Introducción

Este artículo presenta los puntos en común de los resultados de dos investigaciones que exploran las prácticas y los discursos manifiestos en diversos dispositivos de intervención psicosocial que trabajan con mujeres en Ecuador y Chile. Se desarrolla esta comparativa al evidenciar prácticas y discursos comunes en ambos contextos respecto de la justificación de la existencia de ciertos dispositivos sociales específicos por donde transitan mujeres consideradas vulnerables, como también en sus formas de actuación directa. Colocamos conscientemente el caso de dos dispositivos diferentes respecto de su objeto de atención -violencia de género en Quito e inclusión de la migración en Santiago- y en dos capitales de la región, para visualizar la posibilidad de transnacionalización de una retórica de derechos que, pese a sus diferencias en sus niveles de práctica, acaba produciendo diversas formas de gubernamentalidad que posibilitan un proceso de victimización de algunas mujeres. Como veremos, en estos dispositivos se utiliza una retórica en torno a la inclusión de género y de derechos que tiene efectos directos en la manera de concebir a estas mujeres y en los procesos de subjetivación que se derivan de sus actuaciones, a partir de procesos intensivos de encuadramiento que derivan en su victimización. Es importante interrogar las aplicaciones de estas perspectivas que están en uso a nivel transnacional en el aparataje público y de la sociedad civil, precisamente porque muchas veces se utilizan sin una explicación del significado de estas orientaciones, y más como horizonte deseable y abstracto que como una apuesta política de transformación. En ambos contextos, Santiago de Chile y Quito, encontramos usos comunes de retóricas respecto de las mujeres que redundan en la construcción de la categoría víctima desde estos dispositivos.

Las investigaciones se desarrollaron con profesionales y usuarias de servicios que con perspectiva de género trabajan con mujeres en situación de violencia de género en Quito y de inmigración en Santiago. Lo que buscamos explicar son las maneras en que los dispositivos de intervención psicosocial construyen un sujeto-víctima como justificación de una perspectiva de derechos ciudadanos, haciendo que desde la victimización devenga cierta incorporación ciudadana.

El artículo presenta en un primer acápite las referencias teóricas que asumimos como base para analizar la relación entre intervención psicosocial y la generación de procesos de victimización. A continuación se describen brevemente la metodología utilizada y la forma de aproximación a esta reflexión. Luego desarrollamos una discusión respecto de cuatro factores relacionados con la constitución del proceso de victimización: las matrices de comprensión que actúan trasnacionalmente para la consideración del sujeto mujer-víctima, la relación entre los dispositivos de intervención psicosocial y la constitución de la categoría mujer-víctima, los mecanismos técnicos para la construcción de la víctima, particularmente la actuación experta y pericial -prácticas y discursos de verdad, normativas para el encuadre social, y la clasificación por secuelas y/o marcas distinguibles-, y por último, las posibilidades que tienen las mujeres y las profesionales de resistencias frente a este proceso de victimización.

Herramientas conceptuales: conocimiento transnacional, matrices, gubernamentalidad y victimización

Nos basamos en diversas herramientas teóricas que nos han brindado luces para la interpretación. Considerando las propuestas desde el feminismo poscolonial, nos interesa comprender los procesos de transnacionalización que emergen en la intervención psicosocial. Entendemos, junto a Mohanty (2008 [1988]), estos procesos como la apropiación, codificación y movilización de un saber académico que tiene determinados efectos. Estos saberes se constituyen en una "matriz de dominación" (Collins 2000) de la que emergen ejes de diferenciación que intersecan la enunciación en cuanto a sexo, clase, procedencia nacional y etnia (Creenshaw 1989). Siguiendo a Yuval-Davis (2006) y Anthias (2002), enfatizamos nuestro análisis en comprender cómo esas desigualdades operan en los niveles institucionales-organizativos de la sociedad y en el representativo-discursivo, no sólo a nivel de lo intersubjetivo. Por ello, teniendo presentes los planteamientos de hooks (1984) y Mohanty (2003), cuestionamos la universalidad de la opresión, criticamos la homogeneización de los sujetos y entendemos que estos procesos son otro fruto de la violencia epistémica (Spivak 1988). En este sentido, nos será de utilidad para este ejercicio comparativo entre los dos contextos, la noción que plantean Merry y Levitt (2009) sobre cómo las nociones transnacionales acerca de los derechos de las mujeres son ajustadas en procesos de vernaculización en los contextos locales, considerando principalmente las posiciones sociales, la experticia en esa traducción y ese encuadre social, y las tecnologías que se generan para dicho encuadre.

Siguiendo a Hacking (1999), consideraremos que las construcciones sociales que posibilitan la emergencia de ciertas categorías se enmarcan en lo que el autor llama "matrices semiótico-materiales". Estas constituyen clasificaciones de los sujetos, establecen lo que es y no es un problema social, determinan prácticas y limitan los repertorios lingüísticos de nominación que tienen efectos en la materialidad. La complejidad mayor estaría en que estas clasificaciones van constituyendo el mundo de posibilidad de las personas y tienen efectos concretos de subjetivación de estos sujetos. En este artículo indagamos sobre la figura mujer-víctima, cómo se la construye, a través de cuáles discursos y prácticas, y sus efectos.

