Aclarando conceptos: migraciones y desplazamiento forzado

A diferencia de otras violaciones graves a los derechos humanos, el desplazamiento forzado no cuenta con una normativa internacional, convenio o protocolo. Tampoco existen criterios claros que permitan definir o delimitar cuándo un movimiento de población puede ser considerado forzado. Es por ello que, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la caracterización de un desplazamiento como forzado se rige por los instrumentos que definen a una persona como refugiada, como merecedora de otro tipo de protección internacional o como desplazada interna.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM 2006) utiliza la expresión migración forzosa para describir un movimiento de personas en el que se observa coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. Como ejemplo de lo anterior se encuentran los movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como los desplazamientos por desastres naturales, ambientales, nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo. Asimismo, la migración forzosa se puede dar dentro del país, en cuyo caso estaríamos hablando de desplazamiento interno. En 1998, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) definieron a los desplazados internos como

las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. (Acnur 1998)

Según Graeme Hugo, los desplazamientos son “un rango de situaciones que van desde las totalmente voluntarias hasta las más forzadas teniendo en cuenta que estos extremos son los menos frecuentes” (1996, 105). Sin embargo, cabe preguntarse si esa afirmación sobre la frecuencia del desplazamiento forzado se puede mantener dada la situación social, política y medioambiental existente a nivel mundial. Existe abundante literatura académica que muestra la relación entre las migraciones humanas y las consecuencias del cambio climático (^{Martin 2010}; ^{McLeman y Smit 2006}; ^{Piguet, Pécoud y Guchteneire 2011}). Tal es la realidad que algunos autores comienzan a utilizar el concepto de refugiados medioambientales para referirse a este tipo de desplazamientos (^{Gemenne 2015}; ^{Egea y Soledad 2011}). Por otra parte, los conflictos armados y la violencia no han cesado en las últimas décadas, y tampoco el desplazamiento ligado a dichos procesos. Según informes internacionales (IDMC 2020), 8,5 millones de personas se desplazaron de manera interna a causa de conflictos, cifra a la que hay que añadir la de quienes cruzan una frontera en busca de refugio.

En muchas ocasiones se considera que las personas migran por motivos económicos, para mejorar sus condiciones de vida, sin tener presente que dicho desplazamiento puede ser forzado. Ambos conceptos (migrantes y refugiados) se mezclan, a pesar de ser diferentes. Incluso, cabe preguntarse si dicha diferenciación conceptual es real o responde a un intento político por frenar las migraciones (^{Posada 2009}). Diversos autores han buscado profundizar en la distinción conceptual entre migración económica y desplazamiento forzado, y han encontrado diferencias tanto en el origen como en la salida, el tránsito, el destino y el retorno. Con respecto a la salida, las principales variaciones tienen que ver con que, en la migración económica, en la mayoría de los casos está precedida de una cierta planificación o preparación. Así, el proceso comienza cuando la persona se plantea la idea de emigrar y la salida supone la migración de quien decide hacerlo. En el desplazamiento forzado, sin embargo, la salida puede significar el desplazamiento de toda una familia o comunidad, o de una parte importante de ella. Este evento con frecuencia se da de manera abrupta, imprevisible o intempestiva, sin planificación ni antelación; la determinación de salir se suele dar por razones ajenas a la voluntad de la persona y en ausencia de libertad de elección (^{Celis y Aierdi 2015}). Otros autores han caracterizado el desplazamiento interno como aquel determinado por: a) el carácter forzado; b) la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación, y c) la responsabilidad de atención que reposa en el Estado (^{Castles 2003}). Como vemos, hay aspectos sobre la involuntariedad y la falta de garantías de protección comunes en las caracterizaciones del desplazamiento interno presentadas.

Ciclos migratorios en Honduras

Resulta interesante analizar los diferentes ciclos migratorios que se han dado en Honduras, ya que nos pueden dar pistas sobre a qué tipo de migración corresponden. Se identifican al menos tres momentos históricos: la década de los ochenta, con la implementación de la doctrina de seguridad nacional (DNS), que conllevó el desplazamiento e incluso la desaparición de las personas consideradas disidentes políticos, a lo que hay que añadir la fuerte migración del campo a la ciudad en un proceso de “proletarización del campesinado” (^{Stonich 1991}); el huracán Mitch en 1998, que provocó la muerte de más de 7.000 personas y dejó damnificadas a otro millón y medio, lo que, a su vez, llevó a que miles de hondureños decidieran migrar a otros países en busca de mejores oportunidades para solucionar sus problemas económicos; y el golpe de Estado del 2009, con una fuerte represión a los movimientos que se opusieron y con la consiguiente huida de personas del país tras el aumento de la violencia (^{Musalo y Cernadas 2015}).

