Despojo y territorio anfibio

En Colombia el concepto de despojo ha sido usado para entender los procesos de desalojo y expulsión, llevados a cabo algunas veces por el Estado y otras por colectivos que se apropian y acaparan los territorios de poblaciones locales. Lo anterior en el contexto del conflicto armado, en el cual se han usado distintos mecanismos de coerción como: el ejercicio de la violencia (masacres o asesinatos de líderes sociales), implantación de cultivos lícitos e ilícitos, construcción de represas, proyectos de megaminería y explotación de hidrocarburos, y ampliación de latifundio agropecuario -asociado históricamente a la cuestión agraria no resuelta en Colombia- (CNMH, Iepri y CNRR 2009; ^{Ballvé 2012}; ^{Vélez Torres et al. 2013}; ^{Composto y Navarro 2014}; ^{Ojeda et al. 2015}; ^{Sánchez-Ayala et al. 2018}; ^{Camargo y Camacho 2019}). El concepto de despojo es complejo; algunas propuestas de investigación lo naturalizan por la dinámica sociohistórica del país, pero en realidad lo que ocurre son procesos de despojo en espacios y tiempos determinados, que rastreados históricamente tienen un hilo conductor relacionado con la apropiación de bienes y las transformaciones socioespaciales (CNMH, Iepri y CNRR 2009; Ojeda 2016).

En ese sentido, se entiende el despojo como un fenómeno de expulsión de personas por parte de terceros, lo cual conduce (en ocasiones) a la eliminación/alteración de prácticas culturales. Este fenómeno ocurre por las disputas alrededor del disfrute y uso de recursos que hay en un territorio, sobre el cual los pobladores locales ejercen tenencia u ocupación (CNMH, Iepri y CNRR 2009). Vale la pena resaltar que, desde la perspectiva geográfica, el despojo tiene implicaciones espaciales que modifican y alteran territorios y paisajes específicos (^{Ojeda 2016}; ^{Oslender 2008}). Una de las propuestas para entender el despojo es que, si bien en algunos momentos genera expulsión, muerte y aniquilación, en otros lleva al confinamiento y emplazamiento que restringe y delimita el disfrute de los recursos en un territorio. Se podría decir que los emplazados son también despojados de usar cotidianamente un territorio y sus recursos (Ojeda et al. 2015; Oslender 2008). En otros casos, se dan “modalidades paulatinas menos visibles del despojo” (Ojeda 2016, 26). Es en ese sentido que asumimos la idea de despojo progresivo de larga duración para entender escenarios políticos de apropiación paulatina de territorios que ocasionan conflictos y disputas, pero que se concretan con la modificación de los espacios, por ejemplo, el paso de territorios con usos colectivos de bienes comunes, donde coexisten pescadores, agricultores, madereros, comerciantes y pequeños pescadores, a propiedades privadas estrictamente delimitadas para zonas de pastizales pertenecientes a terratenientes u otros grupos de poder.

Se asume esta perspectiva desde la ecología política, según la cual el despojo progresivo es parte de las relaciones de poder típicas de la interacción ambiente-sociedad. En esta los grupos de poder captan los recursos mediante procesos de acaparamiento y generan disputas con poblaciones subalternas en procesos históricos de apropiación que se remontan a la Conquista y la Colonia (^{Alimonda 2011}). La “persistencia histórica de ciertas formas de desigualdad constituye un escenario propicio para el despojo” (^{Vanegas y Caicedo 2017}, 10), inserto en una dinámica global neoliberal que propicia estos escenarios en los territorios locales (^{Composto y Navarro 2014}).

