Introducción

En los últimos años, el lugar del desarrollo sostenible en relación con el patrimonio cultural ha sido una temática de interés tanto para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como para el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Ello se ha visto reflejado en la organización de eventos científicos, así como en la producción de documentos de diverso orden. La necesidad de impulsar un desarrollo que incorpore al patrimonio cultural como un elemento fundamental de la sustentabilidad, junto con otorgarle una dimensión humana al desarrollo, han sido las ideas rectoras de esas iniciativas. No obstante, la articulación entre sustentabilidad y patrimonio no siempre ha estado presente en la agenda patrimonial, y más bien fue el resultado de un proceso de evolución, no desprovisto de contratiempos, de los que dan cuenta los documentos resultantes de cada momento histórico.

Tanto patrimonio cultural como sustentabilidad son conceptos en construcción. Existe actualmente cierto consenso en señalar que el patrimonio cultural “es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio” (UNESCO 2014, 132).

Por su parte, la sustentabilidad tiene una base ecológica, ya que hace referencia a la posibilidad que tiene un ecosistema de mantenerse en el tiempo. No obstante, a partir del Informe Brundtland (WCED 1987), la sustentabilidad aplicada al desarrollo adquiere un carácter más amplio, ya que se considera no sólo la dimensión ecológica, sino otras, como la social. Así, el concepto desarrollo sustentable se generalizó como objetivo social aparentemente deseado por todo el mundo (^{Riechmann 1995}), aunque también discutible (^{Zulaica 2019}). Las críticas al concepto han motivado el surgimiento de nuevas miradas y perspectivas, sobre todo en América Latina, con voces que cuestionan fuertemente el modelo de desarrollo y proponen filosofías alternativas, como el Sumak Kawsay, o Buen Vivir, y el Suma Qamaña, o Vivir Bien, que promueven la sustentabilidad en las relaciones de la sociedad con la naturaleza, en la búsqueda de un nuevo modelo de vida (ver discusión en ^{Gudynas 2011}). Pero más allá de las críticas y las distintas interpretaciones, existe coincidencia en pensar la sustentabilidad como un proceso de integración sinérgica; interacción y coevolución entre los subsistemas económicos, sociales, físicos y ambientales, que permiten garantizar el bienestar de la población a largo plazo (^{Tran 2016}).

En el campo de la cultura y el patrimonio, la consideración de estas dimensiones se fue incorporando a través del tiempo. Una manera de abordar ese proceso es a través del análisis de los documentos emanados de organizaciones internacionales como UNESCO e ICOMOS, los cuales son relevantes no sólo por su valor doctrinario, sino, además, por constituirse en instrumentos de soft law y dar cuenta del estado de la cuestión. En efecto, este conjunto de documentos del campo patrimonial ofrece un testimonio de la ampliación y diversificación temáticas desde ejes conceptuales, valorativos, tipológicos, cronológicos y geográficos que aportan miradas renovadas y entrelazadas con la sustentabilidad (^{Sánchez y Zulaica 2015}). Si bien este último concepto está ligado al de preservación del patrimonio -ya que ambos propugnan la protección de los bienes heredados para el disfrute de las generaciones presentes y futuras-, su incorporación de manera explícita en el campo patrimonial es reciente. No obstante, la interacción entre cultura y desarrollo sostenible posee antecedentes relevantes desde la década de 1960 (UNESCO 2018), así como puntos de encuentro entre patrimonio y desarrollo sustentable.

En este contexto, el presente trabajo se propone analizar la articulación entre los conceptos de sustentabilidad y patrimonio cultural desde 1960 hasta la actualidad. Específicamente, se pretende establecer cómo se incorpora la concepción del desarrollo sustentable en los documentos internacionales relativos al patrimonio cultural emanados de ICOMOS y UNESCO, para identificar, de manera paralela, las distintas etapas en la historia de dicha interacción. Cabe mencionar que en los documentos analizados, el patrimonio cultural incluye categorías amplias (bienes materiales e inmateriales), así como específicas (centradas en aspectos arquitectónicos, arqueológicos, relativos a conjuntos históricos, paisajes e itinerarios culturales, sitios mixtos [naturales y culturales]), vinculadas con los ámbitos de lo urbano, lo rural, lo terrestre, lo subacuático, entre otros.

Con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto, se revisaron aquellos documentos que se consideraron más significativos y que están disponibles en la página oficial de ICOMOS y UNESCO. Adicionalmente, se destacaron los antecedentes existentes relativos a la evolución de los conceptos de sustentabilidad y desarrollo sustentable. Se estableció una periodización, a fin de analizar la “arqueología” de la sustentabilidad en la concepción del patrimonio. En la definición de etapas, fueron útiles los conceptos de régimen y ruptura, introducidos por ^{Santos (1996}), quien considera que el régimen integra el conjunto de variables que funcionan armónicamente durante una porción considerable de tiempo. Si bien su evolución no es homogénea, la organización social impone reglas de acción que mantienen el sistema en funcionamiento durante cierto período. La situación se mantiene hasta que la organización deja de ser eficaz, y, a partir de ese momento, entra en crisis para iniciar otro período. De esta manera, surge una ruptura. Ambos conceptos (régimen y ruptura) constituyen los factores que configuran una periodización; es decir, una empirización del tiempo y el espacio en su conjunto. Al respecto, ^{Tomadoni (2007)} señala que la periodización de los procesos sociales es un recurso analítico que permite dar cuenta de permanencias y transformaciones durante un considerable fragmento de tiempo. Es decir, la sociedad va imprimiendo cambios en su devenir cotidiano, a pesar de las permanencias, pero cuando algunas permanencias comienzan a “romperse” aparecen una ruptura y, luego, el inicio de un nuevo período que introduce la transformación.

Sustentabilidad y patrimonio: etapas de la articulación

Tomando como base los documentos mencionados, se definieron distintas etapas de la articulación entre sustentabilidad y patrimonio, cada una de ellas marcada por hitos específicos, y cuyos principios pueden considerarse relativamente homogéneos para cada período. Luego, asociadas al concepto de ruptura, cada etapa es superada por el surgimiento de nuevos enfoques y perspectivas que permiten avanzar hacia nuevas concepciones de la interacción sustentabilidad-patrimonio. Así, se establecieron seis etapas entre 1960 y la actualidad (ver la figura 1). Se tomó la década de 1960 como inicio, teniendo en consideración que la labor de ICOMOS comenzó en 1964 y que en ese decenio surgió la preocupación por los problemas ambientales a los que se enfrentarían las sociedades contemporáneas.

