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Revista de Estudios Sociales

Print version ISSN 0123-885X

rev.estud.soc.  no.73 Bogotá July/Sep. 2020

https://doi.org/10.7440/res73.2020.06 

Dossier

“Si realmente ustedes quieren pegarle, no nos llamen, llámenos después que le pegaron y váyanse”. Justicia por mano propia en Ciudad de México*

“If You Really Want to Hit Someone, Don't Call Us, Call Us after You Hit Them and Leave.” Taking the Law into Own Hands in Mexico City

“Se realmente vocês querem bater nele, não nos chamem. Chamem depois de ter batido e vão embora” Justiça com as próprias mãos na Cidade do México

Elisa Godínez Pérez** 

** Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México. Becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Sociales, asesorada por el Dr. Héctor Castillo-Berthier. Últimas publicaciones: “La alternativa de la justicia restaurativa”. En El futuro es hoy. Ideas radicales para México, editado por Humberto Beck y Rafael Lemus, 205-227. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva S. L., 2018. elisa.godinez@gmail.com


RESUMEN

En este artículo analizo la experiencia de un grupo vecinal que se organizó para enfrentar la inseguridad en Ciudad de México. Retomo la perspectiva de la etnografía del Estado y, en particular, los “lenguajes de la estatalidad” para examinar el fenómeno de la justicia por mano propia, que no es sólo un acto de transgresión ciudadana que desafía al Estado, sino una consecuencia, involuntaria o deliberada, de las acciones u omisiones de los agentes gubernamentales, propio de la gestión de la inseguridad y la violencia en los márgenes del Estado.

PALABRAS CLAVE Ciudad de México; etnografía del Estado; justicia por mano propia; márgenes del Estado

ABSTRACT

In this article, I analyze the experience of a neighborhood group that united to tackle insecurity in Mexico City. I draw on the perspective of the ethnography of the State and, in particular, the “languages of statehood” to examine the phenomenon of self-justice, which beyond being an act of citizen transgression that challenges the State, is an unintended or deliberate consequence of the actions or omissions of government agents, typical of the management of insecurity and violence on the margins of the State.

KEYWORDS Ethnography of the State; margins of the State; Mexico City; self-administered justice

RESUMO

Neste artigo, analiso a experiência de um grupo de moradores que se organizou para enfrentar a insegurança na Cidade do México. Retomo a perspectiva da etnografia do Estado e, em particular, as “linguagens da estatalidade” para examinar o fenômeno da justiça com as próprias mãos, que não é somente um ato de transgressão cidadã que desafia o Estado, mas também uma consequência, involuntária ou deliberada, das ações ou omissões dos agentes governamentais, próprio da gestão da insegurança e da violência às margens do Estado.

PALAVRAS-CHAVE Cidade do México; etnografia do Estado; justiça com as próprias mãos; margens do Estado

Introducción

La justicia por mano propia es un término que comúnmente se usa para referirse a la decisión, por parte de los ciudadanos, de aplicar una pena física para castigar un supuesto delito o falta, por encima de la ley. Como tal, es un término que remite directamente al ámbito y al lenguaje jurídicos. No obstante, desde el punto de vista de otras ciencias sociales, la justicia por mano propia implica mucho más que únicamente una transgresión a la ley. En este artículo propongo una definición de este término con el objeto de caracterizar lo que sucede en el México actual y, a partir de ahí, interpretar casos concretos de investigación: la justicia por mano propia es un conjunto heterogéneo de acciones colectivas e individuales, tanto extralegales como ilegales -que van desde la prevención y la disuasión hasta el despliegue de violencia-, a través del cual se busca la defensa y/o imposición de un castigo expedito a personas presuntamente culpables de querer cometer o haber cometido un delito.

En años recientes, este fenómeno ha sido cada vez más frecuente en México. Puede decirse que es el resultado de una profunda crisis en los sistemas de impartición y procuración de justicia, más que simplemente ser consecuencia de la inseguridad, aunque esta sea grave y constante. La justicia por mano propia, además, evidencia la tensión permanente entre los efectos del Estado1 (Mitchell 2015) y los ciudadanos, en un contexto de múltiples violencias legales e ilegales, en particular, en los denominados márgenes del Estado, un concepto propuesto por Das y Poole (2004): ya sean espaciales o simbólicos, los márgenes del Estado son los lugares de producción del orden y el desorden estatal, donde las prácticas y los lenguajes del Estado evidencian los límites y conflictos entre el centro y la periferia, entre lo público y lo privado, y entre lo legal y lo ilegal.

A partir del examen hemerográfico de la incidencia de acciones de justicia por mano propia en una demarcación de Ciudad de México, de la selección de un caso y de la aplicación de técnicas de investigación etnográfica, propondré una manera de interpretar el fenómeno de la justicia por mano propia como parte de los efectos del Estado. Es decir, propondré la elaboración de una etnografía del Estado y su monopolio de la violencia a partir de casos, discursos y prácticas en torno a dicho fenómeno.

Para poder prevenir y evitar los actos de justicia por mano propia, que en su mayoría constituyen violaciones a los derechos humanos, y que deben ser definitivamente rechazados, no basta examinarlos desde la perspectiva legal. No basta saber y decir que son un problema de falta de cultura de la legalidad, sino entender los resortes sociales, políticos y culturales que los vuelven cada vez más aceptables y los hacen aparecer como un recurso admisible para enfrentar la inseguridad y la violencia.

Justicia por Mano Propia: Concepto y Realidad

Actualmente, en México a diario se registra un número considerable de acciones defensivas que utilizan la violencia en diverso grado protagonizadas por civiles más o menos organizados, ya sea para confrontar a delincuentes corrientes, a criminales organizados, o para oponerse a algún acto o decisión de las autoridades. Linchamientos, policías comunitarias, o grupos de autodefensa que ejercen acciones de seguridad y procuración de justicia, hasta vecinos que efectúan rondines callejeros, activando alarmas o haciendo sonar sus silbatos para alertar de un peligro, son el conjunto de acciones que puede enmarcarse dentro del concepto justicia por mano propia.

