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Revista de Estudios Sociales

Print version ISSN 0123-885X

rev.estud.soc.  no.74 Bogotá Oct./Dec. 2020

https://doi.org/10.7440/res74.2020.01 

Dossier

La erosión de la democracia*

The Erosion of Democracy

A erosão da democracia

José del Tronco** 

Alejandro Monsiváis-Carrillo*** 

** Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México. Últimas publicaciones: “Los efectos de las interrupciones presidenciales sobre la calidad de la democracia en AL” (en coautoría con Katia Gorostiaga). En Calidad de la democracia en América Latina. Una nueva mirada, editado por Gloria de la Fuente, Marianne Kneuer y Leonardo Morlino, en prensa. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2020; “El papel de las elites en las interrupciones presidenciales” (en coautoría con Katia Gorostiaga). En La derecha como autoritarismo en el siglo XXI, editado por Armando Chaguaceda y Luis Duno-Gottberg, 79-118. Buenos Aires: Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina; Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos; Rice University, 2020. jdeltronco@flacso.edu.mx

*** Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte, México. Profesor-investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte, México. Últimas publicaciones: “Education, Democratic Governance and Satisfaction with Democracy: Evidence from Latin America” (en coautoría con Gabriela Cantú). International Political Science Review (en prensa), 2020; “La indiferencia hacia la democracia en América Latina”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 66: 151-171, 2020. amonsi@colef.mx


RESUMEN

Ante la nueva ola de autoritarismo que se expande por el mundo, es necesario comprender mejor el fenómeno y contar con estrategias apropiadas para analizarlo. Para ello, este artículo propone tres aportes. Primero, discute el costo moral del deterioro democrático. El argumento es que el valor de la democracia no está definido sólo por su rendimiento, sino porque garantiza que los ciudadanos puedan elegir y controlar al poder público. Segundo, propone el concepto de erosión democrática como herramienta analítica que designa un proceso de deterioro de los atributos del régimen político que ponen en riesgo su naturaleza democrática. Finalmente, se proponen dos caminos de erosión democrática en la actualidad. Sobre esta base, se discuten contribuciones recientes y agendas pendientes.

PALABRAS CLAVE Autocratización; democracia; erosión democrática; normas democráticas; régimen político

ABSTRACT

In view of the new wave of authoritarianism expanding throughout the world, it is essential to better understand the phenomenon and to devise appropriate strategies to analyze it. To this end, this article proposes three contributions. First, it discusses the moral cost of democratic deterioration. It is argued that the value of democracy is not only defined by its performance, but because it ensures that citizens can choose and control public power. Second, it proposes the concept of democratic erosion as an analytical tool that denotes a process of deterioration of the attributes of the political regime that puts its democratic nature at risk. Finally, two paths of democratic erosion are currently proposed. It is on this basis that recent contributions and pending agendas are discussed.

KEYWORDS Autocratization; democracy; democratic erosion; democratic norms; political regime

RESUMO

Diante da nova onda de autoritarismo que vem se expandindo pelo mundo, é necessário compreender melhor esse fenômeno e contar com estratégias apropriadas para analisá-lo. Para isso, este artigo propõe três contribuições. A primeira discute o custo moral da deterioração democrática. Argumenta-se que o valor da democracia não está definido somente por seu rendimento, mas também pela garantia de escolha e controle do poder público por parte dos cidadãos. A segunda propõe o conceito de “erosão democrática” como ferramenta analítica que designa um processo de deterioração dos atributos do regime político que colocam em risco sua natureza democrática. Por fim, são propostos dois caminhos de erosão democrática na atualidade. A partir disso, são discutidas contribuições recentes e agendas pendentes.

PALAVRAS-CHAVE Autocratização; democracia; erosão democrática; normas democráticas; regime político

¿Una nueva ola de autoritarismo se expande por los sistemas políticos del mundo? A lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX, el número de democracias a nivel global alcanzó una cifra sin precedentes en la historia (Diamond 1999, 24-31). Poco tiempo después, algunas de las “nuevas” democracias parecieron estancarse, pero no resultaba verosímil, todavía, la tesis de una ola de “retroceso democrático” (Farrell 2014; Levitsky y Way 2015). Hoy en día, la literatura especializada reconoce que existe un proceso de des-democratización en marcha (Diamond 2015; Mechkova, Lührmann y Lindberg 2017; Tomini y Wagemann 2017). En un informe reciente del Proyecto “Variedades de la Democracia” (V-Dem 2019), se señala que el número de democracias liberales se redujo de 44 a 39 entre 2008 y 2018, y que 24 países se encuentran severamente afectados por una “tercera ola de autocratización”.

Ante el avance cada vez más evidente de tendencias autoritarias desde el interior mismo de los regímenes democráticos, muchos supuestos teóricos han tenido que revisarse. Pocos especialistas conservan la expectativa de que las transiciones hacia la democracia habrían de desembocar siempre y en todo lugar en regímenes competitivos plenamente articulados con un poder público regido por la legalidad, con capacidades efectivas de gobierno. La realidad ha mostrado que la integridad de las elecciones es variable y que los balances y contrapesos pueden ser precarios, aun en democracias representativas. En esa misma línea, ha quedado desmentida la idea de que el desarrollo democrático de un país habría de seguir una tendencia de avance progresivo. Las democracias débiles pueden quedarse estancadas o permanecer indefinidamente en un nivel de funcionamiento errático y defectuoso. En estas circunstancias, la disminución gradual de la calidad de la democracia es posible, y la regresión paulatina al autoritarismo, un riesgo cada vez más presente en muchos países.