Por otro lado, consideramos la intervención psicosocial como una forma de gubernamentalidad (Foucault 1999) al posibilitar con sus prácticas y discursos diversas maneras de control, disciplinamiento y normativización, pero a la vez, distintos modos de resistencias, no siempre explícitas y directas. Entenderemos como gubernamentalidad al conjunto de técnicas que permiten al poder ejercerse en función de estrategias, aplicándose a la totalidad de la existencia (Foucault 1999). Además, estas formas de gubernamentalidad se desarrollan también de manera sutil, y no son necesariamente coercitivas (Rose 1996), pues actúan a través de dispositivos. Entenderemos como dispositivo un sistema técnico y social de acción que organiza y normativiza las relaciones sociales, en función de significados y representaciones concretos (Lascoumes 2004). Así, la intervención psicosocial desarrolla maneras de entender y actuar sobre algunas problemáticas sociales, que se enmarcan en un conjunto de definiciones donde están involucrados instituciones y agentes sociales, conocimientos y formas de acción (Galaz y Montenegro 2015), que afectan directamente las trayectorias de los sujetos que considera como centro de su actuación. Pese a los efectos de control y dominación, a la vez, siempre queda un exceso más allá de lo que ha sido nombrado y fuera del cual la agencia es posible (Butler 2001 [1997]). Emergen, entonces, algunas voces desplazadas, incertezas donde el discurso más hegemónico no alcanza a llegar (Calveiro 1998). En este caso que estudiamos, consideramos que se generan prácticas gubernamentales en la generación de un proceso de victimización con ciertos sujetos -mujeres afectadas por violencia y mujeres inmigradas¹ no incluidas socialmente- al desarrollar una serie de dispositivos y técnicas que terminan consolidándose en la figura víctima. Entenderemos que esta figura, como lo plantea Mohanty (2008 [1988]), homogeneiza y difumina precisamente todas las otras posibles diferencias y especificidades que intersecan a las mujeres, produciéndose una condensación de significados única (Guarderas 2015). Lo que escapa a esta norma es considerado como incompletitud, o bien, falsedad desde los dispositivos sancionatorios que establecen quién puede caber dentro de esa categoría.

Lejos de comprender la victimización como fruto de un evento que incapacita a una persona para enfrentar adecuadamente un problema (Dussich 2008), la abordamos, junto a Montenegro y Piper, como la construcción del sujeto víctima, lo que implica "una articulación de sentidos en la cual todas las experiencias y secuelas de la violencia se convierten en la misma, operando como si todas las individualidades que están bajo esa misma categoría fueran idénticas entre sí" (2009, 50). Los dispositivos de intervención social, como los analizados en este artículo, promueven de esta manera cierta mirada victimista (Cuvi y Martínez 1994), con el afán precisamente de poder otorgar un servicio o posibilitar el ejercicio de un derecho. La victimización implicaría el proceso por el cual se construye, en cierta matriz de dominación, la figura mujer-víctima a partir de normativas, servicios, prácticas, dispositivos, relaciones, modos de enunciar, que tienen un efecto en los procesos de subjetivación.

Estas actuaciones de victimización, consonantemente, mantienen los roles tradicionales de género, al posicionar un imaginario de "mujer" pasiva, sumisa, disciplinada y que requiere protección (Izquierdo 1998). La víctima se constituye en este proceso de una manera monolítica (Casado 2012). Como lo plantea Gatti (2016), en la actualidad la víctima es una figura paradójica porque, a la vez que es catalogada como pasiva, otras lecturas lo hacen desde el activismo; no tiene posibilidad de voz pero de manera simultánea habla, actúa y tiene agencia; es una figura no deseada pero a la vez buscada.

Para nuestra reflexión tomaremos esta figura de víctima no tanto como desborde de la ciudadanía, sino para ver cómo el encuadre de ciertos sujetos -algunas mujeres-, desde la intervención psicosocial, bajo la protección de esta figuración victimista, posibilita precisamente la entrada al goce de ciertos derechos sociales y la habilitación como posibles ciudadanas. De esta manera, desde estos dispositivos psicosociales se contribuye a una suerte de fabricación de víctimas (Best 1997; Dineen 1996); es decir, se contribuye a un proceso de victimización donde se coloca como horizonte la inclusión siguiendo un modelo normativo que plantea las vías de (re)incorporación al conjunto social, principalmente acceso económico y social de las mujeres, obviamente tutorizadas por voces expertas para gestionar la experiencia personal y las vías de promoción judicial, social, económica (Dineen 1996).

Metodología

La metodología empleada en las dos investigaciones parte de un enfoque hermenéutico-interpretativo (Gadamer 1994; Ricoeur 2000), al considerar la comprensión de los eventos como acontecer de sentido de los sujetos en relación. Así, lo que se investiga se considera como una construcción continua entre los sujetos involucrados en el campo-tema de investigación (Spink 2005). Con ello se cuestiona la forma dualista y aséptica entre objeto-sujeto de investigación, la producción de verdad única desde el saber más científico tradicional, considerando el contexto y la posición propia de quien investiga en dichos contextos. La realidad, por tanto, se considera como una co-construcción de relatos compartidos entre los sujetos que se articulan durante la investigación y en un momento sociohistórico determinado. Utilizamos de manera preferente como técnicas las Producciones Narrativas (Balasch y Montenegro 2003), que consisten en generar comprensiones del mundo a partir de la conexión parcial entre quien investiga y las personas participantes en las investigaciones. Este tipo de metodología no sólo es una apuesta técnica para la aproximación a los discursos, sino también una apuesta epistemológica en sí misma, ya que invierte la tradicional relación jerárquica entre sujeto investigador y participantes, cuestiona la enunciación de verdad sólo en el ámbito de quien investiga y posibilita procesos de reflexividad conjunta en la articulación que se establece. Esta técnica consiste en la articulación entre investigadoras y participantes, en encuentros reiterados, donde, más que asistir a una dinámica de entrevista, se desarrolla una conversación temática posibilitando una interpelación en los dos sentidos. A partir de esta conversación se van generando productos textuales construidos tanto por las investigadoras como por las participantes en cooperación, perfeccionando y reelaborando constantemente el texto final resultante. El texto final es una elaboración escrita a varias voces que intenta posicionarse en un punto intermedio entre la experiencia y la reflexión sobre los procesos y temas tratados, con tal de dar comprensiones nuevas a los fenómenos.

En la investigación desarrollada en Chile (2015-2016) se concretaron doce producciones narrativas, llevadas a cabo tanto con profesionales-interventoras de entidades públicas y de la sociedad civil -trabajadores sociales, psicólogos y abogados- como con mujeres inmigradas (procedentes de Perú, Colombia y República Dominicana) que habían sido "usuarias" de diversos servicios. En la investigación llevada a cabo en Ecuador (2012-2015) se desarrollaron ocho producciones narrativas, cuatro con profesionales de la psicología que habían trabajado en un centro especializados de prevención y atención a la violencia de género, y otras cuatro con mujeres que habían vivido violencia de género. En este artículo presentaremos nuestra reflexión a partir de diversos extractos de textualizaciones de las narrativas desarrolladas en ambos contextos.²

Matrices transnacionales desde la intervención hacia el sujeto "mujer-víctima"

Los procesos de intervención con mujeres víctimas surgen en diversas matrices semiótico-materiales. Es decir, complejas relaciones entre discursos y prácticas que configuran una manera de comprender el problema, los sujetos de la intervención y unas relaciones en esas prácticas. Esto incluye artículos, leyes, informes, clasificaciones, instituciones, pero también lugares, espacios, relaciones, turnos, papeles (Hacking 1999). En los casos analizados, las matrices conceptuales acentuadas han sido los derechos humanos y seguridad ciudadana.

