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Revista de Estudios Sociales

Print version ISSN 0123-885X

rev.estud.soc.  no.55 Bogotá Jan./Mar. 2016

https://doi.org/10.7440/res55.2016.07 

Relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá (Colombia) con los ecosistemas de manglar y su conservación*

Ana María Gómez Aguirre**, SandraTurbay***

** Magíster en Antropología por la Universidad de Antioquia (UdeA), Colombia. Investigadora del grupo de investigación "Medio ambiente y sociedad" (Categoría A1 en Colciencias) de la UdeA. Entre sus últimas publicaciones están: "El tiempo y el lugar de los peces: saberes asociados a la pesca en Puerto Cesar, golfo de Urabá". Boletín de Antropología 29 (48): 66-91, 2015 y "Macroinvertebrate Assemblages in Gorgona Island Streams: Spatial Patterns during Two Contrasting Hydrologic Periods" (en coautoría). Actualidades Biológicas 31 (91): 161-178, 2009. Correo electrónico: anamargoa@gmail.com

*** Doctora en Ciencias Sociales (Antropología Social y Etnología) por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Profesora de la Universidad de Antioquia (UdeA) e investigadora del grupo de investigación "Medio ambiente y sociedad" (Categoría A1 en Colciencias) de la misma institución. Entre sus últimas publicaciones están: "Relación entre los usos populares de la granadilla (Passiflora ligularis Juss) y su composición fitoquímica" (en coautoría). Revista de Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial 12 (2): 185-196, 2014 y "Propiedades funcionales y nutricionales de seis especies de pasifloras del departamento del Huila" (en coautoría). Caldasia 36 (1): 1-15, 2014. Correo electrónico:sandra.turbay@udea.edu.co

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.07


RESUMEN

Este artículo propone caracterizar la relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá con los ecosistemas de manglar y su conservación. La investigación realizada siguió el método etnográfico (observación participante y entrevistas en profundidad). El análisis parte de las perspectivas de la ecología política y la etnoecología. Este acercamiento revela la existencia de la superposición de múltiples territorialidades y relaciones de poder que subyacen a la atribución inequitativa de responsabilidades entre los actores locales en la conservación y restauración de los manglares. La ausencia de actitudes favorables para la protección de los recursos marinos y costeros es considerada como una expresión de las agudas contradicciones que atraviesa la vida económica, social y política de la región de Urabá.

PALABRAS CLAVE

Manglar (Thesaurus); Urabá, ecología política, etnoecología, pescadores (palabras clave de autor).


Relation of a Fishing Community in the Gulf of Urabá (Colombia) to Mangrove Ecosystems and their Conservation

ABSTRACT

This article aims to characterize the relation of a community of fishermen in the Gulf of Urabá to the surrounding mangrove ecosystems and their conservation. The analysis was done following the ethnographic approach (participant observation and in-depth interviews). The analysis is based on the perspectives of political ecology and ethno-ecology. This approach reveals the existence of multiple overlapping territorialities and power relations underlying the inequitable attribution of responsibilities among local stakeholders in the conservation and restoration of the mangroves. The absence of favorable attitudes regarding the protection of marine and coastal resources is considered to be an expression of the sharp contradictions that permeate the economic, social and political life of the Urabá region.

KEYWORDS

Mangrove (Thesaurus); Urabá, political ecology,ethno-ecology,fishermen (Author's ).


Relação de uma comunidade de pescadores do golfo de Urabá (Colômbia) com os ecossistemas de manguezal e sua conservação

RESUMO

Este artigo propõe caracterizar a relação de uma comunidade de pescadores do golfo de Urabá com os ecossistemas de manguezal e sua conservação. A pesquisa realizada seguiu o método etnográfico (observação participante e entrevistas em profundidade). A análise parte das perspectivas da ecologia política e a etnoecologia. Essa aproximação revela a existência da superposição de múltiplas territorialidades e relações de poder que subjazem à atribuição desigual de responsabilidades entre os atores locais na conservação e na restauração dos manguezais. A ausência de atitudes favoráveis para a proteção dos recursos marinhos e litorâneos é considerada como uma expressão das agudas contradições que atravessa a vida econômica, social e política da região de Urabá.

PALAVRAS-CHAVE

Manguezal (Thesaurus); Urabá,ecologia política, etnoecologia, pescadores (palavras do autor).


Introducción

Este artículo analiza la relación existente entre los habitantes de un asentamiento de pescadores en el golfo de Urabá y los manglares, a partir de un enfoque que combina los aportes de la ecología política y la etnoecología. La perspectiva de la ecología política permite insertar el estudio de la interacción entre los seres humanos y el ambiente en una perspectiva histórica teniendo en cuenta contextos regionales, nacionales y transnacionales. Esta disciplina estudia conflictos ambientales o ecológico-distributivos revelando cómo algunos actores imponen a través del poder lenguajes de valoración y decisiones sobre otros actores que son excluidos o simplificados (Martínez-Alier 2006). Este enfoque ha explorado la transformación que experimentan las prácticas locales y la incidencia de la relación entre diferentes nociones de naturaleza en los procesos de negociación sobre su significado y sobre las formas de control, acceso y manejo de los recursos (Ulloa 2001).

Por su parte, la etnoecología constituye un enfoque que explora la percepción de la naturaleza por parte de los diferentes grupos humanos, a través de un conjunto de creencias y conocimientos, y sus consecuencias sobre el manejo de los recursos naturales (Barrera-Bassols y Toledo 2005). El abordaje etnoecológico, en su enfoque clásico, ha sido asociado a "comunidades tradicionales" que con una racionalidad ecológica entablan relaciones "amigables" con su entorno natural. Este enfoque ha ignorado con frecuencia el carácter híbrido y cambiante de los grupos humanos, viéndolos como entidades cerradas o ahistóricas y negando la influencia del entorno social en el que estos se insertan. La visión de los grupos humanos considerados "tradicionales" frente a la naturaleza no es necesariamente conservacionista, lo que desmiente mitos como la propensión "natural" del ser humano a la sustentabilidad (Diegues 2005; Milton 2006; Restrepo 1996 y 2001; Ulloa 2004). Esta idealización de las comunidades rurales obvia que su relación con el medio está condicionada por situaciones históricas y socioeconómicas específicas. A pesar de estas críticas, la etnoecología sigue siendo valiosa para dar cuenta de la percepción y la valoración local de la naturaleza y en esa medida se retoma en este artículo.

A partir de estas dos perspectivas, la de la ecología política y la etnoecología, este estudio analiza las condiciones históricas, los procesos sociales y los discursos sobre la naturaleza que determinan la relación de los habitantes de Puerto Cesar con los manglares, y su actitud frente a las iniciativas institucionales de conservación. Las respuestas a estas cuestiones dan cuenta de cómo las diferentes territorialidades que tienen lugar en la región, las responsabilidades ecológicas diferenciales que revela la historia ambiental de la zona y los discursos que la han acompañado, estructuran las vivencias cotidianas de la gente, la construcción de conocimientos y la toma de decisiones sobre el manejo del entorno. El artículo señala la importancia de construir estrategias de manejo de los recursos marinos y costeros que tengan en cuenta las particularidades de las comunidades y eviten estereotipos que asocian la pobreza con la destrucción del medio ambiente o que asignan a los pobladores rurales la función de guardianes de la naturaleza.