Así, la tesis de la erosión de las democracias es, en la actualidad, aceptada sin mucha controversia. Eso no significa, sin embargo, que exista un consenso similar en cuanto al significado de este fenómeno y las estrategias apropiadas para analizarlo. En tal sentido, este artículo ofrece una contribución en diversos planos. Por un lado, discutimos una interrogante clave, que pocas veces recibe la atención merecida: ¿qué se pierde si la democracia se erosiona o se cancela? Una cuestión de este tipo no se puede responder solamente en el plano de los hechos, haciendo un balance de costos y beneficios; es una cuestión que requiere discutir el costo moral de la erosión de la democracia. Después de repasar, en la primera sección de este artículo, la evidencia reciente acerca del debilitamiento democrático y la autocratización en el mundo, en la segunda sección abordamos el tema relativo a qué pierden las sociedades si los avances democráticos se revierten. El argumento que formulamos es de carácter normativo, pues implica remitirse al valor de democracia como ideal político, pero sin perder de vista los dilemas que suelen enfrentarse en contextos de pobreza, desigualdad y bajo desempeño institucional. El planteamiento que formulamos es que, si la democracia se erosiona y se debilita, o se transforma en un régimen autoritario, en esa misma medida se pierde también la posibilidad de vivir en un orden político abierto, en el que los ciudadanos puedan controlar y hacer rendir cuentas al poder público, mediante el ejercicio de sus derechos y libertades.

Por otra parte, aunque se ha avanzado en delimitar el campo semántico de los conceptos empleados para analizar el deterioro democrático, persiste la necesidad de identificar con mayor precisión los contornos conceptuales de una problemática compleja y multidimensional. El argumento que formulamos es que un aspecto clave, pero no exhaustivo, de los cambios que se observan en los regímenes políticos actuales puede ser designado como erosión de la democracia. Este fenómeno consiste en una pérdida gradual de los atributos democráticos de un sistema político, ya sea este plenamente democrático, o ya sean sus rasgos democráticos casi imperceptibles. De la tercera sección en adelante, presentamos las bases conceptuales de este planteamiento, sugerimos dos patrones de erosión relativamente nítidos en términos conceptuales y empíricamente demostrables, y discutimos, a partir de la presentación de los artículos que componen el dossier, algunas de las agendas de investigación que se originan en el análisis de este fenómeno.

El declive de la democracia y el avance del autoritarismo

Durante los últimos seis días del mes de junio de 2020, período en el que permanecieron abiertas las urnas, con el respaldo de más de las dos terceras partes del electorado, se aprobó una reforma constitucional que le permite al presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentarse como candidato presidencial en los dos próximos comicios de 2024 y 2030 (The Associated Press 2020). Después de veinte años al mando, lo mismo como presidente que como primer ministro, Putin podría permanecer en el poder hasta el 2036 con las nuevas reformas. La reforma constitucional, de hecho, había sido ya aprobada por el Parlamento y la Corte Constitucional rusos algunos meses antes. El plebiscito de junio de 2020, por así decirlo, dio el “visto bueno” en las urnas a las disposiciones ya aprobadas previamente.

A partir de los cambios adoptados, la Constitución rusa permite al titular de la presidencia, Putin, en este caso, permanecer en el poder hasta por doce años más, luego de haber concluido su mandato vigente. En un plano formal, Rusia ha sido una democracia parlamentaria durante las últimas dos décadas y lo seguirá siendo, aun cuando su presidente llegue a permanecer por treinta años o más en el poder. En ese mismo plano formal, las elecciones siguen siendo “the only game in town”, el Parlamento sigue en funciones y el país cuenta con una Corte Constitucional y otras instituciones propias de las democracias contemporáneas. Sin embargo, desde hace tiempo, Rusia es reconocido como un país que transitó de una democracia deficiente a un régimen autoritario-competitivo (Gel’man 2015).

De hecho, Rusia está lejos de ser el único país donde se ha producido un proceso de autocratización. Desde 2016 y hasta la actualidad, Brasil ha ingresado en una espiral de retroceso democrático acelerado, imposible de predecir cuando, a mediados de la década, Mainwaring y Pérez-Liñán (2015, 280) presentaban al país como un caso notable de “profundización democrática”. Luego del juicio político durante el cual la oposición destituyó a la presidenta Dilma Rousseff (sin haber logrado presentar las pruebas que acreditaran el crimen de responsabilidad con el que se la había acusado), y con graves escándalos de corrupción que involucraron a la clase política y empresarial como telón de fondo, el debilitamiento de las instituciones democráticas resultó agudo e inevitable. Los niveles de confianza, apoyo político y satisfacción con la democracia de los ciudadanos descendieron a cotas mínimas, y el descrédito de los partidos políticos favoreció la llegada al poder, a fines de 2018, de Jair Bolsonaro, un exmilitar ultramontano, crítico de los derechos humanos y del cambio climático, que ha dinamitado, cuanto ha podido, los pilares institucionales del régimen democrático brasileño, acelerando su declive. Como resultado de este deterioro, la pandemia del COVID-19, surgida en los primeros meses de 2020, ha convertido a Brasil en uno de los dos principales epicentros de contagio a nivel mundial, sólo superado por Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump.