La matriz discursiva de los derechos humanos fue clave durante el retorno a la democracia en la región y entró de la mano con los movimientos sociales desde mediados de los ochenta, en el caso ecuatoriano, y en la década de los noventa, para el caso chileno. Esta matriz también se nutrió de las conferencias y convenciones internacionales alusivas a las mujeres (ONU 1979, 1980 1993, 1994), las cuales fueron mecanismos para instar al Estado a tomar medidas para prevenir, erradicar y sancionar discriminaciones y violencias. La matriz ha tenido, desde nuestra perspectiva, dos lugares de condensación: la vulneración de derechos de las mujeres desde el Estado y, posteriormente, los procesos de tipificación de los temas que se volvieron cruciales para las mujeres, tales como la violencia de género y la inclusión social de mujeres vulnerables, donde caben las mujeres inmigradas.

Otra configuración que se ha desprendido de la aproximación a los derechos humanos es su vinculación con la seguridad ciudadana (Carrión 2014). Este discurso se incorporó en la región latinoamericana por el incremento de los delitos, debido a las inequidades sociales, la exigencia de la seguridad como un bien público, el aumento de seguridad privada y el deterioro de la imagen de la Policía (Torres 2010), haciendo eco a las miradas regionales que se volcaron hacia las ciudades seguras para las mujeres (Falú y Segovia 2007).

En el caso ecuatoriano, este enfoque enfatizó en el espacio público para eliminar la dicotomía público-privado, según Carrión (2008), pues el acceso restringido de las mujeres al espacio público contribuye a su aislamiento y, por ello, al debilitamiento de su ciudadanía (Falú 2009). Esta aproximación, por un lado, criminaliza la violencia y pone el énfasis en la denuncia como mecanismo de control del crimen y, por otro, propone el uso y disfrute del espacio público (Guarderas 2016). Esto tuvo como efecto un mayor posicionamiento de la violencia de género como un problema y su desnaturalización; sin embargo, también ha implicado su judicialización. Así, la solución a la violencia se reduce a la denuncia tornándose en un problema individual que debe resolverse en el ámbito judicial. Esta matriz ha simplificado el problema reduciéndolo a una cuestión de víctimas pasivas que requieren protección y de victimarios merecedores de castigo (Izquierdo 1998). En el caso chileno ha primado en las últimas décadas la vinculación entre la perspectiva de derechos en la seguridad ciudadana y un enfoque de género, sobre todo siguiendo las directrices del PNUD, que plantea que las diferencias entre hombres y mujeres invisibilizan una serie de inseguridades por las que cruzan estas últimas, al situarse en una desventajosa posición de poder en relación con el resto social (PNUD 2012). Esto hace emerger la diferenciación respecto de las minorías sociales, donde las mujeres surgen como ícono por excelencia. Las inseguridades invisibilizadas las sitúan como sujetos expuestos a una potencial violencia que no siempre es directa, y que incluso puede ser aminorada por las propias víctimas (PNUD 2010).

Como vemos tanto en Chile como en Ecuador, la asunción de estos principios sitúa la atención de derechos directamente con la atención de la seguridad ciudadana. Así, muchos de los dispositivos disponibles para la atención de mujeres están vinculados a aparatos de seguridad como dependencias de los ministerios del Interior o servicios derivados de esta administración y policiales. Esta visión aplicada a la situación de las mujeres inmigradas y en situación de violencia machista ha llevado a que este tema, en muchos de los gobiernos locales, se considere como un ámbito de acción de los dispositivos de intervención territoriales referidos a la seguridad ciudadana. En ambos casos, nos encontramos con algunos servicios municipales donde se vincula la seguridad no sólo con el afán de asegurar el orden vecinal, sino también como agente de convivencia intercultural y acciones contra la discriminación social de las mujeres inmigradas y la violencia de género.

Es clave indicar que la incorporación del enfoque de derechos también estuvo acompañada de lo que se ha denominado la oenegeización del feminismo (Alvarez 2009). Esta institucionalización puso el énfasis en el enfoque de género y de los derechos humanos, pero paulatinamente se produjo un vaciamiento de contenido de los términos y una despolitización de aquello que en un primer momento pretendía transformar el orden preestablecido. En la aproximación a los fenómenos se deja de lado al patriarcado, al colonialismo, al clasismo, al control de la sexualidad (Guarderas 2016), para dar protagonismo a tecnicismos propios de la jerga del desarrollo.

Si bien el estudio de las violencias y discriminaciones hacia las mujeres desde la matriz de los derechos humanos, como indica Brown (2000) basada en Spivak, es algo que "no podemos no querer", deja entrever una paradoja: los derechos humanos promueven una definición de mujer basada en el discurso transhistórico -nosotras incluimos transnacional- de la jurisprudencia liberal. Compartimos con Brown la idea de que los derechos humanos no han logrado liberar las designaciones de género, e incluso reinscriben una designación, es decir, mientras protegen también regulan.

Dispositivos de intervención y constitución de la mujer-víctima

Los dispositivos de intervención en los casos analizados se legitiman en una perspectiva de derechos bajo la promoción de la inclusión de género y se estructuran soportados en ciertas matrices conceptuales que no siempre son explicitadas con base en una serie de provisiones de servicios directos.

La intervención en el caso de Chile con mujeres inmigrantes son sistemas organizados desde los gobiernos locales, o bien desde organizaciones no gubernamentales (ONG), que tienen como misión la inclusión social, centrándose en la accesibilidad de espacios como la salud, la educación de sus hijos y el trabajo. Son dispositivos institucionales reconocidos, y también con características duales, tanto asistenciales como de promoción social. En el caso de Ecuador, estos dispositivos actúan organizados desde los gobiernos locales, el Gobierno nacional y algunas ONG. Los servicios analizados inicialmente fueron implementados por una ONG, y luego el gobierno local los asumió centrándose en el acceso a la justicia, en promover la denuncia y evitar la "ruta crítica". Hasta el 2014 se pretendió realizar un trabajo articulado entre las instancias policiales, de justicia y equipos del área legal, social y psicológica. Desde el 2014 se ha dado un proceso de transición, y el Gobierno nacional ha quedado a cargo de la atención judicial, y el gobierno local de Quito, a cargo de los procesos de prevención y seguimiento.

