibles dentro del marco de la movilización indígena y, por lo tanto, conllevan acción colectiva contenciosa. En este sentido, se percibe una realidad conflictuada, en la que emergen aliados y antagonistas (Melucci 2002; Tarrow 2011).

No se puede desconocer, por otro lado, que estas redes transnacionales y la construcción del sujeto indígena que allí se revela han incidido en e influenciado la creación del régimen de derecho internacional que ha instalado la multiculturalidad y la aplicación de políticas de reconocimiento hacia los pueblos indígenas (Gros 1999). Igualmente, el activismo de estas redes se incentiva por la existencia de este régimen.

Con todo, es interesante observar que existe en la política y en el movimiento indígena una inclinación hacia lo transnacional. Esta tendencia respondería a un mayor nivel de confianza de los actores hacia este ámbito, cuando sus demandas no son acogidas por las instituciones políticas o jurídicas nacionales (Martí 2004). Se observa de esta forma un uso estratégico de la acción colectiva: actuar globalmente para promover cambios a nivel local.

El escenario descrito da cuenta de cómo la etnicidad se complejiza debido a que no sólo se constituye en relación con y en oposición al Estado, actor que por lo demás ha desplazado su capacidad de agencia en beneficio de otros agentes económicos y organismos multilaterales internacionales. Esto no significa que aquel deje de estar presente en la reificación de fronteras, a través de la política de la diferencia (Gros 1999). Por el contrario, el Estado también ha contribuido a la construcción del sujeto político indígena, entre otros aspectos, levantando procesos de etnogénesis, es decir, haciendo emerger identidades y sigue siendo el principal objeto de interpelación para los pueblos indígenas.

En la investigación doctoral, se consideró que un ámbito privilegiado para observar y analizar este fenómeno de conformación de redes transnacionales indígenas es aquel que ha intervenido en conflictos socioambientales, provocados por la instalación de proyectos de desarrollo.

Estos conflictos dan cuenta, en especial, de la predominante presencia e interés de compañías transnacionales en territorios donde se han asentado tradicionalmente pueblos indígenas, con el objetivo específico de emprender actividades extractivas (mineras, forestales, petroleras, hídricas, entre otras) consideradas estratégicas por algunos dada la magnitud de la inversión de capital y su capacidad para contribuir supuestamente al crecimiento económico de los países. Sin embargo, esta intervención se confronta con la demanda de estos pueblos por la defensa, control y autonomía de sus territorios. Se generan conflictos que van más allá de la dimensión ambiental dados los efectos de los proyectos y se definen como conflictos multidimensionales (Muñoz 2013) por la diversidad de intereses que se demandan. Esta realidad es vivida y percibida como común por diversos pueblos indígenas, más allá de las diferencias locales y nacionales. Y esta realidad no se detiene a pesar de los regímenes jurídicos vigentes (Brysk 2009).

La investigación realizada se planteó como un estudio de caso e implicó dos líneas de acción metodológica. La primera, conducente a analizar una forma de acción colectiva transnacional que se articula en red, en específico: la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), instancia constituida en el año 2006 que actualmente está conformada por cuatro organizaciones supralocales de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia,¹ y que desde sus inicios había otorgado gran relevancia en su agenda a la problemática del extractivismo.

La segunda línea metodológica, y también analítica, conllevó una mirada a lo local para abordar casos de conflictos socioambientales insertos en los países en los cuales la CAOI tenía presencia, centrando la mirada en aquellos conflictos provocados por proyectos extractivistas. Se trató de los conflictos mineros de Tintaya en Perú y de Kori Kollo en Bolivia, y el conflicto petrolero de Sarayaku ubicado en la Amazonía ecuatoriana.

Los objetivos del estudio se orientaron a identificar y desentrañar cómo se construyen redes supralocales, qué características presentan, cuáles son sus impactos en el devenir del conflicto, y por otro lado, cómo ha intervenido el componente étnico en estos casos de conflictividad.

La investigación implicó levantar información de diversas fuentes secundarias² y hacer un trabajo de campo basado en la realización de múltiples entrevistas en profundidad a líderes de organizaciones indígenas que formaban parte de la CAOI y de las orgánicas nacionales que la constituyen. Igualmente se entrevistaron representantes de organizaciones indígenas y no indígenas, representantes de las ONG nacionales e internacionales, y autoridades locales en los territorios donde tuvieron lugar los conflictos socioambientales analizados. También fueron objeto de observación determinadas instancias de encuentro organizacional de los actores implicados. El trabajo de campo se efectuó en diversos períodos entre los años 2012 y 2013.

