Introducción

Desde los inicios del siglo XXI, la cuestión ambiental en los países de América Latina ha sobrepasado el sector más específico de las ONG y el activismo ambientalista¹ más tradicional, convirtiéndose en una preocupación sustancial de aquellas poblaciones afectadas por prácticas extractivas (^{Adão Bernandes y Pontes de Miranda Ferreira 2010}; ^{Carruthers 2008}; ^{Martínez Alier 2004}; ^{Svampa 2011} Svampa y Viale 2014; ^{Wagner 2016)}, apareciendo así, en mayor o menor grado, y bajo diferentes formas, en la agenda de los gobiernos (^{Bueno 2017}; Blanco ^{Wells et al. 2017}; ^{Gudynas 2015} ).

A primera vista, la llamada ambientalización de la sociedad (^{Acselrad 2010}; ^{Lopez Leites 2006} ) en diversas esferas puede vincularse a determinados procesos como expulsiones de población, contaminación ambiental o propagación de enfermedades, provocados por prácticas territoriales específicas, por ejemplo, las llamadas prácticas extractivas. El extractivismo estaría definido por el alto impacto social y ambiental derivado de las actividades productivas, por la reprimarización de la economía,² la fragmentación territorial y las distorsiones en el aparato productivo, basado en recursos que se agotarán pronto (^{Gudynas 2011}, 367-368). Esto último se debe a la desproporción entre la velocidad de extracción y de renovación natural del recurso. De ahí, en gran parte, la alta conflictividad social a la que suelen asociarse las prácticas extractivas.

Sin embargo, este tipo de prácticas territoriales en América Latina no constituyen algo nuevo, y pueden rastrearse algunos siglos atrás, bajo la forma de los primeros colonialismos, sin que por ello haya tenido lugar un proceso de ambientalización de las luchas sociales. Resulta necesario aclarar en este punto que cuando se habla de práctica territorial se hace referencia al ejercicio de una actividad humana tendiente al establecimiento de una territorialidad. Este último concepto, que ha sido extensamente trabajado en Geografía, aquí se concibe desde una perspectiva relacional y multidimensional. La territorialidad es concebida en su doble condición de material y simbólicamente construida, e implica el control sobre un área determinada. Es decir, consiste en el ejercicio de una acción tendiente a afectar, influenciar y controlar recursos, elementos o personas (^{Sack 1986}, 1-3), pero a su vez, dichas áreas de control se encontrarían vinculadas entre sí mediante relaciones complejas de superposición, yuxtaposición y multiescalaridad, adoptando la propuesta teórica más actualizada de Rogério Haesbaert. Para este autor:

[…] el territorio, relacionalmente hablando, o sea, en cuanto componente espacial del poder, es el resultado de la constitución diferenciada entre las múltiples dimensiones de ese poder, desde su naturaleza más estrictamente política hasta su carácter más propiamente simbólico, pasando por las relaciones dentro del llamado poder económico, indisociables de la esfera jurídico-política. (^{Haesbaert 2007}, 79)

De ahí que la construcción de los territorios pueda concebirse como el resultado del despliegue de estrategias específicas y prácticas territoriales consecuentes, teniendo en cuenta que toda acción de territorialización lleva inherentemente a un proceso de desterritorialización ^{(Haesbaert 2007)}. Las prácticas extractivistas pueden considerarse un tipo de práctica territorial que constituye una territorialidad específica que opera a diferentes escalas y dimensiones.

Partiendo de estos conceptos de territorio y territorialidad, así como también de las consideraciones anteriores, nos interesa indagar acerca de dos procesos de orden cultural, que a nuestro entender pueden arrojar luz sobre este giro ecoterritorial, ³ poniendo de relieve (sin pretender exhaustividad) sus condiciones de posibilidad. Dichos procesos pueden expresarse de manera general como 1) el resquebrajamiento de la verdad del desarrollo asociado al progreso técnico-científico; y 2) la incorporación, por parte del ambientalismo más tradicional, de valores vinculados con los derechos humanos y la justicia social.

Nos interesa circunscribir ambos procesos generales en un caso concreto, con el objetivo de visibilizar los modos particulares en que estos se cristalizaron en un momento determinado, a través de acciones y prácticas específicas sobre el territorio. Pero también es nuestra intención dar cuenta de las singularidades que construyen los relatos concretos que orientan dichas prácticas y van perfilando una noción acerca del territorio y la naturaleza en sus diferentes formas de apreciación (recurso natural, capital natural, paisaje, entre otros).