En la actualidad, las caravanas de personas migrantes han emergido con fuerza como modo de desplazamiento hacia el norte de América (^{Sørensen 2013}), en lo que podemos considerar un cuarto ciclo migratorio. El momento de auge fue en 2018 y, según cifras de la OIM (2019), entre enero y septiembre de ese año, en las 6 caravanas organizadas participaron 146.000 personas. En la Encuesta de Caracterización de Personas Migrantes en Tránsito realizada a principios del 2020 (OIM 2020), a la pregunta sobre el principal motivo para migrar de las personas encuestadas, la búsqueda de mejores condiciones de vida se llevó el 85% de las respuestas, seguida por la violencia y la inseguridad (32%). Un 23% de la muestra reportó más de una razón. La combinación más común era la búsqueda de mejores condiciones de vida y escapar de la violencia y la inseguridad (20%). La encuesta también mostró que un 20% de las personas encuestadas se vieron forzadas a cambiar de lugar de residencia en los 5 años previos a migrar, debido a la violencia o la inseguridad. Entre los hechos de violencia destacan la amenaza o intimidación (65%) y la extorsión o su intento (53%).

Adicionalmente, aunque no pueda enmarcarse dentro de un ciclo migratorio de los señalados, ya que muchas veces el desplazamiento es interno, debemos tener en cuenta el incremento que en los últimos años ha tenido el desplazamiento forzado por razones medioambientales, que en el caso concreto de Honduras tiene especial repercusión en las comunidades garífunas que habitan en zonas costeras (^{Wrathall 2012}).

Despojo y desplazamiento forzado

Las cifras presentadas anteriormente muestran una dinámica que responde más a parámetros de desplazamiento forzado que de migración económica. Las causas genéricas del desplazamiento han quedado claras, pero ¿quién es el agente de dichos desplazamientos?

En un informe para Latinoamérica, Oxfam (2016) alerta sobre el rápido avance del acaparamiento de tierras, lo que obliga a muchas personas al desplazamiento forzoso como consecuencia de la pérdida de sus medios de sustento. El acaparamiento de tierras es un fenómeno extendido y en expansión a escala mundial (^{Edelman y León 2014}). El itinerario más usual es la conversión de tierras públicas en propiedades privadas. En efecto, todos los años, desde 2007, 10 millones de hectáreas pasan de manos de las comunidades nacionales o locales a manos privadas (^{Liberti 2015}). Se trata de lo que David ^{Harvey (2014)} llama acumulación por desposesión.

La experiencia internacional constata una relación entre el desplazamiento forzado y el control de los recursos y la tenencia de la tierra (^{Oslender 2004}). Se está produciendo una ruptura con la idea clásica del desplazamiento como consecuencia de conflictos armados, para develar los procesos económicos y de inversión del capital que ponen en riesgo a las comunidades. El conflicto territorial tiene tres dimensiones: acceso, uso y tenencia de la tierra. El desplazamiento como estrategia para la acumulación de tierras y de recursos naturales genera serios interrogantes sobre el tipo de desarrollo que se impone, la naturaleza de los agentes que lo hacen y los alcances de la institucionalidad para contener este fenómeno y para garantizar los derechos de las víctimas (^{Cortés 2008}; ^{Betts et al. 2017}).

En Honduras, el desplazamiento forzado (con o sin migración exterior) es especialmente significativo. Ejemplo de ello es un informe realizado por el Gobierno Vasco (España) (Gobierno Vasco y CEAR-Euskadi 2019) sobre una misión de seguimiento de un programa temporal para defensores y defensoras de Derechos Humanos en el 2019, en el que se constataba, tras reunirse con autoridades, organismos internacionales y dirigentes de movimientos sociales, que las ciudades están recibiendo un número significativo de personas desplazadas de las zonas rurales. El informe señala un aumento de la represión, la criminalización, la persecución y los desalojos forzados de personas y comunidades que son identificadas como opositoras a los intereses empresariales.