Fuente: elaboración propia

Figura 1 Línea de tiempo que sintetiza la relación entre sustentabilidad y patrimonio cultural a partir de los documentos analizados 

Primera etapa (1964-1972): la conservación como una respuesta a la crisis del modelo de desarrollo

En la década de 1960, surgieron a nivel internacional los movimientos de protección del ambiente en reconocimiento de los impactos adversos, reales y potenciales, del modelo de desarrollo. En ese tiempo, las predicciones de los ambientalistas eran apocalípticas; afirmaban que todo el sistema natural se destruiría si no se modificaba sustancialmente la cultura tecnocrática, con la consiguiente intervención del ambiente. De esa época datan las primeras leyes de protección ambiental de algunos países y el establecimiento de agencias para el tratamiento de problemas de contaminación y protección de especies en peligro (^{Matteucci 1998}). También se publicaron informes que pusieron en evidencia la gravedad de estos problemas (^{Pierri 2005}). El eje central de esa mirada se basaba en la necesidad de imponer límites físicos al desarrollo, mediante un modelo de crecimiento cero, tanto económico como poblacional.

A partir de ese momento, se profundizó el debate de la crisis del modelo de desarrollo y se extendió un fuerte interés por promover medidas tendientes a la conservación de los recursos. La UNESCO tuvo un rol decisivo en este propósito, ya que organizó la primera Conferencia Internacional de la Biósfera, en 1968. En ella se cuestionó el modelo de desarrollo y se promovieron el uso racional y la conservación de los recursos naturales. Las repercusiones de esta conferencia llevaron a la creación del Programa Man and the Biosphere (MAB) de UNESCO, puesto en marcha en la década de 1970, con el objetivo de mejorar la relación entre los grupos humanos y el ambiente, para disminuir, así, la pérdida de biodiversidad a través de la investigación y la capacitación. A partir de este programa, se conformó la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

Respecto a la concepción del patrimonio cultural en este período, se identifican antecedentes centrados en los objetivos de la conservación de los monumentos, considerados de manera aislada, sin tener en cuenta los procesos sociales en los cuales están involucrados, como es el caso de la “Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios de Venecia” (ICOMOS 1964). Este documento no hace mención al contexto económico, social o ecológico del monumento, y solamente establece que este no puede separarse de su historia, del lugar donde se localiza (ICOMOS 1964, art. 7), y que la conservación de un monumento requiere preservar su paisaje de entorno a escala adecuada (ICOMOS 1964, art. 6).

Sin hacer mención explícita al concepto de sustentabilidad, los objetivos de esta etapa estaban centrados en la preservación de los recursos naturales (desde los ámbitos comprometidos con la conservación de la naturaleza) y de los bienes culturales (desde las áreas vinculadas con la conservación de monumentos), sin profundizar en el contexto de interacciones que pudiera incidir en su salvaguarda. Así, la conservación era interpretada desde una perspectiva parcial; se centraba en los recursos naturales y en la creación de áreas de reserva, por un lado, y, por el otro, se enfocaba exclusivamente en la preservación de monumentos y áreas históricas. Si bien se cuestionó el modelo de desarrollo, no se visualizó un análisis de los procesos implicados en la interacción entre este modelo y los objetivos de conservación.

Segunda etapa (1972-1990): ¿pueden ser compatibles el desarrollo y la conservación?

En 1972 se realizó en Estocolmo la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano, que marcó un hito para la política ambiental internacional. Ello se debe a que introdujo en la arena política la problemática ambiental, y a que fue el primer intento de conciliar los objetivos tradicionales del desarrollo con la protección de la naturaleza (^{Pierri 2005}). Además, el tema cobró relevancia a partir de la creación del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA). No obstante, en la Conferencia surgieron fuertes cuestionamientos respecto al posicionamiento que adoptaron los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo frente a la importancia otorgada, en cada caso, a la cuestión ambiental (^{Guimarães 1992}).

Ese mismo año tuvo lugar la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO 1972), en la cual el desarrollo fue percibido como amenaza. De esta manera, se afirmaba que el patrimonio se encontraba amenazado por las causas tradicionales de deterioro, pero, fundamentalmente, por el desarrollo económico y social. Entre las acciones de salvaguardia, se recomendaba a los países “adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio una función en la vida colectiva y a integrar la protección del patrimonio en los programas de planificación general” (UNESCO 1972, art. 5.a.). En esta etapa, el énfasis del vínculo entre patrimonio y sustentabilidad se enfocó en el contexto, fundamentalmente económico, que constituía una amenaza tanto para el patrimonio como para el ambiente, y se comenzó a pensar en la necesidad de articular medidas que promovieran el desarrollo, aunque garantizando objetivos de preservación mediante la planificación.

En consecuencia, la discusión sobre el modelo de desarrollo y la importancia de la planificación y el ordenamiento territorial se hizo evidente tanto en la preocupación ambiental como en la salvaguarda del patrimonio. Esta idea fue recogida en la “Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la Vida Contemporánea” (UNESCO 1976), adoptada por UNESCO en Nairobi en 1976, que estableció que la salvaguardia del patrimonio y su integración en la vida colectiva eran un factor básico del urbanismo y del ordenamiento territorial.

Asimismo, sobresale la inquietud por el contexto social y la necesidad de la participación comunitaria. De esta manera, se estableció que “sería esencial mantener las funciones existentes de los conjuntos históricos que sean apropiadas” y que ellas deberían “adaptarse a las necesidades sociales, culturales y económicas de los habitantes, sin ir en detrimento del carácter específico del conjunto de que se trate” (UNESCO 1976, IV.33). Se señaló que, en relación con los planes de salvaguarda, las autoridades debían tomar la iniciativa de organizar la consulta y la participación de la población interesada (UNESCO 1976, IV.17.c), recabándose así la colaboración de los individuos y de las asociaciones privadas (UNESCO 1976, III.7). Dichas instancias de colaboración, aunque en una escala internacional, fueron previstas en la Conferencia de Estocolmo, que en su declaración final destacaba que los problemas de alcance regional y/o mundial iban a requerir una amplia colaboración entre las naciones del mundo para su solución (^{Grinberg 1999}).