El escenario estudiado se caracteriza por su naturaleza fluctuante, que aumenta su complejidad, y que aquí analizamos a partir de la categoría de agencia o agencividad, muy utilizada por la teoría del actor-red. También recurrimos al concepto de territorio anfibio, que remite a aquellos espacios que transcurren cotidiana y constantemente entre el agua y la tierra. Se trata de zonas de humedales, donde es difícil demarcar las áreas de tierras y aguas, dado que estas fronteras dependen de los ciclos climáticos de las zonas pertenecientes a cuencas hidrográficas, zonas costeras y deltas de ríos, donde los actores desarrollan un conjunto de prácticas, creencias, ideologías y costumbres a partir de la relación con un entorno incierto (^{Fals Borda 2002}a y 2002b). Estos territorios anfibios, playones según el lenguaje ordinario en la zona, son espacios sociales híbridos en los que intervienen diferentes actores (humanos y no-humanos) que entretejen una red de relaciones.³ Allí, además, se superponen distintas territorialidades producto de diferentes procesos de territorialización (^{Gutiérrez 2019}), lo que hace que sean escenarios de disputas y tensiones permanentes por el control y el acceso a los recursos que hay en el ecosistema. Esto en ocasiones gesta procesos algunas veces conflictivos que pueden conducir a escenarios de despojo.

Este artículo moviliza el concepto de despojo, con el fin de entender el proceso de expulsión de personas y la alteración de prácticas culturales anfibias, en el que la presencia de actores extralocales, llámense terratenientes y autoridades del Estado, e incluso personas de las comunidades, ha incidido en la expulsión de actores locales o en la negación del acceso a los recursos (^{Ojeda et al. 2015}). Esta posición es asumida para analizar los procesos de expulsión y disputa a partir del despojo, desde una perspectiva que permita dar cuenta de la agencia de un entorno fluctuante e incierto como los playones. Esto, además, posibilita una visión holística, pero a la vez compleja, en el rastreo de procesos de larga duración que modifican el territorio y que dan relevancia a ciertos actores en ciertos momentos. Así, en las épocas de sequía, cuando el playón crece, les permite a los terratenientes ampliar sus lugares de pastoreo mediante el cercado de zonas de la ciénaga e inundables, lo cual afecta a pescadores locales.

La visión dualista del playón

Colombia es un país de playones, escenarios inundables que están a las orillas de ríos y ciénagas, y cuya aparición depende en gran medida de los cambios estacionales. En términos analíticos, el playón es el territorio anfibio por excelencia, es espacio de disputas y tensiones permanentes, por lo cual tiene múltiples formas de acceso y uso, lo que favorece la pluriactividad de las comunidades.

Para el Estado colombiano, los playones son terrenos -porciones de tierra- baldíos, “que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman, o con las de los ríos en sus avenidas, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar” (Incoder, Ministerio de Agricultura y Procomún 2014, 7). Es decir que el Estado considera los playones como tierras que deben ser adjudicadas en propiedad. Lo baldío implica ausencia de relaciones, lo que, a su vez, significa que acciones como la apropiación y el acaparamiento de estos escenarios se convierten en las formas de “llenarlos”, como ha sido discutido en relación con territorios marino-costeros y con el mar mismo (^{Márquez-Pérez 2019}).

En algunos estudios en los que se analizan humedales y zonas marino-costeras desde el concepto de lo anfibio, se resaltan las complejidades de estos escenarios, pero se termina reduciendo lo anfibio a lo acuático a partir de nociones como espacio acuático, que remiten a la materialidad del agua (ríos, mares o el océano) (^{Satizábal y Batterbury 2019}; ^{Camargo y Camacho 2019}). Sin embargo, la categoría de lo anfibio, más que describir el encuentro material de la tierra y el agua, engloba un complejo entramado de relaciones socionaturales no reducible a alguno de los dos elementos que lo componen; de ahí que nuestra propuesta apunte a comprender el territorio anfibio en sus complejidades intrínsecas, con énfasis en las concepciones de los actores locales sobre estos espacios.

Como se observa, para definir el playón, el Estado hace énfasis en la tierra y en el problema de la propiedad, mientras que los estudios científicos algunas veces se centran en el agua; de ahí que se vean el agua y la tierra como dos cosas separadas estacionalmente. Esta visión dualista dista de la realidad compleja del playón, porque este es húmedo, es un territorio con permanente frescura -superficial o profunda-. Es el englobe y la interconexión permanente de agua y tierra -zona inundable-, que es un espacio vivido y apropiado por pescadores, ganaderos, agricultores y comerciantes. Es también el lugar de encuentro y soporte de relaciones entre humanos y no-humanos, que lo hacen un escenario de relaciones socio-naturales complejas y diversas (^{Jaramillo, Cortés y Flórez 2015}).