En efecto, según un informe de Global Witness (2017, 5), “Honduras es el país más peligroso del mundo para protestar contra el expolio de la tierra”. Desde el golpe de Estado y hasta el momento de publicación del informe, se conoció del asesinato de 123 activistas de la tierra. Igualmente, el documento saca a la luz numerosas actividades ilegales y de corrupción relacionadas con proyectos empresariales, fundamentalmente vinculados con proyectos hidroeléctricos, mineros, de desarrollo turístico y de cultivo de palma africana para producción de aceite.

Lógicas y estrategias del desplazamiento forzado

Antes de conocer las lógicas del desplazamiento forzado es importante subrayar algunos de los objetivos de las diferentes formas de represión previas a dichos desplazamientos. Entre ellos, se encuentran: cambiar el sentir y pensar de la gente; paralizar las posibles acciones de respuesta o las estrategias de resistencia; generar miedo y terror, bien de manera directa (por lo que me pasa o me pueda pasar) o indirecta (lo que les ha pasado a los otros); romper el tejido social; generar desconfianza en la comunidad, para así dificultar el apoyo mutuo y la respuesta conjunta; y, por último, mantener el orden establecido.

Ahora bien, existen dos vías principales para despojar territorios: incrementar la violencia en aquellos lugares donde ya se sabe que se van a implementar proyectos económicos o aprovechar las situaciones de violencia que ya se están presentado para ingresar (CNRR 2010). No obstante, los mecanismos de despojo han ido evolucionando con el tiempo; se han complejizado las acciones para llevarlo a cabo, se ha reducido el componente de violencia explícita y han aumentado otras acciones, como la judicial.

Para el caso de Colombia, la investigación de ^{Celis y Aierdi (2015)} expone algunas lógicas en el análisis del desplazamiento forzado, como el aprovechamiento de la victimización (violencia, despojo, desplazamiento) para la entrada de modelos productivos de “desarrollo”; la existencia de estrategias premeditadas de despojo; la reconfiguración del territorio para el ingreso de actores económicos que cuentan con una burocracia diseñada a su favor; y, finalmente, el impacto mayor que tiene en poblaciones rurales, indígenas y afros.

Un estudio realizado en Ecuador sobre la explotación petrolífera en un territorio indígena (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial 2015) encontró que las estrategias contra la población local se pueden dividir en dos etapas: una preventiva, consistente en ejercer presión, en la que se produce de forma intensiva el control de la opinión pública, detenciones arbitrarias, control del espacio público, utilización de fuerza pública, etcétera; y una reactiva, dentro de la cual se pueden identificar tres subetapas: manipulación, represión y agresión.

En una reciente investigación sobre estrategias de despojo en Honduras (^{Rocha 2019}), se caracterizaron tres tipos de agentes del desalojo, así como su modus operandi.

1. Acaparador/despojador a gran escala. Obedece a la dinámica de expansión del gran capital. Incursiona en terrenos que eran de propiedad pública o comunal y sus pretensiones de obtener un derecho sobre los terrenos se basan en la ocupación. En ocasiones se apoya en instrumentos legislativos gracias a su capacidad de acceso al Poder Legislativo y Judicial, e incluso al poder militar con coacciones, desalojos o impedimento de acceso a bienes necesarios como el agua.

Los elementos comunes que encontramos en este tipo de despojo (^{Trucchi 2017}) son: 1) la concesión de un estatus legal por parte del Estado sobre unos terrenos, lo que posibilita la enajenación de estos; y 2) la asociación de capitales financieros extranjeros con capitales nacionales, que permite la expansión intensiva al convertir las tierras en mercancía; lo anterior con el beneplácito del aparato legislativo que favorece sus intereses y pone en cuestión los derechos de los pueblos que habitaban la zona previamente.

