Introducción

Escena 1. Puerto de la isla de Samos, octubre de 2015. Sobre la explanada de cemento, y en las construcciones provisorias levantadas por las agencias humanitarias en el puerto principal de la isla de Samos, hay varios centenares de personas llegadas recientemente. Acaban de cruzar el Egeo desde Turquía en endebles barcos de madera o botes inflables producidos en serie para el mercado de cruces clandestinos, fabricados especialmente para durar apenas unas horas en el mar. Muchos de quienes esperan aquí fueron rescatados en altamar o en rocas en medio del agua por la guardia costera o la patrulla de Frontex. Tal vez lograron llegar a la orilla por sí mismos y quedaron atrapados en la costa, debido al perfil rocoso y escarpado de la isla. En ese caso fueron salvados por el equipo civil de buzos voluntarios, que es el mejor equipado para estas operaciones. O bien, lograron subir y caminaron por su cuenta a la intemperie, pero quedaron atrapados en el hostil terreno de la isla hasta ser localizados por socorristas. Aunque geográficamente es la parte marítima de Europa más cercana a Asia -menos de dos kilómetros la separan de la costa turca-, la difícil topografía de Samos complica el arribo y la convierte en un destino de segunda clase, más barato en la oferta de las redes de facilitadores, por ejemplo, que el cruce a las suaves playas de Quios.¹

En todos los casos, y pese a las dificultades pasadas, los viajeros quieren volver a partir cuanto antes: tan pronto como reciban el permiso temporario de estadía -por treinta días para la mayoría, más extenso para los sirios-, tomarán el ferry a Atenas y continuarán por tierra, vía Macedonia, hacia el norte de Europa. A primera vista, no hay diferencias notables entre ellos. Sin embargo, están atravesados por un sistema clasificatorio que asigna distintas prioridades y produce diferentes velocidades en su trayecto. Quienes pueden demostrar que son ciudadanos sirios que huyen de la guerra civil gozan de una suerte de fast lane: suelen partir a las veinticuatro horas, o incluso el mismo día de llegada, en el ferry de la noche. Muchos de ellos están en buena situación económica, y, en lugar de esperar en el puerto, optan por registrarse en alguno de los hoteles del centro, los mismos que alojan también a personal de organizaciones humanitarias, miembros de Frontex o investigadores extranjeros en trabajo de campo. Para los ciudadanos sirios, el tránsito es relativamente fluido. El resto, cuyo trámite tomará más tiempo, es llevado a un centro de internamiento. Al igual que en las islas de Quios y Lesbos, estos centros se encuentran alejados de la ciudad, en algún monte, lo cual dificulta la comunicación con los voluntarios locales que los asisten y con los vecinos y turistas en general. Veo cómo un domingo, unas mujeres locales les llevan el desayuno, luego de haber constatado que los fines de semana no recibían comida. El centro consta de unas filas de construcciones prefabricadas sobre la pendiente escarpada rodeadas de alambres de púas. Sin embargo, hay pocos uniformados vigilando y las puertas están abiertas. Los habitantes están más o menos abandonados a su suerte y a la buena voluntad de la sociedad civil.

La mayor parte de quienes aguardan allí vienen de Afganistán e Irak. A diferencia de los sirios, sus nacionalidades no los califican como personas en riesgo de forma casi automática. Deberán esperar un par de semanas antes de recibir el papel que les permita seguir viaje -o se los deniegue- pero no son los casos más desesperados. La mayor incertidumbre, el régimen más lento, rige para quienes habitan el último escalafón en el sistema clasificatorio de llegada, hostilizados en todos los países que atraviesan y objeto de racismo hasta por parte de otros refugiados: los hijos de África. Aunque proceden de países desgarrados por guerras y violencias, los subsaharianos tendrán mínimas chances de calificar para el asilo: provenientes de un continente pauperizado, son vistos como personas que "sólo" aspiran a beneficiarse del bienestar del primer mundo. Sus motivaciones no son legítimas, por cuanto no huyen de una guerra visible mediáticamente, sino que "aspiran a una vida mejor". Mientras los demás se agolpan ante la mesa del desayuno, ellos conversan entre sí, apartados del resto, a la sombra de un árbol. Son los más marginales de los expulsados, la última variable en el complejo sistema de filtrado en que se ha convertido el paso por las islas del Egeo en la ruta al norte de Europa.²

El inmigrante que aspira a una vida plena, mejor, con derechos y con trabajo en el país de llegada, entra en estado de sospecha; quien escapa de peligros supuestamente mayores, y cuyo nivel de exposición al sufrimiento es avalado por la presencia mediática de la guerra en su país, en cambio, tendrá más chances de ser acogido y puede dejar el puerto rumbo a Atenas con celeridad.³ No presentan mayores motivaciones que la preservación de su existencia. Los debates públicos producidos en Europa a partir de la llegada masiva de refugiados en 2015 tienen en esta dicotomía el centro de preocupación. Allí se pone de manifiesto una estratificación de legitimidades en términos del derecho de acceso a la Unión Europea (UE), que se obtiene en función de la cualificación al estatuto de refugiado, de acuerdo con una definición que pone énfasis en el miedo y la vulnerabilidad.

El debate europeo sobre los términos de la legitimidad del asilo se ha desplegado desde los años noventa, pero alcanzó nueva dimensión luego de los levantamientos de la llamada "Primavera Árabe" en 2011, cuando el número de personas que intentaban el cruce por el Mediterráneo comenzó a aumentar, y luego de forma notoria a partir del verano boreal de 2015, ante el éxodo masivo de sirios escapando de la guerra civil en su país y con miles ingresando al territorio europeo cada día. El principal dilema en las discusiones públicas se ha centrado en cómo diferenciar a los (legítimos) aspirantes al asilo de los (indeseados) migrantes económicos u otras personas en tránsito. Este artículo se ocupa de la tensión entre estas dos figuras, tal como son definidas y disputadas en Europa hoy. A continuación se expone la genealogía de la figura del refugiado en cuanto objeto de políticas humanitarias, remontándola a sus condiciones de surgimiento en el siglo pasado, y sus consecuencias en cuanto a la producción de una cierta subjetividad. La figura es pensada en términos de producción biopolítica de nuda vida, y del terreno de mera supervivencia biológica al que son llevados quienes cruzan la frontera marítima europea por vía irregular. Tratando de superar las limitaciones de esa categoría agambeniana para pensar la agencia, se expone luego cómo dentro de la nuda vida es posible desarrollar modos paradójicos de agencia e, incluso, resistencia, reconvirtiendo el abandono estatal en favor propio. Por último, se formulan preguntas en torno a las nuevas modalidades tecnológicas de control y sobre las consecuencias del actual régimen de fronteras en términos de la creación de cierto tipo de subjetividad. ¿Qué tipo de estrategias, discursos e identidades moviliza un régimen que favorece al sufriente por encima del emprendedor? ¿Y qué significan los recursos que ponen en acción los viajeros ilegalizados para cruzar las fronteras, primero, y cualificar a una estadía legal, después, por la paradójica vía de su descualificación?