Más allá del antecedente anterior, las metas tendientes a la articulación entre conservación y desarrollo, con participación de la comunidad, no sólo fueron consideradas en la implementación del Programa MAB en la década de 1970, sino, además, enunciadas en el concepto de ecodesarrollo, que fue precursor del de desarrollo sustentable. En efecto, ecodesarrollo fue utilizado en 1973 por el director del Consejo Consultivo del PNUMA, Maurice Strong, para definir “una forma de desarrollo económico y social en cuya planificación debe considerarse la variable medioambiente” (^{Sánchez et al. 1978}). De este modo, el desarrollo y el ambiente no fueron vistos como opuestos, sino como dos aspectos diferentes. No obstante, quien desarrolló en profundidad este concepto fue Ignacy Sachs, para referirse particularmente al desarrollo del Tercer Mundo. Sachs propuso que el ecodesarrollo era una forma de desarrollo adaptado a las realidades ecosistémicas de cada región, con el fin de buscar soluciones específicas a los problemas particulares de cada una de ellas, en función de los datos ecológicos, pero también culturales, así como de las necesidades inmediatas y a largo plazo (^{Herzer 1977}; ^{Estenssoro 2015}). Sachs (1981) señalaba que el ecodesarrollo consistía en un desarrollo socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente adecuado.

Estos principios de sustentabilidad, ajustados al contexto ecológico y sociocultural particular, y ligados a la idea de apropiación, se vislumbraron claramente en la Recomendación de Nairobi (UNESCO 1976). Tanto desde el punto de vista patrimonial como ambiental, los principios que prevalecieron en esta etapa no se enfocaron en detener el desarrollo, sino en reorientarlo a una perspectiva ecológica y ambientalmente armónica. En este sentido, desde estas miradas de salvaguarda y de ecodesarrollo, se buscó impulsar una idea de progreso más consciente de la interdependencia con el entorno, que propiciara el avance científico-técnico, a la vez que se planificaban los territorios al servicio de la protección de los ecosistemas y de los recursos patrimoniales.

Esta integración de objetivos ecológicos y sociales se manifestó en 1980 con la presentación de la Estrategia Mundial de Conservación (EMC) de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN 1980), en donde se enfatizó que la conservación y el desarrollo eran mutuamente dependientes, y no incompatibles, como se pensaba en el pasado. Esta estrategia fue presentada a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la UNESCO como un nuevo marco conceptual y una guía práctica. El enfoque subyacente en la EMC sostenía que era necesario poner en la balanza, por un lado, los objetivos de atender las necesidades humanas y, por el otro, los impactos ambientales generados por el modelo de desarrollo. Para ello, se buscaban cambios en el orden económico, aunque desde una perspectiva tradicional que no dejaba lugar a visiones alternas del desarrollo (^{García y Priotto 2008}).

Posteriormente, en 1983, se creó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD). De su labor surgió el documento “Nuestro Futuro Común” (WCED 1987), conocido mundialmente como “Informe Brundtland” -en alusión al apellido de la presidenta de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas-, que fue aprobado por la ONU en 1987 (^{Pierri 2005}). Este documento partía de la idea central de que desarrollo y ambiente no podían ser separados, dado que el primero no se mantiene si la base de recursos ambientales se deteriora, ni el segundo puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias de la destrucción ambiental.

La publicación del Informe representó un hito en la concepción del desarrollo sustentable. Allí se definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas (WCED 1987). La importancia de este informe es múltiple, ya que, por un lado, recuperó el espíritu de Estocolmo en el ámbito de la ONU y, por otro lado, ubicó elementos del desarrollo sustentable en el contexto económico y político del desarrollo internacional, instalando definitivamente los aspectos ambientales en la agenda política mundial (^{Pierri 2005}). A partir de su publicación, se vislumbró la necesidad de hacer compatibles el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del ambiente para no comprometer la supervivencia de los ecosistemas y de las generaciones futuras, garantizando así el bienestar de las comunidades (^{Adams 1990}).

Estos objetivos de articulación entre desarrollo económico y social, ligados a un contexto territorial específico, aparecen en la “Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas” (ICOMOS 1987), adoptada en Washington D.C. Allí se manifestaba la preocupación por el deterioro y la destrucción provocados por “una forma de desarrollo urbano surgida de la era industrial que afecta a todas las sociedades”. Por ello, se afirmaba que “La conservación de las áreas urbanas históricas sólo es eficaz si se integra a una política coherente de desarrollo económico y social, y es considerada en el planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles” (ICOMOS 1987, principio 1). A su vez, se señalaba que la participación y el compromiso de los habitantes eran imprescindibles para conseguir la conservación de estos lugares históricos, ya que no debía olvidarse que “dicha conservación concierne en primer lugar a sus habitantes” (ICOMOS 1987, principio 3).

A lo anterior se agregaban dos cuestiones: la necesidad de que los planes de conservación contaran con la adhesión de los habitantes (ICOMOS 1987, principio 5) y que uno de los objetivos básicos de la conservación debía ser la mejora del “hábitat” (ICOMOS 1987, principio 9). Al respecto, el Informe Brundtland (WCED 1987) sostenía de manera implícita estos principios, dado que, para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones, era ineludible un nuevo estilo de vida que situara en su base la raíz ética de todo comportamiento, también con la naturaleza (^{Gómez-Heras 1997}). En ese sentido, la promoción de la cultura, la igualdad de posibilidades y el despliegue de las capacidades debían ir acompañados de la defensa de la naturaleza (^{Saura Calixto y Hernández Prados 2008}), para fortalecer el bienestar e involucramiento de las comunidades.

Tercera etapa (1990-1999): el desarrollo sostenible como alternativa multidimensional y participativa

La década de 1990, mostró una tendencia distinta con respecto a la mirada sobre el desarrollo, en comparación con momentos anteriores. Se alcanzó un consenso a nivel mundial respecto a que los problemas del modelo afectaban a la humanidad y que sus soluciones debían ser enfrentadas por el mundo en su conjunto (^{Matteucci 1998}). De esta manera, al considerar los impactos ambientales, económicos y culturales del desarrollo como una amenaza de creciente importancia, se enfatizó en la mirada multidimensional del modelo para profundizar en el avance de medidas correctivas.

En 1992, se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, denominada “La Cumbre de la Tierra”, en la que se acordó una estrategia global para lograr un desarrollo sostenible a partir de la cooperación mundial. Así, se establecieron 27 principios sobre derechos y responsabilidades de las naciones en el progreso y en el bienestar de la humanidad (Naciones Unidas 1993). Esta Conferencia fue considerada una instancia fundamental para instrumentar el desarrollo sustentable a nivel global, a partir de compromisos jurídicamente vinculantes entre los distintos gobiernos.