En ambos contextos, estos dispositivos se inician desde un a priori: las trayectorias de cierto tipo de mujeres asumen características de "problema social", lo que justifica la instauración de estos sistemas de servicios y atención directa. Es así que, en el caso de la violencia de género, el problema deja de ser la situación de violencia y el contexto patriarcal y se configura como la falta de conocimiento de los derechos. En el caso chileno, la falta de inclusión social de algunas mujeres inmigradas aparece más vinculada a las características propias como sujetos, que a las falencias del sistema de instalación. Así, veremos que esta constitución problemática de estas trayectorias femeninas en ambos contextos permite cierta homogeneización y normativización de los cuerpos de las mujeres bajo una visión victimista, pero a la vez posibilita la estandarización de servicios bajo la retórica de la inclusión de género y entidad posibilitadora de derechos. Esto queda en evidencia en los siguientes ejemplos:

"Nosotras nos basamos en una perspectiva de derechos porque son mujeres que muchas veces desconocen que aquí pueden denunciar, pueden pelear por sus derechos, lo que a veces en sus contextos de origen no podían hacer, por el peso cultural... Todo esto va generando problemas... problemas de integración. [...] Lo primero que hacemos es una entrevista diagnóstica y a partir de eso podemos ver cuál de los programas ella requiere". (Profesional interventora 2015)

"Me dediqué a la promoción de derechos, esta área fue una forma positiva de ver la vida y de intervenir en las personas 'antes de'. Este espacio también me permitió conocer una realidad, una problemática, y descubrí casos de personas que no sabían qué hacer o dónde acudir. La finalidad no fue sólo brindar información, sino favorecer una sensibilización en las personas para saber actuar [...] A veces la gente se resiste a creer que es algo de lo que se debe hablar y, peor, algo que debe denunciarse". (Psicóloga 3 2013)

Se constituyen desde la intervención ciertos mundos posibles de ser vividos por estas mujeres para poder ser incluidas en la rueda de estos dispositivos y, por tanto, de la ciudadanía. Pese a que son dispositivos con características específicas por sus respectivos sujetos de atención -violencia de género y procesos migratorios-, se pueden considerar algunas características comunes en ambos contextos geográficos. En primer lugar, se asientan en un discurso de derechos ciudadanos, lo que brinda a las intervenciones una justificación ética incuestionable a nivel social, ya que sus acciones estarían orientadas hacia la justicia social, dado que posibilitarían el acceso a este conjunto de mujeres que estarían fuera de este ejercicio de derecho. Por tanto, en esa justificación de la acción se sobreentienden algunos supuestos: sus sujetos de atención, las mujeres, no gozan de algunos derechos ciudadanos, se encuentran en una situación de desventaja o vulnerabilidad respecto de otras mujeres y otros hombres, y muchas veces no son agentes de su vida para poder cambiar su situación.

"La vulnerabilidad en la que se sitúan estas mujeres tiene muchos rostros. Uno de ellos es la desigualdad de género. Algunas llegan con roles de género muy marcados y el machismo es más visible... vienen de una sociedad de origen machista, incluso, la decisión de emigrar en algunos casos no ha sido tomada por ellas [...] Ante esto, se nos remueve el piso como profesionales porque ante una persona que no ha decidido por ella misma, qué podemos hacer... Pues remover, intentar empoderarla, que ella sea capaz de cambiar su propia situación. Lo que nos queda es intentar removerlas, hacerles ver que no están en igualdad de condiciones que las otras mujeres nacionales [...]. Vienen de otro país, pero no porque ellas estén convencidas, no como una oportunidad para sí mismas. Hay que convencerlas para hacerles ver que aquí tienen derechos. Entonces la concienciación es lo básico". (Interventora Social 3 2015)

"Desde mi experiencia podría definir a la violencia de género como la anulación de todos tus derechos y libertades. [...] Se trabaja en el empoderamiento, es importante que conozcan la ley para que sepan que pueden tener medidas de protección. El objetivo de la intervención es promover la reparación y restitución de sus derechos". (Psicóloga 4 2013)

En segundo lugar, estos dispositivos se plantean bajo una lógica de inclusión de género. A veces explícitamente en sus estatutos u objetivos, o bien, en los relatos justificadores de sus acciones, desarrollan argumentaciones que nombran al género como norte de su axiología. Pero en estos relatos en Quito y Santiago se evidencia una cierta transnacionalización de una argumentación generalista sobre los derechos de las mujeres, sin considerar las diferencias contextuales que a veces esta perspectiva puede tener en cuanto a valores sociales, normas e imaginarios sobre lo considerado como derechos. Esto denota cierta perspectiva neocolonialista respecto del uso del género y la relación que se establece con cierto tipo de mujeres, caracterizadas en una situación universalista de menor valoración. Se presenta una paradoja: mientras se busca visibilizar las relaciones de poder entre sujetos, a la vez aparece como un parámetro ético irrefutable para algunas intervenciones. Se evidencian ciertos "usos del género" desde ámbitos sociales que muchas veces se aproximan a un postura acorde al sexismo benevolente (Glick y Fiske 1999). Así se visualiza en algunas argumentaciones de las intervenciones, donde se coloca la idea de género casi como sinónimo de mujeres, relegando la visión crítica que subyace a la teoría feminista y que precisamente busca un cambio en las relaciones de poder, dominación y visibilización de las diversas formas de resistencia de estas mujeres.