El refugiado como objeto de gestión humanitaria: una genealogía

Escena 2. Allí mismo, sobre la explanada del puerto de Samos, multitudes de viajeros arriban y parten a diario en los servicios de ferry que los operadores debieron agregar, ya que, fuera de temporada, los trayectos regulares no daban abasto. Muchos de quienes esperan llevan números escritos en la mano con marcador de fibra: 231, 456, 128. Son las mismas cifras que, en pintura de colores, numeran los botes y barcos confiscados en el otro extremo del puerto, junto a la oficina de la Guardia Costera Griega. Veo a una mujer -el atuendo sugiere que es afgana- con el número 348 escrito en la mano. Lleva en brazos un niño pequeño, al que le han escrito el número en el antebrazo, para que quepa mejor. La práctica de ordenar a los refugiados escribiéndoles un número sobre la mano fue criticada públicamente en los pocos casos en que trascendió en los medios. Cuando se supo que fue aplicada a un contingente de personas llegadas a la isla de Creta, en mayo de 2015, la responsabilidad fue adjudicada al personal de la Guardia Costera Griega, de por sí denunciado por abusos a inmigrantes y conocido por simpatizar con posiciones de extrema derecha. Cuando, en septiembre de 2015, trascendió que oficiales de la República Checa marcaban de la misma forma a los refugiados que pasaban por su país desde la ruta de los Balcanes hubo nuevamente indignación mediática, esta vez con repudio explícito a las analogías con los tatuajes de números a los prisioneros en los campos nazis. En las islas del Egeo, sin embargo, la marcación de los recién llegados con números en la mano parece en 2015 una práctica de rutina por parte del complejo ensamblaje de organizaciones humanitarias intergubernamentales, gubernamentales, europeas y no gubernamentales que gestionan el paso de los refugiados por sus puertos. La numeración habilita una primera clasificación y una técnica de gestión de emergencia ante los arribos masivos, ya que, como justifica en privado la abogada de una organización humanitaria internacional, "quien critica esta práctica nunca ha estado en el terreno; no tiene idea de lo que es administrar a tanta gente". "Si les damos papeles numerados -explica- ellos los venden".

En boca de alguien entrenado en la gestión humanitaria y habituado a ella, el hecho de que las personas desplazadas sean objeto de "administración" es algo sobreentendido. Sin embargo, la existencia de sistemas internacionales para la asistencia de refugiados no es algo dado por sentado, sino una creación histórica fruto de circunstancias y necesidades concretas. Además de reproducir los principios que guiaron esas condiciones y necesidades, el sistema produce al refugiado con determinadas características. Al hacerlo, lo separa permanentemente de otras figuras como el "migrante económico" y, por supuesto, del inalcanzable pariente de ambos, el ciudadano de derechos plenos. Pero ¿cuándo y cómo surgió el sistema internacional que regula a las personas en tránsito o en fuga?

Aunque a lo largo de toda la historia ha habido casos de poblaciones desplazadas, el refugiado tal como lo conocemos hoy es claramente una criatura del siglo XX (Malkki 1995; Haddad 2008; Gatrell 2013). La conciencia sobre el fenómeno de los refugiados, y el término mismo, emergieron en la década de 1880 ante el crecimiento exponencial del número de refugiados (Marrus 1985), y el período de entreguerras llevó el fenómeno a una nueva dimensión, dando lugar al surgimiento de tratados y técnicas de gestión de poblaciones desplazadas (Skran 1995). Sin embargo, es sólo a partir de 1945 que tienen lugar procesos estandarizados internacionalmente que crean al refugiado como una "categoría social y un problema legal de dimensiones globales"⁴ (Malkki 1995, 498). A partir de 1945, los procesos de asilo se globalizan y el refugiado se convierte en una categoría social y un problema legal de alcance global, dando lugar a un régimen de asilo internacional en forma de un conjunto de reglas legales, normas y acuerdos entre Estados, cuyo marco regulatorio se mantiene en mayor medida intacto hasta hoy (Malkki 1995; Gatrell 2013). No es casual que la codificación de la figura del refugiado tuviera lugar precisamente cuando se consolidaban en Europa los Estados nacionales. En el siglo XX, el desplazamiento está ligado al colapso de los imperios multinacionales y la emergencia del Estado moderno como ente étnicamente homogéneo. La codificación y estabilización de los sujetos desplazados como refugiados son intrínsecas y tributarias de la codificación y estabilización de los Estados nacionales: es la sociedad internacional moderna, con su énfasis en definir parcelas territoriales claramente con fronteras políticas concretas, la que produce al refugiado.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (en adelante, la Convención) de 1951 y el protocolo añadido en 1967 -que remueve su limitación geográfica a Europa y universaliza su alcance- siguen siendo la referencia conceptual y el instrumento legal para establecer quién es un refugiado. Si bien en la actualidad la mayor parte de las personas que aspiran al asilo en la Unión Europea y obtienen permiso de permanencia no lo hacen bajo esta categoría sino bajo algún mecanismo de protección subsidiaria, la definición fundacional de este texto continúa vigente. Allí se sitúa el "miedo fundado a ser perseguido" como elemento decisivo para la calificación al asilo. Según el texto de la Convención, se considera refugiado a toda persona que:

"[...] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él", Art. 1. A.2. (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951)

La estricta distinción entre personas con derecho al estatuto de refugiado por persecución o guerra y aquellas en tránsito por otras razones ha sido objeto de abundante crítica desde el derecho, la antropología y la teoría política. Sin embargo, esta definición clásica continúa siendo el instrumento de protección disponible y el rasgo crucial de la política de asilo sostenido tanto por ACNUR como por la mayoría de la clase política: solidaridad para los refugiados, imposición de la ley para los inmigrantes sin documentos válidos.

Esta escisión se refleja en la temprana división a nivel supranacional entre una organización destinada a gestionar los refugiados, ACNUR, y otra orientada a las migraciones internacionales, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y expresa el marco de conflictos en que fueron creadas. La OIM fue fundada en 1951 como contrapartida a la creación de ACNUR -primero bajo el nombre provisorio de Inter-Governmental Committee on Migration in Europe (ICME)- y como reflejo de los intereses de Occidente y, sobre todo, de Washington en el inicio de la Guerra Fría. Tras expirar los mandatos de las organizaciones que las antecedieron, UN Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA (1943-1947), e International Refugee Organization, IRO (1947-1950), las Naciones Unidas no lograron llegar a un acuerdo en relación con el mandato del nuevo cuerpo internacional (Elie 2010). Finalmente se crearon dos instituciones, una diseñada para encargarse de los desafíos asociados con los refugiados, la ACNUR, como agencia no operativa a cargo de la ONU, y por otro lado la OIM, una organización intergubernamental orientada por cuestiones económicas y creada con apoyo y financiación explícitos de Estados Unidos, como organismo operativo encargado de facilitar la migración internacional de "poblaciones excedentes", incluidos refugiados, especialmente provenientes de Europa Oriental. Esta división de tareas originaria estipula ya que un grupo merece protección legal en función de su situación de riesgo, mientras que otros serán objeto de management en función de las conveniencias marcadas por las necesidades de las agendas geopolíticas y los mercados laborales. La OIM ha sido objeto de numerosas críticas, entre otras razones, por actuar en interés de los Estados que la integran, y no de los migrantes, con poco o nulo cuidado de sus derechos y garantías, pero sobre todo por contribuir, indirectamente, a reforzar la exclusión de ciertos grupos de personas en tránsito (Ashutosh y Mountz 2011).