Más allá de los avances alcanzados, ^{García y Priotto (2008)} sostenían que muchos de los argumentos expuestos en la conferencia resultaron limitados y sesgados, ya que no cuestionaban el sistema hegemónico de producción y seguían inscritos en los mismos marcos ideológico-conceptuales. Los autores sostenían que para revertir esa situación era necesario profundizar en medidas que tuvieran como objetivo el desarrollo de los pueblos a partir de sus ideas, proyectos y deseos propios, revitalizando el sentido de pertenencia, autodeterminación y arraigo al territorio, y fortaleciendo los espacios de la pluralidad cultural. En este sentido, diferentes autores y programas internacionales enunciaron el concepto de sustentabilidad desde la identificación y caracterización de las dimensiones que lo componen: económica, social, ecológica y política -con la posibilidad de incorporar otras como las éticas, estéticas y espirituales-.

Durante esta etapa, en el ámbito patrimonial se puso énfasis en la participación comunitaria, ya no como un conjunto homogéneo, sino teniendo en cuenta las identidades locales y las poblaciones indígenas. Cabe destacar que en este período se elaboró, a instancias de UNESCO, el “Documento de Nara sobre Autenticidad” de 1994 (^{Larsen 1995}), que marcó un hito en la consideración de la diversidad cultural en la evaluación de la autenticidad del patrimonio y ubicó al contexto cultural en el centro de la escena patrimonial. Un antecedente importante de este documento lo constituyó la “Carta de Burra” (ICOMOS 1999 [1979]) -actualizada en 1981, 1988 y 1999-, en la que se acuñó el concepto de significación cultural, entendida como “el valor estético, histórico, científico, social o espiritual para las generaciones pasadas, presentes y futuras” (art 1.2). Como puede observarse, esta Carta superó la visión tradicional de la conservación centrada en los valores históricos, científicos y estéticos, y la puso al servicio de la significación cultural (ICOMOS 1999 [1979], art. 1.4). Asimismo, contempló la participación comunitaria en la gestión de sitios, especialmente aquellos para quienes tuviera especial asociación o significado, o para quienes tuvieran responsabilidad social, espiritual, o de otra naturaleza, para con el sitio (ICOMOS 1999 [1979], art. 12).

Otro documento relevante de este período fue la “Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico” (ICOMOS 1990). En ella, se caracterizó al patrimonio arqueológico como aquel integrado por recursos culturales, frágiles y no renovables. En este documento se sostenía que “las políticas de protección deben estar sistemáticamente integradas con las de la agricultura y la utilización, desarrollo y planificación del suelo, así como en las relativas a cultura, medio ambiente y educación” (ICOMOS 1990, art. 2). Esta Carta puso en evidencia la noción de sustentabilidad, donde se incluyeron dimensiones diversas para garantizar la protección y reducir los impactos ambientales y culturales, es decir, desde una perspectiva integral.

Asimismo, estableció que “la participación activa de la población debe incluirse en las políticas de conservación del patrimonio arqueológico. Esta participación resulta esencial cada vez que el patrimonio de una población autóctona está en juego. La participación se debe basar en la accesibilidad a los conocimientos, condición necesaria para tomar cualquier decisión…” (art. 2). Se aconsejaba, además, “confiar la responsabilidad de la protección y de la gestión de monumentos a las poblaciones autóctonas” (art. 6). En efecto, cuando se hacía referencia a la dimensión política de la sustentabilidad, se planteaba que aquella suponía el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y la apertura del aparato estatal al control ciudadano, incorporando así el concepto de responsabilidad política en la actividad pública (^{García y Priotto 2008}).

Los antecedentes presentados destacan la relevancia que adquirió la sustentabilidad pensada desde una perspectiva multidimensional. La implementación de mecanismos de participación de las comunidades en las decisiones sobre los recursos naturales y culturales se convirtió en una necesidad cada vez mayor para alcanzar objetivos de sustentabilidad. Paralelamente, estos principios comenzaron a ser considerados por la Organización Mundial del Turismo, lo que permitiría que, luego, se materializara el vínculo entre turismo y patrimonio. Como antecedentes relevantes se destaca la “Declaración de Berlín sobre Diversidad Biológica y Turismo” de 1997 (ONU 1997), en la cual se señala la importancia de la actividad turística, y al mismo tiempo se la reconoce como una amenaza para la conservación de la biodiversidad, y se definen recomendaciones, a fin de alcanzar un equilibrio adecuado. Esta declaración se sumó a iniciativas anteriores de la OMT como la “Agenda XXI para la Industria de Viajes y Turismo: hacia un desarrollo sostenible” de 1996 (OMT 1996) y el “Código Ético Mundial para el Turismo” (OMT 1999).

Estos antecedentes abren la puerta a la cuarta etapa, en la que la mirada multidimensional y participativa alcanzó nuevos ámbitos y se transfirió a distintos organismos y actividades.

Cuarta etapa (1999-2011): la sustentabilidad se incorpora de manera explícita en la concepción del patrimonio cultural

Aunque el concepto de desarrollo sostenible ya había alcanzado reconocimiento y aceptación, es recién en esta etapa cuando aparece de manera explícita en documentos de ICOMOS y UNESCO. De acuerdo con ^{Leff (2000)}, la sustentabilidad solamente podía surgir a partir de la construcción social de una racionalidad ambiental, en la que se entrecruzaran las racionalidades previas y el desencadenamiento de nuevos procesos que pudieran dar lugar a una nueva ética basada en el respeto a la diversidad sostenida, en una política de diálogo y consenso, convivencia y solidaridad.

Como hitos de esta etapa, se destaca la Conferencia Mundial de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río + 10, Cumbre de Johannesburgo) de 2002 (Naciones Unidas 2002), en la cual se reafirmó el desarrollo sostenible como elemento central de la Agenda Internacional y se dio un nuevo impulso a la acción global para la lucha contra la pobreza y en favor de la protección del ambiente. Pese a la nutrida participación de representantes de gobiernos, organizaciones y empresas, se considera que la reunión fue un fracaso (^{Arboit y De Rosa 2014}). Sin embargo, en esta Cumbre se manifestó que la diversidad cultural era un pilar del desarrollo sustentable, junto con el económico, el social y el ambiental, y se reconoció que los principios de sustentabilidad eran transversales a los ámbitos gubernamentales, no gubernamentales y de organismos internacionales.

Este período, y enfatizando el vínculo entre turismo, patrimonio y comunidad, fue testigo de la adopción de la “Carta internacional sobre turismo cultural. La gestión del turismo en los sitios con patrimonio significativo” (ICOMOS 1999a). En la parte introductoria de este documento, se hacía referencia al desarrollo al señalar que el patrimonio constituía un punto de referencia dinámico y, a la vez, un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. En relación con el turismo cultural, establecía que “debería aportar beneficios a la comunidad anfitriona y proporcionar medios para cuidar y mantener su patrimonio y tradiciones vivas” (ICOMOS 1999a, 2). Para ello, eran necesarios “el compromiso y la cooperación de representantes locales y comunidades indígenas”, entre otros grupos de interés, en la elaboración de planes nacionales de desarrollo. Consideraba que se podía llegar a una industria sostenible del turismo y aumentar la protección sobre los recursos del patrimonio, en beneficio de las futuras generaciones.