En tal sentido, se analiza la producción discursiva del conflicto socioambiental suscitado a partir de la propuesta de construir una gran represa ⁴ en el tramo medio del río Paraná en Argentina durante la década de 1990. El emprendimiento hidroeléctrico Paraná Medio había sido una idea del Gobierno Nacional argentino a finales de la década de 1950, y fue desarrollado como proyecto en las décadas de 1970 y 1980 por la empresa estatal Agua y Energía. Sin embargo, nunca llegó a concretarse, por diversas circunstancias financieras y político-institucionales por las que atravesó el país desde finales de los setenta. No fue hasta 1995 que el proyecto se presentó de nuevo, ahora bajo un marco -ideológico, político, legal e institucional- totalmente diferente. Mientras que en la etapa anterior el proyecto era una obra estatal, concebida como servicio público e impulsada por gobiernos dictatoriales, en la década del noventa, ya con un gobierno electo democráticamente, la iniciativa partió de un consorcio de empresas norteamericanas. Esta posibilidad era concedida por las reformas aplicadas en la estructura del Estado, en el marco del Consenso de Washington (1989).

La nueva tentativa de construir la obra hidroeléctrica provocó reacciones de diversos sectores sociales en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos; algunos se mostraron a favor y otros en contra de esta. El rechazo se hizo más visible en las ciudades capitales (probablemente por ser las sedes de las asociaciones ambientalistas), pero también tuvo su relevancia en las localidades que iban a ser afectadas de modo indirecto por el embalse, es decir, aquellas cuyas poblaciones ⁵ sustentaban su economía y su cultura en el área por inundar.

Este conflicto social, de carácter ambiental y base territorial, tuvo su término en septiembre de 1997, momento en que se sancionó en Entre Ríos la Ley Provincial Nº 9092, ⁶ por la cual se prohibió el represamiento del río Paraná en el tramo de dicha provincia. Este hecho determinaba que la represa ya no podía construirse. ⁷ La Constitución Nacional argentina, en su reforma de 1994, estableció que las provincias poseen el dominio sobre los recursos naturales existentes en su territorio (art. 124), y creó, como se verá más adelante, una serie de instrumentos y procedimientos que habilitaron la participación ciudadana en el ámbito legislativo. La ley antirrepresas (según pudo constatarse en entrevistas ⁸) fue confeccionada por un reducido grupo de ambientalistas.

En Argentina, el rechazo al proyecto Paraná Medio puede considerarse pionero, junto con el referéndum llevado a cabo en 1996 en la provincia de Misiones, cuyo resultado fue en contra de la construcción de la represa Corpus Christi. No hemos encontrado antecedentes de este tipo, pues muy contados son los casos de megaproyectos que han sido suspendidos luego de la resistencia de las poblaciones locales.

Los objetivos de este artículo, entonces, pueden resumirse así: 1) identificar los diferentes factores y condicionamientos históricos que conformaron el campo de posibilidad para la suspensión del emprendimiento, más allá de revelar un sentido casuístico que vincule meramente la lucha social al resultado obtenido; 2) analizar el marco de valoraciones que operó como condición de posibilidad para la construcción de ideas sobre el territorio ribereño, el proyecto y los recursos naturales; 3) establecer las relaciones entre dicho marco de valoraciones y el campo de posibilidad material, que dio lugar tanto al conflicto como a su resolución a favor de la no realización de la obra; y 4) identificar los sectores sociales involucrados en el conflicto, para lo cual se ha adoptado el concepto coaliciones discursivas propuesto por ^{Hajer (1995}, 65-66). Según el autor, “en la lucha por la hegemonía discursiva”, las coaliciones están conformadas por actores que no necesariamente comparten puntos de vista e intereses, pero que, por diversas razones, se alinean en un conjunto de relatos específicos. Así, las coaliciones pueden ser definidas como un ensamblaje de 1) un conjunto de relatos; 2) los actores que pronuncian dichos relatos; y 3) las prácticas en las cuales se basa la actividad discursiva (Hajer 1995, 65).

Atendiendo a los dos procesos de orden cultural antes señalados, es decir, al proceso de resquebrajamiento de la verdad del desarrollo asociado al progreso técnico-científico, y a la incorporación, por parte del ambientalismo más tradicional, de valores vinculados con los derechos humanos y la justicia social, y también a la conceptualización de Hajer, surgieron una serie de preguntas, que animaron este artículo: ¿Bajo qué condiciones históricas cobró legitimación social el rechazo a la construcción de la represa sustentado en la verdad ambientalista?⁹ ¿Cuáles fueron las ideas, las asociaciones o las correlaciones de significado a partir de las cuales se conformó el discurso de cada una de las coaliciones? ¿Cuáles son las nociones de territorio que pueden identificarse en los diferentes relatos?

La indagación se ha realizado desde una perspectiva histórica, dentro del campo más amplio de los Estudios Urbanos y Territoriales, incorporando las contribuciones de disciplinas como la Geografía, la Sociología y la Ecología Política. Se sustenta en fuentes hemerográficas (diarios El Litoral de Santa Fe y El Diario de Entre Ríos ¹⁰), en informes técnicos del proyecto, en la producción escrita, gráfica y audiovisual de la coalición opositora, en expedientes judiciales y entrevistas a algunos actores claves.