En la primera parte de este artículo se presenta con mayor detalle el marco teórico que le sirve de apoyo, la caracterización del área de estudio y la metodología de la investigación. En la segunda parte se presenta la superposición de diferentes tipos de territorialidad y su efecto sobre el manejo de los recursos naturales. Finalmente se plantean unas conclusiones y algunas implicaciones de alcance general de los resultados del estudio.

Marco teórico

Si bien en etnoecología se usa generalmente la noción de conocimiento ecológico tradicional (Berkes, Colding y Folke 2000), en este trabajo preferimos usar el concepto de conocimiento ecológico local pues consideramos que en el caso de estudio se trata de un cuerpo de conocimiento dinámico y cambiante, cuya generación, acumulación, y transmisión se produce de modo muy diverso; un conocimiento que es contemporáneo, flexible que se enriquece y transforma continuamente y que puede estar distribuido de forma heterogénea (Correa, Turbay y Vélez 2012; Drew 2005; Grant y Berkes 2007; Molina y Valenzuela 2007). Con la valoración de los conocimientos locales se ha buscado reducir la inequidad frente al discurso científico (Drew 2005) y abrir posibilidades para que los pobladores locales generen un conocimiento específico de acuerdo con situaciones particulares (Ulloa 2001). Sin embargo, este es un objetivo difícil de alcanzar por la pérdida de poder de las comunidades para controlar el destino de sus propios recursos. Esto se produce en un contexto donde el crecimiento y la globalización del sistema económico dominante están ligados a la degradación ambiental y al empobrecimiento de la población Escobar 1998; Leff 1998; Little 1999; Sachs 1996).

La invisibilización o estigmatización de las comunidades locales también está relacionada con los discursos occidentales sobre la naturaleza, incluyendo los llamados ambientalistas (Baptiste-Ballera 2002). En este sentido varios autores Escobar 2000; Diegues 2005; Milton 2006; Restrepo 1996) han señalado el carácter etnocéntrico del ambientalismo: sus discursos son construidos a nivel global y difícilmente admiten un discurso intercultural compartido que permita, en palabras de Little (1999), pensar localmente y actuar globalmente. Discursos homogeneizadores como el del desarrollo sostenible o la conservación, imponen o exigen una moral ecológica global que no considera el carácter "situado" de los conocimientos y reemplaza las prácticas locales por normalizaciones foráneas poniendo en evidencia relaciones de poder y tensiones entre lo global y lo local (Kottak 1999).

Área de estudio

La región de Urabá

El reconocimiento de Colombia como un país megadiverso lo hace objeto tanto de programas de conservación como de numerosos proyectos de explotación de recursos naturales. La región de Urabá no es ajena a ese dilema entre conservación y desarrollo. Según el Plan Estratégico para la Región de Urabá - Darién (Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia y Junta Efemérides Urabá 2006), el territorio de Urabá como parte del Darién se destaca por hacer parte del Chocó biogeográfico, una de las zonas más húmedas del mundo donde se registra uno de los mayores índices de endemismo continental de plantas y aves, por ser nodo conector del corredor ambiental de Norte y Centro América con Sur América. Esta región comprende porciones de los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia. La zona norte se caracteriza por el predominio de la ganadería extensiva, la zona sur o Atrato medio es un territorio con pantanos, zonas anegadizas y bosques, aislado del comercio y con los más bajos indicadores de calidad de vida, y la zona centro o eje bananero -ocupada por más del 70% de la población total de la región- ocupa el 53% del área del territorio y concentra los servicios, la mayor riqueza y el desarrollo económico de la subregión antioqueña.

La ubicación de Urabá (imagen 1) ha sido una de sus mayores riquezas por ser frontera interna entre varios departamentos; por las condiciones excepcionales de conexión marítima y fluvial del golfo con el exterior; y por la presencia de una caudalosa red hídrica navegable y un puerto comercial. Estos aspectos hacen de Urabá un importante corredor de tránsito y embarque de productos lícitos e ilícitos (García et al. 2011; Monroy 2012). Finalmente esta región hace parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas que incluye el Parque Nacional Natural (PNN) Katíos y los humedales del bajo y medio Atrato y el río León, los cativales y los manglares; estos últimos objeto de control por parte de grupos armados debido a la circulación de drogas, armas y ejércitos que opera por medio de ellos García et al. 2011).

Estas características han hecho de Urabá una región de colonización activa y de poblamiento intenso y desordenado. La región ha sido buscada por migrantes que llegaron estimulados por los auges extractivistas (madera, caucho, tagua o raicilla de ipecacuana) que caracterizaron la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX (Monroy 2012), por los enclaves agroindustriales del banano y la palma africana, y más recientemente por el contrabando y el narcotráfico, la concentración de latifundios y el florecimiento del turismo y el comercio (Zamora y García-Valencia 2007). De otro lado la región ha sido refugio político, económico y social de desterrados, perseguidos y combatientes García et al. 2011), provenientes de la expansión de grandes haciendas en la costa norte del país, así como de la disidencia de partidos políticos y del despojo o abandono forzado de tierras a causa de la violencia en la región.

Debido a estos procesos de colonización y poblamiento, la región de Urabá se caracteriza por una gran heterogeneidad poblacional, producto de la confluencia e interacción de grupos étnicos y culturales, provenientes de distintos lugares con características sociales particulares: etnias indígenas (emberá, tule, zenú), afrocolombianos (del Caribe, Atrato y Turbo), campesinos mestizos provenientes del Sinú y de Antioquia y una clase empresarial del interior del país (Aramburo 2009). Esta particularidad sociocultural e histórica ha propiciado la aparición de intereses en disputa que ha sido agravada por la presencia de los grupos armados. Como consecuencia de este dinamismo diferentes actores habitan o inciden en la zona generando una superposición de territorios, lo que deriva en diversas formas de percepción, valoración y apropiación del entorno Gouëset 1999; Montañez y Delgado 1998; Urán y Restrepo 2005).

La vereda Puerto Cesar

La vereda Puerto Cesar del municipio de Turbo se halla dividida en dos sectores conocidos como Puerto Cesar Plataneras y Puerto Cesar La Playa. El primero constituido por parcelas dedicadas principalmente al cultivo de plátano y banano y el segundo localizado a orillas del golfo -8°1'18"N; 76°43'59" W, 3m de altitud- (imagen 2).