A partir de esta línea, en la carta se establecieron algunos principios. Por ejemplo, se sostuvo que la relación entre los sitios con patrimonio y el turismo debía gestionarse de modo sostenible: “Los proyectos de infraestructura y de desarrollo turístico deberían tener en cuenta la dimensión social, estética y cultural, los paisajes naturales y culturales, las características de la biodiversidad, así como los amplios contextos visuales de los sitios con patrimonio” (ICOMOS 1999a, punto 2.5). En ese marco, se consideró que:

Los sitios con patrimonio tienen un valor intrínseco [...] por constituir la base de la diversidad cultural y del desarrollo social. La protección y conservación a largo plazo de las culturas vivas de los sitios con patrimonio, de sus variados objetos, de su integridad física, ecológica y de su contexto medioambiental, debería ser un componente esencial en el desarrollo de las políticas sociales, económicas, culturales y turísticas. (ICOMOS 1999a, punto 2.1)

En esta perspectiva, se destaca la “Carta de itinerarios culturales” (ICOMOS 2008a), que consideraba la importancia del itinerario en relación con la actividad turística y el desarrollo sostenible (punto 4). Señalaba que la gestión se basaba en la comprensión del significado de dichos itinerarios, lo que implicaba, a su vez, incentivar el desarrollo armónico de todas las actividades y una coordinación transversal que garantizara la conjunción de las políticas relativas a su protección, uso y conservación, con el ordenamiento del territorio, el desarrollo sostenible y el turismo (punto 5). Todo ello debía estar, además, acompañado del estímulo de la conciencia social y la participación de los habitantes en las áreas concernidas que comprendiera el itinerario (punto 6).

Retomando los avances alcanzados en la etapa anterior, el rol de la comunidad pareció acentuarse como condición indispensable para alcanzar objetivos de sustentabilidad. Esta tendencia se observa en la “Carta del Patrimonio Vernáculo Construido” (ICOMOS 1999b), que estableció que este patrimonio tradicional “forma parte integral del paisaje cultural y que esta relación ha de ser [...] tenida en consideración en el transcurso de los programas de conservación y desarrollo” (ICOMOS 1999b, punto 4). En función de ello, los “gobiernos deben reconocer el derecho de todas las comunidades a mantener su modo de vida tradicional y a protegerlo a través de medios legales, administrativos y financieros, y legarlo a las generaciones futuras” (ICOMOS 1999b, punto 3). Como puede observarse, en la concepción de sustentabilidad de esta Carta estaban presentes las bases de la solidaridad intra e intergeneracional del desarrollo sustentable, y se destacaba la importancia de la adecuación de medidas y prácticas a los intereses de las comunidades.

Sobre estas bases, se definió también, en China, la “Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales” (ICOMOS 2005), que consideraba que los instrumentos de planificación y prácticas de conservación y gestión sostenible del entorno debían adecuarse a las particularidades locales y culturales. Asimismo, recomendaba el establecimiento de “indicadores de índole cualitativa y cuantitativa que permitan valorar la contribución del entorno al significado de una estructura, un sitio o un área de carácter patrimonial” (ICOMOS 2005, punto 11). Especificaba que los indicadores propios de la gestión debían contemplar aspectos materiales, así como otras dimensiones de carácter económico, social y cultural (ICOMOS 2005, punto 5). Con principios semejantes, se presentó la “Carta ICOMOS para interpretación y presentación de sitios de patrimonio cultural” (ICOMOS 2008b), que promovía la apreciación y comprensión del público de los valores del patrimonio a través de una comunicación adecuada. Se pretendía, además, “facilitar la participación y la inclusión social en la interpretación del patrimonio cultural haciendo posible el compromiso de los agentes implicados y las comunidades asociadas en el desarrollo y la implementación de programas interpretativos” (ICOMOS 2008b, punto 6).

Como puede observarse, la sustentabilidad en esta etapa era fuertemente entendida desde su dimensión sociocultural. Esta dimensión implicaba el mantenimiento del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad para la reproducción del tejido social y para garantizar la integración nacional a través de los tiempos (^{García y Priotto 2008}). La participación social era un tema clave en la sustentabilidad social, ya que, como señalaba ^{Foladori (2002)}, era un indicador de libertades democráticas, de equidad en las decisiones, y servía para potenciar los esfuerzos productivos. La participación de las comunidades en las decisiones vinculadas con el patrimonio tangible e intangible de los lugares que construyen su historia permitía garantizar la sustentabilidad social. Al respecto, cabe mencionar la “Declaración de Quebec sobre la preservación del espíritu del lugar” (ICOMOS 2008c), que estaba en línea con el Documento de Nara sobre Autenticidad (^{Larsen 1995}) y la “Declaración de Kimberley sobre el patrimonio intangible de sitios y monumentos” (ICOMOS 2003). En ella, se consideraba que el espíritu de un lugar estaba conformado por elementos materiales e inmateriales, y que este era complejo, heterogéneo, dinámico y variable de cultura a cultura (punto 1). En ese marco, se sostenía que “las comunidades que habitan el lugar, especialmente cuando son sociedades tradicionales, deberían estar estrechamente vinculadas a la protección de su memoria, vitalidad, continuidad y espiritualidad” (preámbulo). En relación con ello, se planteaba la necesidad de identificar los factores que amenazaban el espíritu del lugar (por ejemplo, el cambio climático, el turismo masivo, el conflicto armado, el desarrollo urbano o los conflictos comunitarios), y de crear “planes estratégicos a largo plazo para prevenir la degradación del espíritu del lugar y de su entorno” (art. 4).

En este período, la inclusión del desarrollo sostenible y la participación comunitaria aparecían no sólo en las cartas y declaraciones, sino, además, enunciados de manera explícita en las dos últimas convenciones de UNESCO sobre patrimonio cultural. En efecto, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO 2003) estableció que “se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos […] y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible” (art. 2). Asimismo, estableció que cada Estado parte debería lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si correspondía, los individuos que crean, mantienen y transmiten el patrimonio cultural inmaterial, asociándolos de manera activa a su gestión (art. 15).

De igual modo, la “Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales” (UNESCO 2005) destacó la necesidad de incorporar la cultura a las políticas de desarrollo como elemento estratégico, teniendo en cuenta la Declaración del Milenio de la ONU. En efecto, cinco años antes, en el año 2000, los dirigentes del mundo aprobaron esa Declaración, bajo el compromiso de reducir los niveles de pobreza y establecer una serie de objetivos con metas e indicadores, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo vencimiento se produjo en el 2015.