2. Extorsionista/despojador a mediana escala. Su caldo de cultivo es la ambigüedad legal o la falta de información. Sobre esta base se desarrollan dos actividades simultáneas: la ocupación del terreno por parte de pobladores y las manipulaciones de un abogado que encuentra, en dicha ocupación, las condiciones propicias para que su conocimiento de las leyes y de la burocracia estatal lo erijan como puente entre la comunidad y las entidades que pueden convertir la ocupación en un derecho. La actitud de los líderes locales es determinante para que el especulador logre su objetivo. Se trata de una corrosión desde dentro del tejido comunitario, al fomentar el enfrentamiento entre los pobladores.

3. Extorsionista/desplazador a pequeña escala, pero con alta incidencia. Vinculado fundamentalmente a las maras y al crimen organizado, tiene un mayor impacto en las áreas urbanas. Estos agentes desplazadores, en la mayoría de los casos, pertenecen a la misma comunidad.

Las estrategias de despojo nombradas antes, más otras, también aparecen en diversos informes internacionales que analizan el caso de Honduras (Gobierno Vasco y CEAR-Euskadi 2019). Las principales que se mencionan son:

Impactos del desplazamiento forzado

En general, los impactos se pueden dividir en sociales y culturales, comunitarios, familiares e individuales. En cualquier caso, los daños en sus diferentes dimensiones deben ser evaluados con referencia al contexto que los produce y al significado que para las personas tienen, sin olvidar la interrelación existente entre ellos.

Con respecto a los impactos sociales y culturales, uno de los principales es el aumento de la polarización social dentro de las comunidades, que las rompe en dos (a favor o en contra) e impone la desconfianza como modo de relación entre la población. Otro efecto importante es el de las pérdidas culturales, a raíz de la desintegración de la comunidad, o incluso la desaparición de la población originaria. También se dan pérdidas de terrenos que pueden tener un componente cultural e histórico significativo (^{Bello, Martín y Arias 2000}).

A nivel comunitario, las principales consecuencias son la estigmatización social, la incertidumbre y el miedo. Los estigmas favorecen la criminalización y el daño moral, lo que deriva en la pérdida de estatus y la eliminación de los proyectos de vida, lo que puede suponer el aislamiento o desplazamiento de las familias y comunidades afectadas. Ello conlleva elevados grados de ansiedad a causa de la impotencia sufrida por las injusticias vividas. Por otra parte, también se presenta desinformación dentro de la población en cuanto a los impactos del proyecto, así como tergiversación sobre los posibles beneficios, y esto incrementa la incertidumbre. Por último, aumenta la inseguridad ciudadana, tanto en la percepción de la población como en hechos de intimidación, amenazas e incluso muertes, con lo que se propaga el miedo.

En relación con la familia, el mayor impacto es la fractura de su cohesión debido, bien sea, a las diferentes formas de enfrentar la represión en sus diversas manifestaciones o a la posición de los miembros de la familia con respecto al conflicto desatado. Esto puede generar también cambios en los roles, dinámicas y afectos entre ellos. Todas las alteraciones que sufren las familias desplazadas suponen, en última instancia, tensión, agresividad y una disminución de las relaciones afectivas y comunicativas entre quienes las integran.

Por último, en cuanto a los impactos individuales, el más importante es la limitación de las actividades económicas o de la fuente de sustento que previamente se tenía. En el caso del desplazamiento, la situación socioeconómica de las familias, por lo general más deteriorada por el desarraigo, acentúa condiciones de pobreza y exclusión social y rápido deterioro de la calidad de vida (salud, nutrición, educación, vivienda y territorio). Además, se impide la construcción de proyectos a largo plazo al tener que vivir en la inmediatez. A ello hay que añadir las posibles problemáticas vinculadas a la salud mental, como trastorno de estrés postraumático, trastornos adaptativos o depresión (^{Morina et al. 2018}).

El despojo de propiedades, el desarraigo y el destierro, la imposibilidad de desempeñar las actividades generadoras del sustento y la ruptura de los vínculos y redes familiares y sociales de soporte impiden que las personas dependan de sí mismas y de su red social. La dependencia de otros (instituciones, organizaciones o incluso vecinos y familiares) genera sentimientos de indignidad, angustia e impotencia, y afecta de manera dramática la autoestima (^{Tovar 2006}).

En definitiva, las personas son desprovistas de la seguridad existencial que proveen las certezas, los sistemas de creencias, la confianza y la esperanza. Dado que el desplazamiento es una decisión obligada, los referentes de seguridad y protección (creencia en los otros y en los sistemas de valores, la confianza en la justicia o en las instituciones) son seriamente afectados, y se pierden las certezas mínimas requeridas para habitar el mundo y para tramitar la incertidumbre.