Desde lo transnacional: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

La investigación logró concluir que la CAOI ha representado un espacio de interacción para líderes indígenas. Se ha constituido como uno de los múltiples ámbitos de acción en el cual interviene una elite dirigencial, ya que en esta instancia transnacional participa un grupo limitado de representantes de las organizaciones étnicas que la constituyen. La CAOI es resultado de la confluencia de actores y marcos normativos, de la cual deviene una difusa red transnacional caracterizada por la multiplicidad y diversidad de agentes que participan. En este sentido, si bien se confirma lo estratégico que resulta para las organizaciones indígenas la participación en redes transnacionales, a la vez, en gran medida, estas organizaciones son también producto de esta red.

En particular ha sido inesperado observar el rol protagónico y la incidencia que tuvo -y sigue teniendo- la ONG internacional Oxfam América respecto al surgimiento y funcionamiento de esta coalición étnica, al formular y llevar a cabo el programa de intercambio de experiencias entre líderes de organizaciones indígenas fundantes de la CAOI.³

Este protagonismo no es casual, considerando que Oxfam y otras ONG fueron fundamentales para el surgimiento de organizaciones indígenas en Latinoamérica (Brysk 2009). Un antecedente que por lo demás fue gravitante para el movimiento indígena de la región andina (Máiz 2004). Diversas ONG adquirieron presencia desarrollando un trabajo en los países tercermundistas (Sorj 2005), y desde aquel horizonte organizaciones como Oxfam dirigieron su atención hacia la realidad de los pueblos indígenas que se habían caracterizado por la marginación social y económica, incluso los Estados habían invisibilizado su condición étnica (Albó 2008). Desde la década de 1980, diversas agencias de cooperación y ONG incorporaron en su discurso y estrategia de acción hacia estos pueblos una mirada positiva hacia la etnicidad, proponiendo como alternativa el etnodesarrollo en un contexto de surgimiento y consolidación del régimen internacional de derechos (Martí 2004). Oxfam se había caracterizado por sus alianzas históricas y estratégicas con aquellas organizaciones étnicas (Brysk 2009) dirigiendo su atención hacia su fortalecimiento y promoviendo la conformación de alianzas, como un insumo para aumentar el capital social de aquellas. Por cierto, sin revelar en su enfoque la complejidad que adquieren las relaciones sociales que implican conflicto y relaciones de poder.⁴ Si bien no fue objetivo directo de la ONG levantar una coalición indígena transnacional, Oxfam había acompañado la conformación de organizaciones similares como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) (Chase 1996 y 2002). Dicha ONG internacional propició la construcción de una identidad indígena regional asumiendo en principio la existencia de un corpus identitario homologable en las tierras altas de los tres países andinos (Bolivia, Perú y Ecuador) y teniendo como principal referente organizativo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Para Oxfam esta organización y su filial Ecuarunari debían ser objeto de aprendizajes para las otras dos organizaciones: Conacami de Perú y Conamaq de Bolivia, a las que consideraba más debilitadas étnicamente (Oxfam América 2007).

Es importante consignar que este proceso de surgimiento y desarrollo histórico de la CAOI no respondió sólo al trabajo unilateral de Oxfam. No es posible suponer pasividad en los líderes indígenas de aquellas organizaciones que fundarían la Coalición. El programa de intercambio de experiencias de la ONG se insertó en el contexto y en el campo de acción e influencia de una densa red transnacional indígena ya existente en la región. La CAOI se forja no sólo como el resultado de tal programa, también por factores como el empoderamiento que van alcanzando los líderes de las organizaciones indígenas andinas, que ya preveían, por ejemplo, la existencia de la Coica como proyecto político de los indígenas amazónicos. A través del programa, de los encuentros, de las redes comunicacionales los líderes que sentían ser portadores de una realidad común, plantearían la creación de la CAOI para así formular una agenda reivindicativa propia, concebida como un nuevo proyecto político.