La complejidad del playón

La visión dualista y materialista del playón lo presenta como un territorio contenedor de relaciones y reproducciones, sin vida. Pero en el municipio de Plato, el playón no es un escenario muerto, no es simplemente un escenario material donde coexisten actores. Es un lugar complejo y a la vez un actor que interactúa con quienes lo usan. Así, para un pequeño ganadero, el playón “es malo cuando después de la creciente no queda pasto y todo queda como un peladero” -se ahoga toda la hierba, pero no está seco-; pero “es bueno cuando le salen abundantes pastos”, que puedan alimentar el ganado en un verano prolongado (entrevista con pequeño ganadero de 65 años, 28 de octubre de 2019. Plato, Magdalena). Para un pescador, es bondadoso cuando la presencia de agua buena permite pesca abundante (entrevista con pescador de 45 años, 17 de noviembre de 2019. Cerro Grande, Plato, Magdalena), lo que beneficia a los comerciantes de pescado de la zona (entrevista con comerciante de pescado de 61 años, 17 de diciembre de 2019. Zarate, Plato, Magdalena). Para un agricultor, un playón bueno es un playón húmedo, fresco y que permita el crecimiento de los cultivos. Entonces, el vínculo equilibrado entre agua y tierra es lo que hace posible la fertilidad y la (re)producción (entrevista con agricultor del playón de 57 años, 27 de noviembre de 2019. Plato, Magdalena).

Si bien la agencia del playón puede variar de acuerdo con la actividad socioproductiva principal de los actores locales -puesto que realizan varias-, hay unas visiones sobre las cuales coinciden la mayoría de los usuarios locales:

1) El playón es húmedo y estacional. Es una concepción compartida entre los pobladores de las comunidades, habituados a los ciclos climáticos de la zona, que implican sequía e inundación. Estos ciclos, según ellos, recientemente se han visto alterados por los cambios del clima, lo que ha afectado la producción agropecuaria y pesquera de la zona -problema sobre el cual coinciden diferentes actores-, por el alto nivel de las inundaciones, como la del 2010, y porque las sequías duran mucho tiempo, como la sucedida en el 2016.

2) El playón es espiritual; está protegido por los espíritus o los encantos que están tanto en el agua como en la tierra. De igual manera, algunos sitios dentro del playón son resguardados por algunos entes a causa de los pautos.⁴ Así lo da a conocer un pescador y compositor vallenato de la comunidad de Zarate, en unos versos que tituló los Tesoros del Magdalena, que cuentan sobre las diversas apariciones que hay en los playones, que han sido presenciadas por muchos y evidencian cómo estos entes espirituales aparecen en la zona:

Vengo a contarles la historia de mi pueblo, pueblo que tiene muchos encantos por montones. Ahí dice que sale una bola de fuego, que sale un toro negro monteando los playones. Dicen que allá en la loma de los Chivos el Indio Zarate sale llorando, que sale una vaca con los cachos prendidos y que sale un jinete montando en su caballo. Y dicen que han visto en la laguna, una sirena blanca hablando con la luna. De pronto se aparece un pescador, tirando su atarraya con fulgor, y dicen que la barca es de oro. Que tiene el Magdalena en sus tesoros. Y si tú pasas por la loma de Talanquera, estoy seguro que te sale un aparato. En la loma del Ñato cerquita de la estrella dice que sale un fantasma que asusta a los borrachos. Y dicen que en las calles zarateñas, las brujas se disfrazan de cigüeñas. Y cuentan que sale la Llorona, y una mujer bonita y cabellona, y todos sus atuendos son de blanco. Que tiene el Magdalena en sus encantos. (Pescador y cantautor de vallenato, 11 de diciembre de 2019. Zarate, Plato, Magdalena; énfasis de los autores)