Más allá del aspecto institucional, esta genealogía permite comprender cómo la figura del refugiado es codificada por la Convención de Ginebra en una forma que la escinde claramente de la figura del migrante económico, diluyendo las superposiciones entre ambas y forzando la separación. Desde 1951, el refugiado prolifera y se encuentra en múltiples contextos, pero al mismo tiempo la política de la Guerra Fría y las dinámicas de los movimientos poblacionales generan nuevas restricciones para la categoría recientemente universalizada. De hecho, su emergencia y cualificación en la posguerra no se explican sólo en virtud de una conciencia pública sobre la necesidad de brindar protección a población desplazada o vulnerable. Las discusiones preparatorias de la Convención de Ginebra dan cuenta de cómo, también entonces, la definición del refugiado está imbricada con la gestión de los movimientos migratorios y la necesidad de algunos países de contar con más mano de obra laboral. Didier Fassin (2016) advierte que la "generosidad" nunca ha sido la razón principal para otorgar asilo: por el contrario, durante las dos décadas que siguieron a la Convención de 1951, la motivación para acoger personas en busca de refugio era en parte económica, por la necesidad de contar con fuerza de trabajo para reconstruir la Europa de posguerra, y en parte ideológica, de acuerdo con los intereses de la Guerra Fría. Es con el colapso de los regímenes comunistas y la interrupción de la migración laboral que ambas motivaciones cesan, mientras que los solicitantes de asilo comienzan a ser recibidos con suspicacia y hasta hostilidad, al tiempo que se inicia el proceso de integración que culminaría en el régimen de Schengen y el reforzamiento de las fronteras exteriores de Europa.

Katy Long (2013) llama la atención sobre el hecho de que en las décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, los refugiados fueran considerados como migrantes, y que el otorgamiento de asilo dependiera enteramente de criterios económicos, con las consiguientes falencias en la protección de personas perseguidas. La creación de una categoría específica, separada del migrante, acompañada de canales y mecanismos de admisión diferenciados, contribuyó a zanjar esa deficiencia pero trajo como consecuencia el hecho de no brindar a los refugiados soluciones durables a largo plazo, que incluyan la posibilidad de sustentarse económicamente y no depender así de asistencia humanitaria. Al mismo tiempo, se ha observado críticamente cómo la categoría y la acción de la ACNUR misma han terminado por operar como instrumentos selectivos que excluyen a quienes no se ajustan a su definición, y, en última instancia, contribuyen a la criminalización de la migración ilegalizada (Ratfisch y Scheel 2012).

Según la coyuntura, la categoría de refugiado ha sido movilizada, y su contorno ampliado o reducido de diversas formas, a fin de gestionar, controlar, excluir o incluir diferencialmente a las personas en tránsito, en un contexto en el que adquiere una paradójica superioridad moral. A la vez, aumenta la evidencia de que los movimientos de refugiados e inmigrantes suelen estar imbricados, lo cual pone en cuestión la validez de la definición del refugiado "legítimo". La consecuencia es la indirecta y simétrica desprotección de los migrantes que no califican al asilo, aunque viajen en iguales condiciones de precariedad y vulnerabilidad, y a menudo por las mismas rutas y en los mismos transportes, guiados por los mismos traficantes o agentes y recurriendo a similares estrategias.

La separación entre migrantes y refugiados no contempla los múltiples factores que intervienen en los llamados "flujos migratorios mixtos" y cómo la migración forzada y la económica están estrechamente relacionadas y a menudo son indistinguibles, en cuanto formas de expresión de desigualdades mundiales y de formas de violencia complejas e igualmente mixtas (Castles 2003). Los movimientos de poblaciones contemporáneos, particularmente aquellos provenientes de zonas conflictivas, son fenómenos muy complejos, dentro de los cuales la división entre migrantes y refugiados se torna aún más confusa y esquiva a los sellos identitarios de las burocracias estatales y/o humanitarias.

ACNUR (2011) reconoció el creciente desafío de las llamadas "migraciones mixtas", pero más bien para formular recomendaciones sobre "mecanismos para identificar a los recién llegados que tengan necesidades de protección y satisfacer las necesidades de otras categorías de personas involucradas en los movimientos mixtos". Ante los arribos masivos a Europa durante 2015, volvió a afilar el lápiz con el que trazar la línea que estipula claramente la diferencia entre categorías. Según la agencia para los refugiados de la ONU, "confundirlos puede provocar problemas para los refugiados y los solicitantes de asilo, así como malas interpretaciones en los debates sobre el asilo y la migración", puesto que, para ellos, "es demasiado peligroso volver a su lugar de origen"⁵ (ACNUR 2016, 1). Mezclar los dos términos, advierte la agencia humanitaria, "desvía la atención de las salvaguardas legales específicas que los refugiados requieren" y "puede perjudicar el apoyo público hacia los refugiados y la institución del asilo en un momento en que más refugiados que nunca necesitan dicha protección" (ACNUR 2015).

La legitimidad del refugiado no es intrínseca, ni automático su derecho al asilo, y, de hecho, la mayoría de las personas que pueden permanecer legalmente lo hacen por vía de algún mecanismo de protección subsidiaria (que a su vez fragmenta el principio de protección humanitaria en una multiplicidad de figuras y se despliega de manera distinta en cada país). Sin embargo, la definición clásica de la Convención continúa siendo, en última instancia, el único instrumento de protección disponible ante las políticas de ilegalización de la migración indocumentada. No se trata entonces de criticar la protección de refugiados en sí misma, sino de observar la desprotección que crea en otros viajeros a partir de su sistema clasificatorio: solidaridad para los refugiados, imposición de la ley para los inmigrantes sin documentos.

Esta construcción de la "legitimidad" del refugiado actúa entonces como un dispositivo de filtrado, dejando en el margen a millones de personas en tránsito que no encajan en la definición legal, en el contexto de lo que Sandro Mezzadra (2014) llama una política de "inclusión diferencial", y que ubica en el contexto mayor de una crisis de la nomenclatura y las taxonomías de la migración. En este artículo, el interés no radica tanto en las diferenciaciones técnicas como en los supuestos y consecuencias de esta dicotomía, así como en el umbral de definición de humanidad que subyace en cada caso. Se trata de destacar que la división entre migrante y refugiado tiene una genealogía específica, en cuyo contexto debe comprenderse, que por lo tanto no es ahistórica, neutral ni inmutable, y que bajo lo que suele llamarse "crisis de refugiados" subyace en verdad una crisis de esa definición.