La justicia por mano propia es, en especial, una noción jurídica, más que un concepto sociológico o antropológico. En el contexto legal, la justicia por mano propia es un término que nombra una forma de transgredir el Estado de derecho, es decir, de sustituir o suplir a la justicia formal, y, por supuesto, es algo reprobable. Entre otras cosas, el Estado de derecho “se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos” (SIL 2020, en línea). De este modo, romper el Estado de derecho, ya sea por necesidad o por intención, es contravenir la ley, y más todavía cuando se hace con el empeño de suplir la función de las instituciones responsables de garantizar la seguridad mediante el uso de la violencia, considerando que es el Estado -y sus instituciones- quien tiene el monopolio legítimo de esta; peor aún si para ello se despliegan medios violentos. No obstante, ¿qué hacer cuando la obligación estatal de garantizar la seguridad no se cumple y es la propia vida la que está en peligro cotidianamente?

Considero que el concepto justicia por mano propia es útil para agrupar el conjunto de acciones civiles, y a veces violentas, que, transgrediendo el Estado de derecho, persiguen la autoprotección y autodefensa ante hechos delictivos o frente a omisiones y abusos estatales en el contexto actual de México. En primer lugar, porque el concepto permite considerar la heterogeneidad en este conjunto de acciones. En segundo lugar, porque al ser un concepto con mayor amplitud que, por ejemplo, vigilantismo permite también tener en cuenta el carácter paradójico con respecto a lo estatal que tienen estas acciones heterogéneas; es decir, por un lado, pueden ser un desafío directo a la soberanía estatal y, por otro lado, pueden ser el clamor por una presencia estatal más objetiva o efectiva.

Martha K. Huggins, en su libro Vigilantism and the State in Modern Latin America (1991), explica el vigilantismo en América Latina a partir de una clasificación, en la que identifica el grado de espontaneidad, organización y participación estatal, y su correspondencia en tres polos -el informal, el formal y el intermedio-, dentro de los que se incluye una diversidad de acciones, desde linchamientos hasta escuadrones de la muerte. Considero que la propuesta de Huggins sigue siendo un importante referente para comprender el fenómeno a nivel regional, pero para el México actual, esta clasificación tendría que someterse a una revisión y a un posible reajuste, dadas las transformaciones en la historia nacional y de cada región, el gran crecimiento del crimen organizado en sus infinitas variantes y las modificaciones que ha sufrido el Estado, tanto en su sentido formal como en las prácticas, los imaginarios, conflictos y experiencias cotidianos de sus habitantes. Entre otras cosas, y por ser el de Huggins un referente importante del concepto, considero que vigilantismo es un término útil, pero no suficiente, para entender el caso mexicano hoy.

Cuando realicé una investigación acerca de los linchamientos en México, pude comprobar precisamente lo heterogéneo de estas acciones de violencia colectiva. Para empezar a entender y prevenir los linchamientos, no basta con tener clara la cantidad y la dinámica temporal, por hablar de dos criterios esenciales, sino que es indispensable observar tanto el tipo de actor colectivo que los protagoniza como el contexto -histórico, geográfico, social, económico, político y cultural- en el que ocurren. Aunque puedan tener causas y configuraciones similares, la conformación y actuación de la colectividad que comete un linchamiento no son siempre iguales: hay colectividades espontáneas que sin tener vínculos previos, o nexo de algún tipo, se forman y disuelven inmediatamente, y hay colectividades que comparten relaciones vecinales o comunitarias, aunque esto no signifique que exista una premeditación explícita.

Me permito emplear el caso de los linchamientos, por ser un indicio útil para profundizar en el análisis de estas acciones agrupadas en el concepto justicia por mano propia. Además de la heterogeneidad en su forma, sus actores y su contexto, estas acciones constituyen una manera de interpelar al Estado. La opinión generalizada es que las personas deciden hacerse justicia con la intención de rivalizar o sustituir al Estado, pero lo cierto es que estas acciones pueden constituir una estrategia contradictoria o paradójica, dado que, más que sólo ser o no una forma de contestar y de desafiar al Estado, pueden ser, simultáneamente, una vía para demandar la actuación estatal, y para exponerlo cuando no responde. Fue posible constatar lo anterior a partir del análisis de un linchamiento como proceso con fases, y no exclusivamente como un momento o trance de paroxismo. Desde la perspectiva procesual -pensar el linchamiento como un drama social2 y sus fases, en el sentido de Victor Turner (1974) -, es posible observar las diferentes dinámicas entre los actores civiles y las fuerzas del orden estatales, en las que se evidencia que no existe un patrón único, sino que un desenlace fatal o la posibilidad de desactivar un conflicto mayor, por ejemplo, depende en gran medida de la capacidad de concertar que tengan los actores estatales involucrados.

Se puede pensar que señalar el papel del Estado en el análisis de la justicia por mano propia no debería ser tan central, porque el problema profundo, para algunos, reside en los ciudadanos mismos y en su falta de “cultura de la legalidad”, y no en las autoridades; que el meollo del asunto es “el alejamiento de la sociedad con respecto de las instituciones”3 (CNDH 2019, en línea) y no al revés. Esto podría ser así si se piensa al Estado desde lo abstracto y lo formal, o como un mero equivalente del gobierno, el orden y las leyes. Sin embargo, si se asume la perspectiva etnográfica del Estado, es posible comprender las condiciones en las que se suscitan los hechos de justicia por mano propia desde las prácticas, las relaciones y los conflictos entre los actores estatales, la población y aquellos sospechosos o responsables de cometer delitos. Akhil Gupta, en su clásico ensayo “Fronteras borrosas: el discurso de la corrupción, la cultura de la política y el estado imaginado”, hace una etnografía del Estado a partir de los discursos de la corrupción en la India:

Estudiar el estado etnográficamente implica tanto el análisis de las prácticas cotidianas de las burocracias locales como la construcción discursiva del estado en la cultura política. Este enfoque plantea cuestiones sustantivas y metodológicas fundamentales. Sustancialmente, permite desagregar al estado, centrándose en diferentes burocracias sin prejuzgar sobre su unidad o coherencia. Asimismo, nos permite problematizar la relación entre la translocalidad de “el estado” y las oficinas, instituciones y prácticas necesariamente localizadas por las que esta está ejemplificada. (2015, 72-73)

En la misma línea de la antropología del Estado, Thomas Blom Hansen y Finn Stepputat (2001) afirman que el Estado, la gobernanza y los efectos y subjetividades formados por el lenguaje de la estatalidad necesitan ser desnaturalizados y estudiados etnográficamente en detalle, como parte de la economía cultural de las sociedades poscoloniales. Desde esta perspectiva, hacer antropología del Estado significa considerar la diversidad de experiencias en el mundo; significa también las diferentes maneras en las que comprendemos la historia, las lógicas internas y las prácticas. Todo lo anterior sirve para superar la idea de que el Estado es un objeto dado e inmóvil. Los autores proponen que al estudiar el Estado y sus prácticas, se deben discernir y explorar los diferentes lenguajes de la estatalidad (languages of stateness). Señalan que se requieren estudios acerca de cómo el Estado trata de hacerse a sí mismo real y tangible mediante símbolos, textos, etcétera, y examinar cómo este aparece situado y en la cotidianidad, porque es indispensable estudiar el Estado y sus discursos desde el campo, en el sentido de sitios etnográficos localizados (2001, 5).