Antes de exponer el caso de la población garífuna en Honduras, se presenta la tabla 1 que resume los principales objetivos, estrategias e impactos que pueden conllevar el despojo y el desplazamiento forzado:

Tabla 1 Objetivos, estrategias e impactos del despojo 

Fuente: elaboración propia con base en ^{Beristain (2007)}; ^{Bello, Martín y Arias (2000)}; Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial (2015).

El caso de las comunidades garífunas de Honduras

El caso que se expone a continuación es fruto de la colaboración entre la Universidad de Deusto en España y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de la Compañía de Jesús en Honduras. Se recibió apoyo por parte de la universidad para dos proyectos de investigación desarrollados por el ERIC en torno a las tipologías y estrategias del despojo y a los ciclos migratorios y la violencia. Se trata de una investigación de base comunitaria en la comunidad garífuna de Guadalupe, en la bahía de Trujillo. A lo largo del mes de agosto del 2018, se desarrolló trabajo de campo con entrevistas en profundidad a las personas líderes de la comunidad, así como a miembros de organizaciones de apoyo a sus reivindicaciones. Existía un contacto previo, pues una parte importante de los líderes comunitarios más jóvenes había participado en las escuelas de formación política y ciudadanía realizadas por el ERIC. A lo largo de las estancias se tuvo la oportunidad de entrevistar a líderes comunitarios y a parte de la población residente en la zona.

Los garífunas, conocidos inicialmente hasta bien entrado el siglo XX como caribes negros, son la expresión de un proceso de mestizaje entre africanos procedentes de la trata esclavista que consiguieron liberarse e indígenas caribes arawaks. Los garífunas han sido identificados como pueblo indígena y ellos mismos han reivindicado tal condición. Los garífunas se encuentran en Belice, Guatemala y Nicaragua, pero la mayor población reside en Honduras, aunque datos del 2003 muestran que había tantos garífunas que residían en Honduras como en Estados Unidos (200.000 en cada país) (^{Agudelo 2013}).

Esta población ha mantenido un patrimonio cultural bien definido, que incluye un idioma propio y una identidad colectiva fuerte, lo cual sirvió para que, en 2003, la Unesco declarara la cultura garífuna como patrimonio cultural inmaterial. Esta proclamación reconoce muchas prácticas religiosas y culturales que están intrínsecamente vinculadas con la tierra y con la reclamación colectiva del territorio comunal (^{Brondo 2008}).

En la actualidad, el pueblo garífuna en Honduras está conformado por 46 comunidades situadas a lo largo del litoral atlántico del país. Pese a las fuertes presiones ejercidas durante décadas por actores políticos y económicos interesados en el acaparamiento y en la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y la tierra, la comunidad se ha resistido a abandonar su territorio ancestral y ha emprendido una larga lucha en defensa de su derecho a existir. El activismo político garífuna tiene su referente en la creación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).¹ Las personas líderes comunitarias de la comunidad de Guadalupe pertenecen a dicha organización.

En 1998, como resultado de la lucha de Ofraneh y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah) por la titulación y la demarcación de los territorios ancestrales, el Estado de Honduras tituló casi todas las tierras de las comunidades garífunas. Según la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados por Honduras (artículo 100 de la Ley de Propiedad y Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales), ninguna compraventa de tierras es posible dentro de un título comunitario.

A pesar de la infraestructura legal internacional que “protege” los derechos de la población garífuna de Honduras sobre los territorios colectivos, estos han sufrido una privatización masiva. Tradicionalmente, las tierras garífunas han sido de propiedad común, con el usufructo otorgado a las familias individuales, lo que les permite a estas legar sus derechos a las generaciones siguientes. Sin embargo, el despojo se institucionalizó con la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola de 1992 (Decreto 31-92 [Congreso Nacional de Honduras 1992]), que al tiempo que otorgaba derechos colectivos territoriales, admitía y estimulaba la libre venta de estos para liberar el mercado de tierras, en una clara orientación liberal basada en lo que en la época se conocía como “planes de ajuste estructural” (^{García Pascual 2003}). En los últimos 30 años, muchas tierras han sido privatizadas a través de lo que los activistas garífunas llaman procesos irregulares (^{Brondo 2008}). Las actividades de los agentes del despojo han sido incentivadas por cambios en el entorno político, como la pérdida de legitimidad que afectó a las instituciones estatales tras el golpe de Estado de 2009, lo cual aceleró la usurpación de tierras. A ello hay que añadir que diversas comunidades del pueblo garífuna (28 de las 46 existentes) han visto restringidos sus derechos sobre sus tierras y territorios tradicionales a causa de la creación de áreas naturales protegidas, procesos que fueron llevados a cabo sin consulta previa (CIDH 2015).