Estos entes son manifestaciones del mismo territorio, que intervienen en lo que la gente hace, incluido su trabajo en el playón. Pero vale la pena señalar que, así como espantan los entes y los elementos (agua y tierra), también actúan en beneficio de los pobladores, ya que a veces asustan a los inescrupulosos que roban o maltratan a sus familiares (entrevista con pescador de 38 años, 17 de noviembre de 2019. Cerro Grande, Plato, Magdalena). Ese vínculo de la gente con actores no-humanos constituye la naturaleza híbrida del playón, que es vista como indomable por los pobladores locales y que siempre reclama lo suyo, defiende su propia vida y recupera lo que ha perdido (entrevista con pescador de 38 años). Es decir, que esa naturaleza híbrida está por encima de la propiedad o de la racionalidad científica que disecciona la realidad compleja y tiene agencia propia.

Algunos pobladores, permeados por una visión menos “encantada”, creen que es necesario dominar dicha naturaleza e intervenirla para alcanzar mejores condiciones para la gente, a través del dragado de caños, del taponamiento de las ciénagas o de la construcción de compuertas para controlar el régimen hídrico de los cuerpos de agua (entrevista con comerciante de pescado de 61 años). En ese sentido, el despojo ocurre porque algunos actores, principalmente los terratenientes y ganaderos, imponen un modo de apropiarse del territorio que no concuerda con la realidad socionatural compleja del playón, lo que genera enfrentamientos y tensiones exacerbados por las manifestaciones del cambio climático en la zona.

La conquista y la implantación del despojo

La primera acción de despojo es determinada por la implantación de la propiedad colonial, que llevó al exterminio de la población indígena local en la zona de playones. Este pueblo se ubicaba en la margen derecha del río Magdalena y ha sido descrito por muchos historiadores como uno de los que más tiempo resistió a la conquista española, por más de tres siglos, en el territorio que en el siglo XVI se adjudicó la Corona (^{Reichel-Dolmatoff 1946}; ^{González 1992}; ^{Fals Borda 2002}a; ^{Herrera 2002}). El pueblo indígena que estaba en la zona de Plato era la subtribu chimila, llamada los pintados. Ellos habitaban la costa del río en los actuales municipios de Tenerife y Plato, Magdalena (González 1992). Los pintados obtuvieron tierras de resguardo dotadas en el siglo XVII en el actual DRMI. Más tarde, en el siglo XVIII, fueron trasladados a la margen izquierda del río Magdalena, “acusados de colaborar con los rebeldes Chimilas de la zona interior de la provincia del Magdalena” (González 1978, 104).

Desde la Conquista se consigna la proliferación de conflictos por el territorio y el control de la zona de humedales. La idea de resguardo, que consistía en que la Corona española otorgaba a nombre del cacique una porción del territorio, delimitaba las prácticas socioproductivas de los pueblos locales, los cuales, al ser nómadas, vivían de sus cultivos y su sementera en lo amplio del territorio. Modus vivendi totalmente opuesto al sedentarismo en un territorio específico, pues “los indígenas no tenían el sentido colonial de la propiedad del territorio, imponiendo un orden sobre el otro” (^{González 1992}, 124).

En el siglo XVIII, la aparición de nuevos poblados fue una de las estrategias de apropiación de tierras por parte de los colonos, lo que originó desplazamiento y reducción de los territorios indígenas. Lo anterior implicó la aparición de un nuevo modelo de despojo y ocupación de la tierra de los indígenas, que es la base de los conflictos aún existentes en esta zona. Ejemplo de ello es Fernando Mier y Guerra, quien fundó Santa Bárbara de Pinto en 1750 y Plato en 1754. En este último municipio ocupó algunos potreros para la explotación ganadera y se adjudicó tierras que pertenecieron a los pueblos indígenas de la zona, para el mismo fin (^{Fals Borda 2002}a, 117A).