La comunidad asentada en La Playa, interlocutora de este estudio, está conformada por un grupo de catorce familias desplazadas desde otros lugares de la región debido a la violencia. Con un total de ochenta habitantes, la población está compuesta en un 41% por niños (0-12 años) y un 30% por adultos entre los treinta y sesenta años. Estas familias derivan su sustento de la pesca artesanal y guardan una relación cercana con el ambiente marítimo y los bosques de manglar. La mayoría de las familias se encuentran organizadas en la Asociación de Pescadores Artesanales de La Playa (Apesca). La asociación está incluida en la organización Guardagolfo que agrupa familias de Córdoba, Antioquia y Chocó, y desde el año 2007 ha sido apoyada por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (Unodc). Con este convenio, que exige el uso de prácticas sostenibles, Apesca comercializa el pescado a través de una cadena de hipermercados en Bogotá, Medellín y Montería (Gómez 2014). La asociación cuenta además con los recursos aportados por el proyecto de Acuicultura y Pesca 2011 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que incluye embarcaciones, motores, redes y congeladores, entre otros. La pesca practicada por los habitantes de La Playa es principalmente litoral o costera, se encuentra circunscrita al golfo y puede categorizarse como artesanal, debido a que es llevada a cabo con tecnología simple y poca inversión económica, se desarrolla en unidades de producción familiar, el volumen de sus capturas es reducido y está destinada principalmente al autoconsumo y en menor medida a la venta (Gómez 2015).

El asentamiento es producto de la invasión a un predio ubicado en pleno eje bananero, en terrenos inundables que originalmente estuvieron cubiertos por bosques de manglar y que fueron destinados a la agroindustria y actualmente a la ganadería extensiva, situación que agudiza las condiciones de precariedad e inequidad socioeconómica y ecológica en las que vive la comunidad. Aunque el poblado cuenta con servicios eléctricos gratuitos, los servicios sanitarios, de acueducto y saneamiento están ausentes (imagen 3). En la actualidad no existe un espacio para la recreación o el deporte, un templo ni un puesto de salud y solamente existe una pequeña escuela que cubre los primeros niveles educativos.

La ubicación geográfica del asentamiento corresponde a una región estratégica histórica y geopolíticamente, biodiversa y frágil ecológicamente, lo que ha hecho de ella un territorio en disputa entre intereses conflictivos de explotación y conservación de los recursos. En este sentido es importante señalar que los ecosistemas de los cuales se benefician los miembros de la comunidad son, jurídica y teóricamente, bienes públicos de uso común, sujetos a la autoridad estatal que debe garantizar su acceso público, aunque de facto su apropiación tenga lugar de manera diferenciada de acuerdo con las posiciones de poder de los actores interesados en su uso y manejo.

La comunidad de Puerto Cesar se presenta como una comunidad "atípica" frente a las características que se han destacado en las comunidades tradicionales desde la etnoecología y el ambientalismo. No estamos ante una comunidad aislada que desde tiempos inmemoriales habita un territorio y que comparte unas mismas tradiciones. Los primeros pobladores de Puerto Cesar llegaron durante el siglo XX y dependen para su subsistencia de una red de relaciones externas que les permiten en parte el acceso a los medios de producción y al mercado. Se trata de una comunidad con una producción a pequeña escala donde todavía tienen vigencia el regalo, el préstamo y el trueque de alimentos entre vecinos, pero que está interconectada con una economía global de alto consumo y poder de transformación de la naturaleza. Aunque parezca contradictorio, la gente de Puerto Cesar hace un aprovechamiento artesanal de los recursos pero su relación con ellos no es necesariamente conservacionista.

Metodología

Este artículo se deriva del trabajo de investigación titulado "Estudio etnoecológico en Puerto Cesar, asentamiento de pescadores en el golfo de Urabá" (Gómez 2014) presentado por la autora principal para optar al título de magíster en Antropología. El estudio se desarrolló entre los meses de marzo y abril de 2013, haciendo uso del método etnográfico y de herramientas como la observación participante y las entrevistas en profundidad. El abordaje de la investigación de tipo cualitativo buscó describir y/o interpretar experiencias subjetivas, glosar los puntos de vista de los actores y su construcción de la realidad. Esta metodología se apoya en la fidelidad a la perspectiva de los actores involucrados en esa realidad (Sautu 2003). El estudio siguió un diseño etnográfico, puesto que buscaba describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de una comunidad (Lévano 2007). A través de las técnicas mencionadas, se buscó reconocer el conjunto de saberes locales y la manera en que las personas comprenden e interactúan con su entorno en los contextos cotidianos (Milton 1997). Estas estrategias fueron empleadas en busca de temas y conceptos que la población expresara por asociación libre; esto significa que los interlocutores tuvieron la posibilidad de introducir sus prioridades, en forma de temas de conversación y prácticas, en modos de recibir y emitir preguntas, con las cuales revelaban los nudos problemáticos de su realidad social tal como la perciben desde su universo cultural (Guber 2001).

Un total de 17 personas, miembros de las familias asentadas en la zona, fueron entrevistadas considerando una representatividad de género, edad y oficio. El registro de las entrevistas mediante grabaciones de voz se llevó a cabo con previo consentimiento informado de los participantes en la investigación durante el trabajo presencial en campo. Para el análisis de los datos las entrevistas fueron categorizadas, codificadas y agrupadas en bloques para facilitar la interpretación de la información recibida en conjunto con la información registrada en el diario de campo. Se emplearon técnicas para realzar los datos a través del examen sistemático de similitudes por medio de la comparación con el propósito de desarrollar conceptos o ideas, siguiendo el método de inducción analítica (Ragin 2007).

Territorialidades superpuestas

La noción de territorialidad está asociada usualmente al sentimiento de pertenencia a una porción particular de tierra sobre la que se tienen derechos exclusivos, a un modo de comportamiento en el interior de esta y un control sobre ella (Carou 2001). Sin embargo, en el área de estudio es necesario identificar otro tipo de lazos que vinculan a la gente con el territorio y que van más allá de los vínculos culturales y las identificaciones sociales. Por esta razón, identificamos distintos tipos de territorialidades superpuestas, una más ligada a la agroindustria y la ganadería extensiva, otra de carácter bélico por la presencia de grupos armados legales e ilegales que se disputan el control del espacio y de la gente, otra asociada a una visión conservacionista del territorio por parte de las instituciones públicas del sistema nacional ambiental y finalmente, a una territorialidad campesina donde prima la racionalidad de la agricultura de subsistencia y la pesca artesanal.

Agroindustria y ganadería

La zona donde se encuentra ubicada la vereda Puerto Cesar hizo parte, a comienzos del siglo XX, de cinco mil hectáreas de terrenos baldíos que el consorcio colombo-alemán Albingia recibió en concesión para sembrar banano en Urabá por un periodo de cincuenta años (Monroy 2012). Desde allí el consorcio transportó la fruta a través de un ferrocarril de doce kilómetros1 hasta la desembocadura del río Currulao, donde penetraba en el mar en el sitio conocido hasta hoy como Puerto de los alemanes o Puerto Cesar.2 El ferrocarril comenzó a operar en 1909 transportando también otros productos como tagua (semilla de la palma Phytelephas macrocarpa) y madera hasta los barcos con destino a Estados Unidos y Europa hasta 1914,3 cuando las instalaciones del puerto entraron a litigio entre los acreedores.