En el primer apartado se realiza una contextualización histórica, atendiendo a los diferentes modos de concebir el territorio que pueden identificarse en el momento del conflicto: por un lado, el territorio supranacional que implicaba la represa como parte de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y por otro lado, el territorio habitado por las poblaciones locales. En los dos apartados subsiguientes se analizan las construcciones discursivas de ambas coaliciones participantes en el conflicto, identificando a los actores involucrados, así como las diferentes ideas que conformaban sus relatos. Un cuarto apartado indaga las condiciones históricas que propiciaron la suspensión del proyecto y la sanción de la Ley antirrepresa en Entre Ríos. Finalmente se presentan algunas reflexiones a modo de conclusión.

Territorialidades y discursividades en los umbrales del neoextractivismo: breve contextualización del conflicto

El proyecto Paraná Medio propuesto en la década de 1990 constituía el segundo intento de construir una gran represa de llanura en el tramo medio del río Paraná, abarcando su embalse una superficie de 760 mil hectáreas aproximadamente y 630 km a lo largo del río, que atraviesa tres provincias argentinas: Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Se trataba del proyecto de mayor magnitud hasta el momento, siendo la obra de más envergadura la represa binacional Yacyretá (en conjunto con Paraguay), con un embalse de 160 mil hectáreas. Asimismo, la obra del Paraná Medio pretendía generar una energía media anual en torno al doble (en GWh) de la generada por Yacyretá.

El primer intento de la década de 1970 se trataba de un proyecto impulsado por el Gobierno Nacional, militar y dictatorial, bajo la ejecución de la empresa estatal de energía, cuyos objetivos (al menos expresados) podían resumirse así: 1) la generación de energía hidroeléctrica para el desarrollo industrial, agropecuario y urbano a nivel nacional, estimada en un 110% sobre el total de la energía generada por el Servicio Público en 1978 (Agua y Energía 1978); y 2) la hegemonía geopolítica en el Cono Sur del continente, frente a lo que el Gobierno consideraba como una avanzada brasileña sobre la Cuenca del Plata, a través de la construcción de represas, y sobre las provincias argentinas fronterizas (Corrientes y Misiones), a través de movimientos poblacionales.¹¹

En un contexto donde la idea de desarrollo, asociada al progreso técnico-científico y el mejoramiento social, formaba parte de los ideales y las fantasías de los gobiernos, pero también de la sociedad en general, y orientaba las políticas públicas, la construcción del proyecto Paraná Medio era un hecho incuestionable. Más aún, las demoras en las obras hacia finales de la década del setenta despertaron el reclamo de algunos sectores que alentaban su construcción. Incluso, ya entrada la democracia, a mediados de la década de 1980, dichos reclamos perduraban, y fue así que una ONG ambientalista de Santa Fe (el CeProNat) presentó un proyecto moderador ¹² de los efectos adversos que la represa provocaría, sin cuestionar su construcción, ni los objetivos de desarrollo nacional y regional, como lo hicieron en la década siguiente.

El segundo intento de construir el emprendimiento hidroeléctrico tuvo lugar en un contexto muy diferente. Ahora el proyecto Paraná Medio formaba parte de un programa más amplio de integración económica y reescalamiento territorial, representado por la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP). Este plan de infraestructuras supranacional tenía como finalidad última acelerar los flujos de intercambio entre los diferentes países del Mercosur, posibilitando, a su vez, la extensión de la frontera extractiva (ganadera, agrícola, petrolera, forestal, minera-metalífera) en estos, cuya producción tenía como destino la exportación. Puede decirse que la década de 1990 en Argentina constituyó un momento clave en el cual se sentaron las bases (legales e institucionales) para que dicho proceso de extensión fuese posible y se consolidase en el siguiente siglo.

El área que iba a ser inundada por el embalse estaba conformada por el cauce principal del río, zonas de bañados e islas y suelos productivos en los que se desarrollaba principalmente agricultura de escala familiar. Estaba habitada estimativamente ¹³ por unas 30 mil personas, muchas de las cuales tenían como modo de vida la caza y la pesca. Es interesante observar la inexistencia de datos exactos en torno a la población que habitaba el área planificada como embalse. Asimismo, en el momento de iniciarse el conflicto era muy escasa la información que circulaba sobre los efectos negativos de las grandes represas en los ámbitos locales, y en particular en América Latina. La formación del brasileño Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), quizás el más emblemático movimiento de resistencia a los proyectos hidroeléctricos en el subcontinente, recientemente había adquirido estatus internacional (en 1991), y la coalición Ríos Vivos,¹⁴ que cobraría mayor trascendencia en el cambio del siglo, se había creado un año antes. Es por esto que el conflicto por el proyecto Paraná Medio puede considerarse un antecedente relevante en las posteriores luchas territoriales de carácter ambiental, que cobrarían visibilidad en el siglo XXI.¹⁵

En tal sentido, tanto el proyecto hidroeléctrico como el conflicto socioambiental pueden considerarse en los umbrales de dos procesos que se consolidarían en el siguiente siglo. En primer lugar, el emprendimiento del Paraná Medio puede ubicarse entre lo que los autores llaman el Consenso de Washington y el Consenso de los Commodities. ¹⁶ Así, el primero implicó una reestructuración de las capacidades estatales en función de otorgar mayor poder de decisión a los sectores privados, valorizando la economía financiera y concibiendo el territorio en términos de eficiencia. Desde el punto de vista ^{Svampa y Viale (2014)}, el Consenso de Washington constituyó la condición de posibilidad para que el segundo pueda darse. El Consenso de los Commodities, iniciado en 2000-2001, se caracteriza por la exportación a gran escala de productos primarios (en Argentina, principalmente soja, pasta de papel y minería metalífera), por la concepción de un territorio eficiente pero con áreas de sacrificio (se sacrifican poblaciones, biodiversidad y recursos naturales vitales), y cuyos efectos sociales, según los autores, han sido la profundización de un modelo de despojo y concentración de tierras, recursos y territorios en manos de las grandes corporaciones (Svampa y Viale 2014, 15-21).