"Nosotras tenemos una perspectiva de género en nuestros servicios. Atendemos a las mujeres y las acompañamos para que puedan ubicarse de mejor forma en el país. [...] Es impresionante el machismo, incluso de algunas. No se dan cuenta, y ahí nosotras intentamos hacerles ver que necesitan trabajar para tener más independencia. Pero también vemos que algunas se plantean desde un falso feminismo. Algunas mujeres peruanas me dicen: 'Yo puedo sola, no necesito nada de él'". (Interventora Social 1 2015)

"Recuerdo que en una de las entrevistas me preguntaron qué opinaba de la violencia y qué opinaba del género. Para mí no era un tema lejano. Estaba familiarizado. Abordé el tema de la violencia de género como estructural. Indiqué que la violencia es parte de la conformación del ser humano. Que era un problema que trascendía las fronteras sociales y que se trataba de un problema de salud pública. Abordé el tema del machismo a partir de mi vivencia personal. Mi padre era una persona que nos hacía respetar mucho al género femenino. Desde niño aprendí a ser caballero. La entrevistadora se dio cuenta que era una persona sensible al tema de género". (Psicólogo 1 2013)

Cabe visualizar, a partir de estas argumentaciones, qué tipo de sujetos de intervención se están construyendo en estos servicios en ambos contextos analizados. Estos usos del género lo despolitizan y lo establecen como una nueva categoría esencialista que se opera a través de las intervenciones, sintetizándolo en la atención de un tipo específico de mujeres. Es en la conjunción de estas dos perspectivas (derechos y de género) que emerge una categoría de sujeto de atención por excelencia: la "mujer en falta" (Montenegro et al. 2011). Estos mecanismos de intervención ayudan a legitimar la necesidad de adaptación de estas mujeres a ciertos estilos de vida, a través de ciertos encuadres realizados desde las intervenciones para que los sujetos encajen en las categorías de intervención requeridas, en este caso, la víctima. Es decir, los servicios plantean, ya sea explícita o implícitamente, que su accionar se centra en esta categoría. Es necesario que la persona la ocupe para ser atendida, lo que, en última instancia, parece requerir ser victimizada para poder ser intervenida adecuadamente para mejorar su proceso de inclusión social en la ciudadanía. Es decir, el propio proceso de intervención clasifica de ciertos modos lo que, desde nuestra perspectiva, implica la instauración de procesos de victimización.

En ese sentido, los dispositivos de intervención social se estructuran en una conjunción de prácticas y discursos que derivan en ciertos mecanismos de gubernamentalidad (Foucault 1999). Así, las intervenciones permiten cierta gestión política de la victimización, que se basa en el control y la normativización de las mujeres por medios sutiles que posibilitan que estas puedan ubicarse en las categorías necesarias para desarrollar una intervención con éxito, es decir, un retorno a la ciudadanía perdida. Estos medios sutiles se articulan con base en dos ejes: su nominación y su cuerpo.

En los dos casos analizados, podemos ver cómo en las consideraciones nominativas sobre las mujeres atendidas, la figura victimizada es prerrequisito para poder brindar el servicio. Por tanto, estas mujeres, ya sea afectadas por la violencia o intervenidas para su inclusión social como mujeres inmigradas, se configuran como un sujeto en minoría, en falta, en condiciones de vulnerabilidad, empobrecidas, incultas, sin poder, sin conocimientos, y otros apelativos que las ubican en una situación de víctima, ya sea por el ejercicio de poder de algunos hombres en el caso de la violencia machista, del patriarcado, de otros grupos mayoritarios nacionales en el caso de las inmigradas, y en definitiva, de la sociedad en general.

La emergencia de este sujeto victimizado permite la gestión política de la victimización, que se concreta cotidianamente en las intervenciones, por ejemplo, en el caso chileno, con las mujeres inmigradas, a través de consejos para la inserción basados en cómo actuar, comportarse, vestirse, hablar o callar en el nuevo contexto de residencia, para conseguir unas mejores posibilidades de inclusión; hasta procesos de formación y capacitación que las orientan a aceptar las condiciones de instalación en los nichos laborales, formativos y residenciales secundarios, donde el resto no desea instalarse.

"Son consejos. Intentamos en un espacio de intimidad, de proximidad, acercarnos a ellas y darles algunos consejos. No es fácil porque también cada una es un mundo [...] Pero se trata también de algo estratégico, de qué manera ellas pueden efectivamente sacar partido de las pocas posibilidades que tienen aquí, cómo dar vuelta a las malas condiciones en que están, las malas condiciones con las que ingresaron al país (porque entraron en forma irregular y se sitúan irregularmente, a veces engañadas por redes de tráfico), y eso pasa a veces por adaptarse a lo que busca la gente para así poder no ser discriminada como vecina, en su espacio más cotidiano. Por ejemplo, nos pasa con algunas mujeres dominicanas o colombianas con el uso de sus vestimentas: son diferentes, llamativas para lo que en Chile se usa, ajustadas. Se ven bellísimas pero saltan a la vista que no son de aquí. Entonces, algunas chilenas las miran mal, con discriminación, y los hombres, con una hipersexualización... Entonces, les hemos aconsejado que en los espacios públicos esto es llamativo y quizás no les beneficie precisamente porque pueden ser discriminadas". (Profesional municipal 2015)

En el caso de las mujeres que son objeto de violencia machista en Quito, la noción de víctima implica un sujeto vulnerable. Si se evidencia una persona con agencia, deja de ser la víctima que el servicio espera. De algún modo, en el servicio se acentúa la noción de mujer víctima necesitada de protección.

"Quienes llegan a los servicios son un universo de rostros, emociones y sentidos. Hay quienes quieren poner una denuncia. Otras están en la disyuntiva de no saber qué hacer: poner una denuncia implica colocarse en una situación de mayor vulnerabilidad y ser desleales con su pareja. También hay quienes quieren obtener beneficios secundarios: tener pensiones de alimentos altísimas y perjudicar a sus parejas sentimentales". (Psicólogo 1 2013)

"Esto sucedió en la madrugada. A la mañana siguiente mi hermano fue a mi casa. Le conté lo sucedido. Antes no busqué protección ni apoyo. No creo que sea una persona violenta. No creo que él sea capaz de hacerle eso a nadie. Tal vez me equivoco, debí haber dejado un precedente y denunciarlo. Sólo por intuición no lo hice. No creía que pudiera entrar a mi casa sin mi permiso. No me sentí vulnerable frente a él. Tampoco sentí necesario un apoyo psicológico porque él nunca tuvo influencia sobre mí". (Mujer 4 2011)

Este proceso de encuadre como víctimas, también implica una gestión de sus cuerpos. Se da importancia a las "marcas" físicas estandarizadas que operan de manera simbólica para posicionarlas visualmente en esa condición. En el caso de las mujeres inmigradas en Santiago, sus cuerpos emergen por el acento de la diferenciación: en el cruce de género, clase y nacionalidad, son visibles y se habla de ellos a fin de acomodarlos para la aceptación de la mayoría. Se apela sutilmente a la voluntad de las mujeres en la gestión de sus cuerpos, costumbres, conocimientos y habilidades respecto de la nueva sociedad en la que viven para ser aceptables para la mayoría -así, son afectadas sus formas de vestir, de moverse en el espacio social, cómo responder a lo esperado desde la posición mayoritaria, etcétera-. Esto sucede en especial con las mujeres negras colombianas, haitianas, dominicanas, quienes aparecen más interpeladas por su color de piel.