Las tierras de los humedales de Plato que corresponden a los playones fueron subastadas en 1765 en Santa Marta -en un contexto de conflictos con pobladores locales por la delimitación de las tierras en la Villa de Tenerife (^{González 1992})-. En ese entonces fueron adquiridas por el señor José Amate (vecino de Santa Cruz de Mompox), a quien se le otorgó la propiedad de 36 caballerías -37 fanegadas-, 2 almudes y 2/5 de almud de los playones ubicados en la Villa de Tenerife, en la provincia del Magdalena.⁵

Las tierras son descritas como pertenecientes a la Corona e infructíferas por la presencia de indios “que infestaban” la zona, lo cual también era un peligro para los mercaderes. Sin embargo, el comprador se propuso pacificar el lugar a través de las prácticas agrícola y ganadera, instrumentos utilizados para implementar el proyecto civilizador en un escenario de disputa entre indígenas, pobladores locales y hacendados que llevaban a pastar ganado en la zona.⁶

Entre 1828 y 1871, las tierras fueron vendidas a pobladores locales de Plato, familias prestantes dedicadas a la ganadería y a la actividad política. De esa manera se fueron fraccionando entre los miembros de dichas familias, que a su vez se repartieron caballería por caballería el área que habían adquirido los dos primeros compradores⁷ a José Amate. Fueron tantos los herederos a principios del siglo XX, que decidieron crear una asociación para hacer un manejo mancomunado de los playones. Con este propósito se agremiaron en una asociación de comuneros que quedó registrada en el “Acta de Protocolización de la Asamblea general de comuneros de los Playones de Punta de Palma. Protocolo de 1924”.⁸ En 1926 dicha asociación elaboró un estatuto para el manejo mancomunado de los terrenos denominados Playones de Punta de Palma o Loma de Guaymaral, en el cual se definieron las formas de acceso a los recursos de la zona y se hizo distinción entre usuarios y condueños propietarios de los playones.⁹

De esta manera, desde el siglo XVII hasta el XX, los habitantes de los playones dedicados a diversas actividades se enfrentaron a colonizadores y terratenientes, descendientes de esas familias prestantes de Plato, quienes, ahora agremiados en la Asociación de Comuneros, buscaban ampliar la frontera agropecuaria apropiándose de la zona de humedales y restringiendo su uso a la práctica ganadera (^{Toncel Mozo et al. 2019}). Esa lógica de propiedad delimitada y estática entró en contraposición con la visión de uso del territorio que tienen los pobladores locales (ver tabla 1), quienes -sin pretensiones de propiedad- señalan que los playones no tienen dueño, son tierras libres desde tiempos inmemoriales y que el que quiera puede llegar a usarlos, conviviendo con otros (entrevista grupal con habitantes de Zarate, 17 de diciembre de 2019. Zarate, Plato, Magdalena; ^{González 1992}).

Tabla 1 Modos de apropiación y uso del playón 

Fuente: elaboración propia a partir de documentos de archivo y entrevistas con actores locales.

Las intenciones de la agremiación de comuneros

En un principio, los estatutos de la agremiación de comuneros defendieron la vocación agropecuaria de la zona. Esta fue amparada por el Estado colombiano en las primeras décadas del siglo XX, mediante una política expansionista en el contexto de una lógica del desarrollo agrario que invitaba a la ocupación y secado de las zonas de humedales declaradas baldías y que ameritaban ser ocupadas y sembradas; así lo aconsejó la misión del Banco Mundial encabezada por la economista canadiense Lauchlin Currie en 1949 (^{Camargo 2014}). Dichas políticas impactaron considerablemente la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos en zonas de humedales en el país. Cabe señalar que la Fundación para el Progreso de Colombia, donde estaba Currie en los sesenta, publicó un estudio sobre los playones de Plato y recomendó impulsar el desarrollo agropecuario en la zona (Fundación para el Progreso de Colombia 1962).

En 1941, la Asociación de Comuneros de Playones de Punta de Palma y Loma de Guaymaral apoderó al prestigioso abogado y ganadero Enrique Caballero Escovar, quien dirigió una carta al señor ministro de Minas y Petróleos para solicitar la exploración petrolera en la zona de los playones, pues los comuneros creían que allí había yacimiento de hidrocarburos.¹⁰ Dichas exploraciones se realizaron y hay señal de un “mojón de hierro” en el corregimiento de Zarate (entrevista con habitante de 76 años de Zarate).