En segundo lugar, el conflicto por el proyecto Paraná Medio se ubicaría en un momento de transición entre las luchas ambientalistas más tradicionales y aquellas que se consolidarían en el siglo XXI, como parte del llamado giro ecoterritorial. Las primeras eran conducidas por organizaciones ambientalistas o agrupaciones de activistas, ¹⁷ con modos de operar específicos y problemas ambientales bien definidos (por ejemplo, contaminación por gases, extinción de especies, amenazas representadas por los proyectos de energía nuclear), generalmente ya identificados por las organizaciones internacionales más emblemáticas (como Greenpeace). En el caso de las organizaciones ambientalistas de Santa Fe y Entre Ríos, que en un inicio seguían los parámetros de las más tradicionales y comenzaron a visibilizarse ya recuperado el sistema democrático, sus actividades estaban enfocadas en la educación orientada a la difusión de problemáticas ambientales y de salud medioambiental, a través de boletines o revistas, ¹⁸ folletería y artículos en la prensa. ¹⁹ Las segundas, que Svampa y Viale ubican en el siglo XXI, constituyen formaciones heterogéneas que integran diversos sectores sociales, incluidas las organizaciones ambientalistas, y su lucha se centra en la defensa del territorio considerado propio. Sus marcos de valoración no están restringidos a las cuestiones ambientales más tradicionales, sino que incorporan otras preocupaciones afines a la idea de justicia social, como la pobreza, la desigualdad en el acceso a los recursos naturales vitales, la salud poblacional, entre otras. Los conflictos por los megaproyectos de explotación minera metalífera en diversos países de América Latina constituyen un ejemplo de estas luchas (Svampa y Antonelli 2009). El conflicto por el proyecto Paraná Medio tuvo lugar en este contexto de transición entre dos modelos económicos-productivos y los dos modelos de luchas ambientalistas mencionados.

A continuación, se analizan las ideas acerca del proyecto, del territorio y de los recursos naturales, que estaban en circulación y que configuraron los relatos de las coaliciones que se enfrentaron.

Salto tecnológico, seguridad energética y el relato del progreso técnico-científico: el proyecto Paraná Medio en el discurso de la coalición a favor

Durante gran parte del siglo XX, los proyectos hidráulicos se constituyeron en obras de especial significación, vinculadas a la idea de (^{Bakker 2010}; ^{Escobar 2007}; ^{Kaika 2006}; McCully 2001; ^{Swyngedouw 2015}, ^{Worster 1985},, entre otros.) Esta idea, asentada en el relato moderno, que vincula mejora social a progreso técnico-científico, estableció asociaciones semánticas, por un lado, entre crecimiento económico, neutralidad científica y eficientismo tecnológico, y por otro, felicidad (en referencia al ideal baconiano). De allí derivaría la contraposición entre subdesarrollo y felicidad, que se estableció como un problema en aquellos países que fueron definidos como pobres (Escobar 2007, 51-52) o subdesarrollados. En tal contexto ideológico, los proyectos hidráulicos prometían alcanzar el desarrollo a través de la organización tecnológica de la naturaleza, y específicamente de un recurso vital como el agua. Pero finalizando el siglo XX, la idea moderna de desarrollo mostraría sus fisuras, y así, “el imaginario de tres mundos en marcha hacia una unificación feliz”²⁰ (Escobar 2005, 12) comenzaría a resquebrajarse.

Si bien la idea de progreso asociada al avance técnico-científico sigue vigente (sobre todo en las esferas de poder), su puesta en cuestión por algunos sectores sociales, y los numerosos conflictos en torno a dicha idea surgidos hacia el final del siglo XX, pueden dar cuenta del referido resquebrajamiento. En este marco, el conflicto surgido en la década de 1990 por la propuesta de construir una gran represa en el río Paraná hizo visible el quiebre de una certeza: la del desarrollo como camino unívoco, asociado al crecimiento económico ilimitado (a través de la organización tecno-científica de la naturaleza), junto a la idea de un Estado capaz de dar curso a dicho proceso (idea que en Argentina se había sostenido hasta finales de los años ochenta).