Con todo, a partir de la creación de la CAOI se levantó un discurso de reivindicación étnica en relación con el indígena global y también el indígena andino. Se observó el despliegue de un discurso esencialista y primordialista con relación a lo étnico que, en particular, se hizo presente en el denominado discurso del Buen Vivir, en el cual se destaca el vínculo con la ancestralidad. Un vínculo y una herencia que los sitúa en relación con el pasado y que genera la hermandad indígena en el presente, al mismo tiempo que los separa del resto de la sociedad responsable de la actual crisis civilizatoria (CAOI 2010). En este sentido, no se concebiría lo étnico como una construcción histórica y relacional. Desde esta perspectiva cobraría sentido lo planteado por Breton quien sostiene que este paradigma "difunde una imagen arquetípica, descontextualizada y mística de una`civilización andina' portadora de ontologías vitalistas y relacionales que, de manera misteriosa [...] han permanecido incontaminadas por la cultura occidental lo cual connota un sentido estático de las sociedades indígenas aun cuando proponga un modelo de desarrollo alternativo" (Breton 2013, 80). No obstante, para complejizar la reflexión sería pertinente recurrir al concepto de esencialismo estratégico de Spivak (1987) para considerar que los indígenas como grupos subalternos asumen esta posición esencialista que otorga conciencia colectiva, permitiendo una mayor eficacia en su acción contra los sectores hegemónicos.

Por consiguiente, la identidad étnica para la CAOI constituye un recurso o, más exactamente, una estrategia de acción política en tanto desarrolla sus demandas apelando y fundamentándose con relación a su especificidad identitaria como indígena y como andina. La identidad se torna estratégica para el logro de sus fines políticos.

Respecto a los temas que han formado parte de la agenda reivindicativa de esta coalición se destaca la defensa de sus territorios como respuesta a la instalación de proyectos extractivistas que han proliferado de manera creciente en la región centro andina donde la CAOI tiene presencia. Esta coalición se ha enfrentado a estos proyectos bajo el principio de autonomía territorial, lo cual plantea que la conflictividad que generan estos proyectos no es de carácter meramente socioambiental cuando se realizan en territorios vinculados a pueblos indígenas. Estos fenómenos son más bien consecuencia de la vulneración de sus territorios, de ahí la necesidad de su defensa, considerando además que el territorio es la fuente de identidad para aquellos grupos que basan su acción política en la etnicidad.

Al hacer lectura de las acciones desplegadas por esta coalición transnacional indígena se constata su rol como red de comunicación, pero también ha adquirido centralidad su trabajo dentro de la llamada diplomacia indígena, lo cual llama insistentemente a la capacidad de la coalición para generar lo que ellos mismos llaman incidencia en el ámbito internacional, especialmente con organismos multilaterales como la ONU, pero también con los gobiernos nacionales. Básicamente se trata una diplomacia que tiene un carácter cada vez más institucional, en tanto ha sido conferido de modo predominante por los propios organismos internacionales que han abierto los espacios para aquel ejercicio diplomático (Santamaría 2008). Lo señalado, no obstante, no significa desconocer la apropiación que los líderes indígenas hagan de dichos espacios como tampoco ignorar la posibilidad de que estos actores construyan nuevos ámbitos de acción política internacional. Con todo, es relevante afirmar que la participación de la CAOI en los conflictos socioambientales ha radicado precisamente en el ejercicio comunicativo y en la diplomacia indígena.

Por último, cabe hacer notar que la CAOI es una red en sí misma y se ha incorporado desde sus inicios a una red transnacional. De esta manera la CAOI ha interactuado con otros diversos actores (indígenas, no indígenas, ONG, Agencias de Cooperación Internacional, etcétera) lo que sin duda le ha permitido nutrirse de la red, ampliarla y diversificada, al tiempo que ha ido incorporando nuevos aprendizajes para relacionarse con los organismos, agencias y gobiernos en los cuales ha buscado generar resultados o instalar agendas como la de su oposición al extractivismo.

De lo local a lo transnacional: conflictos socioambientales

Como se indicó, los tres conflictos analizados se sitúan en la región centro andina en América del sur donde precisamente la CAOI ha tenido presencia.