Aylan, las hipervíctimas y la producción del refugiado como nuda vida

Escena 3. Pantallas del mundo globalizado, septiembre de 2015. Si en otro contexto se ha empleado el término hipervíctima para nombrar a aquellas víctimas hiperbólicas, figuras que por su extrema vulnerabilidad y presunción de inocencia absoluta contienen de modo más concentrado los rasgos que las singularizan (González 1995), sin duda, en el caso de estudio esta se manifestó de forma exacerbada en la amplificación mediática de la foto de Aylan Kurdi. La imagen del pequeño sirio muerto sobre una playa turca (inocente, pasivo, "parecido" a cualquier niño occidental) suscitó una ola global de empatía y hasta suavizó por algún tiempo las implacables políticas europeas de protección de fronteras. A diferencia de otras imágenes vueltas icónicas en el contexto de los cruces marítimos, como las que muestran botes llenos de hombres africanos jóvenes -presentados más bien como inquietantes sino directamente amenazantes y en todo caso otros-, aquí sobresalen la impotencia y vulnerabilidad absolutas. Los primeros, en efecto, pretenden reapropiarse de su destino al lanzarse al cruce marítimo; el niño fallecido, en cambio, estuvo a merced de terceros, ya sean estos la guerra, los traficantes que proporcionan botes y chalecos salvavidas en mal estado, su padre, que asumió el riesgo letal del viaje, o la política de asilo europea que no le dejó otra opción, según como se lo quiera interpretar. De manera extrema, esta imagen condensa la paradoja de conferir visibilidad y acceso por medio de la exposición de la vulnerabilidad más extrema. Demuestra cómo en el régimen de asilo es ante todo la condición expuesta y desvalida la que califica para obtener reconocimientos y garantías, y consagra la superioridad moral de la víctima por sobre el actor político o social.

Según Didier Fassin (2005), si hasta la década de 1980 los refugiados habían sido la figura más legítima dentro de la jerarquía implícita de extranjeros, y se habían beneficiado de condiciones relativamente privilegiadas, a partir de los noventa se produce un giro del asilo político hacia la protección humanitaria que cambia el marco de recepción. Fassin describe cómo en las últimas tres décadas las políticas migratorias europeas se han vuelto crecientemente restrictivas, y el asilo político perdió gran parte de su legitimidad, mientras ganaban terreno nuevos criterios basados en reclamos humanitarios. Los postulantes al asilo comenzaron a ser identificados como inmigrantes "ilegales" y, por lo tanto, candidatos a ser expulsados, a menos que razones humanitarias los recalificasen como víctimas merecedoras de simpatía. El refugiado como sujeto político, agente de la historia, de acuerdo con la narrativa moderna, da lugar al recipiente pasivo de asistencia. En los noventa, el Gobierno francés introdujo una serie de medidas humanitarias de excepción a la ley de inmigración, que otorgan residencia legal a los inmigrantes indocumentados que sufren patologías serias y no pueden recibir tratamiento adecuado en sus países, así como a víctimas de violencia de género y tráfico de personas. Miriam Ticktin (2011) explica en detalle cómo estas cláusulas, presentadas como "apolíticas", convierten al cuerpo sufriente moralmente legítimo en sujeto primario de cuidado. Los cuerpos trabajadores, explotados, quedan excluidos; son los cuerpos enfermos, sostiene Ticktin, quienes son reconocidos: a diferencia de la lógica que primaba hasta entonces, los inmigrantes obtienen derechos en función de su incapacidad, no de su capacidad.

En contraste con las connotaciones espirituales y estéticas del exiliado, por otra parte, el sello de "refugiado" sugiere un ámbito humanitario burocratizado (Malkki 1995, 513). El refugiado en busca de protección y asistencia humanitaria se diferencia, así, no sólo del ciudadano y del activista político exiliado, sino también de quien migra en busca de trabajo o, según el discurso público europeo que los condena, "de una vida mejor". Si hasta décadas antes el cuerpo del refugiado era legítimo por razones económicas y la enfermedad lo tornaba sospechoso, afirma Fassin (2005), ahora la situación se ha revertido: mientras que el cuerpo resulta inútil para trabajar, la enfermedad se convierte en un recurso social. Hasta los setenta, en efecto, los inmigrantes eran trabajadores cuya labor era necesaria para la reconstrucción de los países europeos seriamente dañados por la guerra: era su capacidad de trabajo la que habilitaba un permiso de residencia. Sus cuerpos debían ser saludables; la enfermedad, en cambio, era motivo de sospecha. Con la modernización de la industria que reemplazó a gran parte del trabajo poco calificado por máquinas, sus cuerpos se tornaron superfluos en la mayor parte de los rubros industriales en los que eran necesarios como mano de obra barata. En este nuevo contexto, es el cuerpo sufriente el que la sociedad reconoce y legitima: en lugar de generar suspicacia, el cuerpo enfermo se torna en Francia la base más eficaz para los inmigrantes indocumentados, y en función de él adquieren "biolegitimidad".

La lógica humanitaria privilegia así, como en el caso del refugiado, la producción de una figura sufriente y pasiva, recipiente de políticas de asistencia, antes que agente por derecho propio. Esta cualidad se emparenta con lo que el texto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados estipula en términos del "miedo fundado a ser perseguido" como elemento decisivo para la calificación al asilo. El refugiado, para ser legítimo, debe entonces parecerlo: cuanto más desvalido, más merecedor de protección. La agencia, en cambio, entra en estado de sospecha. Peter Nyers (2006) expone cómo la constitución de una subjetividad temerosa resulta crucial en el proceso de crear y estabilizar la identidad del refugiado. Se trata de una subjetividad vaciada de agencia política. Existen expectativas culturales respecto a ciertas cualidades y conductas que demuestran la condición "auténtica" del refugiado de acuerdo con sus definiciones y regulaciones legales, y consisten en silencio, pasividad y victimización. De ese modo, según Nyers, el refugiado se constituye a través de una serie de omisiones ontológicas; carece de todo aquello que está presente en el sujeto político como las cualidades de visibilidad, agencia y discurso racional. También las representaciones visuales convencionales asocian a los refugiados con la carencia, la invisibilidad, el vacío y la falta de voz (Malkki 1996). Tras la remoción de los cualificadores políticos, el sello "refugiado" pasa a connotar un ámbito burocrático de intervención humanitaria, con los consecuentes efectos de despolitización de la figura y omisión de los procesos políticos e históricos que dieron lugar al desplazamiento (Nyers 2006; Malkki 1995): se desacopla la vida por proteger de la existencia política del ciudadano.

Al discernir entre una identidad política o civil fuerte y una condición vital en riesgo se introduce la separación que postula Giorgio Agamben (1998), basándose en los dos términos empleados por los griegos para nombrar la vida, entre la existencia calificada del ciudadano (bios) y el mero hecho biológico de existir (zoe). La (bio)política moderna, según Agamben, crea la nuda vida como un estado de indeterminación entre ambas. Esta condición liminal entre la ciudadanía de derechos y el individuo desprovisto de garantías civiles, más cercano al ámbito de la "naturaleza", adopta formas cambiantes histórica y coyunturalmente y se pone en juego también en la figura del refugiado.