La coalición a favor del proyecto Paraná Medio sostuvo su discurso en un conjunto de verdades que, con algunas variaciones, adhería al relato moderno del progreso técnico-científico como vía del mejoramiento social y, junto a ello, a la consideración de los recursos naturales como objetos al servicio del desarrollo económico, mediante su organización tecnológica. Es decir, se planteaba una visión netamente instrumental y económica del río y su planicie.

Esta coalición estaba compuesta por el consorcio norteamericano Energy Development International (EDI), el Gobierno Nacional, algunos funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales, entidades que serían beneficiadas por la obra (empresas constructoras, la Bolsa de Comercio, Colegio de Ingenieros), la asociación civil llamada Comisión Santafesina de Apoyo a las Obras del Paraná Medio ²¹ (CSAOPM) y algunas instituciones educativas como la Universidad Tecnológica Nacional. El mayor aliento de la obra vino de parte del Gobierno, que la incluyó dentro de su Plan Quinquenal 1995-1999, al tiempo que estableció un marco legal para su implementación. ²²

Más allá de cierta homogeneidad discursiva en los planteamientos de esta coalición se pudieron identificar dos posiciones, que respondían a intereses diferentes. La primera, encabezada por el consorcio EDI y el Gobierno Nacional, asentaba su discurso en la ideología neoliberal, centrándose estrictamente en los aspectos técnicos y económicos de la obra, cuyos objetivos se orientaban a integrar (de manera sectorial) económicamente al país, en la subregión conformada por el Mercosur.²³ Puede observarse en este discurso un reduccionismo económico utilizado para promover el emprendimiento, presentándolo de manera despolitizada (o, al menos, según las pretensiones del consorcio). Esta aparente neutralidad discursiva anulaba toda discusión política, social y ambiental sobre su impacto.

La segunda posición no pertenecía al ámbito gubernamental, y su discurso dejaba traslucir claras continuidades con el pensamiento desarrollista nacionalista que había legitimado el proyecto en su etapa anterior (entre 1972 y 1986). Esta visión consideraba positiva la inversión privada para la construcción de la obra pero sospechaba de la condición extranjera del consorcio EDI, alentando que el emprendimiento se construyera con capitales argentinos. Esta posición fue sostenida principalmente por la CSAOPM y fue difundida, sobre todo, en el diario santafesino El Litoral.

Pero más allá de las diferencias en algunos intereses dentro de los dos sectores de esta coalición puede reconocerse un conjunto de ideas comunes que construyeron sus discursos y le brindaron sustento para pronunciarse a favor de la obra: a) la valoración de la eficiencia asociada a la idea de salto tecnológico y de organización tecnológica de la naturaleza; y b) la idea de seguridad energética, considerada como garantía de desarrollo y productividad.

El río libre, domicilio de las poblaciones: el Proyecto Paraná Medio en el discurso de la coalición opositora

^{Hajer (1995}, 1) ha observado que el discurso ambiental “es una extraordinaria colección de reclamos y preocupaciones reunidos por una gran variedad de actores”. Esta capacidad de congregar varios intereses, a veces contradictorios, bajo relatos determinados es considerada por el autor una característica propia de las coaliciones ambientales. De ahí la amplia aceptación social que existe de una serie de problemas ambientales (por ejemplo, la lluvia ácida, el agujero de ozono, el cambio climático).

La conformación de la coalición en rechazo al proyecto hidroeléctrico estuvo dada por el encuentro y participación conjunta de ONG ambientalistas más tradicionales y diversos sectores sociales, como pobladores de las zonas por inundar por el embalse, asociaciones civiles, instituciones educativas y religiosas, entre otras. Si bien el rechazo inicialmente provino de sectores muy específicos, ²⁸ en los meses subsiguientes fue extendiéndose, siendo la prensa escrita un medio clave para la difusión. Por las características que tuvo el rechazo social a la obra, resulta difícil encontrar un orden o hilo conductor, ya que, al mismo tiempo, a veces en conjunto y otras en tensión, muy diversos sectores sociales pertenecientes a dos provincias encontraron su afinidad en defender un territorio relevante en sus historias particulares, y pleno de significados, más allá de los intereses ambientalistas. A partir de ahí, con el correr del conflicto, se fue configurando un discurso propio en el que se articularon diferentes relatos y marcos de valoración.

De la diversidad de fuentes que se analizaron pudo establecerse una clasificación de enfoques dentro del discurso opositor, pero también algunos relatos, conformados por asociaciones de ideas. Estos relatos, si bien no eran compartidos por todos los sectores de la coalición, fueron utilizados como eslogan, lo cual facilitó la identificación con esta y la difusión del objetivo.