En primer lugar, el conflicto en torno al Proyecto Minero Tintaya se ubica en el distrito y provincia de Espinar, en el sur de Perú. La actividad minera en este territorio se remonta a la segunda década del siglo pasado cuando, en 1917, la empresa estadounidense denominada Andes Explotation of Mine identificó la existencia de reservas de mineral en la comunidad campesina de Anta Cama (Camacho y Lossio 2007). Tras un cambio de denominación, el yacimiento de tipo tajo abierto se constituyó en 1981 en la Empresa Minera Especial Tintaya cuyo propietario principal era el Estado peruano. La trayectoria de Tintaya ilustra diferentes etapas: desde la fase inicial, bajo la gestión de una empresa pública, pasando por la etapa de privatización y la llegada de empresas transnacionales que expandieron aún más las operaciones mineras en la segunda mitad de la década de 1990 hasta la fecha (De Echave et al. 2005). Este conflicto ha dado cuenta de la persistencia de un grupo heterogéneo de actores sociales que han confrontado una y otra vez a las compañías mineras que allí se han instalado. En esta larga e incesante conflictividad ha quedado de manifiesto, entre otros aspectos, la intensa e histórica participación de la población local en instancias de organización sociopolítica, comenzando por el referente sindical campesino que se gesta en la base comunitaria y se extiende a espacios supralocales como la Federación Única Campesina de Espinar del Cuzco hasta la Confederación Campesina del Perú.

Por su parte, el conflicto en torno a la actividad petrolera liderado por el pueblo kichwa de Sarayaku se sitúa en la Amazonía ecuatoriana,⁵ en la provincia y cantón de Pastaza a orillas del río Bobonaza. El conflicto inició a finales de la década de 1980, cuando el gobierno de Febres Cordero⁶ abrió la actividad petrolera al capital extranjero por medio de contratos de prestación de servicios en las denominadas Rondas de Licitaciones con el objetivo de concesionar bloques petroleros, incorporando de este modo nuevas áreas a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, hecho que llevó a ampliar la frontera petrolera (Fontaine 2003). El conflicto en Sarayaku se generó con la sola presencia de la actividad petrolera en el territorio de este pueblo, más allá de la empresa o compañía extractiva responsable. Si bien en la actualidad se vincula este caso específicamente con relación al conflicto sostenido con la Compañía General de Combustible (CGC) de origen argentino, aquello refiere particularmente al proceso judicial llevado a cabo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En la investigación realizada se amplió la mirada, identificando etapas o conflictos anteriores y posteriores a la relación de Sarayaku con CGC, pero que en su conjunto hacen referencia a la oposición y resistencia de este grupo indígena con la actividad petrolera.

Por último, el yacimiento aurífero Kori Kollo se ubica en las provincias de Saucari y Cercado pertenecientes al departamento de Oruro en el centro sur de Bolivia. El yacimiento fue conocido por los indígenas de la zona y explotado esporádicamente por los españoles hasta principios del siglo XIX; posteriormente fue explotado y abandonado por agentes mineros privados nacionales y extranjeros. A finales de 1979 la minera fue adquirida por un industrial boliviano quien años después se asoció con una empresa norteamericana y constituyeron en 1982 la Sociedad Inti Raymi S.A. (Emirsa). El conflicto en torno a este proyecto se ha desarrollado en una región donde el sindicalismo minero y campesino ha sido determinante en la vida social y política de los actores sociales.

Por problemas de extensión en este artículo no es posible detenerse a describir cada uno de los tres casos de conflictividad por separado, de tal forma que se desarrollará a continuación un resumen comparativo.

Primero, cabe señalar que estos tres casos de conflictividad aun cuando han estado insertos en regímenes políticos disímiles, de carácter más neoliberal en Perú (De Echave 2008) o más próximo al socialismo en Ecuador y Bolivia, los gobiernos igualmente han avalado y legitimado la actividad económica extractivista, más aún, se le ha considerado la base de la economía nacional.⁷

Esta legitimidad contrasta con la respuesta de las comunidades locales que, más allá de las particularidades en los procesos sociohistóricos vividos, han manifestado de manera creciente oposición a la instalación o a la modalidad de desarrollo de esta actividad económica y han contribuido con ello a hacer de esta problemática un fenómeno en extremo contingente. Además, los tres casos analizados muestran el carácter multidimensional de los conflictos, debido a que la controversia no solo ha radicado en el impacto ambiental de los proyectos, sino también en sus implicancias socioeconómicas, políticas, psicológicas e identitarias que dan cuenta de la multiplicidad de intereses que encierra cada conflicto.

En estos tres casos se observaron redes políticas pre-existentes al conflicto. Tanto en el caso de Tintaya como en el de Kori-Kollo aquellas referían a las organizaciones sindicales campesinas de carácter local, regional y nacional, aun cuando estas tuvieron escasa presencia en el curso de la controversia, especialmente en Kori Kollo. En el caso de Sarayaku, las redes pre-existentes eran indígenas, construidas a partir de la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP). Organización que había liderado el movimiento amazónico de comienzos de la década de 1990 y que se encontraba además afiliada a otras organizaciones indígenas supralocales, que además se relacionaban con organizaciones ambientalistas. Por consiguiente, en Sarayaku se observaron redes transnacionales ya en la primera etapa de conflicto.