En el caso de las mujeres afectadas por violencia machista en Quito, se construyen cuerpos homogéneos, el cuerpo que escapa a la heteronormatividad es un cuerpo que no puede ni debe estar en el servicio. Así se muestra en la cita:

"He hecho varias denuncias. La primera vez, hace ocho años, fuimos a poner una denuncia en la Comisaría; llegamos mi pareja y yo y no nos 'pararon bola'. Nos hicieron caso en el momento en que mostré que estaba golpeada. De tanto insistirles nos tomaron la denuncia. Creían que me había golpeado mi marido. Cuando le dijimos que fue por ser lesbiana y que las dos éramos pareja, empezó el maltrato. Era una comisaría nacional, en ese tiempo aún no había las comisarías de la mujer y la familia. Me empezaron a preguntar lo que había hecho para que me golpearan. Me decían: 'Usted les debe haber dicho o hecho algo'. Ellos nos quedaban viendo, sus miradas eran de morbo. El comisario, en el momento que tenía que firmar, desapareció. Y tuvimos que esperar a que se dignara a volver. Se demoró el proceso como cuatro horas. [...] He acudido a apoyo psicológico. Fui a una fundación, donde el psicólogo me dijo: 'Tú no eres lesbiana'. Yo pensaba: '¿Por qué me quieren arrebatar mi lesbianidad?'. Hay gente que me dice que soy lesbiana por mi historia de violencia o porque no he encontrado al hombre indicado. Yo salí de este proceso más descuadrada de lo que llegué. [...] Volviendo a lo legal, en la última denuncia, hace un año, fui a la Policía Judicial. La chica me tomó la declaración. Pero nada de lo que le dije escribió. Anotó: 'Fue agredida por el hermano con un palo en el cuerpo desnudo'. Yo le dije: 'Quiero que quede constancia que lo sucedido es por mi orientación sexual. Mi vida está siendo afectada por un miembro de mi familia. Quiero recibir protección del Estado, que cambien mi identidad'. Pero la policía que me atendió no escribió nada. Yo incluso me molesté. Cuando me entregó la hoja de la denuncia, sólo estaban escritas tres líneas". (Mujer 2 2012)

Mecanismos para la construcción de la víctima: la actuación experta y pericial

En la configuración de las mujeres como víctimas se estructura una serie de mecanismos operativos que posibilitan el reconocimiento de las usuarias dentro de esta categoría. Estos mecanismos operativos consideran: a) prácticas concretas de personas expertas en el ámbito social y psicológico y los diagnósticos con calidad de verdad establecidos, b) normativas que las ubican en un determinado espacio social como sujetos de intervención y c) la clasificación por secuelas o marcas que las hacen visibles y catalogables.

Las mujeres víctimas desde sus posibilidades de resistencias

Pese a que se evidencian estas formas de control y disciplinamiento desde las intervenciones sociales en ambos contextos geográficos, a la vez, estos dispositivos se sitúan desde un accionar paradójico y complejo: ya que existen zonas de desplazamiento, líneas de fuga, de incerteza, donde el ejercicio de los discursos hegemónicos de victimización demora su acción o posibilidad de coaptación.

Algunos de los agentes implicados en la dinámica de relación en la intervención, ya sean interventoras o las mujeres atendidas, responden de diversa forma a esta suerte de encuadre social que se impone desde las matrices interventoras: a veces, asumiendo la interpelación de la normativización; a veces, usándola estratégicamente para lograr una mejor ubicación social; o a veces, resistiéndola de alguna manera (es decir que responden desde otras prácticas a la nominación realizada). Así lo podemos visualizar en ambos contextos analizados, en algunas prácticas: en el uso estratégico del sistema judicial y social desde las usuarias y el uso estratégico de la categoría victimizadora desde las interventoras.

En el uso estratégico del sistema judicial y social de las usuarias, podemos ver que en Quito es común que quienes se acercan a los servicios para denunciar, lo hacen sólo para obtener una "medida de protección", y no necesariamente para llegar a una sentencia (Camacho, Hernández y Redrobán 2010). Si bien eso puede estar relacionado con diversos factores, tales como el deseo de frenar la violencia, pese a que se visualiza la concepción de que la sanción es contraproducente para su vida y la de su familia; las barreras que se deben sortear en el sistema de justicia; la opción de volver a la relación de pareja (Camacho, Hernández y Redrobán 2010; Paillacho 2011). Desde nuestra perspectiva, son un uso del sistema de justicia que implica "modos de hacer" (De Certeau 1996). Es decir, maneras de reapropiarse del espacio organizado por los dispositivos legales. De algún modo, ocurre una nueva significación de "la boleta",³ que ha dejado de ser un mero mecanismo para proteger a las víctimas y se ha convertido en un instrumento de poder de quienes enfrentan violencia de género, al significar la presencia material y simbólica del Estado en el ámbito privado.

En el caso chileno, algunas interventoras, junto con algunas usuarias inmigradas, acuerdan de qué manera pueden ser consideradas como vulnerables o víctimas, para poder obtener los beneficios sociales y legales asociados a esa condición, sin que necesariamente consideren que estas mujeres estén ubicadas en realidad en esa posición. Sin embargo, este acuerdo no explícito les posibilita ciertos derechos que no podrían obtener sin la valoración social estandarizada. De esta forma, desarrollan acciones como la autodenuncia, cuando están en situación irregular en el país, o acuden a servicios de apoyo a refugiados cuando pueden demostrar engaño en los procesos de internación al país, o bien no declaran los ingresos no formales en la Ficha de Protección Social, que mide su situación socioeconómica. Así, pueden aparecer legal y socialmente en una posición de protección. En el fondo, estos caminos son utilizados como una forma de resistencia, más que de asimilación de las normas.