Los enfoques identificados fueron:

a) Socio-ambientalista. Este enfoque se desarrolló principalmente en las asociaciones ambientalistas que mayor participación tuvieron en el conflicto: la Fundación PROTEGER y el CeProNaten Santa Fe y la Asociación de Entidades Ambientalistas (AEA) en Entre Ríos. Su discurso inicialmente estaba conformado por valoraciones propias de las ONG internacionales, afines a la idea de desarrollo sostenible (muy vinculada a la modernización ecológica²⁹), pero con el correr del conflicto fueron incorporando otros valores, más cercanos a la idea de justicia ambiental.³⁰ Aparecían, así, preocupaciones de orden social (la pobreza) y territorial (uso económico del ambiente ribereño) específicas de las poblaciones locales. En un texto confeccionado con motivo del 1^er Festival Popular en Defensa del río Paraná, realizado en agosto de 1996, diversas agrupaciones declararon:

[…] el valle del Paraná Medio es hoy una fuente de subsistencia y trabajo permanente para miles de personas. Con la inundación de este ecosistema bajo las aguas del lago artificial de una represa, transformaríamos a los pobladores costeros en miles de nuevos desarraigados que terminarían en los cordones marginales de las grandes ciudades, aumentando las filas del desempleo, la delincuencia y las adicciones que se potencian en la miseria urbana […] rechazamos los procesos en marcha de irresponsable agotamiento de los recursos naturales, arrasamiento cultural y exclusión social como parte del modelo irracional e insustentable. (El Ambientalista 1996, 4)

b) Conservacionista. Puede asociarse al llamado culto de lo silvestre (^{Martínez Alier 2004}, 23). Fue difundido principalmente por la Asociación para la Protección de la Vida Silvestre, el Grupo Excursionistas Unidos y la Federación Santafesina de Caza Deportiva. Su discurso tenía sus bases en una orientación biologicista, y sus preocupaciones giraban principalmente en torno a la pérdida de la fauna y la flora del área. Enfatizaban en el valor paisajístico del ambiente fluvial, cuya belleza no podría apreciarse de construirse la represa.

c) Nacionalista-productivista. Con este enfoque se pronunciaron algunos sindicatos, principalmente el de Luz y Fuerza, así como algunos partidos políticos de izquierda (el Partido Comunista y el Partido Socialista Popular). Tanto el sindicato como el Partido Comunista habían sido defensores del proyecto en la etapa anterior, como obra estatal, pero en la década de 1990 se alinearon con la oposición cuestionando, no tanto la obra en sí, sino el carácter extranjerizante y desventajoso de la concesión y el favoritismo (“El PSP convoca a movilizarse contra la megarepresa” 1996) que el Gobierno Nacional desplegaba con el consorcio norteamericano.

d) Sanitario-higienista. Difundido principalmente por médicos y profesionales del área de la salud, este enfoque encontraba afinidades con el discurso de las ONG medioambientalistas y se articuló con el lente socioambientalista. Si en el siglo XIX la estrecha relación que este discurso propone entre ambiente y salud poblacional era considerada una cuestión de moralidad, hacia finales del siglo XX se enfatizaba en la desigualdad socioambiental. El argumento principal era que la construcción de la represa propagaría en la región una serie de enfermedades tropicales como esquistosomiasis, paludismo y fiebre amarilla, a raíz del agua estancada en el embalse y el microclima cálido-húmedo que se conformaría.

e) Federalista. Los enunciados que agrupamos en este enfoque provenían en gran parte de la provincia de Entre Ríos, y consideraban que la represa constituía un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo nacional sobre los derechos provinciales respecto de los recursos naturales. Así, por ejemplo, el gobernador de Entre Ríos Jorge Busti (1995-1999) declaró: “Entre Ríos tiene una política propia que toma de nuestra historia federal y es por eso que no vamos a participar de ninguna decisión nacional que signifique construir un represamiento en el río Paraná que es de propiedad nuestra, de la provincia de Entre Ríos” (“Jorge Busti dijo no a la represa en Paraná Medio” 1997).

Todas estas visiones configuraron un marco de valoraciones acerca del río y de la obra, en ocasiones amalgamándose y en otras tensionadas por las diferencias o contradicciones discursivas. El discurso conservacionista, por ejemplo, aparecía como antagónico del productivista-nacionalista y del federalista (orientados a defender el desarrollo de la región en términos económicos sin contemplaciones ambientales), pero encontraron un punto de coincidencia por desavenencias políticas entre los gobiernos nacional y provincial. Las ONG ambientalistas fueron las que desplegaron, con mayor efectividad, las estrategias de difusión, y el enfoque sociambientalista fue acrecentando paulatinamente su penetración social. Es interesante observar que con el correr de los meses, desde el inicio del conflicto (en marzo de 1996), los diferentes sectores opositores, con sus diversos enfoques e intereses, fueron progresivamente intercambiando argumentos y enriqueciéndose mutuamente, ampliando la plataforma discursiva y reconfigurándose en un solo discurso, que ya no se orientaba únicamente al rechazo de la megaobra, sino que comenzaba a cuestionar el modelo de desarrollo hegemónico, colocando en debate la condición de los recursos naturales como bien común o bien del mercado.