Al igual que en Rusia y Brasil, el resurgimiento autoritario se ha expandido con creciente vigor por diversas regiones. En muchos casos, como lo muestra Csaky (2020) en el reporte 2020 de Freedom House, los procesos de autocratización se despojan, cada vez más con mayor naturalidad, de su “fachada democrática” previa. Donner (2020) encuentra tres características principales del impulso autoritario de la última década: primero, las democracias “viejas” y “nuevas”, “consolidadas” o “en consolidación”, por igual, han visto crecer las amenazas internas, que recurren a un diverso repertorio de estrategias autocratizantes. Por otro lado, los atributos autoritarios han conseguido sobrevivir, adaptarse y fortalecerse, en lugar de ser combatidos por los debilitados anticuerpos (culturales, económicos e institucionales) de los regímenes democráticos. Por último, actores de peso como China o Rusia, entre otros, han expandido su esfera de influencia internacional y han promovido activamente la transformación autoritaria en otros países (Walker 2016).

El balance realizado por el “Democracy Report 2020” es elocuente: durante los diez años transcurridos entre 2009 y 2019, más países han sido escenarios de autocratización que de democratización (V-Dem 2020, 10). Este estudio reporta que, por primera vez desde el 2001, es mayor el número de autocracias que de democracias en el mundo: 92, que abarcan al 54% de la población mundial. En 2019, se contaban 37 democracias liberales y 50 electorales. Entre los países en los que se han registrado tendencias de regresión autoritaria se encuentra Estados Unidos, que continúa siendo una democracia liberal, a pesar del deslizamiento que ha registrado en los últimos años, al igual que algunos países de la Unión Europea, como Croacia, Hungría, Polonia, o la República Checa. En particular, bajo el gobierno de Viktor Orbán, Hungría fue el primer país de la Unión Europea que cayó por debajo del umbral de las democracias electorales, lo que permite considerarlo, hoy, un “autoritarismo-electoral” (V-Dem 2020).

En América Latina, Venezuela ha sido el caso más extremo de autocratización, al eliminar una a una, de manera paulatina -pero no incruenta-, todas las instancias de control institucional y societal, lo que sumió al país en una crisis económica y de derechos humanos sin precedentes. Además del caso ya mencionado de Brasil, retrocesos significativos se han observado durante los últimos años también en Bolivia, Honduras y Nicaragua. Si bien estos países ya eran considerados como autoritarismos competitivos en el “Democracy Report 2020” (V-Dem 2020, 25), destacan los casos de Nicaragua y Venezuela, que registraron retrocesos significativos en sus atributos democráticos, a pesar de encontrarse ya dentro de 10% de los países en el mundo que obtienen las puntuaciones más bajas en el índice de democracia liberal (V-Dem 2020, 25).

El costo moral (y real) de la erosión democrática: una toma de postura

En numerosos países la democracia parece haber defraudado las expectativas de las mayorías. Las encuestas de opinión pública reportan que los ciudadanos desconfían de las instituciones políticas, están insatisfechos con el funcionamiento del sistema político y cada vez menos perciben que los partidos políticos actúen de forma representativa de los intereses de la colectividad (por ejemplo, Bertsou 2019; Norris 2011; Armingeon y Guthmann 2014; Latinobarómetro 2018). En cambio, se ha generalizado la convicción de que los políticos están implicados en redes de corrupción, y que sólo velan por sus intereses personales (Melgar, Rossi y Smith 2010). A la vez, los problemas que afectan de un modo directo la vida de las personas difícilmente se resuelven de forma satisfactoria. Para amplios sectores de la población, en buena parte de las democracias actuales, la precariedad económica, la inseguridad en las calles o las deficiencias de los servicios públicos siguen siendo realidades cotidianas. Entonces, ante la persistencia de condiciones desfavorables y expectativas insatisfechas, ¿qué diferencia hace para muchos el que las elecciones sean libres y limpias? ¿De qué sirve elegir periódicamente nuevos gobernantes si cada proceso electoral no hace sino repetir fórmulas vacías? ¿Cuál es la utilidad de las legislaturas? ¿De qué sirven los tribunales si la impartición de justicia reproduce las desigualdades sociales? Si, como lo muestra la evidencia, en democracias en desarrollo, en especial, la satisfacción con el desempeño de la democracia influye decisivamente -de manera específica, en democracias no consolidadas- en la preferencia colectiva por este régimen (Sarsfield y Echegaray 2006), valdría preguntarse con Przeworski (2018), ¿por qué tomarnos la molestia de hacer elecciones?

Cuando se juzga a la democracia en función de los resultados que ofrece o la utilidad que produce, su valor se vuelve relativo. En consecuencia, se incurre en el riesgo de asumir que mecanismos de decisión alternativos, que concentran el poder en los jefes de gobierno, pudieran ser un precio justo por pagar si garantizan una solución más rápida de los problemas públicos. En tales situaciones, resguardar la calidad de la democracia o aumentar la efectividad de los gobiernos se constituyen como dilemas no siempre fáciles de resolver.