Retomando las referencias de la Convención de 2005 al desarrollo sostenible y la participación, en su parte dispositiva afirmaba, en el principio 6, que “la protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural es condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras” (UNESCO 2005). Además, se contemplaba que los Estados parte “se esforzarán por integrar la cultura en sus políticas de desarrollo para crear condiciones propicias para el desarrollo sostenible” y por “fomentar […] la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales” (art. 13), y que apoyarán “la cooperación para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza […]” para “propiciar el surgimiento de un sector cultural dinámico […]” (UNESCO 2005, art. 14).

Estas bases, fijadas especialmente en la última Convención, reflejaban prioridades universalmente compartidas y respaldadas en los ODM, ya establecidas en el 2000. Sin embargo, las metas contenidas en los ODM fueron criticadas por no incluir cuestiones generales trabajadas en el decenio de 1990 ni abordar necesidades particulares de numerosos países -como la desigualdad creciente- ni las dimensiones más amplias del desarrollo humano. Sólo representaban los mínimos sociales y las condiciones básicas necesarias para el desarrollo de individuos y sociedades (^{Brisson, García Gómez y Di Prieto 2014}). Incluso, la cultura fue excluida de los ODM. La Declaración del Milenio no consiguió destacar el papel fundamental de la cultura en la lucha contra la pobreza y en la consecución de la sostenibilidad. Entre las posibles causas de su exclusión se incluían, por un lado, la relacionada con la agenda global asociada al desarrollo y, por otro, la dificultad de mostrar la relación entre cultura y desarrollo (CGLU 2018). En el primer caso, se sostenía que las propuestas de las políticas públicas nacionales habían tenido más prioridad que las globales. En el segundo, se afirmaba que la ausencia de mediciones sobre la cultura y su relación con el desarrollo resultaba contraproducente para una iniciativa de alcance global.

Quinta etapa (2011-2014): fortalecimiento y expansión del binomio patrimonio-sustentabilidad e incorporación de la dimensión cultural

La articulación entre patrimonio y sustentabilidad fue un hecho central y creciente en esta etapa. Se multiplicaron las reuniones regionales e internacionales en las cuales se abordaba este binomio. En los documentos de ICOMOS y UNESCO, esta articulación fue tenida en cuenta en relación con temáticas específicas, y fue tratada de manera transversal. Así, el concepto de sustentabilidad fue internalizado en la gestión del patrimonio y abordado de manera explícita y desde una perspectiva integral. La dimensión cultural de la sustentabilidad adquirió un rol preponderante, con vistas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, a la vez que las preocupaciones ambientales de escala global se incorporaron en los debates del patrimonio.

Para el año 2011, ICOMOS elaboró la “Declaración de París sobre el patrimonio como motor de desarrollo” (ICOMOS 2011a). En esa oportunidad, se consideró el tema de la Declaración en el contexto del desarrollo sostenible, buscando la oportunidad perdida por la exclusión de la cultura de los ODM de la ONU. Los propósitos de esta declaración fueron: medir los efectos de la globalización en las comunidades y el patrimonio; identificar las acciones necesarias para proteger el patrimonio, junto con sus valores económicos, sociales y culturales en beneficio de las comunidades y los visitantes; y determinar la capacidad del patrimonio y sus valores para construir las sociedades futuras. Allí, se retomó el concepto de patrimonio como un recurso trascendental, aunque frágil y no renovable, tal como fue señalado en la Carta de 1990. Además, se incorporó el desafío de darle al patrimonio un rol prioritario en el contexto del desarrollo sustentable, con el fin de favorecer la cohesión social, el bienestar, la creatividad y la atracción a nivel económico, constituyendo un factor que fomenta el entendimiento entre las comunidades (ICOMOS 2011a). En este contexto, la cultura fue percibida como un pilar clave del desarrollo sustentable.

En esta etapa, se acentuaron las preocupaciones acerca de la urbanización acelerada y sus impactos sociales y ambientales. Cabe recordar que, en las últimas décadas, el crecimiento urbano alcanzó cifras sin precedentes, sin que existieran políticas de planificación que orientaran la expansión -sólo en América Latina, el 80% de su población vive en ciudades, en condiciones ambientales críticas y de vulnerabilidad (ONU-Hábitat 2012)-. La ausencia de una planificación urbana para direccionar los procesos de crecimiento permitiría explicar, al menos en parte, la manifestación de problemas territoriales que afectan el patrimonio urbano e inciden en la sustentabilidad. Al respecto, en la introducción de los “Principios de La Valeta para la salvaguardia y gestión de las ciudades y áreas urbanas históricas” (ICOMOS 2011b), se señalaba que el desarrollo sostenible había adquirido tal importancia que las directrices de urbanismo se centraban entonces en políticas orientadas a frenar la expansión de la ciudad, y no a preservar el patrimonio urbano.

El principal objetivo de este documento era salvaguardar los valores de los pueblos históricos a través de su integración en la vida social, cultural y económica. Se reconocía que estas áreas estaban sometidas a cambios continuos, los cuales, dirigidos adecuadamente, podían ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de estos sectores. Se afirmaba, además, que “la salvaguardia de una ciudad histórica precisa esfuerzos para mantener los usos tradicionales y proteger a los residentes y usuarios tradicionales”, así como para controlar el proceso de gentrificación causado por el incremento del precio de los alquileres y la degradación de los hábitats y espacios públicos (punto 2.c). Por ende, “resulta esencial mantener la habitabilidad de un lugar, la diversidad cultural y económica tradicionales para conservar su carácter histórico y patrimonial”.

La “Recomendación sobre el paisaje urbano histórico” (UNESCO 2011) estableció que el patrimonio era un recurso esencial para mejorar la habitabilidad de las zonas urbanas y que la conservación se había convertido en una estrategia de conciliación entre el crecimiento urbano y la calidad de vida de los habitantes (art. 3). Por ello, recomendaba articular las estrategias de conservación del patrimonio urbano mediante acciones públicas y privadas, en un contexto de desarrollo sostenible global.