La separación entre lo humanitario y lo político que crea la institución del asilo es en sí una operación (bio)política: construye a los refugiados como nuda vida, es decir, expuesta a peligros y objeto de protección en términos de existencia o supervivencia biológica. Una de las características esenciales de la biopolítica moderna es su necesidad de volver a definir en cada momento el umbral que articula y separa lo que está adentro y lo que está afuera de la vida cualificada. Las regulaciones y políticas humanitarias intervienen en la creación de esa tensión entre vidas políticamente relevantes y otras que sólo sobreviven a través de sus discursos, prácticas, tecnologías y burocracias. Sin embargo, como se verá, no se trata de una operación unilateral sino que está sujeta siempre a negociación y disputa.

Tanto en el caso de los inmigrantes en Francia que obtienen la residencia por su condición victimizada o enferma como en el sistema de clasificación y filtrado de refugiados legítimos y migrantes económicos no deseados en las fronteras de Europa, la cualificación para el acceso se obtiene a partir de una condición vulnerable, desvalida. En el contexto de lo que Fassin califica como una proliferación de figuras sufrientes, es decir, sujetos definidos por el daño (o el riesgo) padecido, adquieren mayor legitimidad moral el perseguido o la víctima que el migrante agente de su destino que emigra por voluntad propia.

La paradoja de esta operación humanitaria es que los califica precisamente por su descualificación, su degradación a la condición de vida por proteger. Más paradójico y problemático aún es que sea precisamente el régimen de fronteras, visa y asilo de la Unión Europea el que empuja a migrantes y refugiados -por igual- a una zona de exposición o nuda vida al no dejarles otra opción que el cruce a merced de los elementos, convirtiéndolos desde antes de embarcar en potencial objeto de asistencia humanitaria. En las fronteras de Europa, las técnicas de securitización y vigilancia crean políticamente la exposición a la intemperie y a las geografías hostiles, trátese del mar abierto o de las rocas escarpadas en la costa de Samos. Ante el cierre de canales seguros para solicitar asilo ante una embajada (ONG reclaman al menos que se establezca un "corredor humanitario"), es la política europea la que empuja a los viajeros ilegalizados a una zona de exposición a la intemperie, el clima, y la propia resistencia orgánica, a merced de los elementos y privados de los derechos de ciudadanía.

Si, para Agamben, la condición de nuda vida implica un abandono o una exposición al poder del soberano, en el caso de las fronteras marítimas del espacio de la UE, el abandono y la exposición se extienden a la fuerza misma de los elementos, una zona de "mera supervivencia biológica" por riesgo ambiental, en la que la naturaleza entra en los cálculos de riesgo de las políticas disuasorias. El desplazamiento de los viajeros no deseados a zonas de mayor riesgo es parte de lo que Weber y Pickering (2011) llaman "estrategias gubernamentales del no-arribo", y se extiende como matriz disuasoria a lo largo de las fronteras entre el Norte y el Sur globales. Apoyadas en sofisticadas tecnologías de detección, estas fuerzan a los viajeros ilegalizados a recursos cada vez más clandestinos y rutas más complicadas, aumentando la duración e intensidad del peligro (Weber y Pickering 2011, 7). De ese modo, al igual que en los mares que rodean a Australia, y en el desierto que forma el borderland entre EE. UU. y México, los viajeros son abandonados a la fuerza de los elementos, a la "naturaleza", construida como un supuesto ámbito presocial. Así se enmascaran como "tragedias" o "fatalidades" muertes que, como la de Aylan Kurdi -y los cientos de niños muertos antes y después de él-, son altamente políticas, pero pueden presentarse como catástrofes humanitarias carentes de agencia y responsabilidad.

La categoría agambeniana de nuda vida ha sido empleada en la investigación sobre migración y fronteras en relación con la emergencia de zonas donde la ley es aplicada selectivamente y las personas son privadas de los derechos de ciudadanía (Buckel y Wissel 2010; Vaughan-Williams 2012). Partiendo de esta caracterización, sostengo que los inmigrantes ilegalizados son llevados más allá de lo que Agamben llama umbral de animalización, a través del abandono, ya no a la arbitrariedad del poder soberano, sino a la fuerza misma de los elementos, o a una zona de "mera supervivencia biológica" por riesgo ambiental o colapso fisiológico. Ese desplazamiento a una zona de exposición vital es coherente con una retórica que construye a los viajeros indocumentados en continuidad y contigüidad con el ámbito de la "naturaleza".⁶ Esta caracterización no implica una reificación de las fuerzas naturales sino que, por el contrario, apunta a destacar el grado en que estas pueden ser puestas en juego, movilizadas políticamente e incluidas adrede en las estrategias de gubernamentalidad; una operación política que opaca las condiciones históricas en que ejercen sus efectos los fenómenos "naturales" y que puede rastrearse ya en el contexto de la dominación colonial -ver, por ejemplo, el caso de las sequías en India en el siglo XIX, expuesto en Davis (2000)-.

Es pues el régimen de fronteras de la UE el que produce a los viajeros ilegalizados como nuda vida. Eso no significa, sin embargo, que se cierren las posibilidades de contestación y agencia. Por el contrario, es una condición en la cual pueden surgir otras -imprevistas, paradójicas, desesperadas- artes de astucia y resistencia.

Vender los papeles, romper los botes. Agencia y resistencia en la nuda vida

Escena 4, septiembre de 2013, Mitilene (Lesbos). Abbas ha llegado a la isla desde Turquía hace menos de 48 horas y cuenta su historia a la sombra de los pinos en Pikpa, un centro de acogida de refugiados de puertas abiertas creado y mantenido por voluntarios locales en un excentro vacacional infantil. Relata la historia de su travesía desde Afganistán. Lleva más de cuatro meses viajando y seis intentos fallidos de cruzar a Grecia: logró arribar y quedarse en el séptimo. De todos los cruces, dice, el momento en que tuvo más miedo fue cuando él y sus compañeros de viaje "desinflaron el bote" en medio del mar. Hasta que la llegada de refugiados desde Turquía se hizo masiva, en 2015, era habitual que los traficantes les dieran a los viajeros, antes de partir rumbo a las islas, un cuchillo y la instrucción de usarlo para pinchar y destruir ellos mismos el bote inflable cuando estuvieran a la vista de una patrulla o cerca de la costa. De ese modo, su situación se convierte en una emergencia marítima, y la Guardia Costera Griega está obligada a rescatarlos y llevarlos a tierra firme. La condición de "hombre al agua" está profundamente arraigada en el imaginario griego e impone un deber supremo de salvataje que se impone sobre cualquier otra circunstancia. Sea quien sea, el náufrago debe ser salvado y llevado a tierra firme.