Es por ello que, cada vez con mayor frecuencia, las personas dejan de considerar la democracia como el mejor régimen político, más allá de sus problemas. En América Latina, como lo muestra el trabajo de João Carlos Amoroso Botelho, Lucas Toshiaki Archangelo Okado y Robert Bonifácio en este número, la valoración o el apoyo incondicional a la democracia ha descendido sistemáticamente durante la última década. La literatura ha brindado dos explicaciones a este fenómeno. Por un lado, el enfoque culturalista sostiene que este tipo de actitudes son resultado del proceso de socialización, en el cual las personas aprenden a valorar un determinado régimen político, por lo general, aquel en el que viven. Desde la economía política, por su parte, se sostiene que la democracia es mayormente valorada por los sectores medios y bajos, que se beneficiarían de los procesos de redistribución de la riqueza -que son esperables-, de cumplirse el teorema del votante mediano (Boix 2003; Acemoglu y Robinson 2006). Sin embargo, los trabajos más recientes han demostrado que la valoración de los regímenes políticos depende del lugar que cada ciudadano ocupa en la escala social del régimen vigente en el país en el que vive. Desde una aproximación sociológica (y con datos de la Encuesta Mundial de Valores), Ceka y Magalhaes (2020) muestran que -tanto en regímenes democráticos como no democráticos- el statu quo será más valorado por los sectores más privilegiados de la jerarquía social, mientras que el apoyo a dicho régimen por parte de los sectores económicamente más desfavorecidos será significativamente menor. Los autores encuentran, a su vez, que esta disparidad se hace más aguda en las sociedades económicamente más desiguales, y que cuanto mayor es la desigualdad, menor es el compromiso con la democracia liberal, en especial de los más ricos en los regímenes autocráticos, y de los más pobres, en los regímenes democráticos.1

No obstante, los procesos de erosión democrática, y en especial aquellos que provocan una franca autocratización, implican un costo significativo: traen consigo la limitación o anulación de las condiciones políticas e institucionales que buscan materializar la igualdad de los integrantes del cuerpo político, así como la vigencia de sus derechos y libertades (Dworkin 2011). Si bien es cierto que, para la mayoría de las personas, la democracia podría estar legítimamente asociada a la expectativa de alcanzar mejores condiciones de vida, reducir la pobreza y disminuir la desigualdad (Fukuyama 2011; Post 2005; Przeworski 2010, 66-98), lo cierto es que no hay otro régimen político que garantice a los ciudadanos el poder tomar parte en las decisiones colectivas para cumplir tales aspiraciones. En palabras de Shapiro y Hacker-Cordón (1999, 18): “la gente encuentra atractiva a la democracia, en parte, porque su ética universalista (y participativa) tiene la posibilidad de deshacer, o por lo menos de mitigar, muchos de los males que la rodean”. Aunque suene paradójico, la vigencia de las instituciones democráticas está, fundamentalmente, en el interés de aquellos que la democracia ha olvidado.

La ventaja, no siempre evidente, de la democracia es que su fortalecimiento supone que el régimen político ofrece a la ciudadanía mecanismos y oportunidades efectivos para participar en la definición de las agendas públicas, en la configuración y conducción del gobierno y en el control del ejercicio de la autoridad (Pettit 2012). Las autoridades electas y los servidores públicos, en función de sus decisiones y los resultados y consecuencias de la acción estatal, son todos sujetos de responsabilidad. Y ello ocurre tanto en instancias legales como electorales, de forma que pueden ser ratificados, modificados o revertidos, a través de los instrumentos formalmente establecidos (Borowiak 2011). Así, por más defectos que tengan las democracias (que los tienen), sus deficiencias deberían poder subsanarse en función de la acción concertada de ciudadanos y sus representantes. Por más corruptos que sean los políticos, por ineficaz que sea la administración pública, o por poco receptivos que sean los tecnócratas a cargo del gobierno, la democracia es el único régimen político que ofrece la posibilidad de combatir los vicios públicos mediante vías legales y pacíficas (Przeworski 2003).

Es a través de la crítica y mejora constante de la democracia, y no de su eliminación, que será más probable -aunque quizás más lento (Tsebelis 2006)- que se mejoren las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. La adaptación y optimización de los arreglos institucionales -en función de los rasgos socioculturales y demográficos de cada sociedad-, para producir mejores decisiones, es una tarea más productiva que la erosión persistente de los derechos políticos y las libertades civiles, condiciones sin las cuales la representación democrática y la rendición de cuentas son inviables.

Erosión de la democracia: el debate conceptual

En su definición más universalmente aceptada, la democracia es un régimen político caracterizado por los siguientes atributos o condiciones (O’Donnell 1996, 7 y 8):

  1. Autoridades públicas electas

  2. Elecciones libres y limpias

  3. Sufragio universal

  4. Derecho irrestricto (de todo/a ciudadano/a a competir por los cargos públicos)

  5. Libertad de expresión (que permita expresar críticas al gobierno)

  6. Fuentes alternativas de información (que eviten que el gobierno o un determinado actor no gubernamental monopolice la difusión e imponga su visión de la realidad)

  7. Libertad de asociación para formar partidos u organizaciones que persigan y defiendan intereses

  8. Que las autoridades no vean interrumpidos sus mandatos antes de los plazos legalmente establecidos, excepto en aquellos casos previstos en la constitución (muerte, renuncia, o diversas formas de enjuiciamiento político por crímenes de responsabilidad probados jurídicamente)