Son tres lenguajes prácticos de la gobernanza y tres lenguajes simbólicos de la autoridad los que Blom y Stepputat consideran relevantes para elaborar una etnografía del Estado. Los primeros incluyen la afirmación de la soberanía territorial a partir de la monopolización de la violencia por fuerzas militares y policiacas permanentes; la acumulación y el control de conocimientos en torno a la población (tamaño, bienestar, territorio); y la generación de recursos y garantías de reproducción y bienestar de la población (desarrollo y administración de la economía nacional). Los segundos son la institucionalización de la ley y del discurso legal como el lenguaje del Estado, y el medio a partir del cual este adquiere presencia discursiva y autoridad; la materialización del Estado en una serie de signos y rituales permanentes (edificios, monumentos, uniformes, etcétera); y la nacionalización del territorio y las instituciones del Estado mediante la inscripción de una historia y una comunidad compartida en paisajes y prácticas culturales (2001, 7-8).

El fenómeno de la justicia por mano propia y su áspero incremento en México hoy ha sido analizado más como un problema de déficit de legalidad, como una consecuencia de “la lejanía de la sociedad respecto de las autoridades” y como una falta de cumplimiento y aplicación de la ley, o una crisis de autoridad e institucionalidad. Se reprueba el uso de la violencia y se aduce, con razón, que la justicia por mano propia es un quebranto a los derechos humanos, pero no se explica más, y al mismo tiempo se acusa a los protagonistas de tales actos como únicos responsables. Hace falta entender por qué las personas están dispuestas a ejercer violencia y arriesgar también su integridad, aunque esto naturalmente no implique la justificación del hecho. ¿De qué manera puede la perspectiva de la antropología del Estado contribuir a analizar de manera más profunda el fenómeno de la justicia por mano propia? ¿Cómo se puede comprender este fenómeno a la luz de los lenguajes de gobernanza y autoridad? En particular, ¿cómo se puede entender en lo relativo a la monopolización de la violencia por fuerzas estatales, así como a la institucionalización de la ley y el discurso de la legalidad a partir, precisamente, de sitios etnográficos y del anclaje a las ideas, prácticas y experiencias locales y cotidianas de “la estatalidad” en un contexto de inseguridad y violencias diversas?

La Forestal, una Colonia en Cuautepec

La colonia Forestal se encuentra ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la punta noreste de Ciudad de México, específicamente en la región conocida como Cuautepec, en las faldas y casi la cima de la sierra de Guadalupe. Cuautepec es una zona que se incorporó al otrora Distrito Federal hace casi un siglo; es decir que, históricamente, es relativamente reciente su pertenencia a la capital del país. Esta zona tiene frontera al norte, este y oeste con cuatro municipios del estado de México: Ecatepec, Coacalco, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán, mientras que al sur los límites están dados por la vía del ferrocarril México-Veracruz y las colonias Ticomán, Acueducto de Guadalupe y Tenayuca. Es, además, una zona densamente poblada, caracterizada por una urbanización popular mezclada con exclusión social y pobreza, y que carga con el estigma generado de los imaginarios del miedo, la lejanía y el olvido (Gomezcésar y Ochoa 2019, 12).

Lo primero que salta a la vista cuando uno visita Cuautepec son los cerros consumidos por miles de construcciones, apenas detenidas en algunos puntos con una “barda perimetral”. Simultáneamente, el enorme Cerro del Chiquihuite, lleno de antenas, parece resguardar y amenazar al mismo tiempo. Para llegar a la zona hay que atravesar la vía del tren -donde no es extraño encontrarse a migrantes centroamericanos pidiendo dinero- y un canal del largo y ahora siniestro río de los Remedios, que, kilómetros antes o después -según la referencia que se tome-, se convierte en el vertedero de restos humanos en territorio mexiquense.

Cuautepec no es una región homogénea. En esta zona hay un pueblo dividido en dos: Barrio Bajo y Barrio Alto. Esta división es más nominal que nada, porque ambos lugares tienen una historia compartida, así como algunas de las colonias inmediatamente aledañas a ellos. A partir de los centros territoriales de los dos barrios, se dio el acelerado crecimiento urbano en la segunda mitad del siglo pasado, lo que dio lugar a la superpoblación de los cerros. En estas colonias más nuevas, la marginación socioeconómica de sus habitantes -muchos de los cuales son migrantes de otros estados del país- es la condición característica.

Muchos de los terrenos donde se asentaron las colonias alrededor de los dos barrios correspondían a tierra de los ejidatarios de Cuautepec. Según lo referido por personas entrevistadas durante el trabajo de campo, ese es el caso de la colonia Forestal, cuyos terrenos, en principio, fueron vendidos, a partir de la subdivisión de propiedades de ejidatarios, a personas del propio pueblo o a sus familiares y conocidos. Eso explicaría por qué muchos de los lotes en la Forestal son lo suficientemente grandes como para edificar casas de dos pisos o más, e incluso para contar con jardines y con espacios para guardar automóviles. En comparación con otras colonias de Cuautepec, la Forestal parece tener un mejor nivel socioeconómico.

El 21 de febrero de 2019, dos intentos de linchamiento ocurrieron con horas de diferencia y a poco más de una cuadra de distancia en la Forestal. Ambos casos lograron un espacio tanto en noticieros televisivos como en los portales electrónicos de los periódicos, pero estas notas se pierden en el incesante torrente de información. Todos los días, casos como estos son reportados en los medios; son tantos casos que se pierden, se olvidan y, con suerte, se archivan en la memoria electrónica de los buscadores de Internet. ¿Quién da seguimiento a esto? ¿Qué autoridades, si acaso, están poniendo atención a este síntoma de agudo malestar social? Convendría preguntarse por qué es posible que en un mismo día ocurra más de un caso en una colonia periférica de Ciudad de México, y que esto se perciba como algo normal o sin mucha importancia.