Las problemáticas ambientales de preocupación internacional también fueron reconocidas en la labor de UNESCO. En 2012, en el marco del 40° Aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial, se celebró en Kioto la conferencia “Patrimonio Mundial y Desarrollo Sustentable: el Rol de las Comunidades Locales”. El documento resultante, conocido como “La Visión de Kioto” (UNESCO 2012), contribuyó a fortalecer las posturas adoptadas en décadas anteriores por la UNESCO. Así, el concepto de patrimonio se volvió a asumir como fundamental para la lógica del desarrollo sostenible, dado que aquel resultaba de la dinámica e interacción continua entre las comunidades y su entorno. En relación con ello, se aseveraba que sólo a través de relaciones fortalecidas entre las personas y el patrimonio, basadas en el respeto a la diversidad cultural y biológica, integrando tanto los aspectos tangibles como intangibles, y orientados hacia el desarrollo sostenible, será posible alcanzar el futuro que se desea (UNESCO 2012). En el fortalecimiento de esos vínculos, se mencionaba la necesidad de tener un enfoque multidisciplinario para la conservación del patrimonio, que integrara las dimensiones sociales, económicas y ambientales, con especial atención a los grupos vulnerables, y respetando todas las normas internacionales relevantes.

Conforme al reconocimiento de los problemas ambientales que enfrenta la humanidad, la “Declaración de Hangzhou. Situar la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible” señalaba:

Consideramos que ante la existencia de desafíos crecientes, como el crecimiento demográfico, la urbanización, el deterioro ambiental, los desastres naturales, el cambio climático, el agravamiento de las desigualdades y la persistencia de la pobreza, existe una apremiante necesidad de encontrar nuevos enfoques […] de manera que se tenga en cuenta una imagen más amplia del progreso humano y se preste especial atención a la armonía entre los pueblos y la naturaleza, la equidad, la dignidad, el bienestar y la sostenibilidad. (UNESCO 2013, preámbulo)

Desde esta perspectiva, se enfatizó en el papel que desempeña la cultura como sistema de valores y como recurso y motor de un desarrollo sostenible, en la necesidad de aprender de las experiencias de generaciones anteriores y en el reconocimiento de la cultura como parte de los bienes comunes, así como fuente de creatividad. Se reafirmó, sobre todo, el aporte de la cultura como capital de conocimiento y sector de actividad del desarrollo social, cultural y económico inclusivo.

También, se reconoció que no habría una misma solución para todos los países y/o comunidades y que distintas perspectivas culturales conducirían a distintas sendas de desarrollo. Al mismo tiempo, se abogó por una concepción de la cultura abierta, cambiante y firmemente enmarcada dentro de un enfoque basado en los derechos y el respeto por la diversidad. En virtud de lo anterior, se recomendó que se incluyera, como parte del programa de desarrollo de las Naciones Unidas posterior a 2015, una meta específica centrada en la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Esta meta estaría basada en el patrimonio, la diversidad, la creatividad y la transmisión de conocimientos, y debería contener objetivos e indicadores para relacionar la cultura con todas las dimensiones del desarrollo sostenible.

Durante esta etapa, ICOMOS y UNESCO trabajaron para reposicionar la cultura en la Agenda de Desarrollo Post-2015. En ese contexto, ICOMOS elaboró la “Declaración de Florencia sobre Patrimonio y Paisaje como Valores Humanos” (ICOMOS 2014a), a fin de fomentar un desarrollo sostenible armonioso e intercultural, capaz de ubicar a las personas en el centro del debate cultural y de expresar la diversidad a través del patrimonio y los valores del paisaje.

También se resaltó la necesidad de implementar buenas prácticas (basadas en evidencia medible) en la gestión del patrimonio que contribuyeran al bienestar social. En relación con esta cuestión, se destaca la reunión “NARA + 20: sobre prácticas de patrimonio, valores culturales y el concepto de autenticidad” (ICOMOS 2014b), organizada en Japón en 2014, que tuvo como objetivo actualizar el documento de Nara e identificar cinco áreas de acción prioritarias, de las cuales la quinta era el papel del patrimonio cultural en el desarrollo sostenible.

Sexta etapa (post-2015): la cultura como motor del desarrollo sostenible en la agenda internacional

A propósito de las metas de la sustentabilidad, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, celebrada en 2015, los Estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones Unidas 2015), que constituyen los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo (^{Wood et al. 2018}). La Agenda 2030 guiará el desarrollo de las Naciones Unidades hasta el 2030, en el marco de los objetivos y metas previstos. La estrategia definida en la Agenda regirá los programas de desarrollo mundiales, y, al adoptarla, los Estados se comprometieron a implementarla para atender las necesidades de los países.

Los ODS reemplazan a los ODM, y la diferencia más significativa entre los Objetivos del Milenio y la Agenda 2030 es la inclusión transversal de la cooperación cultural y de un enfoque más profundo en metas de sustentabilidad repensadas integralmente. De esta manera, se vislumbra que en la Agenda 2030 la inclusión de la cultura funcionará como un motor y facilitador del desarrollo sostenible. De hecho, la cultura tiene un papel central en el logro del ODS 11, que propone que “las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. La cuarta meta de este ODS, por su parte, exige “redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo” (11.4).

Con la Agenda 2030 se abrieron nuevos canales para incorporar la cultura en las políticas de inclusión social y económica y en la sostenibilidad ambiental de los Estados. En efecto, la cultura, como recurso y herramienta transversal, es ahora considerada fundamental para alcanzar el ideal transformador que propone esa Agenda (UNESCO 2018). En este marco, la UNESCO ha incrementado la inserción del desarrollo sostenible en sus directrices, políticas y estrategias. El documento publicado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU 2018) sintetiza que, si bien ninguno de los 17 ODS se concentra exclusivamente en la cultura, la Agenda resultante incluye varias referencias explícitas a los aspectos culturales, entre las que se destacan, además de la meta 11.4 mencionada anteriormente, las metas 4.7, 8.3, 8.9 y 12.b.

En el ámbito urbano, se aprobó la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible de 2016. Siguiendo los ejes de la Agenda 2030, esta Nueva Agenda reconoce que la cultura y la diversidad cultural son fuentes de enriquecimiento para la humanidad y realizan un aporte importante al desarrollo sostenible de ciudades, asentamientos humanos y ciudadanos, empoderándolos para que desempeñen una función activa en las iniciativas de desarrollo (Naciones Unidas 2017).

Informes y documentos de divulgación destinados a evidenciar la contribución de la cultura y el patrimonio, en el marco de la Agenda 2030, han sido elaborados en últimos años, tanto por UNESCO como por ICOMOS. UNESCO ha trabajado en viabilizar y explicitar la contribución de la cultura al desarrollo sustentable, en especial en relación con las ciudades. Muestra de ello es el informe titulado “Cultura: Futuro Urbano. Informe sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible”, en donde se proponen pautas concretas para apoyar la toma de decisiones y la gestión del cambio en las ciudades, a través de la cultura como motor de desarrollo (UNESCO 2016, 17). También se ha puesto especial énfasis en la articulación de las convenciones de UNESCO con los ODS, como se señala en un documento de carácter divulgativo titulado “La cultura para la agenda 2030” (UNESCO 2018).