En el uso estratégico de la categoría victimizadora, desde las interventoras, podemos ver situaciones que van más allá de una mera clasificación social o una denuncia. Hay casos en que las relaciones entre profesionales y usuarias se vuelven significativas y promueven procesos de transformaciones conjuntas, o lo que Montenegro (2001) denomina "procesos articulatorios". Es decir, encuentros que favorecen la construcción de nuevos sentidos de la intervención y de los sujetos.

"Quienes más me han ayudado en este proceso han sido mi abogada, el fiscal y la trabajadora social de Quitumbe. Yo tuve la suerte de encontrarme con esas tres personas. Cuando no hay esa suerte se tiembla y se vuelve a la misma situación de siempre. [...] Mi abogada estaba atrás de todo el proceso y era la que más presionaba. Ella me decía: 'Doña Carmen, hay reunión hoy día'. Yo le respondía: 'No puedo, tengo que trabajar'. [...]. Ella me hacía que saque un tiempito. [...] Mi abogada sabía toda mi historia y cada paso que yo daba. Incluso, el fiscal y la trabajadora social también lo sabían. Todo lo que no le contaba a otras personas sabían ellos. Eran muy cercanas. [...] Mi abogada fue al mismo tiempo mi amiga, mi secretaria y mi todo. Ella siempre estuvo ahí. Siempre tenía la información. Hacía lo que debía. Ha llevado mi caso hasta el final. Incluso, al salir del Centro siguió llevándolo. [...] Luego fue la trabajadora social, que era la que me indicaba lo que tenía que ir haciendo. Terminamos siendo amigas también. El fiscal también se portó excelente. Acompañó mi caso y nunca dejó de hacer las gestiones necesarias. Él también llegó a ser mi amigo. Hace poco les invité a un café. Ellos fueron clave en este proceso. Su apoyo ha sido totalmente desinteresado". (Usuaria de servicio 2 2013)

"Nosotras representamos una institucionalidad, y existen normativas que no podemos saltarnos. Sin embargo, podemos buscar puentes de acción con otros actores sociales que efectivamente nos ayuden a desbloquear algunos sistemas que son demasiado cerrados para las mujeres inmigrantes. Por ejemplo, normativamente se da el derecho a que los hijos de mujeres inmigrantes no regularizadas puedan asistir a la escuela. Tuvimos que buscar caminos para sensibilizar a algunos colegios para que se ejecutara esta norma... porque siempre existen formas para que no se cumpla, se buscan excusas. Lo logramos. Pero al hacerlo con un director, pudimos ver que era una forma de encontrar la regularización para la familia completa. Entonces lo hicimos, y esa familia pudo regularizarse. Entonces podíamos tomar dos caminos: dejar eso como algo anecdótico, o bien pasar la información a diversas entidades y establecimientos educacionales, incluso a las autoridades, para que efectivamente esa gente pudiera regularizarse y no quedara al margen de otros beneficios sociales. Y obviamente, a las madres y padres inmigrantes. Ahora vemos cómo se ha difundido y cómo en varios colegios se están llevando a cabo regularizaciones de personas inmigrantes, de familias...". (Profesional-interventora 2015)

En ambos contextos se puede visualizar que en el espacio de relación más próximo, también surgen otros "modos de hacer": se construyen espacios de escucha que favorecen una construcción "más positiva de una misma y una mayor valoración personal", y modos de "salir de las cuatro paredes" (Usuaria de servicio 1 2013).

En la actuación se evidencian encuentros que favorecen las "potencias aumentativas" y cuestionan las "servidumbres diminutivas" (Deleuze 1994). En aquellos encuentros se promueve el aumento de la "potencia de actuar" posibilitando una posición y una relación ético-política (Sawaia 1999). La ampliación de la potencia podría entenderse como la posibilidad de aumentar las conexiones de las redes interrelacionadas que permiten actuar en un momento determinado (Montenegro y Pujol 2014). Sólo esta transformación permitirá, como indican las autoras, la transformación de nuestra subjetividad. La relación social más próxima en la intervención deja de ser una construcción de estamentos que segmentan (Deleuze y Guattari 2012 [1988]) y erigen subjetividades al servicio de visiones hegemónicas, y se convierten en espacios para establecer nuevas conexiones múltiples sobre flujos semiótico-materiales y sociales (Deleuze y Guattari 2012 [1988]).

Esta noción también remite a la idea de territorialización-desterritorialización y singularidad (Deleuze y Guattari 2012 [1988]). Si la violencia de género, en el caso de Quito, implica un dispositivo para la territorialización de cuerpos autómatas, el encuentro terapéutico puede derivar en procesos de desterritorialización. Asimismo, si el proceso de inclusión de mujeres inmigradas en Chile implica un dispositivo para una nueva territorialización de sujetos extranjeros, el encuentro social y terapéutico por el que algunas cruzan puede promover procesos de desterritorialización. De esta manera, el encuentro en la intervención puede a veces ser un camino para el rechazo de la homogeneización y el automatismo.