La selección de la Forestal como sitio para la investigación fue resultado del análisis de datos hemerográficos acerca de episodios de justicia por mano propia registrados en la alcaldía Gustavo A. Madero. Como se mencionó antes, la justicia por mano propia es un término del lenguaje legal que describe una transgresión cometida por alguien que decide propinar un castigo, en lugar de la autoridad. En estricto sentido, y al igual que sucede con una de sus variantes, el linchamiento, la justicia por mano propia no es propiamente una falta tipificada en sí, y la única manera que se tiene de reunir información acerca de su incidencia, es por lo que los medios de comunicación reportan. La revisión hemerográfica abarcó desde 2008, y algunos casos que se colaron de años anteriores, hasta los primeros meses de 2019. En esta alcaldía, encontré un total de catorce casos, de los cuales seis ocurrieron en la zona de Cuautepec. De esos seis, dos -recientes- ocurrieron en la Forestal.

El caso de la colonia Forestal es parte de un fenómeno que sucede, al menos, en una parte de la llamada Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), una gran área metropolitana del centro de México conformada por Ciudad de México y sesenta municipios adyacentes. Uno de los objetivos de mi investigación fue obtener datos para contrastar lo relativo a la justicia por mano propia en esta zona. Lo que he podido observar es que en la ZMVM existen muchas similitudes, pero también diferencias en la relación cotidiana entre el Estado y los habitantes en lo concerniente a la inseguridad y la violencia. Un aspecto especialmente interesante es la mayor o menor presencia y capacidad de gestión de las instituciones estatales en el territorio.

Uno de los aspectos del lugar donde se ubica la colonia Forestal, es que puede ser considerado, como muchos otros lugares en la ZMVM, dentro del concepto márgenes del Estado de Das y Poole (2004), esos márgenes espaciales y sociales que son lugares del desorden. Los márgenes no se refieren únicamente a la periferia territorial, sino que son también los lugares reales y simbólicos en donde las prácticas y los lenguajes del Estado muestran las dinámicas y los límites entre el centro y la periferia, entre lo público y lo privado y entre lo legal y lo ilegal. Cuautepec es uno de varios lugares donde hay una síntesis de múltiples violencias, aunque eso no signifique que se puedan simplemente equiparar, pero sí comparar en términos del papel que tiene el Estado en la producción de orden y desorden, de violencia y de control y de transgresión y respeto a la ley. En los márgenes, la construcción del orden estatal implica examinar la relación entre la ley en su sentido formal y la experiencia social de su (no) ejercicio; de la justicia como ideal y de la injusticia como realidad.

La Forestal es una colonia relativamente pequeña, lo cual resulta útil para realizar un trabajo de campo en un tiempo corto, y una ventaja, en comparación con otras colonias de la misma alcaldía. El primer día que concerté una entrevista en la Forestal tuve un encuentro fortuito, pero fundamental. La entrevista tuvo lugar al mediodía, y cuando terminó, la persona que me acompañaba -que era mi contacto con la persona entrevistada, un habitante de Cuautepec y exfuncionario de la alcaldía- y yo entramos a una cochera improvisada como fonda que opera únicamente los fines de semana. Charlamos con el dueño y su familia y les preguntamos, después de un rato, si sabían acerca del intento de linchamiento que había ocurrido a unos metros del lugar, donde una persona acusada de robar un celular fue amarrada a un poste que sostiene la videocámara de vigilancia del gobierno de Ciudad de México (“Amarran a ladrón en Cuautepec” 2019). El dueño nos dijo que él no sabía mucho porque el suceso había acontecido en un horario en el que atiende un negocio en otra colonia, pero que él creía que los taxistas de la base que está en el lugar de los hechos habían participado, y, probablemente, ellos u otros taxistas de otra base cercana habían sido los protagonistas.

Aquí es necesario hacer un paréntesis para mencionar que en Cuautepec, debido a su condición geográfica en la ladera de los cerros de la sierra de Guadalupe, existe desde hace años un servicio extralegal, irregular, o “pirata”, como se dice coloquialmente, de coches Volkswagen Sedan o “vochos” habilitados como taxis (Flores 2017). Estos taxistas operan desde bases o sitios sin señalización, sus automóviles no tienen ninguna imagen que los identifique, y las placas que usan no son de Ciudad de México. Aunque en apariencia los conductores son particulares dueños de su “vocho”, lo cierto es que en Cuautepec es un secreto a voces que los “pirataxis”, como algunos les dicen, son negocio de unos pocos. Los “vochotaxis” son a veces motivo de cierto orgullo, por ser un sello distintivo de Cuaute, pero son también tema de queja, desconfianza y mala fama. Que si manejan mal, que traen en mal estado las unidades, que si los conductores son irrespetuosos, menores de edad, o tienen antecedentes penales, o que si los vochotaxis se usan para distribuir droga o participar en otras actividades ilegales, es parte del discurso de los habitantes de esta zona.

Cuando el señor de la fonda nos dio su versión de la posible participación de los taxistas, pensé que era perfectamente plausible, dado que en nuestro país hay casos de linchamientos protagonizados por gremios o grupos organizados en razón de su actividad: taxistas, locatarios de mercados, aficionados (porras o barras) en eventos deportivos, entre otros. Entablamos una conversación con uno de los conductores, pero nos refirió a “su patrón”; nos dijo que mejor habláramos con él, y le dejamos nuestros datos para que nos llamara, pero no tuvimos respuesta ni ese día ni los siguientes. Después de eso, fuimos a hacer un recorrido en automóvil por la zona suroriental de Cuautepec, y, al regresar a la colonia Forestal, nos topamos con un grupo de gente reunida en la calle. Nos detuvimos y pregunté en una tienda si sabían qué pasaba, y la señora que atendía me dijo que era una reunión vecinal.

Nos acercamos para escuchar y saber el tema de la reunión, a sabiendas de que éramos personas extrañas y que muy probablemente a los vecinos no les fuera a gustar eso. Lo primero que escuché al acercarme fue que se estaba hablando acerca de la seguridad, de alarmas y de decisiones con respecto a dónde ubicar una más. Como era de suponerse, a los vecinos no les gustó mucho nuestra presencia, así que pronto nos increparon, nos preguntaron si queríamos decir algo o teníamos alguna pregunta. En ese momento, tomé la palabra, expliqué rápido que había dado con la reunión por casualidad y me identifiqué; les mostré mi credencial y les dije que estaba precisamente haciendo una investigación sobre temas de seguridad en la zona. Después de la reticencia inicial y de muchas preguntas de su parte, los vecinos aceptaron mi presencia y procedieron a explicarme que se habían organizado para resolver los problemas de inseguridad en una parte de su colonia. Me convocaron para una próxima reunión e intercambié teléfonos con los organizadores principales.