  9. Que las autoridades electas no estén sujetas a restricciones severas o vetos, ni sean excluidas de ciertos ámbitos de decisión por actores no electos, en especial, aunque no exclusivamente, las fuerzas armadas

Si tomamos las nueve condiciones planteadas en la definición, la vigencia de las primeras siete (que O´Donnell toma del concepto de “poliarquía” de Robert Dahl) depende fundamentalmente -aunque no de manera exclusiva- del gobierno. Los atributos del 1 al 4 nos dicen que un aspecto básico de la poliarquía es que el mecanismo por medio del cual se instala y remueve a las autoridades públicas debe ser el de las elecciones incluyentes, limpias y participativas (“inclusiveness”, en términos de Dahl). Los atributos 5, 6 y 7 se refieren a la vigencia de libertades civiles que favorecen la existencia de oposición, crítica y control del poder entre elecciones (lo que Dahl denominó “contestation”). Las últimas dos condiciones introducidas por O´Donnell, sin embargo, hacen referencia a la conducta de actores -poderosos- que están fuera del gobierno (algunos, incluso, fuera del Estado), pero que, dadas sus capacidades, podrían impedir el cumplimiento del contrato democrático establecido el día de las elecciones entre los ciudadanos y las autoridades electas (O´Donnell 1996, 7 y 8).2

La erosión de la democracia denota, entonces, el proceso sistemático por medio del cual los rasgos o atributos propios de los regímenes democráticos se van perdiendo o deteriorando.3 En sentido estricto, el concepto “erosión democrática” designa un cambio negativo en la magnitud y/o calidad de la democracia de un régimen político (Bingham Powell Jr. 2004, Morlino 2007). En tal sentido, y basándonos en los atributos mencionados, el carácter sistemático de la erosión sugiere un proceso que va más allá del estilo personalista de ciertos líderes políticos, de la baja participación ciudadana en una determinada elección, o del carácter no cooperativo de los partidos de oposición en un contexto de crisis. La erosión indica un proceso que debilita, restringe o elimina condiciones políticas e institucionales sin las cuales la democracia difícilmente puede tener lugar.

Como señala Moreno Barreneche en este dossier, una de las principales dificultades para abordar esta discusión conceptual es que “la ‘autocracia’ no suele ser definida a partir de sus características esenciales o necesarias, sino que se lo hace de manera relacional, a partir del concepto de ‘democracia’. El concepto de ‘autocracia’ parecería ser equivalente al de ‘no-democracia’ y la autocratización sería el proceso de apartarse de la democracia” (2020, 15), algo que entraña diversos problemas a la hora de pensar y clasificar a los regímenes políticos, pero sobre todo a los procesos de cambio que estos suelen sufrir. Para clarificar los términos del debate, especificar qué atributos del régimen democrático, y de qué manera se erosionan en casa caso, parece ser lo más adecuado.

Los procesos de erosión pueden ocurrir tanto en regímenes plenamente democráticos como en democracias incipientes, o débilmente institucionalizadas. En tal sentido, la literatura ha emprendido dos caminos -diferentes, pero complementarios- para concebir y conceptualizar este fenómeno. Por un lado, los trabajos que analizan la erosión en términos de retroceso, regresión o “deslizamiento en reversa” (backsliding) (Waldner y Lust 2018, 95). Para estos autores, el retroceso democrático entraña un deterioro de las cualidades asociadas con la gobernanza democrática, dentro de regímenes democráticos. En contraste con esta postura, Lührmann y Lindberg (2019, 6) argumentan que la noción que captura el fenómeno de un modo más adecuado es la de “autocratización”. Para estos autores, dicho concepto permite estudiar tanto el proceso como los métodos que transforman gradualmente a un régimen político semidemocrático en una dictadura cerrada, a la vez que mantienen la distinción con los procesos de erosión que sufren las democracias más plenas, que pudieran ser tanto situaciones de retroceso como de quiebre democrático, como los golpes de Estado.

Hay razones para pensar que los dos términos, retroceso y autocratización, denotan procesos similares, si bien con puntos de partida e intensidades diferentes. Mientras que ambos conceptos analizan la pérdida de atributos democráticos de los regímenes políticos, la noción de retroceso o regresión sugiere un proceso más bien gradual (probablemente no definitivo) e informa -de manera tácita- que el régimen en cuestión es democrático, pero tiene a su vez un pasado autoritario (“retroceder” es “regresar” al punto de partida), cuya fuerza de gravedad parece lo suficientemente fuerte como para impedir la institucionalización plena de los atributos democráticos, pese a los avances previos. La autocratización, por su parte, refiere a procesos de erosión que se dan más frecuentemente en regímenes semidemocráticos o en autoritarismos electorales (Greene, Slater y Schedler 2015; Donno 2013), y es resultado de las acciones intencionales de agentes con preferencias y objetivos concretos de restringir o eliminar los atributos democráticos. En los casos de autocratización, los agentes estatales arremeten contra la legalidad constitucional del Estado; se suelen afectar, primero, la independencia de poderes y/o las instancias de veto, para impedir los contrapesos al ejercicio del poder del Presidente o Primer Ministro, para, luego, controlar las elecciones e impedir la competencia. De allí a la instauración de una autocracia hay pocos pasos por recorrer (Geddes, Wright y Frantz 2018).4

Este trabajo considera que ambos conceptos pueden ser pertinentes para designar formas específicas de erosión democrática. En primer lugar, porque la erosión denota diversos procesos de des-democratización, entre los cuales están incluidas las experiencias de retroceso o autocratización.5 Sin embargo, el concepto de erosión democrática es más general: designa cambios graduales en la calidad de la democracia que pueden (o no) modificar la naturaleza del régimen, así como transformaciones abruptas o sistemáticas que convierten a las democracias -más tarde o más temprano- en regímenes autoritarios.