En el curso de estos tres procesos conflictivos fueron adquiriendo posicionamiento dentro de la red nuevos actores de la sociedad civil. En particular, en la década de los 90 surgen organizaciones ciudadanas tales como el Frente de Defensa de Espinar (Fudie) en el caso de Tintaya, y la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup) en el caso boliviano. Ambas entidades se caracterizaban por integrar una diversidad de actores y discursos. Estas organizaciones, además, ocupaban una amplia extensión territorial urbano-rural, más allá de las comunidades circundantes a las mineras. La participación de agentes externos y particularmente de varias ONG se produjo tardíamente en estos dos casos, en comparación a lo acontecido en Sarayaku, que desde sus inicios hasta el final del proceso ha contado con la colaboración de estos agentes tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto a los discursos que circulan en estas redes, sin duda se observaron importantes diferencias, en particular respecto a la etnicidad. Los conflictos de Tintaya y Kori Kollo surgen en la década de los ochenta. En ambos casos predominaba la organización sindical campesina, invisibilizando al indígena, especialmente en Perú. Con la llegada en escena de la Fudie y Coridup lo étnico no se manifiesta directamente o se difumina en la mixtura de la organización. En el caso de Tintaya, la inclusión del discurso étnico en el discurso político se producirá más adelante en la década del 2000 tras la presencia de Conacami⁸ y la conformación y participación de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (Corecami) en Cuzco.⁹ No obstante, esta inclusión sería parcial. Sólo en la última etapa del conflicto lo étnico adquiere mayor significación tras incorporarse en el debate la ley de consulta previa del Convenio 169 de la OIT, y considerando que aquello podría convenir a los objetivos del movimiento.

Si bien la Coridup -y en su conjunto la red que ha participado en este caso- incorporó algunos elementos del discurso étnico, no se ha tratado de un relato basado únicamente en la etnicidad en tanto prevalecen demandas de clase en las que se reclama justicia ambiental e igualdad en el control de los recursos naturales. Un discurso que incorpora tramas del derecho ambiental e indígena internacional y de otras diversas fuentes, complejizando la construcción de marcos de acción colectiva. Esta posición es muy similar a la que sostiene la Fudie. En ambos casos, tanto en Tintaya como en Kori Kollo, no se objeta la presencia de las mineras en el territorio, más aún, se asume que estas actividades pueden contribuir efectivamente al desarrollo económico y social de la región. Lo que preocupa a los actores, entonces, es la contaminación ambiental que puede afectar el sistema de vida y sobre todo las actividades agropecuarias de la zona. En este sentido prevalece un discurso de clase en tanto se percibe que pueden ser objeto de afectación los medios de subsistencia campesinos. Pero, además, interesa en ambos casos (especialmente en Tintaya) la redistribución de los beneficios generados por la explotación minera, y no solamente la compensación por el daño ambiental que esta genera.

El caso Sarayaku guarda profundas diferencias con los anteriores. La población local que centraliza la red se opuso desde el inicio a la instalación de la actividad petrolera en su territorio por considerarla una amenaza a su autonomía territorial. El discurso dominante daba cuenta de que el territorio no solamente guarda significación económica como fuente de recursos para la subsistencia del grupo, sino que también expresa connotaciones simbólicas referidas a su identidad cultural. En este sentido el territorio constituye la base de su cultura, por consiguiente, si este espacio es amenazado también se amenaza la existencia física y cultural de grupo. En este caso no se trata de un mero conflicto ambiental. Es un conflicto territorial por los sentidos que lo ambiental confiere cuando interviene la etnicidad. Para Sarayaku, el discurso de la identidad étnica y de la autonomía fueron claves en la confrontación con la petrolera y muy especialmente con el Estado ecuatoriano.

Respecto a los recursos de movilización de la acción colectiva, se observaron similitudes en los tres casos respecto al uso de estrategias que históricamente habían sido utilizadas por los actores, y que en su mayoría se vinculaban a prácticas políticas tradicionales del movimiento sindical obrero y campesino: marchas y tomas de camino, entre otras prácticas.¹⁰ Los movilizados de Sarayaku incorporarían estrategias de carácter cultural con un claro contenido simbólico como los llamados campamentos de paz y vida.¹¹ Los agentes externos que se incorporaron en las redes de defensa contribuyeron a la incorporación de nuevas estrategias básicamente comunicacionales como campañas de sensibilización. Se utilizaron igualmente mecanismos modernos de confrontación como la judicialización, acorde al régimen del derecho internacional y de negociación como las mesas de diálogo en Tintaya.