Durante algunos años, desinflar los propios botes con este fin fue un recurso extendido entre los viajeros, según confirmaron todos los entrevistados en la zona, desde autoridades, que la califican de práctica criminal, hasta activistas, que la denominan una "operación de autorrescate". Los testimonios indican que la acción no siempre fue efectiva ante los temibles guardias costeros griegos, acusados de abusos graves contra los migrantes en altamar y denunciados por destruir aun más sus botes y agravar su situación. De hecho, el desinfle de los botes dejó de practicarse, primero en presencia de mujeres y niños a bordo, y luego del todo, por su relativa ineficacia, por un lado, y por otro, en vista de la masiva afluencia de personas a partir del verano (boreal) de 2015, que cambió radicalmente el mapa de la situación. Lo que interesa aquí, sin embargo, no es evaluar esta práctica en términos de sus aspectos éticos o su eficacia instrumental. Se trata, en primer lugar, de pensarla como expresión de un modo de construirse el escenario sobre el que viajeros ilegalizados deben emprender el cruce al espacio Schengen, con las implicaciones que conlleva en términos de cómo se definen las fronteras también de manera simbólica. ¿Qué significa poner la propia vida en riesgo a fin de ser admitido en Europa a través de una acción de rescate? ¿Qué dice esto sobre las fronteras de la UE?

La frontera europea, sostengo, se construye como una línea a lo largo de la cual se produce, y se negocia, la exposición y supervivencia en la nuda vida. Los viajeros son llevados, en más de un sentido, a una suerte de "estado de naturaleza". Expuestos a la arbitrariedad de las redes de traficantes y de las patrullas costeras de los países europeos o de Frontex, quienes cruzaban en este área del Egeo norte podían recalar en otras partes de la costa turca o en islas abandonadas, donde debían subsistir a la intemperie, alimentarse de frutos silvestres, prender fogatas para calentarse y llamar la atención de los pescadores. Este abandono apunta al corazón de lo que está en juego, en última instancia, en las fronteras marítimas de Europa: la conversión de ciudadanos en "nuda vida", existencia biológica tanto si es para ser dejada a su suerte como si es para ser rescatada. En palabras de Foucault (1977), no mueren como consecuencia de una ejecución directa sino en virtud de un poder que se manifiesta a través de la facultad de "hacer vivir" y "dejar morir".⁷ Por eso, los paradigmas de humanitarización y securitización no son opuestos ni contradictorios entre sí, algo que han advertido numerosos autores, aunque medios y políticos continúen presentándolos como tales.⁸ La humanitarización y la securitización de las fronteras no son sólo compatibles sino también complementarias, pues ambas se basan en la producción de los migrantes ilegalizados como nuda vida y remiten, en última instancia, a una biologización, deshistorización y despolitización de los procesos migratorios.

De mayor interés aquí, sin embargo, son las consecuencias de esta operación en términos de agencia y del modo en que esta división entre existencia cualificada y vida "natural" es cuestionada, negociada, redibujada e incluso reconvertida a su favor por los viajeros. El hecho de romper los botes ellos mismos para obligar a las patrullas a rescatarlos muestra la paradoja de extremar aún más el peligro, a fin de lograr ser rescatados. Como si fuera precisamente el abismo de abandono al que son empujados, en cuanto nuda vida, el último recurso del que pueden servirse dentro de ese reducido margen de acción. No es como ciudadanos de derechos, sino como vida biológica amenazada que son objeto de protección humanitaria.

En Pikpa, en 2013, casi nadie lleva consigo pasaporte o documento de identidad. Como explica una activista que los asiste en su paso por la isla, suelen enviar a su propia casilla de correo electrónico copias escaneadas de sus documentos, a fin de imprimirlos cuando los necesiten. Mientras tanto, viajan escindidos de su adscripción civil, que los acompaña en forma virtual desde la nube. Lo más probable es que mantengan esta práctica durante años, aun dentro del espacio Schengen, hasta tanto logren regularizar su situación administrativa. Mientras tanto, prefieren ser puro cuerpo en fuga; sin nombre, edad, filiación ni nacionalidad inscripta en registro alguno. Si se deshacen de la atadura de la ciudadanía a conciencia al cruzar la frontera, es porque saben que sólo así podrán aspirar a protección humanitaria⁹ y evitar caer en las bases de datos que reglamentan la política de asilo europea.¹⁰ Si los documentos nacionales no son válidos para postular a una entrada legal, entonces es preferible desprenderse de ellos, que serán sólo una carga y facilitarán la deportación. Los refugiados suben a los botes sin sus documentos u otro elemento que pueda revelar su identidad civil. Quizás se hayan desprendido también de sus vínculos familiares y hayan recreado parentescos alternativos, más o menos "ficticios" que los biológicos, gestados y amparados por las urgencias y necesidades del viaje.

Ya en suelo europeo, serán revisados por médicos, quizás recibirán un número -anotado en un papel o escrito sobre la mano-, integrarán una lista y, así, se reintegrarán nuevamente a ordenamientos burocráticos por parte de las organizaciones humanitarias y los controles policiales. Agentes de Frontex, o entrenados por ellos, harán el screening, destinado a establecer su identidad, nacionalidad y edad "verdaderas". Luego, seguirán su camino al norte de Europa, entrando y saliendo de las complejas estructuras de inclusión civil que, esperan, los llevarán poco a poco desde su condición de objetos de gestión humanitaria, a través de sucesivos pasos de estatutos y permisos, hacia un pleno reconocimiento, ya no como ciudadanos sino como refugiados o, lo más probable, beneficiarios de algún tipo de protección subsidiaria. En ese viaje, la inscripción y desinscripción civil se convierten en un juego de recursos y oportunidades, y la nuda vida en una paradójica herramienta de negociación.

Inspirándose en la teoría del nomadismo de Deleuze, Papadopoulos y Tsianos (2007) exponen cómo en contextos migratorios las personas "disuelven" su identidad como modo de resistencia. Lo que caracteriza al nómade, sostienen, no es su pasaje por puertas, fronteras, obstáculos o barreras sino su deslizamiento en el territorio: la trayectoria nómade no va a ningún lado, no deja nada a su paso (Papadopoulos y Tsianos 2007, 224). Se trata de una práctica política en virtud de la cual los actores sociales escapan a las representaciones normalizadas de ellos y se reconstituyen a sí mismos, transformando sus condiciones materiales de existencia. Migrantes y refugiados, para Papadopoulos y Tsianos, cambian sus identidades a fin de mantener canales de movilidad material y subjetiva; se transforman estratégicamente, recurren a metáforas animales al cruzar fronteras y adaptan de manera permanente sus prácticas y alianzas. Más que reclamar un sistema de derechos, según estos autores, los viajeros crean instancias de fuga, devenires y desterritorializaciones, capaces de subvertir los sistemas de soberanía nacional, identidad y representación dentro de los cuales se hace preciso un marco legal de derechos.