En ocasiones, el deterioro de los atributos democráticos de un régimen político no es el resultado de pérdida de libertades civiles, restricción de derechos políticos, o destrucción de las instancias de control por parte del gobierno. La democracia puede erosionarse, también, como resultado de la acción de agentes no gubernamentales que limitan la gobernabilidad e inhiben la capacidad de los gobiernos para resolver problemas públicos y satisfacer demandas ciudadanas. Cuando ello ocurre, la democracia representativa se vacía de contenido, la desafección ciudadana tiende a aumentar y disminuye la propensión de la gente a acudir a las urnas, además de sembrar el terreno para el surgimiento de líderes providenciales, como lo muestran Juan Camilo Gallo-Gómez y Pedro Alejandro Jurado-Castaño, en su trabajo “Movilizando el demos en la crisis. Populismo y movimientos sociales en la época de la pospolítica”, en el presente número. En estos casos, los regímenes democráticos, lejos de volverse más autocráticos, pierden lentamente su razón de ser. Mientras que la “erosión por autocratización” suele involucrar el deterioro sistemático de la legalidad del Estado y la limitación de las instancias de control, transformando la naturaleza democrática del régimen político, esta forma de “erosión por debilitamiento” se origina en la pérdida sistemática de legitimidad -de origen y de desempeño-, que afecta negativamente el apoyo de los ciudadanos a la democracia (Zeichmeister y Lupu 2019).

La figura 1 muestra los dos procesos de erosión mencionados. En el lado izquierdo de la figura, se presentan indicadores de “erosión por debilitamiento” del régimen democrático. En este caso, las conductas presentadas minan la capacidad de los gobiernos para ser responsivos6 frente a las demandas ciudadanas y cumplir con el contrato democrático establecido el día de las elecciones. Si bien este mecanismo de erosión no modifica la naturaleza democrática del régimen, cuestiona directamente sus fundamentos, y, bajo ciertas condiciones (pérdida de apoyo ciudadano y oposición desleal, o radicalización del Poder Ejecutivo), este proceso podría derivar en situaciones de quiebre institucional (Linz 1987; Mainwaring y Pérez-Liñán 2013),7 o promover -en reversa- la llegada al poder de líderes populistas interesados en la eliminación progresiva de toda forma de control o limitación del poder, propias de las democracias liberales (representativas).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Mecanismos alternativos de erosión de la democracia 

En el lado derecho de la figura, se observa el segundo -y cada vez más frecuente- patrón de erosión.8 En este caso, los riesgos provienen del Poder Ejecutivo. En la “erosión por autocratización”, los atributos más afectados son los que tienen que ver con las libertades civiles y condiciones institucionales que facilitan el control de las autoridades electas, para evitar un ejercicio autoritario del poder. Como lo indica la figura, si bien las conductas más cercanas al centro pueden considerarse indicadores de retroceso, porque cuestionan la existencia de instancias de rendición de cuentas, la limitación de la competencia y el control de las elecciones representan indicadores claros de autocratización, porque modifican la naturaleza democrática del régimen y lo transforman en algo muy cercano a una dictadura.

En las democracias de la “tercera ola”, los procesos de “erosión por debilitamiento” han sido menos estudiados, puesto que implican un riesgo mucho menor de producir quiebres del orden democrático.9 Sin embargo, la experiencia latinoamericana también muestra cómo el distanciamiento creciente de los partidos políticos con la ciudadanía genera descontento y caídas abruptas de la confianza en las instituciones representativas, que favorecen el surgimiento de liderazgos populistas (Del Tronco 2013a, 2). En algunos de estos casos, los líderes populistas resolvieron las crisis de legitimidad que los catapultaron al gobierno, pero se embarcaron luego en procesos de autocratización, iniciando una espiral de retroceso democrático de la que aún no pueden salir.10

Por ello, la estabilidad y el fortalecimiento de las democracias -de acuerdo con esta perspectiva- están sujetos a dos condiciones estratégicas y una tercera normativa. La primera de ellas representa un desafío para el gobierno, y la segunda, para la oposición, pero la tercera es un objetivo que debe alcanzar el sistema político en su conjunto. Para el Poder Ejecutivo, el principal desafío es mantener y/o aumentar la legitimidad de origen a través del ejercicio de un buen gobierno, que dé respuesta a las demandas ciudadanas, y, para ello, muchas veces tendrá que lograr la cooperación de sectores opositores no interesados en el éxito del oficialismo. Para la oposición, por su parte, se trata de evitar el ejercicio arbitrario del poder por parte del Ejecutivo, dada la ilusión de poder ilimitado que suelen brindar las mayorías electorales a los jefes de gobierno. Si ambas cosas suceden, la democracia funciona de acuerdo con el ideal esperado. Pero si la primera no ocurre -el gobierno no consigue mantener la legitimidad de origen a raíz de un pobre desempeño-, y la oposición ve poco beneficio en cooperar, adquiere importancia la condición normativa.11 Dado el carácter estratégico de las interacciones entre gobierno y oposición, son necesarios actores políticos con preferencias normativas favorables a la democracia, para los cuales este sea el único juego posible. De lo contrario, los riesgos de erosión -ya sea por debilitamiento, ya sea por autocratización- se vuelven severos, y la inestabilidad, una condición permanente.