Es importante enfatizar que en los tres casos analizados participaron ONG, en diversos momentos o de manera permanente. Fueron estas organizaciones las que posibilitaron en menor o mayor medida la internacionalización de los conflictos y la materialización de redes de defensa transnacional. En este sentido, se destaca su asesoramiento y acompañamiento a Sarayaku en el proceso de judicialización ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que diez años después fallaría a favor de los indígenas condenando al Estado ecuatoriano (Corte IDH 2012).¹² Por cierto, este llamado a la justicia internacional revelaría con intensidad el llamado efecto boomerang (Keck y Sikkink 2000).¹³ Este opera también en el caso Tintaya, cuando a través de la Conacami y su conexión con la red Oxfam posibilitaron que denuncias locales fueran atendidas por la transnacional minera en su oficina central en Australia, lo cual permitiría la conformación de la primera mesa de diálogo en Espinar.

Sin duda, la recurrencia hacia el ámbito internacional para el cumplimiento de objetivos se torna una constante en los conflictos socioambientales y territoriales contemporáneos. Se constata entonces que la intensificación de esta estrategia de acción colectiva deviene de la falta de respuesta de las instituciones políticas nacionales y la mayor confianza de los actores hacia la institucionalidad internacional.

Si bien en Kori Kollo no se produjo el efecto boomerang en ninguna de las etapas, sí se desarrolló una campaña de defensa que da cuenta de una red transnacional que ha sido particularmente promocionada por varias ONG como el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), vinculada a la Iglesia católica (Damonte 2011). Muy similar, por consiguiente, al proceso ocurrido en Tintaya en sus últimas etapas cuando adquiere centralidad la participación de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani y facilita su propia red a la Fudie para sensibilizar internacionalmente en torno a su causa. Los actores locales esperaban el surgimiento de una sensibilidad global para que en última instancia interviniera a su favor la institucionalidad y el marco jurídico nacional.

Cabe anotar que las ONG que hicieron parte de las redes en los casos abordados presentaban con predominancia un perfil vinculado al desarrollo local, a los derechos humanos e indígenas, y en menor medida, se incorporaron ONG ambientalistas. Sólo en el caso Sarayaku se hicieron presentes organizaciones con este perfil (Rainforest Action Network, Oilwatch, entre otras), lo que podría atribuirse entre otros factores al significado que encierra la Amazonía para el ambientalismo mundial, claramente conservacionista. Pero, además, el componente indígena fue más revelador en este caso, aspecto que particularmente suscitó la atención del activismo indígena y ambiental transnacional. En este sentido, se podría considerar que en los conflictos ambientales o más exactamente territoriales que connotan etnicidad adquiere mayor visibilidad la conformación de redes transnacionales y su impacto es mayor que en los conflictos donde este componente es más difuso o inexistente, como ocurrió en Tintaya y Kori Kollo.

La efectividad de las redes transnacionales en los conflictos analizados ha sido diversa y a la vez dispar. Ha permitido en el caso de Tintaya avanzar en la negociación con la empresa minera en relación a la gestión de la contaminación ambiental y la redistribución de los beneficios que aquella genera. En el caso de Kori Kollo, la campaña internacional no impactó considerablemente en el devenir del conflicto, más bien fue gracias a los propios actores locales (con los recursos disponibles en materia legal y la presión ejercida a través de la movilización) que se obtuvieron logros parciales, como la puesta en marcha de la auditoría ambiental. El caso Sarayaku revela un desenlace diferente porque el conflicto finalmente se resolvió en el ámbito de la judicialización internacional, proceso que contó con el apoyo y acompañamiento directo y visible de varias ONG nacionales e internacionales.

Es relevante señalar que en los tres casos analizados sigue siendo el Estado el principal objeto de interpelación. Aquello se evidencia en el caso Sarayaku, y más aún se formaliza en el proceso llevado a cabo por el sistema Interamericano de Derechos Humanos. Básicamente al Estado se le ha exigido ser garante de los derechos de los pueblos indígenas, dada la vigencia que en Ecuador tiene el Convenio 169 de la OIT. El estado ecuatoriano no habría cumplido su rol, y en consecuencia la sentencia fallaría en el año 2012 a favor de los indígenas.