Según Parsons (1967, 102) las tierras del consorcio Albingia "quedaron sin desarrollar durante 30 años". Posteriormente, grandes porciones de estas tierras fueron destinadas para actividades ganaderas en manos de sirio-libaneses y finalmente en 1960 fueron vendidas a Coldesa S.A., un consorcio colombo-holandés que destinó cuatro mil hectáreas para la plantación de palma africana. Entre 1973 y 1976 la empresa dedicó algunas hectáreas a la cría de ganado y a la siembra de banano, posteriormente la empresa atravesó situaciones conflictivas de orden laboral hasta su retiro en 1979 (Ortíz 2004), año en que el predio fue invadido por los obreros y familias bananeras que quedaron cesantes durante la disolución de la compañía (García 2011).

Algunos de esos primeros invasores aseguran que la compañía Coldesa inició la transformación del paisaje con el corte de mangle, vegetación predominante en el lugar. La empresa no solo compraba el mangle para la construcción de puentes en la plantación sino que monopolizaba el uso del bosque: "Cuando la empresa Coldesa llegó, encontró toda esta selva de mangle casi baldía y se adueñó de los montes de tal manera que le prohibía a la gente cortar hasta una vara, porque ella era la única que podía cortar las maderas en grandes cantidades y sacarla en máquinas" (citado en Morphill 1988, s.p.).

Estas transformaciones de grandes extensiones -ocurridas desde comienzos del siglo XX en pro de la implantación de la agroindustria- han sido vistas hasta la actualidad como una necesidad para el progreso de la región, sin cuestionar el impacto negativo que tienen sobre los ecosistemas costeros presentes en la zona y las comunidades que los habitan.

Como señala Steiner, las obras emprendidas por el consorcio Albingia en el sector eran concebidas como obras benéficas y "civilizadoras" en manos de modernos capitalistas europeos. En prueba de ello Steiner recoge el testimonio de Pedro A. Gómez quien escribió en 1912 un artículo titulado "El consorcio Albingia y sus dependencias en Colombia", publicado en la Revista Nacional de Colombia: consagrada al fomento del comercio y la industria nacional y a su propaganda anunciadora 13 (322) (citado por Steiner 2000, 49):

    El grande y constante empuje que la compañía del Consorcio ha dado a sus propiedades, ha transformado aquellas salvajes y pantanosas playas, antiguo albergue de la desolación y la muerte, en un emporio de riqueza, de industria y de trabajo [...] La localidad se ha saneado hasta donde lo han permitido las circunstancias del terreno y del clima, y los inconvenientes y hostilidades de los naturales de la región.

Cabe resaltar que de acuerdo con Steiner (2000) desde 1904, antes de la anexión de Urabá a Antioquia, el gobierno departamental había iniciado intensas campañas para colonizar la región a través de concesiones otorgadas a particulares que monopolizaban el comercio de los productos que extraían sin adquirir compromiso con los colonos pobres que allí se establecían, y a su vez adquirían mano de obra cautiva. En este proceso de colonización antioqueña, la identidad del interior del país anuló las condiciones ambientales de los climas cálidos que eran percibidas como causantes de degradación e impedimento para el motor de progreso (Peralta 1998). El colono mostraba preferencia por "rastrojos" o sitios ya desbrozados por un colono anterior y veía el bosque húmedo tropical como "un paraje que se debía tumbar y quemar cuanto antes, ya que su exuberancia era tenida como hogar de fieras y cuna de pestes" que debía convertirse en "tierra de labor y de pasto" (Peralta 1998, 44).

La historia de colonización y poblamiento de la región de Urabá documentada por diferentes autores (Garcia 1996; Steiner 2000; Parsons 1967; Uribe 1992) muestra cómo desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX la migración de población proveniente de Bolívar, Córdoba y Sucre, desterrada y desplazada por la extensión de las haciendas ganaderas fue abriendo camino a través de la selva. Esta deforestación fue potenciada primero por la producción masiva y extractiva de la tagua y después por la explotación maderera y la agricultura que atendía la demanda creciente de Europa y Estados Unidos. De acuerdo con Parsons (1967) y Monroy (2012) el proceso cíclico y continuo que aún persiste se basa en la deforestación del bosque y la adecuación de las tierras en manos de estos colonos y su posterior venta al hacendado o empresario antioqueño para la introducción de ganado de manera extensiva.

La apropiación de las tierras en Urabá a partir de esta territorialidad, que García et al. (2011) denominan de acaparamiento, ha estado marcada por intrincadas relaciones políticas en un conflicto en el que han primado los intereses económicos de particulares nacionales y extranjeros por encima de los intereses locales de grupos sociales rurales y minorías étnicas. Esta territorialidad ha sido perpetuada además por medio de acciones de despojo (material y simbólico) y violencia, revelando en general el poder que detentan sobre el territorio los grupos armados, frente a un Estado que ha intentado históricamente delegar sus responsabilidades con la región. Como lo señala Parsons (1967), desde comienzos del siglo XX las tierras de la región han estado siempre en manos de unas cuantas compañías o individuos que no sienten una obligación definida hacia los problemas sociales colectivos de la región. Este hecho se evidencia en la historia de la producción extractiva y la implantación de monocultivos agroindustriales que tuvo lugar a partir de las concesiones otorgadas por el gobierno a empresas extranjeras, que además de recibir territorios en concesión para su colonización y explotación a bajos costos recibían exenciones de pagos, y al abandonar sus proyectos incumplían los compromisos pactados, dejando los beneficios en manos del sector privado y extranjero exclusivamente.

Conflicto armado

De otro lado, a lo largo de la historia se ha develado que el interés por la región recae además en el control sobre un territorio estratégico, donde el despojo de la tierra y la eliminación de quien es considerado un opositor o un impedimento para lograr propósitos económicos y políticos particulares ha sido un instrumento frecuente para perpetuar el poder. De acuerdo con Reyes (2009), durante la década comprendida entre 1997 y 2007 la región fue considerada una de las zonas más críticas en el proceso de abandono de tierras por desplazamiento forzoso. Este desplazamiento ha sido considerado4 indicador de la conflictividad social y política y parte de una estrategia de colonización expansiva y hegemónica para la acumulación y concentración de la tierra, basada en el desplazamiento-repoblamiento pero especialmente en el control de territorios estratégicos para la economía exportadora legal e ilegal y para la economía de guerra interna.