Fue así que descubrí que, sin mucho ruido y procurándose un perfil discreto, este grupo de vecinos de la Forestal lleva más de dos años organizado para defenderse ante la situación de inseguridad que padecen todos los días. Estos vecinos instalaron un sistema de alarmas que se activan mediante un pequeño control remoto que varios de ellos llevan consigo, sobre todo aquellos que regresan tarde por la noche en sus automóviles y deben parquearlos en sus cocheras, momento en especial peligroso, según lo que ellos mismos refieren. Los vecinos también han instalado unas chicharras o timbres que se activan manualmente mediante un interruptor para que sean usadas en caso necesario mientras caminan por las calles. También, han repartido silbatos, que pueden ser muy útiles para las mujeres, según dicen. Además, algunos tienen un palo o bat en sus casas, que es usado para golpear o amedrentar a presuntos infractores, en caso necesario. Uno de sus primeros acuerdos fue colocar varias lonas en algunas casas con la leyenda:

VECINOS UNIDOS

RATERO QUE SE SORPRENDA

SE LE SOMETERÁ

PIÉNSALO BIEN ESTÁS SIENDO VIGILADO LAS 24HRS

CONDUCTOR CIRCULA DESPACIO

Y CON PRECAUCIÓN.

En la primera de varias entrevistas con la persona que encabeza este grupo de vecinos, a quien me referiré como Rambo (porque así me pidió ser nombrado),4 él me contó que la iniciativa de organizarse surgió porque dos mujeres vecinas se le acercaron para preguntarle qué podían hacer porque estaban robando mucho en una esquina transitada de la colonia, a lo que él les respondió que sí se podía hacer mucho. El discurso en torno a la inseguridad que tienen los vecinos en la Forestal y en Cuautepec Barrio Alto -que está junto a esta colonia- es uno que reitera el común argumento nosotros-los otros en los imaginarios del miedo, en el que generalmente son otros, de fuera, los que cometen las fechorías, los que delinquen y los que amenazan la normalidad de un lugar. Aunque sean del mismo Cuautepec, son otros:

Rambo: Dos mujeres se me acercaron y me dijeron: “Es que están robando mucho por aquí; están robando en la esquina de allá. ¿Qué podemos hacer?”, y les digo: “Pues miren, sí podemos hacer mucho”.

Elisa: ¿Identificaban a los ladrones?

R: No.

E: ¿O sea, no saben de dónde eran?

R: Bajan de las alturas, de las colonias de arriba. Esta gente baja así y así. Yo lo sé por los chamacos de la tienda [que antes fue suya, ubicada en una colonia llamada Chalma de Guadalupe, también en Cuautepec]. Un día me llamaron y me dijeron: “Te vendo quince celulares”, y les digo: “¿Por qué o qué? No, es mercancía caliente (o sea, robado)”. “No, qué paso”, responden, y les digo: “Sí”, y me dicen: “Bueno, sí, pero sin broncas”. Y les respondí: “No, están robando a la gente, no quiero nada”. Ellos saben que yo arreglo celulares. “Ojo, a mí me hablaron ofreciéndome celulares, ¿dónde los roban? Pues aquí. Me dijeron que bajaron también aquí a la Forestal”. Entonces yo les dije: “Ojo, compadre, tú vuelves a bajar y te reviento. Te paro una friega, para que me digas. Me conoces cómo soy”, y el tipo me dijo: “No, no quiero broncas con usted”. “Bueno, entonces cuida mi colonia”. Entonces se calmaron.

E: Se calmaron, pero luego ya no. ¿O eran otros?

R: Son otros, más que nada de La Brecha [una zona conflictiva de Cuautepec], principalmente. Entonces bajan de La Brecha, asaltan, se van por el Vivero [es un terreno grande donde hay una cancha de fútbol, y hay una demanda vecinal de convertirlo en un espacio deportivo con apoyo de las autoridades]; esa es su ruta de escape, hacia la barranca, el Vivero, atraviesan Arboledas y dicen: “Aquí no nos alcanzan”. Entonces en ese transcurso de dos años se les ha pegado a varias personas, a uno se le encerró. A este último se le mandó como quince días al hospital, grave, mal. Entonces la idea es organizarnos, el que la gente tal vez traiga una idea, pero no lo quiere hacer por miedo a la represalia, a que salgan y digan: “Ese es el que está organizando”. Entonces aquí le he dicho a la gente: “¿Quién es el que organiza? Todos. Aquí no hay uno porque si no van a ir ‘sobres’5”. Somos tres los que estamos como que alineando las cosas, pero no se trata de que nos perjudiquemos nosotros tres. Así están las cosas. Yo siempre les pido opinión. A mí me gusta mucho ver películas de acción, y las películas siempre tienen un mensaje típico o de protección o de maldad; cómo operan los criminales, cómo se puede uno defender.

Una de las ideas principales en esta narrativa en Cuautepec es que antes, en otro tiempo, era un lugar tranquilo, pero cuando llegó gente de fuera, la situación empeoró. El relato repetido hace énfasis en que después del sismo de 1985, a la zona llegó gente del centro de la ciudad, de colonias tradicionalmente con fama de peligrosas, y eso dio al traste con la condición de calma que supuestamente había. No obstante, es un secreto a voces que existen grupos locales que controlan las actividades delictivas e ilegales, encabezados por miembros de familias nativas. Los testimonios refieren que uno de los grupos controla la distribución de droga y mantiene el dominio de la pequeña plaza pública donde se ubica el kiosco de pueblo en Barrio Alto. Este dominio se da a partir de la existencia de un grupo de vendedores ambulantes que se atiene al grupo criminal a cambio de tener oportunidad y lugar para la venta. Otro grupo sería el que regenta varias de las bases de “pirataxis” en la zona. En las entrevistas no es tan fácil hablar de la mafia local, por llamarla de alguna manera, y cuando sale el tema, los entrevistados admiten que es un problema sabido, e incluso denunciado, pero que no será resuelto porque esos grupos están protegidos por las autoridades, por un lado, y, por otro lado, ni siquiera se plantea la posibilidad de enfrentarlos de manera directa como sí se puede enfrentar a la delincuencia común que viene de fuera de su entorno inmediato. Don Jorge, un habitante de la Forestal, expresa lo siguiente:

Elisa: Su percepción acerca de estos taxis [piratas] aquí; usted, como habitante, ¿los padece?