Por último, al retomar la presencia de la CAOI en cada uno de los tres conflictos analizados se constató que su participación ha radicado básicamente en lo mediático, hecho que confirma que lo comunicacional constituye el ámbito de su quehacer. Esta coalición transnacional como estrategia de acción política ha dejado actuar a las organizaciones nacionales que la constituyen, o las apoya cuando estas organizaciones así lo determinan. En particular, su involucramiento en el conflicto minero de Tintaya solo se ha remitido al ámbito de la opinión pública, no es una organización conocida por los actores locales. La CAOI no se ha situado en lo local, más bien se ha alineado con Conacami para abordar la conflictividad minera a nivel nacional, especialmente en el debate sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT, reconociendo entre las facultades de este instrumento legal la capacidad que le otorga a las comunidades para decidir sobre la instalación de nuevos proyectos de inversión en sus territorios.

Su participación tampoco ha sido directa en el caso de Kori Kollo. En conjunto con Conamaq han desarrollado, entre otras gestiones, una cumbre minera para abordar el impacto de esta actividad económica sobre los territorios indígenas. Para esta labor han contado con el asesoramiento de algunas ONG nacionales especializadas en el tema, como el Colectivo Casa.

Respecto al caso Sarayaku, la CAOI se incorporó a la red de difusión del conflicto saludando a través de los medios de comunicación la resistencia de este pueblo indígena y legitimando la sentencia emitida por la Corte IDH.

Conclusiones

Para cerrar el presente artículo solo cabe confirmar la centralidad que adquieren los conflictos provocados por proyectos extractivistas, especialmente para las organizaciones indígenas andinas y las ONG con las cuales han establecido alianzas. Se constata que estos conflictos son territoriales y no solo socioambientales cuando los protagonistas son actores indígenas etnitizados, es decir, que hacen de la reivindicación étnica su estrategia de acción política. Precisamente en tales casos, lo relevante no es solo el daño ambiental que provocan estos proyectos sino que se convierten en una amenaza a la autonomía y la autodeterminación sobre sus territorios, con los cuales se asume una relación de pertenencia identitaria y hasta ancestral. En este sentido, apelar a la identidad se torna estratégico para la defensa del territorio. En un contexto en el que el Estado sigue siendo el principal objeto de interpelación y responsabilidad, aun cuando en los proyectos intervengan empresas privadas trasnacionales. En definitiva, estos conflictos han provocado la movilización indígena e incluso han contribuido a activar procesos de etnogénesis.

Es evidente la relevancia que tiene en los casos de conflictividad socioambiental y territorial, y en general en el accionar político de las organizaciones indígenas, el papel de las redes transnacionales. Se ha observado que esta red es amplia, dispersa y heterogénea. En ella participan múltiples actores con diversa capacidad de agencia, y es además una red de escasa transparencia en la cual no todos los actores salen a la luz o son reconocidos entre sí, y las ONG adquieren un rol central, pero no unilateral.

Para concluir, es importante mencionar las inquietudes que surgen tras la investigación realizada. No sólo se trata de indagar sobre el lugar que ocupa cada uno de estos actores en la red: organizaciones indígenas, ONG, agencias gubernamentales, organismos multilaterales, y fundaciones privadas, entre otros. Resulta también fundamental explorar y dilucidar las lógicas de relación que existen entre estos actores. Es decir, cómo se establecen los acuerdos entre determinados agentes, qué recursos intercambian, cómo se manifiesta la capacidad de influencia entre ellos, entre otras dimensiones que podrían ser exploradas.

En correspondencia con lo anterior, cabría indagar además por la conexión de estos agentes, en particular los internacionales, con los Estados y los gobiernos dado que de manera insoslayable estos agentes se encuentran y deben relacionarse con el andamiaje estatal y gubernamental de los países en los cuales desarrollan sus programas y agendas. Es particularmente interesante analizar cómo ha evolucionado la relación de las empresas transnacionales con las comunidades locales tras el proceso de reivindicación identitaria y aplicación del convenio 169 de la OIT.

Por otro lado, también es pertinente estudiar a los líderes que las conducen, no solo a las organizaciones. En este sentido, es relevante ahondar en el perfil de los líderes indígenas y sus desplazamientos en los diversos ámbitos de acción local y supralocal. Asimismo, constituye un desafío pendiente centrar la mirada en las bases campesinas e indígenas y su relación con las organizaciones que los representan, más aun con sus líderes, es decir con aquella elite dirigencial que se ha movilizado hacia espacios transnacionales en defensa de sus derechos y reivindicaciones.