Si, por un lado, el río era considerado “un sistema productivo natural de agua dulce y de energía biológica” (Capatto s/f), acorde a las valoraciones del desarrollo sostenible, por otro, se incorporaban problemáticas más contempladas por los movimientos de justicia ambiental, como el desarraigo poblacional y la pobreza. En un artículo publicado en el diario El Litoral y titulado “El progreso como ídolo de barro”, el escritor Adrián Linari, oriundo de la localidad santafesina de Romang, expresaba el rechazo al proyecto, argumentando que su construcción sería un drama social, que destruiría la cultura del isleño, profundamente anclada, por varias generaciones, en el sitio que iba a inundarse:

Sin domicilio cultural, puede inventarse una regia economía… deshumanizada y deshumanizadora […]. La experiencia nos enseña que tiranizar el medio natural nos ha llevado casi al borde del colapso: recordemos como botón de muestra, el estado de la capa de ozono. Si la mayor fuente de conflictos prevista para el siglo XXI, será la falta de fuentes de agua para el consumo humano, tiranizar nuevamente el Paraná, nos colocará en una condición conflictiva de resolución difícilmente humanizable. (Linari 1996)

En el mismo sentido se expresaba un poeta local, Raúl Rocco:

Hablan mucho de proyecto y de progreso, qué se yo/ ¿Pero es que nadie ha pensado aquí en el pobre pescador?/Dicen que me darán un trabajo que me harán vivir mejor/ Ahora yo les pregunto: ¿qué hago, mi amor, con el río y mi orgullo de pescador? (^{Rocco 1996}, 28)

Otra idea que conformaba el discurso de esta coalición fue la del río como entidad viva y su muerte prevista, en caso de construirse la obra. El lema que difundió la AEA fue “Los ríos son especies en extinción: No a la represa contra el Paraná Medio. Sí a la vida”.³¹ Esta consideración era frecuente y se asociaba agua estancada (el embalse) con muerte; y al tramo medio del río Paraná con la vida, bajo la metáfora de “riñón del Paraná entero” (^{Halle 1996}, 9).

En la diversidad de argumentos que utilizó la coalición opositora, e incluso en sus variaciones en el curso del conflicto, quizás haya residido su fuerza para alcanzar amplia adhesión social, sobrepasando los intereses de un grupo en particular, para convertirse en un reclamo que llegó a muy diversos sectores sociales de ambas provincias, en defensa de un territorio con también múltiples significados, históricamente construidos.

¿Por qué se suspendió el proyecto Paraná Medio? Hilvanando sentidos en la multiplicidad histórica

Han sido numerosos los proyectos hidroeléctricos que se han concretado, a pesar del rechazo social. La represa binacional (argentina-paraguaya) Yacyretá pasó por un proceso de conflicto con diversas organizaciones ambientalistas y poblaciones locales, pero la obra siguió adelante. Para el caso del Paraná Medio, hemos identificado algunos factores y condicionamientos históricos que, a nuestro entender, contribuyeron a que la coalición ambientalista lograra su cometido y la Ley Nº 9092 pudiera ser sancionada.

En primer lugar, hacia las últimas dos décadas del siglo XX a nivel internacional, las grandes represas comenzaban a mostrar los impactos socioambientales negativos en los ámbitos locales.³² En América Latina se formarían algunas agrupaciones antirrepresa que cobrarían mayor visibilidad en los años subsiguientes, principalmente a partir de la publicación del mencionado informe de la World Commission on Dams (2000). Esta mayor visibilidad de los impactos, junto con el acrecentamiento de la velocidad de difusión de la información, y el particular modo de organización en red de estas asociaciones, constituyeron una plataforma legítima y propicia para el desenvolvimiento de las ONG en Santa Fe y Entre Ríos. ³³

En segundo lugar, el Banco Mundial, entidad que históricamente había sido la mayor propulsora y financiadora de grandes represas en América Latina, hacia la década de 1990 ya no ofrecía préstamos, con lo cual las inversiones en manos de capitales privados se concentraron aún más en lograr eficiencia económica, con el objetivo de obtener el retorno de la inversión. Para los inversores, los altos costos sociales y ambientales que acarreaba el proyecto, lo convertían en una inversión que ya no se veía tan lucrativa. Para las poblaciones afectadas, como lo demuestran las fuentes observadas, la inversión extranjera tenía escasa legitimidad y era altamente sospechosa. Las diversas publicaciones de divulgación que confeccionaron las entidades ambientalistas de mayor participación en el conflicto colocaban el énfasis en las desventajas que la inversión extranjera acarrearía a las formas de vida locales, y este discurso tuvo amplia aceptación, a la par del discurso productivista-nacionalista (defendido por algunos sindicatos) que observaba con notable desconfianza a las empresas norteamericanas.

Tercero, en 1994, Argentina había reformado su Constitución Nacional. Allí se establecía que los recursos naturales eran de dominio provincial en el tramo de su territorio (art. 124), y asimismo se incorporaron una serie de artículos que admitían la iniciativa popular (art. 39) y la consulta popular (art. 40) en lo referente a la presentación de proyectos de ley. Pero también se otorgaron mayores atribuciones a las provincias en la defensa del derecho de la población a vivir en un ambiente sano (art. 41), introduciendo un nuevo mecanismo de participación democrática, como el recurso de amparo (art. 43). Este nuevo marco legal hizo posible que en Entre Ríos, la coalición opositora llevara adelante, por la vía formal, el reclamo contra la construcción del proyecto, que luego se convertiría en ley.