Don Jorge: Los padezco en un cien por ciento. Mire, yo considero que si el gobierno le pusiera un poquito de atención, era posible regularlos, era posible meterlos en cintura; hay chamacos que ni siquiera tienen la edad para manejar y andan ahí. Hay personas que se andan drogando dentro del taxi. Ahí en Palmatitla tengo una casita, ahí enfrente hay un puesto abajo de la banqueta y queda un espacio atrás. Yo he sabido por lo menos de cinco violaciones ahí y de muchos asaltos allí, y es un lugar que no está arriba, es en la parte plana, y entonces, ¿qué pasará en todo el resto?, ¿no? Pero los taxistas llevan a la gente ahí.

E: De alguna manera, son un mal necesario para el tema del transporte, pero, por otro lado, no son regulados, entonces no sabes qué están haciendo, y pueden estar participando en estas cosas.

DJ: Ha habido muchas denuncias al respecto; yo fui con un grupo de vecinos, de ahí de Palmatitla, al Ministerio Público y llevamos la evidencia, llevamos un video adonde estaban violando a la chica; una señora lo grabó, y aún con evidencia no se hizo nada. Fuimos a instancias muy altas, fuimos a Niños Héroes, y créame que no hubo respuesta.

E: ¿Por qué cree que no hubo respuesta?

DJ: Hay muchos intereses aquí creados debido a un grupo mafioso que opera dentro de la comunidad. Hay personas que se dedican a proteger a ese gremio porque también protegen sus ventas ilegítimas de drogas, por ejemplo, y los tenemos bien identificados, todos sabemos quiénes son y lo hemos denunciado en muchas ocasiones, pero sale contraproducente porque ya se tiene uno que andar cuidando porque a ellos les avisan quién les dio la información.

La experiencia de los habitantes de la Forestal respecto a denunciar formalmente un delito, o solicitar que la autoridad correspondiente procure e imparta justicia, muestra casi siempre que las autoridades no cumplen su obligación. Esta experiencia se enmarca en el lenguaje de la autoridad y de la gobernanza. Por lo tanto, la estatalidad con respecto a la legalidad, la justicia y la seguridad muestra la existencia de importantes prácticas ilegales -taxis piratas, distribución de droga- conocidas por la mayoría y toleradas por las autoridades locales. Uno de los principales argumentos entre las propias autoridades, y en algunos análisis académicos, es que la justicia por mano propia es resultado, por un lado, de una falta de cultura de la legalidad, como actos de desprecio y descalificación hacia las autoridades y el Estado de derecho, y, por otro lado, de una crisis de autoridad e institucionalidad, de una falla en las instituciones responsables de garantizar la seguridad, o, incluso, de un “Estado fallido”.

Considero que ambos argumentos -el primero, que sitúa la responsabilidad exclusivamente en la población, y el segundo, que establece la causa en las fallas institucionales o en una especie de déficit de Estado- tienen limitaciones para explicar la justicia por mano propia. ¿Qué caracteriza la relación cotidiana entre el Estado -su materialidad en prácticas, discursos, acciones y omisiones de sus funcionarios- y la sociedad -los habitantes de una colonia de los márgenes-? ¿Cuáles son las tensiones y laxitudes en los campos discursivos de la inseguridad, la violencia y la ilegalidad en esta relación?

El grupo de vecinos organizados para enfrentar la inseguridad en la colonia Forestal está ejerciendo la justicia por mano propia en varios aspectos. Por un lado, se ha constituido como una agrupación que se arroga el derecho de castigar a supuestos delincuentes mediante el despliegue de violencia física; por otro lado, ha instalado y utiliza ciertos dispositivos -como las alarmas de control remoto y las chicharras- para alertarse entre todos ante la posibilidad de un riesgo, es decir, que es una organización que gestiona su propia seguridad. Ahora veamos, ¿existen completamente al margen del Estado o prescinden totalmente del Estado? Si nos atenemos a un criterio meramente formal, es probable que la respuesta sea positiva, y que entonces tenga sentido aquello del “alejamiento de la sociedad con respecto de las autoridades”, pero resulta que, como lo confirmaron en varias entrevistas, recibieron ayuda de la entonces delegación, hoy alcaldía, para una parte de la instalación de las alarmas, así como ciertas mejoras en los servicios urbanos, como colocar un tope, actualizar la señalización e instalar unos “brazos” para lámparas de luz intensa.

La consecución de esos modestos pero útiles apoyos no se efectuó mediante una gestión formal, como podría suponerse, es decir, por las diversas vías para solicitarlo al otrora gobierno delegacional: ingresando un escrito-solicitud al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), acudiendo a alguna audiencia pública con altos funcionarios, o algo parecido. La historia es que Rambo tenía una buena relación con una funcionaria de la “Territorial 10”, que es una especie de subdelegación (hoy subalcaldía) encargada de gestionar demandas ciudadanas y fallas inmediatas en los servicios urbanos, así como de realizar ciertas acciones de desarrollo social, principalmente. Ante la pregunta expresa de si había algún favor a cambio cuando se dieron ese y otros apoyos, Rambo me dijo que no, pero que alguna vez esa funcionaria le había dicho que él tenía algo así como madera para convertir su liderazgo social en un liderazgo político. En ese entonces, la delegación estaba en manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD); en la actualidad, la administración es del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El correlato de este comentario es que el apoyo aparentemente desinteresado de esta funcionaria no era tal, sino que ella esperaba “ganárselo”, atraerlo como “activo político” para el grupo político dominante en ese entonces.