Es claro que se requieren nuevos estudios que permitan comprender el impacto que tiene la participación de las redes transnacionales en la construcción del discurso político indígena, así como la incidencia de estas redes y este discurso en el devenir de los conflictos socioambientales y territoriales.

Comentarios

^* Esta investigación es producto de la tesis doctoral denominada Redes transnacionales de organizaciones indígenas: análisis del uso de las redes y sus implicancias en los conflictos socioambientales. Un estudio de caso en países centro-andinos. Se realizó dentro del Programa de Doctorado en Estudios Americanos, mención Estudios Sociales y Políticos del Instituto de Estudios Americanos del Universidad de Santiago de Chile. Contó con el financiamiento de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), a través de su programa Capital Humano Avanzado.

¹ Se trata de las siguientes organizaciones: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) de Bolivia, Ecuador Runakunapak Rikcharimuy (Ecuarunari) de Ecuador, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) de Perú, y Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) de Colombia.

² Básicamente se trató de los siguientes soportes textuales: prensa nacional/internacional, prensa local, páginas web de organizaciones indígenas, páginas web de varias ONG, blogs de organizaciones indígenas y ONG, Facebook de organizaciones indígenas y ONG, textos judiciales referente a los casos seleccionados, producciones audiovisuales, documentos organizacionales y relatos testimoniales.

³ Este programa se llevó a cabo entre los años 1998 y 2005. Consistía en que las delegaciones indígenas visitarían por un mínimo de diez días a sus homólogos representantes de las respectivas organizaciones indígenas, nacionales y locales del otro país. Participarían en conferencias, talleres, y mesas redondas para discutir agendas de interés común (Oxfam América 2007). Cabe agregar que Oxfam había contribuido al surgimiento de Conamaq y Conacami e igualmente tuvo un rol preponderante en el origen de Coica, una coalición integrada por organizaciones indígenas de la cuenca amazónica.

⁴ Aquello considerando que en estas redes sociopolíticas no sólo se realizan acciones que promueven el asociacionismo colectivo horizontal, la reciprocidad y la confianza generalizada, sino que también existen vínculos y relaciones multilaterales, asimétricas y de poder que bien pueden revelar discriminación, incluso corrupción y acaparamiento de recursos (tanto en el interior de las organizaciones como entre y en relación con las agencias de desarrollo u ONG y tanto a nivel individual como colectivo (Putzel 1997 citado por Rodríguez 2008).

⁵ En ese contexto general, la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) ocupa el 1,7 por ciento de la superficie total de la cuenca. Está conformada por cinco provincias: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. (Rodríguez 1998).

⁶ Presidente de Ecuador entre 1984 y 1988.

⁷ Por cierto, en Bolivia la minería ha sido desplazada en importancia por el gas natural como principal recurso exportador.

⁸ Cabe señalar que esta organización, de carácter esencialmente ambiental en sus orígenes, se convierte en una organización indígena tras el programa de intercambio promovido por Oxfam (Oxfam América 2007; Vittor 2009).

⁹ Filial de Conacami.

¹⁰ Aunque algunos autores sostienen que el uso de aquellos recursos, en particular en las movilizaciones bolivianas de la década del 2000, guarda significados más amplios que evocan al movimiento indígena del siglo XIX, "lo que se ha vivido en los años recientes evoca una inversión del tiempo histórico, la insurgencia de un pasado y un futuro, que puede culminar en catástrofe o en renovación" (Rivera 2010, 10).

¹¹ Con el propósito de resguardar los límites del territorio para impedir la entrada de la compañía petrolera CGC, miembros del pueblo organizaron seis denominados Campamentos de paz y vida en los linderos de su territorio, constituido cada uno de 60 a 100 personas, entre hombres, mujeres y jóvenes.

¹² En este caso, un lugar central tuvieron las ONG Fundación Pachamama y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras.

¹³ La combinación entre una estructura de oportunidades que se encuentra cerrada en el ámbito nacional y una estructura abierta de oportunidades en el plano internacional es el efecto boomerang.

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Fecha de recepción: 27 de febrero de 2015 Fecha de aceptación: 21 de julio de 2015 Fecha de modificación: 24 de agosto de 2015