"En la casa nadie te dice: 'Oye, cocinas bien, estás alhaja'; difícilmente que puedas tener tu autoestima alta. Sales y ves otras situaciones, y ahí sí cambia tu visión. En la casa, rodeada sólo de las cuatro paredes que no te dicen nada, los hijos salen en la mañana, vuelven en la noche, igual tu pareja. Y no hay mucha relación como para conversar ciertas cosas. [...] La terapia es muy importante para salir de situaciones de violencia intrafamiliar y de género. Yo creo que el psicólogo es una persona que te da confianza para hablar, que no te criticará ni te dirá lo que tienes que hacer. A veces no se tiene confianza con gente allegada, y con una persona desconocida que no contará a nadie tus cosas es muy positivo. Si hablas con una persona conocida, es probable que te digan cosas como 'Es tu marido, debes aguantarlo' o 'Qué dirá tu familia'. Hay muchas cuestiones que pueden ponerse a favor o contra. Una persona desconocida es más imparcial en la manera como te guía en relación a tus penas. El hecho de que hayan recalcado que soy una persona valiosa y que soy ejemplo para muchas otras mujeres, eso me ayudó mucho en mi terapia. Eso lo asumí y volví a tomar fuerzas. En realidad, a veces el hecho de que demuestres a tus hijos que vales mucho es muy importante. La familia más mira tus defectos que tus virtudes. La terapia sirve para mirar tus virtudes. La terapia sirve para tener coraje de asumir lo que eres y poder mostrarte así a los demás. Y así, los otros te ven de manera distinta". (Usuaria 1 2013)

"No es tanto, quizás, lo que podamos hacer realmente por ellas, sino que nuestra fuerza está en el cómo. Nuestras posibilidades para hacer algo está en poder centrarnos en ese tú a tú, en darles el tiempo, aunque nos tome más de media hora, para que puedan poner palabras a lo que viven, para que te den detalles y puedas intentar pensar, articular soluciones posibles. ¿Por qué tenerle miedo al vínculo? Si tenemos posibilidad de formarlo a largo plazo, por qué no hacerlo. Somos interventoras y queremos transformar. Pero, por qué no superar el límite de esta intervención, al menos con algunas de las mujeres que también quieren superar esa barrera. Es cierto que a veces partimos de un punto de inicio: algún proceso de regularización, alguna entrega de información puntual, alguna recomendación... pero esa mínima acción puede suponer también una posibilidad para poder cambiar nuestras relaciones a futuro. Superada la intervención, podemos escribirnos, podemos visitarnos en nuestras casas, podemos alejarnos de la relación jerárquica entre profesional e inmigrada". (Interventora 2 2015)

Conclusiones

A través de esta argumentación hemos querido presentar puntos en común que se visualizan transnacionalmente en los dispositivos de intervención situados desde una perspectiva de género y de derechos en Quito y Santiago, en los que quedan claramente expuestos unos modos de gestionar la victimización de algunos sectores de mujeres (aquellas consideradas víctimas de violencia y aquellas victimizadas en su condición de inmigradas). Como plantean Merry y Levitt (2009), en el proceso de vernaculización de los derechos humanos exhortados internacionalmente, a nivel local se generan fricciones y ajustes constantes para que puedan acomodarse a las lógicas hegemónicas imperantes, como pueden ser el sistema neoliberal y heteropatriarcal predominante en ambas sociedades. De manera contradictoria, para poder otorgar derechos en los dos casos analizados, precisamente se utilizan mecanismos que posicionan la mayoría de las veces a las mujeres en situaciones de asistencia o de vulnerabilidad, restándoles movilidad y agencia. Así, el lenguaje de derechos se replantea, se ajusta contextualmente para poder posibilitar actuaciones sociales concretas.

A partir del análisis, podemos ver que existen formas de acción, semióticas y materiales, de los dispositivos de intervención que construyen al sujeto víctima. Esta construcción, en vez de situarla en contraposición a la ciudadanía, se desarrolla como un puente de conexión directo para poder acceder al estatus ciudadano y a los derechos sociales, económicos, políticos y culturales que se derivan. En las matrices de comprensión que se sitúan las intervenciones -la perspectiva de género y de derechos- se evidencia una cierta transnacionalización de conceptos, utilizados a nivel regional y, a veces, indistintamente de los contextos de aplicación y de los sujetos de atención. A partir de estas matrices, vemos que se deriva una serie de actuaciones que gestionan políticamente el proceso de victimización en ambos contextos, donde emergen un cuerpo profesional de la psicología, un cuerpo de la intervención social y de la justicia, que actúan al unísono y con un discurso validado como verdad que resulta incuestionable.

Esta conformación tiene efectos psicosociales en las mujeres usuarias, que se ubica desde una posición victimizada que se justifica desde sus carencias, debilidades y/o problemas supuestos. Esto da posibilidades efectivas de generar propuestas de control y normativización sobre sus cuerpos y sus formas de nominación. Pero, pese al corsé de estas categorizaciones, se enuncia cierta acción disidente de quien es definida desde este déficit, pero también en quienes ejercen la intervención. Las intervenciones se plantean así desde un carácter complejo, posibilitando la normalización que hemos hablado, y/o también algunos caminos de emancipación social. Desde las interventoras sociales, las líneas de fuga se relacionan con procesos de reflexividad (Longhofer y Floersch 2012) que desarrollan a partir de sus propias actuaciones o de reflexiones conjuntas dentro de las entidades donde trabajan. En tanto, las mujeres usuarias estratégicamente utilizan muchos de los recursos sociales, jurídicos y económicos que se derivan de la condición de vulnerabilidad dada por la victimización, pese a no considerarse como tales, precisamente no sólo en beneficio personal y familiar de ubicación en el sistema, sino como formas políticas de acción. Estas formas políticas de actuación se relacionan con las habilidades que son transmitidas y performadas en sus respectivos colectivos de mujeres para transitar "de mejor forma" a través de los dispositivos, esencialmente a partir de visualizar de manera pública que sin pasar por estos encuadramientos, los niveles de inclusión social serán menores. Asimismo, la actuación política llega a la organización social, en algunos casos, a través de la visibilización de demandas directas que denuncian justamente este proceso de normalización (asociaciones de mujeres, colectivos de víctimas, sesiones de veedoras ciudadanas, etcétera).

En esas respuestas de las interventoras y de las usuarias, siguiendo a De Lauretis (2007), emergen entidades que se niegan a acceder a los órdenes prevalecientes y a los modos de saber y de saber hacer. Es decir, se configuran ciertas "figuras de resistencia".

En resumen, en estas dos investigaciones presentadas se visualiza que en las diferentes actuaciones sociales desarrolladas desde los dispositivos de atención con mujeres pueden inscribirse dos potencias al unísono, que actúan de una manera compleja: tanto la normalización como las resistencias, al mismo tiempo, de profesionales y de usuarias. Es decir, a veces se asistirá a la reproducción de modelos estandarizados, y otras veces se resistirán, dependiendo de las posibilidades que les vayan brindando el contexto, las relaciones y redes, y las situaciones personales y habilidades profesionales.