Cuando Rambo me contó parte de esa historia, mencionó una frase que resume bien parte de esta estatalidad cotidiana, donde, por supuesto, existe relación con el Estado; no están al margen ni rechazan completamente lo que puedan obtener de este, sino que es una situación que refleja esa relación ambigua, informal y politizada, mediada en función del costo-beneficio inmediato entre grupos de poder y ciudadanos con poder. Rambo le llegó a decir a la funcionaria: “Yo no quiero nada por escrito, requerimientos, nada, aquí es de palabra, y si me ayudas a hacerlo, adelante, y si no, ahí muere”. Pero resulta que otro tipo de gestiones de servicios -por ejemplo, la reparación de una fuga de agua en la banqueta, gestionada no a partir de una relación amistosa, sino en calidad de ciudadano cualquiera- están también sujetas a la voluntad y posibilidad de toda una cadena de funcionarios menores. Don Alejandro, otro de los miembros del grupo vecinal, me relató cómo, a pesar de haberla solicitado la “Territorial 10”, la reparación de la fuga de agua fue posible únicamente mediante las recomendaciones de terceras personas, que fueron quienes hablaron con el jefe de cuadrilla y le pidieron que acudiera al lugar. Una vez que la cuadrilla llegó, resultó que el propio ciudadano interesado era quien tenía que desembolsar de su dinero para comprar parte del material, a fin de reparar la fuga, porque la cuadrilla no lo tenía. Como esa experiencia, los vecinos me relataron varias más que ejemplifican con claridad que no basta con seguir el camino legal o formal; para conseguir algo del gobierno local es indispensable desdoblar estrategias, algunas, si no ilegales, al menos informales. Prácticamente todo implica tener una buena relación, otorgar dádivas a discreción o gastar el propio dinero para adquirir material.

En el ámbito de la seguridad, esta situación se repite con sus propias peculiaridades y consecuencias. Casi está por demás que repita lo que los ciudadanos relatan prácticamente en todos los lugares en donde se dan expresiones de justicia por mano propia: que la policía poco aparece, si no es que nunca aparece, que llega tarde, que es insuficiente, que deja ir a los delincuentes, o que está en contubernio con algunos grupos criminales. En la Forestal se escucha parte de esta narrativa, a lo que añado parte de lo que cuentan en el grupo vecinal:

Elisa: ¿Qué pasaría si ustedes alguna vez decidieran, en lugar de darle un merecido al delincuente, denunciarlo ante las autoridades?

Rambo: No, nunca lo hemos hecho.

E: Lo sé, se lo planteo como posibilidad, o le pregunto, ¿por qué no lo han hecho?

R: Porque la policía está coludida con ellos. ¿A quién le va a sacar dinero si sabe que el delincuente roba por necesidad, llámese de vicio, de maña o de huevonada? ¿A quién le va a sacar dinero si el delincuente no tiene de dónde? A Don Alejandro, por ejemplo, porque el policía dice: “Ah, mira, tiene una camioneta bonita, tiene una casa bonita. Ya está, sobre él. Vámonos, vas para arriba”. ¿Por qué? Porque saben que a las personas físicas como nosotros, de alguna forma, si no tenemos, nos va a apoyar la familia y no nos va a dejar morir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se llevan [los policías] a la persona que le pegó [al supuesto delincuente]. Desgraciadamente. Por eso yo le he dicho a la gente: “Aquí no interviene la policía. No la llamen”. Y ya nos lo dijo la policía: “Si realmente ustedes quieren pegarle, no nos llamen, llámenos después que le pegaron y váyanse”. Eso es lo que tenemos que hacer.

Son los propios policías los que prácticamente promueven que la gente ejerza la justicia por mano propia, ya no sólo por sus omisiones, sino por su propia voz y sin ningún reparo. ¿Es entonces la justicia por mano propia una acción cuya responsabilidad y cuyos motivos puedan ser exclusivamente ubicados en los ciudadanos? ¿No es acaso un ejemplo de la forma en la que la estatalidad en los márgenes produce también la violencia?

Antes de terminar, quisiera precisar un aspecto relativo a la observación pertinente que se hizo a este trabajo, acerca de la necesidad de relativizar los hallazgos, en cuanto a que estos únicamente presentan la voz de los ciudadanos y no la de funcionarios o agentes gubernamentales. Desde mi óptica, lo destacable de la perspectiva etnográfica del Estado es que posibilita entenderlo no como un sinónimo de gobierno, sino como el conjunto de relaciones, prácticas y discursos, tanto de actores civiles como agentes gubernamentales, que materializan cotidianamente eso que llamamos Estado. Ahora, las referencias que los actores civiles hacen acerca del discurso y el proceder de las autoridades, contrario a lo que parezca, no son simples opiniones, sino que constituyen, precisamente, la articulación discursiva de una experiencia cotidiana. No está en discusión la veracidad de lo que estos actores civiles relatan, en primer lugar, porque el papel del investigador no es sancionarla, sino entender los dichos de los sujetos en función de la posición que ocupan en la configuración política, económica, social, etcétera; es decir, el simbolismo de estas interacciones. Y, en segundo lugar, porque estoy de acuerdo con lo que dice Alban Bensa:

Así, los interlocutores se convierten en generadores de conocimiento y el antropólogo los sigue en ese movimiento de producción de conocimiento. Ya no son sólo las voces mudas de una sociedad abstracta cuyas reglas pasan a través de ellos como agua a través de una presa. Concebir esta heurística de la interlocución restablece también la autoridad de un saber local en detrimento de la sacrosanta noción de “representatividad”. Se trata aquí de un cambio epistemológico radical, ya que el lector o el auditor de la antropología no está ya obligado a “consumir” sus conocimientos sino a revivir, bajo la forma de cuestionamiento, la experiencia de la investigación. (2015, 60)

Por otro lado, existe un escollo práctico real, aquel relativo a la resistencia de los agentes gubernamentales -tanto policías como funcionarios- para acceder a hablar específicamente de temas de inseguridad y violencia. No resulta sencillo lograr que los actores civiles acepten en primera instancia hablar de sus estrategias para enfrentar la inseguridad, y menos cuando son un desafío directo a la autoridad. No obstante, desde la etnografía del Estado, y teniendo en cuenta que estoy retomando la propuesta de los “lenguajes de la estatalidad”, para mí el punto de vista de los ciudadanos es lo más importante, dado que son, precisamente, sus experiencias acerca de cómo viven cotidianamente el quehacer, o la ausencia de los agentes gubernamentales, el material más prolífico. En esas experiencias relatadas está mucho de la representación del Estado en la cultura pública (Gupta 2015): se parte del hecho de que esas afirmaciones de la policía son algo relativamente común, pues, al igual que en Cuautepec, en otra colonia de la ZMVM -en el estado de México, en donde también he realizado trabajo de campo- existen testimonios que refieren un modus operandi de la policía que es muy similar. ¿Coincidencia? ¿Patrón? ¿Práctica cotidiana? En mi opinión, esto es más que una coincidencia regional, es una práctica más o menos recurrente -de policías que promueven que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano- que necesita urgentemente ser analizada con mayor profundidad, puesto que viene a confirmar la complejidad antropológica del Estado mismo, en el que existe siempre una zona gris de prácticas y discursos, en la que agentes gubernamentales y ciudadanos participan en acciones extralegales o ilegales en la gestión cotidiana de la inseguridad y la violencia.