En esta interpretación, son los modos de devenir nómades los que orientan las experiencias encarnadas de los migrantes: devenir animal, anfibio, imperceptible, como transformaciones volátiles que escapan a la política penetrante de la representación, los derechos y la visibilidad (Papadopoulos y Tsianos 2007, 224). Además de cuestionar la interpretación clásica de la migración como un proceso unidireccional, con un objetivo fijo e intencional, proponiendo más bien el transcurso nómade que no reconoce fronteras, barreras u obstáculos, estos autores postulan el "devenir animal" no sólo como metáfora de las transacciones del régimen contemporáneo de movilidad sino como cifra del sustrato corporal de la migración transnacional en épocas de un régimen global de ilegalidad forzada (Paradopoulos y Tsianos 2007, 226). Se trata, afirman, de una estrategia de desidentificación, una "deshumanización" voluntaria, puesto que rompe la relación entre el nombre y el cuerpo: "un cuerpo sin nombre es un ser no-humano; un animal que corre. Es no-humano porque abandona deliberadamente el régimen humanista de derechos"¹¹ (Papadopoulos y Tsianos 2007, 227). No alcanza, sostienen, con quemar los papeles;¹² es preciso devenir animal, y el devenir es esencial a la movilidad; también devenir mujer, niño, anciano, sólido, fluido, movimientos de respuesta al control de su deseo. Transforman su constitución física, sus cuerpos, voces, acentos, pelo, color, altura, género, edad, biografías. La desestabilización del vínculo entre el cuerpo y la identidad es parte de la astucia de la migración, que abre la puerta a nuevas subjetividades indómitas.¹³

No es preciso adscribir semejante intención contestataria a los migrantes en tránsito (en definitiva, se trata ante todo de estrategias puntuales y concretas al servicio de la propia movilidad) para reconocer que se trata, en efecto, de recursos que afirman la propia autodeterminación. Como escribe Nyers (2006), aunque no se suponga que los refugiados sean actores políticos -pues se asume que esto es prerrogativa exclusiva del ciudadano-, ellos demuestran agencia política todo el tiempo. En esa agencia, sin embargo, su nuda vida es a menudo lo único de lo que disponen, y el cuerpo deviene campo de batalla y arma de resistencia a la vez. Lo paradójico, en todo caso, es que la agencia se apoye precisamente en los elementos que consagran su desinscripción. Así como en el caso de Francia la diagnosis biomédica de sufrimiento se convierte en un recurso estratégico (Ticktin 2011, 12), la existencia biológica suele ser el último recurso disponible para la acción. También los refugiados que defienden sus casas tomadas amenazando con saltar desde el techo, o los que cosen sus labios como forma extrema de llamar la atención sobre su silenciamiento social, involucran su vida o su integridad física en un juego de apuestas radical.¹⁴

Las consideraciones de Agamben han sido criticadas por postular una oposición binaria entre la ciudadanía de derechos y la existencia biológica, así como por descartar la posibilidad de agencia dentro de la nuda vida. Si se admite esto, efectivamente, como una carencia en la teoría del filósofo italiano, y se observan luego en el ámbito de las prácticas las resistencias que tienen lugar, se nota que la condición de nuda vida de ninguna manera se queda en una imposición unilateral ni permanece indisputada. Ni bios ni zoe deberían tomarse como categorías fijas, sino como dos polos en un rango estratificado de estatutos; ni entenderse la nuda vida como un hábitat donde el margen de acción es nulo. El régimen de fronteras puede degradar a los viajeros a una zona de nuda vida pero quienes la detentan no son receptores pasivos. Hay usos y recursos entre los cuales la práctica de destruir el propio bote es quizás una manifestación extrema, pero no aislada.

Los migrantes que destruyen sus botes a fin de convertir el cruce en una acción de rescate marítimo ponen su propia supervivencia en juego, toda vez que los canales de entrada legal a la Unión Europea se encuentran cerrados. Empujados a la nuda vida, revierten esta condición a su favor. Como un prisionero en huelga de hambre, ponen en juego lo único que les queda: su existencia biológica. Radicalizando aún más su vulnerabilidad, ponen en riesgo su propia vida e integridad física. Así, el deslizamiento hacia la nuda vida no resulta sólo una estrategia desde el poder sino que es reusada y resignificada en términos de desafío y resistencia. Incluso el suicidio, en última instancia, es el último acto de afirmación de dominio sobre la propia vida, ya sea por desesperación o como último acto de libertad, como escribe Hannah Arendt en un texto que, desde su título ("Nosotros, los refugiados"), aspira a afirmar en primera persona la subjetividad fuerte del refugiado: "not being free to create our lives or the world in which we live, we nevertheless are free to throw life away and to leave the world" (Arendt 1994 [1943], 113-114).¹⁵

El futuro de los controles fronterizos: biometría, movilidad y sujetos vulnerables

Escena 5. Sala de conferencias en un hotel de una cadena internacional, Roma, febrero de 2016. En un barrio residencial de la ciudad tienen lugar unas jornadas sobre tecnología de vigilancia y control de fronteras. Es un encuentro organizado por una corporación británica de armamento y reúne a autoridades militares y civiles, junto a proveedores de diversas compañías del rubro "seguridad". Entre los oradores se encuentran altos mandos navales y de guardias fronterizas de Italia y España que exponen los desafíos y logros de su actividad, representantes de la industria que presentan sus "soluciones", enviados del Gobierno de EE. UU. que dan su versión de los controles fronterizos, y el director mismo de Frontex, en representación de la agencia europea de fronteras. Entre los participantes no es preciso discutir la interpretación del "problema". Sus posiciones son mayormente coincidentes y repiten, una y otra vez, la necesidad de distinguir entre el refugiado "legítimo" y el "migrante económico". Igual que en los documentos de Frontex, este último es mencionado siempre en una misma serie junto a traficantes de personas, contrabandistas o terroristas: realizan actividades ilegales, y son el foco principal de los dispositivos de vigilancia en exposición y venta allí.

Cuando los nombran, sistemáticamente, los oradores los impugnan diciendo que ellos "sólo buscan una vida mejor". La designación los asimila a un delincuente y se pronuncia en tono despectivo. Dicen "vida mejor" como si dijeran una mala palabra, como escupiendo. Migrar no sólo es un objetivo ilegítimo sino, al parecer, también deleznable. Como si fuera la trama de una película de vaqueros, la representante del Home Department estadounidense llama a quienes cruzan de manera clandestina la frontera, sencillamente, "los malos" (the bad guys). Un funcionario de la OIM, que ante otro público sería quizás denostado por su complicidad con las políticas antiinmigratorias, es aquí el único que trae algo de la experiencia y subjetividad de los migrantes. Intenta explicar el complejo entramado de motivaciones "mixtas" que anima a los viajeros y afirma que "nadie sube a su hijo a un bote endeble y encara un viaje peligroso a menos que el continente sea más peligroso que el mar". Indignado, un almirante italiano lo acusa de extorsionar emocionalmente a los presentes en la sala.