Sin embargo, ese interés aún persiste en algunos integrantes de la asociación que reclaman la propiedad del suelo y los cuerpos de agua, pero también del subsuelo (entrevista con miembro de la Asociación de Comuneros, 1.º de noviembre de 2019. Plato, Magdalena), aduciendo que esa compra a José Amate se hizo cuando los playones eran parte de la Villa de Tenerife, hoy el único municipio de Colombia dueño del subsuelo (^{Santos 1993}). En el año 2016 la agremiación estaba integrada por alrededor de 100 miembros descendientes de los primeros comuneros que la constituyeron a principios del siglo XX. “La asociación había funcionado por más de 90 años, pero sin reconocimiento estatal a causa de la presión de grupos armados y de terratenientes”,¹¹ razón por la cual han emprendido una serie de acciones legales para esclarecer quiénes son los “legítimos y verdaderos propietarios”, porque al momento de explotar petróleo algunas personas se pueden ver beneficiadas. Según ellos, los playones que hacen parte del DRMI-CCZMV son terrenos privados y están registrados con matrícula inmobiliaria número 226-1 y estiman una extensión de 130.000 hectáreas (^{Cogollo Ospino 2019}), más allá de la extensión del DRMI, de los cuales cada heredero se define como accionista propietario (ver tabla 1).

¿Solucionar el problema? La posición del Estado y las entidades territoriales

A sabiendas de la multiplicidad de problemas que hay en la zona, en el año 2006 se realizó un convenio interadministrativo -entre la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), la Dirección Territorial Caribe (Corpamag), la Alcaldía Municipal de Plato y la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Pinto- con el objetivo de declarar esta zona como DMI. Se le dio cumplimiento en el año 2007 cuando el Consejo Directivo de Corpamag, a través del Acuerdo n.^o 10, la declaró como área protegida bajo la categoría de DMI (entrevista con exsecretario de Planeación Municipal de Plato, 16 de diciembre de 2019. Plato, Magdalena).

En el 2009 se realizó la primera fase de estudios, en la que se diagnosticaron las condiciones ecosistémicas, socioeconómicas y culturales de la zona de humedales. Además, se revisó el estado de la posesión de la tierra y la problemática de su tenencia, que es uno de los principales malestares del CCZMV. En un principio este problema fue creado por el mismo Estado, que diseñó programas que permitían la concentración de la tierra y la afectación de los humedales. Fue el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) el que inició la desecación masiva de humedales (ciénagas, pantanos, bajos y otras fuentes asociadas) en muchas zonas del Caribe:

Basado en la ley 135 de 1961 el INCORA identificó las áreas de playones y sabanas adyacentes al espejo de agua de muchos humedales como zona propicia para adelantar programas de reforma agraria y dotar de tierras a los campesinos; la ley 9 de 1979 facultó a los alcaldes a drenar los humedales cercanos a las cabeceras municipales por considerar que eran zonas aptas únicamente para cría de vectores. (Corpamag y Fundación Herencia Ambiental Caribe 2008, 227)

Dentro de la zona del DRMI hay 856 predios, muchos de los cuales aparecen registrados con un solo propietario. En la zona, el “7% de la propiedad está en posesión del 51,1% de los propietarios. Mientras que el 47% está en manos de propietarios con más de 100 ha. Y existe el caso de 4 propietarios con más de 1.000 has.” (Corpamag y Fundación Herencia Ambiental Caribe 2008, 217). Por otra parte, el informe de la primera fase de estudios advirtió del crecimiento de latifundios para la explotación ganadera, que favoreció la disminución de la zona inundable de los humedales y ha ido “rompiendo con una forma cultural de relación de los pescadores y campesinos con su entorno” (Corpamag y Fundación Herencia Ambiental Caribe 2008, 21). Esto ha generado un despojo de prácticas culturales anfibias, porque el habitante que tenía su cultivo ahora se ve en la penosa situación de dedicarse solo a la pesca, como pasa con muchos pobladores de Cerro Grande, Zarate y Buenavista, puesto que ya no tienen tierras para sembrar (entrevista con agricultor de 80 años, 17 de diciembre de 2019. Zarate, Plato, Magdalena). Pero en épocas de sequía ni a la pesca se pueden dedicar, puesto que los playones son exclusivamente para pastar ganado (^{Toncel Mozo et al. 2019}).