De acuerdo con García (1996), la debilidad, la descoordinación, y la lentitud institucional pública que caracterizaron las décadas de 1960 y 1970 en la región explican que hasta la segunda mitad de la década de 1980 la orientación del orden público fuera planteada por grupos guerrilleros, quienes lideraron las invasiones a tierras ganaderas o que habían sido sembradas y abandonadas por empresas extractivistas, militarizando el conflicto laboral. Posteriormente, sin embargo, como lo señala Monroy

    [...] al parecer la deforestación y ampliación de la frontera agrícola en pro de grandes capitales y capitalistas ocurrió, de modo simultáneo, al retiro y reconfiguración de las dinámicas y estrategias de la guerrilla ante las acciones de otras iniciativas de control territorial fundamentadas en grupos armados contra-insurgentes y alianzas paramilitares. (2012, 318)

Como indica Monroy (2012), el establecimiento de haciendas ganaderas en Turbo fue más contundente durante y después de la expansión paramilitar en la segunda mitad de la década de 1990, y a finales de esta el control de los puertos de embarque de banano por paramilitares5 permitió el dominio de las salidas de cocaína y la entrada de armas. Desde el año 2007, los nuevos actores armados, grupos paramilitares denominados bandas criminales (Bacrim) han buscado articularse con el negocio del narcotráfico (García etal. 2011) en el cual se disputan zonas de cultivo, laboratorios y rutas con la guerrilla y con otras bandas emergentes, entre ellas las zonas de manglar debido a la circulación de drogas, armas y ejércitos que opera a través de ellos.

Conservación de los manglares

El Sistema Nacional Ambiental en la zona está representado principalmente por Corpourabá, la Corporación Ambiental Regional con jurisdicción en la zona. El sector de Puerto Cesar ha sido considerado una zona de relictos de manglar (Blanco 2010) y está identificada en el plan de zonificación y manejo (Corpourabá 2003) como zona de conservación y de uso sostenible por lo cual se ha impuesto la veda de corte como medida de manejo y se ha fomentado la siembra del mangle como estrategia de restauración del bosque.

Los habitantes de La Playa reconocen la importancia del manglar como hábitat de diversas especies, y amortiguador del fuerte oleaje y los vientos y el efecto erosivo del mar que en los últimos años ha generado una alta dinámica en las playas del golfo modificando, a una tasa elevada, las zonas de erosión y acreción (Correa y Vernette 2004). El reconocimiento de los servicios ambientales del manglar proviene tanto las experiencias de los habitantes como de su conocimiento acerca de la historia del lugar y la dinámica de su línea de costa, pero también de discursos introducidos desde la academia y las entidades encargadas de la conservación. La intervención de esta mujer ejemplifica esta situación:

    [Aquí] cortaban pa' sus casas y pa' vender [...] cuando empezó a llegar la gente [de Corpourabá] que empezaron a darnos charlas, la importancia que tenía el mangle pa' sembrarlo, porque no es justo, imagínese que uno esté aquí en su casita y venga otro y se la tumbe [...], entonces ya cuando uno se mete en eso ya los cuida, y trata de conservarlos más. (mujer 34 años, 2013 citado en Gómez 2014, 139)

De acuerdo con las entidades ambientales, una de las causas principales del deterioro de estos ecosistemas es la tala del mangle, actividad que ha sido practicada desde años atrás en la localidad mediada por intereses externos. En la actualidad, la tala es practicada principalmente por habitantes del municipio de Turbo ajenos a la vereda que son denominados localmente como piloteros. No obstante, la veda de corte sobre este relicto de bosque permanece para los miembros de la comunidad quienes reciben a cambio contratos ocasionales de prestación de servicios para su restauración.

De cara a esta situación, algunos habitantes no contemplan su responsabilidad frente a los problemas ambientales y las soluciones que se plantean para estos pues consideran que la supervivencia del bosque no depende de su comportamiento y sus acciones; ellos resaltan en su lugar aspectos naturales del sistema que condicionan su permanencia o disminución, como la alta capacidad regenerativa del manglar, la erosión costera y el incremento del nivel del mar:

    El mar lo tumba, lo arranca con la raíz, el manglar no es como dice la entidad que lo ha acabado el pilotero, eso es mentira, es una equivocación [...] el que ha acabado con el manglar ha sido el mismo mar. Cuando yo vine por aquí [hace 30 años] esa punta del muelle estaba tapada, treinta metros más allá era manglar [...] y eso se lo ha tragado el mar. El pilotero no acaba el manglar ¿sabe por qué? Él va a cortar el palo que vende, el derecho, el torcido queda ahí [...] Corpourabá está errado, pero uno no puede llevarle la contraria, tiene que seguirle la corriente. Yo lo digo porque yo fui pilotero [...] cuando se podía cortar encontrábamos caños de madera, lo cortábamos, al mes, a los dos meses, estaba poblado y crece rápido porque le pega el sol y no hay sombrío que no deja crecer el pequeñito que está abajo6 [...] pero como son teorías de las entidades [...]. (Pescador 41 años, 2013 citado en Gómez 2014, 140)

Adicionalmente, frente a la situación de la veda y la inequidad en la distribución de responsabilidades algunos habitantes expresan su inconformidad:

    Lo malo es que no se puede coger nada [...] mientras nosotros lo sembramos otros lo destruyen [...] Aquí uno que no tiene para comprar madera, tiene que coger uno de esos palos para arreglar la casa [...] porque aquí somos pobres. Uno no tiene de donde sacar la tabla, la madera le sale cara y teniéndola aquí mismo, yo creo que uno la puede coger, pero como no se puede [...]. (Joven 17 años, 2013 citado en Gómez 2014, 151)

De acuerdo con Diegues (2005), como consecuencia de la delimitación de estas áreas y la imposición de esta territorialidad institucional, cuando a los habitantes se les niega el uso de los recursos que han sido fuente de su sustento estos empiezan a ser concebidos como "recursos perdidos" que quedan a disposición de otros y comienzan a ser extraídos "ilegalmente". Sin embargo, es necesario señalar que la restricción y la ilegalidad deben ser consideradas en un sentido histórico político, social y económico como elementos introducidos recientemente. Así lo demuestra el caso de la tala y la desecación del manglar en la vereda, prácticas que nunca fueron calificadas como ilegales cuando fueron llevadas a cabo para implementar la plantación de palma africana hace medio siglo o cuando los terrenos fueron convertidos en pastos para la ganadería extensiva más recientemente.

La introducción de las restricciones hace que los relictos de manglar empiecen a ser vistos por los habitantes locales como propiedad de la entidad ambiental. Esto genera una visión conflictiva, entre el espacio público y el espacio comunitario. Adicionalmente, algunos de los manglares que rodean el caserío tienen propietarios particulares, lo que desdibuja también su supuesto carácter de dominio público. Esto es lo que ocurre con el proceso de conversión a pastos de un relicto de manglar por parte de una empresa bananera que llevó a cabo la desviación de la desembocadura del río Currulao con el propósito de ganarle terreno al mar, lo que tuvo como efecto el arrastre de los árboles sembrados durante las jornadas de restauración implementadas por la entidad ambiental.

La historia de uso de la tierra en la región en general y del manglar y los terrenos inundables en particular evidencia un cambio en la valoración de la naturaleza a lo largo del tiempo, proveniente de diferentes actores, porque tal y como lo indica un habitante: "ese manglar desde hace mucho tiempo la gente lo viene utilizando para su beneficio, eso no es de ahora" (pescador 41 años, 2013). No obstante cabe señalar que las nuevas concepciones han provocado impacto en las valoraciones de los pobladores quienes han entrado en conflicto con sus percepciones iniciales al punto de ser modificadas, pues estos sistemas anteriormente vistos como una fuente de sustento hoy son percibidos como una propiedad ajena o como parte de una naturaleza que "pasivamente" espera ser cuidada.