Uno de los principales focos de la acelerada pérdida de territorios ancestrales de las comunidades garífunas es el que se está dando a lo largo de la bahía de Trujillo, en la zona oriental del litoral atlántico de Honduras. Allí, la venta ilegal de tierras ubicadas dentro del perímetro del título comunitario para la comercialización de lotes y la construcción de viviendas con fines turísticos ha venido cercenando derechos fundamentales de las comunidades. Este es el caso de la comunidad de Guadalupe, que expondremos a continuación.

En el año 2000, en la comunidad de Guadalupe surgió la idea de destinar un terreno para la realización de un proyecto de turismo comunitario (cabañas y un centro cultural). Sin embargo, el proyecto no avanzaba al ritmo deseado y fue necesario buscar a alguien que cuidara el predio y los materiales que ya se habían adquirido para su desarrollo. La persona delegada para dicha tarea consiguió que una registradora del Instituto de la Propiedad inscribiera irregularmente el desmembramiento de las tierras comunales, que posteriormente fue ratificado por un juzgado para, al poco tiempo, venderlas a la empresa canadiense Carivida, perteneciente a Life Vision Developments.² Ese fue el comienzo de la compra gradual de terrenos y de los desalojos en la bahía de Trujillo, con la aquiescencia de las autoridades locales que han declarado algunos de los proyectos como de interés público (por ejemplo, para la construcción de una terminal de cruceros), lo cual permite la expropiación forzosa con indemnización. De acuerdo con la información brindada en el portal web de la empresa, actualmente son el mayor promotor inmobiliario en Trujillo, donde desarrollan proyectos de vivienda con fines turísticos para ciudadanos canadienses y estadounidenses, entre los que se encuentra Njoi Trujillo.³

A las argucias legales comentadas anteriormente se unen otras estrategias de intimidación que han incluido detenciones de los líderes comunitarios (Ofraneh 2016; ^{Trucchi 2016}). Para nuestro caso concreto de estudio, se ha presentado la detención de una joven mujer, líder comunitaria, bajo los cargos de usurpación de terreno, y también agresiones como la quema de las casas que se construyeron en terrenos recuperados, ataques a las cosechas en dichos lugares que sirven como medio de sustento para las personas que están participando en la resistencia, amenazas de agresiones físicas a quienes trabajan en la recuperación de las tierras y desinformación con respecto a las oportunidades laborales del proyecto, con promesas de puestos de trabajo para aquellas personas que lo apoyen, lo que ha dividido a la comunidad.

Estrategias de resistencia frente al despojo

La comunidad garífuna de Guadalupe no ha sido un actor pasivo ante el despojo de sus tierras comunales y el desarrollo del proyecto Njoi Trujillo en sus antiguas tierras. Pasamos a analizar algunas de las estrategias de resistencia que se han puesto en marcha, aunque es importante señalar un antecedente: muchas son posibles gracias a la organización comunitaria y a una conciencia política adquirida, en este caso, en una escuela de formación política y ciudadana donde se trabajan temas como democracia y derechos humanos, modelos de desarrollo y bienes naturales, liderazgo, etcétera.⁴ Este primer proceso de formación política dirigido a las personas más jóvenes es complementado con otros, tanto específicos (por ejemplo, orientados a mujeres) como generales. Sin la existencia de organizaciones de apoyo que brinden este tipo de oportunidades es difícil articular estrategias de resistencia frente al despojo.