El objetivo de las instituciones del Estado era conservar mínimamente esta zona, parar los procesos de sobrexplotación que ha tenido el ecosistema y a la vez generar nuevas formas de aprovechamiento de los recursos (ver tabla 1). Esto se pretendía hacer a través de la búsqueda de la declaración del CCZMV como sitio Ramsar -humedal de importancia internacional-, para así realizar actividades de ecoturismo y fortalecer a los pescadores artesanales locales. Sin embargo, tal iniciativa no prosperó y las autoridades locales no insistieron en ello (entrevista con exsecretario de Planeación Municipal de Plato).

En el año 2011, Corpamag igualó la categoría de DMI a la de DRMI. Como lo señala el Decreto 2372 de 2010 (Corpamag y Fundación Reto Colombia 2011), a finales del 2011 se culminó la segunda fase de estudios del ecosistema, que desembocó en la elaboración de un plan de manejo (2011) -documento aún vigente- que dicta las reglas de aprovechamiento de los recursos. El plan es conocido por las autoridades ambientales y administrativas de la zona, pero las comunidades desconocen este instrumento de regulación, pues algunos no saben si quiera que el lugar es parte de un área de protección especial, salvo algunos líderes comunales que han trabajado con programas de la alcaldía.

La institucionalidad ambiental está ausente a la hora de mediar en los conflictos por el acceso a los recursos naturales, y este es definido en el ejercicio del poder a través del despojo. Así que para algunos líderes comunales el interés de protección y regulación del acceso a los recursos naturales es formal (en el papel), dado que la presencia de las autoridades ambientales y municipales es casi nula en los corregimientos (entrevista con secretario de la Junta de Acción Comunal Cerro Grande, 10 de enero de 2020. Plato, Magdalena). Dicha ausencia es aprovechada por otros actores.

La sequía: problemas no resueltos y defensa del territorio

Dada la conflictividad y las tensiones latentes en estos escenarios, las sequías se convierten en eventos que potencian el despojo por parte de grupos de ganaderos, terratenientes o agremiaciones que, al ver reducidos los cuerpos de agua, amplían las cercas y ganan terreno a los humedales. En el DRMI la sequía del 2016 fue la gota que rebosó el vaso y a la vez develó problemas ocultos por décadas. Superada una fuerte inundación en diciembre del 2010, desde el 2014 los pobladores percibían un año seco -no llovía lo suficiente-, lo que se prolongó hasta el 2016, producto de un fuerte fenómeno de El Niño. Esta sequía también irrumpió en los calendarios de los agricultores locales, que antes podían medianamente prever los ciclos de lluvia. Pero el cambio climático trastornó estos ciclos locales, lo que se ha visto reflejado en el poco interés por la siembra.

En el 2016 la ciénaga se secó. Murieron peces y brotaron espinos y cardos. Un pescador anciano manifestó que la ciénaga se secó por culpa de los políticos que no hicieron lo necesario para mantener el régimen hídrico, pues en sus 76 años no había visto una sequía tan fuerte y desastrosa como esa. Solo tenía memoria de una que había ocurrido en 1948; había sido fuerte, pero no tanto como esta (entrevista con habitante de 76 años de Zarate).

La sequía dejó a los pueblos (Cerro Grande, Zarate y Buenavista) sin agua, y la poca que quedó en la ciénaga se tornó de un verdor y un hedor que eran señal de que estaba descompuesta y no se podía consumir. Fue una tragedia humanitaria. Los pobladores no tenían trabajo -no había pesca-, la siembra no produjo y los cultivos murieron. El playón se llenó de ganado de muchas partes del departamento -de los municipios vecinos y hasta del Copey, en el departamento del Cesar- y los ganaderos tuvieron que afrontar también la muerte de muchos animales por la escasez de pasto y agua.