La adopción de estas nuevas concepciones está condicionada, sin embargo, por el contexto social y económico de las personas que subsisten directamente de la explotación de estos recursos. Así lo expresa esta mujer, al consultarle sobre una posible solución para detener efectivamente el corte de mangle:

    Eso es por el desempleo que tienen algunas personas que no consiguen otra clase de trabajo sino únicamente vivir de eso. Por lo menos nosotros aquí vivimos de la pesca, de vez en cuando Corpourabá nos da un contrato para que lo sembremos y esa es una plata que nos sirve mucho. Entonces aquí no tenemos necesidad de cortarlo, en cambio allá en Turbo hay gente que no tiene más trabajo sino únicamente cortarlo. Así nunca [...]: unos siembran y otros destruyen. (mujer 34 años, 2013 citado en Gómez 2014, 145)

Finalmente, tal y como lo plantea Pérez (2012, 419, énfasis de las autoras) para el caso del PNN Katíos ubicado en la región, cabe señalar que "estos 'discursos ambientales' se han construido, propagado, institucionalizado y legitimado como medio y factor dinamizador de un discurso más amplio: el discurso del desarrollo, que ha tenido como interlocutor y soporte a la modernidad", invisibilizando otros relatos y discursos. Siguiendo a la autora es necesario reconocer que existe una estrecha relación entre el ordenamiento espacial y el ejercicio del poder y que finalmente en la definición de áreas protegidas se genera una superposición de territorialidades de tipo institucional y sociocultural e incluso bélica para el caso particular de la zona de estudio.

Implicaciones para la apropiación del territorio

Ni la territorialidad de acaparamiento ni la bélica o la institucional dan cuenta de la apropiación del territorio por las familias campesinas provenientes de distintas zonas rurales del interior del continente. Giménez (2000, 106) afirma que la pertenencia socio-territorial puede hallarse articulada y combinada en un mismo individuo con una multiplicidad de pertenencias de carácter no territorial, y puede fragmentarse, tornándose multifocal y "puntiforme" para aquellos individuos marcados por una prolongada experiencia itinerante. Para los habitantes de La Playa, habitar otro territorio ha implicado dar un nuevo significado a sus lugares de origen. Este proceso paulatino de asentamiento, apropiación, identificación y producción del espacio ha construido sentimientos de identidad y ha forzado la definición de comportamientos para el entendimiento entre grupos diferentes y formas de control sobre áreas geográficas específicas (García etal. 2011).

De acuerdo con Di Méo (citado por Giménez 2001, 8), la región como territorio debe poseer los caracteres de un espacio social, vívido e identitario que constituya un campo simbólico donde el individuo en circulación encuentre algunos de sus valores esenciales y experimente un sentimiento de identificación con respecto a las personas con quienes se encuentre. No obstante, estas condiciones son asociadas por los habitantes de Puerto Cesar a sus lugares de nacimiento, crianza o anterior estancia en Chocó y Córdoba, referidos como "mi tierra" aunque ya no aseguren la reproducción social y la satisfacción de las necesidades vitales materiales.

La condición de desplazamiento de los habitantes de La Playa hace que a través de la memoria exista una conexión más estrecha simbólicamente con otros territorios, mientras el espacio apropiado materialmente es valorado por ser el proveedor del sustento diario. La defensa de Puerto Cesar como espacio vital no está basada en una retórica de la etnicidad. No hay una política de la identidad que sustente los reclamos territoriales (Del Cairo y Rozo 2006) ni un recurso estratégico a la performatividad étnica para lograr más poder en escenarios políticos e institucionales (Del Cairo 2011). La heterogeneidad de los pobladores y el poco tiempo de conformación del asentamiento alejan, por lo demás, cualquier posibilidad de reclamar un territorio como comunidad negra.

Sin embargo, los pobladores comparten una territorialidad rural que tiene como atributo una economía básicamente de subsistencia y un arraigo a la tierra que independientemente de su cultura busca reproducirse en lugares donde crea disponer de tales condiciones:

    A mí me gusta el pueblo para estar trabajando, pero como mi campo nada hay, uno sale para arriba y consigue el plátano, la yuca, el ñame, lo que tiene que comprar aquí es el arroz, el aceite y la sal y la panela porque la liga7 se consigue, coge uno pescado, camarón, cangrejo o cría uno sus gallinas. (mujer 38 años, 2013 citado en Gómez Aguirre 2014, 49)

Aunque a esta territorialidad la alimenta un proceso permanente de construcción de pertenencia al territorio, cabe resaltar que el espacio donde se encuentra el asentamiento está delimitado por dos sectores de manglar con dueños particulares y restricción de uso para los locales establecido por Corpourabá, separados a su vez por dos pastizales con propietarios particulares. Esta situación hace que en palabras de uno de sus habitantes, más allá del espacio ocupado por el asentamiento, el resto sea percibido como "potrero, tierra ajena": "El que siembra come, ¿verdad? Nosotros aquí sembramos yuca, plátano, berenjena, ají, de todo eso tenemos sembrado. No tenemos tierra pero sembramos en lo ajeno" (pescador 51 años, 2013).

Manejo de los recursos marinos y costeros

El desplazamiento de los pobladores del campo como efecto de la expansión de la ganadería, de la agroindustria y de la agudización del conflicto armado ha tenido efectos drásticos sobre la economía campesina y ha incrementado la presión sobre los recursos marinos y costeros. En la comunidad de La Playa se encuentran por ejemplo personas que no se dedicaban a la pesca y han optado por incursionar en ella, en muchas ocasiones incluso en contra de su voluntad como afirma un pescador de 59 años (2013): "yo nunca había vivido de la pesca y la violencia me obligó a estar en esto". Este flujo de población desplazada hacia la costa es percibida por los pescadores como una importante causa de la disminución del recurso. Tal y como señala Pascual (1997) al no existir la barrera del precio, como ocurre con la tierra, la pesca se convierte en un refugio para una población numerosa que no encuentra alternativas para subsistir.

Adicionalmente, la introducción de innovaciones tecnológicas (redes de ojo de malla pequeño, motores, embarcaciones de fibra y de mayor eslora) y el incremento de la población pescadora organizada en nuevas asociaciones financiadas por instituciones de orden nacional e internacional han contribuido al deterioro del recurso. De acuerdo con Pascual (1997) esto ocurre cuando las pesquerías de menor escala, que con tecnologías tradicionales estaban lejos de alcanzar la sobrepesca, agotan los recursos a través de la adquisición de nuevos medios y un mercado más amplio debido a las facilidades del transporte y de conservación del producto. Las entidades que apoyan las organizaciones de pescadores "conformadas por comunidades vulnerables" dicen estar llevando a cabo "procesos sostenibles y responsables con el medio ambiente, como alternativa para contrarrestar los cultivos ilícitos y la cultura de la ilegalidad" (Asociación Guardagolfo 2013). Aunque es cierto que los proyectos desarrollados con el apoyo de estas instituciones prohíben el uso de mantas de bajo calibre y promueve las "buenas prácticas", han permitido también la organización de los pescadores y la introducción de nuevas tecnologías, incrementando la presión sobre el recurso.