Contribuciones multidisciplinarias

Si bien nuestra aproximación es politológica, este número especial busca dar lugar a estudios que aborden la discusión desde diversos campos del saber social. Sebastián Moreno Barreneche, en su texto “La democracia y sus otros. Una contribución desde la semiótica al debate sobre la erosión democrática”, realiza, desde una aproximación semiológica, un mapeo conceptual y una discusión que atraparán a las y los lectores por su claridad, innovación argumentativa y agudeza analítica. Desde una aproximación histórica, por su parte, James E. Sanders rastrea los procesos de formación de la cultura política en México y Colombia, y analiza cómo y en qué medida, la cultura cívica democrática fue limitada en ambos países por las élites políticas durante la conformación del Estado-nación, en la segunda mitad del siglo XIX. Por su parte, João Carlos Amoroso Botelho, Lucas Toshiaki Archangelo Okado y Robert Bonifácio rescatan la importancia de las actitudes y los comportamientos políticos de la ciudadanía latinoamericana para entender el proceso de “declinación democrática”, a partir de la valoración decreciente que las y los ciudadanos -y especialmente los más jóvenes- otorgan a la democracia como régimen político.

En estos primeros tres artículos, el significado de democracia adquiere un carácter de máxima relevancia. La democracia es tanto un concepto como una realidad, y ambos se influencian mutuamente. Dado que los seres humanos somos criaturas de sentido12 (Frankl 1992), otorgamos un valor a los conceptos, pero sobre todo a las realidades que dichos conceptos denotan (Ceka y Magalhaes 2020). La democracia, en tal sentido, es tanto un régimen político como un ideal (Dahl 1989), y en América Latina, la brecha entre realidad y significado se ha ido ampliando de forma incesante en los últimos años. Los latinoamericanos valoramos la democracia, pero estamos cada vez menos satisfechos con su funcionamiento, algo que -dada nuestra historia de inestabilidad institucional y patrimonialismo, heredados de la colonia- aumenta la probabilidad de “atar” el valor intrínseco del régimen a su capacidad de producir bienestar. Queremos la democracia, y esperamos mucho de ella, pero su legitimidad desciende si nuestros delegados -aquellos a quienes autorizamos para hablar y decidir en nuestro nombre- no aciertan en resolver los problemas (especialmente económicos) de nuestra cotidianeidad (Monsiváis Carrillo 2019; Del Tronco 2013a, 1). Los amplios niveles de insatisfacción y la pérdida creciente de confianza en las instituciones han motivado que diversos sectores de la ciudadanía hayan optado por brindar su apoyo electoral a liderazgos “populistas”, que ofrecen una propuesta atractiva: establecer una relación más directa con la gente que favorezca respuestas oportunas a sus problemas, al evitar la distorsión y la demora propias de las instituciones representativas (Del Tronco 2013b, 2).

Estas alternativas, por lo general, no han confirmado las esperanzas depositadas en ellas, pero han abierto nuevas preguntas: ¿es compatible un modelo de acumulación excluyente con un modelo de representación inclusivo? ¿Qué papel desempeñan los liderazgos populistas frente a este dilema? ¿Favorecen la democratización de la vida política con sus alegatos a favor de una mayor inclusión, o erosionan los fundamentos del régimen político al cuestionar los fundamentos normativos de las democracias liberales? En su texto “Movilizando el demos en la crisis. Populismo y movimientos sociales en la época de la pospolítica”, Juan Camilo Gallo-Gómez y Pedro Alejandro Jurado-Castaño proporcionan un debate filosófico muy enriquecedor y polémico sobre estas preguntas, al enfocarse en los dilemas que entraña el compatibilizar la lógica democrática con los postulados del programa económico neoliberal, y al analizar cómo el populismo puede ser un efecto no deseado de dichos intentos. Por último, y dado su interés por establecer un vínculo directo con los ciudadanos, los líderes populistas han estado en el centro del debate en torno a las nuevas formas de comunicación (y manipulación) de las preferencias políticas. La pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales, el auge de las redes sociales como instrumentos de formación de la opinión pública, y el “razonamiento motivado”13 que caracteriza la toma de postura de los seres humanos frente a discusiones políticas o dilemas morales, son factores de riesgo que amplían el margen de aceptación de postulados o declaraciones no sustentados en evidencia, pero poderosos para convencer a las audiencias (Sanz Blasco y Carro de Francisco 2019). En el último estudio de este dossier, Danielle Jacon Ayres Pinto e Isabela Moraes, nos ayudan a comprender estos desafíos con un estudio novedoso y de gran relevancia sobre el papel de los medios digitales como instrumentos de manipulación de las preferencias electorales, a través del análisis del caso del Brexit. ¿Cuentan los sistemas democráticos con los anticuerpos adecuados para hacer frente a estas amenazas? ¿De qué naturaleza son estas últimas y qué podemos esperar en el futuro inmediato?