A Manera de Conclusión

El fenómeno de la justicia por mano propia en México requiere ser analizado de una mejor manera para poder no sólo rechazarlo decididamente, sino contar con herramientas para su prevención y atención. Este trabajo es parte de los resultados de un proyecto de estancia posdoctoral y no pretende agotar el tema, sino apenas proponer una manera de abordarlo desde una perspectiva de antropología del Estado, dado que son acciones que no pueden ni deberían pensarse ajenas a todo el entramado estatal. No por constituir acciones fuera de la ley o ilegales dejan de ser una permanente interpelación a gobiernos, autoridades, funcionarios y procedimientos. Y tampoco debe situarse la responsabilidad en los vecinos o comunidades que deciden desplegarlas, aunque esto no signifique eximir a nadie ni justificar el uso de la violencia. Sin embargo, no será con soluciones meramente punitivas o centradas en exclusiva en la cultura de la legalidad que el problema se resolverá.

Precisamente, uno de los objetivos que me propuse con esta investigación fue mostrar la necesidad de trascender, no porque no sea relevante, sino porque no es suficiente, el enfoque tradicional de entender al Estado como algo dado, estático y monolítico; se deben comprender los lenguajes de gobernanza y autoridad a partir de los cuales se materializa en la cotidianidad. En esta investigación quise también plantear la relevancia que tiene la estatalidad, entendida como el conjunto de prácticas, narrativas e imaginarios que surgen de la relación cotidiana entre ciudadanos y funcionarios. Todo lo anterior es un material diverso que, al ser analizado, puede develar las razones que tienen estas personas para actuar como lo hacen. Hacer etnografía de lo anterior proporciona información que puede ser útil, y no sólo para explicar un fenómeno delicado y normalmente mal entendido y lleno de prejuicios que poco contribuyen a solucionarlo.

Los actores estatales contribuyen mucho más de lo que se supone a la producción y reproducción de violencias en los márgenes. Podría pensarse entonces que la justicia por mano propia en ciertas zonas de la Zona Metropolitana del Valle de México es parte, al menos, de los efectos del Estado, y no únicamente una expresión irracional o de venganza de personas con una incapacidad para canalizar el hartazgo. Detrás de cada suceso de este tipo hay autoridades que necesitan ser responsabilizadas y capacitadas con el fin de prevenir y atender un fenómeno que, sin lugar a dudas, se ha extendido y amenaza con seguir haciéndolo.

Por último, es necesario recordar que este trabajo es parte de una investigación más amplia y que está en curso. Sin embargo, y con esa salvedad, es posible decir que las diferencias en la actuación del Estado en varios lugares de la ZMVM muestran que, pese a todo, en Ciudad de México todavía existe un cierto nivel de control que ha evitado que las violencias en sus márgenes se desborden y agudicen, a diferencia del estado de México, entidad a la que pertenecen la mayoría de los municipios de la ZMVM. Esto también estaría relacionado con los contextos históricos recientes y las prácticas políticas y de participación cotidianas de los habitantes de estos dos lugares.

Referencias

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* Este artículo es resultado del primer año de estancia posdoctoral, gracias al apoyo del Programa de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma Universidad, bajo la asesoría del Dr. Héctor Castillo-Berthier.

1Según Timothy Mitchell (2015, 183), el Estado debe abordarse como efecto de los procesos rutinarios de organización espacial, acomodo temporal, especificación funcional, supervisión, vigilancia y representación, los cuales crean la apariencia de un mundo dividido entre Estado y sociedad o entre Estado y economía. Mitchell explica que la esencia de la política moderna no son las políticas elaboradas de un lado de esta división y aplicadas en el otro lado, sino la producción y reproducción de las líneas de diferenciación. Así, estos procesos crean el efecto del Estado, haciéndolo aparecer como una abstracción en relación con el carácter concreto de lo social o una idealidad subjetiva en relación con la objetividad del mundo material.

2La alusión que hago al concepto drama social de Victor Turner (1974), para explicar la dinámica procesual de los linchamientos, proviene de mi investigación doctoral, titulada “Linchamientos en México: entre el toque de campana y el poder espontáneo” (2017). Para entender la heterogeneidad de un fenómeno, poco estudiado, pero desafortunadamente muy frecuente en el México actual, recurrí a la propuesta turneriana con el fin de mostrar y entender las diferencias y similitudes de los linchamientos. En particular, además de ayudar en la comprensión simbólica y el modo en el que estos acontecimientos se desdoblan diacrónicamente, el drama social —que consta de cuatro fases: la brecha, la crisis, la acción reparadora y la resolución o escisión irreparable— me resultó muy conveniente para apoyar la propuesta metodológica de construir una tipología de linchamientos considerando su incidencia por año, por entidad federativa, por municipio, según el contexto y el actor colectivo, y, por último, pero especialmente importante, según el grado de intervención estatal en el hecho. En especial, recurrir al drama social turneriano me permitió evidenciar que no existen linchamientos homogéneos, por un lado, y, por otro lado, que la forma en la que las autoridades intervienen determina que estos tengan un desenlace fatal o puedan ser sofocados. Lo anterior constituye un planteamiento que retoma también la antropología del Estado, para analizar violencias colectivas en los márgenes del Estado (Das y Poole 2004).

3En un informe de 2019, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se menciona más de una vez esta idea.

4Por razones de confidencialidad, omito los nombres reales o utilizo seudónimos; también omito ubicaciones exactas que refieren. Esta fue una condición de los vecinos desde el primer día; yo debía comprometerme con la preservación de sus identidades, por una cuestión de seguridad.

5“Ir sobres” es una expresión coloquial en el habla popular de Ciudad de México. En este caso, significa que las autoridades van a castigarlos a todos.

Cómo citar: Godínez Pérez, Elisa. “ʻSi realmente ustedes quieren pegarle, no nos llamen, llámenos después que le pegaron y váyanseʼ. Justicia por mano propia en Ciudad de México”. Revista de Estudios Sociales 73: 73-82. https://doi.org/10.7440/res73.2020.06

Recibido: 10 de Enero de 2020; Aprobado: 01 de Abril de 2020

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