Ante ese escenario, algunos pescadores de Cerro Grande fueron contratados para cavar pozos profundos en el playón y sacar aguas subterráneas para darles de beber a los animales, que, según comentan algunos, se veían muy delgados y sobrevivían nada más con agua. Otros pescadores fueron contratados como jornaleros para cuidar los corrales de ganado que se habían construido en la zona. La sequía coadyuvó en la proletarización de los pescadores. La otra parte de la población, los hombres más jóvenes de las comunidades de Cerro Grande, Zarate y unos de Buenavista, decidieron migrar a las ciudades de Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Cartagena y Bogotá para trabajar en la construcción o en el rebusque. Lo importante, menciona uno de ellos, era no dejar morir a sus familias de hambre (entrevista con pescador, 23 de noviembre de 2019. Cerro Grande, Plato, Magdalena).

Era normal que en épocas de verano algunos pobladores de estas comunidades viajaran a la Sierra Nevada de Santa Marta -norte del departamento del Magdalena- a trabajar como jornaleros en la recolección de café. Desempeñaban aquella labor por espacio de uno o dos meses y luego volvían a sus casas con el dinero ahorrado, que algunos invertían en mejorar sus viviendas, en implementos de pesca o en ganado (bovino, porcino o caprino) para tener un sustento futuro (entrevista grupal con vecinos de Buenavista, 12 de noviembre de 2019. Buenavista, Plato, Magdalena). Pero la migración de mediados del 2015 y principios del 2016 fue masiva y ocasionada por la sequía.

La ciénaga, que en ocasiones se veía de un tono verde azuloso por la inmensidad de agua que hay en ella, en tiempo de la sequía lucía blanca, por la cantidad de ganado que pastaba en el playón; era un paisaje desolador. En ese escenario, adverso para muchos, apareció una mujer descendiente de migrantes sirio-libaneses, la presidenta de la Asociación de Comuneros de Los Playones de Plato, que agrupa a los propietarios “legítimos” de los playones de Plato y Pinto, como mencionamos anteriormente. Según los pobladores locales, esta asociación apoyó a su presidenta. Ella entonces buscó personal de seguridad privada y empezó a sacar a pequeños ganaderos que llevaban mucho tiempo pastando en el playón y comenzó a cercarlo. Igualmente, un grupo de terratenientes comenzó a acaparar zona de playones, despojando a pequeños ganaderos que tenían tiempo usando el playón. Los pobladores señalaron que los playones pertenecían a Zarate y a las comunidades vecinas y que nadie podía adjudicarse la propiedad de estas zonas (entrevista con anciano de la comunidad de Buenavista [†], 13 de diciembre de 2019. Buenavista, Plato, Magdalena).

En medio de este tenso escenario empezaron a caer las lluvias y nuevamente todo pareció cambiar por la agencia del playón: los pescadores de Cerro Grande volvieron al pueblo y ello era señal de que el agua había vuelto también. Tal como ellos lo perciben, el agua siempre recupera lo que es suyo y ella fue la que permitió que las pretensiones de los comuneros de cercar el playón perdieran intensidad (entrevista con pescador), si bien aún mantienen una parte cercada, en el sector conocido como Caimanera, en el que antes había varios pequeños ganaderos.

Así que, más que por efecto de sus propias fuerzas, los pobladores reconocen que las lluvias y la creciente esta vez actuaron a su favor. El playón se humedeció, cobró vida y se defendió. En contraste, otros terratenientes poco a poco les han ido ganando espacio a los playones, tapando caños y secando pequeñas lagunas para dedicar la tierra a pastizales o, en su defecto, cercar ciénagas para uso exclusivo de su ganado y explotación maderera (ver tabla 2). Además, prohíben el ingreso de pobladores a los playones con personal de seguridad privada, para que “[los] terratenientes aprovechen las épocas de verano y completa sequía para ampliar sus linderos y cercarlos” (^{Toncel Mozo et al. 2019}, 232). Esto deja a los pescadores sin áreas de pesca y evidencia un escenario de despojo progresivo que “se da a partir de procesos de privatización y cercamiento [y acaparamiento], así como de la proletarización de poblaciones rurales” (^{Ojeda 2016}, 32). A esto se suman ahora las fuertes sequías producto del cambio climático.

Tabla 2 Agencia del playón según actores presentes 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos en campo.