De tal manera, el dossier que aquí presentamos es un intento por ampliar los márgenes temáticos, disciplinarios y teóricos de la discusión sobre la democracia y los fenómenos asociados a su debilitamiento, retroceso y declinación. Los riesgos de autocratización están latentes, e identificar su naturaleza, tanto como los mecanismos causales que los originan, es una tarea necesaria por su relevancia académica y por sus implicaciones institucionales.

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*Los autores desean expresar su agradecimiento a las editoras de la Revista de Estudios Sociales por la asistencia y orientación recibidas a lo largo de la edición de este dossier.

1Los autores encuentran que, aun tomando en cuenta los valores adquiridos durante el proceso de socialización, la posición socioeconómica resulta un determinante directo del apoyo a una concepción específica de democracia. Cuanto más alta la posición en la escala social, mayor es su defensa del statu quo, independientemente de si dicho régimen es una democracia liberal u otro tipo de régimen. Estos hallazgos tienen implicaciones relevantes para el debate sobre la crisis y erosión de la democracia liberal, y el surgimiento de alternativas iliberales o autocratizantes en muchos países occidentales. Así, los hallazgos respaldan la conclusión de que, en democracias establecidas, la desigualdad reduce el compromiso con una noción liberal de democracia, especialmente entre los sectores pobres (Ceka y Magalhaes 2020, 3).

2Un planteamiento similar se encuentra en Cameron (2018, 6), quien considera cuatro criterios necesarios para identificar el establecimiento de un autoritarismo competitivo: a) elecciones libres, inclusivas y competitivas; b) “condiciones concomitantes”: libertades de expresión, asociación y acceso a la información; c) constitucionalismo y gobierno de la ley; y d) “refinamientos”, que se refieren a la ausencia de enclaves autoritarios que subordinan a las autoridades electas, la posibilidad de que los gobernantes concluyan sus mandatos; un piso parejo para la oposición en acceso a la justicia, medios y recursos públicos.

3Esta definición no significa que los procesos de erosión democrática sólo puedan darse en regímenes plenamente democráticos, sino en todos aquellos que conservan alguna condición o algún atributo propio de las democracias. Pueden erosionarse regímenes democráticos, semidemocráticos o regímenes no democráticos, pero que mantienen algunas características atribuibles a las democracias.

4De forma similar, Huq y Ginsburg (2018) distinguen entre la reversión autoritaria, la cual es abrupta y repentina, como en los golpes de Estado, y la retrogresión constitucional, la cual es gradual. Esta distinción se basa en identificar tres ámbitos constitutivos de la democracia, que pueden ser escenarios de deterioro: el régimen electoral (elecciones libres y competitivas); las libertades de expresión y asociación; y el régimen constitucional y el Estado de derecho.

5Dicho de otro modo, mientras que los procesos de autocratización suponen siempre la erosión de la gobernanza democrática, no toda forma de erosión puede ser entendida como autocratización.

6Responsividad es un término adaptado del vocablo inglés “responsiveness”, que hace referencia a la capacidad de los gobiernos de dar respuesta a las demandas ciudadanas (Bingham Powell Jr. 2004). El concepto es también utilizado en informática para denotar la capacidad de un sistema para concluir tareas asignadas.

7Una vez debilitado el vínculo de la ciudadanía con el gobierno, la capacidad de este último para hacer frente a una oposición desleal disminuye de modo significativo. En estas situaciones, el reemplazo del gobierno puede no derivar en gobiernos autoritarios, pero la fortaleza del régimen democrático se ve claramente erosionada (Del Tronco y Gorostiaga 2020).

8Aunque aquí se presentan dos mecanismos o patrones de erosión, no suponemos que esta sea una propuesta exhaustiva. Lo importante de estos dos ejemplos es que, si bien parecen seguir una lógica evolutiva diferente, las condiciones en uno y otro muchas veces interactúan y se retroalimentan.

9Los golpes de Estado son fenómenos poco comunes, habitualmente cuestionados por la comunidad internacional, que suelen aislar a las naciones que los experimentan y penalizar a las autoridades surgidas de la ruptura del orden constitucional.

10Venezuela, Nicaragua y Bolivia son los ejemplos más dramáticos de esta situación.

11Este factor (la lealtad de las élites hacia el régimen democrático) pareciera ser, entonces, una condición suficiente para la estabilidad de las democracias, independientemente de sus resultados. Para una exploración profunda de este argumento, ver Mainwaring y Pérez-Liñán (2013).

12Meaning creatures.

13Fenómeno que hace referencia al hecho científicamente comprobado de que los seres humanos tendemos a ver lo que queremos ver y a oír lo que queremos oír. Es decir, somos menos minuciosos al examinar evidencias que concuerdan con nuestras creencias. Si alguien cree en el creacionismo y descubre un argumento en contra de la evolución, lo aceptará con más facilidad, mientras que sucederá a la inversa si el sujeto cree en la evolución.

Cómo citar: del Tronco, José y Alejandro Monsiváis-Carrillo. 2020. “La erosión de la democracia”. Revista de Estudios Sociales 74: 2-11. https://doi.org/10.7440/res74.2020.01

Recibido: 20 de Junio de 2020; Aprobado: 01 de Julio de 2020

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