La intención en este punto no es juzgar la acción de dichas organizaciones sino poner en consideración que la situación es producto de un problema de fondo que ha modificado social y económicamente a Colombia y ha desembocado en soluciones que generan efectos indeseados. Tras la pérdida de la tierra, el desplazamiento forzado incrementa los cinturones de pobreza y miseria, no solo en las zonas urbanas sino también en zonas de colonización rurales; allí los nuevos pobladores requieren de ayudas externas y de una mayor inversión económica para sobrevivir en un entorno ajeno y sobrecargado, mientras se ponen bajo amenaza los recursos comunes.

La falta de ocupaciones alternativas y la pobreza obligan a los pescadores a permanecer en la actividad a pesar de su declive y su baja rentabilidad. En las comunidades de pescadores de pequeña escala esta pobreza puede ser resultado de la falta de oportunidades fuera del sector pesquero y de la sobreexplotación del recurso (Cinner, Daw y McClanahan 2009). Potenciadas por la situación de desplazamiento y el conflicto permanente en la zona por la tierra, ambas causas están presentes en el caso de estudio.

Adicionalmente, el estado del recurso pesquero se ha visto afectado por el deterioro ambiental generado por la contaminación de las aguas con agroquímicos e insumos provenientes de las parcelas bananeras y la destrucción del ecosistema de manglar. De acuerdo con Carmona, Escobar y González (2007) el impacto de la industria bananera sobre el recurso hídrico se observa en la descarga de fertilizantes y plaguicidas provenientes del cultivo del banano, y por "la modificación del drenaje natural como consecuencia de las extensas redes de drenajes artificiales de las fincas bananeras y la total desprotección de las riberas" (2007, 61).8 Esto da cuenta de la inequidad en la distribución de responsabilidades frente al estado de los recursos entre los diferentes actores que imprimen una territorialidad particular en la zona y la falta de su articulación en el desarrollo de estrategias de manejo.

Aunque la erosión costera y la tala son importantes causas de la disminución de cobertura de los bosques de manglar, de acuerdo con Blanco et al. (2012) la dramática disminución de estos en la localidad se debe también a la expansión de las tierras dedicadas a la agroindustria y la ganadería, por medio del establecimiento de pastos en los bosques y zonas inundables y la generación de claros en el sotobosque por el pastoreo del ganado en su interior.

En este punto y siguiendo a Sachs (1996) es importante resaltar que los discursos ambientalistas no pueden dejar de lado la lógica del productivismo competitivo que ha provocado la degradación del entorno. El autor sostiene que las medidas de manejo en nombre de la protección del ambiente son promulgadas muchas veces en contra de poblaciones con bajos recursos económicos, quienes han pasado a ser las responsables de intensificar la presión sobre el medio ambiente por su capacidad reducida de usar los recursos naturales de manera sostenible, evadiendo la causa principal de este deterioro que reside en la búsqueda del desarrollo que intensifica la pobreza.

Para el caso particular de este estudio es importante señalar que la protección de los recursos no sólo compete a los habitantes rurales y la entidad ambiental, sino a otros actores como los empresarios bananeros y propietarios de los pastos y terrenos dedicados a ganadería que en procura de la concentración de propiedad han generado procesos de desecación de los humedales.

Intervención institucional

Generalmente, la entidad ambiental propone como objetivo en el plan de manejo de los manglares lograr que estos "sean ecosistemas productivos y que sus comunidades logren hacer uso de ellos sin agotarlos" (Corpourabá 2002, 18). En sus lineamientos (Corpourabá 2002, 2003, 2005 y 2006) se hace evidente la necesidad de "educar", "organizar", "capacitar", "sensibilizar", "crear una nueva conciencia" y "formar" en las comunidades rurales un sentido de pertenencia hacia el territorio y los recursos, enseñando una concepción particular del entorno mientras se deposita en ellos gran parte de la responsabilidad de la conservación de los manglares. Aunque las comunidades participan en los programas de conservación y restauración de los manglares, no se trata de una participación plena ni equitativa con respecto a otros actores sociales. Las entidades exigen a las comunidades el logro de objetivos que promueven a partir de los discursos hegemónicos y recursos internacionales, develando la jerarquía que se presenta en la empresa de la conservación y la articulación multiescalar existente entre los tratados internacionales sobre medio ambiente y la legislación ambiental nacional.

La normatividad generada en Colombia busca "garantizar la conservación de los manglares en el marco del concepto de desarrollo sostenible, permitiendo así, equilibrar el desarrollo de las actividades socioeconómicas, sin comprometer la oferta de bienes y servicios y su conservación" (Invemar 2010, 105, énfasis de las autoras). Esta situación queda claramente expuesta en la resolución generada el 21 de diciembre de 1995 por el Ministerio del Medio Ambiente donde se "dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia" considerando que:

    El artículo 9o. de la Constitución Política establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, como el Convenio sobre Biodiversidad contenido en la Ley 165 de 1994, que prescribe en su artículo sobre la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, que se adoptarán medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; que se protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible; que se prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y que se fomentará la cooperación entre las autoridades gubernamentales y el sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos (énfasis de las autoras).

Sin embargo, la organización y capacitación de la comunidad en el aprovechamiento de los recursos no aparecen planteadas para otros grupos que en igual o mayor medida afectan de manera negativa el ecosistema. En este escenario se resalta la necesidad de educar y formar las comunidades rurales, se produce una ruptura de diálogo entre el saber científico y el conocimiento local. Así lo señala este habitante: "usté sabe que la opinión de las entidades hay que respetarla, esa teoría [...] estudio es estudio y donde hay estudio ¿qué va a hacer uno analfabeto? ¿qué va a alegar? Nada" (pescador 41 años, 2013).

En otras regiones, como la Amazonía, las instituciones apelan a retóricas globales construidas sobre la idea de un indígena pleno de sabiduría en el manejo de la naturaleza y las mismas comunidades indígenas refuerzan esos sistemas de representación (Del Cairo 2007). Sin embargo, en el caso de Puerto Cesar, un poblado compuesto por personas de diversa procedencia, es imposible asignar responsabilidades ecológicas en función de ese supuesto saber ancestral sobre la naturaleza. De acuerdo con Bocarejo (2009 y 2011) establecer un isomorfismo entre el territorio y la etnicidad ha redefinido abiertamente los límites entre indígenas y campesinos. Las organizaciones ambientales tienen imaginarios fijos sobre los lugares que deben ser conservados y las representaciones de quienes los habitan como sus protectores sin cuestionar sus condiciones de vida. Estas representaciones son atribuidas generalmente a grupos indígenas en oposición a los campesinos considerando que estos no tienen conexiones culturales con el territorio y delimitando su acceso a la tierra o los recursos.