Algunos estudios muestran cómo, a través del espacio transnacional, el migrante busca poner en práctica estrategias con el objetivo de aumentar su estatus y mejorar sus condiciones de vida (^{Freddi, Carreño y Martínez 2020}). Sin embargo, en este caso no son las remesas económicas las que proveen dicho mejoramiento, sino el transnacionalismo político (^{Ostergart-Nielsen 2009}) que permite vincular el acá (despojo de tierras) con el allá (empresa canadiense), a través de la denuncia y la presión política. Conecta a personas defensoras de derechos humanos y visibiliza la situación para presionar tanto a posibles compradores de dichos predios, como a la empresa y a los organismos públicos.

La estrategia jurídica (llevar a los tribunales aspectos concretos de hechos acontecidos) y el litigio estratégico (utilizar un hecho especialmente relevante para la protección de derechos humanos a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos internacionales de protección) son herramientas poderosas, ya que las resoluciones judiciales son de obligatorio cumplimiento y pueden cambiar de manera radical una situación. No obstante, debido a la dilación de los procesos judiciales, a la falta de transparencia de los estamentos judiciales y a lo prolongado en el tiempo de dichos procesos, es necesario un apoyo externo en tres direcciones. Primero, apoyo financiero, ante el desgaste que genera en las comunidades sostener en el tiempo esta estrategia; segundo, apoyo técnico-jurídico para llevar adelante la demanda; y tercero, apoyo psicosocial, para evitar estrategias de ruptura del tejido social que lleven al traste las acciones seguidas por la comunidad, y apoyo a las caras visibles de esta o a las personas que van a declarar (^{Beristain 2007}).

Conclusiones

Hemos visto a lo largo del artículo que el desplazamiento forzado es clave para entender los movimientos migratorios, tanto internos como externos, que se están dando en la actualidad en Honduras. No existen criterios internacionales claros para definir lo que es un desplazamiento forzado, pero, si tomamos como referencia a la OIM, el componente de coacción, bien en relación con la amenaza de la vida o con la subsistencia, es definitorio para calificar un desplazamiento como forzado.

Los datos migratorios de los y las habitantes de Honduras muestran claramente que las causas del desplazamiento obedecen a dichas coacciones, y no tanto a un intento de aventura o de probar fortuna. Es más, el dato de que un 20% de personas que emprenden la ruta hacia el norte había cambiado de lugar de residencia previamente por motivos de violencia o inseguridad nos muestra un doble desplazamiento, comúnmente del campo a la ciudad, y de ahí, debido a la situación de marginación, al exterior. Se trata de un desplazamiento doble habitual en América Latina (^{Herrera y Sørensen 2017}).

Una parte difícilmente cuantificable de los desplazamientos forzados es producida por el control de los recursos y la tenencia de la tierra. El conflicto territorial, en sus dimensiones de acceso, uso y tenencia de la tierra, es una expresión más del capitalismo en lo que se ha denominado acumulación por desposesión. Dicha acumulación por desposesión de la tierra y los bienes naturales ha generado que Honduras se haya convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para defender la naturaleza. Estas actividades acarrean graves consecuencias, principalmente a las comunidades más desfavorecidas, como la garífuna, y afectan la salud, alteran las relaciones comunitarias y la calidad de vida, desplazan comunidades y cambian los patrones tradicionales de economía, entre otros.

Un ejemplo de ello es el caso que se presentó de las comunidades garífunas en el norte del país, en la bahía de Trujillo. A pesar de que tradicionalmente las tierras garífunas han sido de propiedad común, con el usufructo otorgado a las familias, y de que, según la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados por Honduras, ninguna compraventa de tierras es posible dentro de un título comunitario, en los últimos treinta años, muchas de estas tierras han sido privatizadas a través de lo que los activistas garífunas han denominado procesos irregulares.

Estos procesos corresponden a diversas tipologías del despojo, pero con frecuencia comienzan mucho antes de la entrada del capital para apropiarse de los bienes de la naturaleza. El camino suele estar facilitado por legislaciones que o bien permiten y ayudan a dicha entrada o bien incrementan todavía más la vulnerabilidad de las poblaciones originales. En el caso de Honduras, se ve en la restricción de derechos sobre la tierra y los territorios tradicionales con la creación de las áreas naturales protegidas que impactan en el uso y disfrute de las tierras de los garífunas sin consulta previa, como marca la ley internacional. Otros cambios legislativos que favorecen la entrada del gran capital o fragilizan la existencia de las personas son la declaración de proyectos estratégicos como de bien de interés público, o la creación de los que se conocen como “ciudades modelo” o “zonas de empleo y desarrollo económico” (Zedes). En consonancia con lo encontrado en el caso estudiado, otras investigaciones muestran la relación entre la creación de dichas zonas y el despojo (^{Torres Sandí 2020}).