Para quienes desarrollan, venden y aplican estas tecnologías es un hecho que los migrantes "ilegales" deben ser detectados y su paso impedido. Las demandas de la sociedad civil de distinguir, al menos, a quienes tendrían derecho a postular al asilo implican una dificultad adicional. Los términos del asilo configuran el filtro de la selección y suponen, de modo indirecto, deslegitimar y condenar al "migrante económico". En momentos en que la vigencia misma de la Convención en Europa está siendo cuestionada, y ante la gravedad de la situación de los refugiados en el continente, puede parecer poco oportuno poner en cuestión el único instrumento disponible capaz de ofrecer alguna protección a los cientos de miles de personas en tránsito.¹⁶ Sin embargo, o precisamente por eso, se trata de señalar las falencias estructurales de esta categoría y reconocer las clasificaciones que implica, así como los desajustes que presenta su definición en relación con las movilidades globales en la actualidad. Nacida para atender necesidades específicas propias de otro momento histórico, esta regulación no puede dar cuenta del carácter estructural, sistemático y permanente que encuentran hoy en día los desplazamientos de población, como una entre otras tantas formas contemporáneas de expulsión (Sassen 2014).

El encuentro dedica una sección especial a la biometría y sus usos para la identificación en los puestos de control fronterizo. Las tecnologías ya en uso o en experimentación incluyen reconocimiento facial, de iris, de la estructura venosa de la palma de la mano, de patrones conductuales (como el modo de caminar), de voz o, incluso, de las más arcaicas huellas dactilares; modos todos de adherir una identificación fija a un cuerpo en movimiento. A medida que estas técnicas de control avancen, no sólo el paso por aeropuertos internacionales y otras fronteras de alto tráfico será más fluido para los llamados "viajeros de buena fe", sino que también se harán crecientemente ineficaces la falsificación de pasaportes, el uso de documentos falsos, o incluso la carencia de documentación alguna, a la que recurren algunos viajeros en su ruta hacia Europa: si el pasaporte es el propio cuerpo, no hay forma de desprenderse de esa inscripción. Nuevos modos de control y resistencia harán del cuerpo humano el campo de disputa futuro.

En el público se encuentra también un representante de la empresa que ha provisto a la ACNUR de un sistema de identificación biométrico para sus campos. La Agencia para los Refugiados ha comenzado a introducir estas tecnologías para el registro de las poblaciones a su cargo, según explica la empresa proveedora, en respuesta al desafío de "identificar rápidamente y con precisión en sus campos de todo el mundo a la población siempre cambiante de personas desplazadas forzosamente". Los instrumentos biométricos, por cierto más sofisticados que la marcación a mano de los cuerpos a la que se recurría en las islas griegas en 2015, permitirán así "gestionar mejor a la población global de refugiados". El "sistema biométrico de gestión de identidad" (BIMS, por su sigla en inglés) por el que optó ACNUR le ofrece una "base de datos centralizada para la gestión de identidad", capaz de "registrar, de-duplicar¹⁷ y verificar las identidades de los refugiados, asegurando que las personas correctas reciban asistencia donde y cuando lo necesiten", sobre todo "al atravesar fronteras".¹⁸ Así, las innovaciones tecnológicas están puestas al servicio de definiciones políticas obsoletas, mientras la categoría del refugiado continúa reproduciendo la involuntaria y simétrica "culpabilización" indirecta de millones de personas en tránsito que no pueden demostrar ser perseguidas, y reproduce en el nivel de los imaginarios las referencias heredadas de la segunda mitad del siglo XX en términos de sufrimiento, miedo, pasividad y mansedumbre.

En procura de alternativas para determinar los modos y tiempos de organizar su recorrido, afirmando la propia autodeterminación, los viajeros ilegalizados han sabido recurrir a los elementos que pone a disposición precisamente su desinscripción. Como se ha visto más arriba, estas alternativas pueden tomar la forma extrema de destruir el propio bote a fin de ser rescatados, o la más banal de vender la papeleta con el número asignado al llegar al puerto de Samos. El sujeto que decide libremente canjear un recurso con el que cuenta (tiempo para esperar, a cambio de un número más tardío) por un bien que precisa (dinero) subvierte el empeño administrativo de las agencias humanitarias, mientras se apropia del estrecho margen de acción del que dispone. Lo que resulta paradójico, en todo caso, es que sean precisamente los elementos que certifican su exclusión, su condición de nuda vida, los que puede poner en juego para gestionar él mismo los términos de su movilidad. No menos paradójico resulta que para acceder al país de destino no cuenten valores como la aplicación al trabajo, la voluntad de autosuperación, el afán de progreso y la fortaleza física, sino que cualifiquen los indicadores de destrucción y peligro en el propio país, de daño corporal y psíquico individual, o de desintegración social y familiar.

Mientras tanto, los controles biométricos reconfiguran los términos en los cuales migrantes y refugiados, ciudadanos y víctimas, deberán librar las disputas por su derecho a la autonomía y la libertad de movimiento. Si las estrategias de desdoblamiento entre el cuerpo y la identificación puestas en juego bajo el régimen de la documentación en papel mencionadas arriba resultan obsoletas, es preciso reflexionar sobre los nuevos modos de sujetar y modular la movilidad de los individuos que plantean las tecnologías en experimentación y uso, así como sobre los resquicios o espacios de agencia que ofrecen y las subjetividades que fomentan, un desafío en el que migrantes y refugiados, ciudadanos y víctimas, serán interpelados por igual. Los instrumentos biométricos de control llevan las prácticas migratorias clandestinas a un nuevo territorio y formulan nuevas preguntas en términos de los márgenes de resistencia posibles (Scheel 2013). Al mismo tiempo, con su confianza en el registro de indicadores únicos, constantes y normalizados del individuo, las lógicas de los controles biométricos emparentan al refugiado, al migrante y al trabajador precarizado con el ciudadano al subsumirlos como objeto de una misma lógica de gubernamentalidad.¹⁹

Por último, es pertinente formular la pregunta por la producción de subjetividades atemorizadas o victimizadas, supervivientes de "calamidades", como futura mano de obra dócil -disciplinada por las vicisitudes padecidas para llegar a Europa- y dispuesta a aceptar frágiles condiciones laborales. Pese a la insistencia en separar al refugiado del "migrante económico", los cálculos y especulaciones sobre los trabajadores que harán falta en una Europa envejecida no son del todo ajenos a las discusiones en torno del derecho al asilo. Originalmente separado de otras figuras de la precariedad, que habitan zonas de baja protección civil, o de alta exposición a las violencias e inequidades, el refugiado invita hoy a ser pensado justamente en sus intersecciones, parentescos y potenciales alianzas con esos otros modos de existencia en la vulnerabilidad.

Agradecimientos

El proyecto que da marco a este artículo se desarrolla en el Centro de Excelencia "Bases culturales de la integración social" de la Universidad de Constanza, auspiciado por la Fundación Alemana de Investigación, en el marco de la iniciativa de excelencia del Gobierno federal alemán. Las entrevistas en Grecia se mantuvieron en inglés y en griego, en este caso con traducción al inglés de Anna Argiropoulos (2013-2014) y al alemán de Anna-Katerina Kalouli (2015), quienes brindaron también ayuda logística, así como en farsi y urdu (2014), gracias a la traducción al inglés de Hamid Ariarman Saljooghi. Agradezco especialmente a los editores del número especial y a los evaluadores anónimos por sus comentarios y aportes a una versión anterior del texto.