En este sentido es importante cuestionar la introducción de una naturaleza producida por los expertos que llegan en nombre de su protección y promulgan una lectura moral de la relación entre seres humanos y no humanos tendiente a la conservación (Restrepo 2001). De esta manera y de acuerdo con el autor, la naturaleza se transforma en objeto de la política y del planeamiento, se convierte en medio ambiente y empieza a configurarse como un ente pasivo que espera la intervención del ser humano so pena de desaparecer, convirtiéndose en una naturaleza netamente efímera (Schwarz y Thompson 1990; Steg y Sievers 2000).

De acuerdo con la investigación doctoral de Pérez (2015) en el Darién, es importante considerar que todo conocimiento es situado y obedece a relaciones de poder y a condiciones histórico-temporales precisas, por lo tanto es necesario examinar los contextos de producción, circulación y recepción de los discursos ambientales, así como las maneras en las que el lenguaje ha producido y puesto en circulación creencias y representaciones particulares sobre la naturaleza, el desarrollo y la modernidad.

Los discursos del ambientalismo han sido introducidos en comunidades donde no son compartidos sus supuestos, revelando que estos son esencialmente políticos y que estando permeados por el poder buscan, más que la lógica y la verdad, persuadir o convencer (Milton 2006). Esto demuestra, como lo señala Morin (citado por Diegues 2005), que el conocimiento es poder, que se impide el acceso de otras personas o grupos al conocimiento para conservar el monopolio de su poder y que se suele validar la posición superior de laciencia moderna que considera el conocimiento objetivo y verificable por métodos científicos, como la única fuente de la verdad universal (Diegues 2005). Así, los científicos o expertos detentan el saber moderno en detrimento de otros saberes y su supremacía como administradores de los recursos sufre la crítica, en este caso de los pescadores quienes los acusan de poseer únicamente un "saber de escritorio". Esta posición de los habitantes es explicada siguiendo a Tuan (1990) quien afirma que el individuo interpreta de diferentes maneras lo que percibe y se inclina y adhiere con fuerza a una interpretación porque le parece verdadera, aunque considere que otros puntos de vista son posibles, porque esta se compadece con su experiencia total. Cabe resaltar entonces la brecha de valoración del entorno que existe entre los diferentes actores involucrados de acuerdo con sus intereses y apreciaciones del mismo.

Conclusión

Los habitantes de Puerto Cesar han sido sometidos al desarraigo de sus lugares de origen y obligados a vivir en las márgenes de un territorio disputado por la agroindustria, la ganadería, los grupos armados y los ambientalistas. La incertidumbre ambiental, política y socioeconómica impide la construcción de un sentido de pertenencia y territorialidad que fundamente, como idealmente se espera de una comunidad local y rural, un uso y manejo de los recursos que garantice su renovación y permanencia para futuras generaciones como iniciativa propia de la colectividad.

Esto se debe a que los recursos no solo están a merced del uso y manejo particular que los habitantes de las comunidades locales les dan, sino que son manejados y explotados en condiciones diferenciales por actores entre quienes la responsabilidad ecológica no se distribuye de manera proporcional a los efectos que cada uso particular tiene sobre los recursos. En este sentido los frutos de la conservación y el buen manejo de los recursos que puede hacer una comunidad local no se ven reflejados, necesaria y estrictamente, en beneficios a largo plazo para sus miembros, como la disposición y abundancia requerida para futuras generaciones que de manera directa aseguren la supervivencia y reproducción social de la comunidad.

A través del caso analizado se evidencia la superposición de representaciones contradictorias sobre la naturaleza y de sistemas económicos antagónicos en un mismo espacio. En estos escenarios surgen mecanismos velados de resistencia que equilibran las relaciones de poder y pueden eventualmente conducir a procesos de negociación que permitan sustituir discursos globales sobre la naturaleza por discursos interculturales que se ajusten tanto a los conocimientos, creencias y expectativas de las comunidades locales como a los conocimientos científicos y a los propósitos políticos nacionales en materia de biodiversidad y conservación de los ecosistemas marinos y costeros.

Las propuestas de educación ambiental orientadas a la protección de los manglares podrían encontrar una fuente de inspiración en las corrientes pedagógicas que hacen una crítica de la fragmentación del conocimiento, del racionalismo y del antropocentrismo en el ámbito escolar e invitan a un diálogo entre la epistemología positivista y nuevas formas de conocimiento. Se trata, como dicen Arenas y Del Cairo (2009), de despertar y encauzar actitudes éticas frente a la crisis ambiental por medio de un aprendizaje del lugar, de una educación productiva y de una descolonización cultural.


Comentarios

* Este artículo es producto del trabajo de investigación titulado "Estudio etnoecológico en Puerto Cesar, asentamiento de pescadores en el golfo de Urabá", presentado por la autora principal para optar al título de magíster en Antropología. El estudio contó con el apoyo del proyecto CODI E01756, 2013-2014 para la sostenibilidad del grupo de investigación MASO.

1 Asociación de Bananeros de Colombia. www.augura.com.co.

2 Vélez (1997).

3 Según Steiner (2000) la compañía quebró por la llegada de la guerra, las divisiones entre los operarios y debido a que el contrato con la compañía fue realizado por el gobierno nacional central quien permitió la construcción del ferrocarril con exención de pago por derechos de importación durante diez años sin el consentimiento del gobierno de Antioquia.

4 Desplazamiento forzado en Antioquia, "Urabá". 2001. Secretariado Nacional de Pastoral. Sección de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Colombia, tomo 8 (citado por Reyes 2009).

5 Empresas bananeras como Chiquita Brands, Banacol, Del­monte, Dole, Proban y Uniban pagaban un dólar a los grupos paramilitares por cada caja exportada (Monroy 2012).

6 Aunque las tasas de regeneración de los manglares son altamente variables debido a las condiciones ambientales, biológicas y climáticas, estudios como el de Hoyos, Urrego y Lema (2013) en el golfo de Urabá señala la asociación entre una mayor supervivencia de especies de Rhizophora mangle y una mayor disponibilidad de luz generada por la formación de claros en el dosel creados por la intervención antrópica.

7 Expresión empleada localmente para hacer referencia a la fuente proteica principalmente animal.

8 De acuerdo Blanco etal. (2012) la disminución de la cobertura de manglar puede ser consecuencia de la constante erosión de la línea costera que alcanza hasta 50 metros por año y es causada por la deriva litoral, los mares de leva y el incremento del nivel del mar y acelerada por intervenciones antrópicas como la desviación de los cauces que, según Correa y Vernette (2004), contribuye al déficit de sedimentos gruesos.[/body]


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Entrevistas

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75. Pescador, 41 años. Abril de 2013.         [ Links ]

76. Joven, 17 años. Abril de 2013.         [ Links ]

77. Mujer, 38 años. Abril de 2013.         [ Links ]

78. Pescador, 59 años. Marzo de 2013.         [ Links ]

79. Pescador, 51 años. Abril de 2013.         [ Links ]


Fecha de recepción: 23 de febrero de 2015 Fecha de aceptación: 01 de julio de 2015 Fecha de modificación: 31 de agosto de 2015