Las legislaciones nacionales son el eslabón mayor de otros instrumentos legislativos a los que se accede de manera desigual, según la capacidad económica y el acceso al poder, y permiten la concesión de un estatus legal por parte del Estado a unos terrenos que previamente eran comunales. Lo anterior favorece la conversión de tierras en mercancía y la entrada de capitales financieros extranjeros con el beneplácito de las autoridades nacionales que, ante el conflicto que se genera, ponen en cuestión los derechos de los pueblos que habitaban la zona previamente.

Estas prácticas suelen venir acompañadas de otras como la compra de voluntades, las campañas de criminalización y estigmatización, las agresiones y amenazas, la ruptura del tejido social comunitario o la sustitución de organizaciones comunales tradicionales. Todas estas se dieron en el caso de la comunidad garífuna de Guadalupe. Esta multiplicidad de formas, que además se dan en paralelo en el tiempo, dificultan el afrontamiento por parte de las comunidades. No obstante, estas no son meros objetos pasivos de vulneración de sus derechos, sino que reaccionan y tienen agencia para plantear una resistencia.

La resistencia nace de la Ofraneh, a la que pertenecen las personas líderes de la comunidad. Esta articulación con organizaciones supracomunitarias se ha desvelado fundamental en los procesos de resistencia. Así, la vinculación con otras organizaciones permitió acceder a formación política y ciudadana, difundir a nivel estatal las vulneraciones de derechos que estaban sufriendo y realizar lobby a nivel internacional para presionar a los inversionistas.

Son destacables también las acciones directas no violentas que han permitido la recuperación de tierras que han sido puestas a disposición de las personas más vulnerables de la comunidad; de este modo se suman voluntades a la resistencia y se devuelven las tierras a sus poseedores originarios. En la comunidad estudiada, se ha dado el caso de que algunas de las personas que se han involucrado en la resistencia al despojo son deportadas de Estados Unidos, adonde habían emigrado buscando una vida mejor, y ahora se niegan a un nuevo desplazamiento, en lo que podría suponer una segunda migración. Han aprovechado su condición transnacional para extender las redes de solidaridad hacia alguno de los países de donde procede el capital financiero que está construyendo residencias de lujo para personas extranjeras en lo que fueron terrenos comunales. Podemos hablar de transnacionalismo político, una de las líneas de avance más interesantes a explorar a futuro, ya que si a algo son sensibles las empresas es a la opinión pública de sus países de origen. En el caso concreto de la comunidad garífuna estudiada, se trata de la provisión de un servicio concreto (una vivienda) a personas extranjeras que ya en su país de origen tendrían información sobre los derechos vulnerados para conseguir dicho servicio y pueden decidir no contribuir con su acción de compra.

Por último, es necesario apuntar a las estrategias de confrontación jurídica. A pesar de lo costoso de estas y de su dilación temporal, el promotor de las viviendas ha sido sentado en el banquillo por otra comunidad garífuna de la zona y, aunque no se ha conseguido frenar su accionar, la apertura de diferentes frentes jurídicos en la misma empresa puede desgastar su imagen en el exterior, que lo es todo en el caso del turismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de una estrategia costosa, que requiere de una importante pericia técnica y que siempre debe ir asistida de un acompañamiento psicosocial, para que sea posible hablar de una estrategia psicojurídica real.

La comunidad no ha conseguido acabar con el desarrollo turístico de la zona, pero ha frenado de manera notable el despojo que comenzó en el año 2000. Lo que está en juego es mucho más que un territorio, es una cultura, la garífuna, y un idioma, que han sido declarados patrimonio cultural inmaterial. Está en juego una forma de entender la relación con la tierra y los ancestros de un pueblo descendiente de africanos que supo convivir en paz con las poblaciones indígenas originarias. Este es el conflicto real y es el motor de la resistencia.