En cuarto lugar, la sanción de la Ley Nº 9092 contó con el apoyo del gobernador de la provincia de Entre Ríos (no así en Santa Fe). Esta acción fue clave para que el recurso de amparo, inicialmente presentado por la AEA, fuera cobrando fuerza de ley hacia el final del proceso.³⁴

Por último, sostenemos que el valor social e histórico de una parte del área, que iba a ser afectada (de manera indirecta) por el embalse, contribuyó a darle legitimidad al reclamo y mayor aceptación en los sectores sociales medios urbanos, principalmente de Santa Fe. La zona a la que referimos forma parte del radio periurbano santafesino conocida localmente como “la Costa”, y fue, durante las décadas de 1970 y 1990, área de esparcimiento y residencia de fin de semana en un sector de la clase media urbana, pero también lugar de alto valor simbólico para poetas y pintores locales ^{(Rausch 2012)}. Desde finales de los noventa, constituye uno de los emplazamientos más valorizados para el establecimiento residencial de dichos sectores. Su valorización, vinculada a las costumbres del habitante urbano que considera esta área como el espacio de descanso o residencia en contacto con la naturaleza, frente a la amenaza de una gran infraestructura en las inmediaciones, no puede haber pasado desapercibida para este sector social, así como para las empresas inmobiliarias que operaban en la zona.

Conclusiones

El artículo abordó las condiciones históricas en que tuvo lugar el conflicto en torno a la construcción de la obra hidroeléctrica del Paraná Medio en la década de 1990, y en particular, las estrategias discursivas utilizadas por las coaliciones a favor y en contra del proyecto.

Se ha analizado la resolución del conflicto a favor de la no construcción del proyecto, a la luz de dos procesos históricos que expresamos: el resquebrajamiento de la fe en el desarrollo en cuanto progreso técnico científico, y la incorporación, por parte de las organizaciones ambientalistas, de valores vinculados a los derechos humanos y la justicia social.

Reparamos en que las estrategias desplegadas por la coalición opositora al proyecto no hubieran funcionado en un contexto donde la idea de desarrollo técnico-científico fuese incuestionable, como ocurrió con el proyecto en la década de 1970. Si bien en los noventa la idea de progreso económico vinculada al desarrollo técnico-científico estaba vigente en las diferentes esferas del poder político y económico, así como en algunos sectores sociales, la emergencia del conflicto y la visibilidad que adquirieron los sectores opositores daban cuenta de un quiebre en esa fe incuestionable, que durante buena parte del siglo XX había legitimado la construcción del proyecto sin voces disidentes.³⁵ La amplia adhesión social que gradualmente fue cobrando la coalición opositora durante el proceso de rechazo mostraba las grietas en la univocidad tecno-científica, y posteriores artículos en la prensa local (en Santa Fe y Entre Ríos) ponían de presente esta nueva valorización social del ambiente ribereño.

Pero asimismo, las ONG ambientalistas no habrían tenido la posibilidad de difundir sus valores sin reconfigurar sus discursos, a partir del diálogo que entablaron con las poblaciones ribereñas, incorporando nuevos sentidos y valores que no formaban parte de sus construcciones discursivas usuales: derecho a vivir en un ambiente sano, derecho a conservar las formas culturales heredadas, derecho a desarrollar su economía y modos de subsistencia en torno al río eran algunos de los reclamos que las ONG ambientalistas fueron incorporando en sus discursos, y que formaron parte de las reivindicaciones de los pobladores locales. En esta capacidad de la coalición opositora para innovar sus estrategias, construyendo un relato que incorporaba múltiples reivindicaciones de diversos sectores de la sociedad, estuvo posiblemente su mayor fuerza en la lucha por la hegemonía discursiva. Pero también coincidimos con ^{Gómez et al. (2014}, 78), quienes, al analizar los conflictos en América Latina por la construcción de proyectos hidroeléctricos, señalan que:

La gestación de una oposición social, históricamente está ligada a los contextos sociopolíticos de cada región o país, a las capacidades organizativas y a los medios estratégicos de los que se dispongan.

El proyecto Paraná Medio fue suspendido no sólo por los movimientos de oposición, sino (como se vio en el último apartado) por una multiplicidad de factores y de condiciones históricos muy específicos que constituyeron el campo de posibilidad para que ese fuera el resultado. La difusión de diversas apreciaciones sobre la naturaleza como paisaje, recurso natural, capital natural, domicilio cultural, fuente de trabajo, contribuyó a reforzar la posición de la coalición opositora. De ahí nuestra intención de visibilizar los modos particulares en que se construyeron socialmente los relatos específicos que orientaron (y orientan) determinadas prácticas territoriales,³⁶ que a su vez van reconfigurando dichos relatos. Así, preguntarse por la dimensión discursiva en la indagación acerca de los procesos territoriales es preguntarse por los modos en que se construyen los objetos, los sujetos y las estrategias de poder/saber, y, en tal sentido, también los territorios.