Por su parte, ICOMOS elaboró en 2017 un plan de acción sobre patrimonio cultural y localización de ODS, y, en 2019, se establecieron acciones prioritarias para alcanzarlos. En ese mismo año se elaboró, en colaboración con otras instituciones, un informe sobre “La cultura en la implementación de la agenda 2030” para evaluar la marcha de la aplicación de los ODS y la agenda 2030 desde la perspectiva de la cultura en el período 2016-2019. Además, diferentes grupos de trabajo de ICOMOS están ocupándose del frente del desarrollo sustentable -dado el carácter transversal de los ODS-, y ya se elaboró una versión borrador de una carta sobre cambio climático y patrimonio, que espera ser aprobada en 2020 (ICOMOS 2019).

Como puede observarse, la etapa post-2015 marca un punto de inflexión, en el cual la cultura se incorpora en la agenda internacional como eje en la definición de políticas sobre el patrimonio, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. De este modo, el vínculo entre patrimonio y sustentabilidad se profundiza, basado en la noción de cultura y dirigido a la definición de políticas. Por ello, se multiplicó la agenda de reuniones regionales que toman como tema central la articulación, ya consensuada, entre patrimonio y desarrollo sustentable.

Consideraciones finales

Si bien la inclusión de los conceptos de desarrollo sostenible y sustentabilidad en la salvaguarda del patrimonio es relativamente reciente, en los documentos de ICOMOS y UNESCO el vínculo entre estas nociones está presente desde la década de 1960, aunque con distintos grados de intensidad y ejes de debate. En consecuencia, el análisis de esta “arqueología” de la sustentabilidad en la concepción del patrimonio, siguiendo el esquema de régimen y ruptura de ^{Santos (1996)}, permitió establecer una periodización en la que se reconocen seis momentos principales.

La primera etapa (1964-1972) fue la de los cuestionamientos, pues, si bien no existía una articulación explícita entre sustentabilidad y patrimonio, los especialistas compartían críticas al modelo de desarrollo, y la conservación era vista como una alternativa de protección y salvaguarda de los recursos, tanto naturales como culturales.

En la segunda etapa (1972-1990), se instaló la problemática ambiental en la agenda internacional y surgió el concepto de desarrollo sustentable en medio de numerosos debates. En ese marco, se puso el énfasis en el contexto que incide en la sustentabilidad de los recursos naturales y culturales, especialmente en las políticas económicas que constituyen una amenaza tanto para el ambiente como para el patrimonio. Se planteó, entonces, la necesidad de articular medidas que promovieran el desarrollo a partir de la planificación.

Durante la tercera etapa (1990-1999), se produjeron cambios sustanciales en la concepción del patrimonio al reconocer la importancia de la participación comunitaria y de la diversidad cultural, así como de la incorporación del patrimonio en las políticas de planificación territorial. Esos cambios fueron incorporados al discurso de la sustentabilidad en sus múltiples dimensiones, y se destacó la necesidad de implementar mecanismos de participación en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales y culturales.

La cuarta etapa (1999-2011) representa un hito central en la relación entre sustentabilidad y patrimonio, ya que en ese momento apareció su vinculación de manera explícita en los documentos de ICOMOS y UNESCO. En este período se cuestionó la exclusión de la cultura de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Para la quinta etapa (2011-2014), se evidenció un proceso de fortalecimiento y expansión de la sustentabilidad en la concepción patrimonial. Se reconocieron los problemas ambientales de alcance internacional y sus vínculos con la salvaguarda de los bienes culturales. Además, se hizo hincapié en el papel de la cultura como motor del desarrollo sustentable.

Finalmente, la sexta etapa (post-2015) se caracteriza por la articulación entre sustentabilidad y patrimonio, basada en la definición de políticas, objetivos y metas, a partir de la incorporación de la cultura en la agenda internacional en el marco de los ODS.

Por su parte, la publicación del Informe Brundtland (WCED 1987), durante la segunda etapa, representa un hito que dio inicio a un debate y a una reflexión, sin precedentes a escala internacional, sobre el desarrollo sostenible. Estos principios se incorporaron de manera explícita en los documentos relativos al patrimonio, fundamentalmente a partir de la cuarta etapa, es decir, una década después. No obstante, quizás la verdadera historia de la articulación entre sustentabilidad y patrimonio comience efectivamente en 2011, cuando se incluye la dimensión cultural en los objetivos de desarrollo sostenible.

El análisis de los documentos referenciados da cuenta de un paulatino enverdecimiento de sus contenidos (en el sentido de ^{Guimarães 2003}), que acompañó la preocupación internacional por los problemas ambientales y la incorporación de nuevos conceptos como el de sustentabilidad y el de desarrollo sostenible. Sin embargo, no se llegó a postular la necesidad de una alternativa al modelo de desarrollo a nivel global, lo que condiciona, en buena medida, la salvaguarda del patrimonio.

A lo largo de todo este proceso, se observa que los conceptos en los que se sostiene la articulación han cambiado de modo tal que es posible diferenciar dos fases principales en las seis etapas consideradas. Una primera fase, caracterizada por un vínculo implícito entre sustentabilidad y patrimonio, que incluye las tres primeras etapas, y una segunda fase, en la que la articulación entre ambos conceptos es explícita y se evidencia en las tres últimas etapas. En la figura 2 se representan los diversos ejes de debate que caracterizan cada etapa analizada y su nivel de relevancia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Ejes de debate que gravitaron en las diferentes etapas de cada fase 

Finalmente, se observa que en las últimas etapas el reconocimiento explícito de la articulación entre sustentabilidad y patrimonio dio lugar, en los documentos de ICOMOS y UNESCO, al desarrollo de una nutrida retórica que pareciera, sin embargo, no implicar cambios sustanciales en la concepción del patrimonio. Además, nuevos enfoques como el modelo de gestión de abajo hacia arriba (bottom-up) que postulan algunos documentos (por ejemplo, la Declaración de Florencia [ICOMOS 2014a]) resultan difíciles de contrastar en la práctica, ya que, en muchos casos, se observa una brecha entre la implementación de las políticas y las recomendaciones emanadas de los organismos internacionales. En consecuencia, la puesta en marcha de procesos para operativizar todos estos cambios deseados constituye, sin duda, el nuevo desafío de la agenda del patrimonio, con vistas a alcanzar las metas previstas en los ODS.